La crisis industrial en Argentina se profundizó de manera acelerada bajo la presidencia de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 cerraron 19.164 empresas, lo que equivale a casi 30 firmas por día, y se destruyeron 276.000 empleos formales.

La apertura indiscriminada de importaciones, combinada con la ausencia de un plan productivo que sostenga a las pymes y a la industria nacional, está erosionando el tejido productivo y reconfigurando el mercado laboral con efectos duraderos.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), analizados por el CEPA, muestran que la caída de la demanda interna, el derrumbe del consumo y la competencia de productos importados desplazan a miles de empresas locales, especialmente pymes orientadas al mercado interno. Al ritmo actual, el país pierde 432 empleos registrados por día desde el ballotage de 2023.

A este panorama se suma el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA), que registró en agosto una nueva caída del empleo asalariado formal: 33.000 puestos menos respecto a 2024. El acumulado entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 alcanza 224.000 bajas, con Buenos Aires y CABA como los distritos más golpeados.

Pymes en caída libre y avance de la precarización

“La demanda agregada depende en gran medida del consumo interno, que representa entre el 60% y 70% de la economía. El Gobierno recortó salarios reales, jubilaciones y poder adquisitivo; sin consumo, no hay recuperación posible”, explicó el economista Nicolás Taiariol (CEPA).

Según el especialista, las empresas que más cierran son pymes vinculadas al mercado interno: comercio, servicios, logística, construcción y actividades administrativas. Pero el impacto no siempre aparece de inmediato en las cifras de desempleo formal: crecen las changas, el cuentapropismo forzado y el trabajo sin registrar.

El deterioro de la calidad laboral también fue detectado por el Centro CIFRA-CTA, que registró un aumento de 338.800 trabajadores no asalariados en dos años. El caso Whirlpool se convirtió en símbolo: mientras avanzaban los despidos, muchos trabajadores completaban formularios para apps de reparto o transporte.

Despidos en multinacionales y la ola importadora: plantas que cierran para reemplazar producción por bienes extranjeros

El proceso de desindustrialización se aceleró durante octubre y noviembre de 2025. La multinacional Whirlpool cerró su planta de Pilar, despidió a 220 empleados y reemplazó producción nacional por importaciones asiáticas. En Rosario, Electrolux mantiene suspensiones que afectan a 400 trabajadores.

La mexicana Mabe cerró su planta de Río Segundo (Córdoba) y despidió a 200 personas, mientras que en Pilar la estadounidense Magnera dejó sin empleo a 100 trabajadores. El sector textil sufre un impacto aún más profundo: 333 empresas cerradas y 14.000 empleos perdidos entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, según ProTejer.

La industria metalúrgica, por su parte, perdió 60.000 puestos, con una utilización de capacidad instalada del 44,3%, niveles comparables a la pandemia. En Santa Fe, la fábrica DBT-Cramaco directamente abandonó la producción para convertirse en una distribuidora de productos importados desde China, mientras la importación de bienes metalúrgicos terminados creció 70% en 2025.

Cadenas comerciales también retroceden: cierres de locales de Cencosud, Yaguar y Frávega suman más despidos, y la quiebra de La Suipachense y ARSA dejó a 540 familias sin ingresos. En Tierra del Fuego, la electrónica enfrenta un futuro incierto ante la eliminación total de aranceles a celulares importados desde enero.

Crisis del empleo y dudas sobre los “sectores del futuro”

Para Matías Ghidini, especialista en mercado laboral, el mercado “está trabado y en retroceso”, con despidos selectivos y una recuperación que “será lenta y dependerá de reformas laborales pendientes”. Aunque minería, hidrocarburos, finanzas y sectores digitales aparecen como polos de crecimiento, su capacidad para absorber la pérdida industrial es limitada.

Federico Machado (Consultora Open) anticipa “un desempleo mayor al de los últimos años” y advierte que la destrucción industrial no será compensada por los sectores ganadores del modelo exportador.

El presidente de APYME, Julián Moreno, resume el cuadro: “El resultado electoral confirmó un camino de desindustrialización. Se profundiza la recesión en todas las actividades vinculadas al mercado interno. Los cierres y despidos se multiplican sin que exista un horizonte alternativo. Es lamentable”.

