¿La casta viaja en bondi? Las subas de cuatro cifras en colectivos, trenes y subtes transformaron el viaje diario al trabajo en un artículo de lujo. Al final, la motosierra no apuntó a los despachos oficiales ni a los privilegios de la política, sino a los molinetes de las estaciones y a las paradas de colectivo de los sectores populares.

La política de transporte público en el AMBA sufrió un giro de 180 grados desde la asunción del gobierno libertario de Javier Milei. Con el objetivo central de reducir el déficit fiscal, eliminar los subsidios directos a las empresas y “sincerar” los costos del sistema, las tarifas de colectivos, trenes y subterráneos experimentaron el salto más abrupto de la historia reciente. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet publicado este año, el gasto promedio de los hogares en movilidad se disparó un 1.000%, convirtiendo al transporte en el rubro de mayor peso dentro de la canasta de servicios públicos.

A continuación, la reconstrucción cronológica, paso a paso y con datos oficiales, del desmantelamiento del esquema de subsidios y la evolución de los boletos mínimos (con tarjeta SUBE registrada).

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1. El punto de partida: Diciembre 2023

Al asumir la nueva gestión, las tarifas en el AMBA se encontraban fuertemente congeladas y subsidiadas por el Estado Nacional.

• Colectivo mínimo: $52,96
• Tren (Mínimo líneas Mitre, Sarmiento, San Martín): $48,38 (Líneas Roca, Belgrano Sur y Norte costaban $37,30)
• Subte: $80,00

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2. El primer salto (Enero – Febrero 2024)

La devaluación de diciembre de 2023 cuando apenas asumió Milei, impactó de inmediato en los costos operativos de las empresas, lo que forzó las primeras actualizaciones de emergencia. En febrero llegó el primer “tarifazo” masivo con la quita fuerte de subsidios al boleto.

• Enero 2024: El colectivo mínimo subió a $76,92 (un 45,2% de incremento). Los trenes se unificaron en una tarifa base de $130,00. El subte trepó a $110,00.
• Febrero 2024: La Secretaría de Transporte aplicó un ajuste drástico. El colectivo mínimo saltó a $270,00 (un salto del 251% en un solo mes). Los trenes mínimos pasaron a costar $130,00 en todas las líneas.

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3. La escalada del Subte y la unificación de Trenes (Mayo – Junio 2024)

Mientras Nación congeló transitoriamente los colectivos para frenar la inflación del IPC, el Gobierno de la Ciudad avanzó con un cronograma escalonado para el Subte, y la Secretaría de Transporte ajustó fuertemente los trenes en mayo tras declarar la “emergencia ferroviaria”.

• Mayo 2024: El boleto de tren mínimo sufrió un incremento del 53,8%, alcanzando los $200,00. El subte subió a $574,00.
• Junio 2024: El subte trepó a $650,00.

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4. El descongelamiento y la quita del Boleto Integrado (Agosto – Septiembre 2024)

Tras meses sin cambios en el autotransporte, el Gobierno Nacional autorizó un nuevo incremento en agosto y retiró los subsidios a las líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA). Esto dio inicio a la “descoordinación tarifaria”.

• Agosto 2024: El colectivo mínimo nacional aumentó un 37%, pasando de $270 a $371,13.
• Septiembre 2024: Los trenes volvieron a subir un 40%, alcanzando un mínimo de $280,00. El subte completó su esquema escalonado llegando a $757,00.

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5. La fragmentación del sistema y la indexación (2025 – Mayo 2026)

A partir de 2025, el mapa del transporte en el AMBA se rompió definitivamente. Al dejar Nación de financiar las líneas locales, CABA y PBA comenzaron a definir esquemas propios para cubrir los costos o trasladarlos a las tarifas, lo que generó valores diferenciados según la jurisdicción. Además, para 2026 se consolidó un sistema de actualización mensual indexado.

El cuadro tarifario a mayo de 2026

Con las últimas actualizaciones aplicadas a partir de hoy, lunes 18 de mayo de 2026, los valores mínimos (para la primera sección o tramos de 0 a 3 km con SUBE registrada) quedaron configurados de la siguiente manera:

• Colectivos de Jurisdicción Nacional (Líneas interjurisdiccionales que cruzan de Provincia a CABA): $714,00. (Ya se oficializó que subirá a $728 en junio y a $742 en julio).
• Colectivos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA): $753,74.
• Colectivos de la Provincia de Buenos Aires (PBA): $968,57. (La Provincia absorbe un costo mayor por la extensión de los recorridos y el recorte del Fondo Compensador del Interior/Amba).
• Trenes del AMBA (Todas las líneas): Subió hoy un 10%, pasando de los $280 que promediaba el año pasado a $310,00. (Tiene un cronograma mensual escalonado que lo llevará a $449,81 en septiembre).
• Subterráneo de CABA: $1.490,00 (para usuarios de 1 a 20 viajes mensuales).

