En medio del conflicto por el transporte público, el Gobierno evalúa si aumenta o no el valor de las tarifas.

Luego del paro de colectivos sucedido el jueves 11 de abril en el AMBA, en reclamo por el pago del acuerdo paritario entre las cámaras empresarias y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), y los subsidios del Estado, el Gobierno analiza si aplicará o no el ajuste de tarifas en el transporte público en el mes de mayo.

Si bien aún no solucionó el conflicto con los subsidios, el Gobierno evalúa si actualizan o no el valor de las tarifas del transporte público el mes que viene, si esto sucede el boleto tendría un salto de hasta 51,6%, de acuerdo al artículo 11 de la Resolución 5/2024 de la Secretaría de Transporte de la Nación. El boleto mínimo de colectivos pasaría de $300,78 a $409; y los trenes se iría de $130 a $197 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por lo pronto fuentes oficiales le dijeron al diario Clarín que “en principio no hay ajuste previsto para mayo”, en caso de que la administración de Javier Milei decida extender el congelamiento, ya que la última actualización fue en febrero, deberán otorgarle más dinero a las empresas de transporte para sostener sus funcionamiento.

Qué reclaman las empresas y la UTA

Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) en marzo el costo “real” de un pasaje de colectivos fue $1.198, con IVA incluido, de ese valor el Estado nacional reconoce $354, con lo que completa los $624, que es el valor reconocido por el Gobierno.

Por lo tanto, las empresas del sector reclaman que pierden $574 por boleto, lo que se está reflejando en la calidad del servicio, frecuencias y renovación de unidades.

En tanto, dentro de la estructura de costos reconocida por el Gobierno, con los $624 por pasajero alcanzaría para pagar el salarios a los choferes, pero no el aumento paritario acordado con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), motivo por el que se llevó adelante la medida de fuerza de la semana pasada.

Cómo está el cuadro tarifario

Colectivos

•  Para recorridos de 3 a 6 km, el costo será de $300,78, con una tarifa social de $135,35 y un valor sin nominalizar de $478,24.
• En recorridos de 6 a 12 km, el precio será de $323,95, con una tarifa social de $145,78 y un valor sin nominalizar de $515,08.
• Para distancias de 12 a 27 km, el costo será de $347,15 con tarjeta SUBE, $156,22 con tarifa social y $551,97 sin nominalizar.
• Por último, para recorridos de más de 27 km, el boleto costará $370,18 con tarjeta SUBE, $166,58 con tarifa social y $588,59 sin nominalizar.

Trenes

•  El boleto en la primera sección con tarjeta SUBE será de $130, con una tarifa social de $58,50 y un valor sin nominalizar de $260.
• En la segunda sección, el costo será de $169 con tarjeta SUBE, $76,05 con tarifa social y $338 sin nominalizar.
• Para la tercera sección, el valor será de $208 con tarjeta SUBE, $93,60 con tarifa social y $416 sin nominalizar.

El empresario macrista dueño de Mercado Libre ahora será intermediario entre el Estado y los beneficiarios de ANSES.

En un acto sin precedentes, el gobierno celebró que Marcos Galperín, el empresario ultra macrista dueño de Mercado Libre, ahora será intermediario entre el Estado y los beneficiarios de la AUH, Asignaciones Familiares por Embarazo, Progresar, y Programa Hogar.

Lo más insólito, es que al mismo tiempo que la billetera virtual de Galperín funcionará para cobros del ANSES, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Martín Menem publicó en su X: “Sin intermediarios, sin partidos políticos y de manera transparente”, para anunciar la medida con bombos y platillos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares y por Embarazo, Progresar y Programa Hogar son las prestaciones que se podrán cobrar a través de Mercado Pago, “de manera totalmente gratuita”, expresó la compañía.

A su vez, explicaron: “Ahora los beneficiarios cuentan con una opción que antes no tenían y que les permite generar rendimientos en un contexto inflacionario, administrar su dinero desde el celular y operar sin sucursales, filas ni efectivo en cualquier lugar del país en el que se encuentren”.

Al mismo tiempo, Mercado Pago aseguró que “no percibe ningún tipo de comisión por ofrecer este servicio”. Y agregaron: “Los usuarios pueden acceder a una tarjeta prepaga Mastercard sin costo y realizar extracciones en comercios adheridos o cajeros automáticos de forma gratuita”.

