Mientras brigadistas enfrentan incendios con recursos escasos en el sur del país, organizaciones sociales y ambientales advierten que el recorte estatal y la ofensiva legislativa del Gobierno nacional abren la puerta a la especulación sobre tierras, bosques y agua.

Los incendios que se expanden en distintas zonas de la Patagonia volvieron a poner en primer plano algo más que la emergencia ambiental. En Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego avanza en un contexto marcado por el ajuste presupuestario, el debilitamiento de políticas públicas y una agenda legislativa que, según denuncian organizaciones sociales, amenaza la soberanía sobre recursos estratégicos.

Aunque la Justicia investiga posibles focos intencionales y no hay imputaciones confirmadas, el eje de las críticas no pasa solo por el origen de las llamas sino por el escenario político que las rodea. Brigadistas y autoridades locales trabajan con medios limitados, mientras desde la Casa Rosada se impulsa un esquema de reducción del Estado que impacta de lleno en la prevención y el control de incendios.

Asambleas ambientales, sindicatos y organizaciones territoriales sostienen que el fuego se inscribe en una matriz conocida: desprotección estatal, tierras degradadas y posterior avance de intereses privados. En ese marco, advierten que varias leyes clave quedaron bajo presión o directamente vaciadas de contenido.

La Ley de Bosques Nativos es uno de los ejemplos más citados. El fondo destinado a compensar a las provincias por tareas de conservación y control viene siendo subejecutado desde hace años, una situación que se profundizó con el actual Gobierno. Sin recursos, alertan, la prevención se vuelve testimonial y el territorio queda librado a su suerte.

También genera alarma el debate en torno a la Ley de Manejo del Fuego. Proyectos que buscan flexibilizar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados son leídos por las organizaciones como una señal peligrosa: el incendio pasaría de tragedia a oportunidad de negocio.

La Ley de Glaciares y la de Tierras Rurales completan el cuadro. En el primer caso, se denuncia el intento de recortar áreas protegidas para habilitar emprendimientos extractivos, principalmente mineros. En el segundo, el cuestionamiento apunta al virtual congelamiento del registro que debería controlar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros, lo que facilita operaciones opacas y la concentración de grandes extensiones.

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y movimientos socioambientales describen un patrón repetido en la región: incendios en zonas de alto valor ecológico, caída del precio de la tierra y posterior adquisición por grupos económicos para desarrollos inmobiliarios, turísticos o extractivos. Un esquema que se repite, aseguran, allí donde el Estado se retira.

En ese contexto, también circularon versiones sin respaldo judicial sobre la presencia de extranjeros en áreas afectadas antes de algunos incendios. Especialistas advierten que ese tipo de denuncias, sin pruebas, desvían la atención del problema central: la extranjerización de la tierra y la falta de control público, fenómenos ampliamente documentados.

El caso de Lago Escondido aparece como antecedente inevitable. La apropiación de tierras estratégicas y el control privado del acceso al agua expusieron, una vez más, las dificultades del Estado para hacer cumplir la ley incluso cuando existen fallos judiciales firmes.

Para las organizaciones, el núcleo del conflicto es el agua. En una región donde nacen ríos y se concentran reservas hídricas clave, la combinación de megaminería, negocios inmobiliarios y ajuste estatal configura un escenario de alto riesgo.

Mientras el fuego sigue activo y las investigaciones avanzan lentamente, las preguntas se acumulan: por qué no funcionan los organismos de control, quiénes impulsan los cambios legales y, sobre todo, quién gana cuando la Patagonia se quema. Para los sectores críticos, la respuesta apunta menos al azar y más a un modelo de país que, bajo el discurso de la libertad de mercado, vuelve a poner en venta el territorio.

Un informe sobre la ejecución presupuestaria de 2025 expone que, mientras el gasto social se desploma, el Gobierno prioriza el financiamiento de inteligencia y mecanismos de control, con consecuencias profundas para áreas esenciales como salud, educación y desarrollo.

Un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 2025 de Javier Milei reveló una profunda reasignación de recursos que refleja las prioridades del Gobierno: áreas esenciales como salud, educación, ciencia y obra pública sufrieron fortes recortes, mientras que los fondos destinados a organismos de inteligencia y seguridad crecieron de manera significativa.