El dato de la SUBE “Sin Registrar”: Como política para desincentivar el anonimato y recortar subsidios, el Gobierno mantuvo el castigo tarifario. Quienes viajan con una tarjeta SUBE sin nominalizar pagan exactamente el doble de la tarifa base (por ejemplo, $1.428 en colectivos nacionales y $2.369 en el subte).

Resumen del Impacto Acumulado (Diciembre 2023 vs. Mayo 2026)

Para tomar dimensión real del ajuste en términos nominales sobre el boleto mínimo registrado:

Transporte	Tarifa Dic 2023	Tarifa Mayo 2026	Aumento Acumulado (%)
Colectivo (Mínimo Nacional)	$52,96	$714,00	+1.248%
Colectivo (Mínimo PBA)	$52,96	$968,57	+1.728%
Trenes (Líneas Mitre/Sarmiento)	$48,38	$310,00	+540%
Subte (CABA)	$80,00	$1.490,00	+1.762%

La quita de subsidios nacionales —que cayeron más de un 43% en términos reales— y la transferencia de costos a las provincias y municipios cambiaron la fisonomía del gasto hogareño en Buenos Aires. Si en 2023 el usuario pagaba con su boleto apenas entre el 2% y el 5% de lo que costaba realmente el tramo, hoy la recaudación directa ya cubre una parte sustancial del llamado “costo técnico”, que las consultoras privadas y el propio Estado ya estiman en torno a los $1.800 y $2.000 por viaje.

A la persistente pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral, se suman crecientes cuestionamientos políticos y escándalos que erosionan la confianza pública y aceleran la caída de la imagen presidencial.

La crisis económica profundiza el desgaste del gobierno de Javier Milei y empieza a impactar de lleno en el humor social. A la persistente pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias y la incertidumbre laboral, se suman crecientes cuestionamientos políticos y escándalos que erosionan la confianza pública y aceleran la caída de la imagen presidencial.

Según una nueva edición de QMonitor, el sistema de monitoreo estratégico elaborado por QSocial Big Data, apenas el 19% de los argentinos evalúa positivamente la situación económica del país, un desplome de 23 puntos respecto de diciembre. En paralelo, el 46% considera que la situación económica es directamente negativa y el pesimismo sobre el futuro no deja de crecer.

El informe correspondiente a mayo de 2026 registró la tercera caída consecutiva del clima social y ubicó a la economía como el principal factor de desgaste de la gestión libertaria. La percepción sobre la situación general del país también se deterioró fuertemente: la evaluación positiva cayó del 28% al 14% en apenas cuatro meses.

El impacto de la crisis ya atraviesa la vida cotidiana de millones de argentinos. El 75% de los hogares debió recortar gastos para llegar a fin de mes, mientras que el 58% asegura no tener capacidad de ahorro. Además, el 67% tuvo dificultades para pagar deudas o cuotas durante el último año.

La encuesta revela también un nivel creciente de fragilidad financiera. El 61% utilizó la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, servicios o medicamentos, y el 58% recurrió a ahorros previos para afrontar gastos corrientes del hogar. A esto se suma que el 65% considera que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, percepción que aumentó 14 puntos desde febrero.

En el plano laboral, el deterioro también se hace evidente. Más de la mitad de los trabajadores considera que su empleo es poco o nada estable, mientras que el 37% sufrió una caída de ingresos o reducción de horas laborales en los últimos seis meses. Además, el 41% percibe señales de posibles despidos o recortes de personal, cifra que trepa al 55% en el Gran Buenos Aires.

El desgaste económico comienza además a traducirse en costos políticos concretos para Milei. El informe detectó una cuarta caída mensual consecutiva en la aprobación presidencial: la imagen positiva cayó del 36% al 32%, mientras que la negativa subió al 55%. En total, el Gobierno perdió 17 puntos de respaldo en apenas cinco meses.

