El Secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, habló sobre el impacto de la última movilización sindical, la postergación del debate de la reforma laboral y la presión del movimiento obrero para frenar una iniciativa perjudicial para los trabajadores.

Lobato aseguró que la movilización realizada en las últimas horas cumplió su objetivo central al forzar la postergación del tratamiento legislativo. “Lo primero que se logró con la movilización de ayer fue posponer la discusión, que era el objetivo principal que buscábamos”, afirmó.

En diálogo con AM 530, el dirigente de la UOM detalló que la presión sindical incluyó gestiones políticas directas. “Tuvimos charlas con diputados, senadores y gobernadores. La movilización influyó en la decisión de postergar la discusión”, explicó.

El sindicalista reconoció que parte de la base trabajadora no dimensionaba inicialmente el alcance del proyecto oficial. “Los trabajadores no estaban 100% al tanto de todos los perjuicios que iba a traer esta ley”, señaló, y remarcó que la protesta permitió visibilizar el rechazo gremial. En ese sentido, calificó la jornada como “una gran manifestación”.

Lobato ratificó además la voluntad de sostener el plan de lucha. “Nosotros desde la UOM tenemos la decisión tomada de estar en la calle”, indicó, y reclamó una medida de fuerza general cuando la iniciativa llegue al Senado.

“Esperamos que el 10 de febrero volvamos a estar en la calle, con un paro y movilización”, concluyó, al tiempo que llamó a la CGT a avanzar en una convocatoria unificada contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

El anuncio se da luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país incluyendo un caso en la propia quinta presidencial de Olivos.

El Gobierno nacional anticipó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país. La decisión se conoce en un contexto atravesado por el malestar salarial, la crisis de la obra social militar y crecientes cuestionamientos sobre los mecanismos de contención emocional dentro de las fuerzas.

Según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo, la medida contempla una revisión amplia de los protocolos de evaluación, seguimiento y acompañamiento del personal, con especial foco en aquellos efectivos que cumplen funciones armadas en entornos de alta sensibilidad, como tareas de seguridad permanente y custodia presidencial. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de reemplazar los controles vigentes, sino de profundizarlos y complementarlos con instancias adicionales de seguimiento psicológico continuo y detección temprana de situaciones de riesgo.

El anuncio oficial se produjo tras la muerte de Rodrigo Gómez, soldado voluntario de 21 años que prestaba servicio de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven fue hallado sin vida dentro del predio donde reside el Presidente de la Nación y la investigación, a cargo de la Justicia Federal de San Isidro, apunta a un disparo autoinfligido, sin intervención de terceros. El hecho generó una fuerte conmoción interna y encendió alertas en la mesa chica del Ejecutivo.

Sin embargo, el caso de Olivos no fue un episodio aislado. Días después, en Monte Caseros, Corrientes, fue encontrado muerto Juan Javier Pereyra, suboficial principal del Ejército, de 48 años y con más de dos décadas de servicio. El cuerpo fue hallado dentro del Casino de Suboficiales de una dependencia militar, con signos compatibles con ahorcamiento. La Justicia también descartó la participación de terceros.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del jueves en Las Heras, Mendoza, donde Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario de 22 años perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, fue hallado sin vida en su vivienda por sus familiares. La causa quedó en manos de la Justicia provincial y de la Policía Científica, que avanzan bajo la hipótesis de suicidio. El Ejército emitió un comunicado breve y protocolar, sin mayores precisiones.

Tres muertes en menos de siete días, en tres jurisdicciones distintas, expusieron una problemática que distintos sectores consideran estructural. Jóvenes soldados voluntarios —muchos provenientes de sectores populares— cumplen jornadas extensas, tareas de alta exigencia emocional y funciones de seguridad sensibles, en un escenario de ajuste presupuestario, atraso salarial y dificultades crecientes en el acceso a la salud a través del IOSFA.

