La empresaria y artista cerró su histórico local de Xurama en Flores y apuntó contra la difícil situación que atraviesan los comercios. “Hay cantidad de locales vacíos y eso que es una buena zona”, aseguró.

Marixa Balli decidió ponerle punto final a una etapa de 26 años y cerró definitivamente el local de ropa y calzado de su marca Xurama, ubicado sobre la avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores.

La empresaria contó que actualmente está desarmando las estructuras y retirando los elementos que utilizaba para exhibir sus productos. Según explicó, la decisión responde tanto a un desgaste personal como a las dificultades que atraviesa el comercio.

“Me agoté. Estoy cansada. Es un momento de cambios, de transición”, explicó Balli durante una entrevista con Ángel de Brito en LAM.

La artista aseguró que durante años prácticamente no tuvo tiempo para disfrutar de su vida porque debía repartir sus días entre sus actividades en los medios y el manejo del negocio. “Lo único que hago es laburar, no disfruto casi nada. Entonces dije: paremos”, sostuvo.

“Está complicado, muy complicado”

Balli también relacionó el cierre con el escenario que atraviesan los comercios. Al referirse a la actividad en Flores, señaló que incluso en una de las principales zonas comerciales de la ciudad se observa una gran cantidad de locales sin actividad.

“Hay cantidad de locales vacíos y eso que es una buena zona, un polo comercial. Está complicado, muy complicado”, afirmó.

La situación había llevado a la empresaria a realizar una liquidación de parte del stock de Xurama durante los primeros meses del año. Ahora decidió avanzar directamente con el cierre del establecimiento y dejar atrás los gastos y obligaciones que implica mantenerlo abierto.

“Basta de tanta cosa, tanto gasto todos los meses”, expresó.

Una decisión que marca el final de una etapa

Balli también admitió que ya no quiere permanecer pendiente de una eventual recuperación de la actividad comercial. “Ya no me quiero enganchar más, ni escuchar, ni esperar, ni pensar que todo va a cambiar. Estoy podrida”, afirmó.

Así, después de más de dos décadas, Xurama deja de tener su histórico local en Flores y Balli inicia una nueva etapa, con la intención de reducir obligaciones y recuperar tiempo para su vida personal.

Brisa, una joven estudiante y community manager, contó durante un móvil en Quilmes cómo la crisis económica afecta su vida cotidiana y cuestionó con dureza al Gobierno. El video se viralizó y generó miles de comentarios en redes, aunque muchos usuarios terminaron poniendo el foco en su apariencia y no en lo que decía.

Una entrevista realizada por C5N en las calles de Quilmes se convirtió en uno de los videos más comentados en redes sociales. Brisa, una joven que estudia y trabaja como community manager, habló sobre las dificultades económicas que atraviesa y reconoció que está arrepentida de haber votado a Javier Milei.

La joven fue consultada por la situación de los trabajadores y el aumento de la morosidad. En ese contexto, explicó que, pese a tener empleo, sostener los estudios y cumplir con sus obligaciones, llegar a fin de mes se volvió cada vez más difícil.

“El Presidente que votamos es lo peor que pudo haber pasado. Nos mintió en la cara a todos”, sostuvo durante el móvil.

En otro tramo de la entrevista, resumió su situación con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes: “Nadie llega a fin de mes”.

El video explotó en las redes

El fragmento de la entrevista comenzó a difundirse en X y rápidamente acumuló reproducciones y comentarios. Sin embargo, la discusión tomó un rumbo inesperado.

Muchos usuarios dejaron de lado el contenido de sus declaraciones y comenzaron a comentar sobre su aspecto físico. Algunos incluso bromearon con que estaban dispuestos a coincidir con ella en cualquier discusión política.

La repercusión terminó convirtiendo a Brisa en protagonista de una viralización que excedió ampliamente el contenido de la entrevista.

Más allá de los comentarios sobre la joven, el testimonio volvió a poner en escena una de las principales preocupaciones económicas: el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades de quienes trabajan y, aun así, aseguran que ya no consiguen llegar a fin de mes.

En medio de crecientes internas de poder dentro del gabinete libertario, el funcionario presentó su dimisión tras una breve licencia, dejando acéfalo a uno de los organismos de control clave del Estado.

