Un informe de consultoras privadas enciende la alarma roja sobre el esquema de endeudamiento del Ministerio de Economía. El canje de pasivos y la emisión descontrolada de títulos cortos acumulan una montaña de compromisos impagables que amenaza con una nueva devaluación y más inflación.
El modelo económico de la gestión libertaria sumó una advertencia devastadora por parte del sistema financiero. Informes de principales consultoras privadas revelaron que la bola de nieve de la deuda en pesos emitida por la Tesorería bajo la conducción de Luis Caputo ya equivale a cuatro veces el tamaño de la base monetaria actual. La maniobra, presentada por la propaganda oficial como un “saneamiento” del Banco Central, no hizo más que trasladar y multiplicar el riesgo sistémico hacia las cuentas públicas del Estado.
El descalabro financiero responde a la estrategia del Palacio de Hacienda de patear vencimientos hacia el futuro mediante la colocación sistemática de títulos de deuda a corto plazo y letras a tasa fija. Lejos de reducir el pasivo estatal, la acumulación masiva de estos instrumentos generó una dependencia absoluta del carry trade y de los encajes bancarios, configurando una trampa de liquidez que deja al Gobierno sin margen de maniobra ante cualquier temblor en el mercado bursátil.
Esta hipertrofia de los pasivos estatales desmiente categóricamente la premisa del “déficit cero” y el supuesto orden macroeconómico que pregona Balcarce 50. Para sostener el diferimiento de los pagos, el Poder Ejecutivo se ve obligado a convalidar tasas de interés reales desmedidas que asfixian el crédito a la producción, congelan el consumo y devoran los ingresos del sector privado, acelerando la parálisis de la actividad económica real.
Especialistas del sector advierten que la magnitud del vencimiento acumulado pone al país en una encrucijada letal: o bien se avanza hacia un reperfilamiento forzoso de los compromisos, o la eventual emisión monetaria para cubrir los vencimientos derivará en un salto cambiario descontrolado y un nuevo espiral hiperinflacionario que devastará el poder adquisitivo de las mayorías.
El informe deja al descubierto la naturaleza especulativa del experimento libertario. Mientras el relato oficial intenta disimular el colapso social tras planillas de dibujo fiscal, la acumulación indiscriminada de deuda en pesos construye una bomba de tiempo financiera cuya detonación amenaza con arrastrar a la economía argentina a una crisis de proporciones históricas.
Traspasado por las críticas y escrachado en la Patagonia, el juez supremo macrista se niega a frenar la venta del país a capitales extranjeros y bloquea las decisiones del tribunal. La parálisis institucional obligó a convocar a dos camaristas para resolver una cautelar clave y evitar un estallido político.
La crisis institucional en el Palacio de Tribunales alcanzó niveles de sainete político. La Corte Suprema de Justicia quedó atrapada en una feroz interna entre sus tres únicos integrantes, desencadenada por el masivo repudio social tras el fallo que abrió las puertas a la entrega del territorio nacional y la derogación de la Ley de Tierras promovida por el DNU de Javier Milei. Ante el rechazo generalizado de la sociedad y los intentos de los magistrados por desligarse del costo político, las disputas internas dinamitaron la operatividad del tribunal.
El foco del conflicto tiene como protagonista a Carlos Rosenkrantz, el magistrado alineado con el macrismo, quien quedó profundamente resentido luego de ser increpado y escrachado por manifestantes en San Martín de los Andes, mientras sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti abandonaban sigilosamente el lugar para esquivar la protesta. Furioso por la exposición pública, Rosenkrantz decidió tomarse revancha bloqueando la cautelar presentada por la legisladora Magdalena Odarda para suspender la entrega de tierras, exigiendo sostener el aval al decreto privatizador del Gobierno.
La postura intransigente del juez desnudó la grave anomalía funcional del Máximo Tribunal, que opera con apenas tres de sus cinco miembros. Ante la falta de unanimidad provocada por la negativa de Rosenkrantz de acompañar la postura de Rosatti y Lorenzetti —dispuestos a otorgar la cautelar para enfriar la caldera social—, la Corte debió recurrir de urgencia a la convocatoria de dos conjueces, los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, para poder constituir la mayoría legal requerida.
