El gremio de estatales pidió a la Justicia que investigue un acuerdo de 50.000 millones de pesos entre el IOSFA y la cuestionada empresa, mientras crece el escándalo de corrupción que también salpica a Karina Milei.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó duras acusaciones contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por la firma de un contrato entre el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la droguería Suizo Argentina, valuado en 50.000 millones de pesos. Según el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, el acuerdo configura “hechos graves de corrupción” que podrían “hacer colapsar” a una de las mutuales más grandes del país.

Aguiar denunció que cuando Petri asumió, la obra social tenía reservas de 25.000 millones de pesos, pero ese dinero fue destinado a medicamentos que “nunca llegaron a los afiliados”. “Hoy todas las prestaciones están cortadas, los hospitales militares desabastecidos y los trabajadores padecen salarios de hambre”, sostuvo el dirigente. ATE advirtió además que el contrato se renueva cada seis meses, profundizando el déficit de IOSFA, que actualmente supera los 160.000 millones de pesos.

La denuncia también salpica a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ya que la droguería Suizo Argentina aparece mencionada en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios filtrados revelaron pedidos de coimas que involucraban directamente al presidente Javier Milei y su hermana. “Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando”, disparó Aguiar.

ATE destacó la gravedad de la situación: más de 650.000 afiliados del IOSFA están hoy sin acceso a medicamentos oncológicos, insulina ni prestaciones básicas, mientras los hospitales militares permanecen desabastecidos. En paralelo, la Justicia incautó en las últimas horas 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo a Emmanuel Kovalivker, socio de la droguería señalada.

El gremio adelantó que prepara medidas de fuerza en todo el país y reclamó a la Justicia avanzar con la investigación. “Se están robando la plata que debía estar destinada a los beneficiarios y tenemos que pararlos”, afirmó Aguiar. La crisis en IOSFA se suma a la ola de denuncias de corrupción que ya golpea a varias áreas del gobierno libertario, exponiendo una trama que,

El presidente del club culpó a los hinchas visitantes, negó cualquier responsabilidad institucional y hasta pidió sanción para la U de Chile, mientras los heridos se acumulan.

En medio del horror vivido en el estadio Libertadores de América, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, negó toda responsabilidad del club y apuntó sin filtro a los visitantes: “El cuadro argentino no tuvo nada que ver” y “Hay un claro responsable que es el simpatizante chileno”, declaró ante TyC Sports, anunciando que pedirán sanción a la U de Chile ante Conmebol.

Su versión, que exculpa por completo a Independiente, contrasta con la rotunda realidad: los incidentes fueron protagonizados también por barras locales, con agresiones brutales y una organización de seguridad ausente. La poca credibilidad de Grindetti se hace evidente al ver que pone en evidencia su gestión fallida, no su defensa del club.

Además, se confirmó que hay 90 hinchas chilenos detenidos, varios heridos y al menos uno en riesgo vital. La gravedad de los hechos fue tan extrema que la Conmebol decidió cancelar el partido y girar el caso a la Comisión Disciplinaria, sumado a investigaciones sobre la falla del operativo de seguridad.

Con esta actitud, el presidente rojo no solo se desentiende de sus obligaciones, sino que exhibe un preocupante desprecio por la verdad y por la propia historia de Independiente. La dirigencia encabezada por Grindetti ya acumula una larga lista de decisiones cuestionadas, pero lo ocurrido este miércoles marcó un nuevo punto de quiebre en su desgastada gestión.

El malestar en la hinchada es creciente y la paciencia parece haberse agotado. Los socios ya no toleran excusas ni frases desafortunadas: exigen respuestas concretas, transparencia y, sobre todo, que se garantice la seguridad en cada partido. Grindetti, en cambio, eligió el camino más fácil: culpar a otros, incluso apelando a un discurso discriminatorio, antes que asumir sus responsabilidades como presidente de Independiente.

El presidente aceptó las dimisiones de autoridades en áreas estratégicas y concentró sus funciones bajo una nueva Secretaría, en un movimiento que anticipa fuerte ajuste y centralización del poder.

