El presidente Javier Milei fue sorprendido este miércoles por una pregunta directa del periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista en Radio Mitre. “Presidente, la gente no llega a fin de mes. ¿Qué le dice a esa gente?”, lanzó el conductor, en un momento de tensión que descolocó al mandatario.

Milei, que venía desarrollando su habitual defensa de la política de ajuste y de las metas fiscales, ensayó una respuesta evasiva. Sostuvo que “la inflación está bajando” y que “los salarios están empezando a recuperar poder adquisitivo”, aunque reconoció que “el proceso lleva tiempo”.

Feinmann insistió en que, más allá de los números, “la realidad es que la gente no llega”. El periodista recordó que los aumentos de tarifas, el encarecimiento de los alimentos y la pérdida de poder de compra afectan incluso a sectores de clase media.

La escena marcó un cambio de tono en la relación entre Milei y uno de los periodistas que más lo respaldó durante la campaña. El intercambio se viralizó en redes y abrió un debate sobre el costo social del ajuste libertario.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la estabilización económica está “en marcha” y que “el sacrificio valdrá la pena”. Pero, como reflejó la pregunta de Feinmann, la paciencia social empieza a tensarse.

El costo de viajar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a subir en noviembre, con un aumento del 4,1% en las tarifas de transporte público, un ajuste que supera a la inflación del mes pasado y se da en medio de una política oficial que apunta a reducir los subsidios al sector al nivel más bajo en dos décadas.

Este nuevo incremento llega en un contexto en el que los hogares del AMBA ya destinan cada vez más dinero al transporte: el gasto en movilidad creció 33% interanual, por encima de la inflación, mientras la cantidad de pasajeros sigue cayendo.

Tarifas que suben más que los salarios

Luego de que el INDEC informara una inflación de 2,1% en septiembre, se confirmó el porcentaje del aumento tarifario previsto por el esquema de actualización automática que rige para el subte y los colectivos de jurisdicción porteña: la suba será del doble, con un 4,1% que se aplicará desde noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, tanto el subte como los colectivos actualizan sus precios de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional, con un plus de dos puntos porcentuales. En la provincia de Buenos Aires se toma el IPC del Gran Buenos Aires, que también fue de 2,1% en septiembre.

Así, los nuevos valores quedarán aproximadamente en:

• Subte: $1.114,91
• Colectivo mínimo en CABA: $547,57
• Colectivo mínimo en PBA: $550,69

Por ahora, los colectivos de jurisdicción nacional y los trenes metropolitanos no tendrán cambios: sus tarifas permanecen congeladas desde julio y septiembre, respectivamente.

Ajuste sobre subsidios y horizonte de aumentos

El aumento de noviembre no será el último. El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso confirma que se mantendrá el recorte sobre las transferencias para subsidiar el transporte público, que caerían al nivel más bajo desde 2005 en relación al PBI.

Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), aunque nominalmente las partidas aumentan un 13% respecto a 2025, ese incremento no alcanza para cubrir los costos reales del servicio.

Los especialistas advierten que, salvo un fuerte recorte de frecuencias o un repunte inesperado en la cantidad de pasajeros, las tarifas deberían subir al menos 30% durante 2026 para que el sistema sea sustentable bajo la actual política de ajuste.

Más gasto, menos pasajeros

Mientras los subsidios se achican y las tarifas suben, los datos muestran que cada vez se viaja menos. Entre enero y julio, la cantidad de pasajeros transportados cayó 7,26% en trenes, 6,52% en subte, y 0,82% en colectivos, respecto al año pasado.

En comparación con 2019, la caída es todavía más pronunciada: casi 28% menos pasajeros en trenes y más del 40% menos en el subte.

Al mismo tiempo, los hogares del AMBA gastan cada vez más en moverse. En septiembre, un hogar promedio destinó $74.692 al mes al transporte público, un 33% más que un año atrás, y con salarios que siguen rezagados.

El ajuste que se siente en el día a día

El encarecimiento del transporte golpea directamente a los trabajadores, en un contexto de ingresos estancados y precios que no dejan de subir. El rubro transporte fue uno de los que más aumentó en el último índice de precios, con una suba promedio del 3% en septiembre y picos de hasta 4,6% en la Patagonia, empujado por el impuesto a los combustibles, la volatilidad del dólar y el alza internacional del petróleo.