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el Ministerio de Defensa analizan ahora reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar, actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia y mejorar el acompañamiento profesional del personal. Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el enfoque es integral y que no puede analizarse la situación del personal sin considerar variables operativas, sanitarias y económicas.

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, en medio de reclamos por la falta de definición sobre las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión anterior. En la Casa Rosada advierten que aún no hay fechas confirmadas y que cualquier incremento deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía. También se analiza una reestructuración del IOSFA, cuya crisis financiera impacta de manera directa en el bienestar del personal y sus familias.

Mientras las investigaciones judiciales continúan en paralelo, crecen las preguntas hacia el poder político y militar. Para distintos sectores, cuando las muertes se acumulan, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. La alarma está encendida y el desafío, señalan, es si las medidas anunciadas lograrán traducirse en cambios concretos antes de que la estadística vuelva a repetirse.

Un estudio elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al CONICET encendió una señal de alarma: la demanda de alimentos en comedores, merenderos y ollas populares de la región continúa en fuerte crecimiento, impulsada por el deterioro de la situación socioeconómica.

El informe, titulado “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región”, fue presentado en la Sala del Consejo Superior de la UNLP y da cuenta de un aumento sostenido de personas que recurren a estos espacios para cubrir necesidades básicas de alimentación, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El relevamiento se realizó en barrios populares del Gran La Plata a partir de entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), y estuvo a cargo de equipos UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios.

Los datos muestran que casi el 40% de los comedores y ollas populares asiste regularmente a más de 180 personas, mientras que otro 27% recibe a más de 120, cifras que reflejan la presión creciente sobre estos dispositivos comunitarios. Además, el informe advierte que la cantidad de personas asistentes aumentó en todos los grupos etarios en comparación con el año pasado, con un impacto particularmente fuerte en niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los espacios reportó un incremento en este grupo. Entre personas mayores, el aumento alcanzó a casi el 64% de los comedores.

En cuanto a la modalidad de atención, el 90% de los SDA entrega viandas para consumo domiciliario, más de un tercio distribuye alimentos sin elaborar y solo el 16% ofrece comida para consumir en el lugar. La merienda es el servicio más extendido (75,4%), seguida por la cena (49,2%), aunque muchos espacios combinan más de una prestación diaria.

Más personas, menos recursos

El informe subraya una contradicción crítica: mientras la demanda de alimentos crece, la disponibilidad de insumos básicos disminuye. Los productos que más escasean son aceite, azúcar, carnes, verduras, arroz y harina, alimentos centrales para garantizar una dieta mínima adecuada. Esta situación profundiza las limitaciones ya detectadas en el relevamiento anterior y pone en riesgo la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria.

Más del 76% de los referentes de los espacios consultados señaló que la calidad de la comida ofrecida empeoró respecto de 2024, principalmente por la reducción en la cantidad y variedad de alimentos, especialmente carnes y verduras, en un contexto de demanda en aumento.

En relación con el rol del Estado, el estudio indica que el 64% de los SDA recibe alimentos del gobierno provincial, aunque la asistencia del Estado nacional se redujo de manera drástica: solo el 5% recibe alimentos y apenas el 3% algún tipo de apoyo económico. Ante este escenario, más de la mitad de los comedores y ollas populares debió recurrir a actividades adicionales para sostener su funcionamiento.

El relevamiento advierte que la falta de una alimentación adecuada ya genera consecuencias graves en infancias, juventudes, adultos y personas mayores, como anemia, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, el informe concluye que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo el principal sostén alimentario y emocional en los barrios, pero alerta que no cuentan con los recursos ni la responsabilidad de resolver una crisis estructural. “El retiro de la asistencia del Estado Nacional y las políticas macroeconómicas vigentes están vulnerando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada”, subrayan los investigadores.

