De acuerdo con la consultora Equilibra, el IPC Nacional subió 2,5% en noviembre. La consultora desagrega el dato: los precios Regulados aumentaron 3,3%, el componente núcleo trepó 2,4%, y la carne se destacó con un salto del 4,5%, que arrastró al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas al 2,8%. 

La lectura de Econviews va en la misma dirección. Su último relevamiento de precios en supermercados del Gran Buenos Aires arrojó una suba del 1% en la primera semana de diciembre, con aumentos de 2,2% en carnes y 1,6% en verdulería. En las últimas cuatro semanas, la canasta de alimentos y bebidas acumuló 3,6%, lo que muestra que la dinámica inflacionaria no se detiene.  

Mientras el gobierno de Javier Milei mantiene planchado los salarios de los trabajadores, la inflación no dea de horadar cada mes el poder adquisitivo de millones de personas que necesitan salarios muy altos para no ser pobres. Todo mientras el INDEC se niega a actualizar su metodología porque sabe que la inflación es más alta de la que dicen sus cifras actuales porque no se ponderan correctamente los servicios públicos, que no paran de crecer hace dos años.

El gobierno de Javier Milei está en plena celebración de la llegada de los F-16 como uno de los hechos más destacados de la política de Defensa de las últimas décadas.

Sin embargo, el gobierno todavía no aclaró cómo hará para mejorar la capacidad técnica para mantener pistas y hangares en condiciones para aviones de este tipo. No son pocos especialistas que hablan de maquinaria obsoleta y equipos en mal estado, que además no contarán con la tecnología para operar en las Islas Malvinas.

Pero hay más: el gobierno gastó 300 millones de dólares en la compra de los aviones a Dinamarca, cuando hay países como Rumania que adquirtió 18 naves similares pagando solo la logística del transporte, lo que le costó 20 millones. Es decir, compraron más aviones a un 10% del valor.

El Ejecutivo vuelve a optar por la confrontación y el ajuste mientras profundiza una reforma que recorta derechos.

Este martes 9 de diciembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llevó adelante un paro nacional y una movilización en el Congreso, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei pretende imponer con aval de los gobernadores. Más adelante, la administración confirmó que descontará el día a quienes adhieran, una señal clara de que la estrategia oficial continúa siendo disciplinar a los trabajadores en medio de un clima social cada vez más tenso.

En el mismo tono, el oficialismo se mostró confiado en aprobar la reforma que incluye cambios profundos en indemnizaciones, horas laborales y mecanismos de contratación. A pesar de que el Ejecutivo repite que busca “modernizar” el mercado laboral, lo cierto es que el propio secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que se trata del “mayor ataque en democracia a los derechos laborales”, y responsabilizó a los gobernadores por acompañar un proyecto regresivo que consolida la precarización.

Con el mismo ímpetu, la medida de fuerza también reclama la reapertura de paritarias, una recomposición salarial de emergencia y el freno al recorte del 10% de los trabajadores del Estado. Las áreas afectadas incluyen desde la CONEAU, ANSES y CONADIS, hasta organismos técnicos estratégicos como el INTA, el INTI y los entes de control energético. Para los gremios, el ajuste fiscal del Gobierno está vaciando instituciones fundamentales y debilitando la capacidad del Estado.

Más adelante, la conducción de ATE remarcó que el paro se desarrolla en todo el país, con epicentro en el Congreso desde las 11 de la mañana. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que los descuentos son una forma de “ordenar” la administración pública, aunque en los hechos la medida funciona como un castigo directo que busca desalentar la protesta en vísperas del debate parlamentario de la reforma.

En un contexto económico y político marcado por la recesión, los tarifazos y la pérdida del poder adquisitivo, el enfrentamiento entre el Gobierno y los trabajadores vuelve a escalar. El Ejecutivo, lejos de abrir canales de diálogo, elige profundizar la tensión social y avanzar con una reforma laboral que, por más que a Milei y su junta les moleste admitirlo, recorta derechos, precariza empleos y castiga a quienes sostienen el funcionamiento del Estado.

