El gobierno libertario vuelve a quedar envuelto en una controversia, esta vez por la concesión de un nuevo préstamo irregular del Banco Nación a Marcos Patiño Brizuela, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba y socio del legislador Gabriel Bornoroni.

Según la denuncia, Patiño Brizuela habría recibido un crédito por $164 millones pese a no cumplir con los requisitos de antigüedad exigidos para la categoría de “contratado”, condición necesaria para acceder a ese tipo de financiamiento.
La operación fue aprobada en plena etapa preelectoral, lo que despertó sospechas de un posible financiamiento de campaña encubierto con la complicidad de funcionarios libertarios del Banco Nación.

El caso apunta directamente al presidente de la entidad, Daniel Tillard, quien ya había sido señalado en situaciones similares. En particular, por haber autorizado un préstamo de $225 millones a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, también perteneciente al espacio libertario.
Villaverde cobró notoriedad recientemente por su presunta vinculación con el narcotráfico, escándalo que terminó forzando la renuncia de José Luis Espert a su candidatura nacional. La diputada mantiene, además, una causa por tráfico de drogas en Estados Unidos y vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Fred Machado, involucrado en un episodio de violencia narco tras el ataque a una camioneta Jeep que había sido puesta a disposición de Espert.

Banco Nación: una caja política de La Libertad Avanza

No es la primera vez que el Banco Nación aparece en el centro de acusaciones de manejos irregulares. Meses atrás, la institución fue cuestionada por adjudicar una licitación de $400 millones a Tech Security S.R.L., empresa que contaba entre sus accionistas a los hermanos del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se desprendieron de sus acciones poco antes de su asunción.

La nueva denuncia golpea de lleno la campaña de Patiño Brizuela y profundiza el desgaste de la narrativa “anticasta” que el oficialismo había convertido en bandera. Los reiterados casos de presuntos favores, nepotismo y corrupción comienzan a erosionar la credibilidad del discurso libertario.
Cabe recordar que Patiño Brizuela ya enfrenta una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es una de las figuras más cercanas a Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, busca renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana volvió al centro de la escena, cuando distintas cuentas difundieron antiguos tuits suyos en los que se leen frases provocadoras sobre la Argentina, el catolicismo y, sobre todo, la causa Malvinas.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón, fue uno de los primeros en reaccionar al recuperar un mensaje de 2018 en el que Ajmechet le escribía a Mauricio Macri: “Nos hacés felices con poco, sacá el feriado del día de la Virgen y poné uno por el día de la democracia. De paso, ocupate del temita de la economía. Y estamos”. Muchos de esos tuits hoy aparecen eliminados o con la etiqueta de “página inexistente”, pero los registros de sus palabras permanecen.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Ajmechet eligió la estrategia que mejor domina: la victimización. “Me juzgan por cosas que escribí hace diez años”, dijo. Pero en aquel entonces tenía 35, no 15. Y nunca pidió perdón. No se retractó. No reflexionó. Solo buscó empatía mediática, apelando a la distancia del tiempo como si diez años bastaran para borrar una convicción ideológica.

Ahora mandaron a victimizarse a la basura humana y anti-Argentina de Ajmechet
"Me juzgan por unos tuits de hace 10 años"
Hija de puta, 35 años tenía ya. Dijiste que querés ser colonia, eliminar el Día de los Veteranos de Malvinas y que odiás la bandera Argentina pic.twitter.com/5jJuOg8oVs

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 13, 2025

Uno de sus mensajes más recordados, escrito en 2014, lo deja claro:

“Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio.”

No fue una frase ingenua ni un exabrupto. Fue una declaración de principios. Lo que Ajmechet propone —y sigue sosteniendo al no retractarse— es un vaciamiento simbólico: borrar del calendario el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, despojar de sentido el duelo colectivo y relativizar la soberanía.

