Familiares y sobrevivientes recordarán a las 194 víctimas del incendio con una misa, una movilización y un acto central, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia y la denuncia de la desidia estatal que hizo posible la tragedia.

A 21 años del incendio en el boliche República de Cromañón, familiares y sobrevivientes volverán a ocupar el espacio público para recordar a las 194 personas que murieron y a las más de 1.400 que resultaron heridas, en una tragedia que expuso de manera brutal la corrupción, el abandono y la responsabilidad directa del Estado.

Las actividades comenzarán este martes a las 18 con una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, desde las 19:30, se realizará una marcha desde Plaza de Mayo hasta el Santuario de Cromañón, en las inmediaciones de Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central.

Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, señaló que la jornada no es solo de recuerdo sino también de denuncia. “Cromañón no fue una tragedia inevitable, fue consecuencia de controles inexistentes, funcionarios cómplices y un sistema que priorizó el negocio por sobre la vida”, expresó.

Durante el acto central, familiares y sobrevivientes leerán documentos políticos y rendirán homenaje a las víctimas. Además, habrá intervenciones musicales en Mitre y Ecuador, con la participación de artistas como Sebas Fernández, La Ferni y el grupo Vamos Negrita. Desde la organización No nos cuenten Cromañón informaron que también se realizarán actividades culturales en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.

A más de dos décadas del incendio, el reclamo sigue vigente: justicia completa, memoria sin concesiones y un Estado que deje de mirar para otro lado. Cromañón no es pasado cerrado, es una herida abierta que interpela a cada gobierno que naturaliza la precariedad y la impunidad.

Patricia Bullrich sufrió un revés político luego de que la hermana del presidente bajara la designación de Gerardo Milman para evitar tensiones internas y preservar acuerdos parlamentarios del oficialismo.

La exministra Patricia Bullrich atravesó una fuerte derrota política luego de que su intento por ubicar al diputado Gerardo Milman en un cargo clave del Senado fuera bloqueado por Karina Milei, figura central del armado político de La Libertad Avanza.

Milman, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, había sido impulsado para asumir una función relevante en la Cámara alta, pero su designación fue finalmente descartada por decisión de la secretaria general de la Presidencia, que priorizó evitar conflictos políticos y desordenar las negociaciones en curso.

La maniobra fue interpretada en el entorno de Bullrich como una señal de pérdida de influencia dentro del oficialismo, en un contexto de internas persistentes entre los distintos sectores que integran la coalición de gobierno.

Desde el espacio que responde a Karina Milei señalaron que la decisión buscó sostener una estrategia de equilibrio parlamentario y evitar ruidos innecesarios en el Senado, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda legislativa.

El episodio volvió a exponer las tensiones internas dentro del Gobierno y consolidó el rol de Karina Milei como una de las figuras con mayor poder de decisión, capaz de frenar movimientos de otros dirigentes incluso dentro del propio espacio oficialista.

Al corregir distorsiones metodológicas clave, distintos estudios demuestran que la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

Aunque el INDEC informó una fuerte caída de la pobreza y la ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, distintos estudios académicos y estimaciones privadas advierten que el deterioro social es mas grave de que lo anuncia el gobierno. Al corregir distorsiones metodológicas clave, la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

La magnitud del contraste abre un debate central: no se discute que la pobreza haya bajado respecto del pico de 2024, sino cuánto bajó realmente y por qué. Para numerosos especialistas, la mejora difundida por el organismo estadístico responde en gran medida a cambios técnicos en la medición y no a una recuperación genuina de los ingresos ni de las condiciones de vida.

Según el INDEC, la pobreza se redujo más de 21 puntos porcentuales en apenas un año, un descenso inédito que no encuentra correlato en otros indicadores sociales, laborales o de consumo. En un contexto todavía marcado por salarios rezagados, alta informalidad y consumo masivo deprimido, la cifra oficial aparece desanclada de la experiencia cotidiana de los hogares.

Canasta desactualizada e ingresos “mejor medidos”

Uno de los principales problemas señalados es la línea de pobreza que utiliza el INDEC. La Canasta Básica Total se apoya en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, una metodología obsoleta tras dos décadas de cambios económicos y sociales. Las estimaciones que actualizan la canasta con ponderadores más recientes muestran que hoy el costo de vida real es más alto de lo que refleja la medición oficial, lo que tiende a subestimar la pobreza.