El secretario del Tesoro de EE.UU. suspendió el viaje que tenía previsto a la Argentina luego de que Javier Milei bajara su participación del sorteo del Mundial 2026.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, canceló la visita que tenía prevista para la próxima semana, luego de que Javier Milei suspendiera su participación en el sorteo del Mundial 2026 en Washington. Según informó Noticias Argentinas, la decisión generó malestar en la administración de Donald Trump, donde esperaban que el Presidente argentino asistiera al evento.

Fuentes cercanas al mandatario estadounidense señalaron que Trump había reservado un lugar destacado para Milei en el sorteo del próximo viernes 5 en el Kennedy Center. La baja llamó la atención en la Casa Blanca, especialmente porque Argentina es la campeona del mundo vigente y la presencia del jefe de Estado estaba prácticamente confirmada.

La tensión interna entre el Gobierno y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también jugó su papel. Tapia sí viajará a Washington, mientras Milei decidió bajarse en medio de su enfrentamiento con la dirigencia del fútbol local. En ámbitos diplomáticos, la decisión fue leída como un gesto de improvisación y falta de previsibilidad.

La suspensión de Bessent tuvo un impacto adicional: el funcionario había sido clave en la negociación del swap con el Banco Central y en la posterior compra de pesos antes y después de las elecciones legislativas. Su visita estaba pensada como un nuevo gesto de respaldo económico hacia la Argentina, algo que ahora quedó en pausa.

Bessent había anunciado en octubre que visitaría Buenos Aires antes de fin de año, tras la victoria de La Libertad Avanza. La marcha atrás expuso que la baja de Milei del sorteo tuvo consecuencias inmediatas en la relación bilateral, en un contexto donde la política exterior del Gobierno ya venía acumulando señales de desgaste.

El Gobierno oficializó un nuevo esquema de actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La medida fue aplicada de manera unilateral debido a que el Consejo del Salario no logró consensuar un monto entre las tres centrales sindicales y el empresariado. La disposición también modifica el cálculo de la prestación por desempleo, que pasará a depender de los valores vigentes del salario mínimo.

A partir de ahora habrá aumentos mensuales del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante los próximos diez meses. El salario de noviembre será de $328.400, mientras que llegará a agosto del 2026 a $376.600.

“Hubo acuerdo en la reunión del Consejo del Salario entre el gobierno y los empresarios para boicotear ese ámbito y facilitar al gobierno un aumento por decreto. Son un grupo de empresarios basados en economía de exportación, extractivismo, de comodities, reunidos en la UIA, y un gobierno que aplica la política basado en esos intereses”, cuestionó Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma.

En ese contexto explicó que “el proyecto de reforma laboral del gobierno, del que no conocemos todavía los detalles, es muy parecido al capítulo laboral del DNU 70/20, que fue suspendido en su aplicación por inconstitucionalidad por la justicia laboral en Argentina, fue redactado en el estudio jurídico de Funes de Rioja, que fue hasta hace dos años el presidente de la UIA y un aliado estrecho de Julio Rocca, presidente de Techint, que maneja la presidencia de YPF. Ese es el acuerdo de fondo que está funcionando en la Argentina, que excluye, discrimina, margina y explota a los trabajadores y trabajadoras”. 

Finalmente, Godoy aseguró que “mantener el SMVyM en estos niveles, que implican la mitad del valor de una canasta de indigencia para un trabajador sin carga de familia, es un ancla que tira para abajo toda la escala: de los trabajadores con convenio colectivo; a quienes no tienen paritarias como trabajadores rurales o estatales de mucho municipios; y prestaciones sociales como Potenciar Trabajo, que está congelado desde noviembre de 2023 en 73 mil pesos. Es un mecanismo de control social, de regulación a la baja de los ingresos de los trabajadores, y de maximización de las ganancias del sector empresarial ligado a las importaciones, y destruir el mercado interno por reducción del consumo. Hoy están cerrado unas 30 empresas por día en Argentina”.

