A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al gobierno de Javier Milei y al rumbo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

Cristina cuestionó los recientes anuncios del Banco Central sobre el nuevo esquema de bandas cambiarias y la indexación del dólar, al señalar que se trata de otra muestra de la inconsistencia del plan económico. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por promesas grandilocuentes que nunca se concretaron”, remarcó.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.

En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.

En el 2025…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

En ese sentido, recordó que primero se prometió la dolarización de salarios, luego una “dolarización endógena” con dólares que “iban a salir de los colchones” y más tarde un esquema de crawling peg. Ahora, sostuvo, el Gobierno presenta un “dólar indexado” que solo confirma el desorden económico.

“La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó la exmandataria, y desmintió uno de los principales argumentos oficiales: “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”. Según detalló, la salida de divisas se explica por el aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa negativa.

Cristina Kirchner subrayó que, por primera vez desde 2003, la IED registra saldo negativo y precisó que desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025 alcanza los USD 1.327 millones en rojo. “Empresas extranjeras se van”, advirtió, y citó como ejemplo la salida de PETRONAS, clave para el proyecto de GNL en Bahía Blanca.

En uno de los pasajes más filosos de su mensaje, la expresidenta ironizó sobre la insistencia del Presidente en el dogma monetarista: “En los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”. Y concluyó: “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta es gobernar el país con la gente adentro”.

Por último, Cristina recordó que los mayores niveles de inversión extranjera directa desde 2003 se dieron durante sus gobiernos, con saldos positivos de USD 16.213 millones entre 2007 y 2011, y de USD 13.487 millones entre 2011 y 2015, en contraste con el escenario actual.

El gobierno avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

En una nueva ofensiva contra la soberanía nacional, el Gobierno impulsa una profunda modificación de la Ley de Tierras con el objetivo de habilitar la compra irrestricta de tierras rurales por parte de extranjeros. A través del Consejo de Mayo, la administración avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

La iniciativa, presentada como un incentivo a las inversiones, apunta a profundizar el negocio inmobiliario, energético y minero en vastas regiones del país. Desde el oficialismo aseguran que la apertura podría atraer inversiones por unos 5.000 millones de dólares, aunque el costo real sería la pérdida de control sobre tierras estratégicas y recursos naturales clave.

El informe del Consejo de Mayo propone derogar la Ley N.º 26.737, que establece topes a la propiedad extranjera de tierras rurales y fija un límite de mil hectáreas productivas por persona o empresa extranjera. Según el documento oficial, estas restricciones “obstaculizan la inversión internacional”, un argumento que omite deliberadamente el objetivo central de la norma: resguardar la soberanía territorial y evitar la especulación.

En la misma línea, el Gobierno busca desmantelar las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego, que impiden modificar el destino productivo de los campos incendiados durante un período de entre 30 y 60 años. Estas normas fueron creadas para frenar incendios intencionales vinculados al negocio inmobiliario, especialmente en la Patagonia. Sin embargo, La Libertad Avanza propone eliminarlas por completo, abriendo la puerta a la especulación sobre tierras devastadas por el fuego.

La reforma también pretende eliminar el límite del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, así como el tope del 30 por ciento por nacionalidad. Incluso quedarían habilitadas zonas estratégicas como la Zona Núcleo del agronegocio, hoy protegidas de la extranjerización masiva.

Actualmente, más del 5 por ciento del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, con picos superiores al 10 por ciento en provincias como Salta, Misiones y San Juan. Lejos de fortalecer la producción nacional o el desarrollo federal, la propuesta oficial profundiza un modelo de saqueo y dependencia, en el que la tierra deja de ser un bien estratégico para convertirse en mercancía al servicio de intereses externos.

La acusación apunta contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal de extrema gravedad ante la Justicia Federal contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita. La acusación apunta a un complejo entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero que habría financiado la vertiginosa expansión del grupo gastronómico.