Según el informe, el gasto público total cayó de manera real respecto a años anteriores, producto de un ajuste generalizado. Sin embargo, en medio de esa contracción, la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia, incrementó sus recursos de manera notable, en un contraste que plantea una pregunta central: ¿quién sale beneficiado con esta asignación de recursos?

En el área social, los recortes fueron severos. Hospitales nacionales, servicios de salud esenciales, y programas de prevención y atención territorial perdieron gran parte de sus partidas, paralizando en muchos casos su funcionamiento. Lo mismo sucedió en educación, donde iniciativas clave como becas, infraestructura escolar y programas de formación docente enfrentaron ejecuciones prácticamente nulas, dejando a escuelas y estudiantes sin herramientas básicas.

El desfinanciamiento también se extendió a la ciencia y la innovación, con organismos estratégicos como el CONICET y servicios meteorológicos recortando sus presupuestos, lo que dificulta la continuidad de investigaciones y proyectos vitales para el desarrollo del país. En simultáneo, la obra pública, el transporte y las transferencias a provincias y municipios registraron caídas bruscas, afectando la gestión local y el sostenimiento de infraestructura.

Mientras tantas áreas esenciales quedan desguazadas, la expansión de recursos para inteligencia revela una apuesta del Gobierno por reforzar mecanismos de control y vigilancia, en vez de invertir en servicios que sostienen la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta reasignación de fondos plantea un patrón preocupante: el Estado vuelve su mirada hacia el mantenimiento de estructuras de poder y control, en detrimento del bienestar social.

Lejos de un equilibrio responsable en la asignación de recursos, esta política presupuestaria proyecta un cambio de rol del Estado, priorizando vigilancia y seguridad sobre salud, educación y desarrollo humano, con efectos que ya se hacen sentir en todo el territorio nacional.

El Gobierno nacional convocó a su mesa política en Casa Rosada para definir la estrategia de la controvertida reforma laboral, pero la jugada expone una interna con gobernadores y demuestra que la iniciativa no busca proteger el empleo sino abrir puertas a más endeudamiento y beneficios para sectores empresariales.

Javier Milei decidió poner el foco de su regreso de las vacaciones en intentar encaminar la aprobación de la reforma laboral en el Senado durante las sesiones extraordinarias, aunque lo que está en juego es mucho más que una discusión técnica sobre temas de trabajo: se trata de habilitar un paquete de cambios que profundiza la flexibilización laboral y -en los hechos- alimenta nuevas fuentes de endeudamiento sin respuestas reales a la crisis de empleo.

La reunión convocada en Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y con la presencia del jefe de Gabinete y otros referentes oficialistas, tiene como objetivo introducir modificaciones tácticas al dictamen original con tal de seducir a gobernadores y aliados para que acompañen el tratamiento de la ley. Pero la negociación expone que la reforma no fue diseñada para generar más trabajo estable, ni para fortalecer derechos laborales; su esencia está orientada a favorecer a los grandes empleadores y al mercado financiero, con el argumento falaz de que así se incentiva la inversión.

Lo que el Gobierno presenta como “modernización laboral” esconde una agenda mucho más amplia: reducción de cargas patronales, apertura a convenios por empresa con menos protecciones, y una drástica debilitación del poder de negociación de los sindicatos frente al capital. Y si bien el oficialismo promete que “bajar el riesgo país” facilitará el rolleo de deuda provincial, la verdad es que la reforma termina financiando un esquema donde el capital financiero y los sectores más poderosos salen ganando mientras los trabajadores pierden derechos adquiridos.

El nerviosismo por asegurar votos llevó al Gobierno a negociar con gobernadores aliados la forma en que se repartirán las cargas tributarias y los capítulos de Ganancias, coparticipación e impuestos internos, una señal más de que la reforma tiene implicancias fiscales profundas que terminarán ampliando el espacio para la toma de deuda pública. Gobernadores alertan que la caída de la recaudación tendrá efectos negativos netos en sus distritos, lo que pone al descubierto que la iniciativa tiene más que ver con trasladar costos al conjunto de la población que con generar empleo genuino.