Infame traidora a la Patria pic.twitter.com/z1Sy9IbSoa

— 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 (@ComodoroJN) October 12, 2025

Paradójicamente, Ajmechet se presenta como “doctora en historia”, pero su discurso niega la historia misma. Desconoce que la causa Malvinas no es un capricho nacionalista, sino un reclamo de soberanía reconocido por la ONU y sostenido por el consenso democrático desde 1983.

Su falta de arrepentimiento no es un detalle. Es una posición política coherente con el mileísmo, que hoy busca institucionalizar la desmemoria: recortar cultura, eliminar feriados históricos, y transformar la educación y la historia en mercancías. La diputada libertaria encarna esa doctrina desde su banca, con la elegancia académica del negacionismo disfrazado de “opinión personal”.

Ajmechet no está sola. Forma parte de una corriente que reivindica a Margaret Thatcher y que considera la memoria colectiva un obstáculo para el “progreso”. Su tuit “Queremos ser colonia” no fue un lapsus: fue la síntesis perfecta del proyecto político que integra.

Durante la entrevista, nunca pronunció un “me equivoqué” ni un “pido perdón”. No hubo una sola palabra hacia los excombatientes, sus familias o el pueblo argentino. Solo habló de sí misma, de su malestar por ser cuestionada, de su derecho a no rendir cuentas. Pero las palabras importan, sobre todo cuando provienen de una funcionaria pública que debería representar y defender los intereses de la nación.

Olvidar sus dichos sería concederle lo que más desea: que el 2 de abril “sea un día cualquiera”. Recordarlos, en cambio, es una forma de resistencia. Porque la memoria no se negocia, y la soberanía no se terceriza.

Sabrina Ajmechet representa una cara pulida del negacionismo y cipayismo libertario: académica, mediática, políticamente correcta. Pero detrás de esa fachada se esconde el mismo mensaje que su espacio lleva al poder: un desprecio profundo por la historia argentina y por los valores que sostienen su independencia.

El candidato de la Libertad Avanza Diego César Santilli tiene una mansión de más de un millón de dólares en Nordelta. Además, tiene un departamento en Barrio Parque valuado en 600 mil dólares. ¿De qué vive?

Según se informó, Santilli cuenta con más de 30 empresas offshore que suelen usarse para fugar plata sin pagar impuestos en Argentina. Según su propia declaración “el 70% de mis ingresos vienen del sector privado”. Pero nadie le pregunta ni él se ocupó de explicar a qué se dedica en el sector privado.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, un espía – que respondía al propio Macri – armó un informe sobre Santilli donde decía: “Vive como un narco, gasta un millón de dólares por mes. Viajó a Dubai y pagó cash, nadie sabe como vive”. Ese audio está en la justicia.

A más de un año del misterioso traslado del oro argentino, el Gobierno y el Banco Central mantienen un hermetismo absoluto sobre el destino de ese activo clave. El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había comunicado que había completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”, una operación que buscó poner fin a los rumores sobre una eventual venta o cesión del metal.

En aquel parte, el organismo aseguró que la Auditoría General de la Nación (AGN) tendría acceso a toda la información necesaria para realizar los informes de control correspondientes. Sin embargo, esa promesa nunca se cumplió. Según confirmaron fuentes de la propia AGN a Ámbito Financiero, el Banco Central no solo omitió responder los requerimientos sobre la ubicación, rendimiento y costos del traslado del oro, sino que además habría entorpecido el acceso a la documentación respaldatoria.

“Están escondiendo algo y nadie sabe por qué”, advirtieron desde la AGN, que desde fines de 2024 viene reclamando información precisa sobre las operaciones vinculadas al oro, valuadas en miles de millones de dólares. La falta de transparencia alimenta las sospechas sobre si parte de esas reservas fue utilizada para obtener liquidez en el exterior o respaldar operaciones financieras que el Gobierno prefiere mantener fuera del radar público.

Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el presidente del Banco Central ni el Ministerio de Economía ofrecieron explicaciones sobre el paradero del oro ni sobre las condiciones en que se realizó el traslado. En medio de una crisis económica y de reservas menguantes, la opacidad sobre uno de los activos más sensibles del país se convierte en un nuevo foco de preocupación institucional y política.

El caso que involucra a Federico “Fred” Machado acusado en Estados Unidos por fraude y vínculos con el narcotráfico, y recordado por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019,comienza a generar ecos dentro del gobierno libertario.

Según pudo confirmar La Nación, Hernán Núñez, amigo y socio de Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano de Machado, ocupa hoy un cargo en el Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello. Núñez fue designado en junio de 2024 al frente de la Agencia Territorial de Viedma, dependiente de la Secretaría de Trabajo, y su contrato continúa vigente tras sucesivas renovaciones semestrales.

La relación entre Núñez y Ciccarelli se remonta a los años en que ambos compartían la liga de básquet local. La amistad derivó, tiempo después, en negocios conjuntos: en 2023 crearon Gold and Sand SRL, una empresa minera registrada en el Boletín Oficial de Río Negro y habilitada para desarrollar todo tipo de actividades vinculadas a la explotación de minas y canteras.

Ciccarelli, por su parte, es un personaje clave en el entramado que une al narcoescándalo de Machado con figuras políticas y empresariales. En abril de 2019, fue uno de los anfitriones del acto en el que Espert presentó su libro en un hotel de Viedma, junto a Machado y el empresario Nicolás Tellic, impulsor de La Libertad Avanza en la zona y con vínculos con el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.

En ese mismo evento, Ciccarelli habría puesto a disposición de Espert una camioneta Jeep Grand Cherokee para la campaña. El vehículo, según documentación oficial, había sido transferido a su nombre apenas dos semanas antes del acto, aunque la operación de compraventa se habría realizado meses antes en Buenos Aires. Todo indica que el traspaso se hizo por pedido directo de su primo, “Fred” Machado.

El primo del empresario, que actualmente percibe un salario del Ministerio de Turismo de Río Negro pero depende de la Legislatura provincial, mantiene todavía una relación laboral activa con el bloque Juntos Somos Río Negro, la fuerza de Weretilneck.

De origen humilde y exprofesor de básquet, Ciccarelli se reinventó como empresario de la construcción y la minería, exhibiendo en redes sociales un estilo de vida de lujo y ostentación. Su entorno, hoy, vuelve a quedar bajo la lupa: uno de sus socios cercanos trabaja dentro del gobierno nacional, en un área sensible del gabinete libertario.

El avance de las causas judiciales contra Machado y los vínculos que comienzan a emerger entre sus allegados y funcionarios actuales vuelven a poner el foco sobre los nexos entre política, negocios y narcotráfico, un entramado que parece extender sus raíces más allá del caso Espert.

La Policía Federal allanó este mediodía la casa del diputado José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado, señalado por sus nexos con el narcotráfico.

El operativo fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga movimientos financieros sospechosos entre Espert y Machado. La pesquisa ya había revelado una transferencia por 200 mil dólares que el legislador primero negó en varias ocasiones, pero luego terminó admitiendo.

Durante otro procedimiento en la vivienda de Machado, en Viedma, efectivos hallaron un contrato de un millón de dólares firmado en 2019 entre el empresario y el diputado. El documento, encontrado roto y manchado, fue reconstruido por la Policía y detalla pagos en cuotas de 100 mil dólares mensuales por supuestos servicios prestados por Espert.

El texto establece que, en caso de incumplimiento, el empresario podría exigir la devolución del dinero y someter cualquier controversia a la justicia ordinaria de Nueva York (EE.UU.). Según justifico el propio Espert, no devolvió los fondos pese a no haber concluido el trabajo, alegando como motivo la pandemia.