Javier Milei oficializó mediante el Decreto 589/2025 la salida de tres altos funcionarios del Ministerio de Economía, bajo la gestión de Luis Caputo. Las renuncias corresponden a Marcos Martín Ayerra (secretario de Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento), Esteban Marzorati (secretario de Industria y Comercio) y Santiago Migone (subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Producción).

La salida de Ayerra se hizo efectiva el 14 de agosto y Marzorati dejó su puesto el 18 del mismo mes, mientras que Migone ya había presentado su dimisión días antes. Las áreas que lideraban ya no existirán como tales, y sus atribuciones pasarán a depender de la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne, en busca de “mayor eficiencia” institucional.

A pesar de la disolución de estas estructuras, las subsecretarías técnicas —como Pymes, Emprendedores, Economía del Conocimiento, Política Industrial, Comercio Exterior y Defensa del Consumidor— continuarán operativas bajo la supervisión de la nueva Secretaría coordinadora.

La medida generó inquietud en el sector industrial. Desde la Unión Industrial Argentina señalaron que Marzorati era “valorado porque escuchaba”, aunque con recursos limitados. Remarcaron que ahora las funciones reguladoras, como las relacionadas con las Sociedades de Garantía Recíproca, pasarán al Banco Central, lo que implica un cambio de interlocución y herramientas de gestión.

El ministro Caputo expresó su agradecimiento a los funcionarios salientes por su “esfuerzo, dedicación y talento puestos al servicio del país”. Desde el Gobierno aseguran que las renuncias se produjeron por “motivos personales y nuevos desafíos profesionales”, aunque la decisión se da en medio de una reestructuración que busca centralizar el diseño y ejecución de las políticas productivas.

Se trata de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien en contraste con sus numerosos viajes en avión, apenas asistió 14 veces al Congreso para cumplir con sus funciones.

Mientras se presenta como abanderada de la “lucha contra la casta” y repite el mantra libertario de achicar el gasto político, la diputada oficialista Juliana Santillán protagoniza un caso que desnuda la distancia entre el discurso y los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 2024–2025 Santillán —autodenominada “diplomada en economía austríaca”— realizó 95 viajes pagados con fondos del Estado, la mayoría en avión, con un costo millonario que terminaron pagando los contribuyentes. En paralelo, apenas registró 14 asistencias al Congreso en todo el año legislativo.

En un país donde el presidente Javier Milei exige sacrificios al pueblo bajo la bandera de la austeridad, el accionar de Santillán resulta difícil de justificar. Desde la Fundación “El Cumplimiento del Deber” advirtieron que “la disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora” y recordaron que, mientras millones ajustan para llegar a fin de mes, en la política aún hay quienes no parecen dispuestos a dar el ejemplo.

“La promesa de achicar la política se desvanece con episodios como este. La ciudadanía merece representantes comprometidos con su tarea y con un uso responsable de cada peso que sale de los bolsillos de los argentinos”, señaló la organización presidida por Claudio Venchiarutti.

La pregunta, una vez más, queda flotando: ¿quién controla realmente el uso de los recursos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene un discurso anti casta cuando las prácticas reproducen lo mismo que se critica?

Porque, al final, la transparencia no se predica: se practica. Y el ajuste, por ahora, sigue cayendo sobre los mismos de siempre: la gente común. Para algunos en la política, parece que nada ha cambiado.

Martín Romeo, querellante en la causa por la estafa con el token $LIBRA, reveló la existencia de un tarifario para acceder a Javier Milei, que incluía pagos millonarios por reuniones y posteos.

Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, denunció ante la Justicia la existencia de un “tarifario de Karina” (Karina Milei, secretaria general de la Presidencia). Según reveló, una reunión con Javier Milei costaba 50.000 dólares y un posteo en sus redes sociales, 500.000 dólares. Esta información confirma un secreto a voces que ahora se encuentra bajo investigación judicial.

Romeo, damnificado en la estafa y con experiencia en consultoría blockchain y en Naciones Unidas, explicó que esta estructura operativa fue detectada desde la primera semana de la investigación. Subrayó que el posteo del Presidente en su cuenta de X, con tilde gris, fue clave para que se concretara la estafa, ya que su difusión generó un efecto en cadena que movilizó millones de dólares de inversores alrededor del mundo.

