Un nuevo parte médico confirmó que la expresidenta permanece hospitalizada tras ser operada de urgencia por una apendicitis con peritonitis.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continuaba este viernes internada en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires debido a un cuadro de íleo postoperatorio, según informó el último parte médico difundido por el centro de salud.

De acuerdo al informe, la dirigente evolucionaba favorablemente de la intervención quirúrgica por apendicitis aguda con peritonitis localizada, aunque presentaba una complicación caracterizada por la disminución transitoria de la función intestinal, una situación frecuente en el período posterior a cirugías abdominales.

El comunicado médico detalló que la paciente mantenía drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico por vía endovenosa, y que hasta el momento no registraba fiebre, un dato considerado positivo dentro del seguimiento clínico.

Asimismo, se indicó que Cristina Kirchner continuaba con dieta líquida, sin posibilidad de avanzar hacia una alimentación sólida, en el marco del tratamiento indicado para este tipo de cuadros postoperatorios.

Desde el sanatorio señalaron que la internación se prolongará hasta la resolución del íleo, motivo por el cual no se estableció una fecha de alta médica, quedando supeditada a la evolución que presente en los próximos días.

La expresidenta había sido intervenida quirúrgicamente luego de ser trasladada de urgencia por fuertes dolores abdominales, y permanece bajo control médico estricto mientras se monitorea su recuperación.

El 2025 termina el año económico como empezó, con caos financiero y tensión en el mercado cambiario. El esquema de dólar barato y deuda necesita de mucho financiamiento externo. Primero fue el FMI, después Estados Unidos… ¿cuál será el nuevo salvataje que estire la película al menos unos pocos meses más?

Este martes apareció el dato que estaba esperando el mercado: el miércoles y el jueves d ela semana pasada, Toto Caputo volvió a quemar dólares, supuestamente del Tesoro, para contener la divisa. Según el último registro oficial disponible, el 17 de diciembre vendió USD 77 millones y el 18 de diciembre otros USD 164 millones. 

Fueron USD 241 millones en 48 horas. Dólares que se supone, Caputo debería atesorar para enfrentar el vencimiento de más de USD 4.000 millones del próximo 9 de enero. Se viene un verano caliente y no solo por las temperaturas propias de la estación.

Según investigaciones periodísticas, el Banco Central cargó USD 5.000 millones en lingotes de oro en un avión comercial en plena madrugada, sin dejar rastro documental, sin contratos, sin papeles, sin auditoría posible. Total normalidad en la Argentina de Javier Milei y Luis Caputo. ¿Para el periodismo “independiente” no es tapa de diario?

Lo grave es que desde el Banco admitieron oficialmente ante la Auditoría General de la Nación que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío de oro al exterior. Ni ahora ni al cierre del año pasado. Pero tampoco dicen si el oro está en el Banco Central…

“Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”, señalaron desde la entidad monetaria en la nota enviada a la Auditoría. La postura oficial fue al extremo al afirmar que no se elaboraron informes jurídicos porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser ratificado en sede judicial. Y la Justicia exige explicaciones.

La respuesta dejó sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operatoria valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que revisar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

Ahora el expediente escaló al plano judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa. Señaló que las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado alega confidencialidad, debe probar un daño concreto. No alcanza con invocar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de nuevos auditores.

El Banco Central informó que no existen contratos que sustenten el envío del oro argentino a Londres lo que arroja un manto de dudas sobre la operación impulsada por Toto Caputo.

El Banco Central admitió oficialmente que no existen contratos que respalden el envío de los lingotes de oro argentinos al exterior, una confesión que deja a las autoridades económicas al borde de una investigación penal. En una respuesta formal a la Auditoría General de la Nación (AGN), la entidad fue categórica: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”. La inexistencia de respaldo contractual abre un flanco judicial de enorme gravedad.

La historia no comenzó esta semana. En julio del año pasado, cuando se reveló que Luis Caputo y Santiago Bausili habían sacado las reservas de oro del país en un operativo reservado, se inició una secuencia de silencios, evasivas y negativas oficiales. Hoy, esa estrategia quedó desmentida por el propio Banco Central.

Durante la madrugada, en un procedimiento sin precedentes, el Central cargó lingotes de oro valuados en cerca de USD 5.000 millones en un avión comercial y los envió al exterior sin dejar rastro documental: sin contratos, sin informes jurídicos, sin registros administrativos y sin posibilidad de auditoría. Una escena más propia de una novela policial que de la gestión de activos estratégicos del Estado. Pero ocurrió.

¿Donde está el oro?