Al mismo tiempo, se debilita el respaldo social al ajuste. A comienzos de año, el 43% consideraba que “las políticas de Milei son necesarias aunque duelan en el corto plazo”. Hoy, ese apoyo cayó al 32%, especialmente entre votantes independientes y sectores que anteriormente acompañaban al oficialismo.

En paralelo, los conflictos internos y las polémicas que rodean al Gobierno también comienzan a impactar en el terreno digital. QMonitor registró una caída histórica en las interacciones del Presidente en redes sociales: entre enero y abril, los “me gusta” de Milei cayeron 79% en Facebook, 66% en Instagram y 59% en X. En TikTok, directamente dejó de publicar y sus interacciones se desplomaron por completo.

El informe además señala un dato político llamativo: por primera vez desde el inicio de la gestión, un funcionario superó a Milei en interés digital. El vocero presidencial Manuel Adorni lo superó en búsquedas online en siete oportunidades entre marzo y mayo, impulsado por el escándalo de la denominada “cascada”, un episodio que volvió a poner al Gobierno en el centro de las controversias públicas.

Con una economía cada vez más deteriorada, señales de agotamiento social frente al ajuste y una sucesión de episodios que golpean la credibilidad oficial, el gobierno de Milei enfrenta uno de sus momentos de mayor desgaste desde que llegó al poder.

El contratista Matías Tabar rompió el silencio y confirmó que el vocero presidencial pagó la totalidad de su obra con fajos de dólares en efectivo, justificando la evasión al asegurar que “en Argentina todo el mundo trabaja en negro”.

La situación judicial de Manuel Adorni se torna cada vez más asfixiante tras la ratificación del contratista Matías Tabar, quien confirmó que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo por la remodelación de su casa en el country Indio Cua. Según el relato del intermediario, el pago se realizó en dólares billete en dos etapas: un anticipo de 94 mil dólares y un segundo desembolso para cancelar el saldo total de la obra.

A pesar de que Tabar intentó defender la honestidad del vocero, sus declaraciones ante la justicia y los medios terminaron exponiendo el nivel de excentricidad de la propiedad. Entre los detalles más polémicos de la refacción, el contratista confirmó la instalación de una parrilla con control remoto, una cascada de agua en la piscina y un jacuzzi. Además, se reveló que mientras se realizaban estos trabajos, Adorni alquiló otra casa en el mismo country por un valor total de 21.000 dólares durante 18 meses.

Lo más escandaloso del testimonio fue la naturalización de la evasión fiscal. Tabar admitió que la obra se manejó por fuera del sistema bancario, afirmando que “ninguna persona en Argentina que esté construyendo una casa declara todo” y que facturar el total de los costos sería “imposible”. Aunque el constructor se declaró “libertario” y votante de Milei, sus palabras dejan al vocero presidencial en una posición de extrema fragilidad ante la investigación por presuntas irregularidades patrimoniales.

En medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes, un diputado de La Libertad Avanza estacionó su Tesla Cybertruck de 200 mil dólares en el Congreso: la nueva ‘casta’ viaja en el vehículo de Elon Musk mientras el pueblo paga el ajuste.

Mientras el discurso oficial sostiene que el ajuste debe ser pagado por la política, el estacionamiento del anexo de la Cámara de Diputados se convirtió en el escenario de una exhibición de lujo que dejó a todos boquiabiertos. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, asistió a su jornada laboral a bordo de una Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica ultra futurista de la compañía de Elon Musk.

El vehículo se caracteriza por su diseño de líneas angulares y un exoesqueleto de acero inoxidable, pero lo que más impacto causó fue su valor: en Argentina, sumando los costos de importación, esta camioneta tiene una valuación superior a los 200 mil dólares. La periodista Noelia Barral Grigera viralizó las imágenes del vehículo, señalando que, además de este Tesla, el diputado jujeño cuenta en su declaración jurada con un Mercedes Benz, una camioneta Amarok, una Toyota y motocicletas de alta cilindrada como una KTM 1000 y una Husqvarna.

La presencia de la Cybertruck en el Congreso generó una reacción inmediata en redes sociales y pasillos legislativos. Para muchos sectores, la excentricidad del modelo resulta una provocación en medio de una crisis económica que golpea el bolsillo de los trabajadores y estudiantes. El contraste entre el “no hay plata” que pregona el Ejecutivo y el despliegue de tecnología de élite por parte de sus legisladores vuelve a poner en duda la verdadera naturaleza del esfuerzo que se le pide a la sociedad.