El Gobierno profundiza beneficios al agro mientras la macroeconomía continúa en extrema fragilidad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a ceder ante la presión del sector agropecuario y confirmó una nueva reducción de retenciones, presentada como un “alivio fiscal permanente”. El anuncio, hecho en X, llega mientras la economía real sigue sin señales de recuperación y con un Gobierno que insiste en presentar rebajas impositivas selectivas como un “camino claro”, pese al estancamiento productivo que atraviesa el país.

Más adelante, Caputo reiteró que la eliminación total de los derechos de exportación es una “prioridad” del presidente Javier Milei, aunque condicionada a unas “condiciones macroeconómicas” que nunca terminan de llegar. El discurso oficial promete alivio mientras la inflación persiste, el consumo se derrumba y la recaudación fiscal cae, lo que vuelve difícil sostener la idea de un sendero económico coherente.

Con el mismo ímpetu, el ministro aseguró que la baja busca “mejorar la competitividad” de un sector que ya concentra cerca del 60% de las exportaciones nacionales. Las entidades agroexportadoras venían exigiendo un recorte, especialmente sobre la soja. Sin embargo, las nuevas rebajas vuelven a exponer un patrón: un Gobierno que ajusta a casi todos los sectores pero concede beneficios fiscales al agro sin ofrecer una estrategia integral de desarrollo ni resolver los problemas estructurales que frenan la inversión.

En el mismo tono, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el anuncio bajo el mantra del “equilibrio fiscal”, aunque la medida aún debe formalizarse en el Boletín Oficial. Mientras tanto, la agroindustria reclama que sigue fuera del RIGI y que el país acumula quince años de estancamiento productivo en soja, con infraestructura deteriorada y dificultades financieras que el Gobierno no aborda. La baja de retenciones puede entusiasmar a algunos, pero difícilmente resuelva un modelo económico que no ofrece horizonte ni crecimiento sostenido.

La actividad se hundió 9,1% frente a octubre, confirmando un escenario de debilidad generalizada.

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar un marcado retroceso en noviembre: cayeron 4,1% interanual a precios constantes, profundizando la tendencia negativa del consumo. El deterioro se sintió aún más en la comparación mensual desestacionalizada, donde la actividad se hundió 9,1% frente a octubre, confirmando un escenario de debilidad generalizada.

Pese a este panorama crítico, el acumulado de enero a noviembre registra una suba del 3,4%, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), impulsado por un mejor desempeño en la primera parte del año.

Caídas generalizadas y sectores clave en rojo

Seis de los siete rubros relevados mostraron fuertes descensos interanuales, lo que evidencia que la contracción abarca prácticamente todo el espectro comercial. Las retracciones más severas se dieron en:

• Perfumería: -17% interanual
• Bazar y decoración: -9,7%
• Alimentos y bebidas: -5,9%

El único sector que logró escapar de las caídas fue Farmacia, con un leve avance del 1,8%, motorizado por factores estacionales.

En términos mensuales, el panorama fue todavía más preocupante: todos los rubros retrocedieron respecto de octubre. Perfumería encabezó el derrumbe con -14,6%, seguida por Calzado y Marroquinería (-12,9%).

Percepción comercial: más deterioro y clima de inversión adverso

La lectura que hacen los propios comercios refleja el momento crítico:

• 37% percibe un deterioro en la situación económica interanual, subiendo cuatro puntos respecto de octubre.
• Aunque casi la mitad proyecta una mejora para 2025, el optimismo convive con una realidad áspera.
• El 60,1% considera desfavorable el contexto para invertir, un indicador que reafirma la falta de confianza y la escasez de recursos para impulsar proyectos.

Análisis sectorial: consumo frenado, ingresos erosionados y financiamiento ausente

Alimentos y bebidas: El retroceso del 5,9% refleja de forma directa la pérdida de poder adquisitivo. El consumo se concentró en productos esenciales y segundas marcas, sin señales de recuperación a pesar de una menor incertidumbre política.

Bazar, decoración y hogar: La caída de 9,7% estuvo marcada por el encarecimiento del crédito y la falta de cuotas, factores que paralizan compras de bienes durables. El consumidor prioriza gastos básicos y posterga equipamiento.

Calzado y marroquinería: Con una baja del 1,7%, el rubro mostró un desempeño debilitado, sostenido apenas por promociones online y eventos estacionales. Aun con una brecha cambiaria más favorable, las ventas dependen del financiamiento, hoy muy limitado.