Lo más grave es que el Banco Central reconoció ante la AGN que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío del oro. Ni al momento de la operatoria ni al cierre del ejercicio. La respuesta oficial fue aún más extrema: no se elaboraron dictámenes legales porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser evaluado en sede judicial, donde ya se exigen explicaciones.

La admisión deja sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operación valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que auditar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

La presunción de delito se apoya en hechos concretos. Los funcionarios del Banco Central no administran bienes privados: custodian activos públicos. La falta de respaldo contractual no es un error administrativo menor, sino un elemento que puede configurar responsabilidad penal. Cuando un activo estratégico pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El expediente ya escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se reduce. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche: las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de los nuevos auditores.

El contexto internacional vuelve todo aún más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico que funciona como salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas en rojo. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el agujero sería todavía mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos.

Carlos Rodríguez, uno de los arquitectos del programa económico de Javier Milei durante la campaña y desplazado al asumir el gobierno, calificó el episodio como “simplemente insólito”. Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo ya consumido y reclamó conocer la ubicación exacta de todos los activos y pasivos del Central.

Rodríguez fue más allá: además del oro, exigió información sobre los dólares de los encajes bancarios y la publicación de la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del FMI.

En ese marco, crece la sospecha del mercado sobre el pago del vencimiento de USD 1.000 millones de Bopreal con depósitos de los ahorristas. Con reservas netas negativas por USD 18.000 millones, la única caja líquida disponible serían los encajes bancarios. El resto —swap con China y créditos del Fondo— no se puede usar.

La embajada argentina en Tegucigalpa opera como plataforma de respaldo político y diplomático a la maniobra que busca consumar un fraude electoral en Honduras. En un esquema de intromisión indirecta, Buenos Aires aparece como actor funcional a la estrategia de la derecha local y a la tutela estadounidense sobre el proceso electoral.

Por Santiago Masetti/ Según registros informáticos difundidos por medios locales, las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) Ana Paola Hall y Cossette López —representantes de los partidos Liberal y Nacional, respectivamente— fueron ubicadas en la Embajada Argentina en Tegucigalpa en momentos clave del conflicto institucional. El dato no es menor: se produjo tras la ruptura del pleno del CNE y luego de que el consejero oficialista Marlon Ochoa denunciara penalmente a ambas funcionarias ante el Ministerio Público.

La crisis política que sacude a Honduras tras las elecciones generales del 30 de noviembre sumó en las últimas horas un elemento de gravedad regional: la participación activa del gobierno de Javier Milei en el entramado que busca consolidar un golpe de Estado electoral en el país centroamericano. Lejos de un rol neutral, la Argentina emerge como pieza auxiliar en una operación que no puede exhibir a sus verdaderos promotores como protagonistas visibles.

Que asuntos estrictamente electorales se tramiten en una sede diplomática extranjera expone el carácter opaco de la maniobra y refuerza las denuncias de injerencia externa. En este esquema, el gobierno argentino cumple un rol de cobertura política y logística, ofreciendo un espacio “amigo” para avanzar en decisiones que no resisten la luz pública ni el control institucional hondureño.

Ochoa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre), fue categórico al rechazar la validación de unos resultados que calificó de fraudulentos. Denunció que Hall y López intentan emitir la declaratoria oficial sin concluir el escrutinio, dejando sin resolver más de 10 mil actas con inconsistencias y cerca de 300 impugnaciones. “No voy a firmar un fraude, aunque me lleven a punta de bala”, advirtió, al tiempo que exigió un conteo voto por voto de las más de 19 mil urnas del nivel presidencial.

El magistrado también apuntó contra la tutela extranjera del proceso y señaló que Honduras no puede aceptar sanciones, presiones ni lineamientos de gobiernos externos. En su denuncia ante la Fiscalía, presentó audios que, según afirmó, revelan un plan coordinado de manipulación electoral, con participación de actores locales y foráneos, incluyendo a un expresidente condenado por narcotráfico y a operadores políticos vinculados a la derecha tradicional.

En ese entramado, el rol de Ana Paola Hall y Cossette López resulta central. Ambas consejeras avanzaron de manera unilateral, sin convocar al pleno del CNE, y quedaron en el centro de las acusaciones por intentar consumar una declaratoria irregular. Su presencia en la embajada argentina no solo agrava las sospechas, sino que compromete directamente a la administración Milei en un proceso que vulnera la soberanía hondureña.

La derecha local —encarnada por el Partido Nacional, el Partido Liberal— apelaron a repetir el libreto de los fraudes electorales de 2013 y 2017: manipulación del sistema de transmisión de resultados, descarte de actas desfavorables y proclamación exprés de un ganador funcional al statu quo. Esta vez, sin embargo, el esquema incorpora nuevos intermediarios para disimular la intromisión directa de Estados Unidos, cada vez más cuestionada por su historial en la región.