El segundo factor es la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares. Desde fines de 2023, la mejora en los mecanismos de relevamiento y la desaceleración inflacionaria permitieron registrar ingresos más altos, especialmente en sectores informales. Ese “efecto estadístico” empujó a millones de personas por encima de la línea de pobreza en los registros, aunque su situación material no haya mejorado en la misma proporción.

Al corregir ambos elementos —actualización de la canasta y ajuste por subdeclaración de ingresos— la pobreza se ubica en torno al 42%, lo que implica una baja más moderada: entre 14 y 16 puntos desde el pico de 2024, muy lejos de los 21 puntos que muestra la serie oficial.

No hay una reducción genuina del flagelo

Un informe del Observatorio Universitario de Economía de la UNLPam y de la consultora Equilibra es contundente: la caída de la pobreza reportada por el INDEC no refleja una mejora estructural, sino deficiencias metodológicas. El estudio, elaborado por Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi, señala que sin estas distorsiones la reducción durante la gestión de Javier Milei sería marginal.

Los investigadores concluyen que, frente al cierre del gobierno de Alberto Fernández, solo una fracción menor de la baja oficial puede considerarse “genuina”. El resto se explica por cambios en la medición. En términos históricos, el nivel actual de pobreza corregida es similar al de fines del macrismo y apenas inferior al del período anterior.

Mientras el empleo informal sigue elevado, el consumo continúa débil y la capacidad de ahorro permanece prácticamente anulada, la discusión sobre cómo se mide la pobreza deja de ser un tecnicismo: define el diagnóstico de la crisis social y la evaluación de las políticas económicas en curso. Actualizar la canasta básica y transparentar los efectos estadísticos resulta clave para contar con un termómetro social que refleje, sin maquillajes, la verdadera dimensión del problema.

La escalada inflacionaria del rubro alimentos en noviembre tuvo su epicentro en la carne. Un estudio reciente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) reveló que el mes pasado los precios de los distintos cortes subieron un 8,3% en promedio. El gobierno de Javier Milei decidió sacar retenciones la exportación con su impacto sobre el precio local.

Según datos del organismo, durante el último año la suba de precios en este segmento sufrió un aumento del 72,8%, muy por encima de la inflación medida por el Indec. Milei lo hizo: la carne se volvió un bien de lujo en el país de las vacas.

El informe que abarca un relevamiento de más de 30.000 precios por semana en el AMBA, Córdoba y Rosario reveló que en algunos puntos del conurbano, los incrementos superaron la barrera de los dos dígitos y que esa impacto de siente con más fuerza en las carnicerias de barrio.

Con el Presupuesto ya aprobado por ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno de Javier Milei, ya pone el foco en el primer gran desafío que tendrá que afrontar en 2026: el pago de los vencimientos de deuda del 9 de enero, por un total de u$s4.225 millones.

Si bien el Tesoro ya cuenta con u$s1.800 millones destinados a ese fin, todavía debe conseguir los u$s2.400 millones restantes. Según Clarín, el gobierno no sabe de dónde sacar los dólares restantes más allá del optimismo del presidente Javier Milei como del ministro de Economía, Luis Caputo.

Por eso, no sorprende la insistencia de Caputo con la ley de “inocencia fiscal” que busca que la gente entre millones de dólares del colchón al sistema bancario, algo que está por verse. ¿Hay plata, Toto?

En un descargo ante la Justicia, Calvete intentó despegarse del caso ANDIS tras el hallazgo de 700 mil dólares en su vivienda, aseguró que el dinero pertenecía a una empresa vinculada a su padre y sostuvo que la frase “karinear el 3%”, incluida en chats de la causa, fue solo una “broma”.

La imputada en la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ornella Calvete, presentó un escrito para desligarse de los hechos investigados, en el que negó cualquier responsabilidad penal y afirmó que el dinero encontrado en su domicilio no le pertenecía.

Según su versión, los 700 mil dólares en efectivo hallados durante un allanamiento en su departamento eran propiedad de una empresa vinculada a su padre, Miguel Ángel Calvete, también imputado en la causa, y habrían sido dejados allí antes de que ella se mudara al inmueble en marzo de este año.

Calvete aseguró que desconocía la existencia y el monto del dinero, que nunca lo tocó ni lo administró y que el efectivo fue encontrado intacto semanas después de su mudanza, una explicación que dejó más interrogantes que certezas.