Más allá del impacto local, el querellante advirtió que la causa se está siguiendo también en el extranjero. “Si la Justicia en Argentina no acelera, la investigación en Estados Unidos ya está avanzando y ahí no es joda”, advirtió. Además, estimó que la etapa de recolección de pruebas no se extenderá mucho más este año, y anticipó que próximamente se podrían pedir declaraciones y detenciones.

Esta denuncia expone un entramado de corrupción en el círculo íntimo del Presidente, en donde se habría comercializado el acceso y la comunicación oficial en beneficio de quienes estaban dispuestos a pagar cifras millonarias. La causa por $LIBRA amplía su radio de acción y pone en jaque la credibilidad institucional del Gobierno de Milei.

En un nuevo episodio de la disputa interna, Mauricio Macri marcó su postura priorizando el apoyo a La Libertad Avanza, pese a sus diferencias.

Mauricio Macri afirmó que, aunque el PRO no comparta la ideología de La Libertad Avanza (LLA), su prioridad es “ayudarlos a gobernar” y buscar una posición dominante en la coalición. En declaraciones recientes, el expresidente enfatizó la necesidad de fortalecer la alianza para mantener poder en el gobierno, una estrategia que fue cubierta por Ámbito Financiero y otros medios.

Macri sostuvo que la fuerza del PRO reside en tener influencia en la toma de decisiones, incluso si eso implica convivir con posturas extremas de la derecha libertaria representada por Javier Milei y sus aliados. Este posicionamiento evidencia una clara intención de pactar con sectores que históricamente han sido cuestionados por su impacto social y económico.

📣 En diálogo con Radio Mitre, Mauricio Macri habló sobre el posible acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas.

🗣 “El riesgo país muestra la negativa del gobierno a dejarse ayudar”, aseguró el expresidente.

📹 @rodrigojorgeok pic.twitter.com/FOd3DqAXis

— Radio Mitre (@radiomitre) August 4, 2025

Especialistas políticos y analistas consultados advierten que esta postura puede generar tensiones internas y alejar a votantes moderados, al tiempo que legitima a un espacio político con discursos de ajuste y recorte de derechos. Desde sectores opositores señalan que Macri prioriza su rearmado político por encima de los intereses populares, consolidando una alianza que pone en riesgo conquistas sociales.

Este llamado a la unidad con La Libertad Avanza se da en medio de una fuerte disputa por el control del PRO y las decisiones estratégicas de cara a las próximas elecciones nacionales, donde la derecha busca ampliar su base con discursos que afectan a los sectores más vulnerables.

En abril de este año, la ministra de Seguridad calificó públicamente a Tim Ballard como “un abusador”. Ayer, se conoció un video del ministro de Justicia con el polémico ex agente.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó públicamente a Tim Ballard, conocido por liderar campañas internacionales contra la trata infantil y por ser inspiración de la película “Sound of Freedom”, como “un abusador”. En una entrevista grabada en abril para NG Federal, Bullrich afirmó que Ballard tiene “23 causas por abuso” y que fue expulsado de todas las organizaciones en las que participó. Además, aseguró que el Gobierno argentino rechazó recibirlo: “Querían que lo reciba el presidente y le dijimos que no, porque este Gobierno no puede recibir a un abusador”.

Las declaraciones volvieron a tomar fuerza tras la filtración de un video en el que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aparece gestionando reuniones con jueces, legisladores y medios para instalar la figura de Ballard en Argentina. En la grabación, el funcionario incluso ofrece un borrador de proyecto de ley inspirado en la película “Sound of Freedom” y propone una estrategia mediática para “cambiar ese malentendido”.

Bullrich sostiene que las denuncias contra Ballard son numerosas y contundentes, aunque fuentes judiciales estadounidenses indican que solo había seis causas activas en Utah, muchas de las cuales fueron desestimadas. En algunos casos, las denunciantes debieron pagar costas judiciales. Este contraste deja en evidencia tensiones dentro del oficialismo y dudas sobre la rigurosidad con la que se manejó la información oficial.