El respaldo argentino no es ingenuo ni aislado. Responde a una alineación ideológica y geopolítica del gobierno de Milei con los sectores más reaccionarios de Honduras, del continente y con las estrategias de desestabilización contra proyectos populares. Al actuar como actor secundario —pero decisivo—, la Argentina aporta legitimidad aparente a una operación que, de otro modo, quedaría expuesta como una intervención grosera.

Honduras atraviesa horas decisivas. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección, sino la posibilidad de defender la voluntad popular frente a un golpe electoral en marcha. En ese escenario, la participación del gobierno argentino marca un punto de inflexión preocupante: por primera vez en décadas, Buenos Aires deja de ser observador para convertirse en engranaje activo de una maniobra contra la democracia latinoamericana.

El ajuste económico del Gobierno impactó de lleno en el consumo de fin de año: la canasta festiva volvió a encarecerse muy por encima de los ingresos y los comercios enfrentan diciembre con ventas débiles y márgenes al límite.

La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei dejó su marca en la previa de las fiestas. A días de la Navidad, el consumo permanece retraído, la oferta de productos estacionales se achicó y el aguinaldo perdió capacidad para sostener compras que hasta hace poco eran habituales en los hogares argentinos.

En los comercios barriales, tradicional termómetro del consumo popular, el panorama es elocuente. La mercadería navideña llegó más tarde, en menor cantidad y con rotación lenta. Pan dulces, budines y frutos secos ya no ocupan el centro de las góndolas, desplazados por una demanda cautelosa y bolsillos exhaustos.

El deterioro responde a una combinación conocida: salarios y jubilaciones que corren detrás de los precios, subas constantes en alimentos y un fuerte incremento en tarifas de servicios que drenó ingresos durante todo el año. En ese contexto, diciembre dejó de ser el mes de recuperación para convertirse en otro capítulo de supervivencia comercial.

Los datos acompañan la percepción del sector. Un relevamiento de la asociación Consumidores Libres indicó que la canasta navideña registró un aumento interanual del 35,9% respecto de diciembre pasado, sobre una base de 24 productos representativos. El salto contrasta con un salario mínimo que no alcanza los 335 mil pesos, consolidando el desfasaje entre precios e ingresos.

En grandes superficies, las subas fueron incluso más desparejas: oscilaron entre el 20% y el 45%, con picos muy superiores en artículos puntuales. Frutos secos como las avellanas casi duplicaron su valor, mientras que cortes tradicionales como el asado se encarecieron más de un 80% en un año. Productos emblemáticos de las fiestas, como pan dulces de primera marca o almendras, exhiben incrementos cercanos o superiores al 40%.

Con ese escenario, una canasta que a fines de 2024 rondaba los 133 mil pesos hoy se ubica cerca de los 181 mil. La cifra explica la prudencia de consumidores y comerciantes, que ajustaron expectativas ante un cierre de año sin repunte.

La respuesta del sector fue defensiva. Muchos negocios redujeron pedidos y ajustaron stocks para evitar sobrecostos financieros. Incluso los almacenes de barrio, que lograron captar parte de la clientela que dejó las grandes cadenas, eligieron operar con cautela y minimizar riesgos.

Desde el sector comercial señalaron que proliferaron las llamadas “canastas de emergencia”, versiones recortadas de la mesa navideña tradicional. Combos básicos con cinco productos se ofrecieron entre 6.000 y 9.000 pesos y concentraron la mayor parte de la demanda, en una señal clara del cambio de hábitos de consumo.

Las expectativas ahora se concentran en los últimos días de diciembre, aunque el optimismo es limitado. Estudios privados advierten que cerca de un tercio de los trabajadores registrados destinará el aguinaldo al pago de deudas. Con ingresos que no alcanzan a cubrir todo el mes, la Navidad llega atravesada por un ajuste que se siente en las góndolas, en las cajas y, sobre todo, en las mesas familiares.

El Gobierno avanzó con nuevos nombramientos en la principal entidad financiera pública del país, profundizando la colonización política del Banco Nación en plena ofensiva oficial contra el rol del Estado en el sistema bancario.

El presidente Javier Milei oficializó este martes la incorporación de la exdiputada nacional Carolina Píparo al directorio del Banco de la Nación Argentina, en una decisión que refuerza el sesgo ideológico del Gobierno sobre una institución clave para el crédito productivo y el desarrollo federal.

