Manuel Adorni confirmó que este lunes se lanzará la licitación para que el predio de Villa Martelli sea privatizado, en línea con la política de ajuste y retiro del Estado impulsada por la Casa Rosada.

El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso para concesionar Tecnópolis, uno de los principales espacios públicos dedicados a la ciencia, la cultura y la producción nacional, y lo hizo bajo el argumento de reducir el gasto público y “aliviar” las cuentas del Estado, aun a costa de resignar un bien de uso social que durante años fue de acceso libre y gratuito.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó que este lunes se abrirá el concurso público para transferir la explotación del predio a manos privadas por un plazo inicial de 25 años. Desde el Ejecutivo se insistió en presentar al complejo como un símbolo del “déficit” heredado, pese a su rol como espacio estratégico para actividades educativas, culturales y tecnológicas.

Según la información oficial, la concesión se enmarca en el plan de déficit cero y “racionalización” del gasto, una fórmula que en los hechos se traduce en el desmantelamiento de políticas públicas y en la cesión de activos estatales al sector privado. El predio, que dependía de la Secretaría de Cultura, fue descripto por el Gobierno como financieramente inviable, con deudas acumuladas y faltantes de equipamiento, sin mencionar el impacto social de su funcionamiento ni las decisiones presupuestarias que llevaron a esa situación.

Desde el inicio de la actual gestión, Tecnópolis ya había sido objeto de un fuerte recorte, con una reducción superior al 30% de su planta de trabajadores, en una señal clara del rumbo adoptado. Ahora, el Ejecutivo pretende cerrar el proceso con una concesión de largo plazo que, bajo la promesa de un canon mensual fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, consolida la retirada del Estado de un área clave.

La medida vuelve a exponer el sesgo ideológico del gobierno libertario, que prioriza el ajuste y la privatización como únicas respuestas, incluso cuando se trata de espacios públicos que cumplen una función social, educativa y cultural difícilmente reemplazable por la lógica del mercado. Traducido sin eufemismos: menos Estado, menos acceso y más negocio para pocos.

El gobernador bonaerense cuestionó con dureza el rumbo económico nacional, advirtió sobre el deterioro social y ratificó que participará de la movilización convocada por las centrales obreras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, profundizó su confrontación con el gobierno de Javier Milei al anunciar que acompañará la movilización impulsada por la CGT junto a las dos CTA, en rechazo a la reforma laboral y al programa económico del Ejecutivo nacional, al que responsabilizó por el agravamiento de la crisis social y productiva.

En declaraciones radiales, el mandatario provincial describió un escenario marcado por despidos masivos, cierre de empresas y pérdida acelerada del poder adquisitivo. Según detalló, desde el inicio de la actual gestión nacional se registraron cientos de miles de cesantías y la desaparición de miles de firmas, con un impacto especialmente severo sobre las pymes industriales. “La economía cotidiana está cada vez más asfixiada”, resumió.

Kicillof alertó además sobre el endeudamiento de los hogares y el deterioro del consumo interno. Señaló que amplios sectores de la población ya no logran afrontar compromisos financieros, ni siquiera aquellos asumidos a través del sistema bancario o las billeteras virtuales, mientras se profundiza la caída en rubros clave como alimentos, industria metalmecánica, automotriz y producción láctea.

El gobernador también puso el foco en las consecuencias sanitarias del ajuste. Afirmó que la demanda en hospitales y centros de salud públicos se multiplicó de manera exponencial ante la imposibilidad de muchas familias de comprar medicamentos en el circuito privado. En ese marco, defendió la declaración de la emergencia económica en la provincia, aclarando que responde a una crisis social antes que a un problema estrictamente fiscal.

En un tono particularmente crítico, cuestionó el esquema económico nacional, al que acusó de sostener la desaceleración inflacionaria a costa de salarios, jubilaciones y producción local, mediante el atraso cambiario y la apertura indiscriminada de importaciones. También rechazó la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, al sostener que fue elaborada sin diálogo con trabajadores, empresarios ni el Congreso, y que implica un retroceso histórico en materia de derechos.