El sainete en la cúpula del Poder Judicial no solo evidencia la falta de templanza y la mezquindad de sus integrantes, sino que termina dinamitando los endebles acuerdos políticos que la Casa Rosada intenta tejer en el Congreso. El ruido generado por el salvataje judicial a la entrega inmobiliaria complicó las negociaciones del oficialismo con sus aliados para debatir el Presupuesto 2027, al tiempo que potenció el impulso de la oposición para conseguir el quórum necesario y derogar definitivamente el mega DNU en la Cámara de Diputados.
Este nuevo episodio de la comedia cortesana pone al descubierto la absoluta degradación de la cabeza del Poder Judicial. Atrapados entre rencillas personales, escracher en el interior del país y maniobras para no asumir el costo del ajuste libertario, los jueces de la Corte priorizan sus vendettas de pasillo mientras el país asiste al intento de remate de sus bienes comunes y recursos estratégicos.
En su intervención ante las Naciones Unidas, Luiz Inácio Lula da Silva volvió a defender una idea que ha acompañado buena parte de su trayectoria política: que los países puedan decidir su propio rumbo económico y que el desarrollo sea sostenible, pero también compartido. El desafío, en Brasil y en toda América Latina, es convertir esa promesa en mejoras concretas para la vida cotidiana.
La igualdad de oportunidades ocupa un lugar central en ese debate. El acceso a una educación de calidad, a empleos dignos y a una economía capaz de abrir caminos —en lugar de cerrarlos— influye en las posibilidades de una persona y en el futuro de un país. Para millones de brasileños, esas aspiraciones se miden en asuntos cercanos: el ingreso del hogar, la seguridad, el trabajo y la posibilidad de ofrecerles un futuro mejor a sus hijos.
La historia de Lula forma parte de su autoridad política y de las controversias que lo rodean. Obrero metalúrgico y fundador del Partido de los Trabajadores, llegó a la presidencia tras construir una carrera ligada a los sindicatos y a sectores populares. En 2018 fue encarcelado; en 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló sus condenas por cuestiones de competencia judicial. Su trayectoria sigue despertando adhesiones y críticas, una expresión de las profundas divisiones que atraviesan la política brasileña. Sin embargo hemos visto la movilización de un país que lo apoya, le sonríe, lo abrazan y ven en él un ser humano, capaz de transformar lo que se amerita.
En materia de derechos de las mujeres, Lula ha denunciado la violencia de género y la discriminación en la vida pública. El compromiso, se mide también por sus resultados: por la prevención de los feminicidios, la protección efectiva de las víctimas y la presencia de mujeres en espacios de decisión en el esquema político de Brasil. La autonomía económica es parte de ese camino. También lo es reconocer el trabajo doméstico y de cuidados, históricamente poco valorado y realizado, en gran medida, por mujeres. Reconocerlo no significa limitar el papel femenino a la maternidad, sino comprender que cuidar es una labor esencial que debe ser valorada y compartida.
Los indicadores económicos ofrecen señales importantes, pero no cuentan por sí solos toda la historia. El crecimiento del producto interno bruto y la reducción del desempleo pueden abrir oportunidades; es esa la visión más interesante de un país defendiendo su propia economía. También persisten retos en materia de servicios públicos, equilibrio fiscal y protección ambiental. Son estas necesidades aún no superadas las que convocan a seguir un programa de gobierno en desarrollo y planificación.
Para los países vecinos, Brasil es una referencia por su tamaño y su influencia. Sus avances pueden alentar; sus dificultades recuerdan que ningún gobierno resuelve en soledad problemas estructurales. El debate sobre el futuro político de Lula —y sobre un eventual cuarto mandato— convoca, por tanto, algo más que una valoración personal: plantea qué modelo de desarrollo puede sostener la prosperidad y repartir sus beneficios con mayor justicia.
Que decida el pueblo, sus ciudadanos y ciudadanas, con información y asertividad. Y que esta futura victoria, pueda convertirse en puente: hacia acuerdos, oportunidades y una evolución que se sienta en la vida de la gente.