El escándalo desató una interna en el Gobierno y generó fuertes críticas en la opinión pública. Mientras Ballard intenta avanzar con la instalación de su fundación en el país, crecen los cuestionamientos sobre el rol del ministro de Justicia y la posible utilización del aparato estatal para beneficiar a una figura polémica, fuertemente vinculada a sectores ultraconservadores de Estados Unidos.

La transferencia de casi medio millón de dólares durante un encuentro entre Javier Milei y el creador de la criptomoneda $LIBRA encendió las alarmas en Comodoro Py. La Justicia analiza si se trató de una maniobra de lavado, fraude o abuso de poder.

Un movimiento financiero de casi medio millón de dólares registrado el 30 de enero de este año quedó bajo la lupa de la Justicia federal. La transferencia se realizó exactamente a las 14 horas, en el preciso momento en que comenzaba una reunión entre el presidente Javier Milei y Hayden Mark Davis, empresario norteamericano vinculado al mundo cripto y creador del polémico token $LIBRA.

Según información provista por la plataforma Arkham, especializada en el rastreo de operaciones en blockchain, una billetera virtual asociada a Davis transfirió 499.000 dólares a una cuenta en Kraken, un exchange internacional de criptoactivos. La operación marcó el fin de un período de diez días de inactividad en esa billetera y fue solo el comienzo de una serie de movimientos aún más significativos.

Horas después del encuentro, la misma cuenta envió más de 3,4 millones de dólares a otras billeteras conectadas directa o indirectamente con Davis. Una de ellas pertenece a Kelsier Ventures, la empresa familiar del empresario. Desde allí se giraron otros 507.000 dólares a la plataforma Bitget. Otra cuenta receptora aún no tiene identidad confirmada, pero mantiene conexiones operativas con otras direcciones controladas por Kelsier.

Estas operaciones se realizaron en el marco del lanzamiento de $LIBRA, que ocurrió el 14 de febrero. Tras una fuerte campaña de promoción que incluyó menciones favorables por parte del propio Milei, la criptomoneda experimentó un ascenso vertiginoso y un posterior desplome que perjudicó a miles de compradores. El colapso de $LIBRA dio origen a una serie de denuncias penales contra el presidente argentino, quien actualmente se encuentra bajo investigación por presunta estafa.

La fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, con intervención del juzgado de María Servini, inició una investigación preliminar para determinar si estos movimientos financieros están vinculados a maniobras ilegales. En particular, se estudia la posible comisión de delitos como lavado de activos, cohecho, asociación ilícita y abuso de autoridad. La causa se encuentra en una etapa de recopilación de pruebas, con pedidos de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a organismos internacionales con competencia sobre criptoactivos.

La Justicia también analiza los vínculos de la misma billetera con la criptomoneda $MELANIA, asociada a Melania Trump. El 20 de enero, esa dirección recibió 500.000 unidades del token, valuadas en cerca de 4,9 millones de dólares, que fueron vendidas en distintas tandas en menos de una hora. Parte de lo recaudado habría sido utilizada en las operaciones del 30 de enero.

A diferencia de $LIBRA, que fue presentada como una herramienta para financiar a pequeñas y medianas empresas argentinas, $MELANIA se definió desde un comienzo como una memecoin, sin utilidad específica ni respaldo alguno. Esta diferencia es clave para los fiscales: mientras una memecoin apela abiertamente a la especulación, $LIBRA fue respaldada por un jefe de Estado y presentada como una iniciativa institucional.

La sincronización exacta entre los movimientos financieros y el encuentro presidencial es uno de los elementos que más inquieta a los investigadores. Aunque aún no se ha imputado formalmente a los protagonistas, la línea de investigación apunta a reconstruir la cadena de beneficios que pudo haberse articulado en torno a la promoción del token.

De comprobarse que los movimientos de Davis se vincularon con el impulso oficial que Milei dio a $LIBRA, la causa podría derivar en cargos por estafa agravada, lavado de dinero y corrupción. La posibilidad de que se haya utilizado el aparato estatal para manipular el mercado cripto abriría, además, un escenario de alta gravedad institucional.

