La evolución de los sueldos en la Cámara Alta muestra cómo el desacople de las dietas y el enganche a los módulos legislativos impulsaron un salto nominal del 718,75% entre el fin del mandato de Alberto Fernández y las proyecciones salariales vigentes.

Para comprender la magnitud de las transformaciones salariales en el Congreso Nacional, resulta indispensable fijar la línea de base en el cierre de la gestión previa. Al concluir el mandato de Alberto Fernández en diciembre de 2023, la dieta bruta de un legislador nacional se ubicaba en torno a los $1.600.000 (lo que representaba un ingreso neto cercano a los $1.300.000). Durante aquel período, los haberes de diputados y senadores se mantenían acoplados a la paritaria general del personal del Congreso, acumulando ajustes acordes a la inflación pero dentro de un esquema de actualización uniforme.

El punto de inflexión definitivo ocurrió durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Tras un incremento inicial del 30% otorgado a comienzos de 2024 que elevó los sueldos a $2,5 millones, la Cámara de Senadores resolvió cambiar drásticamente las reglas del juego. En abril de 2024, mediante la aprobación de la Resolución 9/24 votada a mano alzada, la Cámara Alta desenganchó su dieta del criterio tradicional y fijó un nuevo sistema de cálculo compuesto por 4.500 módulos (2.500 de dieta, 1.000 de gastos de representación y 1.000 de desarraigo, sumado a un proporcional de aguinaldo). Esta decisión disparó de manera inmediata la dieta bruta a más de $7.000.000, marcando un incremento directo del 337,5% en cuestión de días.

A partir de esta reestructuración, la dinámica de aumentos pasó a funcionar como un mecanismo automático de actualización. Al estar las dietas expresadas en módulos salariales, cualquier incremento porcentual que se negocie para los empleados del Parlamento nacional (APL) o los trabajadores estatales se traslada de forma directa al valor nominal del módulo de los senadores. De este modo, la dieta dejó de depender de votaciones periódicas y pasó a indexarse al ritmo de las paritarias sectoriales.

El impacto acumulativo de este mecanismo reflejó un salto significativo a lo largo de las paritarias subsecuentes. Con los reajustes pautados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, la remuneración bruta de un integrante de la Cámara Alta superó los $13.100.000 brutos. Al comparar este valor proyectado con la base de $1.600.000 con la que finalizó el ciclo de Alberto Fernández, el incremento nominal acumulado en los haberes de los senadores alcanza un imponente 718,75%.

En contraste, la Cámara de Diputados transitó un camino más atenuado pero de fuerte recomposición, manteniendo congelamientos temporales y fijando acuerdos diferenciados que ubicaron sus ingresos en tramos sensiblemente inferiores a los del Senado. La disparidad en la evolución salarial entre ambas cámaras no solo expone las distintas estrategias políticas ante el impacto en la opinión pública, sino que también deja en evidencia cómo la elección del modelo de cálculo por módulos transformó estructuralmente los ingresos de los representantes en la Cámara Alta.

La reunión entre las federaciones docentes y las autoridades nacionales fracasó ante la falta de una propuesta salarial concreta. Mañana habrá una jornada de protesta en todas las universidades del país en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la educación superior suma un nuevo capítulo tras el fracaso de la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano. Las federaciones docentes, entre ellas la CONADU Histórica, rechazaron la falta de una oferta salarial acorde a la inflación y ratificaron un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre. La medida paralizará las actividades académicas y administrativas en las 57 universidades públicas del país.

Desde las organizaciones gremiales denunciaron que la gestión oficialista continúa licuando los ingresos del sector, con sueldos que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Señalan que la negativa del Poder Ejecutivo a recomponer el atraso acumulado desde el inicio de la gestión no es una omisión casual, sino una decisión política orientada al ahogo financiero de las casas de estudio.