El anuncio de Menem generó un generalizado rechazo en las redes, ya que, entre otras cosas, le recordaron que jamás hubo intermediarios para el cobro de estos beneficios, ya que se llevaba adelante a través del Banco Nación.

Y por supuesto, los usuarios ponen muy en duda que ahora, de buenas a primeras, una mega empresa como Mercado Pago no reciba ningún beneficio económico y en consecuencia lo haga como una entidad que beneficia desinteresadamente a los sectores más desprotegidos de la sociedad.

El 75,9% está en desacuerdo con que su situación económica mejoró desde que el libertario es Presidente.

De acuerdo a un nuevo estudio de la consultora Zuban- Córdoba titulado «La Tensa Estabilidad Libertaria’», la aprobación de la sociedad hacia el gobierno encabezado por Javier Milei cae paulatinamente y el 75,9% está en desacuerdo con que su situación económica mejoró desde el libertario es Presidente.

Asimismo, ningún dirigente de los más destacados del oficialismo tiene diferencial positivo de imagen: el propio Milei tiene una imagen negativa de 52,5% y una positiva de 47,2%.

Un dato relevante es la evaluación sobre la (no) gestión de la epidemia de dengue que generó un récord de personas contagiadas y muertes, para lo cual un 60% cree que el accionar fue inadecuado y un 65% cree que el gobierno debería comprar vacunas y repelentes de forma masiva”.

Por otro lado, la defensa a la educación pública parecer ser un valor de gran consenso social, con casi un 70% de personas encuestadas que sostienen que hay que defenderla.

#POLÍTICA🗳️| Según un nuevo estudio de Zuban-Córdoba, crece el descontento hacia el Gobierno de Milei https://t.co/nnpHloh5o9 pic.twitter.com/3NLim0E09W

— 1000 Caracteres (@1000_Caracteres) April 15, 2024

Fuente: Zuban-Córdoba y 1000 caracteres noticias.

La fuga esta vez tuvo lugar en la Comisaría 12 C de Villa Urquiza, situada en la calle Juramento al 4367.

Este lunes por la mañana una alerta de la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad ubicada en el barrio porteño de Villa Urquiza reveló la fuga de dos presos. Los delincuentes limaron los barrotes de su celda y escaparon por una ventana.

El alerta se emitió luego de que personal de la comisaría constatara la ausencia de ambos delincuentes en el conteo matutino. Tras esto, descubrieron que los prófugos había limado los barrotes de su celda para luego escaparse por una ventana.

La fuga esta vez tuvo lugar en la Comisaría 12 C de Villa Urquiza, situada en la calle Juramento al 4367.

Quiénes son los prófugos de Villa Urquiza

Uno de prófugos fue identificado como Héctor Fernando Montoro, de 37 años, que estaba detenido desde fines de noviembre del año pasado por el delito de robo y se encontraba con prisión preventiva.

El otro prófugo fue identificado como Javier Mauricio García, de 35 años, quien había sido capturado por “portación de arma de fuego de uso civil” y estaba a la espera de situación procesal.

Motín en una comisaría de Villa Lugano: presos incendiaron colchones

Luego de varias fugas de presos en la ciudad de Buenos Aires, el sábado se registró un motín en la comisaría vecinal 8A de Villa Lugano, dónde los detenidos prendieron fuego colchones, lo que provocó que varios de ellos tuvieran que ser asistidos por inhalación de humo.

El hecho ocurrió cerca a las 19.40 en la dependencia ubicada en Martiniano Leguizamón al 4000 y, según informó Policía de la Ciudad, los detenidos tomaron el patio y prendieron fuego los colchones dentro de uno de los calabozos, aunque no trascendieron los motivos de la protesta.

Desde la comisaría solicitaron apoyo a la División de Intervenciones Rápidas (DIR) y la División Unidad Táctica de Intervención de Alcaidías (DUTIA), y se desplegó un importante operativo para evitar nuevas fugas, según informó Infobae.

El motín pudo ser controlado dos horas después, cerca de las 21, cuando los Bomberos porteños apagaron por completo el fuego y el personal del SAME asistió a los detenidos que se intoxicaron con el monóxido de carbono. Más allá de esto, fuentes policiales informaron que no hubo heridos y que la atención médica se realizó a modo preventivo, especificó el portal MinutoUno.