En Neura, su canal de streaming, el periodista libertario Alejandro Fantino quiso escuchar a sus seguidores para saber cómo está la situación económica. “Yo tengo una visión de las cosas, comparto muchas políticas del gobierno, pero tal vez no estoy viendo la realidad. Quiero escuchar a la gente”, dijo.

Después, se sucedieron una seguidilla de mensajes todos con el mismo tenor: “Banco al gobierno pero no damos más, no hay plata en la calle, la gente la pasa muy mal”. “Ah, mirá” o “epa” repetía una y otra vez Fantino ante los mensajes muy críticos de la gente.

“A mi negocio no entra nadie. Nunca vi algo así. Ando en la calle todo el día y veo eso en todos lados, están todos los negocios sin gente. Yo banco pero se me hace cada vez más difícil”, resumió un oyente. No hay pauta oficial que tape el sol con un dedo.

n su reciente participación en el streaming libertario Carajo, el presidente Javier Milei volvió a lanzar su pronóstico económico y aseguró que para mediados del próximo año la inflación comenzará con “cero coma algo”, pese a que los datos de los últimos meses no son para nada alentadores.

En La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, el mandatario celebró el desempeño del programa económico, destacó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre y explicó su teoría sobre el “riesgo kuka” que afectaba las inversiones en el país.

Casi a oscuras y con el mameluco de YPF, el Presidente fue tajante respecto a los tiempos de estabilización de precios y auguró: “Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero”.

De este modo, Milei explicó que el éxito del programa ya se percibe en el Índice de Precios Mayoristas y que el impacto en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es solo cuestión de tiempo. “El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más”, sostuvo. En el plano político, el mandatario hizo una lectura triunfalista de los comicios de octubre, donde su fuerza se impuso por amplio margen. “Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta”, señaló, aventurando que el resultado habría sido aún mayor si su imagen figuraba en las boletas.

Fuerte malestar en el Gobierno a partir del rechazo del capítulo XI del Presupuesto 2026 que Javier Milei consideraba central parta blindar su política económica de ajuste fiscal. “Este Presupuesto así no nos sirve”, fue el comentario de la mesa chica del oficialismo ante lo que consideran la traición de un grupo de gobernadores aliados que se desmarcaron en la votación en particular en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados.

El capítulo XI, rechazado en la votación en particular, contenía las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, que tras haber sido vetadas este año por el Presidente, fueron ratificadas por el ambas Cámaras del Congreso con más de dos tercios de los votos. 

Ahora el Gobierno intentará modificar en el Senado antes del 30 de diciembre la sanción con modificaciones opositoras del Presupuesto 2026 pero se esfuma en principio el objetivo de la Casa Rosada de terminar 2025 con el proyecto convertido en ley.

La central obrera se moviliza junto a las CTA, movimientos sociales y sectores de la oposición para rechazar un proyecto que califica de regresivo, mientras acelera gestiones políticas y prepara una ofensiva judicial contra el Gobierno.

La Confederación General del Trabajo pasa a la acción frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y convoca a una movilización masiva a Plaza de Mayo como primer gesto de una estrategia integral. La central busca mostrar músculo en la calle para forzar al Ejecutivo a negociar y frenar una iniciativa que considera un ataque directo a los derechos laborales y al poder de los sindicatos, en un contexto marcado por la falta total de diálogo con la Casa Rosada.

En el mismo tono, la CGT expresa un rechazo absoluto al proyecto oficial, al que define como flexibilizador y desfinanciador de la estructura sindical. “El rechazo a la reforma laboral, así como la presentó el Gobierno, es total”, sostiene Andrés Rodríguez, dirigente de UPCN y referente clave de la central. Según advierten, la iniciativa no solo empeora las condiciones de trabajo, sino que reduce la capacidad de negociación colectiva y debilita a las organizaciones gremiales.