Escándalo político y judicial

El escándalo ya provocó que Espert renunciara a su candidatura y pidiera licencia en la Cámara baja, aunque con goce de sueldo. Ayer, el Congreso aprobó por amplia mayoría (215 votos) la solicitud del juez Mirabelli para profundizar las medidas de prueba, incluyendo un eventual allanamiento en el despacho del legislador.

En paralelo, Espert enfrenta otra causa en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, por los vuelos que realizó en aeronaves pertenecientes a Machado.

La situación de Machado

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es requerido por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. Esta semana, la Corte Suprema argentina autorizó finalmente la medida tras más de dos años de demora. El presidente Javier Milei anunció que firmará la extradición.

Desde que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley de Alquileres, los precios subieron más de 360% y uno de cada tres hogares tuvo que sumar otro empleo para no perder su vivienda.

La desregulación del mercado inmobiliario, presentada por el Gobierno como una “liberación”, se tradujo en un drama cotidiano para millones de familias. Tras la eliminación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023, los precios se dispararon muy por encima de la inflación, los salarios se derrumbaron y el acceso a la vivienda se volvió un privilegio de pocos.

Según la última Encuesta Nacional Inquilina, siete de cada diez hogares se endeudaron para pagar el alquiler o cubrir gastos básicos, y un tercio de los inquilinos debió buscar un segundo empleo para poder sostener su techo. Hoy, el 66% destina entre el 30% y el 50% de sus ingresos al alquiler, mientras que un 24% gasta más del 60%.

En lo que va de la gestión de Milei, la inflación acumuló 232%, pero los alquileres treparon 363%. El supuesto “mercado libre” terminó concentrando el negocio en pocas manos y excluyendo a miles del acceso a la vivienda. Al mismo tiempo, el Gobierno desmontó todos los programas habitacionales y paralizó más de 125 mil obras, dejando sin respuesta a quienes esperaban una solución estatal.

“El decreto nos dejó completamente indefensos frente a la crueldad del mercado inmobiliario”, advirtió Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados.

A casi un año del DNU, la promesa de libertad se transformó en su opuesto: un país donde trabajar ya no alcanza ni para pagar el alquiler.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo, en un clima social y económico de alta tensión.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que el éxito del severo programa económico impulsado por el gobierno de Javier Milei dependerá en gran medida del respaldo de la sociedad. “En Europa Central y del Este tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara”, señaló la funcionaria, al subrayar la importancia de la confianza ciudadana en tiempos de ajuste.

Argentina atraviesa un proceso de estabilización económica marcado por una disciplina fiscal estricta, que el FMI considera ejemplar en su exigencia de cuentas públicas equilibradas y reformas estructurales profundas. Georgieva planteó que el acompañamiento social es un componente clave para la viabilidad de este plan, conocido como el “plan Caputo”, actualmente en la cuerda floja y sujeto a revisión en Washington.

Las declaraciones de la titular del FMI llegan en un momento político sensible: a solo 20 días de las elecciones legislativas, que resultan determinantes para el futuro del oficialismo y la continuidad de su agenda reformista. Mientras tanto, una comitiva encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, cumple en la capital estadounidense su quinto día de reuniones estratégicas con el organismo y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos a fin de agilizar un salvataje urgente para el gobierno

Aunque el FMI insiste en que el ajuste argentino puede consolidarse con apoyo popular, el escenario interno muestra evidentes señales de desgaste. El malestar social frente al costo del plan económico empieza a reflejarse en las encuestas y en las urnas, anticipando un desafío político para Milei: sostener la legitimidad de su programa frente a una población cada vez más desconforme con el rumbo económico y social.

José Luis Espert presentó este miércoles una nota formal a Martín Menem para pedir licencia, en medio del escándalo por el avance de la Justicia norteamericana contra su financista, el presunto narco Fred Machado. La licencia es con goce de sueldo: se aseguró 4 millones de pesos por mes hasta diciembre y no tendrá que ir a trabajar. Nada mal para el llamado “narcodiputado”.