Esto se suma a las fugas que se registraron en San Telmo, Balvanera y Caballito, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó al respecto que “las comisarías no son un lugar preparado para que haya gente presa” respecto a la superpoblación de presos.

“Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad”, dice la carta escrita por la madre de Ana Clara, que fue compartida en redes por colegas de la trabajadora estatal.

Ana Clara trabajaba en el Estado, en el sector de la salud, donde estuvo durante 17 años. Uno de los cargos que ejercía era el de docente de la Facultad de Psicología de la UBA. En medio de la ola de despidos masivos ejecutados por el Gobierno nacional en todos los organismos, secretarías y ministerios y la incertidumbre que atraviesa a quienes trabajan en ese sector, en el cuadro que padecía Ana Clara hubo un “detonante”: el temor a perder el empleo. 

La madre de Ana Clara escribió una carta y pidió difusión. Colegas y conocidxs de la trabajadora estatal la recordaron y lamentaron su partida. 

La usuaria de X Laura Cittadini fue quien compartió la carta que ya se viralizó: “Se suicidó una trabajadora del Ministerio de Salud de la Nación. Su madre pide que se difunda esta carta, que dice: ‘Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad’“.

Se suicidó una trabajadora del Ministerio de Salud de la Nación. Su madre pide que se difunda esta carta, que dice: “Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad”. pic.twitter.com/60qchPJIVy

— Laura Cittadini (@LauFerrito) April 15, 2024

Ana Clara se fue por decisión propia. Su alma estaba quebrada, su psiquis estaba frágil. No le alcanzaron ni la medicación de los profesionales, ni nuestros cuidados, ni nuestro acompañamiento ni nuestro amor ni el de sus amigos”, comienza el escrito.

“(…) Siento la obligación de decir que Ani, dentro de su cuadro, cayó en uno de los agujeros que está haciendo irremediablemente esta red perversa del ‘sálvese quién pueda de la destrucción’. Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad'”, expresó.

“Sintió que la red humana solidaria de la sociedad se había roto y ya no la contenía. Por eso repito que se cayó por uno de esos agujeros”, lamentó la madre en el escrito, que finalizó con un sentido “Ana Clara…presente ahora y siempre”. 

Fuente: Infonews

Cierre de una fábrica histórica.

Luque fue uno de los primeros distritos electorales que el 19 de noviembre informaron el resultado del balotaje: Javier Milei sumó 82% de los votos, una paliza descomunal a Sergio Massa, la más amplia de Córdoba, el bastión libertario.

Cinco meses después, 200 familias de esa localidad de 7.000 habitantes recibieron en las últimas horas telegramas de despidos o firmaron desvinculaciones con la empresa mexicana Mabe, fabricante de la marca Dream, cuya planta, en la que empleaba hasta esta crisis a 900 personas, es el corazón productivo de la región. El motivo: las políticas de ajuste brutal de Javier Milei.

Para reordenar el personal, la planta, emblemática en la industria nacional porque fue fundada por una familia de la zona (Alladio) y vendida a capitales internacionales, estará cerrada entre el 22 de abril y el 6 de mayo.

La recesión empieza a impactar en todo el sistema productivo cordobés, y afecta a trabajadores calificados de la industria automotriz y metalmecánica; y en la dinámica área de servicios, como los servicios de vigilancia.

“La satisfacción del salvajismo anarco capitalista será temporal, hasta que recuperemos la humanidad en la conciencia política, surgiendo un nuevo movimiento que sepa rescatar e interpretar la esencia social de justicia, comunidad y consenso”.

Por Joshua Lentulus Aivazian.

Cuando caminamos por la vereda son varios los obstáculos con los que nos encontramos. Algún pozo o baldosa floja que nos moja los pies, contenedores de basura rotos y abiertos destilando su hedor a podredumbre y objetos comerciales que se colocan en el medio del camino, fastidiando la circulación peatonal.  

Todo ello va calando continuamente en la psique del individuo, al comienzo como una incomodidad leve, pero que va escalando en forma de fastidio y luego de hartazgo. Puede poseerse los medios de reclamo, como son los números de teléfono de la municipalidad para reclamar las baldosas rotas, pero la desmoralización provocada por la demora, el trámite burocrático y hasta la ausencia de alguna solución hace invisibilizar cualquier entidad superior e intermediadora de estas problemáticas, a causa de la fría indiferencia del aparato burocrático y de la deshonestidad de los funcionarios públicos.