La pobreza volvió a crecer en la Ciudad de Buenos Aires y ya alcanza a 675.000 personas, mientras que 193.000 se encuentran en situación de indigencia. El dato representa un nuevo indicador negativo sobre el rumbo económico y social del país, con un agravante: se registra en el distrito de mayores ingresos y uno de los territorios con mayor concentración de riqueza de la Argentina.
La pobreza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llegó al21,9% de las personas durante el segundo trimestre de 2026, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). Son 675.000 personasque no logran alcanzar los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, 24.000 más que en el primer trimestre y 25.000 más que un año atrás.
El deterioro también se refleja en los hogares: la pobreza alcanzó al 17,3% de los hogares porteños, unos 239.000 hogares. La comparación interanual muestra que el indicador pasó del 21,1% en el segundo trimestre de 2025 al 21,9% en el mismo período de 2026, confirmando una nueva suba de la pobreza.
Pero el dato más alarmante aparece al observar la indigencia. 193.000 personas, equivalentes al 6,3% de la población porteña, se encuentran en esa situación, mientras que la indigencia afecta al 4,5% de los hogares, unos 63.000. Es decir, miles de familias ni siquiera cuentan con ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta básica alimentaria.
El propio informe de IDECBA señala que el 26% de los hogares pobres no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria, quedando así por debajo de la línea de indigencia.
El deterioro golpea con mayor fuerza a determinados sectores de la población. En la zona sur de la Ciudad, la pobreza alcanza al 24,9% de los hogares, mientras que entre los hogares con niños y niñas menores de 14 años llega al 28,2%, con una incidencia que aumenta a medida que crece la cantidad de menores.
La situación también expone las desigualdades dentro del territorio porteño. Mientras los sectores medios representan el 53,5% de los hogares y los sectores acomodados el 10,6%, una porción cada vez más significativa de la población queda atrapada por debajo de los ingresos necesarios para sostener condiciones básicas de vida.
Los números de CABA funcionan así como otro indicador de deterioro social en medio de la crisis económica. Que la pobreza avance hasta alcanzar a 675.000 personas en el distrito más rico del país deja en evidencia que las dificultades para llegar a fin de mes no se limitan a las regiones históricamente más vulnerables: también alcanzan a una Ciudad caracterizada por sus elevados niveles de actividad, ingresos y concentración de riqueza.
Un durísimo informe del gigante financiero estadounidense liquidó las promesas del Gobierno y recortó de forma drástica las proyecciones de crecimiento. Los analistas de la banca privada anticipan que el país ingresa en una recesión técnica tras el desplome histórico de la actividad.
El espejismo de la recuperación económica volvió a desmoronarse, esta vez bajo el peso de un devastador informe de la banca internacional. La entidad estadounidense JP Morgan difundió un lapidario documento para inversores donde alertó que la economía argentina registró su peor desempeño mensual desde el confinamiento de abril de 2020, pulverizando el relato oficialista sobre la inexistente “salida en V” que pregonan Javier Milei y Luis Caputo.
La contundencia de las estadísticas del INDEC obligó al banco de Wall Street a realizar un hachazo masivo sobre sus previsiones para 2026, recortando el pronóstico de crecimiento del 2,7% a un magro 1,5%. En su análisis, los técnicos del JP Morgan señalaron que, si se excluyen las crisis extremas de la pandemia, el shock financiero internacional de 2008 y la recesión del ciclo 2018-2019, la economía nacional no registraba una contracción de semejante magnitud desde el año 2004.
El informe de la banca financiera proyecta además una caída del 4% para el tercer trimestre del año, lo que confirma el ingreso formal del país en un ciclo de recesión técnica. El diagnóstico echa por tierra las expectativas del Palacio de Hacienda y evidencia que el plan de ahogo monetario, licuación salarial y secado de plaza implementado por el Ejecutivo destruyó el consumo interno sin ofrecer ningún horizonte de reactivación a mediano plazo.
El informe pone un acento crítico sobre el impacto que este esquema destructivo genera en las familias trabajadoras, donde la caída del empleo formal —que se ubicó más de un punto por debajo de 2025— y la pérdida constante de poder adquisitivo imposibilitan cualquier repunte del comercio minorista e industrial. Para Wall Street, el extractivismo de los sectores primarios como la minería o la energía no alcanza para compensar el colapso de la economía real que sostiene al grueso de la población.