Farmacia: El único rubro con crecimiento (1,8%), aunque sustentado en necesidades médicas y no en mayor capacidad de compra. Los consumidores reducen artículos de cosmética para poder sostener tratamientos esenciales.

Ferretería y construcción: La merma del 3,2% se mantuvo contenida por pequeñas reparaciones domésticas de fin de año. Sin embargo, la falta de crédito y la caída de ingresos bloquean proyectos de mayor escala.

Perfumería: Fue el rubro más golpeado, con un desplome del 17%. La inflación acelerada encareció fuertemente los productos, y la caída mensual (-14,6%) corrigió el pico de ventas del Día de la Madre.

Textil e indumentaria: Retrocedió 4,3% ante consumidores que postergan compras y buscan precios bajos por la pérdida de ingresos. El tráfico comercial no se traduce en ventas debido a límites saturados de tarjetas y precios en alza.

La disputa económica y geopolítica en el sector energético quedó expuesta con toda crudeza. Paolo Rocca, titular del poderoso grupo Techint, lanzó una advertencia directa al Gobierno: cerrará la planta de Tenaris en Valentín Alsina en la Provincia de Buenos Aires.

El titular del grupo Techint, lanzó una advertencia directa al Gobierno: cerrará la planta de Tenaris en Valentín Alsina si las petroleras de Vaca Muerta optan por importar caños más baratos de China, India u otros mercados.
El mensaje, filtrado en un estratégico off the record, generó fuerte malestar en la Casa Rosada.

La amenaza surge en medio de la licitación que impulsa Southern Energy, un consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, para abastecer un gasoducto de 400 kilómetros destinado a un ambicioso proyecto de exportación de GNL desde Vaca Muerta. Se trata de un emprendimiento 100% privado, pero Rocca pretende que el Estado intervenga para garantizarle el contrato a Techint, bajo el argumento de defender la industria nacional.

Para las empresas del sector, la jugada es evidente: Rocca intenta forzar al Gobierno a presionar a Southern Energy, amenazando con un conflicto laboral y el cierre de una planta histórica.
“La pregunta obvia es: si no existiera este proyecto, Techint también tendría que cerrar?”, ironizó un empresario energético.

El enojo de Rocca tiene un trasfondo claro: China está disputándole el monopolio de los gasoductos. De hecho, ya llegaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños de acero chino —un 40% más baratos que los de Techint, según fuentes del sector— para los primeros tramos del proyecto. A eso se suma el costo extra del transporte que, aseguran, encarece aún más la oferta argentina.

Un reclamo “industrialista” con matices

En su última aparición pública, Rocca elevó el tono contra el Gobierno de Milei, reclamando protección para la industria nacional. Pero su propio modelo de negocios relativiza ese discurso:

• La planta de Alsina no fabrica chapas, solo las enrolla y suelda; las chapas provienen de plantas de Techint en Brasil.
• El holding tributa vía Uruguay y tiene domicilio fiscal en Luxemburgo, una estructura diseñada para alivianar impuestos.
• La planta que ahora amenaza con cerrar funciona “por proyecto” y fue reactivada para el Gasoducto Néstor Kirchner.

El historial del grupo también pesa. En 2022, en la licitación de los caños para el Gasoducto Néstor Kirchner, la china Gezhouba ofrecía mejores precios y condiciones, pero la presión de Rocca terminó modificando los pliegos y trabando el proceso hasta que Techint resultó beneficiada. Ese antecedente, recuerdan en el sector, demuestra que cada vez que aparece un competidor, Techint activa su influencia política para desplazarlo.

Una disputa que escala

El conflicto vuelve a tensar la relación entre las petroleras, el Gobierno y el conglomerado de Rocca. El mensaje es explícito: si China entra con precios más competitivos y el Gobierno no sale en defensa de Techint, Rocca está dispuesto a paralizar la planta de Alsina.

Para muchos actores del sector, eso no es defensa industrial, sino una forma de extorsión abierta, que reproduce la lógica de controlar el negocio energético aun a costa de torcer procesos privados y decisiones técnicas.

El choque deja al descubierto una disputa mayor: la reorganización geopolítica del sector energético argentino, en la que China avanza con peso propio y amenaza un dominio que Techint mantuvo durante décadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a 4 años que se licitará el próximo miércoles y que tendrá una tasa del 4,5%. El gobierno de Javier Milei tiene una sola política económica: tomar deuda externa. Solo este año, tomó deuda del FMI y un salvataje de Estados Unidos.