Esto, llevado a una escala de régimen político, se lo denominó “insatisfacción” democrática, al subestimar la dignidad del ser humano como una cuestión de conformismos a satisfacer. Todo régimen, no importa su carácter, es conflictivo en su aspecto subjetivo, mientras que ello es compensado por la eficiencia de su parte objetiva, siendo esta la gestión y administración del Estado. El comunismo no funciona en China por virtud de la propia ideología, sino por la eficiencia del aparato estatal en el ejercicio de sus funciones.  

Estas se han mal interpretado en nuestro país por el criterio económico-mercantil de la oferta y la demanda, persuadido ello por el modelo electoralista del régimen político liberal.

Uno de los términos mercantiles empleados para definir el arte de gobernar ha sido el de “satisfacer” las demandas sociales. ¿Cuáles? ¿en qué medida? ¿con qué prioridad? Estas son las preguntas racionales que todo administrador público se debe hacer. La experiencia demostró que ello no solo resultó contraproducente en el estima de los funcionarios, sino dañino al propio Estado por el incentivo de grupos de poder quienes determinaban al Estado como un inversor de sus demandas.  

Un ejemplo lo encontramos en la gestión de los recursos públicos en calidad de subsidios, estos incentivan una demanda que solo encuentra solvencia en el poder adquisitivo del mismo subsidio, cuando, la eficiencia implica la capacidad de generar el autosustento y de ello la dignidad social de quienes participan. “Satisfacer” significó el primer teléfono descolgado para la sociedad ante su reclamo.

Ante la deficiencia y atraso con el cumplimiento de obras y proyectos de orden público, se instauró una nueva definición de la esencia de las funciones públicas, su causa y destino, la política. La misma fue definida como “la lucha de interés”, alejándose de la concepción de la antigua Grecia, que define a la política como los asuntos de la vida en comunidad.

El reemplazo de una concepción integradora de la vida social, por una que legitima la conflictividad, sin diferenciar los reclamos justos de los injustos en una jerarquía de prioridades, dio luz verde a la competencia de demandas a satisfacer, sin organizar su prioridad, calidad y utilidad, generando en consecuencia el rechazo de quienes esperaban de la política un espacio de acuerdos y consensos en pos de lo común.  

El segundo teléfono descolgado trajo consigo la ambigüedad de los intereses en conflicto, que pasaron a restringir el ámbito social, para internalizarlos en lo personal, definiendo lo personal como político y el punto de partida del concepto. En consecuencia, cualquier inconformidad individual podía trascender en la estimación del Estado para satisfacerla con solo darle entidad política, creando una implícita segregación con la famosa ley de los cerdos en “Rebelión en la granja” de George Orwell, “todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros”.

La desmoralización es total cuando el tercer teléfono se encuentra también descolgado, y, como si se tratase de un personaje surgido del inconsciente colectivo, aparece en escena quien representa la reacción de toda desmoralización e incapacidad social.

La mercantilización del lenguaje político que disimulaba y justificaba las deficiencias administrativas llevo a la resolución de la población a optar por una opción electoral identificada con esa misma mercantilización, el liberalismo, llevado al plano de las necesidades económicas de la sociedad, y a su vez, representaba la reacción destructiva de todo aquello acusado de ineficiente, el propio Estado. Como si de una gangrena se tratase, todos los ministerios, secretarías y empresas la han cultivado en el amparo de la indiferencia de su accionar político, justificado por alguna proclama o consigna moral como “justicia social”, “inclusión” o “diversidad”. El bisturí fue reemplazado por la brutalidad de la motosierra durante la campaña electoral, interpretando los ánimos sociales persuadidos por la confusión y el hartazgo, que ya no confiaba en el tiempo ni en la palabra de “expertos” o científicos. Por lo que la libertad significó liberarse de esas mismas promesas de soluciones, eliminando el objeto en el que descansaban, y con ello, el conocimiento, la experiencia y el talento de miles de trabajadores públicos.

La satisfacción del salvajismo será temporal, hasta que recuperemos la humanidad en la conciencia política, surgiendo un nuevo movimiento que sepa rescatar e interpretar la esencia social de justicia, comunidad y consenso y se pueda recrear un Estado a imagen y semejanza de esas mismas virtudes.