Lejos de un debate transparente sobre el impacto real en el mercado laboral y en la vida de millones de trabajadores, la Casa Rosada negocia bajo perfil, ajustando la letra del proyecto para “no complicar” su sanción en febrero, en un escenario donde la oposición y organizaciones sindicales ya cuestionan duramente que la reforma privilegie intereses empresariales y financieros.

El avance de esta reforma pone en tensión no solo a los sindicatos, que rechazaron de plano medidas que limitan el derecho de huelga y reducen aportes patronales, sino también a gran parte de la sociedad que observa cómo, mientras se promete crecimiento, la verdadera agenda parece ser abrir espacios para más endeudamiento y beneficios para las élites económicas, sin garantías de creación de empleo de calidad ni protección de derechos laborales.

La inflación porteña saltó al 2,7 por ciento y le pone presión al INDEC de Javier Milei: ¿mantendrá el rango del 2% o reconocerá que los precios se dispararon? El economista Marco Lavagna, titular del organismo público, viene siendo muy criticado por números cada vez más sorpresivos. La realidad: la desinflación se terminó.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes el informe sobre los precios en diciembre de 2025, con un salto del 2,7 por ciento en el cuarto mes consecutivo de tendencia alcista.

Con ese número, el 2025 cerró en 31,8 por ciento. A priori, se trata de un número positivo comparado con años anteriores, pero en el mercado ven luces rojas en el último cuatrimestre. Desde el 1,6% de agosto, el IPC porteño se mostró al alza y nunca bajó del 2 por ciento. La política de desinflación de Milei encontró un límite en un piso alto, en torno al 2% y pico. Y todavía faltan los tarifazos y el ajuste por inflación del dólar, que podría retroalimentar la suba de precios.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) expone una realidad inflacionaria mucho más elevada durante la gestión de Javier Milei.

Con la entrada en vigencia del nuevo indicador elaborado por el INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno se ubica en torno al 270%, unos diez puntos porcentuales por encima de lo que mostraba la medición anterior y muy por encima de las cifras que hasta ahora se sostenían en el discurso oficial.

A partir de enero de 2026, el INDEC comenzará a aplicar formalmente el nuevo IPC, basado en la actualización de los ponderadores de bienes y servicios según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Sin embargo, estimaciones privadas que recalculan toda la serie con esta metodología ya permiten observar el impacto del cambio: mientras el esquema previo arrojaba una inflación acumulada cercana al 259% desde diciembre de 2023, el nuevo cálculo eleva esa cifra hasta aproximadamente el 270%.

El cambio metodológico no es menor. El nuevo índice otorga mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, sectores que registraron fuertes aumentos en los últimos años, y reduce la incidencia relativa de alimentos y vestimenta, cuyos precios mostraron una dinámica más contenida en el tramo reciente. De este modo, la medición se acerca más a la estructura real del gasto de los hogares argentinos, pero también deja al descubierto un proceso inflacionario más intenso del que reflejaban los indicadores oficiales anteriores.

En términos anuales, los datos oficiales disponibles hasta noviembre de 2025 muestran una inflación interanual del 27,9%, mientras que las proyecciones privadas estiman para diciembre un avance adicional de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el cierre del año a un nivel cercano al 31%. Recalculado con el nuevo IPC, ese desempeño anual se integra en un acumulado de gestión significativamente más alto, que reconfigura la evaluación del recorrido inflacionario del gobierno libertario.

Además de modificar ponderaciones, el nuevo índice amplía de manera sustantiva la base de información: se incrementa la cantidad de precios relevados —de 320.000 a 500.000— y se amplía el universo de informantes. Estas mejoras técnicas buscan mayor precisión estadística, aunque su efecto inmediato es mostrar con mayor crudeza el impacto de los aumentos de precios sobre el costo de vida.

¿Que esperar en 2026?

De cara a 2026, el cambio en la medición se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria. Mientras el Gobierno confía en que el ajuste fiscal y la restricción monetaria permitirán continuar reduciendo la inflación, economistas y actores del sector privado advierten que, sin señales claras en materia cambiaria y de acumulación de reservas, el nuevo IPC podría seguir reflejando niveles elevados de inflación, incluso cuando el relato oficial apunte a una normalización más rápida.