La sangría de funcionarios en el Poder Ejecutivo no se detiene y suma un nuevo capítulo con la renuncia intempestiva de José Andrés Velis a la titularidad de la Dirección General de Aduanas (DGA). El histórico funcionario de carrera, que había vuelto de la jubilación convocado por la propia Casa Rosada para reestructurar el área, dio un paso al costado tras tomarse un periodo de licencia y activar nuevas alarmas sobre la estabilidad del gabinete.

Las primeras versiones en los pasillos oficiales ubican la imprevista salida de Velis como un daño colateral directo de la feroz disputa de poder interna que atraviesa a las segundas y terceras líneas de la administración central. Su dimisión representa, además, un golpe de impacto para el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, en un área sensible dedicada a la fiscalización y la recaudación técnica del país.

Aunque desde el entorno del exfuncionario adujeron motivos estrictamente personales y familiares, la salida se concretó sin que el Gobierno cuente todavía con un reemplazante designado formalmente para ocupar la conducción de la DGA. La falta de previsión para la sucesión expone las grietas operativas que padece el oficialismo en la gestión cotidiana de las dependencias públicas.

El alejamiento de Velis profundiza la sensación de desbande e inestabilidad que acecha al equipo de gobierno en las últimas semanas. Frente al avance del descontento y las discrepancias de criterio sobre el rumbo institucional, la conducción del organismo aduanero queda paralizada en un momento crítico para las cuentas y la transparencia estatal.

Las declaraciones ante el tribunal de Héctor Zavaleta y Luis Betnaza sobre presuntos pagos ilegales exhibieron serias inconsistencias con testimonios anteriores y entre sí, dejando al descubierto fisuras en la hipótesis principal del proceso judicial.

Las audiencias del juicio oral por la causa denominada “Cuadernos” registraron una jornada de alto impacto tras las declaraciones de dos altísimos exejecutivos del Grupo Techint, Héctor Zavaleta y Luis Betnaza. Durante su comparecencia, ambos testigos incurrieron en notorias contradicciones respecto a la modalidad y los montos de entregas de dinero en efectivo que habrían realizado en 2008, debilitando la solidez del relato acusatorio impulsado desde el inicio del expediente.

El careo indirecto y la confrontación de los testimonios revelaron discrepancias sustanciales sobre los hechos investigados. Mientras en etapas previas los exdirectivos sostuvieron la versión de un presunto “pago humanitario” motivado por el proceso de estatización de la siderúrgica Sidor en Venezuela, los testimonios rendidos ante el tribunal se mostraron erráticos y discordantes con las afirmaciones presentadas por otros ejecutivos de la misma firma en jornadas previas.

La estrategia de las defensas técnicas logró que los jueces permitieran confrontar en tiempo real las versiones del dúo directivo con las pruebas documentales y los dichos de otros testigos del grupo empresarial. Esta dinámica expuso no solo diferencias en los montos en pesos equivalentes a dólares mencionados, sino también fisuras profundas sobre las circunstancias de lugar, modo y los verdaderos interlocutores de los supuestos acuerdos.

El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto que las acusaciones formuladas en la etapa de instrucción carecen de la cohesión necesaria para sostener la versión oficial de los hechos. Con el avance del debate oral, el proceso judicial exhibe grietas cada vez más evidentes en los testimonios clave que sustentaron el expediente desde su origen.

Un especialista que analizó el historial y las pericias del Presidente advierte una grave desconexión de la realidad y exige evaluar su inhabilidad por la vía constitucional.

El estado de salud mental de Javier Milei ha pasado a ser un debate central respecto a su capacidad para gobernar. Durante una entrevista brindada a Crónica, el psiquiatra José Abásolo, profesional con 50 años de experiencia, expuso su diagnóstico presuntivo: “Estamos siendo gobernados por un individuo que ha perdido el contacto vital con la realidad”. El médico sostuvo que las descalificaciones habituales del mandatario responden a “una defectuosa estructuración de la conciencia moral, porque la conciencia moral es un juicio crítico de la razón mediante el cual se reconoce la cualidad ética de un acto y él no se da cuenta de eso”.