El economista formuló un texto de dos líneas para explicar su apartamiento “por motivos particulares”. En rigor, este martes fue imputado por la Fiscalía de San Isidro, donde recayó la denuncia de Juan Grabois por sospechas de lavado de activos.

Sin embargo, el legislador oficialista terminó dando un paso al costado sin que la oposición contara con los votos suficientes para expulsarlo de la Cámara Baja. Lejos quedaron los días en los que Espert pedía “cárcel o bala” para cualquier persona a la que consideraba delincuente, poniendose en una especie de vara moral de la sociedad.

Por suerte para él, el Congreso no actuó de la misma manera y no habrá ni bala ni cárcel para su situación, apremiada por un escándalo narco. Como se sabe, los dirigentes no peronistas no tienen que dar mayores explicaciones judiciales aunque les demuestren que cobraron 200 mil dólares de un empresario narco.

La Justicia determinó las condenas para Fernando Sabag Montiel y su exnovia por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Recibieron 10 y 8 años.

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N°6 estableció las condenas para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato a la dos veces expresidenta Cristina Kirchner, que ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022 en la ciudad de Buenos Aires.

Sabag Montiel, quien gatilló un arma en la cabeza de la ex mandataria y la bala no salió, fue sentenciado a 10 años de prisión. Mientras que Uliarte, su exnovia, fue declarada partícipe necesaria del plan y recibió una pena de 8 años.

En la lectura del documento, la jueza Sabrina Namer, indicó que decisión fue tomada por unanimidad, y que Sabag Montiel fue declarado culpable de los delitos de intento de homicidio agravado por mediar un arma de fuego, portación de arma de guerra sin autorización legal y tenencia de material de explotación sexual infantil, por este último delito la pena se extendió a 14 años de prisión.

El Tribunal no dio lugar a los pedidos de las defensas de los acusados de declarar inimputable a Sabag Montiel por su “trastorno psicótico” y de suspender el proceso contra Uliarte por “incapacidad mental sobreviviente”. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 9 de diciembre.

Fernando Sabag Montiel fue sentenciado a 14 años de prisión por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namar y Adrián Grünberg absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado como “jefe de los copitos”. La querella y la fiscal de juicio, Gabriel Baigún, habían retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el hecho.

La declaración de los acusados en la lectura de las condenas

Carrizo cuestionó la decisión judicial y expresó su malestar por el tiempo que estuvo preso: “Me parece un poco injusto que vaya gente presa y que tenga que esperar tanto tiempo para llegar a un juicio y recién ahí le digan que te podes ir en libertad”, declaró ante el tribunal.

A diferencia de su expareja, Uliarte optó por no declarar. En cambio, Sabag Montiel utilizó su turno para defender al diputado Gerardo Milman, asegurando que le habían “armado una causa”. También comparó la situación con los casos del fiscal Alberto Nisman y de Santiago Maldonado, y sostuvo “echarle la culpa a un perejil como Milman me parece una injusticia”.

Los abogados de la expresidenta apelaron la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había archivado parcialmente la investigación sobre una posible participación de Milman. Según los denunciantes, el legislador había dicho dos días antes del ataque que “cuando la mataran a CFK, él iba a estar camino a la costa”.

El intento de asesinato a Cristina Kirchner

El 1 de septiembre de 2022 Cristina Kirchner llegó a su departamento de Juncal y Uruguay y el barrio porteño de Recoleta, y en la puerta de su domicilio militantes se manifestaban para expresarle su apoyo en mientras transcurría el juicio oral por la causa Vialidad.

En medio de la gente, la expresidenta se dispuso a sacarse fotos y compartir un momento con la gente cuando se le acercó Fernando Sabag Montiel y le apuntó a centímetros de la cabeza con una Bersa calibre 22 y gatilló. La bala no salió, y Sabag Montiel fue detenido en el lugar por los militantes y entregado a la policía.