Más adelante, la conducción sindical refuerza el carácter político de la protesta al montar el acto de espaldas a la Casa Rosada, una señal explícita hacia el presidente Javier Milei. A diferencia de otras etapas, la CGT decide confrontar de manera directa con el poder Ejecutivo y endurecer su posicionamiento. El mensaje del acto apunta a dejar en claro que avanzar sobre los derechos laborales no es una modernización, sino un retroceso, y que el movimiento obrero no está dispuesto a convalidarlo.

Finalmente, la estrategia de la CGT combina calle, Congreso y Justicia. Mientras intenta trabar el debate parlamentario y sumar apoyos en el Senado, la central analiza impugnar judicialmente los artículos más regresivos, entre ellos los que limitan el derecho a huelga y chocan con garantías constitucionales. En Azopardo advierten que esta movilización es solo el comienzo y no descartan nuevas protestas o un paro general, si el Gobierno insiste en avanzar, por más que a Milei y su gobierno les moleste.

En un comunicado difundido luego de su última Junta Directiva del año, la entidad advirtió sobre una actividad industrial amesetada, dificultades para sostener la producción y una sostenida destrucción de puestos de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió señales de alerta sobre la situación del sector manufacturero y el mercado laboral tras la reunión que mantuvo su cúpula con el ministro de Economía, Luis Caputo. En un comunicado difundido luego de su última Junta Directiva del año, la entidad advirtió sobre una actividad industrial amesetada, dificultades para sostener la producción y una sostenida destrucción de puestos de trabajo.

El documento, que analiza el desempeño de la industria y el empleo al cierre de 2025, describe un escenario complejo, atravesado por una dinámica productiva débil y dispar entre sectores, con impacto directo en el empleo formal. Solo en septiembre se perdieron 4.303 puestos de trabajo y, en los primeros nueve meses del año, la caída acumulada alcanzó los 21.190 empleos industriales.

La advertencia se produjo luego del encuentro que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a integrantes del Consejo Directivo, mantuvo con Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en el que intercambiaron diagnósticos sobre los principales problemas que enfrenta la industria y analizaron posibles medidas para afrontar un escenario desafiante de cara a 2026. Las partes acordaron, además, sostener una agenda de trabajo conjunta. Días antes, Rappallini también se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Más allá del intercambio con el Gobierno, la UIA volvió a poner el foco en los problemas estructurales que atraviesa el sector. Si bien valoró como avances la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, advirtió que esos logros aún no se traducen en una reactivación productiva. En ese sentido, reclamó medidas que faciliten el acceso al crédito y reduzcan la elevada presión tributaria que enfrentan las empresas, en particular las PyMEs, que compiten en condiciones desiguales con la producción externa en medio de una fuerte apertura importadora.

Finalmente, la entidad subrayó la relevancia del inminente debate parlamentario sobre la modernización de las leyes laborales, al considerar que se trata de una herramienta clave para comenzar a revertir más de una década de estancamiento en la generación de empleo registrado. Según la UIA, la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y sentar las bases para la recuperación del empleo formal y del entramado industrial.

Las reformas que impulsa el Gobierno anticipan un cambio profundo en el mundo del trabajo, los impuestos y el modelo productivo. Un escenario que, de avanzar sin frenos, impactará de lleno en el empleo, los derechos laborales y la vida cotidiana.

El Gobierno Nacional de Javier Milei avanza con un conjunto de proyectos que anticipan un cambio estructural del modelo económico y social. Bajo el discurso de la “modernización”, el oficialismo impulsa reformas que reconfigurarían el sistema laboral, impositivo y productivo, con efectos que empezarían a sentirse con fuerza a partir de 2026, una vez que el paquete esté plenamente aprobado y reglamentado.