El análisis por rubros refuerza realizado por la CAME muestra un diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El comercio minorista pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% a precios constantes, un dato que vuelve a poner en evidencia la persistente crisis del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Aunque el índice anual acumuló una suba del 2,5%, impulsada por el fuerte arranque del año, el sector arrastra ocho meses consecutivos de retrocesos que confirman un escenario de debilidad estructural de la demanda.

En la comparación desestacionalizada frente a noviembre, las ventas mostraron un repunte del 5,2%, explicado principalmente por factores estacionales como las fiestas de fin de año y el cobro de aguinaldos. Sin embargo, este alivio coyuntural no alcanzó para revertir la tendencia descendente que atraviesa al comercio pyme desde hace meses.

El análisis por rubros refuerza el diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las contracciones más profundas se observaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros estrechamente ligados al consumo discrecional y particularmente afectados por la pérdida de ingresos reales. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los negocios, más de la mitad de los comerciantes (55%) señaló que su actividad se mantuvo estable en relación al año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien este último dato muestra una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37%, sigue reflejando un contexto de fragilidad para una porción significativa del sector.

Diciembre volvió a mostrar un consumo contenido y altamente racionalizado. Las familias priorizaron promociones y gastos esenciales, limitando las compras no indispensables ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. Ni siquiera el impulso estacional logró modificar sustancialmente este comportamiento defensivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes: aunque muchos esperan una mejora económica hacia 2026, la inversión continúa frenada por los altos costos, la baja rentabilidad y la debilidad de la demanda. El desafío central para el sector será dejar atrás los rebotes estacionales y lograr una recuperación genuina y sostenida del consumo.

La producción industrial manufacturera registró en noviembre de 2025 una caída del 8,7% interanual. El dato confirma la debilidad del sector, en un contexto de retracción generalizada de la actividad. Es una de las caídas en un mes más grandes de la historia reciente del país.

Pese al retroceso, el acumulado de enero a noviembre de 2025 exhibió un incremento del 2,0% respecto de igual período de 2024, impulsado por algunos meses de recuperación previos. Sin embargo, la tendencia de corto plazo volvió a mostrar señales negativas.

En la medición desestacionalizada, el índice de producción industrial presentó en noviembre una caída del 0,6% en comparación con octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa del 0,1% mensual.

El informe del Indec señala que quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera mostraron caídas interanuales. Las mayores incidencias negativas se observaron en “Alimentos y bebidas”, con una baja del 7,8%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 23,0%; y “Maquinaria y equipo”, 17,9%.

Con la estimación del dato de diciembre -que se conocerá el martes que viene- la consultora Equilibra calculó la inflación acumulada desde que Javier Milei es presidente y el dato se ubico en el 259%. Salvo dos o tres meses, la inflación mensual nunca dejó de bajar del 2%, aunque el presidente libertario haya asegurado que se estaba cerca de “inflación cero”. ¿Se está cerca?

En relación al gobieno de Alberto Fernández: ¿la inflación bajó mucho? Si se toma todo el gobierno del Frente de Todos, la inflación acumulada es de 380% pero en 4 años.

Además, los aumentos salariales, tanto en el sector privado como en el público, subieron por debajo de ese porcentaje, lo que explica buena parte del ajuste sobre la economía argentina.

Los datos oficiales correspondientes a noviembre de 2025 confirman que la economía argentina atraviesa una fase de marcada recesión y freno de la actividad, con fuertes caídas en dos sectores clave como la industria y la construcción, que registraron sus peores desempeños en más de un año.

La producción industrial manufacturera se desplomó 8,7% interanual, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 4,7% frente a noviembre de 2024. En ambos casos, se trata de los mayores descensos desde mediados y fines del año pasado, lo que refuerza la señal de deterioro del nivel de actividad.

Según el informe del organismo estadístico, el índice de producción industrial también mostró una contracción mensual del 0,6% respecto de octubre, lo que evidencia que la caída no se limita a la comparación interanual sino que continúa profundizándose en el corto plazo. Aunque el acumulado de enero a noviembre todavía exhibe un crecimiento del 2%, este resultado responde en gran medida al arrastre estadístico de los primeros meses del año y no alcanza a revertir la dinámica contractiva reciente.

En el caso de la construcción, el retroceso mensual fue del 0,1%, confirmando un escenario de estancamiento que se suma a la caída interanual. Si bien el sector acumula un alza del 6,6% en los primeros once meses del año, noviembre marcó el mayor retroceso desde diciembre de 2024, cuando la actividad había caído más de 10%.