La inflación de noviembre se aceleró por tercer mes consecutivo, y se ubicó nuevamente por encima del 2%, según la mayoría de las consultoras privadas. Los aumentos superiores a octubre llegaron de la mano de los precios estacionales y regulados, ambos con fuerte incremento en el undécimo mes del año. Con diciembre -un período tradicionalmente más inflacionario- ya en marcha, el interrogante de corto plazo pasa a ser cómo cerrará el índice de precios al consumidor (IPC) y si el proceso podría acelerarse aún más.

Las consultoras Equilibra y EcoGo, y Adcap Grupo Financiero coincidieron en que la medición del IPC se ubicaría en 2,5%. Con este aumento, la inflación acumulada llegaría al 28,9% en 2025 y a un 32,6% interanual (i.a.), según el relevamiento de precios de la consultora que dirige Marina Dal Poggetto.

Desde enero se esperan aumentos impresionantes en servicios públicos por el tarifazo que prepara el gobierno de Javier Milei. Pero esas subas tendrán un impacto moderado porque el INDEC decidió no actualizar la canasta que usa para su metodología. Todo vale para que Casa Rosada pueda mostrar “inflación a la baja”.

Crece la alarma por la suba de casos de tos convulsa y sífilis en Argentina: especialistas denuncian la falta de campañas de vacunación y prevención.

Argentina atraviesa un preocupante escenario sanitario marcado por el resurgimiento explosivo de la tos convulsa y el récord histórico de contagios de sífilis, dos enfermedades que avanzan con fuerza en medio de una caída sostenida en las coberturas de vacunación y una notoria ausencia de campañas de prevención.

Tos convulsa: más de 600 casos y siete muertes en menos de un año

El último Boletín Epidemiológico nacional encendió las alertas: más de 600 casos de tos convulsa (coqueluche) fueron confirmados en lo que va de 2025, junto a siete muertes en menores de dos años. La cifra triplica los registros del año anterior y deja en evidencia un brote que se expande con rapidez, alimentado por el déficit de inmunización infantil.

En Argentina, más de 115.000 lactantes no cuentan con sus esquemas de vacunación completos, un dato que especialistas califican como “crítico” para explicar la gravedad del brote. La enfermedad, altamente contagiosa, puede causar complicaciones severas en bebés, como neumonía, convulsiones e incluso daño neurológico.

Las provincias más afectadas son Buenos Aires, Córdoba, Salta, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego y CABA, con transmisión que ya abarca también a adolescentes y adultos. En Santa Fe, por ejemplo, se reportaron 57 casos, la mayoría en Rosario, y se confirmó la muerte de un bebé cuya madre no había sido vacunada durante el embarazo.

Caída en la vacunación: un factor determinante

Los datos oficiales muestran descensos alarmantes en vacunas obligatorias:

• La quíntuple y la antipoliomielítica para los 6 meses bajaron cerca de 10 puntos respecto de la prepandemia.
• La cobertura de la triple bacteriana acelular (dTpa) en adolescentes de 11 años se desplomó del 82% al 54%.
• Entre embarazadas, la inmunización alcanza apenas el 69%.

Los profesionales advierten que sin campañas públicas sostenidas, el brote puede intensificarse durante 2025 y 2026.

Sífilis: cifras récord y fuerte aumento entre jóvenes

En paralelo, el país enfrenta un crecimiento histórico de la sífilis, que volvió a marcar picos inéditos. Solo en las primeras 44 semanas de 2025 se registraron 36.702 casos, un 20,5% más que en el mismo período de 2024. La tendencia preocupa especialmente entre adolescentes, donde los contagios aumentaron más del 20%.

El 76% de todos los casos se concentra en personas de 15 a 30 años, con mayor impacto en mujeres jóvenes. Las provincias con tasas más elevadas son Córdoba (220 casos por cada 100 mil habitantes), San Luis, Jujuy, Chaco y Tierra del Fuego.

A pesar de que existen campañas sobre el uso del preservativo, los especialistas remarcan que la ausencia de acciones coordinadas y sostenidas desde el Estado, junto a la desinformación y la baja percepción del riesgo, explican el avance de esta infección de transmisión sexual.