Quintar, representante de la provincia de Jujuy, queda así en el ojo de la tormenta. Si bien el patrimonio puede ser previo a su función, el uso de un bien tan suntuoso para asistir al trabajo parlamentario —en el mismo lugar donde se discuten recortes a áreas sensibles— refuerza la idea de una dirigencia que vive en una realidad paralela, protegida por un “exoesqueleto” de privilegios que la aleja del día a día de sus representados.

Confesión narco y vuelo directo al escándalo: Fred Machado se declaró culpable en EE.UU. y dejó al ex candidato de Milei contra las cuerdas por el financiamiento de su campaña.

El panorama judicial de José Luis Espert se complicó drásticamente tras la confesión de Federico “Fred” Machado ante la justicia de los Estados Unidos. El empresario aeronáutico, detenido por liderar una organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos, se declaró culpable, confirmando las maniobras financieras ilegales que realizaba a través de su flota de aviones. Esta admisión de culpabilidad reaviva las sospechas sobre el financiamiento de la campaña electoral del actual diputado libertario.

La relación entre Espert y Machado no es nueva: el legislador utilizó en reiteradas oportunidades los aviones de Machado para trasladarse durante sus actividades políticas, incluso cuando ya pesaban alertas internacionales sobre el empresario. La confesión de Machado en tribunales estadounidenses refuerza la hipótesis de que fondos provenientes del crimen organizado podrían haber permeado la estructura política de Espert, quien hasta ahora ha intentado despegarse del escándalo calificándolo como un hecho circunstancial.

Con la declaración de culpabilidad de Machado, la justicia argentina recibe un impulso para profundizar la investigación sobre el origen de los recursos que sostuvieron el ascenso político del economista. Se busca determinar si existió una contraprestación por el uso de las aeronaves y si el vínculo entre ambos iba más allá de un simple servicio de transporte, entrando en el terreno del lavado de dinero y el financiamiento ilícito de la política.

Este escándalo estalla en un momento de extrema sensibilidad para el oficialismo, ya que Espert es una de las figuras clave del Gobierno en el Congreso. Mientras el discurso oficial se centra en la transparencia y la lucha contra las “mafias”, la confirmación de que un aliado estratégico fue financiado por un narco confeso pone al Gobierno en una situación defensiva y obliga al diputado a dar explicaciones ante una justicia que ahora cuenta con pruebas internacionales contundentes.

Se acabó el silencio: peritan los audios que muestran cómo la ‘motosierra’ en discapacidad habría servido para financiar beneficios propios

La investigación judicial que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave tras el pedido formal de una pericia técnica sobre una serie de audios que involucran al director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo. La solicitud busca determinar la veracidad y la integridad de las grabaciones donde se escuchan presuntas irregularidades vinculadas al manejo de fondos y la toma de decisiones dentro de la agencia encargada de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.

Spagnuolo, quien asumió el cargo bajo la actual administración y es un hombre de extrema confianza del entorno presidencial, quedó en el ojo del huracán luego de que trascendieran registros que sugerirían un uso discrecional de los recursos estatales. La justicia intenta establecer si los audios —que circularon de manera interna y luego llegaron a sede judicial— prueban maniobras de malversación o si fueron editados, como sostienen desde sectores cercanos al funcionario.

El avance de esta pericia es fundamental para la causa, ya que podría confirmar un esquema de desvío de partidas en un área que viene sufriendo recortes presupuestarios severos y denuncias de beneficiarios por la falta de entrega de insumos básicos y demoras en el pago de prestaciones. La denuncia pone en duda la transparencia en la gestión de una de las cajas más sensibles del Estado nacional.

Mientras se espera el resultado de las pruebas técnicas, el escándalo en ANDIS aumenta la presión sobre el gabinete. La investigación judicial no solo apunta a la responsabilidad penal de Spagnuolo, sino que también expone las internas de una gestión que prometía barrer con la discrecionalidad y ahora debe dar explicaciones en los tribunales por presuntos hechos de corrupción en una de las áreas más vulnerables de la administración pública.

La organización internacional socialista difundió un comunicado por el 9 de mayo, fecha en la que se conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, y sostuvo que actualmente existe un “resurgimiento de las amenazas fascistas” impulsadas por el “imperialismo” y sectores de poder global.

“El 9 de mayo no es solo una fecha en el calendario, sino el símbolo universal de la victoria definitiva sobre la barbarie”, señaló la declaración, en referencia a la capitulación del Tercer Reich en 1945 y al avance del Ejército Rojo sobre Berlín.