La investigación está en curso y las próximas semanas serán claves. El juzgado deberá decidir si convoca a declarar a los involucrados y si avanza con medidas cautelares para asegurar activos que podrían formar parte del circuito financiero bajo sospecha. La expectativa sobre el caso crece, tanto en el ámbito judicial como político.

El Banco Nación preadjudicó un contrato por casi $4.000 millones a una empresa que, hasta diciembre, integraba el presidente de la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva sospecha de favoritismo y conflicto de intereses. El Banco Nación preadjudicó un contrato por $3.933.026.507,98 a Tech Security SRL, una empresa vinculada directamente a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hasta diciembre de 2023, Menem era socio activo de la firma. Al asumir su cargo en el Congreso, cedió sus acciones a sus hermanos, Fernando Nicolás Menem (abogado y cofundador de la empresa) y Eduardo Adrián Menem, que se sumó oficialmente a la sociedad en ese mismo mes. La información está respaldada por registros públicos y el Boletín Oficial del 4 de julio, donde se publicó la licitación correspondiente.

La contratación prevé brindar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con opción a dos prórrogas anuales, en lugares clave como la Casa Central del banco, Aeroparque y sedes administrativas. Junto a Tech Security, fue preseleccionada la firma Briefing Security SA, por un monto mucho menor: $237 millones.

La empresa beneficiada ya tenía contratos con el Estado y vínculos con el oficialismo. Tech Security estuvo a cargo de la seguridad en la presentación del libro de Milei en el Luna Park, en un servicio valuado en $35 millones, y tiene presencia activa en el fútbol argentino, especialmente en partidos de River Plate.

Como se ve en una captura de febrero de 2024, el nexo familiar de Menem con la firma levanta serias dudas sobre la transparencia en las contrataciones públicas. Mientras el gobierno recorta en salud, educación y salarios, la “casta” parece seguir cobrando.

La Cámara Federal de Casación Penal retiró el recurso contra la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, un giro que deja sin efecto el intento de trasladarla a una unidad carcelaria.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el intento de revertir la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner , luego de que el fiscal general Mario Villar decidiera retirar el recurso presentado por la Fiscalía en contra de esta modalidad de cumplimiento de pena.

La decisión fue comunicada minutos antes del inicio de la audiencia oral en la que se analizarían cuestiones vinculadas a las condiciones de la prisión domiciliaria, como el uso de tobillera electrónica, el régimen de visitas y la validez del domicilio elegido en el barrio porteño de Constitución .

El fiscal Villar se desligó del planteo de Luciani y Mola

El criterio de Villar se opone al de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola , quienes habían apelado la prisión domiciliaria y solicitaban que Cristina Kirchner cumpla su condena en una unidad carcelaria , o alternativamente, que sea trasladada a otro domicilio distinto al de San José 1111.

Tras el retiro del recurso por parte de Villar, la Cámara no tiene margen para revisar la modalidad de detención , por lo que queda firme la continuidad de CFK en prisión domiciliaria.

No obstante, Villar mantiene el pedido para que se evalúe el cambio de domicilio , argumentando que el actual “no aporta mayores garantías” debido a las constantes concentraciones de militantes en el barrio, lo cual “incrementa el riesgo” para la seguridad del lugar.

“La sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución”, señaló Villar en su escrito.

Por su parte, Luciani y Mola insistieron en sus críticas , señalando que desde el Ministerio de Seguridad se identificaron unidades penitenciarias viables donde podría cumplir la pena, y rechazaron que haya “trato inhumano” en ese tipo de alojamiento.

También destacaron que Cristina Kirchner no difiere en condiciones de salud ni de edad de otros condenados en el mismo proceso, quienes ya están cumpliendo sus penas en unidades carcelarias.

Los fiscales adjuntaron imágenes de las aglomeraciones frente al edificio donde reside CFK, incluyendo personas en balcones y terrazas de viviendas cercanas, y citaron un informe de la Procuración General de la Ciudad que advierte sobre disturbios, ruidos molestos y afectación de servicios esenciales en el barrio.

“El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia”, remarcaron Luciani y Mola.

A pesar del retiro del recurso por parte de Villar, la disputa por el lugar donde debe cumplirse la prisión domiciliaria sigue abierta , y será definida en la audiencia correspondiente.