Luego del fracaso en Diputados, el oficialismo ensaya un repliegue táctico en Casa Rosada, con negociaciones delegadas y un clima de desconcierto que expone las fisuras del armado libertario.

El Gobierno nacional inició una revisión contrarreloj de su estrategia legislativa tras la derrota sufrida en la Cámara de Diputados, un revés que dejó al descubierto improvisación política y falta de control sobre sus propios aliados. La reacción oficial llegó con una nueva reunión de su mesa chica en Casa Rosada, mientras el Presidente optó por correrse de las negociaciones directas.

El encuentro fue encabezado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en un contexto marcado por el malestar interno y la necesidad de redefinir el camino para intentar cerrar el año con la aprobación del Presupuesto. La ausencia de Javier Milei y de Karina Milei volvió a ser leída como una señal de distanciamiento del manejo fino del Congreso, en uno de los momentos más sensibles para el Ejecutivo.

El traspié legislativo del miércoles pasado, cuando el oficialismo no logró imponer un artículo incorporado a último momento, desarmó la hoja de ruta que el Gobierno daba por segura. La maniobra, impulsada desde la cúspide del poder, terminó naufragando ante el retiro de apoyos de gobernadores que hasta entonces habían acompañado la agenda libertaria.

En Balcarce 50 admiten, en voz baja, que la derrota alteró los planes y expuso una conducción errática. Las versiones sobre un eventual veto presidencial, la conveniencia del texto con media sanción y los pasos a seguir se contradijeron durante varios días, reflejando un oficialismo sin línea clara y con dificultades para ordenar su propio discurso.

Mientras el Presidente destacó públicamente la media sanción obtenida y volvió a insistir con el mantra del déficit cero, puertas adentro el clima fue de incertidumbre. La decisión de forzar un capítulo conflictivo sin acuerdos previos terminó por dinamitar una sesión que el Gobierno pretendía mostrar como un triunfo político.

Ahora, con el calendario legislativo en contra, la Casa Rosada intenta recomponer vínculos y ajustar la táctica para evitar nuevos tropiezos. La apuesta es aprobar el Presupuesto y avanzar luego con otras reformas, aunque el episodio dejó una advertencia clara: sin consensos mínimos, el relato de autoridad choca una y otra vez contra la realidad del Congreso.

El Gobierno bonaerense avaló un nuevo aumento del control vehicular obligatorio, que acumula tres subas en menos de doce meses y vuelve a encarecer un trámite ineludible para circular.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un nuevo incremento en la tarifa de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una medida que impacta de lleno en el bolsillo de los automovilistas y se suma a la seguidilla de ajustes aplicados durante el último año. El aumento comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026 y eleva el costo del trámite obligatorio a casi 100 mil pesos.

Según la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, la tarifa de referencia para los vehículos de hasta 2.500 kilos pasará a ser de $97.057,65, con IVA incluido, lo que implica un alza superior al 20% respecto del valor vigente hasta ahora. Ese monto funciona como base para el resto de las categorías, que se calculan en función del mismo esquema.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial consolida el tercer aumento en menos de un año. En julio pasado, la VTV ya había registrado un salto superior al 25% en comparación con febrero, mientras que, doce meses atrás, el costo del control técnico era poco más de la mitad del valor actual.

Desde el área de Transporte justificaron el ajuste en los mecanismos previstos en el contrato de concesión, que vinculan la tarifa al salario del personal del sistema de verificación. Sin embargo, la actualización vuelve a trasladar de manera automática los costos a los usuarios, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y sin alternativas para quienes necesitan el trámite para circular legalmente.

El nuevo aumento refuerza las críticas al esquema vigente, que combina servicios privatizados, subas periódicas y un control obligatorio que no contempla la situación económica de los conductores, convertidos una vez más en la variable de ajuste de las políticas oficiales.

El consumo masivo registró en noviembre un nuevo retroceso, con una marcada caída en las ventas de supermercados que volvió a poner en evidencia la debilidad del poder de compra de los hogares.

La baja se verificó tanto en la comparación mensual como interanual, aunque el acumulado anual aún se sostuvo en terreno positivo. En contraste, el e-commerce fue el único canal que mostró crecimiento sostenido y generalizado en todos los rubros.

Según el informe de Scentia, las ventas de consumo masivo cayeron 1,8% respecto de octubre y retrocedieron 0,1% en la comparación interanual. Pese a este desempeño negativo, el acumulado de los primeros once meses del año mostró un crecimiento del 2,2%.