El pronunciamiento del JP Morgan representa un mazazo político demoledor para el Gabinete libertario. Ni siquiera los organismos y entidades del capital financiero internacional, defensores históricos de las políticas de ajuste, logran disimular el fracaso de un modelo que hundió la actividad económica, disparó el riesgo país por encima de los 600 puntos y sumió a las familias en la recesión más profunda de los últimos años.
Los datos oficiales del INDEC terminaron de demoler la mentira de la “recuperación en V”. El colapso del consumo, el parate industrial y el hundimiento de las ventas provocaron un derrumbe histórico de la economía que desnuda la profundidad de la recesión libertaria.
El relato de la reactivación económica que pregona el Gabinete libertario volvió a estrellarse contra la contundencia de los datos oficiales. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el INDEC reveló un derrumbe estrepitoso de la actividad durante el mes de julio, registrando la contracción interanual más severa desde los meses más duros de la pandemia de coronavirus en 2020. La cifra confirma que el programa económico de Javier Milei no generó un rebote, sino un estancamiento profundo con tintes de depresión.
La caída del indicador estuvo traccionada por el colapso sistemático de los sectores que mayor mano de obra intensiva generan en el país. La industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, la construcción y el consumo masivo mostraron desplomes de dos dígitos, víctimas directas de la pérdida brutal del poder adquisitivo de los salarios, los tarifazos desmedidos en los servicios públicos y la eliminación del crédito productivo. La política de secado de plaza y ahogo monetario implementada por el Ministerio de Economía dinamitó la actividad comercial en todos los rubros.
Los números echan por tierra la promesa oficial de una rápida salida del estancamiento y exponen las consecuencias reales del superávit fiscal a costa del hambre social. Lejos de atraer inversiones generadoras de empleo o promover la competitividad, la receta de ajuste draconiano y licuación de ingresos destruyó el mercado interno, dejando a miles de pymes al borde de la quiebra y destruyendo puestos de trabajo formales de manera acelerada.
El desplome histórico de julio pone al descubierto la insostenibilidad del modelo en el mediano plazo. Mientras la Casa Rosada insiste en celebrar el congelamiento de la economía como un “éxito” de su política antiinflacionaria, la economía real muestra un escenario desolador donde las familias reducen sus consumos básicos y los comercios de barrio bajan sus persianas ante la falta absoluta de ventas.
Este récord negativo marca a fuego la gestión económica de la administración oficialista y ratifica la gravedad del rumbo elegido. Sin consumo interno, sin industria y sin un plan de desarrollo que proteja el tejido productivo nacional, el “experimento libertario” arrastra al país a una crisis social y económica sin precedentes, donde la única variable de ajuste sigue siendo la calidad de vida de las mayorías populares.
La Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la resolución de primera instancia que frenaba un punto clave del endurecimiento penal promovido por el Gobierno. El fallo alinea al Poder Judicial con la agenda punitivista de la Casa Rosada y enciende las alarmas en los organismos de derechos humanos.
En un fallo alineado con la retórica de mano dura e intromisión punitiva que impulsa la gestión libertaria, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia de la jueza Laura de Marinis que había declarado la inconstitucionalidad de un artículo central de la reforma penal juvenil. La decisión judicial revalida las pretensiones del Poder Ejecutivo para avanzar en la baja de la edad de imputabilidad y el endurecimiento del régimen sancionatorio hacia los adolescentes, ignorando las advertencias y tratados internacionales que protegen los derechos de la infancia.
La resolución de la jueza de primera instancia había sentado un precedente clave al señalar que el texto impulsado desde el Ministerio de Justicia vulneraba de manera flagrante el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y el interés superior del niño, consagrados en la Constitución Nacional. Sin embargo, el tribunal de alzada optó por desoir las fundamentaciones técnicas y doctrinarias, dando vía libre al andamiaje legal con el que la Casa Rosada busca criminalizar a la juventud más vulnerada por la crisis económica.