La presentación judicial sostiene que detrás de la cadena de cafeterías —que ya supera los 70 locales en el país y el exterior— existiría una estructura societaria fragmentada y opaca, creada deliberadamente para dificultar los controles fiscales, contables y patrimoniales. Según la denuncia, el crecimiento económico del holding no encuentra ninguna explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial declarado ni financiamiento bancario verificable.

DENUNCIÉ penalmente a Francisco Langeri Bullrich, Fernando Goijman y a Patricia Bullrich por el entramado de Tostado: evasión, lavado y asociación ilícita.
Mientras ella hace show denunciando a la AFA, yo fui a la Justicia con una denuncia concreta, pidiendo orden de presentación… pic.twitter.com/MgYidhIWCi

— Gregorio Dalbon #CristinaLibre (@Gregoriodalbon) December 16, 2025

Dalbón señala que Francisco Langeri Bullrich figura como socio clave de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., empresas que habrían alcanzado en pocos años un valor de varios millones de dólares, sin que existan registros públicos que expliquen de manera transparente semejante expansión. La acusación se apoya además en investigaciones periodísticas que detectaron domicilios coincidentes entre varias sociedades, algunos de ellos vinculados directamente a inmuebles asociados a Patricia Bullrich, como una propiedad ubicada en la calle Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia advierte que esta atomización de empresas, con socios repetidos y direcciones compartidas, podría constituir una maniobra clásica para disimular flujos financieros irregulares. A esto se suma un dato llamativo: varias de las firmas vinculadas al grupo registran cheques rechazados por montos ínfimos, una situación que —según Dalbón— resulta incompatible con un conglomerado que declara facturaciones millonarias y podría ser indicio de subfacturación, simulación de solvencia o desmanejos financieros.

El escrito judicial también pone el foco en la proyección internacional del grupo, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que obliga a investigar posibles transferencias transfronterizas de fondos y eventuales maniobras de lavado a escala internacional. En ese sentido, el abogado sostiene que la actividad gastronómica podría haber sido utilizada como una “pantalla” para legitimar capitales de origen ilícito.

El rol de Patricia Bullrich bajo la lupa judicial

Si bien la denuncia aclara que el vínculo familiar no constituye por sí mismo un delito, remarca un elemento de altísima sensibilidad institucional: la posible conexión directa entre el entramado empresarial y una funcionaria que ocupa —y ocupó— posiciones centrales en el poder político. Según Dalbón, esta circunstancia exige extremar los recaudos investigativos para descartar conflictos de intereses, uso de influencias, favorecimientos indebidos o tolerancia estatal frente a irregularidades económicas de gran magnitud.

Entre las medidas de prueba solicitadas se incluyen allanamientos, secuestro de documentación societaria y contable, informes de la UIF, la IGJ y organismos fiscales, además de la citación a declaración indagatoria de los denunciados. La causa quedó radicada por sorteo en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

Un patrimonio millonario de origen inexplicable

La denuncia también reconstruye el abrupto salto patrimonial de Francisco Langeri Bullrich. De ocupar un cargo técnico en la administración pública a partir de 2016, pasó en pocos años a presidir un holding que declara más de 63 millones de dólares anuales. La velocidad del ascenso económico, la falta de antecedentes empresariales relevantes y la existencia de cheques impagos por sumas insignificantes para la escala del negocio refuerzan las sospechas sobre el origen del capital.

A esto se suma un dato revelador: Patricia Bullrich promocionaba públicamente la marca Tostado en redes sociales antes incluso de que existiera la sociedad que hoy la explota comercialmente, lo que alimenta las dudas sobre el verdadero inicio del emprendimiento.

Entre sociedades cruzadas, domicilios compartidos, expansión internacional acelerada y un crecimiento económico que desafía toda lógica comercial, la denuncia plantea un escenario que coloca a Patricia Bullrich y a su hijo en el centro de una investigación por presunto lavado de dinero, con implicancias políticas e institucionales de enorme gravedad.