La medición mensual volvió a señalar un freno en el consumo, mientras que la comparación interanual mostró un escenario de virtual estancamiento. En términos de volumen, noviembre se ubicó en torno al 85,3% del nivel de enero de 2023, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste acumulado en los últimos dos años y de las persistentes dificultades para recuperar los niveles previos.

El informe indicó además que la caída se produjo en un contexto de desaceleración de los aumentos de precios, aunque esta mejora inflacionaria no alcanzó para recomponer las cantidades vendidas. La dinámica volvió a mostrar que la moderación de la inflación todavía no se traduce en una recuperación efectiva del consumo de los hogares.

Canastas con fuertes contrastes

En la comparación interanual de noviembre, la canasta total mostró una leve variación negativa de 0,1%, aunque el comportamiento por rubros fue muy dispar. Alimentación creció 2% y perecederos 2,5%, mientras que bebidas sin alcohol retrocedieron 3,2%, al igual que limpieza de ropa y hogar. En sentido contrario, bebidas con alcohol avanzaron 1,4%, lo mismo que higiene y cosmética, mientras que desayuno y merienda registró una suba marginal del 0,1%.

En el acumulado del año, la canasta total exhibió un crecimiento del 2,2%, con subas en perecederos (6,7%), alimentación (4,9%), impulsivos (4,6%), cosmética e higiene (2,7%), desayuno y merienda (1,5%), limpieza de ropa y hogar (1,5%) y bebidas con alcohol (1,7%). En contraste, bebidas sin alcohol acumuló una caída del 2,5%.

Desempeño dispar

El desempeño del consumo mostró diferencias marcadas según el canal de venta. En los autoservicios self service, las ventas cayeron 2,4% interanual en noviembre y acumularon una baja del 2,8% en el año.

La situación fue más severa en los supermercados de cadena, donde la canasta total se desplomó 7,2% interanual en noviembre. Las mayores caídas se registraron en bebidas con alcohol (-19,1%), bebidas sin alcohol (-8,9%), limpieza de ropa y hogar (-8,1%), impulsivos (-7,6%) y alimentación (-7,4%). En el acumulado de 2025, la baja fue del 5,3%, con descensos especialmente pronunciados en bebidas con alcohol (-16,9%) y bebidas sin alcohol (-13,4%).

Los autoservicios independientes mostraron un comportamiento diferente: en noviembre crecieron 2,8% interanual, aunque acumularon una leve caída del 0,2% en el año. En tanto, el canal mayorista volvió a mostrar un fuerte deterioro, con un desplome del 7,6% interanual y una baja acumulada del 5,5%.

El e-commerce volvió a destacarse como el canal de mejor desempeño. En noviembre, la canasta total creció 13,2% interanual y acumuló una suba del 12,3% en lo que va de 2025, con incrementos en todos los rubros relevados.

En medio del ajuste a la educación, las jubilaciones y la ciencia, el Gobierno destina casi $10.000 millones a remodelar la casa del embajador en Estados Unidos.

Mientras el Gobierno nacional profundiza un severo ajuste sobre áreas sensibles como la educación pública, el sistema previsional y el financiamiento científico, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incorpora una partida cercana a los $10.000 millones destinada a la remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial argentina en Washington.

La iniciativa presupuestaria, presentada por el Poder Ejecutivo como una hoja de ruta basada en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal, incluye dentro del artículo 11 un proyecto bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Según el texto oficial, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El gasto se ejecutará bajo un esquema plurianual que comenzará en 2026. Para ese ejercicio se prevé una asignación de 5.388 millones de pesos, lo que representa un avance físico proyectado del 57,14% del total. En 2027 se sumarán otros 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, mientras que la finalización de los trabajos está prevista para 2028, con una última partida de 188,6 millones.

El detalle figura en la planilla anexa denominada “Contratación de Obras de Inversión con Incidencia en Ejercicios Futuros”, bajo el proyecto 40 —Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington— y el Programa 2 de Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales. Este artículo habilita la contratación de obras cuya ejecución excede el ejercicio financiero 2026.

La decisión convive con recortes y congelamientos presupuestarios en otras áreas del Estado, en un contexto donde el propio Gobierno justifica el ajuste como inevitable para “ordenar las cuentas”. No se trata de una sede consular ni de un espacio de atención a la comunidad argentina en el exterior, sino de una vivienda destinada exclusivamente a la representación política.

En los fundamentos del Presupuesto no se detallan los alcances específicos de la obra ni se desagrega el destino de los fondos. Tampoco se explicitan informes técnicos que den cuenta de riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia edilicia que justifiquen una inversión de semejante magnitud. Desde la Cancillería no se difundió información pública sobre el estado del inmueble ni sobre la urgencia de la intervención, lo que sugiere que se trata mayormente de gastos de carácter estético.