El fallo de la Cámara no resulta un hecho aislado en el mapa político actual, sino que se enmarca en la constante presión que el Gobierno ejerce sobre los estrados para convalidar su agenda de persecución y control social. Ante la falta de respuestas para frenar el aumento de la pobreza y la exclusión que su propio modelo genera, la cúpula oficialista responde canalizando la demanda de seguridad hacia el eslabón más débil de la cadena social: las infancias marginalizadas.
Desde organismos de derechos humanos y colectivos especializados en niñez, respaldaron el fallo de la jueza Laura de Marinis, advirtiendo que la baja de la imputabilidad y el endurecimiento de penas no resuelven las causas estructurales del delito ni brindan soluciones efectivas. Por el contrario, señalar a las y los jóvenes como responsables de la emergencia social sólo busca desviar la atención de los severos recortes presupuestarios en educación, salud y programas de contención social.
Esta marcha atrás en la protección de los derechos de la niñez refleja la acelerada erosión del Estado de derecho bajo la administración de Milei. Con un Poder Judicial cada vez más permeable a las exigencias de la propaganda gubernamental, la decisión fija un peligroso antecedente que habilita la profundización de un modelo represivo, diseñado para castigar a los sectores más postergados mientras se desmantelan todas las redes de protección social.
Julia Beatriz García recibió su legajo prontuarial, 52 años después de su detención durante el terrorismo de Estado.
El Archivo Provincial de la Memoria realizó la entrega del Legajo Prontuarial a la ex presa política Julia Beatriz García, en el marco del proceso de reparación histórica y administrativa que promueve el acceso a documentación vinculada con las víctimas del terrorismo de Estado en Salta.
La actividad estuvo a cargo de la responsable del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, y contó con la participación de la escribana de Gobierno, Graciela Galíndez, quien rubricó y certificó las copias del Legajo AR-AL-APM Presos Políticos N.º 26. El material consta de 38 fojas y una fotografía carnet y fue entregado en formato físico y digital.
Desde el Archivo destacaron que la puesta en acceso de esta documentación constituye una acción de reparación histórica y contribuye al fortalecimiento de la democracia mediante el ejercicio del derecho a la información pública y la preservación de la memoria.
“Nos sentimos muy satisfechos de poder cumplir con el desafío de garantizar este proceso de reparación histórica, como resultado de las tareas cotidianas vinculadas a los objetivos, la misión y la función del Archivo”, expresó Alba Fernández. También señaló que estas acciones permiten construir un espacio participativo y de diálogo permanente con la sociedad y con la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado.
Durante la jornada, García compartió una reflexión sobre el significado de recibir, 52 años después, la documentación vinculada con su detención y permanencia en el penal de Villa Las Rosas. “Este legajo no me es propio. Tiene mi nombre, mi foto y mis huellas, pero no es mío. Es de todos los detenidos”, expresó.
La ex presa política recordó que fue detenida cuando la provincia de Salta se encontraba intervenida y regía el estado de sitio. “Que 52 años después este legajo ratifique mi testimonio, demuestra que las y los ex presos políticos somos un pilar fundamental en los Juicios por la Verdad y la Justicia”, sostuvo.
En la jornada también se realizó el registro en voz e imagen del testimonio de Julia García, a cargo de Ester Crespo y Carolina Arias, integrantes de la productora Khipu. El material permitirá sumar un nuevo contenido audiovisual a las jornadas de Archivo en el Aula, propuesta en la que estudiantes trabajan con documentación y testimonios vinculados con la memoria reciente.
Las integrantes de Khipu destacaron la experiencia y la responsabilidad de registrar una historia de vida para su preservación. “Queremos ser parte de la construcción de la memoria, poniendo nuestras herramientas y trabajo al servicio de esas historias que necesitan ser escuchadas y preservadas”, expresaron.
En un mundo donde las sombras de la guerra, la desigualdad y la injusticia parecen dominar el paisaje cotidiano, surge con fuerza un clamor que resuena en los corazones de millones: el anhelo de paz. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto; es también un estado de bienestar y un compromiso profundo con la justicia social, la equidad y el respeto por la dignidad humana. En ese sentido, cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la construcción de un futuro más armonioso.
