El fiscal Pollicita pidió que se allane la empresa integrada por miembros de la familia del exfuncionario del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo. Buscan esclarecer si financió las actividades de Revolución Federal.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que se libren “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel en el marco de la causa por la que está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.

El requerimiento que el fiscal le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.
Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo “un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.
“Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz”, sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.
La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.
“Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas”, resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas.
El fiscal solicitó que el edificio ubicado en Neuquén, y señalado por Morel y por los directores de Caputo Hermanos en sus descargos, sea inspeccionado para ver si allí se encuentra “la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22” de la empresa al expediente el 19 de octubre pasado.

Un testigo clave escuchó a Milman hablar del atentado dos días antes.

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que instruyó a sus abogados para que recusen a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva la causa por el intento de asesinato en su contra. Le reprocha no haber indagado en los vínculos políticos del atacante y puntualmente en la figura del diputado del PRO Gerardo Milman.

A través de su cuenta de Twitter, CFK acompañó el anuncio de la recusación con un video que recuerda que un testigo clave dijo ante Capuchetti que Milman ya sabía del intento de magnicidio dos dias antes de que ocurriera. A pesar de eso, el diputado no fue hasta el momento citado a declarar. Milman fue el número 2 de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad durante la gestión macrista. Ahora es diputado nacional del PRO.

Según el testigo, escuchó a Milman decir “cuando la maten a Cristina voy a estar de viaje”. Se confirmó que ambos estuvieron en el mismo bar, mesa contiguas, como aseguró el testigo. Además, mencionó a dos mujeres. Las dos estaban ahí. Primero dijeron que nunca fueron al lugar y luego lo confirmaron cuando le mostraron las cámaras de seguridad. Una de las mujeres, fue empleada de Milman en el ministerio de Seguridad junto a Bullrich.

“Son Larreta, Bullrich y Vidal”, aseguraron.

El expresidente Mauricio Macri encabezó la reunión del PRO destinada a bajar la grieta interna. El primer acuerdo de una de las patas de la alianza de Juntos por el Cambio fue el de ratificar a los presidenciables de ese espacio, para competir en las PASO. Sorprendió la exclusión de Macri.

“Los candidatos a presidente son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal”, aseguró el presidente de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo, a la salida del cónclave.

“Macri nunca dijo que quería ser candidato”, agregó Ritondo, quien se erigió como vocero del encuentro de la mesa chica del PRO y habló ante la prensa. “Establecimos un mecanismo dentro del PRO para que se eviten tensiones innecesarias”, aclaró.

Igualmente, todavía falta mucho para las elecciones por lo que el escenario puede cambiar. ¿Qué hará Macri? El ex mandatario quedó golpeado después de 2019, ya que fue el primer presidente argentino en presentarse para su reelección y perder.

La presentación la hizo la asociación civil “Nace un Derecho” ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde Arietto está matriculada.

La asociación civil “Nace un Derecho”, por intermedio de su titular, Hernán Mirasole, presentó una denuncia contra Florencia Arietto ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde la profesional está matriculada.

En un hilo de Twitter, que los denunciantes presentaron como prueba, Arietto acusó a los abogados laboralistas de constituir “una mafia”, “promover la industria del juicio” y “quebrar empresas”, lo que consideraron totalmente agraviante e injuriante. La sanción por agredir a otros abogados puede variar entre una suspensión transitoria y la pérdida de la matrícula.

Según informó Página12, Mirasole sostuvo que “no todo vale”. Y agregó: “Se puede y se debe debatir ideas en un marco de respeto. La violencia verbal, como ya vimos, prepara el clima para la violencia física. Agredir a colegas, a todo un fuero y a todos los trabajadores que hacen valer sus derechos pasa un límite. Frente a esto debemos ser contundentes”.

Florencia Arietto pertenece al espacio político de la presidenta del Pro y precandidata a presidenta de la Nación Patricia Bullrich. En los últimos años, Bullrich ha virado su discurso hacia la extrema derecha y la violencia explícita, negándose por ejemplo a condenar el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Arietto la emula, posando con armas en las redes sociales o con amenazas de “entrar con metra” al conurbano. 

Sus dichos contra los laboralistas son textualmente copiados de los de Macri en 2017. El entonces presidente acusó a “un puñado de estudios jurídicos, conducidos por Héctor Recalde, de promover la industria del juicio y dañar la creación de empleo”. También atacó a Graciela Marino y a Enrique Arias Gibert, dos jueces del fuero laboral cuyas sentencias no eran de su agrado.