Así, entre tarifas que se ajustan por encima de la inflación y subsidios que se reducen, cada viaje en el AMBA se convierte en un nuevo golpe al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que dependen del transporte público para llegar a sus empleos.

La defensa de José Luis Espert intentó que su caso por presunto lavado de activos pase de San Isidro a los tribunales federales porteños, pero el juez Martínez de Giorgi lo rechazó, dejando el expediente en su jurisdicción original.

El ex candidato de La Libertad Avanza había presentado un pedido de inhibitoria ante el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, para que esa causa se vea en Comodoro Py, argumentando que estaba vinculada con otra investigación en curso en el fuero porteño. Sin embargo, tanto el juez Martínez de Giorgi como la fiscal Alejandra Mángano consideraron que la solicitud era prematura y carecía de fundamentos sólidos para unificar o trasladar el expediente.

La defensa sostuvo que los dos procesos —el iniciado en San Isidro por denuncia de Juan Grabois y otro anterior que investiga vuelos vinculados al empresario Fred Machado— investigan hechos conexos, lo que justificaría que todo se tramite en Retiro. Pero el tribunal rechazó esa pretensión al entender que aún no hay pruebas suficientes que respalden la conexión entre ambos expedientes y que corresponde avanzar primero con las medidas iniciales de investigación.

El fallo obliga a que la causa por lavado de activos permanezca bajo competencia del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, lo que puede favorecer la estrategia defensiva del libertario y retrasar movimientos tácticos que buscaban reposicionar el caso en un ámbito más favorable. Este rechazo representa un golpe judicial para Espert y una señal de que las maniobras legales no serán suficientes para esquivar el proceso.

En el marco del escándalo por los vínculos con Machado, este revés se suma a un contexto de desgaste político y judicial. A medida que aumentan las pruebas, las decisiones de la Justicia muestran que no cederán ante la presión mediática ni los blindajes del oficialismo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó el cierre de campaña de “Provincias Unidas” y aprovechó su discurso para lanzar fuertes cuestionamientos al rumbo económico del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos”, disparó el mandatario santafesino, en una frase que marcó el tono de su intervención. Pullaro acusó al Gobierno de estar “enredado en el mundo financiero” y de haber dejado de lado las políticas de desarrollo productivo que, según él, el país necesita con urgencia.

“El desafío es corregir las variables macroeconómicas, pero sobre todo desarrollar la Argentina. Queremos generar trabajo y que el país crezca”, afirmó. En ese marco, llamó a construir “una alternativa real” desde Provincias Unidas para “sacar a la República Argentina adelante”.

"Cada 3 meses le golpea las puertas al FMI y cada 3 días a Estados Unidos porque alguien lo tiene que salvar"

Maximiliano Pullaro aseguró que Provincias Unidas es una "alternativa para sacar a Argentina adelante" y afirmó: "En esta elección se perfila el futuro de nuestro país". pic.twitter.com/wdQJD4jZVT

— Corta (@somoscorta) October 15, 2025

El gobernador también cuestionó la distribución de recursos y denunció que “ni el kirchnerismo cortó tanto el flujo de fondos al interior del país”. Recordó que Santa Fe ya ganó juicios en la Corte Suprema por la quita de fondos nacionales, pero advirtió que “esta vez los números son aún peores”.

Con un discurso que combinó crítica y convocatoria, Pullaro se posicionó como una de las voces más firmes dentro del espacio opositor que busca ofrecer una alternativa al actual modelo libertario.

El Gobierno concretó un nuevo paso en su plan de entrega del patrimonio energético nacional: aprobó la venta total de las cuatro hidroeléctricas más importantes del país.

El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1569/2025, que habilita la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Estas represas generan cerca del 20% de la energía hidráulica nacional y regulan el caudal de los principales embalses del país, vitales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.

Con la nueva resolución, el Gobierno dio luz verde a la etapa final del concurso internacional. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas en los próximos meses, y las adjudicaciones se concretarían antes de fin de año, para que las concesiones entren en vigencia en 2026. Cada adjudicatario podrá explotar las centrales por 30 años, con opción a prórroga, a cambio del pago de un canon anual al Estado.