El presidente electo de Chile eligió Buenos Aires para su debut externo y se reunió con el mandatario argentino, en una visita marcada por sintonía política, antecedentes sensibles y dudas sobre el rumbo de la relación bilateral.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desembarcó este martes en Buenos Aires para mantener un encuentro con Javier Milei en Casa Rosada, en su primera actividad internacional tras imponerse con amplia ventaja en las elecciones presidenciales. La visita, presentada como un gesto de sintonía política, se desarrolla bajo un clima de cautela por las posiciones del dirigente chileno sobre temas sensibles para la Argentina.

El arribo de Kast se produjo a primera hora de la mañana y su agenda incluyó una reunión con el jefe de Estado argentino al mediodía, con participación del canciller Pablo Quirno. El encuentro expone la decisión del Gobierno libertario de priorizar afinidades ideológicas por sobre una lectura estratégica de la relación bilateral, en un escenario regional que exige prudencia diplomática.

El mandatario electo chileno ya había anticipado el viaje en redes sociales, donde habló de coordinación en seguridad, migraciones y reactivación económica. Sin embargo, en la Argentina persisten reparos por antecedentes discursivos de Kast vinculados a la Patagonia y a la proyección antártica, cuestiones que históricamente formaron parte del delicado equilibrio entre ambos países.

Tras la reunión en Casa Rosada, Kast mantuvo un almuerzo con empresarios en un hotel céntrico y luego visitó la Embajada de Chile, antes de emprender el regreso a Santiago. La fuerte impronta empresarial de la agenda refuerza la mirada economicista que ambos dirigentes comparten, aunque deja en segundo plano la dimensión política e institucional del vínculo bilateral.

El Gobierno argentino celebró el gesto como una muestra de respaldo internacional, pero puertas adentro el encuentro vuelve a exponer una diplomacia errática, más enfocada en afinidades personales y gestos simbólicos que en la defensa consistente de los intereses nacionales. La visita de Kast, lejos de disipar dudas, reaviva interrogantes sobre el rumbo de la política exterior en un contexto regional cada vez más sensible.

Juan Pazo dejó la conducción del organismo recaudador y fue reemplazado por Andrés Edgardo Vázquez, en un enroque interno que expone la fragilidad del esquema económico y la falta de resultados en materia fiscal.

El Gobierno nacional oficializó este martes un nuevo cambio en la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con la salida de Juan Alberto Pazo y la designación de Andrés Edgardo Vázquez como Director Ejecutivo del organismo, en medio de una caída sostenida de la actividad económica y serias tensiones en las cuentas públicas.

La modificación fue formalizada a través del decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que acepta la renuncia de Pazo y dispone el desplazamiento de Vázquez de la Dirección General Impositiva para ubicarlo al frente de ARCA a partir del 18 de diciembre.

Lejos de un recambio planificado, la decisión aparece como un movimiento defensivo del oficialismo ante el deterioro de la recaudación, el desplome del consumo y el creciente malestar de provincias y sectores productivos por la presión fiscal y la parálisis económica. En ese marco, el Ejecutivo apeló a un simple cambio de nombres dentro del mismo equipo, sin alterar el rumbo de fondo.

Desde el Ministerio de Economía se buscó minimizar el impacto político de la salida de Pazo, al asegurar que continuará “colaborando incondicionalmente” con Caputo desde el sector privado, una definición que refuerza la lógica de puertas giratorias y la ausencia de responsabilidades frente a los resultados de la gestión.

Durante la breve conducción de Pazo, el Gobierno impulsó una batería de medidas presentadas como “modernizadoras”, entre ellas la simplificación de regímenes informativos y nuevos esquemas tributarios, que no lograron revertir la caída de ingresos ni mejorar la capacidad del Estado para sostener servicios básicos. Por el contrario, el ajuste fiscal profundizó la recesión y achicó la base imponible.