La medida de fuerza incluirá no solo la suspensión de clases presenciales y virtuales, sino también visibilizaciones, ruidazos y clases públicas en distintas unidades académicas. Los docentes exigen la urgente actualización de los salarios, el pago de la garantía salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la falta de respuestas por parte del Estado, los referentes del sector advirtieron que el plan de lucha continuará profundizándose durante las próximas semanas. La comunidad universitaria ratificó que mantendrá la resistencia en las calles y en las aulas para defender la educación pública, gratuita y de calidad frente al ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo.

Así lo afirmaron referentes de diversos partidos políticos a cuatro años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en 2022.

Al cumplirse un nuevo año del ataque contra Cristina Kirchner, dirigenciales de distintos espacios políticos emitieron un comunicado donde remarcan que la democracia no tolera la erradicación de los rivales políticos.

El documento analiza el trasfondo de hostigamiento político, mediático y judicial en el que ocurrió el atentado hacia la exmandataria, sosteniendo que el hecho no puede considerarse un caso solitario ni ajeno al ambiente político previo.

El texto advierte que hay un límite infranqueable para cualquier sistema democrático: el momento en que la anulación simbólica del oponente habilita la opción de su erradicación física. Asimismo, destaca que el 1 de septiembre de 2022 el país estuvo muy cerca de sobrepasar ese punto sin retorno.

Quienes firman la declaración señalan que esta fecha interpela a todo el arco democrático del país, no solo al peronismo o a sus simpatizantes. Por ello, convocan a una coincidencia básica entre todas las fuerzas políticas, sin importar sus posturas ideológicas: las contiendas democráticas se resuelven con ideas, debates, militancia y elecciones; jamás mediante la persecución política que ponga en peligro la libertad, la seguridad o la vida de las personas.

El texto completo del pronunciamiento

A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.

Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.

La llamada “antipolítica” no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.

Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.

En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.

La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.

El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.

Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.

Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.

Las herramientas pueden cambiar. El hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas.

Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.

Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política.

De defender la palabra frente a la violencia.

La verdad frente a la mentira organizada.

El debate frente a la estigmatización.

La participación frente a la antipolítica.

Y a trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.

Nunca más la eliminación del adversario.

Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política.

Partido Justicialista — José Mayans

Frente Renovador — Diego Giuliano / Sergio Massa

Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto

Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella

Principios y Valores — Guillermo Moreno

Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau

Patria Grande — Juan Grabois

Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín

Radicalismo Auténtico — Federico Storani

Kolina — Carlos Castagneto

Frente Grande — Mario Secco

La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico

Partido Solidario — Carlos Heller

Unidad Socialista — Jorge Rivas

Unidad Popular — Claudio Lozano

Forja — Gustavo López

Partido de la Victoria — Esteban San Pedro

Espacio Popular — Eduardo Sigal

PTP-PCR — Juan Carlos Alderete

Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo

Partido Comunista — Jorge Kreyness

Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña

Libres del Sur — Humberto Tumini

Por Carlos Martínez*

Hay causas que trascienden las fronteras y los intereses de los poderosos. Hay luchas que, aunque silenciadas por los grandes medios y ninguneadas por las cancillerías occidentales, se sostienen en la verdad histórica, en el derecho y en la dignidad de un pueblo. La causa del Sáhara Occidental es una de ellas. No es solo una causa anticolonial y antiimperialista; es también la causa de la justicia, del derecho internacional y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser sometido contra su voluntad.

El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Fue incluido en 1963 y, desde entonces, la comunidad internacional ha sido clara: España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio. La Asamblea General de la ONU estableció ya en 1965, mediante la Resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política. Pero ese proceso quedó truncado.

Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975, firmados en la agonía del franquismo, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. El asesor jurídico de Naciones Unidas lo recordó en 2002: España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio. Ese criterio ha sido reiterado incluso por la Audiencia Nacional española en 2014.

Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido sigue sin celebrarse. La MINURSO fue establecida en 1991 para organizar esa consulta. Más de treinta años después, el pueblo saharaui sigue esperando. La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025, renueva un año más el mandato de la MINURSO, pero evita abrir vías sustantivas que permitan avanzar hacia el referéndum. Es la misma inacción de siempre, el mismo aplazamiento que favorece al ocupante.

La traición de 1975 y la cesión de 2022

España no solo abandonó su responsabilidad; la entregó a manos de quien no tenía derecho a recibirla. El 9 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I, impuesto por Franco y “hermano” del monarca alauita Hassan II, pactó la entrega del Sáhara a Marruecos. No fue un acto de estado mayoritario ni consultado; fue una cesión vergonzosa, urdida en despachos, que condenó a un pueblo entero a la ocupación.

Y medio siglo después, la historia se repitió. Pedro Sánchez, sin consultar al Parlamento ni al pueblo español, cambió la histórica posición de neutralidad de España y apoyó el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para una solución. Un giro que muchos analistas han interpretado como una progresiva política de acomodación a las posiciones de Rabat. El acuerdo administrativo firmado en diciembre de 2025 entre los ministerios de Educación de España y Marruecos, que cede la enseñanza en el colegio español La Paz de El Aaiún a la administración educativa marroquí, es solo el último episodio de esta rendición. Marruecos ha visto la debilidad del Reino de España y sus gobiernos y a diferencia de ellos sabe lo que quiere y como conseguirlo, mientras que las autoridades españolas carecen de plan y su sujeción a los intereses de los EEUU y su miedo a la corona alauita junto a sus dadivas y corrupciones, mantiene un política errática, miedosa y liberal carente de toda defensa de la soberanía propia y la dignidad.

Marruecos, EE.UU. e Israel: el eje de la ocupación

Marruecos no actúa solo. Su expansión territorial, basada en supuestos derechos históricos de antiguos sultanatos que nada tienen que ver con el derecho internacional contemporáneo, se sostiene sobre alianzas estratégicas con las potencias occidentales y con el ente sionista de Israel.

En diciembre de 2020, la Administración Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Fue un canje vergonzoso: un territorio pendiente de descolonización se convirtió en moneda de cambio en los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la posición de Rabat, y Francia y Alemania han calificado el plan de autonomía marroquí como “serio y creíble”. La alianza con Israel, con cooperación en seguridad, tecnología y economía, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar sin precedentes.

Esta alianza no es un fenómeno aislado. Es parte de un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa y convierte el Mediterráneo en un escenario de presión y chantaje. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. No es un socio de fiar; es un país que juega sistemáticamente con cartas marcadas.

Pero la dinastía alauita también convierte a su propio pueblo en objeto de su explotación y expropiación de riquezas y derechos, empobreciéndolo y negándole el bienestar, manipulándole y oprimiendo a otras minorías interirores, mientras su rey posee la quinta fortuna más grande de África.

El Frente Polisario: la voz legítima de un pueblo

Frente a esta alianza de potencias coloniales y neo-coloniales, el Frente Polisario se mantiene en pie. No es un grupo más en disputa con otros; es el único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido como tal por la ONU y por la Unión Africana. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 34/37 (1979) y 35/19 (1980), reconoció al Frente Polisario como representante del pueblo del Sáhara Occidental. Desde 1984, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.

La inmensa mayoría de las potencias africanas, todas ellas ex colonias, reconocen al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui. Numerosas naciones, partidos políticos y asociaciones internacionales respaldan su causa. La lucha saharaui es, además, una causa antiimperialista. Marruecos, EE.UU. e Israel solo gozan del apoyo de potencias que fueron colonizadoras y que desean hacer del reino alauita una base contra el multilateralismo y la soberanía de los pueblos.

Neocolonialismo: el expolio del Sur Global

El Sáhara Occidental no es un caso aislado. Es la expresión de una lacra más amplia: el neocolonialismo. Occidente y sus potencias siguen practicando la usurpación y expropiación de las riquezas naturales del Sur Global. El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca, hidrocarburos y otros recursos. Su ocupación bloquea la explotación de esos recursos por su población autóctona, mientras la corona se los ofrece a empresas multinacionales y a potencias extranjeras que están entrando a saco en el Sahara Occidental.