Así se desprende de una reciente encuesta de la consultora Zuban, la mayor parte de los encuestados se muestra contrario a involucrar al país en la brutal guerra ruso ucraniana que lleva ya dos años.

En recientes declaraciones a la CNN el presidente Milei hizo referencia a la actual guerra de Ucrania, interrogado sobre el posicionamiento que adoptará el país el presidente afirmo que “Los gobiernos están en contacto, nuestros ministros de defensa están en contacto, en todo lo que podamos ayudar, los vamos a ayudar”…“Se va a hacer un foro en defensa de la libertad de Ucrania, que se hace en Latinoamérica y Zelenski me pidió que se haga acá en Argentina y yo le dije que si, que lo vamos a hacer, y hay unos foros donde se me pidió que vaya a participar en defensa de Ucrania y lo voy a hacer“.

Adelantos de nuestra ultima #EncuestaArgentina🇦🇷 Muy pocos respaldan la idea de enviar soldados argentinos a combatir contra Rusia. Apenas un 14%. (Sigue) pic.twitter.com/UHGjxmt3L8

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) April 12, 2024

Milei declaró estar dispuesto a involucrar al país en la Guerra

Durante la entrevista Milei destacó además que está dispuesto a ayudar a Ucrania incluso en el terreno militar, ante la pregunta del periodista ¿Pero argentina podría mandar algún tipo de entrenadores militares? a lo que Milei respondió: “Es algo que esta discutiendo nuestro ministro de defensa Luis Petri con las autoridades de Ucrania”.

Agenda para un nuevo contrato social funciona como la antítesis de decreto del gobierno nacional, y busca fijar un horizonte para los gremios y sus afiliados.

En el reciente encuentro con senadores de Unión por la Patria, la dirigencia de CGT presentó un documento que expone la visión de la central obrera de la realidad argentina. Bajo el título de Agenda para un nuevo contrato social, este texto de 13 páginas recuerda el pacto social que los gremios intentaron motorizar durante la gestión de Alberto Fernández, y que naufragó ante las internas del extinto Frente de Todos. Ahora, aparece como una alternativa a las políticas de ajuste de Javier Milei, que buscan imponer mediante dos medidas claves: el DNU 70 y la nueva Ley Bases.

En este sentido, el acuerdo cegetista se mueve como “una contrapropuesta” de estas medidas, con un fuerte perfil industrialista, pensada en el trabajo como centro de las relaciones sociales. Que se haya presentado primero ante legisladores peronista marca que además de un parámetro para el futuro, el documento debe entenderse como bases de futuras leyes que se podrían impulsar, como contrapeso de la dirección que marca el gobierno.

El texto, que fue elevado por la conducción de CGT a Senadores de Unión por la Patria y a funcionarios de gobierno, está dividido en 17 puntos con el objetivo de convocar a la “construcción de un programa de consenso multisectorial”. “Tenemos que avanzar hacia una agenda de diálogo con una Argentina del Desarrollo, la Producción y el Trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”, introduce el texto, que no fue presentado a los funcionarios del gobierno con los que la dirigencia cegetista estuvo reunido esta semana.

El punto principal de la agenda diseñada por la conducción de la CGT es “trabajo”. Allí se plantea “desarrollar una nueva normativa de accidentes de trabajo que haga centro en una efectiva política de prevención”. Además, se recalcó el “pleno cumplimiento de los derechos sociales constitucionales”, en especial aquellos dispuestas en el artículo 14 bis de la constitución.

Otro punto clave es la defensa del modelo sindical. “La CGT manifestó la defensa de los convenios colectivos por actividad y abrió las puertas a la discusión de un régimen laboral moderno que no lesione los derechos conquistados”, recalcaron. Esto es mantener el “unicato”, el modelo de un gremio por rama que algunos ponen en discusión, ya que limita la aparición de nuevas organizaciones sindicales.

Además, se pide una ley de primer empleo, sistema integrado de inspecciones, un programa nacional contra la lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil. “Es un claro modelo industrialista, que se contrapone con el modelo libertario”, le dijo al medio Data Gremial una fuente consultada, que contrapuso la agenda de la CGT con el DNU y la Ley bases. “Es el ‘contra DNU’ de los trabajadores, su agenda y sus objetivos”, agregó.