El proyecto también plantea interrogantes en materia de control y transparencia. Las obras realizadas en el exterior presentan mayores dificultades para el seguimiento administrativo y la auditoría, ya que combinan normativa argentina con regulaciones locales. En un escenario de ajuste generalizado, los organismos encargados del control también operan con recursos limitados.

No es la primera vez que la residencia diplomática en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016 durante la gestión macrista se incluyó una remodelación de la embajada y la residencia oficial por un monto de 3,5 millones de dólares. La propiedad se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una zona donde viviendas de características similares se comercializan hoy entre 1,7 y 1,9 millones de dólares, un dato que vuelve a poner en discusión la razonabilidad del gasto.

Así, mientras se recortan recursos destinados a políticas sociales, educativas y científicas, el Presupuesto 2026 prioriza una inversión millonaria en la residencia del embajador argentino en Estados Unidos, dejando expuesta una vez más la distancia entre el discurso del ajuste y las decisiones concretas de gasto.

En 2024, durante los primeros meses de Javier Milei en la Casa Rosada, el Astillero Contessi inauguró una nueva nave industrial pensada para la construcción de buques pesqueros. Fue una fuerte inversión – prevista en tiempos de gobierno peronista – con la que los Contessi apostaban a un futuro productivo.

Sin embargo, las políticas del gobierno libertario llevaron a una fuerte contracción de la industria y, ahora, esa nave se alquila para grandes eventos. La Argentina de Milei…

Contessi es, después de SPI Astilleros, la fábrica de barcos más importante de Mar del Plata. SPI es el más grande y con mayor crecimiento. Además es líder en construcción y reparación de buques. Contessi, en tanto, tiene más de 70 años de trayectoria y se especializa en barcos pesqueros. Ambos son pilares de la industria naval argentina.

“Hace menos de un año había tres buques en construcción y todo lo que se escuchaba era el sonido del trabajo. Hoy la nave está vacía”, dijo Domingo Contessi para explicar la decisión de su empresa. Según explicó, la decisión apunta a sostener la estructura y preservar al personal mientras se espera una reactivación.

Desde el 18 de diciembre, funciona en la nueva nave la muestra inmersiva “Puertas a Mundos”, luego de que la empresa decidiera alquilar la instalación a la productora NA para evitar que la falta de trabajo profundice la crisis del sector.

Solo el jueves pasado, el Tesoro vendió USD 150 millones para frenar el dólar. El lunes había comprado USD 320 millones. El miércoles, apenas USD 13 millones. Pero los cálculos del mercado al cierre de la semana indican que las ventas fueron bastante mayores. El volumen operado este viernes llegó a USD 610 millones. Mas del triple de lo que se venía viendo después del resultado electoral.

A pesar de la euforia oficial, que no se sustenta en ningún dato objetivo, la economía sigue sin rumbo y espera un nuevo salvataje, sea del FMI, Estados Unidos o la deuda privada. Solo así, el ministro “timbero” Luis Caputo podrá hacer frente a los vencimientos de la deuda – que él tomó – que tiene en enero.

Mientras, las ventas siguen en picada, la inflación sigue altísima, no hay reservas y vuelve la presión sobre el dólar cuando arranca el verano y millones de argentinos aprovecharán el dólar barato para viajar al exterior. Por ahora, ni Caputo ni Javier Milei la quieren ver.

La expresidenta permanece internada en el Sanatorio Otamendi luego de ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis y su evolución es favorable, aunque aún no se informó una fecha de alta.

Cristina Fernández de Kirchner continúa bajo observación médica en el Sanatorio Otamendi, donde fue operada de urgencia tras presentar un fuerte dolor abdominal que derivó en el diagnóstico de apendicitis. La intervención se realizó mediante una técnica laparoscópica y, de acuerdo con la información médica difundida, el postoperatorio transcurre sin complicaciones.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre cuántos días deberá permanecer internada, aunque especialistas señalan que, en cuadros de estas características y con una evolución estable, el tiempo habitual de hospitalización suele ser breve. En general, este tipo de cirugías permite una recuperación hospitalaria de entre uno y pocos días, siempre que no surjan imprevistos clínicos.

Una vez que reciba el alta, se prevé que la expresidenta deba cumplir con un período de reposo y cuidados posteriores, evitando esfuerzos físicos durante varias semanas. Mientras tanto, su estado de salud es monitoreado de manera permanente y desde su entorno indicaron que la evolución continúa siendo favorable.