Marruecos, con la connivencia de EE.UU., Israel, la OTAN y la Unión Europea, mantiene un escenario de guerra y ocupación para asegurar el control de esas riquezas. Cuando las naciones del mundo demuestran ser capaces de lograr su propio desarrollo, las potencias coloniales recurren a sátrapas o a la guerra. La causa saharaui expresa que el colonialismo sigue presente, y que tanto Marruecos por sí mismo como por delegación occidental lo ejerce, al igual que el ente sionista de Israel en Palestina o Gran Bretaña en Gibraltar.

La justicia no prescribe

El Sáhara Occidental es la última colonia de África. Es el recordatorio de que el colonialismo no es un asunto del pasado, sino una realidad presente. Es la prueba de que el derecho internacional puede ser violado impunemente cuando los poderosos así lo deciden. Pero la justicia no prescribe. El pueblo saharaui sigue en pie, el Frente Polisario sigue luchando, y la comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.

España, como potencia administradora, tiene la obligación de contribuir a un referéndum de autodeterminación. No puede lavarse las manos. No puede esconderse tras acuerdos vergonzosos. El pueblo saharaui merece decidir su futuro. Y el mundo, si realmente cree en la justicia, en el derecho internacional y en la soberanía de los pueblos, debe estar de su lado.

*Politólogo y miembro de Sovintern

Clientes denunciaron descuentos de hasta $95.000 en sus cuentas. La entidad admitió una “incidencia operativa”, aseguró que el problema ya fue corregido y anunció la restitución automática de los fondos afectados.

El Banco Provincia quedó en el centro de los reclamos de clientes que detectaron débitos que no correspondían en sus cuentas sueldo. Las denuncias comenzaron a multiplicarse durante las últimas horas y algunos usuarios aseguraron haber sufrido descuentos de hasta $95.000.

La situación generó preocupación especialmente entre trabajadores estatales y jubilados que utilizan sus cuentas para cobrar sus haberes. Frente a los reclamos, desde la entidad reconocieron que se produjo una falla en el sistema que derivó en descuentos indebidos.

Voceros del Banco Provincia explicaron que se trató de una “incidencia operativa que generó débitos indebidos en un grupo de cuentas” y aseguraron que el inconveniente fue identificado y corregido.

El Banco Provincia devolverá los importes

Desde la entidad señalaron que los montos descontados por error serán restituidos automáticamente, por lo que los clientes afectados no deberán realizar ningún trámite.

Según informaron, la devolución de los importes debía completarse durante la mañana de este martes. También remarcaron que el inconveniente fue transitorio y que ya se trabaja en la normalización de todos los casos alcanzados.

El episodio provocó malestar entre los usuarios, particularmente porque los descuentos se produjeron sobre cuentas destinadas al cobro de salarios y jubilaciones, fondos que en muchos casos son utilizados para afrontar gastos cotidianos.

Desde el Banco Provincia lamentaron las molestias ocasionadas y reiteraron que la restitución de los fondos se realizará de manera automática.

Los suicidios alcanzaron en 2025 el nivel más alto de toda la serie analizada. En apenas ocho años, los casos pasaron de 3.304 a 5.209 y la tasa trepó un 43,9%. Entre adolescentes y adultos jóvenes, el suicidio ya ocupa el primer lugar entre las causas de muerte.

Los suicidios alcanzaron en 2025 un récord histórico en Argentina, con 5.209 casos registrados. La cifra representa un aumento del 57,7% respecto de 2017, mientras que la tasa pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de toda la serie analizada.

La situación es especialmente preocupante entre los jóvenes. Desde 2022, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años y también ocupa el primer lugar entre los 25 y 34 años. A esto se suma una fuerte brecha de género: cuatro de cada cinco víctimas son hombres.