Un escenario que exige acción urgente

El aumento simultáneo de tos convulsa y sífilis muestra un patrón común: la falta de políticas públicas de prevención, desde vacunación hasta educación sexual.

Profesionales y sociedades médicas coinciden en que es imprescindible:

• Reactivar y reforzar campañas de vacunación en todo el país.
• Garantizar el acceso a preservativos y test rápidos.
• Fortalecer la comunicación pública sobre enfermedades prevenibles.
• Recuperar los niveles de inmunización previos a la pandemia.

Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar brotes más extensos y mayores tasas de complicaciones y muertes evitables.

En un contexto de ajuste severo sobre educación, ciencia y jubilaciones, el Poder Ejecutivo dispuso una ampliación de más de $26 mil millones para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La decisión se formalizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que destinó $26.117.900.000 adicionales al organismo.

Desde la Casa Rosada justificaron la medida alegando que la SIDE se había quedado sin fondos como consecuencia de la prórroga del presupuesto 2024, y que la mayor parte de la partida —casi $20.000 millones— corresponde al pago de sueldos del personal. “No es un aumento técnicamente”, insistieron, sino una compensación para que el organismo pueda completar sus gastos hasta fin de año.

La ampliación despertó controversia luego de que el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez cuestionara en redes sociales la aparición de ítems como “$350 millones para cubiertas”, “$300 millones para prendas de vestir” y “$40 millones para utensilios de cocina y comedor”.

Voceros de Inteligencia respondieron que esos conceptos provienen de los nomencladores del sistema de administración pública, que suelen agrupar gastos diversos bajo categorías generales. A modo de ejemplo, señalaron que “utensilios de cocina” puede incluir la compra de hornos u otros equipamientos de alto valor para bases distribuidas en el país, y que el rubro “cubiertas” engloba gastos más amplios vinculados a la extensa flota vehicular del organismo.

CONGELAMIENTO A JUBILADOS Y AUMENTO PARA LA SIDE

A través del Decreto 848/2025, hoy el Presidente @JMilei fijó en 70.000 pesos, para el mes de diciembre, el valor del bono que se paga a los jubilados que cobran la mínima.

El monto se mantiene totalmente congelado desde hace… pic.twitter.com/3KdMBmEkfI

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 1, 2025

La SIDE atraviesa además tensiones internas en su cúpula. El actual director, Sergio Neiffert, designado en junio de 2024 tras la salida de Silvestre Sívori, quedó envuelto en una polémica por una fuerte discusión doméstica con su subordinado, José Lago Rodríguez.
A esto se suma que Lago Rodríguez está siendo investigado por la División de Asuntos Internos por un viaje a Azerbaiyán realizado en septiembre junto a Alejandro Colombo, director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). Según el sitio Sección País, ese viaje —financiado con fondos reservados y presentado como misión oficial para asistir a un foro— habría tenido como verdadero objetivo presenciar una carrera de Fórmula 1 en la que compitió el piloto argentino Franco Colapinto.

La cuenta “Servicios” del Balance Cambiario del Banco Central (BCRA) registró nuevamente un déficit de más de u$s1.000 millones en octubre manteniéndose en los elevados niveles de los últimos meses. De esta manera, en los primeros 10 meses del año el déficit acumulado de Servicios asciende a u$s9.644 millones lo que implica un crecimiento de 152% respecto al mismo período del año pasado y de casi un 98% con relación a todo el 2024, lo que habla de la magnitud del desequilibrio.

Con estos números, y aun faltando un bimestre para cerrar el 2025, seguramente, el déficit de Servicios este año no solo empardará a los máximos de la serie histórica, de 2017 y 2022 de u$s10.819 millones y u$s10.106 millones respectivamente, sino que incluso podrá superarlos y marcar un nuevo récord histórico, reseñó Ámbito.

¿Cómo se explica la situación? Muy sencillo: la cuenta corriente externa involucra los ítems exportaciones e importaciones (balanza comercial) y luego se agregan servicios de la deuda externa y compra de divisas. Ese número da muy negativo. Cada vez que eso ocurre, el país tuvo problemas económicos porque no puede cubrir ese rojo.