El diálogo se erige como una de las herramientas más poderosas para alcanzar esa paz anhelada. Hablar sobre aquello que nos duele, sobre las heridas que hemos infligido a nuestro entorno y a nosotros mismos, es un primer paso hacia la sanación. Es imprescindible elevar nuestras voces no solo para expresar nuestras preocupaciones, sino también para escuchar las de los demás. La empatía y la comprensión son los cimientos sobre los cuales podemos construir una nueva conciencia colectiva, en la que el bienestar del otro sea tan importante como el propio.
Es hora de que la alimentación y la educación sean reconocidas y garantizadas como derechos fundamentales. No puede haber paz en un mundo donde millones de personas pasan hambre o carecen de acceso a una educación digna. Debemos trabajar para que esos derechos alcancen a todos, sin distinción alguna. Erradicar estas injusticias constituye un paso esencial hacia una sociedad más equitativa y, por lo tanto, más pacífica.
Las guerras deberían quedar relegadas a las páginas de la historia. La experiencia nos ha demostrado que los conflictos armados dejan dolor, destrucción y profundas divisiones. Es tiempo de aprender de esos errores y fomentar una verdadera cultura de paz, en la que el diálogo, la negociación y el entendimiento sean las herramientas elegidas para resolver nuestras diferencias.
En este contexto, las palabras adquieren un poder transformador. Deben ser caricias que sanen y unan, no armas que dividan. Si hemos de escribir, hagámoslo con destinatarios claros: quienes buscan construir puentes y no muros, quienes aspiran a dejar un legado de amor, solidaridad y comprensión en lugar de rencor y odio.
Como decía el célebre cantautor chileno Víctor Jara en su canción Te recuerdo Amanda: “Te recuerdo Amanda, la calle donde vivimos, el río que pasaba por tu ventana”. Esas palabras evocan la memoria de lo cotidiano, de aquello simple y hermoso que puede ser vivir en paz. Recordemos que cada pequeño gesto cuenta y que la construcción de un mundo mejor también comienza en nuestras acciones más cercanas.
La paz es, en definitiva, un sueño colectivo que debemos perseguir con determinación y esperanza. Cada uno de nosotros puede contribuir a hacerlo realidad. Elevemos nuestras voces, abramos nuestros corazones y trabajemos juntos para que algún día podamos decir que hemos alcanzado ese ideal que la humanidad persigue desde siempre: vivir en paz.
Jorge Julio López, un albañil procedente de Los Hornos, desapareció un lunes 18 de septiembre de 2006, día en que planeaba asistir a la lectura de los alegatos finales del juicio de lesa humanidad que se llevaba adelante en la sala de tribunal improvisada en el Palacio Municipal, proceso que tenía al comisario general Miguel Etchecolatz entre los principales acusados. Desapareció sin dejar rastro alguno. Este viernes, se cumplen 20 años de su ausencia y la causa que investiga las circunstancias del hecho, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, sigue sin tener avances importantes, en una causa que se convirtió en una de las mayores deudas de la democracia Argentina moderna.
Para entender la importancia del hecho, hay que remontarse a más de 20 años atrás. Tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final por iniciativa del por entonces presidente, Néstor Kirchner en 2003, el país levantó la bandera de los derechos humanos y se iniciaron cientos de procesos judiciales contra represores.
López se presentó a declarar en uno de ellos, el que tenía a Etchecolatz en el centro, el 28 de junio de 2006, para relatar lo que había visto, oído y sufrido durante la última dictadura cívico-militar argentina. Su testimonio fue uno de los más impactantes de todo el proceso y, según, destacó el propio Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, su voz fue crucial para avanzar en la causa. Casi dos meses después, Jorge Julio López fue desaparecido nuevamente, en una Argentina muy distinta a la de 1976.
El testimonio de Julio López
Jorge Julio López tenía 46 años cuando fue secuestrado por grupos de tareas de la última dictadura. Albañil y militante peronista, permaneció detenido ilegalmente y fue torturado durante casi seis meses en distintos centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires.
El primer secuestro ocurrió en la noche del 27 de octubre de 1976, durante un operativo realizado en Los Hornos contra militantes peronistas. Los grupos de tareas estaban encabezados por Etchecolatz, entonces director de Investigaciones de la Policía Bonaerense.