Reforma laboral

La agenda de la CGT apunta a ponerle un freno al avance de la reforma laboral que busca imponer el gobierno. En los últimos días, las versiones indicaron que había principio de acuerdo con distintos sectores para incorporar un nuevo capítulo laboral en la nueva Ley Bases.

El tema incluso se trató en la primera reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El encuentro no alcanzó para anular la convocatoria al paro, que se preveía desde semanas atrás. Lo que sí logró es poner en blanco sobre negro la real postura de la CGT con una posible reforma, ante tantas versiones de acuerdo, en especial con el sector dialoguista.

Según pudo saber Data Gremial, los dirigentes les remarcaron a los funcionarios que no aceptarán “que se toque la ultraactividad de los convenios”, y les marcaron que no deben interferir en la homologación de las paritarias. En este punto, un dirigente marcó que “el rol del gobierno es de control de legalidad, no de control de conveniencia” de los acuerdos. esto quiere decir que si la paritaria está dentro de la ley, la secretaría de no puede opinar sobre otras cuestiones, como los montos acordados.

Con la demora en la homologación de los acuerdos, se busca ponerle un techo a los acuerdos, como admiten en la propia cartera laboral. Estos puntos son inamovibles, según se supo. Si el gobierno acepta que esos dos artículos no formen parte de la Ley Bases, hay expectativa que haya una especie de aval tácito para su aprobación, que le permitiría al gobierno nacional poder llevar como arma de negociación con los distintos legisladores del peronismo.

Otros puntos

Otro de los puntos clave del documento es “educación”. En este caso, se pidió por políticas de desarrollo integral del sistema educativo, programas federales para el acceso y la terminalidad educativa, la revitalización de las escuelas técnicas y jerarquización y cuidado de docentes, alumnos y personal no docente. En tercer lugar, la CGT hizo foco en la “salud” donde reclamó un fortalecimiento del sistema de obras sociales sindicales, una política sanitaria con compañas continuas de prevención y priorizar la medicina preventiva.

En materia de Política industrial, punto 4 del documento, se convocó a un desarrollo de las industrias estratégicas, con modernización y ampliación de la matriz productiva. Asimismo, se demandó mejoras de logística, fortalecimiento de desarrollo agropecuario, agroindustrial y ganadero. También defensa de economías regionales, la actividad pesquera, la minería y la investigación y capacitación en industrias de futuro.

Sobre Seguridad Social, punto 5, la CGT reclamó equiparar el haber mínimo jubilatorio al salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores. A su vez, la eliminación de los topes en materia de asignaciones familiares y la creación del Instituto Nacional de Previsión y Seguridad Social, con control de los trabajadores. Entre el punto 6 y 17, la central obrera abordó las cuestiones de Política Internacional, Defensa Nacional, Política Energética, Producción del Medio Ambiente, Transporte, Sistema financiero, Reforma Tributaria (progresiva y sin impuestos al salario), Comercio Exterior e Interior, Coparticipación federal, Combate a la pobreza e indigencia (con programa de generación de empleo), Seguridad y Vivienda.

Fuente: Data Gremial

En febrero se registraba una suba del 13,2%, mientras que en enero el índice llegó al 20,6%.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó este viernes que la inflación de marzo fue de 11%. Este indicador se conoce luego de que en febrero se registrara una suba del 13,2%, mientras que en enero el índice llegó al 20,6%.

El IPC del tercer mes del año marcó, así, la tercera desaceleración en términos mensuales tras el pico de 25,5% que marcó diciembre, el primer mes de mandato del gobierno de Javier Milei tras la liberación de precios y del salto cambiario. En enero el índice oficial había sido de 20,7% y en febrero, de 13,2 por ciento.

El ministro de Economía Luis Caputo anticipó la semana pasada que el índice de precios estaría más cerca del 10 % que del 13,2 % de febrero, considerando que marzo suele ser un mes con un componente estacional muy alto por el inicio del ciclo lectivo que suele empujar hacia arriba la tasa de variación de precios de Educación.

En un contexto de marcada recesión y de caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la inflación volvió a ceder y tuvo entonces en marzo un ritmo menor. El mercado espera que desde mayo el IPC comience a mostrar un dígito mensual.

La expectativa de inflación para 2024 tuvo un claro recálculo en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace el Banco Central, que pasó de 203,8% para todo 2024 hasta poco menos de 190 por ciento.