En su exposición, el especialista repasó los antecedentes del Presidente y recordó que logró verificar la pericia ordenada en 2018 por un juez de Salta tras agresiones a una periodista, habiendo hablado directamente con el psicólogo que intervino en Rosario de la Frontera. Abásolo remarcó que, lejos de ser un hecho aislado, se trata de “una sumatoria de hechos de conductas desadaptativas, de estímulo atentatorio a la dignidad de las personas”, agregando que “uno podría observarlo como una mala educación, pero en realidad también puede ser un síntoma de un trastorno de personalidad grave”.

Al detallar el cuadro psicopatológico, el profesional identificó un conjunto de síntomas alarmantes: “Aparecen elementos pseudodelirantes mesiánicos, la megalomanía, lo autorreferencial, la sobrevaloración, el orgullo, la desconfianza y la falta de comprensión empática”. Asimismo, afirmó categóricamente que Milei “desde que subió a este escenario no bajó más; vive su propia ficción permanentemente”, advirtiendo que, como ocurre con muchos enfermos mentales, es una persona vulnerable que puede ser aprovechada por sectores inescrupulosos. Por su parte, la conducción del programa solidarizó al canal con los periodistas agredidos por el mandatario y repudió la falta de respeto a la investidura presidencial.

El análisis contó también con la participación del dirigente sindical Rodolfo Aguiar, quien coincidió con el diagnóstico y manifestó: “La desconexión del Presidente con la realidad en este momento es absoluta, es completa. Tenemos un presidente que vive su propia ficción, una ficción en la que los argentinos no jugamos ningún rol”. En el intercambio, se planteó además que el jefe de Estado actúa como una “marioneta” y un “títere”, mientras que las decisiones centrales de la gestión son ejecutadas por el poder real en un contexto signado por la incapacidad del mandatario para entablar lazos afectivos duraderos.

Frente a la gravedad de la situación, Abásolo enfatizó que se debe recurrir a las herramientas institucionales: “El juicio político para mí tiene que existir y también la inhabilitación”. Recordó que el sistema constitucional establece la sucesión en el artículo 88 por razones de incapacidad física o mental, planteando que el Congreso debe ordenar un psicodiagnóstico exhaustivo a cargo del Cuerpo de Peritos Forenses para determinar la invalidez de sus actos jurídicos.

Finalmente, el psiquiatra concluyó con una tajante advertencia sobre el futuro institucional del país: “Creo que el pronóstico no es bueno. Dice cualquier cosa y no mide las consecuencias, tampoco es consciente de su padecimiento”. Los especialistas remarcaron que el examen médico no es una opinión política sino una medida de urgencia y sentido común, afirmando que “el destino del Presidente no debe ser la cárcel, sino un tratamiento psiquiátrico”, dado que su permanencia en el cargo resulta peligrosa tanto para la Nación como para su propia salud.

La actividad industrial bajó 0,6% frente a junio, según estimaciones preliminares de la UIA. La construcción y el sector automotor estuvieron entre los más afectados, mientras la producción continúa lejos de los niveles de 2022.

La industria argentina continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Los indicadores adelantados de julio anticipan una caída mensual de 0,6% desestacionalizado, mientras que en lo que va de 2026 la producción acumula un retroceso cercano al 2%, de acuerdo con estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

En la comparación interanual, julio habría registrado una suba de 1,4%, aunque desde la entidad explicaron que el resultado responde en buena medida a una baja base de comparación y no modifica el escenario general. Para la UIA, la actividad industrial permanece prácticamente estancada desde mediados de 2025.

Los datos llegan luego de que las cifras oficiales del INDEC mostraran cierta mejora en junio, cuando la industria creció 2% interanual y 0,9% frente a mayo. Aun así, el primer semestre terminó con una contracción de 2,2% respecto del mismo período de 2025 y con la producción todavía 11% por debajo de los niveles de 2022.

La actividad industrial volvió a caer según el informe de la UIA

Construcción y automotrices, entre los sectores más golpeados

Los indicadores sectoriales mostraron un desempeño dispar durante julio, aunque varias actividades relevantes volvieron a registrar caídas. En la construcción, los despachos de cemento retrocedieron 4,6% mensual y acumulan una baja de 3% frente al año pasado. El Índice Construya, que mide la evolución de las ventas de insumos para la construcción, disminuyó 0,8%.

La comparación de más largo plazo refleja con mayor claridad la debilidad del sector: ambos indicadores permanecen más de 20% por debajo de 2022, mientras que los despachos vinculados a obras pequeñas se encuentran alrededor de 30% por debajo de aquel año.