“Estamos volviendo con un bono a cuatro años, a noviembre de 2029, con un cupón del 6,5 por ciento”, anunció el ministro de Economía en una entrevista en A24 y minutos después se formalizó la convocatoria a licitación para el próximo miércoles.

“Es de legislación local porque en legislación internacional tenemos la Ley Guzmán que no permite hacerlo sin la aprobación del Congreso”, detalló Caputo.

El funcionario dijo que con esa colocación de deuda se cubrirá “una parte” del vencimiento de enero, que es de 4.500 millones de dólares. La otra parte del vencimiento se pagará, según Caputo, con el préstamo repo que se está negociando con los bancos.

“Tomaron 60.000 millones de dólares sin hacer el ajuste fiscal”, lanzó el presidente, mientras la transmisión oficial enfocaba a un Caputo visiblemente incomodo, siguiendo el discurso desde la primera fila.

Javier Milei volvió a apuntar contra la gestión económica de Mauricio Macri y, en el intento, dejó visiblemente incómodo a su propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. “Tomaron 60.000 millones de dólares sin hacer el ajuste fiscal”, lanzó el presidente, mientras la transmisión oficial enfocaba a un Caputo serio, casi inmóvil, siguiendo el discurso desde la primera fila.

El mandatario cuestionó a quienes comparan su administración con la del macrismo, período en el que Caputo fue secretario y ministro de Finanzas, además de presidente del Banco Central. “Cuando hacen la comparación ‘esto es como 2017’, ¿qué parte es como 2017? Yo quisiera saber qué parte coincide con 2017”, replicó Milei durante un evento empresario, visiblemente molesto.

Según Milei, la gestión de su exsocio político nunca aplicó un verdadero ajuste: “Básicamente nunca se hizo el ajuste fiscal. Cuando Macri recibió el gobierno, en lugar de hacerlo, aumentó el déficit fiscal. En ningún momento lo corrigió y solamente lo disimuló con endeudamiento”. Acto seguido, remarcó: “Durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos”.

La escena se completó con un Caputo que, a pesar de haber sido uno de los principales responsables del ciclo de endeudamiento macrista que incluyo el regreso del FMI—durante sus dos años y medio al frente de Finanzas—, debía escuchar las acusaciones en silencio. La transmisión oficial lo mostró dos veces con gesto adusto, reforzando la tensión del momento.

El antecedente: cuando Milei acusó a Caputo de “fumarse” 15.000 millones de dólares

No es la primera vez que Milei apunta contra Caputo por su desempeño durante el macrismo. En un video del año 2018, que volvió a viralizarse, el actual presidente afirma: “Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares de reservas”. Según criticaba entonces, su accionar como titular del Banco Central fue “irresponsable e ineficiente” y lo señalaba como uno de los responsables del llamado “28D” y del “despiole de las Leliq”.

Un relevamiento empresario advierte que más de la mitad de las pequeñas y medianas firmas trabaja sin rentabilidad, el empleo sigue cayendo y aumentan las dificultades para sostener la actividad por la baja de ventas y el alza de costos.

La situación de las pequeñas y medianas empresas continúa deteriorándose y vuelve a encender señales de alarma en el entramado productivo: más del 13% de los empresarios reconoce que existe la posibilidad concreta de cerrar su negocio antes de que termine el año, en un contexto marcado por el desplome del consumo, la pérdida de empleo y márgenes de ganancia prácticamente inexistentes.

Según un relevamiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), seis de cada diez pymes operan hoy sin resultados positivos y cerca del 25% asegura que trabaja a pérdida. La suba de costos supera a los aumentos de precios y obliga a muchas firmas a endeudarse no para invertir, sino para sostener el funcionamiento corriente y cumplir con obligaciones básicas.

El impacto sobre el empleo ya es visible. En los últimos meses se profundizó la destrucción de puestos de trabajo registrados y el retroceso de empresas activas. Los datos oficiales muestran una caída sostenida en la cantidad de empleadores, con una retracción particularmente fuerte en el sector industrial.