La llegada de Vázquez, un funcionario de carrera dentro del esquema impositivo, fue presentada como una garantía de continuidad de las políticas de Milei y Caputo, las mismas que sostienen un modelo de ajuste permanente, licuación de recursos y confrontación con el entramado productivo.

El recambio en ARCA confirma así una dinámica ya conocida: frente a la falta de resultados, el Gobierno opta por reordenar cargos sin revisar decisiones estratégicas, mientras la crisis fiscal y económica sigue acumulando costos sociales y políticos.

El dólar oficial mayorista profundiza su alza, trepa $14,50 y se ubica a $1.454, a tan solo $1 por debajo de su máximo nominal histórico luego de que el Gobierno modificara su programa monetario de cara a 2026 y actualice el ajuste de las bandas cambiarias por inflación. Mientras, el MEP se mueve en la franja de los 1500 pesos.

El Banco Central (BCRA) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 el ajuste será de 2,5%, la inflación de noviembre.

Mientras, el Grupo Clarín sacó un artículo en su suplemento económico en el que habló de una exigencia del JP Morgan de llevar el dólar al 1700 pesos “lo más rápido posible”. ¿Podrá el gobierno de Javier Milei bajar la inflación con un dólar corriendo a al alza? Hace 7 meses, la inflación mensual corría al 1,5%, ahora lo hace al 2,5% y podría seguir subiendo. ¿Adiós a la desinflación?

En los próximos 18 meses vencen cerca de 47.800 millones en capital e intereses. Si se suman los compromisos privados, los vencimientos superan los 57.000 millones. Milei tendrá que pagar la fiesta que armó… Milei.

La deuda tarde o temprano hay que pagarla. El gobierno libertario deberá afrontar un esquema de vencimientos muy complejo y para eso debe acumular reservas, una exigencia de FMI a la que Milei se oponía hasta hace 5 días cuando dijo que no pensaba hacerlo porque eso subiría la inflación.

¿En qué quedamos? Ahora las bandas cambiarias se moverán justamente por inflación en un sistema de indexación que en teoría le permitirá al gobierno acumular reservas. El gobierno no sabe cómo seguir y vuelva a cambiar el esquema cambiario, esta vez, por exigencia del FMI. ¿Y si la inflación vuelve a crecer?

Bausili negó una flexibilización cambiaria mientras el Gobierno insiste en que el dólar no presiona sobre los precios.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Gobierno no tiene previsto avanzar en el levantamiento del cepo cambiario y descartó cualquier flexibilización que implicara su desarme total. Más adelante, el funcionario sostuvo que el esquema de actualización mensual de las bandas del dólar, combinado con compras de reservas, no había provocado un rebrote inflacionario, aun cuando el frente externo siguió mostrando señales de fragilidad.

En el mismo tono de autosuficiencia que caracterizó al equipo económico, Bausili aseguró que los movimientos en el tipo de cambio “no generaron una aceleración de la inflación”. Sin embargo, con el mismo ímpetu, evitó explicar cómo se sostuvo esa afirmación en un contexto de escasez de dólares, atraso cambiario y una economía que continuó atada a controles que el propio oficialismo había prometido eliminar.

Más adelante, la ratificación de que el cepo continuó vigente volvió a dejar en evidencia las contradicciones del discurso libertario. Por más que a Milei y su junta les molestó, el control cambiario se consolidó como una herramienta permanente ante la imposibilidad de acumular reservas genuinas sin recurrir a parches regulatorios y restricciones que desmintieron la retórica de la libertad económica.

En paralelo, el Gobierno formalizó cambios en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tras la renuncia de su director, y designó a Andrés Vázquez como nuevo titular del organismo. Finalmente, la definición del Banco Central dejó un dato central: lejos de la promesa de libertad cambiaria, el cepo siguió siendo el ancla de un programa económico que no logró resolver sus propias inconsistencias ni ofrecer un horizonte claro.

El FMI otorgará un nuevo “waiver” al Gobierno de Javier Milei y desembolsará u$s1.050 millones correspondientes al programa que el país mantiene con el organismo.