Durante su primera desaparición pasó por cuatro centros clandestinos: Cuatrerismo, el Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. En esos lugares fue torturado y presenció asesinatos.
Se cruzó con las víctimas de La Noche de los Lápices, a quienes los represores llamaban “los subversivos de los boletos baratos”. Entre los compañeros de la Unidad Básica cuyos asesinatos fue testigo eestaban Juan Pablo Maestre, Norberto Rodas, Ambrosio De Marco y Patricia Dell’Orto.
El 4 de abril de 1977, cinco meses y cinco días después de su secuestro, López fue “blanqueado” y puesto “a disposición del Poder Ejecutivo” en la Unidad 9 de La Plata. Permaneció allí hasta el 25 de junio de 1979, cuando fue liberado.
El testimonio contra Etchecolatz
Los vejámenes y crímenes ocurridos durante aquellos meses de detención clandestina fueron relatados por López casi tres décadas después ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata. En su relato, reconoció a Etchecolatz como uno de los represores que lo habían torturado y lo señaló como responsable del asesinato de Patricia Dell’Orto.
El 19 de septiembre de 2006, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua.
“Patricia le gritaba: ‘¡No me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, mi hija!’, y ellos no, la sacaron. Y van a ver ustedes si algún día encuentran el cadáver o la cabeza, que tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Buum otro tiro”, contó ante los jueces mientras señalaba con un dedo el centro de su frente.
Durante el relato se mostró emocionado y por momentos tembloroso, pero mantuvo su decisión de contar lo que había presenciado. En uno de los pasajes más fuertes de la declaración recordó: “Pensé: ‘Si un día salgo y lo encuentro a Etchecolatz, yo lo voy a matar’. Así pensaba, pero después me dije, qué voy a matar a una porquería como esa, a un asesino serial. Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza”.
La segunda desaparición y las primeras hipótesis
El 18 de septiembre de 2006, López desapareció nuevamente. La causa, identificada como expediente N.º 16.060 FLP 509/2008 y caratulada “López, Jorge Julio s/desaparición forzada de persona”, acumula más de 50 cuerpos y otros tantos anexos, con miles de fojas, pero aún no tiene avances certeros.
El expediente pasó por cinco jueces y actualmente tramita ante el Juzgado Federal N.º 1 de La Plata. Desde 2009, la investigación está delegada por decisión de la Procuración General de la Nación en la Unidad Fiscal Federal de La Plata, dedicada exclusivamente a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Desde agosto de 2018 está a cargo del fiscal Hernán Schapiro.
Una de las principales hipótesis, y la que se mantuvo a lo largo del tiempo, fue que López había sido víctima de una desaparición forzada como represalia por su testimonio contra Etchecolatz. En ese marco, la posible participación de sectores policiales vinculados con la dictadura se convirtió en una de las líneas centrales.
En 2014, durante el veredicto contra Etchecolatz por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, el represor tuvo una última burla y mostró un papel que tenía en sus manos con el nombre “Jorge Julio López” y la palabra “secuestrar”.
El represor escribió el nombre de Jorge Julio López mientras se daba lectura a un juicio por delitos de lesa humanidad en su contra.
Pese a ese episodio y a otras pistas que lo señalaban como principal sospechoso, la Justicia no logró probar que Etchecolatz hubiera sido responsable de la desaparición.
Si nos remontamos a los primeros días, la Justicia analizó otras posibilidades. La propia familia consideró que López podía haber sufrido una descompensación o un episodio de desorientación provocado por la experiencia del juicio y su enfrentamiento con Etchecolatz. Se planteó incluso la posibilidad de que se hubiera retirado voluntariamente y que su desaparición no estuviera relacionada con un hecho criminal.
En ese contexto, el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández, minimizó públicamente la situación y dijo que López “podría ‘estar tomando el té en la casa de la tía’”. La posibilidad de un repliegue personal o incluso de un suicidio tampoco permitió explicar qué había ocurrido con él.