“Nace un Derecho” es una asociación de profesionales y estudiantes de abogacía que brinda asistencia y capacitación jurídica a sectores vulnerables en distintas zonas del país. Además, se ha caracterizado por promover diversas acciones judiciales por causas de incidencia colectiva en el área metropolitana.

“Si me joroban voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata a diputada y senadora en dos años”, aseguró la líder de la Coalición Cívica.

Elisa Carrió, advirtió este martes que si Juntos por el Cambio (JxC) no garantiza “una lista honesta” será candidata para las elecciones presidenciales de 2023, en medio de la interna entre dirigentes del PRO.

“Juntos por el Cambio va a ir a una interna, va a ser muy abierta; yo puedo estar incluida en esa interna si no hay garantías de honestidad”, manifestó Carrió en declaraciones a Radio Mitre, en la que no descartó presentarse como candidata a presidenta.

En esa línea, dijo que “si me joroban voy a volver a vivir a Buenos Aires para ser candidata a diputada y senadora en dos años, y recuperar los votos que generosamente presté para que haya una unión en Juntos por el Cambio”.

Ante una consulta sobre qué porcentaje de votos sacaría si eso ocurre, dijo que: “Aunque sea un 2%, quiero saber qué porcentaje de esta Nación quiere la decencia en serio, y cuánto de hipocresía hay”.

Carrió también fue consultada sobre la amenaza de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a quien advirtió que le iba “a romper la cara”, según mostró un video grabado durante la presentación del libro “Para Qué” del expresidente Mauricio Macri que se hizo público.

“A ese Felipe Miguel ni lo trato, ni lo conozco”, dijo Carrió, y recordó que Bullrich integró su partido antes de “abandonarla” para seguir a Mauricio Macri, pero aclaró que es “buena persona”.

Se trata de una de las vecinas que participa de las asambleas barriales en reclamo de la restitución de El Galpón de Ortúzar en la Comuna 15 de la Ciudad que comanda Rodríguez Larreta.

Desde hace meses, vecinos y vecinas del barrio de Villa Ortúzar reclaman la restitución de El Galpón de Ortúzar, un espacio comunitario, social y cultural que funcionaba en la plaza 25 de Agosto. El lugar fue desalojado por el Gobierno de la Ciudad para instalar allí un canil para perros, pese a la judicialización por parte de los vecinos.
 
En medio de esta disputa, el miércoles pasado, el titular de la comuna 15, Martín Garcilazo, reconoció a una de las vecinas que participa de las asambleas barriales, mientras la mujer estaba corriendo por un parque de Chacarita. Garcilazo la persiguió, la insultó y la agarró del hombro, seún consignó Tiempo Argentino. El hecho se suma al de otro jefe comunal PRO de la comuna 6 que amedrenta a vecinos y vecina.

“Vengo a denunciar públicamente que mientras corría por Chacarita, fui corrida 20 metros, alcanzada e increpada con dedito en el hombro e insultos como forra, puta hija de puta te voy a denunciar, por el señor jefe de la comuna Martín Garcilazo”, es el mensaje que envió al grupo de WhatsApp de vecinos y vecinas de la asamblea, la mujer que fue violentada y que pidió, por ahora, preservar su identidad
 
“Esta agresión se da en el marco de la resistencia que venimos haciendo para que Garcilazo no desmantele nuestro galpón, y la vecina se llevó la peor parte de todas, por el solo hecho de participar de las actividades del galpón de Ortúzar. Es un hecho muy grave”, cuenta a Tiempo Argentino Juan Martín Chippano, vecino e integrante del galpón.
 
En un comunicado, las y los vecinos aseguran que “no es la primer vez que el señor Garcilazo manda gente a insultar e increpar a quienes estamos en la plaza resguardando el galpón a la espera de la resolución judicial sobre su destino, pero esta vez entendemos que la cosa pasó a mayores y mientras evaluamos  las acciones a seguir queremos que este hecho se difunda ampliamente”.
 
Además, denuncian la falta de diálogo y destacan que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, demuestra una vez más “que su única manera de resolver los conflictos son la amenaza y la violencia física, extraño modo de diálogo el de un varón asaltando, insultando y amenazando a una mujer sola en  el espacio público. Es una prueba más de que el Gobierno de la Ciudad y Garcilazo no tienen la razón de su lado y solo pueden apelar a la fuerza bruta para imponer sus intereses”.

¿Cómo dijo?

La ausencia de varios diputados opositores en la votación de una nueva tasa aeroportuaria incluida en el Presupuesto despertó fuertes críticas desde el macrismo. Entre ellos, fueron señalados Javier Milei y Margarita Stolbizer, quienes se fueron a su casa.