Con ese diagnóstico, Kicillof ratificó su decisión de acompañar la protesta sindical prevista para esta semana y dejó en claro su alineamiento con los reclamos del movimiento obrero frente a un modelo que, advirtió, “está dejando a amplios sectores afuera”. Traducido al criollo: el conflicto recién empieza y nadie parece dispuesto a aflojar.

El consultor político de la empresa Zuban Cordoba, Facundo Londero, se refirió al momento político del gobierno de Javier Milei. Reconoció que aumentó su respaldo desde las elecciones de octubre pero aseguró que existe una mayoría que “hoy no está dispuesto a votarlo pero la oposición no logra expresarla”

“Hay una división muy grande entre el mileismo y antimileismo. El gobierno ganó mucho respaldo desde el triunfo electoal. Aprueba su gestión más de un 40% de la sociedad”, explicó el consultor en diálogo con AM 530.

“Pero lo que se destaca es que el 60% de la sociedad cree que su situación económica empeoró. Hay respaldo a pesar de eso. Solo una minoría cree que su situación es mejor gracias a las políticas de Milei”, describió.

“Hay un tener en cuenta que hay un 54% no está dispuesto a votar al gobierno. Pero ese rechazo no encuentra expresión”, siguió. “Hay un 20% que lo votó en el balotaje no está dispuesto a votarlo de nuevo. Ahora, no sé si votaría a un peronista”, advirtió.

Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El presupuesto destinado a gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina registró un incremento inédito: pasó de $15 millones vigentes hasta el 1° de diciembre a $166 millones tras una actualización publicada ese mismo día en el Boletín Oficial. La ampliación, dispuesta por decreto, rige para el último mes del año e impactó en el presupuesto abierto a partir del 3 de diciembre, según pudo constatar PERFIL. Desde 2023, los recursos asignados a partidas sin rendición pública crecieron un 3.970%.

La Ley 25.520 define a la inteligencia nacional como el conjunto de actividades orientadas a la obtención y análisis de información vinculada a amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior y exterior del país. Estas tareas pueden financiarse mediante gastos reservados, cuyo detalle solo es conocido por las autoridades competentes y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El 1° de diciembre, a través del decreto 849/2025, el Poder Ejecutivo reasignó recursos y amplió partidas presupuestarias en distintos organismos. Entre ellos, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorporó $151 millones adicionales para gastos reservados. Hasta ese momento, el organismo contaba con $15,34 millones para ese concepto, por lo que la ampliación representa un aumento del 985%, a ejecutarse además en menos de un mes.

Los datos de ejecución reflejan la magnitud del salto: hasta el 3 de diciembre se habían devengado $15,18 millones en gastos reservados, prácticamente el total asignado para todo el año. Para el 8 de diciembre, en apenas cinco días, se sumaron otros $20 millones, superando lo ejecutado durante los once meses previos.

La comparación histórica refuerza el carácter excepcional del aumento. En 2016, primer año con registros disponibles, el presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea era de $1,25 millones y se mantuvo por debajo de los $2 millones durante varios años. En 2023 ascendió a $4,09 millones y, entre diciembre de ese año y diciembre de 2025, el incremento acumulado alcanza el 3.970%.

El refuerzo presupuestario se produjo además en un contexto político particular: en vísperas de la asunción de un militar al frente del Ministerio de Defensa. Carlos Andrés Presti, hasta entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, reemplazó esta semana a Luis Petri. El aumento también coincide con la llegada de los aviones de combate adquiridos a Dinamarca, enmarcada en el plan oficial de “modernización” del sistema de defensa.

En términos generales, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Defensa incrementó su presupuesto vigente en $123.044 millones. La mayor parte se destinó al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares ($59.634 millones), mientras que también se ampliaron partidas para gastos de personal y funcionamiento en los estados mayores de la Fuerza Aérea ($24.761 millones), el Ejército ($15.966 millones) y la Armada ($15.398 millones), entre otros.

Dentro del refuerzo asignado a la Fuerza Aérea, $8.198 millones se destinarán en diciembre al programa de “Alistamiento operacional”, que creció un 2,6%. Allí se incorporan los $151 millones de gastos reservados, un monto muy superior al que regía previamente para ese concepto.