Mientras la inseguridad aumentaba y los recursos del Estado para prevención seguían desfinanciados, el gobierno de Javier Milei confirmó el envío de una reforma del Código Penal centrada en el endurecimiento de penas y en una doctrina que prioriza el castigo por encima de las garantías constitucionales.

En primer lugar, el Gobierno confirmó que enviará al Congreso su proyecto de reforma integral del Código Penal, una iniciativa incluida en las reformas de “segundo orden” de Javier Milei. Desde Casa Rosada insistieron en que el objetivo era “poner orden donde antes reinaba la barbarie”, aun cuando la propia gestión mantenía áreas sensibles —como salud, educación y vivienda— bajo un ajuste constante que generaba más conflictividad social.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la propuesta y reivindicó “el enorme aporte” de la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich. Según él, la funcionaria había revertido un país “sumido en un baño de sangre”, con “piqueteros dueños de la calle” y “zonas liberadas”. El discurso oficial intentó instalar una narrativa de caos previo, aun cuando los propios datos del Gobierno habían mostrado que la violencia no disminuyó y que las fuerzas de seguridad ampliaron su margen de acción durante la gestión.

En el mismo tono, Bullrich afirmó que la reforma apuntaba a “dar vuelta la realidad de quiénes eran favorecidos por el sistema” y sostuvo que la nueva doctrina endurecería penas para delincuentes, violadores y asesinos. Sin embargo, la funcionaria evitó mencionar que el Ejecutivo recortó programas de prevención del delito, fortalecimiento comunitario y asistencia a víctimas, dejando expuestos los límites de un modelo que buscaba más castigo, pero menos inversión en políticas públicas.

Con el mismo ímpetu, el Gobierno adelantó que el proyecto incluía un esquema de agravamiento de penas y un capítulo específico para proteger a docentes, niñas, niños, adolescentes y personas mayores. Aunque el oficialismo lo presentó como un avance, especialistas advirtieron que sin recursos, capacitación judicial ni políticas de acompañamiento, el endurecimiento punitivo podía transformarse en una respuesta simbólica más que en una solución real.

Finalmente, el paquete también incorporó medidas para acelerar procesos judiciales y garantizar mayor ejecutabilidad de condenas. El Ejecutivo aseguró que la reforma permitiría “recuperar el orden, modernizar la Justicia y fortalecer la seguridad ciudadana”. No obstante, en un país donde el propio gobierno profundizaba la desigualdad y la violencia institucional, la apuesta por un Código Penal más duro parecía reforzar un patrón: menos Estado para derechos, más Estado para castigar.

Un serio accidente involucró este mediodía al avión Basler BT-67 (LV-VYL) del Grupo Mirgor, empresa vinculada a la familia Caputo, luego de que la aeronave sufriera una violenta salida de pista en el Aeropuerto Internacional de Río Grande durante un vuelo de entrenamiento previo al inicio de la temporada antártica.

El BT-67, recientemente incorporado por Mirgor para su nueva operación aérea bajo la marca Voyal, quedó gravemente dañado, con afectaciones visibles en hélices y tren de aterrizaje. Aunque la tripulación resultó ilesa, las imágenes que circularon en redes y grupos aeronáuticos muestran el aparato detenido fuera de la pista en una posición que confirma la magnitud del incidente.

La aeronave había arribado al país hace pocas semanas y había sido repintada en FAdeA como parte de los preparativos para participar en vuelos logísticos y turísticos hacia la Antártida. Este vuelo formaba parte de las prácticas iniciales de una temporada que ahora queda severamente comprometida.

Según informó el propio Grupo Mirgor (Clan Caputo), el despiste ocurrió durante la carrera de despegue tras un vuelo previo desde Ushuaia. El avión, operado por tripulaciones civiles —pilotos ex-Fuerza Aérea Argentina—, debía comenzar en los próximos días sus primeras misiones hacia bases argentinas del continente blanco. La Junta de Investigación de Incidentes será la encargada de determinar las causas.