La industria automotriz también mostró un fuerte retroceso. La producción cayó 6,8% frente a junio y acumula una contracción del 18% respecto de 2025.

A su vez, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 3,5% mensual y permanece 6% por debajo de los niveles registrados en 2022.

Acero y algunos alimentos mostraron mejoras

A contramano del desempeño general, algunos sectores tuvieron números positivos. La producción de acero aumentó 3,4% mensual, aunque todavía se encuentra 10,9% por debajo de 2022.

La actividad metalmecánica permaneció prácticamente estable, con un avance de apenas 0,1%, y continúa 17,4% por debajo de los niveles de aquel año. Por su parte, la producción de aluminio primario cayó 1,8% mensual, aunque acumula una mejora de 1% frente a 2025.

Dentro de alimentos y bebidas, la producción láctea y la de bebidas avanzaron 0,9% mensual cada una. En cambio, la faena vacuna cayó 2,8% frente a junio y acumula una baja del 6% interanual.

También aparecieron señales negativas desde el frente externo. Las exportaciones hacia Brasil retrocedieron 12% en julio, aunque todavía acumulan un incremento de 3,8% durante los primeros siete meses del año. La liquidación de divisas agroindustriales, en tanto, cayó 14,6% mensual y 16,7% frente al año pasado.

Qué sectores explican la caída de la industria

El análisis de la UIA sobre el primer semestre permite identificar dónde se concentró el deterioro. Los bienes durables y semidurables fueron el principal factor negativo, con una caída acumulada del 21% interanual y una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales sobre el nivel general. El retroceso estuvo relacionado principalmente con la menor demanda interna de vehículos, electrodomésticos y equipos para el hogar.

También mostraron fuertes caídas las prendas de vestir, cuero y calzado, con una contracción acumulada del 14% y una incidencia negativa de 0,6 puntos porcentuales. Las industrias vinculadas a la cosecha retrocedieron 6% y también restaron 0,6 puntos al indicador.

En cambio, la producción destinada al consumo masivo fue el único gran agregado que aportó positivamente al desempeño industrial: creció 1,8% y sumó 0,7 puntos porcentuales, impulsada por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza y algunos segmentos de alimentos y bebidas.

De esta manera, pese a algunas mejoras puntuales y al crecimiento interanual estimado para julio, la industria continúa atravesando un escenario de estancamiento, con fuertes diferencias entre sectores y niveles de producción todavía por debajo de los registrados en 2022.

Los gremios universitarios realizarán un paro nacional de 48 horas por falta de fondos y reclaman recomposiciones salariales que compensen la inflación.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) lanzó un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto. La medida, confirmada por sindicatos como FEDUBA, ocurre en medio de una tensa disputa judicial y política en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso ratificó tras el veto presidencial pero que el Ejecutivo aún no aplica en su totalidad.

Las universidades públicas no reciben los fondos que establece esa norma, pese a que existan fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Esta demora afecta tanto el funcionamiento cotidiano de las instituciones como el pago de salarios docentes y las becas estudiantiles.

Desde los gremios denuncian que las actualizaciones salariales de los últimos meses surgieron de decisiones unilaterales, sin una paritaria formal, y que resultaron muy por debajo de la inflación. Estiman que el poder adquisitivo del sector cayó casi un 30% desde diciembre de 2023, por lo que necesitarían un aumento superior al 50% para recuperar el nivel de compra de esa fecha. La pérdida golpea con mayor dureza a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, aunque también alcanza a las exclusivas.

Otro punto crítico es la fuga de docentes e investigadores con posgrados, que migran hacia el sector privado o el exterior atraídos por mejores ingresos. Este drenaje de talento compromete la calidad educativa y la producción científica del país.

El paro coincide con la demora gubernamental en implementar la ley, y las organizaciones sindicales advierten que endurecerán las medidas si el Poder Ejecutivo no ofrece respuestas concretas.