Lo que podría cambiar si el plan avanza

• Menos impuestos para los sectores más ricos: las iniciativas oficiales buscarían reducir de manera significativa los tributos a grandes patrimonios, actividades financieras, alquileres y bienes de lujo, sin establecer mecanismos claros que obliguen a reinvertir esos recursos en la economía real.
• Despidos con costo mínimo: la reforma laboral plantea reemplazar la indemnización tradicional por un Fondo de Cese, lo que abarataría el despido y habilitaría una dinámica de expulsión de trabajadores en contextos de recesión.
• Más trabajo en negro: la eliminación de sanciones por empleo no registrado incentivaría la informalidad, al quitar castigos efectivos a quienes contraten trabajadores fuera del sistema.
• Menos derecho a huelga: los cambios impulsados por el Ejecutivo ampliarían las actividades con restricciones para parar, alcanzando a casi la mitad de los trabajadores.
• Un negocio financiero millonario: el esquema del Fondo de Cese trasladaría el 3% de la masa salarial a la administración de los bancos, debilitando el financiamiento de jubilaciones y obras sociales.
• Ajuste social sostenido: el rumbo fiscal anticipa recortes en universidades, políticas de discapacidad y programas públicos esenciales.
• Presión política sobre las provincias: el uso discrecional de fondos nacionales funcionaría como herramienta de negociación para garantizar apoyos legislativos.

En términos productivos, el modelo que impulsa el Gobierno podría consolidar un crecimiento sin empleo. La expansión quedaría concentrada en sectores extractivos como la minería, los hidrocarburos y el sistema financiero, actividades que generan poco trabajo y escaso derrame, mientras la industria, el comercio, la construcción y la ciencia quedarían relegados, especialmente en las grandes ciudades.

Si este rumbo se consolida, el escenario hacia 2026 anticipa un país con menos derechos laborales, mayor precarización y un crecimiento que no se traduce en bienestar social. Una advertencia que empieza a discutirse ahora, cuando el paquete todavía está en debate, pero cuyos efectos podrían volverse irreversibles una vez que el modelo termine de implementarse.

Un informe de organismos de derechos humanos advierte que la gestión de Javier Milei impulsa un ataque sistemático al consenso democrático construido desde 1983, a través de recortes, despidos y una ofensiva revisionista contra el legado del Nunca Más.

El Gobierno de Javier Milei despliega una ofensiva inédita contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y pone bajo asedio el consenso democrático que se consolida tras el fin de la última dictadura cívico-militar. Así lo señala un informe elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta, que advierte sobre el carácter sistemático de las medidas impulsadas por la administración de La Libertad Avanza.

En el mismo sentido, el documento sostiene que el Ejecutivo avanza con una estrategia sostenida que combina recortes presupuestarios, desmantelamiento de políticas públicas y una disputa discursiva de carácter revisionista. Los organismos alertan que la apelación oficial a una supuesta “memoria completa” funciona como un intento de relativizar el terrorismo de Estado y de cuestionar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia construido durante más de cuatro décadas.

Más adelante, el informe detalla un profundo vaciamiento institucional. La Secretaría de Derechos Humanos es degradada a subsecretaría, se reduce su planta en un 40 por ciento y se despide a abogados que actúan como querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. A su vez, se desmantelan programas clave, se retira el acompañamiento a testigos y se interrumpe la asistencia al Poder Judicial, lo que profundiza las demoras en las causas en trámite.

Con el mismo ímpetu, los organismos denuncian la eliminación de equipos estatales encargados de investigar el accionar represivo, la degradación del Archivo Nacional de la Memoria y la pérdida de facultades para acceder a archivos militares. Los sitios de memoria también son alcanzados por el ajuste, con despidos, reducción de horarios y cierre de espacios culturales, incluso en lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad.

Finalmente, el informe alerta sobre el impacto directo de estas decisiones en la búsqueda de niñas y niños apropiados durante la dictadura. La eliminación de unidades de investigación, la reducción de personal en la Conadi y el debilitamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos favorecen un escenario de mayor impunidad. Frente a este panorama, los organismos remarcan que las políticas de memoria siguen en pie gracias al respaldo social y advierten que, de cara a los 50 años del golpe de Estado, la disputa por el sentido del pasado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, por más que a Milei y su gobierno les moleste.