En Washington ya se da por hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzará en las próximas semanas con la aprobación de un segundo waiver consecutivo para la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), una señal que enciende alertas tanto dentro del organismo como en el sistema financiero internacional. Así lo confirmaron al portal Ámbito dos fuentes de la burocracia interna del Fondo.

La dispensa se aprobaría en simultáneo con la próxima revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que habilitaría un desembolso cercano a u$s1.050 millones (763 millones de DEG), previsto para el 23 de enero de 2026. En los hechos, el staff técnico ya asume que el Banco Central no alcanzará las metas pactadas, incluso luego de haber sido flexibilizadas en evaluaciones previas.

La propia portavoz del FMI, Julie Kozack, reconoció la semana pasada que cumplir el objetivo de reservas de fin de año “será un desafío”, aunque evitó confirmar explícitamente un nuevo waiver. Sin embargo, puertas adentro del organismo el diagnóstico es compartido: la autoridad monetaria argentina volverá a incumplir y el staff recomienda para 2026 un sendero de acumulación “más ambicioso”, apoyado en políticas monetarias y cambiarias más consistentes.

De concretarse, se trataría del segundo perdón consecutivo por la misma meta clave, luego del otorgado a mediados de 2025, cuando el FMI redujo sustancialmente el objetivo anual de reservas. Para el organismo, el problema es doble y estructural: por un lado, una política monetaria con desvíos recurrentes en los agregados clave —M2 privado transaccional y activos domésticos netos del BCRA—; por el otro, proyecciones persistentemente insuficientes de acumulación de divisas.

En términos más directos, el Fondo no está dispuesto a convalidar un esquema de déficit crónico de cuenta corriente ni una apreciación cambiaria sostenida artificialmente por flujos financieros, en detrimento de la competitividad externa.

Promesas, deuda y fragilidad externa

El programa aprobado en abril de 2025 estableció un régimen de control de agregados monetarios, con el M2 privado transaccional como variable objetivo y un sendero restrictivo en torno a los $65,8 billones para diciembre. El objetivo era sostener la demanda de dinero, reducir la presión cambiaria y consolidar la desinflación bajo un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. Sin embargo, las expansiones monetarias por encima de lo previsto y las intervenciones inconsistentes terminaron debilitando el frente externo y frustrando la acumulación genuina de reservas.

La fragilidad externa tampoco logró compensarse con instrumentos alternativos. Tal como se señaló en notas previas, el swap de monedas con Estados Unidos por hasta u$s20.000 millones presenta serias dudas de viabilidad jurídica. El acuerdo firmado entre el BCRA y el Tesoro estadounidense a través del Exchange Stabilization Fund carece de autorización explícita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), condición necesaria para que el mecanismo sea plenamente operativo. Esto deja a la Reserva Federal con la potestad de rechazar giros de manera unilateral, tornando el compromiso potencialmente revocable. Hasta ahora, solo se activaron u$s2.500 millones.

En Wall Street y en el propio equipo económico argentino predomina la percepción de que el remanente del swap no será utilizado y que funciona más como una línea contingente testimonial que como un respaldo efectivo. Incluso el presidente Javier Milei reconoció recientemente los riesgos del endeudamiento al cuestionar la experiencia del período macrista, una admisión implícita de que el actual esquema de financiamiento no es sostenible sin dólares genuinos.

El límite informal de los waivers y el fantasma de 2001

Si bien el estatuto del FMI no prohíbe explícitamente más de dos waivers consecutivos por la misma meta cuantitativa, en la práctica institucional existe un límite informal: conceder dispensas reiteradas sin correcciones profundas erosiona la credibilidad del programa. El antecedente más citado es el de diciembre de 2001, cuando el Fondo decidió frenar un desembolso clave para la Argentina tras incumplimientos persistentes, acelerando el colapso del régimen económico.