La organización destacó que “millones de soviéticos entregaron sus vidas para defender a la humanidad” y sostuvo que ese legado “cobra hoy una vigencia alarmante” frente a conflictos internacionales contemporáneos.

En el documento, el Sovintern vinculó la lucha histórica contra el nazismo con la actual guerra en Ucrania y afirmó que “la misma lucha que libró el Ejército Rojo contra el nacionalsocialismo se libra hoy en territorio ucraniano”.

Asimismo, denunció lo que definió como “políticas de odio” promovidas por el imperialismo y mencionó entre los focos de conflicto el “genocidio en Palestina”, los bombardeos en Líbano e Irán, además de “provocaciones en América Latina” y amenazas contra la soberanía de Cuba y Venezuela.

El texto también reivindicó el llamado “Regimiento Inmortal”, las marchas con retratos de combatientes soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que esas movilizaciones representan “la memoria viva” de quienes combatieron al fascismo.

“Hoy, como ayer, la unidad de las organizaciones socialistas y de todos los pueblos es la única fuerza capaz de detener estas atrocidades”, expresó el comunicado de esa internacional socialista.

El Sovintern fue fundado recientemente en Moscú como una red internacional de organizaciones socialistas y movimientos de izquierda alineados con fuertes posiciones antiimperialistas.

La declaración concluye con una consigna histórica de la memoria soviética: “Nadie ha sido olvidado, nada ha sido olvidado; la lucha por la verdad histórica, la derrota del fascismo en todos sus frentes y la libertad de los pueblos continúa”.

La investigación de los tribunales de Comodoro Py pone la lupa sobre la consistencia de los ingresos del matrimonio frente a sus declaraciones juradas, movimientos en cuentas bancarias, gastos con tarjetas de crédito y la adquisición de bienes.

El juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del vocero presidencial, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, en el marco de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación contra la administración pública. La medida judicial busca desentrañar la evolución patrimonial de la pareja y verificar si existe una justificación legal para el incremento de sus activos y consumos en los últimos años.

La investigación de los tribunales de Comodoro Py pone la lupa sobre la consistencia de los ingresos del matrimonio frente a sus declaraciones juradas, movimientos en cuentas bancarias, gastos con tarjetas de crédito y la adquisición de bienes. La denuncia original sugiere irregularidades que vincularían el crecimiento económico de la familia con el ejercicio de la función pública y contratos que estarían bajo sospecha.

Con esta resolución, el magistrado busca obtener una radiografía completa de las finanzas de Adorni y Angeletti, incluyendo registros de propiedad y posibles activos no declarados. La medida representa un revés político para el entorno más cercano del Presidente, ya que coloca bajo sospecha directa la transparencia de uno de los principales comunicadores de la gestión, en un contexto donde el Gobierno sostiene un discurso de rigurosa austeridad y combate a los privilegios.

Una nueva sucursal de un frigorífico en Moreno abre sus puertas y espera incorporar a 60 trabajadores en distintos sectores. La convocatoria sorprendió a la empresa y reciben a las personas con mate cocido y choripán.

Mientras se agravan los números de desempleo y de cierres de empresas en todo el país por las políticas del gobierno de Javier Milei, en las inmediaciones del nuevo frigorífico Don Theo, ubicado en Moreno junto a la autopista del Oeste, alrededor de 3.000 personas se congregaron desde la madrugada pese a las intensas lluvias. Se registraron más de 12 cuadras de fila para acceder a 60 puestos laborales disponibles en la sucursal que abrirá en junio próximo. 

La convocatoria, impulsada por redes sociales, apunta a encontrar empleados administrativos, promotores, cajeros, carniceros, polleros, choferes y cocineros. En medio de una inflación que no desacelera y la pulverización del poder adquisitivo, los salarios ofrecidos oscilan entre un millón y un millón trescientos pesos netos.

SEIS CUADRAS abajo de la lluvia para conseguir un puesto de trabajo en un Frigorífico

"Es TRISTÍSIMO ver tanta gente, me pone mal. Es impresionante. Nosotros podemos contribuir con un par de puestos, pero esto es UNA LOCURA" pic.twitter.com/1Z505canJ8

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) May 6, 2026

Los aspirantes llegaron en colectivos, bicis e incluso a pie: las entrevistas iniciaron a las 11 de este miércoles, pero hubo gente que hizo fila desde las 2 de la madrugada para asegurarse estar entre los primeros lugares. Durante la mañana y el mediodía, el frigorífico repartió mate cocido y choripanes para quienes buscan algo de dignidad en la Argentina de Milei. 