La magnitud del ajuste industrial queda en evidencia al observar la desagregación sectorial: quince de las dieciséis divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Entre las más relevantes se destacan “Alimentos y bebidas” (-7,8%), “Vehículos automotores y autopartes” (-23%), “Maquinaria y equipo” (-17,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-17,6%), “Productos de metal” (-18,6%) y “Productos textiles” (-36,7%). La única excepción fue la refinación de petróleo, con un incremento del 6,3%.

El deterioro industrial de noviembre constituye la caída más profunda desde junio de 2024, cuando el sector había retrocedido más de 20%, lo que refuerza la lectura de un nuevo ciclo de enfriamiento económico.

En este contexto, el mercado aguarda la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), prevista para el 21 de enero. Los datos de octubre ya habían anticipado señales de agotamiento: si bien mostraron una suba interanual del 3,2%, también reflejaron una contracción mensual del 0,4%, anticipo de la debilidad que se profundizó en noviembre.

Otros indicadores refuerzan el diagnóstico recesivo. Durante noviembre, la recaudación impositiva cayó 6% en términos reales y las ventas minoristas se contrajeron 4,8%, confirmando el impacto del freno económico sobre el consumo y los ingresos fiscales. El principal dato positivo provino del sector agropecuario, que creció 12,3% interanual, aunque sin capacidad suficiente para compensar la caída del resto de los sectores.

Desde la consultora ACM señalaron que, si bien en el acumulado anual algunos segmentos vinculados a bienes de capital y a la oferta mostraron un desempeño relativamente mejor, persisten fuertes rezagos en las ramas más dependientes de la demanda interna, como textiles y productos de metal, que siguen entre los principales focos de debilidad.

Así, el cierre de 2025 aparece marcado por un deterioro creciente de la actividad, con datos que confirman una economía que se encamina hacia una fase de estancamiento prolongado. De cara a 2026, el desempeño sectorial y las definiciones de política económica serán claves para determinar si el freno actual deriva en una recuperación gradual o en una recesión más profunda y extendida.

La influencer libertaria y presunta pareja de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y tenía casi dos gramos de alcohol por litro de sangre.

La influencer de derecha y encargada del TikTok del presidente Javier Milei, Eugenia Rolón, fue víctima de su propio discurso de “tolerancia cero”, pero de alcohol. En un retén del Operativo Sol fue detenida, tras chocar contra un poste, y el auto que conducía quedó secuestrado luego de que diera 1,89 en la prueba de alcoholemia.

El accidente ocurrió en Mar de Ajo, Partido de la Costa. Rolón dio positivo el test de alcoholemia a las 10 de la mañana, cuando le retuvieron el auto Honda Fit con patente JOY 104. El automóvil no era de ella, sino de la familia de su novio, el también influencer libertario cercano al presidente, Iñaki “La Pepona” Gutiérrez.

Boludo, Eugenia Rolon CHOCO CONTRA UN POSTE el auto UN JUEVES a LAS 10 DE LA MAÑANA y cuando le hicieron el test de alcoholemia le dió 1.89! No mató a alguien DE MILAGRO.

Es tomarse 10 LATAS DE CERVEZA en 3 HORAS y SALIR A MANEJAR 💀💀💀 pic.twitter.com/cRbRxHK2IW

— Mati Aromi (@MatiAromi) January 8, 2026

El titular del auto chocado es el padre de Gutiérrez y su novia manejaba con la cédula azul que lo habitaba a él a conducir. Tras el secuestro del auto por parte de la Policía local y personal de tránsito, el influencer amigo del presidente fue a buscar a su novia.

“Eugenia Rolón, la mujer de mi vida”, festejó “La Pepona” en abril pasado, cuando Rolón obtuvo el 20 por ciento de los votos para ser convencional constituyente por la localidad de San Lorenzo, Santa Fe.

Rolón se reconoce como una militante de La Libertad Avanza desde los 16 años, fue una cruzada por la eliminación Ministerio de Mujeres y es vocera de la doctrina oficialista “el que las hace las paga”. Para honrar su militancia tendrá una multa por pagar al padre de su novio.