El portal PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre los motivos de este aumento en gastos reservados, que no fue postergado hasta 2026, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta nota.

SIDE: otro salto en fondos sin control público

La Secretaría de Inteligencia de Estado también registró una fuerte expansión presupuestaria. Durante 2025, el organismo pasó de contar con $48 mil millones a $106 mil millones, un aumento del 32,3%, luego de que el Congreso rechazara en 2024 un DNU que buscaba otorgarle $100 mil millones en gastos reservados. Del total actual, $26 mil millones se sumaron mediante el último decreto.

Hasta el momento, la SIDE ejecutó $75 mil millones: $41 mil millones en personal y $13 mil millones en gastos reservados. Si bien la ampliación incluyó $19 mil millones adicionales para salarios, los mayores cuestionamientos se concentraron en otros rubros, como textiles y vestuario ($320 millones), productos de cuero y caucho ($350 millones), cubiertas y cámaras de aire ($350 millones) y mantenimiento, reparación y limpieza ($900 millones).

Brutal. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, cerraron 19.114 empresas, según las estadísticas oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa caída se tradujo en una pérdida de algo más de 264.000 puestos de trabajo registrados.  

Si se mira con lupa, la destrucción es cotidiana. Esas 19.114 empresas cerradas equivalen a  casi 29 empresas por día. Son alrededor de 1,2 cierres por hora. Y la pérdida de empleo formal promedia unas 394 personas por día, es decir, unas 16 personas por hora, que dejaron de tener trabajo en el registro formal.  

Mientras, el gobierno de Javier Milei insiste en una retórica pro capitalista y a favor de los empresarios. Pero la realidad muestra otra cosa: miles de empresarios debieron bajar las persianas de sus empresas, en algunos casos emprendimientos de décadas, porque no tienen rentabilidad debido a la caída del consumo doméstico. No fue magia, fue Milei.

En declaraciones realizadas en un canal de streaming, la exministra de Seguridad sostuvo que el organismo representa “un gasto brutal acumulado” y planteó que los fondos destinados a la salud de los jubilados deberían ser transferidos a los sindicatos.

Bullrich comparó al PAMI con “una compañía de seguros donde todos los autos chocan” y argumentó que “cuando tenés a todas las personas grandes en un seguro de salud, eso no es un seguro, es un gasto”. En ese marco, cuestionó el origen del organismo y afirmó que fue creado en 1971 por una decisión improvisada del entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, y que “nunca nadie lo desarmó”, pese a que hoy atiende a cerca de cinco millones de jubilados, pensionados y familiares.

La senadora aseguró que sería “mucho más barato” destinar los aportes directamente a los sindicatos, que —según explicó— dejan de cubrir a los trabajadores una vez que alcanzan la edad jubilatoria. “El sindicato se saca de encima a los afiliados a los 65 años y no los tiene nunca más”, sostuvo, al defender su idea de reemplazar el PAMI por un esquema administrado por las organizaciones gremiales.

Si bien esta propuesta no fue presentada explícitamente durante la campaña electoral de La Libertad Avanza, espacio político al que hoy responde, el planteo se inscribe en la lógica de reducción del Estado y desmantelamiento de sistemas públicos que promueve ese sector.

Bullrich también cuestionó la calidad de la atención del PAMI y señaló que “no tiene una atención demasiado buena”, aunque reconoció que su tamaño lo vuelve difícil de reformar. No obstante, fue categórica al concluir que “conceptualmente el PAMI es un error”, minimizando el rol que cumple en la cobertura sanitaria de los sectores más vulnerables.

La exministra volvió al centro de la escena política tras asumir su banca en el Congreso. En las últimas horas también se viralizaron sus declaraciones en defensa de la reforma laboral, realizadas junto al CEO de Techint, Paolo Rocca, en un seminario para pymes, donde afirmó que en la Argentina “hay 500 mil trabajadores de plataformas” que prefieren no estar en relación de dependencia y que sean ellos mismos quienes paguen los seguros por eventuales accidentes laborales.

Con aumentos por encima del IPC, más familias quedaron al borde de la pobreza en plena recesión.