El estudio también revela que casi nueve de cada diez empresas afrontaron aumentos de costos, mientras que tres de cada cuatro trasladaron parte de esos incrementos a precios, aunque sin lograr compensar la inflación. La brecha entre ingresos y gastos terminó por erosionar aún más la rentabilidad y agravó los problemas de liquidez.

La fragilidad financiera se refleja además en la cadena de pagos. Más de la mitad de las pymes denunció plazos de cobro más largos por parte de sus clientes y un aumento en los incumplimientos. En promedio, las firmas cobran a 37 días y pagan a sus proveedores a 30, una ecuación que estrecha aún más el capital de trabajo.

El presidente de ENAC, Diego Ojeda, advirtió que “la mayoría de las empresas tuvo que aumentar precios, pero aun así no logra cubrir la suba de los costos, lo que las empuja a perder rentabilidad y a trabajar por debajo del punto de equilibrio”.

Las ventas tampoco muestran signos de recuperación. Una proporción significativa de empresas reportó caídas de dos dígitos en las unidades vendidas durante el último trimestre, con un impacto más severo en la industria y el comercio. La utilización de la capacidad instalada se mantiene en niveles bajos, otro indicador de la recesión que atraviesa el sector.

De cara a los próximos meses, las expectativas siguen siendo mayoritariamente negativas. La mayoría de los empresarios anticipa un empeoramiento de la economía, no prevé incorporar personal y descarta nuevas inversiones. Entre los principales factores que explican el freno aparecen la retracción del mercado interno, la baja rentabilidad y el avance de las importaciones.

Desde el sector insisten en la necesidad de medidas de emergencia. “Hace tiempo que advertimos sobre la pérdida de miles de pymes y reclamamos una ley que atienda esta situación, pero la agenda oficial va por otro lado”, señaló Ojeda.

Un informe de CIPPEC que circula en el Ministerio de Economía propone cambios estructurales en jubilaciones, pensiones por fallecimiento y cajas profesionales, con el objetivo de reducir el gasto previsional en medio del ajuste fiscal.

El Ministerio de Economía analiza una profunda reconfiguración del sistema previsional a partir de una propuesta elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que sugiere eliminar regímenes diferenciales, integrar las cajas profesionales al esquema general y aplicar fuertes modificaciones a las pensiones por viudez. La iniciativa apunta a un ahorro fiscal equivalente al 0,5% del Producto Bruto Interno.

Uno de los cambios más sensibles afecta a las pensiones derivadas. El documento plantea que el beneficio deje de ser permanente para los cónyuges jóvenes y pase a ser temporario, con plazos que varían según la edad del beneficiario. En el caso de personas menores de 30 años, la cobertura se extendería solo por dos años. Además, se propone limitar el cobro simultáneo de pensión y jubilación, permitiendo un único componente básico.

El diagnóstico que sustenta la propuesta califica al sistema previsional argentino como costoso, regresivo e ineficiente. Entre los principales problemas señala la existencia de casi 200 regímenes de excepción, la duplicación de beneficios y las jubilaciones anticipadas que alcanzan a millones de personas. Según el estudio, el país destina alrededor del 10% del PBI a financiar jubilaciones, un nivel similar al de países con poblaciones mucho más envejecidas.

En materia de haberes, se impulsa un nuevo esquema conformado por una prestación básica universal, equivalente a la actual PUAM, y una prestación proporcional calculada sobre el total de los aportes realizados durante la vida laboral. De ese modo, se elimina el requisito de 30 años de aportes y se reemplaza el cálculo basado en los últimos diez años de salario.

Otro punto central es la equiparación de la edad jubilatoria entre mujeres y varones. La propuesta prevé que, en un plazo de diez años, la edad mínima femenina se eleve gradualmente de 60 a 65 años. También se sugiere un ajuste automático de la edad de retiro para toda la población en función de la expectativa de vida.

El proyecto incluye además la unificación de los regímenes por invalidez y la absorción de las pensiones no contributivas dentro del sistema contributivo. En paralelo, se plantea la eliminación de las cajas profesionales y su integración al régimen general, con reglas uniformes para todos los trabajadores.

Las reformas evaluadas se enmarcan en la política de reducción del gasto público que impulsa el gobierno de Javier Milei y anticipan un fuerte debate político y social por el impacto directo que tendrían sobre jubilados y futuros beneficiarios.