Fuentes del organismo y analistas financieros advierten que un tercer waiver consecutivo podría marcar un punto de quiebre y obligar a ajustes abruptos, como una devaluación significativa. Modelos econométricos utilizados en Washington y por brokers de Wall Street ubican el tipo de cambio nominal de equilibrio en un rango de $1.750 a $2.000, con altos niveles de confianza estadística.

A esta tensión se suma el vencimiento, el 9 de enero, de bonos globales y bonares por cerca de u$s4.300 millones. El Ministerio de Economía trabaja en una ingeniería financiera que incluye nuevas colocaciones, repos con bancos internacionales y posibles canjes, mientras el staff del FMI observa con cautela pero sin anticipar, por ahora, un evento disruptivo.

Panorama critico

Sin embargo, el verdadero desafío se concentra en 2026, cuando la Argentina enfrentará vencimientos de deuda externa por u$s17.800 millones, según advirtió UBS. Con reservas aún frágiles y un acceso limitado al crédito voluntario, la presión para acumular dólares se vuelve crítica.

En síntesis, el FMI reconoce los avances en materia fiscal y desinflación, pero considera que sin acumulación sostenida de reservas y con una política monetaria aún inconsistente, el programa transita una zona de riesgo creciente. El segundo waiver en marcha es, al mismo tiempo, un alivio de corto plazo y una señal de alarma de fondo.

Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Por primera vez en más de dos décadas, la economía argentina exhibe un dato tan contundente como inquietante: la inversión extranjera directa (IED) cerró con saldo negativo. Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Las cifras del Banco Central confirman un quiebre estadístico de magnitud. En los últimos veinte años, aun en contextos de crisis y volatilidad, la IED había logrado sostener un balance positivo. En 2025, en cambio, el capital extranjero no solo dejó de ingresar: se fue. El contraste resulta aún más elocuente si se lo compara con otros países de la región, donde la inversión extranjera continúa mostrando saldos favorables.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el dato refleja un proceso extendido de desinversión. Según información del BCRA y reportes periodísticos, la salida neta de divisas responde a la venta de empresas y activos locales por parte de compañías controladas por capitales foráneos, que transfirieron sus operaciones a firmas nacionales o directamente abandonaron el mercado argentino. Se trata de un cambio estructural en el comportamiento del capital corporativo que atraviesa distintos sectores de la economía.

La dimensión del retroceso se vuelve aún más clara al observar la serie histórica. Entre 2016 y 2019, la inversión extranjera directa promedió 3.235 millones de dólares anuales. En el período 2020-2023, ese monto se redujo a 953 millones. En 2025, la tendencia se quebró por completo: el saldo pasó a terreno negativo, un resultado inédito en más de 22 años.

El sector energético fue uno de los primeros en mostrar señales de este éxodo. A fines de 2024, grandes petroleras internacionales comenzaron a desprenderse de sus activos en Vaca Muerta. ExxonMobil vendió la totalidad de sus participaciones a Pluspetrol por unos 1.700 millones de dólares. Petronas abandonó su proyecto de gas natural licuado con YPF y evaluó retirarse de La Amarga Chica. TotalEnergies y Equinor siguieron el mismo camino, buscando transferir o vender sus concesiones en Neuquén.

Si bien las empresas aluden a reacomodamientos globales y estrategias de eficiencia, los informes de consultoras privadas señalan factores locales decisivos: alta incertidumbre económica, restricciones cambiarias aún vigentes, dificultades para girar utilidades y una marcada inestabilidad en las reglas de juego. En el propio mundo empresario, el diagnóstico es directo: el marco institucional argentino desalienta la permanencia.

El resultado final expone una paradoja difícil de ocultar. Mientras el Gobierno se presenta como el más ortodoxo y pro-capitalista de la historia reciente, los números muestran que el capital extranjero se retira. El saldo negativo de la inversión extranjera directa no solo es un dato técnico: es una señal política y económica de peso, que revela que la retórica de mercado no alcanza cuando la realidad espanta a los inversores.