El proceso comenzó en 2024, cuando la gestión de Milei ordenó fragmentar Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) para crear cuatro sociedades anónimas transitorias. En abril de 2025, mediante el Decreto 286, se habilitó la privatización total de Enarsa, y en agosto se autorizó la venta directa de las represas sin fijar un precio mínimo.

Diversas voces advirtieron sobre el carácter regresivo y opaco de la medida. “Están dolarizando los ingresos y atándolos a la inflación norteamericana. Es un esquema que inevitablemente va a derivar en litigios internacionales”, alertó el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo. Para él, se trata de “una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”.

También los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro expresaron su rechazo. El neuquino Rolando Figueroa sostuvo que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno “haya decidido avanzar de forma unilateral”. Desde Río Negro señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales”, ya que las represas regulan los ríos que abastecen a las comunidades locales.

La venta se ampara en la vieja Ley 23.696 de 1989, utilizada durante el menemismo para justificar la privatización de empresas públicas. En 2024, con la Ley 27.742, el oficialismo incluyó a Enarsa entre las compañías “sujetas a privatización” y avanzó con su desguace, dividiendo sus activos para facilitar la venta por partes.

Así, mientras Milei insiste en su retórica de “libertad de mercado”, su gobierno entrega los recursos estratégicos del país a capitales privados y extranjeros. La energía y el agua del sur argentino, que durante décadas estuvieron al servicio del desarrollo nacional, vuelven a convertirse en mercancía.

Un comentario impreciso de Federico Sturzenegger bastó para desatar un nuevo temblor en los mercados y volver a poner en evidencia que, más que factores externos, el principal riesgo para la estabilidad económica proviene del propio Gobierno.

El 14 de octubre, durante su participación en el Bloomberg Global Regulatory Forum, el ministro de Desregulación afirmó que “Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto”, según reprodujo la agencia Bloomberg. La frase, interpretada como un anticipo de devaluación, encendió las alarmas del mercado: el dólar MEP saltó 3% y el CCL trepó 2,5% en cuestión de minutos, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Horas después, Sturzenegger intentó desactivar el ruido con una aclaración en X (ex Twitter): “De ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario”. Atribuyó el malentendido a una mala interpretación periodística, pero el daño ya estaba hecho. El episodio reavivó las dudas sobre la coordinación del equipo económico y la falta de una estrategia comunicacional clara en temas tan sensibles como el dólar.

Según su entorno, Sturzenegger se refería al actual esquema de bandas cambiarias del Banco Central, que se ajusta entre los $1.000 y $1.400 mediante el “crawling peg”, y explicó que esas bandas se “abrirán gradualmente” cuando la economía se estabilice. Bloomberg interpretó esa explicación como un anuncio inminente de flotación libre, provocando una reacción en cadena.

Desde el Ministerio de Economía, Luis “Toto” Caputo salió rápidamente a respaldar a su colega y a despejar cualquier rumor: “Las bandas no se van a modificar, ni antes ni después de las elecciones”, insistió su equipo. Aun así, analistas coincidieron en que el incidente sumó ruido innecesario a un escenario ya frágil, mostrando que la incertidumbre económica también se alimenta de los propios funcionarios.

Aunque la aclaración oficial logró calmar parcialmente al mercado y estabilizar las cotizaciones, el episodio dejó al descubierto el frágil equilibrio del plan económico y la vulnerabilidad del Gobierno frente a sus propios mensajes. En un contexto donde cada palabra puede mover los dólares financieros, el error de comunicación de Sturzenegger sirvió como recordatorio de que la principal fuente de inestabilidad no está en el mercado, sino dentro del propio Ejecutivo.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo subejecutó el 83% de los fondos destinados al Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, una de las áreas clave para el desarrollo del conocimiento y la producción local.

El gobierno de Javier Milei destina millones de pesos a financiar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional, al mismo tiempo que mantiene virtualmente paralizado el sistema científico y tecnológico argentino. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo subejecutó el 83% de los fondos destinados al Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, una de las áreas clave para el desarrollo del conocimiento y la producción local.

El informe detalla que, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 31% en términos reales respecto al año anterior, reflejando un ajuste generalizado en sectores sensibles como salud, educación, obra pública y ciencia. En contraposición, se registró un aumento del 35% en la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, mientras los pagos por deuda pública siguen absorbiendo el 9% del gasto total.