La designación fue formalizada mediante el decreto 907/2025, firmado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado en el Boletín Oficial. Píparo asumió el cargo el 11 de diciembre tras la aceptación de la renuncia de Rodolfo Carvajal, y su mandato se extenderá hasta el 1 de enero de 2028, completando el período previsto por la Carta Orgánica del banco.

El movimiento se inscribe en una reconfiguración más amplia de la cúpula del Banco Nación. A través del decreto 903/2025, el Ejecutivo también formalizó las renuncias de Daniel Tillard a la presidencia y de Darío Wasserman a la vicepresidencia. En un giro interno, Wasserman fue promovido como nuevo presidente de la entidad, mientras que Tillard recibió un protocolar agradecimiento por los servicios prestados.

Más allá de la formalidad administrativa, las decisiones vuelven a poner en el centro del debate el rumbo que el Gobierno pretende imprimirle al Banco Nación. Mientras el discurso oficial insiste en achicar el Estado y desmantelar herramientas públicas de financiamiento, el Ejecutivo avanza en la ocupación política del directorio de la principal banca estatal, clave para el crédito a pymes, economías regionales y sectores estratégicos.

La llegada de Píparo —una dirigente identificada con el núcleo duro del oficialismo— no pasa desapercibida en un contexto de ajuste, recorte del crédito y señales persistentes de privatización encubierta. Traducido: menos banco público, más obediencia política. Vieja historia, con nuevo elenco.

La Justicia federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el destino de los lingotes de oro enviados al exterior durante la gestión de Luis Caputo, luego de que el organismo se negara de manera reiterada a brindar esa información y alegara una “reserva total” sin fundamentos suficientes.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este lunes un fallo de primera instancia y dio lugar al amparo presentado por la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. El tribunal consideró que el BCRA vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación al negar sistemáticamente los datos requeridos.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V sostuvo que la autoridad monetaria no logró justificar de manera concreta por qué ocultó información clave sobre el envío de lingotes de oro fuera del país. Según el fallo, la negativa oficial se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” que impidieron verificar si la reserva invocada era legítima.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, afirmaron los magistrados. La Cámara recordó además que el Banco Central también se había negado a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino del oro.

El reclamo judicial se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban precisiones sobre los envíos de lingotes al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión de esa información podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y advirtió que “la configuración de alguna de las excepciones legales no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

El tribunal remarcó que es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño real a un interés protegido, algo que el Banco Central no hizo. También subrayó que la información reclamada está vinculada a “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o que, en su defecto, explique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden divulgarse, dónde se encuentra actualmente el oro y de qué manera su difusión podría afectar al sistema financiero. Las costas del proceso fueron impuestas al Banco Central.

¿Se terminaron los dibujos de Marco Lavagna en el INDEC? Con esa ironía, muchos consultores miraron los datos del estimador mensual de actividad económica (EMAE) que finalmente mostró una disminución del 0,4% respecto de septiembre en la medición desestacionalizada. Todas las consultoras estaban marcando la caída brutal de la economía real (no financiera), solo le faltaba reconocerlo al INDEC…

Sin embargo, el indicador mantuvo una variación positiva en la comparación interanual. En el decimo mes del año, el EMAE creció 3,2% frente al mismo mes del año anterior, impulsado por el desempeño de la mayoría de los sectores que integran el indicador. Ahora, los rubros que más crecen son intermediación financiera, impuestos y pesca. Todo el resto, en caída libre.

Del 3,2% que “creció la economía” según el INDEC, el 1,32 puntos porcentuales lo explica intermediación financiera que se da por los intereses altísimos actuales, que solo benefician a los banqueros y perjudican a la economía real. Eso explica por ejemplo, que la industria cayera casi 3% interanual. Los bancos ganan plata y los que producen, pierden. Esa película ya se dio en Argentina.

El gobierno de Javier Milei y otro papelón en el Congreso. A pesar de tener muchos más diputados y senadores ya sabe qu no podrá evitar la aprobación del Capítulo XI del Presupuesto que incluye el financiamiento universitario y emergencia en discapacidad. El ministro de interior, Diego Santilli, había prometido que estarían los números pero fracasó en su debut como “negociador con los gobernadores”.

Ahora, Milei está analizando sacar un decreto para anular las dos leyes. Esto sucedería una vez que el Congreso apruebe el Presupuesto y comience el receso legislativo.

Milei declaró el domingo que no va a vetar el Presupuesto y que reasignará partidas para cumplir con la meta del déficit cero. Pero en ningún momento dijo -ni le preguntaron- si aplicará las leyes que intentó derogar.