“Esto es para que vea Milei la cantidad de desocupados que hay y lo que está generando”, lanzó una mujer en diálogo con el móvil de TN. En tanto, un hombre aspirante a carnicero aseguró:“Está complicadísimo, hace seis meses no tengo trabajo”.

La dinámica del empleo registrado en la Argentina volvió a mostrar un deterioro sostenido en el último año. Según datos oficiales relevados por la Secretaría de Trabajo, el sistema perdió más de 124.700 puestos registrados en términos interanuales, en un contexto en el que, al mismo tiempo, se expanden los esquemas de monotributo y trabajo independiente. 

Frente a este panorama, Carolina, encargada de marketing y esposa del dueño, manifestó su pena ante la multitud que se presentó: “Es tristísimo ver tanta gente. Me pone mal“. En declaraciones para A24, señaló que “la gente grande sale a buscar trabajo”, ya que “no hay salida”. 

"Años atrás no era así, ¿o vos viste alguna vez una convocatoria para un puesto de trabajo así?"

Un postulante para trabajar en un frigorífico de Moreno contó que era empleado en una fábrica de calzado, pero que "los talleres cierran porque no hay industria" y "traen todo de… pic.twitter.com/5PuLAw1ryB

— Corta (@somoscorta) May 6, 2026

Con Milei cerraron más de 26 mil empresas en Argentina

Las políticas del gobierno de Milei provocaron la destrucción del entramado productivo: en apenas dos años, Argentina perdió 26.027 empresas, una caída generalizada que afecta a casi todas las actividades. El último informe del Observatorio de la Industria de la UTN.BA señaló que el número de empresas activas se ubica en 488.177, apenas un escalón por encima del peor registro de la serie analizada. 

El documento, realizado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), evidencia un panorama desolador por los casos de cierres y paralización de plantas de unidades productivas en conjunto con un indicador que refleja la situación en términos agregados para los sectores industriales, metalúrgico, textil, alimenticio, automotriz, materiales de construcción y químico. En todos los casos hubo efectos concretos de las medidas adoptadas por la administración de La Libertad Avanza.

Mientras miles de trabajadores sufren por un futuro incierto en un contexto económico crítico, algunos sectores muestran heridas más profundas. En términos absolutos, el Comercio lidera la pérdida con 6.291 establecimientos menos. El rubro Industrial, por su parte, registra la desaparición de 3.025 fábricas. Dentro del mundo fabril, los subsectores más afectados fueron: Textil, confección y calzado (-753 unidades productivas); Otros productos de metal (-414) y Alimentos y bebidas (-314).

En los últimos dos años, en términos de actividad, solo se destacaron escasas excepciones: Actividades administrativas, y Asociaciones y servicios personales mostraron incrementos en su cantidad de empresas, con variaciones de 5,9% y 2,7%, respectivamente. Por su parte, Minería y petróleo presentó un comportamiento más estable con un leve crecimiento del 0,1%.

En mayo se cumplen 4 años desde que la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) le otorgara a Cristina Fernández de Kirchner el Doctorado Honoris Causa y ella pronunciara su magistral conferencia donde acuñó con precisión, el concepto de “Insatisfacción Democrática”. Cristina, señaló cómo, en nuestras sociedades latinoamericanas, la democracia representativa ya no logra satisfacer las expectativas materiales y simbólicas de vastos sectores populares. La gente vota, elige gobiernos, pero al final la plata no alcanza, la desigualdad se agrava y la promesa republicana de que “el pueblo manda” se diluye en la rutina de un sistema que parece girar en vacío. Esa insatisfacción es real, profunda y explicable: es el fruto de décadas de neoliberalismo, ajuste estructural y captura del Estado por intereses concentrados.

Cristina hizo un diagnóstico certero, puso nombre y alertó el rumbo en que estábamos y que llama aún hoy a la acción ya que cuatro años después, la insatisfacción no agota la realidad actual. No solo hay insatisfacción ciudadana ante un orden democrático que no entrega resultados; lo que estamos viviendo es algo más grave: una democracia en estado de excepción o de sitio. La representación de la voluntad popular no solamente no satisface a sus electores; directamente se ve limitada, deformada y, en muchos casos, abiertamente alterada en sus principios fundacionales por prácticas autoritarias de los gobiernos de turno. El Estado de Derecho se mantiene formalmente —hay elecciones, parlamentos, tribunales—, pero en la práctica opera bajo un régimen de excepción permanente donde el poder ejecutivo concentra facultades extraordinarias, manipula instituciones y compra o coacciona la voluntad de los representantes.