El descargo también se refirió a los chats incorporados al expediente judicial, donde aparece la frase “karinear el 3%”, una expresión que quedó bajo la lupa de los investigadores. Sobre ese punto, la exfuncionaria sostuvo que se trató de una “broma coyuntural”, sin relación con maniobras reales ni con el funcionamiento del organismo.

Además, afirmó que no mantiene vínculos societarios con la empresa dueña del dinero, que no es accionista, empleada ni apoderada, y que jamás administró ni dispuso de esos fondos, intentando despegarse por completo del entramado investigado.

Las explicaciones brindadas no lograron descomprimir el clima de escándalo que rodea al caso, que dejó una escena difícil de justificar: bolsos con cientos de miles de dólares en una vivienda particular y conversaciones sobre “karinear el 3%”, reducidas luego a una supuesta broma en una causa que sigue acumulando sospechas y rechazo social.

Mientras avanza el ajuste presupuestario a la educación y las jubilaciones, Milei firmará un decreto para aumentar los abultados sueldos de los funcionarios de su gabinete.

Javier Milei firmará este martes un decreto que habilita el aumento de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, en un contexto marcado por un brutal ajuste sobre la educación pública, las jubilaciones y el gasto social. La medida será publicada el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial y alcanzará a cargos como el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según reconocen en la Casa Rosada, el decreto contemplará la recomposición salarial correspondiente a todo el período sin aumentos, aunque aclaran que no superará la actualización percibida por los empleados estatales. Aun así, la decisión contrasta con la continuidad de políticas de recorte que impactan de lleno en jubilados, universidades y sistemas educativos de todo el país.

Desde Balcarce 50 argumentan que los salarios de los altos funcionarios perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. La inflación acumulada durante 2024 fue del 117,8% y, con los últimos datos disponibles, el IPC registra un 27,9% adicional en 2025 hasta noviembre.

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben cerca de $7 millones y los senadores alcanzan los $9,5 millones.

Las discusiones internas por la actualización salarial atravesaron todo 2025, con reclamos directos al Presidente. En el Gobierno evitaron avanzar con la medida antes de las elecciones de octubre y resolvieron postergarla hasta el inicio del nuevo año.

Desde el Ejecutivo sostienen que el congelamiento salarial afectó el funcionamiento interno de la gestión y la conformación de equipos técnicos, al ampliarse la brecha con el sector privado. Sin embargo, la firma del decreto se produce mientras continúan los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios docentes, profundizando el impacto social del ajuste.

El texto final fue consensuado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Un antecedente similar había sido revertido meses atrás tras el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y la derogación de la suba.

La Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó un desplome de seis puntos en la actividad industrial durante noviembre, un dato que consolida un escenario de estancamiento productivo y anticipa un impacto directo sobre el empleo.

La caída va de la mano con la contracción del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que registró una baja del 5,8%, un indicador clave del freno en el ritmo de producción de las fábricas. A esto se suman otros datos contundentes: los despachos de cemento se redujeron un 7,7% y la producción automotriz se desplomó un 22%, reflejando la magnitud de la parálisis en sectores estratégicos.

La construcción continúa entre los rubros más golpeados. Desde la UIA advirtieron que la demanda interna sigue debilitada, mientras que los niveles de despacho de cemento se ubican más de un 20% por debajo de los registros de 2022 y 2023, profundizando el deterioro de una actividad con fuerte capacidad de generación de empleo.

La industria automotriz tampoco logra revertir la tendencia negativa. La fuerte caída de las ventas en el mercado interno obligó a frenar la producción durante más de un mes en plantas como la de Peugeot-Citroën, mientras que el complejo metalmecánico mostró una contracción adicional del 0,5%.

Desde la entidad que preside Martín Rappallini señalaron que “la actividad industrial aún se encuentra estancada”, con niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y aproximadamente un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que confirma que la recuperación no logra consolidarse.

Impacto en las Pymes

El impacto más preocupante se registra en el entramado pyme. Según el informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2025 las pequeñas y medianas empresas atravesaron una “situación crítica”, con una caída acumulada de la producción del 4,1% y una reducción del empleo del 4,6%, una combinación que anticipa mayores tensiones laborales.