La expresidenta fue intervenida este domingo en el Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte dolor abdominal, y según el parte médico oficial evoluciona de manera estable tras la cirugía.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada y operada de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de que médicos detectaran un cuadro de apendicitis complicada con peritonitis localizada tras un intenso dolor abdominal. El procedimiento se realizó tras la atención inicial en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario, y con la autorización judicial correspondiente para su traslado al centro médico.

El equipo médico que la atendió confirmó que la cirugía fue exitosa y que la expresidenta, de 72 años, se encuentra estable y en observación postoperatoria, sin complicaciones mayores hasta el momento. Las autoridades del sanatorio indicaron que la intervención se llevó a cabo mediante laparoscopía y que se esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución en las próximas horas.

Desde su entorno señalaron que, pese al cuadro abdominal que motivó la internación, la detección temprana del problema permitió una respuesta médica rápida y efectiva, lo que habría contribuido a que no se agravaran las complicaciones del cuadro abdominal. Familiares y allegados se mantendrían en contacto con el equipo sanitario mientras avanza su recuperación.

La expresidenta fue trasladada al Sanatorio Otamendi tras presentar un fuerte malestar abdominal. Permanece en observación mientras se le realizan estudios médicos y aún no se difundió un parte oficial sobre su evolución.

Cristina Fernández de Kirchner fue internada este viernes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de presentar una dolencia abdominal que motivó la intervención de su equipo médico. La expresidenta se encontraba en su domicilio cuando comenzó con el malestar, que derivó en una primera evaluación clínica.

Más adelante, y tras esa revisión inicial, los profesionales de la salud resolvieron su traslado al centro médico para realizar estudios complementarios y un control más exhaustivo del cuadro. El procedimiento se llevó a cabo con la autorización judicial correspondiente, dado que CFK cumple arresto domiciliario en el marco de su situación legal.

Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre el diagnóstico ni sobre la duración de la internación. Desde su entorno indicaron que la hospitalización respondió a la necesidad de observación y evaluación, mientras se aguardan novedades sobre su evolución en las próximas horas.

En un trámite acelerado y con fuerte sesgo privatizador, el Ministerio de Economía avanzó con la venta total de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas a consorcios privados. La operación, que ronda los USD 707 millones, implica el traspaso de infraestructura construida con inversión pública y reaviva críticas por el valor y la velocidad del proceso.

El gobierno nacional profundizó este viernes su política de desguace del patrimonio energético con la preadjudicación del cien por ciento del capital accionario de cuatro represas centrales del Comahue a empresas privadas, en una operación que el propio Ejecutivo presentó como un éxito, pero que generó fuertes cuestionamientos por el precio y la celeridad del trámite.

Mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se avaló la segunda etapa del concurso público que habilita la venta de las sociedades operadoras de Piedra del Águila, El Chocón, Alicurá y Cerros Colorados, actualmente bajo la órbita de ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina. El monto total comprometido asciende a poco más de 706 millones de dólares.

Central Puerto se aseguró la represa Piedra del Águila con una oferta de 245 millones de dólares, mientras que el complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora y MSU Energy, que ofertó cerca de 236 millones. En tanto, Edison Inversiones, junto a un grupo de empresas mendocinas, se quedó con Alicurá y Cerros Colorados por montos sensiblemente menores, incluso luego de pedidos de mejora de precio por parte del Estado.

La resolución también dejó fuera de carrera a otros oferentes cuyas propuestas fueron calificadas como “no serias”, al haber presentado valores simbólicos, una situación que expuso las inconsistencias del proceso licitatorio y la falta de parámetros claros para resguardar el interés público.

Según lo dispuesto, la firma de los contratos de concesión y transferencia se realizará el próximo 22 de diciembre en la ciudad rionegrina de Cipolletti, y los acuerdos entrarán en vigencia tras su publicación definitiva en el Boletín Oficial.

El avance de la privatización se concretó en menos de cinco meses desde el llamado a licitación, un plazo inusualmente breve para activos de esta magnitud estratégica. La decisión se inscribe en la hoja de ruta del gobierno de Javier Milei, que impulsa una retirada acelerada del Estado de sectores clave, incluso en áreas sensibles como la generación eléctrica.

Las cuatro represas forman parte de la columna vertebral del sistema hidroeléctrico nacional y fueron desarrolladas con décadas de inversión pública. Su traspaso al sector privado, a valores que especialistas consideran bajos en relación con su capacidad de generación y rentabilidad futura, consolida un cambio estructural en la política energética argentina y abre un nuevo frente de debate sobre soberanía, tarifas y control de recursos estratégicos.