Esta tesis no es mera retórica. Se verifica en hechos concretos y recientes que muestran un patrón regional preocupante.

En Argentina, dos casos emblemáticos ilustran con crudeza esta doble mecánica de intervención en la democracia y en el derecho soberano del pueblo a elegir a sus representantes. Por un lado, el exsenador Edgardo Kueider —detenido en diciembre de 2024 en la frontera con Paraguay mientras intentaba ingresar con más de 200 mil dólares sin declarar— encarna la compra directa de voluntades: legislador que pasó de votar como peronista a convertirse en pieza clave para aprobar la Ley Bases del gobierno de Javier Milei. No se trata de un incidente aislado: es la materialización de cómo el Ejecutivo puede torcer la voluntad popular expresada en las urnas mediante incentivos económicos a quienes deben representar al pueblo. La soberanía popular se convierte en mercancía.

Por el otro, la proscripción judicial de Cristina Fernández de Kirchner: en junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Esta decisión, calificada por amplios sectores del campo popular como un claro caso de lawfare o proscripción política, impide directamente al pueblo argentino elegir libremente a una de sus figuras políticas más representativas y con mayor apoyo popular histórico. Se viola así el principio elemental de la soberanía popular: el derecho de los electores a decidir quién los representa, sin que un poder judicial politizado pueda sustituir o vetar esa voluntad. La proscripción de Cristina no es solo un ataque personal; es una intervención estructural en el corazón mismo de la democracia.

En Honduras, la situación es aún más descarada. En abril de 2026, diputados de la bancada del Partido Liberal confirmaron haber recibido depósitos y cheques de entre 50 y 100 mil lempiras directamente desde Casa Presidencial, gobernada por el Partido Nacional. El argumento oficial —“ayudas para la gestión social”— no disimula la realidad: se trata de un mecanismo clientelar clásico para asegurar lealtades legislativas. El Presidente, a través de recursos públicos, alquila disciplinamiento parlamentario. La separación de poderes se vuelve ficción; el Congreso deja de ser contrapeso y se transforma en extensión del Ejecutivo.

En Ecuador el proceso es aún más sofisticado e institucional. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el 26 de abril de 2026, canceló la inscripción de dos partidos de oposición —Unidad Popular y Construye— por supuestos incumplimientos en el número de adherentes, antes a principio de año rechazó la inscripción de más de diez nuevos partidos políticos y movimientos al mismo tiempo que suspendía por 9 meses a la principal fuerza opositora, la Revolución Ciudadana. El gobierno de Daniel Noboa ha decretado y mantenido estados de excepción en nueve provincias clave (incluyendo Pichincha y Guayas, con Quito y Guayaquil), imponiendo toques de queda y restringiendo el libre tránsito y las movilizaciones justo en el breve periodo preelectoral de las seccionales adelantadas a noviembre de 2026. El resultado es previsible: se acorta el tiempo de los opositores para organizarse, se elimina competencia electoral mediante decisiones “técnicas” y se limita la expresión ciudadana bajo el pretexto de la seguridad. La voluntad popular queda encerrada entre la proscripción, el calendario manipulado y la excepcionalidad permanente.

En Chile, bajo los gobiernos de Boric y de José Antonio Kast, la Macrozona Sur (La Araucanía y provincias de Arauco y Biobío) vive desde hace más de cuatro años bajo un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que ha sido prorrogado de forma sistemática y casi ininterrumpida por el Congreso. Lo que empezó como medida temporal se ha normalizado: despliegue militar prolongado, restricciones al libre tránsito y un régimen de facto donde los derechos fundamentales operan con reglas distintas. Esta excepcionalidad permanente convierte una zona significativa del país en un territorio bajo sitio democrático, donde la gobernabilidad se impone por la fuerza en lugar de por el consenso ciudadano.