El gobierno lleva más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que lo obliga a aplicarla . El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Ejecutivo el 26 de junio de 2026 y mantuvo vigente la cautelar que exige la actualización salarial de docentes y no docentes, así como la recomposición de las becas estudiantiles . Sin embargo, el Poder Ejecutivo continúa dilatando su ejecución . El acuerdo salarial del 24,33% que el gobierno alcanzó con los rectores no alcanza a cumplir lo que establece la ley: los artículos 5 y 6 exigen una recomposición automática por inflación desde diciembre de 2023, lo que implicaría un aumento superior al 50% sobre los haberes actuales . Las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, otro punto que la norma ordena actualizar .

“La inocencia no mata al pueblo, pero tampoco lo salva, lo salvará su conciencia y en eso me apuesto el alma”

Alí Primera

Por: Elías Jaua Milano

Aún impactados tras haber sufrido dos terremotos continuos, con el alma entristecida por los compatriotas fallecidos y heridos, conmovidos por el dolor de los familiares que aún buscan a sus seres queridos, al menos para darles cristiana sepultura, solidarios con la angustia de las decenas de miles de familias sin casa, con todos los dolores del mundo en un solo tiempo, no podemos dejar de hablar y escribir sobre la necesidad de luchar por la independencia y la dignidad de Venezuela. De hecho, la tragedia que hoy nos golpea lo hace más perentorio.

Aprovechándose de la situación de catástrofe, han desembarcado tropas armadas de Estados Unidos en La Guaira, se han apostado buques de guerra en nuestras costas y el espacio aéreo venezolano es vulnerado a diario por drones, aviones y helicópteros de la potencia ocupante. No han rescatado a nadie, no han socorrido a nadie, solo ocupan, miden terrenos, controlan instalaciones portuarias y aeroportuarias. Humillan.

Anuncian fastuosas reconstrucciones junto al gobierno de Israel, sobre cuyos principales dirigentes cursan sustentadas acusaciones de genocidio evidente contra el pueblo palestino en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. Un pueblo de paz como el venezolano, solidario, con una tradición de lucha por la independencia, la convivencia pacífica y por la causa humana, no merece esta afrenta.

Ignominia agravada por el silencio de las dirigencias políticas de todos los sectores con vocería permisada, con representación y responsabilidades en las distintas instituciones del Estado, al parecer más interesadas en presentarse como la mejor opción para colaborar con el plan de colonización del gobierno de Trump, que en cumplir con su deber constitucional de preservar la integridad y la dignidad de la República.

En estas circunstancias, quienes amamos profundamente a esta Patria nuestra, Venezuela, estamos obligados a denunciar, una vez más, que el gobierno de Estados Unidos:

Ejerce una administración colonial en Venezuela, comercializando nuestros recursos y apropiándose de nuestros ingresos económicos, por lo demás necesarios para la reconstrucción tras los terremotos y para la superación de la precaria situación económica y social de la población en general. Esto agravado por la imposición de un plan leonino y corrupto de pago de la deuda externa que compromete un alto porcentaje de las finanzas públicas por lo que resta de este siglo.

Ha conculcado el derecho a la autodeterminación, imponiendo un plan político a la medida de sus intenciones anexionistas.

Desarrolla una invasión militar en nuestro espacio geográfico que inicia el pasado mes de agosto de 2025, pasando por el vil ataque misilístico del 3 de enero de 2026, con saldo de muertos y heridos, continúa con varias incursiones y ataques en los meses siguientes, y actualmente se expresa en el desembarco de soldados y equipos fuertemente armados en La Guaira, en junio de este mismo año, con el grave riesgo que significa esta presencia para la integridad física y moral de la población, especialmente mujeres, niñas y niños.

Obliga a implantar un modelo neoliberal extractivista que excluye a las grandes mayorías del bien común y dañará irreversiblemente nuestro ecosistema.

Involucra a Venezuela en el esquema de su guerra geopolítica en el medio oriente, con peligrosas consecuencias para nuestra seguridad como nación.

En consecuencia, como pueblo debemos elevar nuestra conciencia sobre la gravedad de la ocupación y sus consecuencias; y confiar en nuestras capacidades como nación para impulsar una agenda unitaria que nos permita:

Recuperar el derecho a la autodeterminación política, institucional y legislativa. Los venezolanos y venezolanas somos los que debemos decidir democráticamente quién nos gobierna y qué leyes e instituciones necesitamos y queremos, en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Recuperar la soberanía económica: comercializar libremente nuestros recursos y productos. Que el Estado venezolano sea quien administre, bajo estrictos controles fiscales, los ingresos de esos recursos para el bien común y de manera urgente, para superar las consecuencias económicas y sociales de la emergencia provocada por los terremotos y una década de caos económico y brutales, injustas e ilegales sanciones.