Cinco días después de la desaparición, la Policía Bonaerense realizó un rastrillaje en Atalaya, partido de Magdalena. El operativo estuvo a cargo de cinco policías: tres integrantes de la División Canes y dos efectivos de la Comisaría 3ª de Los Hornos, bajo las órdenes del capitán Eduardo Zaffino.
Se movilizaron en un vehículo sin identificación y vestidos de civil. Según declararon los propios policías, los perros siguieron un recorrido desde la ruta hasta la vivienda de Rubén Darío Durso, delegado municipal de Atalaya.
El procedimiento, sin embargo, no continuó como estaba previsto. Los policías se pusieron a merendar en la vivienda del delegado mientras los perros permanecieron afuera. Después retiraron a los animales y, sin labrar un acta, dejaron a dos efectivos de guardia.
Los perros habían reconocido prendas y un colchón con rastros de López dentro de la vivienda. Sin embargo, el procedimiento fue interrumpido. Los efectivos atribuyeron la decisión a “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”. También se denunciaron irregularidades similares en materiales surgidos de otras investigaciones paralelas realizadas por la Policía Bonaerense.
Otra pista fue obtenida durante una requisa en Marcos Paz, cuando fue secuestrada una agenda perteneciente a Etchecolatz. Entre sus anotaciones aparecían los datos de Susana Beatriz Gopar, una policía bonaerense que continuaba en actividad.
Gopar había trabajado en Interpol durante la dictadura y vivía a cinco cuadras de la casa de López. Un vecino declaró haber visto a López durante la mañana de su desaparición “entre la verdulería y Edelap”, en la calle 66, entre 137 y 138. Lo describió parado de espaldas a la calle y mirando hacia las fachadas, como si estuviera buscando algo.
La dirección coincidía con la vivienda de Gopar. Además, ella integraba el grupo de 9000 agentes de la Policía Bonaerense que habían trabajado durante la dictadura y continuaban activos cuando López desapareció por segunda vez.
En septiembre de 2007, Gopar fue citada a declarar ante el Juicio por la Verdad. Allí sostuvo: “No fui secretaria de Etchecolatz”. También afirmó que había estado “muy poco en la dirección de Investigaciones” y que había “vivido con carpetas médicas”. Aseguró además que no conocía al represor.
Cuando le preguntaron cómo había obtenido su número telefónico, respondió: “No sé, a mi casa no llamó y eso puede constatarlo por mi número, ni yo lo llamé”. La querella pidió allanar la vivienda de Gopar, pero el juez Corazza y el fiscal Sergio Franco no avanzaron con esa medida.
A fines de 2008, la pista volvió a activarse. Parte de las escuchas realizadas por la PSA fueron enviadas a la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, conocida como “Ojota”, para limpiar el audio, pero nunca fueron devueltas. También fue intervenido el correo electrónico de Gopar. Allí apareció información relacionada con el centro clandestino de detención de Arana, aunque la investigación no avanzó. Finalmente, Gopar se mudó de su vivienda de Los Hornos sin que se realizara ningún allanamiento.
La nueva línea de investigación
Después de cuatro años sin reunirse, Rubén López y su abogado, Alfredo Gascón, fueron convocados el viernes último por el fiscal Schapiro, según consignó el periodista Pablo Morosi. Durante el encuentro, el funcionario judicial informó que la depuración y el cotejo de registros comenzaron a arrojar datos de interés que podrían permitir identificar a determinadas personas y abrir una nueva línea de investigación. Los nombres surgidos de ese análisis se mantienen bajo reserva.
Hoy, la investigación se concentra en depurar llamadas de aquel 18 de septiembre de 2006, con más de 10 millones de llamadas como posibles pruebas. Además, se mantiene vigente una recompensa ofrecida por la Provincia de Buenos Aires, que pasó de 5 a 10 millones de pesos.
A la par, continúa activo el mecanismo de identificación de López entre los cuerpos NN de todo el país, vigente desde 2006. En ese trabajo participan la Unidad Fiscal, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
A 20 años de su segunda desaparición, la causa continúa abierta. La depuración de registros busca establecer qué ocurrió con Jorge Julio López y quiénes pudieron haber intervenido en su desaparición, para dar respuesta a una de las causas pendientes más importantes de la democracia argentina.