En Perú, las elecciones generales de abril de 2026 estuvieron marcadas por retrasos masivos en la instalación de mesas de sufragio (en varios distritos de Lima y otras zonas), lo que generó acusaciones directas de fraude por parte de candidatos como Rafael López Aliaga y una crisis postelectoral que cuestionó la legitimidad del proceso. Sumado al uso recurrente de estados de emergencia en diversas regiones y a la tradición de inestabilidad institucional (con múltiples cambios de mando presidencial en pocos años), estos hechos erosionan la confianza en el escrutinio electoral y dejan la representación popular bajo sospecha permanente. La voluntad ciudadana se ve alterada no solo por la logística fallida, sino por la desconfianza sistémica que genera.

Estos no son episodios aislados. Forman parte de una tendencia continental donde los gobiernos —de distintos signos ideológicos— invocan la “gobernabilidad”, la “seguridad”, el “riesgo climático” o la “emergencia” para justificar un estado de excepción de facto. Giorgio Agamben lo advirtió hace años: la excepción se vuelve regla. Y cuando la excepción se normaliza, la democracia representativa deja de ser el gobierno del pueblo para convertirse en la administración de una oligarquía que controla el Ejecutivo, captura las instituciones arbitrales o invierte el equilibrio de poderes.

La insatisfacción democrática que describió Cristina desnudó algo más siniestro: la erosión estructural de la soberanía popular. Los ciudadanos siguen votando, pero su voto se ve cada vez más mediatizado, condicionado o directamente anulado por mecanismos que operan fuera del escrutinio democrático. La representación ya no traduce la voluntad general; la distorsiona o la sustituye.

Estamos ante una democracia sitiada. Y solo recuperando la centralidad de la soberanía popular —con instituciones verdaderamente independientes, con transparencia radical en el financiamiento político y con mecanismos de control ciudadano permanentes— podremos salir del estado de excepción y volver a hacer de la democracia un instrumento real de emancipación colectiva. De lo contrario, seguiremos celebrando elecciones que, cada vez más, serán mera formalidad para legitimar un poder que ya no representa al pueblo.

*Pablo Vilas fue Embajador de la República Argentina en la República de Honduras. Parlamentario del MERCOSUR. Primer director de la Casa Patria Grande Pte. Néstor Carlos Kirchner. Condecorado con la Orden Francisco de Morazán en el grado de “Gran Cruz Placa de Plata” por la Presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento. Condecorado con la Orden del Libertador de los Esclavos, “José Simeón Cañas” en el grado de “Comendador”, por el Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Algunas fuentes:

Argentina (Kueider): AP News (9 dic 2024) – https://apnews.com/article/senador-argentina-detenido-paraguay-contrabando-milei-kueider-d6ef2ff1b241a23e7147478076035af2

Infocielo – https://www.infocielo.com/politica-y-economia/tras-haber-votado-favor-milei-la-ley-bases-detuvieron-al-senador-kueider-200-mil-dolares-declarar-n797399

Argentina (proscripción de Cristina): Página/12 (15 jun 2025) – https://www.pagina12.com.ar/2025/06/15/la-corte-suprema-confirmo-la-condena-a-cristina-fernandez-de-kirchner

La Izquierda Diario (16 jun 2025) – https://www.laizquierdadiario.com/La-Corte-confirmo-la-proscripcion-de-Cristina

Honduras (cheques a diputados liberales): Criterio.hn (9 abr 2026) – https://criterio.hn/resurgen-subvenciones-a-diputados-desde-casa-presidencial-y-reavivan-cuestionamientos/

Tiempo.hn (10 abr 2026) – https://tiempo.hn/honduras/2026/04/10/la-ley-lo-permite-nasry-asfura-y-finanzas-responden-sobre-deposito-de-l100-mil-a-diputados/

Ecuador (CNE proscribe partidos + estado de excepción): El Comercio (26-27 abr 2026) – https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/cne-aprueba-cancelacion-a-unidad-popular-y-construye/

DW (3 abr 2026) – https://www.dw.com/es/nuevo-estado-de-excepci%C3%B3n-en-ecuador-abarca-nueve-provincias/a-76650424

Chile (Estado de Excepción Macrozona Sur): BioBioChile (24 mar 2026) – https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/03/24/congreso-aprueba-extender-estado-de-excepcion-en-macrozona-sur-primera-prorroga-del-gobierno-de-kast.shtml

Perú (elecciones 2026 con retrasos y acusaciones de fraude): Yahoo Noticias / EFE (12 abr 2026) – https://es-us.noticias.yahoo.com/l%C3%B3pez-aliaga-cree-empez%C3%B3-fraude-183200414.html