El INDEC confirmó este jueves que tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron en noviembre por encima de la inflación, profundizando el deterioro social en plena recesión. Más adelante, el organismo informó que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.257.329 para no ser pobre y $566.364 para no caer en la indigencia, cifras que vuelven a poner en el centro del debate el impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

En el mismo tono, la CBA subió 4,1% y la CBT avanzó 3,6% en noviembre, muy por encima del IPC del mes, que fue de apenas 2,5%. Con el mismo ímpetu, las canastas acumularon en el año incrementos del 26,1% y 22,7% respectivamente, mientras que en términos interanuales aumentaron 28,9% y 25,5%. En ambos casos, los alimentos —que representan el gasto más sensible— continúan creciendo por encima del promedio general.

Más adelante, la comparación con octubre exhibe otro dato preocupante: en ese mes, una familia necesitaba $1.213.798 para no ser pobre y $544.304 para no ser indigente. Es decir, la suba mensual de las canastas volvió a ser mayor que los ajustes salariales y dejó a miles de hogares un escalón más cerca de la pobreza estructural. En paralelo, el Gobierno mantiene sin actualizar la estructura de gastos con la que se calculan las canastas, basada en datos de 2004/05, pese a contar con una encuesta más reciente realizada en 2017/2018.

En el mismo sentido, la Ciudad de Buenos Aires reveló que su inflación de noviembre fue del 2,4%, con subas más fuertes en servicios por contar con una estructura de gastos actualizada. Si se toma ese esquema, el panorama es aún más crítico: en septiembre, una familia porteña necesitó $1.255.933, sin contar alquiler, para no ser pobre; y casi $2 millones para cubrir el nivel de “clase media”, también sin vivienda incluida. La diferencia entre los ingresos reales y el costo de vida crece cada mes.

Finalmente, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, la brecha entre salarios y necesidades básicas sigue ensanchándose mientras el Gobierno festeja desaceleraciones del IPC que no se traducen en alivio real para la población. Con canastas que suben más que la inflación y un ajuste que recae sobre los trabajadores, la supuesta estabilidad macroeconómica convive con una fragilidad social cada vez más evidente.

El proyecto oficial debilita sindicatos, extiende jornadas, abarata despidos y deja a miles de trabajadores sin protección. Todos los detalles.

En un clima social cada vez más tenso, el Gobierno finalmente presentó en el Senado su esperada reforma laboral, una iniciativa que estira los tiempos de negociación para definir hasta dónde avanzar en su ofensiva contra trabajadores y sindicatos. Más adelante, el texto ingresado retoma lo peor de todas las versiones previas y lo condensa en 191 artículos que, bajo el disfraz de una “modernización”, pulverizan límites históricos como la jornada de ocho horas y restringen incluso el derecho a huelga.

En el mismo tono, la reforma libertaria que Javier Milei rubricó incorpora beneficios explícitos para grandes empresas y plataformas digitales, incluida la posibilidad de pagar salarios en pesos, dólares o incluso en especie. Con el mismo ímpetu, habilita cambios unilaterales por parte del empleador, reduce el cálculo de indemnizaciones y permite que las pymes paguen en cuotas, todo en un contexto de destrucción de empleo formal y cierre masivo de empresas. Los laboralistas coinciden: se trata de una transferencia regresiva del trabajo hacia el capital.

Más adelante, el proyecto también altera derechos clave como el descanso anual, habilitando que las vacaciones se fragmenten y se muevan fuera de temporada según “acuerdos” que, en la práctica, dependerán de la voluntad patronal. El retroceso es tan profundo que especialistas advierten que nos devuelve a un escenario anterior a la propia Ley 11.544, conquistada tras las huelgas y masacres de comienzos del siglo XX. En vez de reducir jornadas para crear empleo —como discuten hoy los países desarrollados— el Gobierno propone jornadas de hasta 12 horas.

En el mismo sentido, la reforma golpea de lleno a monotributistas y trabajadores “independientes” al invertir la presunción de laboralidad. Desde ahora, toda prestación con factura se considerará una simple locación de servicios, lo que deja a miles sin posibilidad de reclamar vínculos encubiertos. Las plataformas, lejos de ser incorporadas a la Ley de Contrato de Trabajo, quedan en un limbo jurídico ideal para las empresas, pero fatal para quienes ya trabajan en condiciones precarias.