El 81% de las pymes reportó una fuerte presión de costos, mientras que el 37% denunció una pérdida de participación en el mercado interno frente al avance de productos importados, principalmente de origen chino. En este contexto, más de la mitad de las empresas informó retrasos en los pagos por parte de sus clientes y un 35% admitió dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El deterioro es transversal. Ya en octubre, once de los dieciséis sectores que componen el índice industrial registraron caídas interanuales. El sector textil encabezó el derrumbe, con una baja del 24%, consolidándose como uno de los focos más críticos de la crisis productiva.

Con estos indicadores, la industria argentina enfrenta un escenario de alta fragilidad que amenaza con traducirse en suspensiones, cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo, en un contexto donde la caída del consumo y el avance de las importaciones profundizan el riesgo de una nueva crisis de empleo.

El ministro de Economía confirmó que el llamado Fondo de Asistencia Laboral impulsado dentro de la reforma laboral, no tendrá un objetivo laboral sino que será utilizado para “alimentar el mercado de capitales”, generando fuertes cuestionamientos de sindicatos y sectores críticos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió este viernes que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —la herramienta prevista en la reforma laboral para financiar una alternativa a la indemnización por despido— será canalizado hacia el mercado de capitales y no directamente para sostener empleo o compensar cesantías, tal como habían señalado diversos sectores gremiales durante el debate de la reforma.

Caputo explicó que el FAL, que se nutrirá de aportes equivalentes a alrededor de 3% de las remuneraciones, no tendrá “naturaleza laboral” sino financiera, y su objetivo principal será recomponer y dinamizar el mercado de capitales argentino al canalizar ese flujo de recursos hacia instrumentos financieros registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

Según lo reconoció el propio ministro, se estima que este instrumento podría movilizar aproximadamente US$ 4.000 millones por año, colocando ese dinero en manos de fondos privados con el objetivo de “alimentar un nuevo mercado de capitales” y favorecer la inversión interna.

La definición de Caputo descartó así la interpretación de que el FAL pudiera actuar como un mecanismo directo de protección o asistencia a trabajadores desvinculados, generando críticas de sectores sindicales que ven en la medida una transferencia de aportes laborales hacia el mercado financiero.

Desde la oposición y organizaciones gremiales advirtieron que la medida profundiza la desprotección del régimen previsional, al desviar recursos que hoy se destinan a la seguridad social hacia un esquema financiero orientado al mercado de capitales, sin garantías claras de retorno social o laboral.

El anuncio de Caputo se produce en medio del debate por la reforma laboral y las negociaciones sobre otras medidas económicas que el Gobierno impulsa para fortalecer el mercado interno y reducir la dependencia del financiamiento externo, aunque la estrategia enfrenta cuestionamientos crecientes tanto en el ámbito político como sindical.

Un hombre de 45 años fue asesinado durante un operativo policial en la Villa 20 de Villa Lugano de la Ciudad de Buenos Aires. Familiares y vecinos denunciaron como un caso de gatillo fácil.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizado en la tarde del jueves 25 de diciembre en la Villa 20 de Villa Lugano terminó con la muerte de un vecino de ese barrio porteño, generando indignación entre familiares y organizaciones sociales por lo que consideran un posible caso de gatillo fácil.

La víctima fue identificada como Gabriel González, un hombre de 45 años que, según testimonios de allegados, se encontraba en el lugar cuando la policía acudió por una denuncia vinculada a disturbios durante la noche navideña. Las fuentes oficiales aún no brindaron detalles sobre las circunstancias precisas del hecho.

De acuerdo con vecinos presentes, los efectivos policiales intervinieron y se produjo un altercado en el que González recibió disparos. Tras ser herido, fue trasladado por el SAME al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, donde los médicos constataron su fallecimiento horas después.

Familiares y personas que estaban en el lugar denunciaron que, tras el hecho, los policías impidieron que una trabajadora de la salud realizara maniobras de reanimación, lo que aumentó la bronca de los presentes y las dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.

Los allegados describieron a González como un trabajador y vecino conocido en la comunidad, y cuestionaron con dureza la actuación policial, reclamando que se amplíe la investigación y se determine si hubo uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes.

Mientras tanto, la Justicia porteña abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, con la recolección de pruebas, testimonios de testigos y la realización de pericias que permitan determinar responsabilidades en lo que ya es considerado un hecho grave de violencia policial en un contexto festivo.