Exigir la salida de tropas militares y agentes de seguridad de Estados Unidos y del Estado de Israel, y el cese de cualquier tipo de operación militar extranjera en el espacio geográfico venezolano. La seguridad de la nación compete al Estado venezolano.

Construir un modelo y un plan de desarrollo político, económico y social de inclusión e igualdad social, acordado entre todas las corrientes de pensamiento político.

Ejercer nuestro derecho a tener relaciones pacíficas y de cooperación con todas las naciones del mundo que compartan los principios de humanidad y convivencia internacional.

Compatriotas, nos quieren convencer de que no tenemos capacidad de administrar nuestra nación, que la única manera de lograr el desarrollo y el bienestar es siendo tutelados o anexados por el gobierno de Estados Unidos. Falso de toda falsedad. Necesario es que el pueblo venezolano sepa que Estados Unidos ni desarrolla, ni genera bienestar para las grandes mayorías en los países ocupados, algo que es contrario a su doctrina.

Esta administración colonial solo establecerá enclaves de extracción petrolera y minera, sin saldos económicos para la nación, sin límites en la violación a los derechos del pueblo venezolano, y con una atroz destrucción ambiental. La consecuencia será la profundización y generalización de la miseria estructural, como se evidencia en todos los países ocupados durante las últimas décadas.

Es necesario y oportuno alertar desde ya que en La Guaira se producirá un proceso de gentrificación y desplazamiento de la población local, para que la familia Trump, sus allegados y socios de negocios dispongan de los mejores terrenos para desarrollar un enclave inmobiliario asociado a servicios portuarios, aeroportuarios y turísticos. Seguramente esto ocurriría también en algunas otras poblaciones costeras.

Las actuales circunstancias nos exigen hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para lograr un acuerdo nacional orientado a recuperar nuestra República, y demostrarnos que sí podemos construir aquí en suelo venezolano una sociedad democrática, donde podamos vivir todos y todas con igualdad, justicia y dignidad. La ocupación del clan Trump solo ampliará y consolidará estructuralmente el subdesarrollo y la miseria. Solo recobrando nuestra autodeterminación nacional podremos intentar, una vez más y cuantas veces sea necesario, edificar una Patria que cobije a toda la familia venezolana, esto es, una auténtica República. Así será. ¡Vamos a luchar!

La iniciativa forma parte de la segunda etapa del programa “Geografías, Memorias y Semblanzas de Malvinas. Un límite al Olvido” y permitirá ampliar el Banco de Voces con testimonios de excombatientes del norte de esa provincia.

En Salvador Mazza se inició este jueves el registro audiovisual de Voces y Semblanzas de Malvinas, una nueva instancia del proceso de reparación histórica y preservación de la memoria de los veteranos de guerra impulsado por el Gobierno de la Provincia, a través del Archivo Provincial de la Memoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La actividad constituye la segunda etapa del programa “Geografías, Memorias y Semblanzas de Malvinas. Un límite al Olvido” y tiene como objetivo construir un Banco de Voces a partir de los testimonios de los excombatientes salteños, preservando sus historias de vida, recuerdos y experiencias vinculadas al conflicto bélico de 1982.

El primer testimonio registrado correspondió a Pedro Alberto Medina, quien compartió su semblanza y recuerdos como joven de 21 años del interior de la provincia cuya vida quedó atravesada por la Guerra de Malvinas. Durante la jornada también se realizaron entrevistas y registros audiovisuales a los veteranos de guerra Jorge Vaca, Dalmacio Fernández y José Hernandorena.

La iniciativa se desarrolla con la participación y el acompañamiento del equipo de prensa de la Municipalidad de Salvador Mazza, generando un trabajo articulado que permite avanzar en la reconstrucción histórica y en la preservación de las memorias de los protagonistas.

Al respecto, la directora del Archivo Provincial de la Memoria, Alba Fernández, destacó el valor del trabajo conjunto y señaló: “Construir este proceso de reparación histórica de manera colaborativa nos produce una enorme satisfacción y agradecimiento con el intendente Subelza y con el equipo de prensa. Significa construir un límite al olvido desde el resguardo y la virtualización de la memoria, federalizarla y fortalecer el compromiso social con los sujetos históricos y sus familias”.