Ciencia en emergencia, fondos paralizados

El ajuste golpea de lleno al corazón del sistema científico argentino. El Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación está en “virtual parálisis”, según el CEPA, con una caída del 83% de su ejecución.
Otros organismos también sufren fuertes recortes: CONICET (-30%), INTA (-38%), INTI (-45%), CNEA (-44%), CONAE (-19%), SEGEMAR (-30%), SMN (-35%) y la Fundación Miguel Lillo (-26%).

El panorama se completa con la cancelación de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, el satélite ARSAT SG1, y la paralización de los programas de la Agencia I+D+i. La inversión pública en ciencia y tecnología se desploma al 0,2% del PBI, un piso histórico, mientras se incumple la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que establecía elevarla al 1%.

Obra pública y educación también en caída libre

La parálisis no se limita a la ciencia. El informe muestra que la obra pública registra caídas de entre el 89% y el 100% en programas de infraestructura, pavimentación y construcción. En educación, se eliminaron programas esenciales como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con ejecución cero.

Millones para las tropas de EE.UU.

Mientras el ajuste interno asfixia a los organismos nacionales, el gobierno autorizó el desembarco de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos financiados con fondos del presupuesto argentino.
El operativo —cifrado en $60.211.157— será cubierto por la Armada y contempla actividades en Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia. El objetivo declarado es “intercambiar procedimientos y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales”.
En la práctica, esto implica que el Estado argentino pagará la estadía, la logística y las operaciones de las fuerzas norteamericanas, en un contexto de recorte extremo a la ciencia, la educación y la infraestructura local.

Entre la desinversión y la humillación

Mientras los científicos enfrentan salarios congelados, despidos y laboratorios vacíos, el presidente Milei no duda en calificarlos de “casta” o “canallas”. Organismos como el CONICET, el INTI y el INTA —referentes continentales en investigación aplicada— están hoy al borde del colapso operativo.

La paradoja es brutal: el Estado argentino financia tropas extranjeras mientras abandona a sus investigadores, universidades y centros tecnológicos. En nombre del “ajuste”, el gobierno desmantela el conocimiento nacional para sostener un modelo de subordinación y dependencia.

En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un mensaje claro y preocupante para la economía argentina: el país crecerá menos, tendrá menos dólares y enfrentará una inflación más alta en 2025. En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

Según las nuevas estimaciones, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá solo 4,5% en 2025, un punto menos que el 5,5% proyectado en julio pasado. Para 2026, el crecimiento también se ajustó a la baja, del 4,5% al 4%. La revisión implica que, en apenas tres meses, el FMI redujo sensiblemente su confianza en la recuperación de la economía local.

Pero el golpe más fuerte llega por el lado de los dólares. El balance de la cuenta corriente, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, se hunde en terreno negativo: el FMI espera ahora un déficit del 1,2% del PBI en 2025, tres veces mayor al previsto en abril (-0,4%). Esto significa que el país tendrá menos divisas disponibles para sostener el comercio exterior y la estabilidad cambiaria, en un contexto de reservas frágiles y presiones sobre el tipo de cambio.

En paralelo, el Fondo prevé una inflación del 28% para 2025, ocho puntos más que su estimación anterior (20%), y un mayor desempleo, que sube del 6,3% proyectado en abril al 7,5%. El panorama, según el organismo, muestra una economía golpeada, con menor crecimiento, más precios y menos empleo.

Una crisis que no da tregua

Estas cifras reflejan el impacto de un cierre de año convulsionado. El último trimestre de 2024 estuvo marcado por la desaceleración de la actividad, las tensiones cambiarias y la persistencia de la inflación. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipa incluso una caída del 0,6% del PBI entre julio y septiembre, con una proyección de crecimiento del 3,9% para 2025, aún más pesimista que la del propio FMI.

En los hechos, el repunte que se espera para 2025 responde más a un “efecto arrastre” estadístico que a una verdadera reactivación: el bajo nivel de actividad de 2024 genera un punto de partida que mejora los promedios, aunque la economía siga estancada.