🛬 Se despistó un avión en el aeropuerto de Río Grande (Tierra del Fuego). Fue durante un vuelo de entrenamiento de pilotos. La aeronave pertenece al Grupo Mirgor y ninguno de los tres tripulantes resultó herido. pic.twitter.com/F9huvqKcNc

— Capital de Noticias (@capdenoticias) December 1, 2025

Un avión de la segunda guerra mundial modernizado

El LV-VYL es una conversión Basler BT-67, un modelo derivado del histórico Douglas C-47A Skytrain fabricado en 1944 y posteriormente modernizado con mejoras estructurales, turbohélices PT6A-67R y aviónica actualizada, lo que lo vuelve apto para operaciones exigentes en climas extremos. El aparato había completado ensayos en EE.UU. y recientemente una campaña de pruebas en FAdeA.

El accidente deja a Mirgor sin su principal plataforma para los vuelos antárticos planificados para este verano austral. Con el avión fuera de servicio y a la espera de evaluar si puede ser recuperado, la compañía enfrentará la necesidad de buscar alternativas o, más probablemente, postergar su operación hasta la próxima temporada.

Mientras el mundo reflexiona sobre el VIH el gobierno de Javier Milei presentó un Presupuesto 2026 que desfinanció herramientas clave de prevención, diagnóstico y tratamiento. Fundación Huésped advirtió por un “giro preocupante” que dejó expuestas a miles de personas.

En el mismo día en que el mundo reflexionó sobre el VIH, el gobierno de Javier Milei avanzó con un Presupuesto 2026 que profundizó el ajuste en una de las áreas más sensibles de la salud pública. Fundación Huésped denunció un “giro preocupante” en la estrategia sanitaria nacional, marcado por recortes que afectaron directamente a quienes viven con VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis. Más aún, por más que a Milei y su junta les moleste, el presupuesto definió prioridades, y en este caso dejó claro que la salud pública no ocupó un lugar central.

Más adelante, la organización remarcó que el proyecto oficial redujo y hasta invisibilizó partidas específicas para VIH e ITS, debilitando pilares fundamentales como la prevención combinada, la detección temprana y el acceso sostenido a tratamientos. La ausencia total de la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post-Exposición (PEP) en las metas presupuestarias representó un retroceso grave: miles de personas habían accedido a estas herramientas en 2023, pero el gobierno decidió borrarlas del debate público y de la planificación estatal.

En el mismo tono, el presupuesto incluyó una caída drástica en el número de testeos rápidos disponibles. Para 2026 solo se proyectaron 581.000 pruebas, un 49,3% menos que en 2023. Esto resultó especialmente crítico en un país donde el 45% de los diagnósticos ya se realizaban de forma tardía, impidiendo el inicio oportuno del tratamiento y comprometiendo el principio de Indetectable = Intransmisible (I=I). A la vez, los reactivos de carga viral también sufrieron recortes: las 116.215 pruebas previstas resultaron insuficientes para cumplir con las dos mediciones anuales recomendadas por la OMS y ONUSIDA.

Con el mismo ímpetu, el Ministerio de Salud dejó completamente de lado la educación y la información pública: la distribución de materiales preventivos pasó de 275.565 unidades en 2023 a cero en la proyección de 2026. En paralelo, otras patologías también fueron golpeadas por el ajuste. Los tratamientos para Hepatitis C se redujeron un 44% entre 2023 y 2026, mientras que los insumos para tuberculosis cayeron un 11%. A pesar de ello, el ministro Mario Lugones evitó pronunciarse sobre las consecuencias sanitarias de este desmantelamiento.

Finalmente, Fundación Huésped sostuvo que “el derecho a la salud no podía ser una variable de ajuste presupuestario” y advirtió que la falta de inversión generaría mayor transmisión, diagnósticos tardíos y peores desenlaces clínicos. En el Día Mundial del VIH, mientras el mundo reafirmó compromisos, el gobierno argentino eligió recortar. Y lo hizo a sabiendas de que cada peso que no se destinó a prevención y tratamiento implicaría un costo humano y económico mucho mayor.