Por su parte, el jefe de Prensa de la Municipalidad de Salvador Mazza, Luciano Arellano, resaltó la importancia de participar en esta experiencia de registro y memoria. “Para nosotros es una experiencia gratificante que nos permite empatizar con nuestros veteranos de guerra, que son nuestros vecinos. Nacimos mucho después de la guerra y participar nos permite acercarnos a la historia y a la memoria de nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, manifestó su agradecimiento por el desarrollo de esta acción en la localidad y destacó su importancia para la comunidad. Señaló que preservar estos testimonios es significativo para los vecinos y vecinas, para los héroes de Malvinas y para continuar fortaleciendo las políticas de reparación histórica que se impulsan desde el municipio.

El registro realizado en Salvador Mazza da continuidad al trabajo iniciado por la Provincia en el departamento San Martín, donde ya se habían desarrollado acciones de acompañamiento institucional, registro audiovisual y preservación documental junto a veteranos de guerra y organizaciones de excombatientes.

El Banco de Voces busca así preservar la palabra de los protagonistas y garantizar que sus experiencias puedan ser conocidas por las nuevas generaciones, fortaleciendo el reconocimiento, la reparación histórica y la construcción colectiva de la memoria.

Agobiadas por las deudas y la pérdida de capacidad de pago, miles de personas se movilizaron este jueves en Buenos Aires para reclamar medidas urgentes frente al creciente endeudamiento de los hogares, que alcanzó niveles inéditos en las últimas dos décadas durante el gobierno de Javier Milei.

Según datos del Banco Central, más de 5,8 millones de argentinos —el 12,5% de la población— se encuentran en mora con sus préstamos, una cifra que marca un récord desde la crisis de 2001. La protesta expuso así una de las caras más preocupantes de la crisis económica: familias que recurren cada vez más al crédito y a préstamos de alto costo para afrontar gastos esenciales.

Los manifestantes apuntaron contra las políticas de austeridad y desregulación financiera del Gobierno y reclamaron una mayor intervención del Estado para aliviar la situación de los hogares sobreendeudados. “Día a día, esto se hace cada vez más difícil de sobrellevar”, expresó durante la movilización Mariano Almeyda, un abogado de 47 años que aseguró atravesar personalmente las dificultades provocadas por las deudas.

Fuerte respaldo sindical

La movilización contó con el respaldo de las principales centrales obreras, entre ellas la CGT y la CTA, además de organizaciones y partidos de izquierda. La protesta ocupó parte de la Plaza de Mayo, frente al Ministerio de Economía, que permaneció vallado y rodeado por un fuerte operativo policial.

Entre las consignas también aparecieron críticas a las billeteras digitales y otras plataformas que ofrecen préstamos, señaladas por los manifestantes como parte de un circuito de financiamiento al que recurren numerosos hogares ante las dificultades para acceder al crédito bancario tradicional.

El reclamo central fue por una intervención estatal que permita reestructurar las deudas de las familias y poner límites a las tasas de interés consideradas abusivas, especialmente en los segmentos informales o de mayor riesgo.

🗣️“VENIMOS A PEDIR RESPUESTA A ESO QUE DICEN QUE ES UN PROBLEMA ENTRE PRIVADOS”

Marchamos junto a las dos CTA, UTEP y organizaciones sociales para decir basta al modelo económico del Gobierno nacional que conduce Javier Milei y que instrumenta el ministro Luis Caputo, que está… pic.twitter.com/HQtF0Rm8nR

— CGT (@cgtoficialra) August 20, 2026

La movilización también puso en discusión una de las definiciones del propio Milei, quien sostuvo recientemente que el endeudamiento constituye “un asunto entre privados” en el que el Estado no debería intervenir. Para los manifestantes, esa postura desconoce la dimensión social que adquirió el problema.

Desde la CGT sintetizaron el reclamo tras la marcha: “Un modelo que empuja a las familias argentinas a endeudarse para comer, pagar el alquiler y sostener los servicios básicos”. La multitudinaria protesta dejó así expuesta la creciente preocupación por el impacto de la crisis económica sobre la vida cotidiana de millones de hogares.