Menos dólares, más incertidumbre

La pérdida de competitividad del tipo de cambio también preocupa. Pese a la volatilidad del dólar y a la intervención de Estados Unidos en los mercados financieros, el peso argentino mantiene prácticamente el mismo nivel de competitividad que en julio. Esto deja a la economía con poco margen para recuperar reservas o impulsar exportaciones.

En suma, el diagnóstico del FMI es contundente: Argentina enfrentará en 2025 un escenario más adverso que el previsto, con menos crecimiento, más inflación, más desempleo y una mayor escasez de dólares. Un cuadro que anticipa que la estabilidad y el crecimiento prometidos por el Gobierno seguirán lejos de concretarse.

Una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el oficialismo libertario. El relevamiento muestra que el peronismo mantiene una ventaja de casi 15 puntos sobre La Libertad Avanza en intención de voto, una distancia que se amplía aún más al proyectar indecisos. De acuerdo con el estudio, la lista encabezada por Jorge Taiana obtiene el 43,1% de las preferencias frente al 28,3% de Diego Santilli, mientras que por marcas políticas, Fuerza Patria suma 45,6% contra 31,2% de La Libertad Avanza.

Cuando se distribuyen los indecisos, la brecha se ensancha: Fuerza Patria alcanzaría el 50,7% de los votos frente al 31,7% del espacio libertario, una diferencia de 19 puntos porcentuales. Esa distancia se asemeja al resultado del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando el peronismo consolidó su dominio territorial y dejó a Milei sin una base sólida en el principal distrito electoral del país.

El dato más preocupante para el Presidente, sin embargo, no está en la intención de voto sino en la evaluación de su gestión. Javier Milei registra apenas un 32% de aprobación y un 66% de rechazo, lo que arroja un diferencial negativo de 34 puntos. En contraste, el gobernador Axel Kicillof —a quien Milei suele llamar “el soviético”, “el comunista” o “el inútil”— obtiene un 52,9% de aprobación y un 45,2% de rechazo, con un balance positivo de 7,7 puntos.

En términos comparativos, Kicillof aventaja al Presidente en más de 40 puntos en imagen neta, un dato que explica por qué el oficialismo nacional no logra consolidar su presencia en Buenos Aires. En un escenario económico difícil y con tensiones dentro del propio espacio libertario, la encuesta revela que el eje Milei-Kicillof sigue polarizando la política bonaerense, pero con un claro predominio del gobernador y del peronismo en la preferencia social.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno no continuará apoyando a la Argentina si Javier Milei pierde las próximas elecciones. “Si él gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos”, dijo Trump, en declaraciones que marcan un fuerte condicionamiento político al respaldo financiero que Washington otorgó recientemente al país sudamericano. Según fuentes citadas por Reuters y el Financial Times, el republicano afirmó además que no piensa “desperdiciar tiempo” ni ser “generoso” con un eventual gobierno opositor.

El mensaje llega pocos días después del encuentro entre Trump y Milei en la Casa Blanca, donde ambos consolidaron su sintonía ideológica y política. Estados Unidos había avanzado con un mecanismo de auxilio financiero para la Argentina —un swap de hasta 20 mil millones de dólares— con el objetivo de aliviar la presión cambiaria y estabilizar las reservas. Las declaraciones del líder republicano, sin embargo, ponen en duda la continuidad de ese apoyo en caso de un cambio de signo político en Buenos Aires.

En la Argentina, las palabras de Trump generaron un fuerte impacto político. Desde la oposición cuestionaron lo que consideran una “intromisión inaceptable” en los asuntos internos del país, mientras que desde el oficialismo defendieron la alianza estratégica con Estados Unidos como un aval a las reformas económicas de Milei. Analistas advirtieron, además, que el mensaje del exmandatario podría influir en los mercados, donde se evalúa el riesgo de que se interrumpa la asistencia externa si el oficialismo sufre un revés electoral.

El respaldo de Trump se ha convertido en una pieza central de la narrativa internacional de Milei, que busca mostrarse como parte de un eje de líderes de derecha global. Pero el tono de advertencia del republicano también refleja la fragilidad de esa relación: el apoyo no parece institucional, sino personal y condicionado. En un contexto de alta dependencia financiera y tensión social, la frase “nos vamos si él pierde” podría tener consecuencias más allá de la diplomacia, afectando la confianza en la estabilidad económica del país.