La diputada de Juntos por el Cambio explicó por qué se fue del recinto para no quedarse dormida en la banca. “No resistí”, se excusó.

“Quiero aclarar esto. No va a haber en mi respuesta ninguna sofisticación ni especulación. Es simplemente una cuestión humana”, se anticipó la diputada bonaerense, en declaraciones a radio La Red.

“Yo corría el riesgo de que me quedara ahí y que me cayera dormida sobre la banca. Al día siguiente iba a estar en todas las redes, con todas las críticas, por haberme quedado dormida. Podría haber apretado mal la tecla”, justificó.

En ese sentido, Stolbizer se quejó de las normas en el Congreso y de los tiempos que deben permanecer en el recinto. “Porque hay una cosa que es inhumana: sesionar durante 24 horas seguidas, no se puede hacer, no es sano esto”, cuestionó.

¿Milman sabía del atentado a Cristina?

El senador nacional peronista Oscar Parrilli se refirió al diputado macrista Gerardo Milman, quien según un testigo sabía del atentado a Cristina, dos días antes de que se cometiera. “Milman es un personaje tenebroso, lo peor que tiene el Pro”, dijo Parrilli.

Un testigo declaró en la Justicia que presenció una charla de Milman con dos personas en la que aseguró: “Cuando la maten a Cristina voy a estar viajando a la costa”. Se confirmó que la reunión existió – hay videos – y también que Milman viajó a la costa en el mismo momento del magnicidio contra la vicepresidenta.

“Necesitamos que avance la investigación del atentado a Cristina, Milman es un personaje agresivo, violento y tenebroso”, aseguró Parrilli al respecto. “Milman es el peor personaje que tiene el Pro, es oscuro. Tiene que dar explicaciones”, dijo.

Insólito reclamo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra los padres de alumnos que realizaron tomas de secundarios en reclamo de mejoras en la educación.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a 366 “adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado” de las tomas a colegios secundarios a través de 25 denuncias penales a la vez que informó que “están en curso 21 denuncias por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85″.

“El Ministerio de Educación porteño envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios de personal de las escuelas tomadas, para transferirles a los adultos responsables el costo laboral que implicó tener cerradas las escuelas”, afirmó el Gobierno porteño en un comunicado.

En el momento en que se dieron estas protestas en que los alumnos se quejaron por las viandas y fueron contra las prácticas laborales obligatorias, Acuña había anticipado que iría a la Justicia. “Cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la Ciudad decidió denunciar penalmente a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas. En tal sentido la Procuración General de la Ciudad ya realizó 25 denuncias penales a 366 adultos responsables”, precisaron en la cartera educativa porteña.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña indicó: “Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”.

En su momento, la titular de Educación capitalina había asegurado que las denuncias no tenían un fin recaudatorio, sino que desde la Ciudad intentaban marcar que las familias tenían la “responsabilidad” de mostrar cuál era “el límite”.

“Cuando hay una toma, las autoridades tienen que comunicarse con los padres para que vengan a buscar a sus hijos. Pero si las familias avalan lo que hacen los chicos, se hacen responsables de lo que hagan y del patrimonio de la escuela”, afirmó en ese entonces Acuña en CNN Radio.

Millones para grupos ultraviolentos.

El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, calificó a Caputo Hermanos SA como “una ficción de sociedad” y advirtió que, frente a la “poquísima documentación presentada”, parece existir “un propósito de sus fundadores de no permitir que se entere la IGJ ni los terceros de las actividades que llevaban adelante”.

El organismo de control emitirá este mediodía una resolución particular para ampliar la investigación sobre la sociedad perteneciente a la familia de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, y sospechada de financiar al grupo de ultraderecha Revolución Federal, reseñó Página 12. La empresa le transfirió más de 7 millones de pesos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, un grupo de ultraderecha violento.

El director de la IGJ, en diálogo con Radio10, contó que la sociedad fue constituida en 2004 y, desde entonces, mantiene “un funcionamiento totalmente irregular que no se condice que las normas de la ley de sociedades”.

Nissen precisó que en el objeto social no está contemplada la administración de fondos de terceros y que los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, a través de los que se le realizaron pagos al fundador de Revolución Federal, no aparecen en los libros societarios. Es un escándalo impresionante. ¿Para qué se usó esa plata?

En ese marco, el titular de la IGJ incluyó a Caputo Hermanos S.A. con un “fenómeno que ya lo advertí como inspector general en las sociedades de (Joe) Lewis y las que tenía Mauricio Macri para explotar campos en Salta y Jujuy”. “Son sociedades en las que se cumplen las formalidades, pero en realidad no sucede”, describió Nissen y aseguró que son “una ficción de sociedad“.