Finalmente, el proyecto ataca la organización colectiva: amplía la definición de “servicios esenciales” para limitar la huelga, debilita la negociación por actividad, restringe la afiliación sindical y reduce la cuota solidaria. Lejos de ser una modernización, la reforma que impulsa Milei atrasa más de un siglo y reinstala un modelo en el que la relación laboral queda librada a la voluntad del más fuerte. Para los especialistas, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, se trata de una iniciativa antiderechos, antisindical y antiestatal que empuja a la Argentina hacia un pasado sin resguardo alguno.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció este jueves la puesta en marcha de un fondo de $3.000 millones destinado a financiar proyectos de investigación científica con impacto directo en pymes y cooperativas bonaerenses.

La medida, presentada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, corresponde a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Durante el acto, Kicillof subrayó la decisión provincial de sostener e incrementar la inversión en ciencia y tecnología frente al recorte nacional. “Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”, afirmó.

Una inversión estratégica y la consolidación del FITBA

El gobernador advirtió que el sistema científico “está en emergencia” tras dos años de ajuste presupuestario a nivel nacional y señaló que la paralización de proyectos “condena a nuestra sociedad a la dependencia tecnológica y económica”. En esta nueva edición del FITBA —que desde 2024 se consolidó como la principal política de financiamiento científico del país—, se financiarán 98 proyectos de instituciones bonaerenses, involucrando a más de 900 investigadores, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ministro Costa destacó que esta herramienta “ha permitido acompañar al sistema científico-tecnológico, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras a pymes y cooperativas bonaerenses y responder a problemáticas de interés provincial”.

Energías renovables: nuevos proyectos y financiamiento

Además del lanzamiento del fondo principal, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) presentaron los nueve proyectos seleccionados en la convocatoria “2025 Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses”, orientados al desarrollo de soluciones experimentales en energías renovables, especialmente solar y eólica.

El presidente de la CIC, Roberto Salvarezza, destacó la relevancia estratégica de estas iniciativas: “En este contexto de transformación energética que atraviesa el mundo, contar con este tipo de proyectos es fundamental para construir el futuro de la provincia”. Por su parte, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, anunció que la Provincia destinará $400 millones adicionales para fortalecer estas líneas de investigación y las cadenas productivas del sector energético.

“Seguimos invirtiendo todos los días”

Al cerrar el acto, Kicillof reafirmó la continuidad de la política científica provincial pese al contexto económico nacional: “Aunque es imposible compensar el daño que originan las políticas de Milei, seguimos adelante con un programa totalmente distinto, articulando con municipios, universidades y el sector productivo”. Y concluyó: “Vamos a seguir invirtiendo todos los días en apoyo de nuestro sistema científico y tecnológico”.

Del anuncio participaron ministros provinciales, intendentes y autoridades del sistema científico bonaerense.

La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar con dureza contra el gobierno de Javier Milei luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

En un extenso mensaje publicado en redes, CFK subrayó que la cifra se conoció “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, al que sumó “un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares”, en un contexto de “consumo en caída libre y cierre de fábricas y comercios”.

Kirchner comparó el dato informado por el INDEC de Milei con el índice que exhibía su gobierno en noviembre de 2015. Recordó que en aquel momento la oposición impulsaba el “IPC Congreso”, que –según señaló– era “la repetición del índice de precios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri”. Con esa referencia, apuntó que la inflación que denunciaban entonces “era más baja que la de Milei”, a pesar de que “no le debíamos ni un dólar al Fondo” y de que su administración “había pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”.

La expresidenta también reivindicó logros de sus gestiones: “Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y poníamos satélites en el espacio”.

El mensaje fue rematado con ironía, al sostener que para enumerar esos programas “no alcanzan los caracteres de X”.
En su crítica central, volvió a insistir en su interrogante: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, poniendo en duda la estrategia económica del actual gobierno pese a los severos ajustes aplicados.