Los especialistas advierten que no existe una única explicación. Se trata de un fenómeno multicausal, en el que pueden intervenir factores individuales, familiares, sociales y económicos. La pérdida de expectativas, las dificultades económicas, el desempleo, la incertidumbre y el avance de las apuestas online aparecen entre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad.

Ante este escenario, los expertos reclaman reforzar la prevención, la atención de la salud mental y las redes comunitarias, especialmente en escuelas, clubes y otros espacios donde los jóvenes puedan encontrar acompañamiento. El récord registrado en 2025 vuelve a poner en evidencia la urgencia de abordar una problemática que ya constituye una de las principales causas de muerte entre las nuevas generaciones.

Golpeado por escándalos de corrupción y desconectado de los reclamos sociales, el ecosistema digital libertario registra una caída histórica en sus interacciones que le impide seguir fijando los temas de debate.

El principal bastión de disputa política del oficialismo libertario atraviesa un acelerado proceso de desgaste. Diversos análisis sobre el comportamiento en plataformas digitales revelan una caída sostenida en las menciones, comentarios y niveles de interacción que genera la figura de Javier Milei. La narrativa que durante la campaña de 2023 se consolidó como una fuerza disruptiva pierde eficacia frente a una ciudadanía que empieza a percibir al mandatario no como un actor ajeno al sistema, sino como un político tradicional más.

Especialistas en comunicación digital señalan que el fenómeno obedece a una combinación de fatiga social, pérdida de empatía con la coyuntura económica y el impacto de sucesivos focos de conflicto. Los señalamientos por presuntos hechos de corrupción y controversias que salpicaron a figuras centrales del entorno presidencial terminaron por erosionar el perfil “anticasta”. Al mismo tiempo, la agenda discursiva que impulsa la Casa Rosada muestra dificultades para sintonizar con los problemas urgentes de la población, relegando la capacidad del Ejecutivo para fijar los temas de debate público.

A este escenario de desgaste político se suman complicaciones operativas en la arquitectura digital del oficialismo. La reestructuración del equipo de comunicación tras el distanciamiento de operadores clave, sumada a fallas en la sincronización de redes y errores en el uso de bots para inflar la viralización, redujeron la distribución orgánica del contenido. Estas maniobras, según informes del sector, expusieron incluso las cuentas oficiales a penalizaciones algorítmicas que restringieron aún más su alcance.

Si bien la oposición aún no logra capitalizar este repliegue ni desplazar al Presidente como el eje central de la discusión política, el congelamiento del ecosistema libertario altera la dinámica de la gestión. La pérdida de esa capilaridad digital que antes le permitía al Gobierno dominar la conversación pública deja al descubierto a una administración con menor margen de maniobra para imponer condiciones y capear el descontento social.

El Banco Central puso en marcha un mecanismo que automatiza el cobro de cuotas directamente desde las cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los detalles esenciales para entender cómo impacta en las finanzas de los usuarios.

El Banco Central puso en funcionamiento el nuevo esquema de cobro de créditos mediante débito directo en cuenta, una herramienta diseñada para simplificar el pago de financiaciones solicitadas ante entidades bancarias, fintech y comercios adhiriéndose a un sistema unificado. La medida busca dinamizar el crédito de consumo y reducir los índices de morosidad, aunque exige a los usuarios estar atentos al funcionamiento de sus saldos y autorizaciones para evitar cobros no deseados o penalizaciones.

Para comprender el impacto de esta modalidad operativa en la economía cotidiana, existen puntos fundamentales que estructuran la nueva normativa:

• Débito automático en cuenta o billetera: Las cuotas del préstamo se descuentan directamente el día del vencimiento de la cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) informada por el usuario.
• Consentimiento expreso: La entidad que otorga el crédito debe contar con la autorización previa y explícita del cliente para activar el cobro automático.
• Mecanismos de reversión (stop debit): Los usuarios conservan el derecho de suspender el débito hasta el día anterior al vencimiento o solicitar el reintegro dentro de los plazos fijados por la norma si detectan inconsistencias.
• Notificación previa obligatoria: La institución acreedora tiene la obligación de avisar al usuario con días de anticipación el monto exacto y la fecha en que se realizará el descuento.
• Compatibilidad interoperable: El sistema funciona indistintamente entre bancos tradicionales y proveedores de servicios de pago (billeteras digitales), ampliando las opciones para el usuario.
• Fondos insuficientes: Si al momento del cobro no hay dinero disponible, la normativa establece esquemas de reintento programados sin generar recargos no autorizados en el primer intento.
• Transparencia en los resúmenes: Los débitos deben figurar de forma clara y diferenciada en los movimientos de la cuenta para facilitar el control financiero del usuario.
• Cancelación de la adhesión: El titular del crédito puede dar de baja el débito automático de forma gratuita y por el mismo canal por el cual lo gestionó.

Con la implementación de este marco operativo, el sistema financiero busca consolidar la bancarización de los créditos al consumo y agilizar la cobranza. Sin embargo, para los usuarios será prioritario monitorear los resúmenes de cuenta y ejercer los mecanismos de control habilitados frente a cualquier cobro indebido.

El crack mundial Lionel Messi anunció en sus redes sociales, mediante una emotiva carta, que decidió retirarse de la selección argentina luego de más de 20 años y habiendo logrado títulos muy trascendentes como una copa del Mundo, un Juego Olímpico y dos copas América, entre otros reconocimiento. El adiós a un grande.

La carta completa de Messi:

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de l de mi papá, estoy más convencido que antes”

Más de 1.000 militantes de distintos puntos del país participaron de un encuentro convocado para debatir propuestas frente a la crisis económica y social. También cuestionaron las políticas del gobierno de Javier Milei y advirtieron que la proscripción de la expresidenta afecta la democracia.

Más de 1.000 mujeres peronistas participaron en Valle Viejo, Catamarca, del Encuentro Federal de Mujeres Peronistas, una jornada destinada a debatir propuestas y construir una agenda común frente al escenario económico y social que atraviesa el país.

La actividad fue impulsada por la vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional y presidenta del PJ Catamarca, Lucía Corpacci. Durante el encuentro se conformaron mesas de trabajo sobre Inteligencia Artificial, soberanía económica, deuda externa, endeudamiento familiar y el retroceso de las políticas de género durante el gobierno de Javier Milei.

Uno de los ejes políticos de la jornada fue la situación de Cristina Kirchner. A pocos días de cumplirse el cuarto aniversario del intento de magnicidio contra la expresidenta, las participantes reclamaron nuevamente por su libertad y cuestionaron su proscripción electoral.

Desde el encuentro sostuvieron que la imposibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata también afecta a millones de mujeres peronistas que no pueden elegirla y representa, según plantearon, un límite para la democracia.

El llamado a reconstruir el peronismo

Corpacci destacó la participación de mujeres provenientes de distintas corrientes del peronismo y planteó la necesidad de recuperar espacios de discusión y construcción política.

La dirigente sostuvo que el desafío es “reconstruir confianza entre las mujeres del peronismo”, en un contexto en el que, según señaló, la sociedad atraviesa fuertes dificultades.

También destacó la participación de distintas generaciones y llamó a fortalecer la formación de nuevos cuadros políticos. En ese sentido, remarcó la necesidad de que los sectores más jóvenes comiencen a ocupar espacios de responsabilidad y se preparen para asumir futuras funciones de gobierno.

Del encuentro participaron dirigentes y militantes de distintos puntos del país, entre ellas Paula Penacca, Teresa García, Juliana Di Tullio, Lucía Cámpora, Cecilia Moreau, Jimena López, Julia Strada, Florencia López, Gabriela Pedralli, Magdalena Sierra, Estela Díaz, Kelly Olmos y Estela Neder.