El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) anunció los ajustes en los cuadros tarifarios. Se espera un incremento de al menos 150%, con la posibilidad de alcanzar más del 300%.

Las tarifas de gas registrarán un aumento a partir del consumo de este miércoles, con un impacto que comenzará a reflejarse en las facturas a partir de mayo.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) tiene preparada la resolución con los nuevos cuadros tarifarios, que se publicarán en el Boletín Oficial. Este incremento afectará a todos los usuarios residenciales, comerciales e industriales, aunque variará en magnitud.

Se espera un incremento de al menos el 150%, con la posibilidad de alcanzar más del 300%.

La Secretaría de Energía reveló la semana pasada los nuevos valores que los usuarios deberán abonar por el costo de producción del gas a partir de este mes. Según la información proporcionada, en promedio, los hogares de ingresos altos verán aumentar su factura de $2961 a $9271; los de bajos ingresos, de $838 a $2462; y los de ingresos medios, de $1975 a $6375. Sin embargo, este componente constituye solo uno de los tres factores que impactan en las facturas.

Enargas publicó este miércoles 3 de abril, en la Resolución 122/2024 los incrementos correspondientes a los componentes de transporte y distribución, que representan alrededor del 35% del costo total de las facturas. Estas tarifas se aplican a las empresas responsables del transporte y distribución del gas desde los centros de producción hasta los hogares. Este aumento será uniforme para todos los usuarios, ya que no hay segmentación en estos componentes de las facturas.

Aunque los pedidos de ajuste realizados por las empresas no son vinculantes, se anticipa algún tipo de incremento, dado que la mayoría de las empresas reportaron pérdidas el año pasado debido al congelamiento de sus ingresos en un contexto de alta inflación.

Se espera que el ente que regula el gas apruebe un aumento del 350%, lo que implicaría un incremento en la tarifa final de al menos el 70%. (NA).

Fuente: vaca muerta news

“La restitución del FONID y La urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente”, son los principales reclamos del gremio docente.

En protesta por la eliminación del FONID y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente, los trabajadores docentes nucleados en CTERA anunciaron un paro nacional para el próximo jueves 4 de abril.

El gremio hizo conocer su decisión a través de un comunicado publicado en las redes sociales reclamando “la restitución del FONID; La urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente; La restitución de un piso salarial a nivel nacional; El envío de fondos para los programas educativos nacionales; Aumento urgente para los haberes de las docentes y los docentes jubilados; El envío de los fondos nacionales para las Cajas Previsionales Provinciales y en Solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores estatales”.

El documento sostiene que “en este nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba, el 4 de abril de 2007, la CTERA rechaza el Protocolo de Seguridad del Gobierno Nacional, que criminaliza la protesta social”, y agrega que “CTERA realizará el lanzamiento de una Campaña de firmas, exigiendo al Gobierno Nacional garantice la Educación Pública en todo el país”.

Los docentes detallaron que durante el Paro Nacional “se realizarán conferencias de prensa y acciones en las provincias para visibilizar la grave situación educativa”.

Agregaron que, “en la Ciudad de Buenos Aires CTERA participará de la marcha de la CTA al Congreso de la Nación, en defensa de las jubilaciones y contra el ajuste a la movilidad jubilatoria. En Neuquén, en el marco del nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba, se realizará una gran marcha contra el modelo represivo que lleva adelante el Gobierno Nacional”.

Y concluyen afirmando que “este Paro Nacional es la continuidad del Plan de Acción que CTERA votó por unanimidad, contra el ajuste en la Educación Pública, por la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docentes y la urgente recomposición salarial para nuestras jubiladas y nuestros jubilados”.

La drástica decisión del gobierno de Gustavo Petro fue en respuesta de los insultos que le propinó el mandatario argentino en una entrevista.

Tras las tremendas declaraciones del presidente Javier Milei, finalmente el Gobierno de Colombia oficializó que Gustavo Petro ordenó la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en ese país.

A través de un comunicado difundido por redes sociales, Cancillería hizo oficial la primera medida que acentúa el conflicto diplomático con el país sudamericano, luego que Milei tildara de “asesino terrorista” a su par colombiano.

La crisis entre la Argentina y Colombia se inició poco después de la asunción del libertario, con declaraciones fuertes de ambos lados, y escaló fuertemente este miércoles luego de que se conocieran duras palabras del argentino hacia el colombiano en una entrevista televisiva que se emitirá completa el domingo próximo.

En respuesta, primeramente, Petro llamó a consultas al embajador en Argentina, Camilo Romero, y pidió expulsar al representante de la gestión de Milei en Bogotá, Gustavo Dzugala.

En horas de la noche, Cancillería manifestó su repudio y lamentó que Milei afecte “las históricas relaciones de hermandad” entre los país sudamericanos.

El documento indica que “las expresiones del presidente Argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación”, y anunció: “El Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos”.

El comunicado completo de la Cancillería de Colombia

“La Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el sr. Javier Milei, Pdte. de Argentina, en entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del Primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro.

No es la primera vez que el señor Milei ofende al Mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina.

Las expresiones del presidente Argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática.

En este contexto, el Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos.”.

Se trata de los condenados Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y el exmédico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Bergés.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata sentenció a cadena perpetua a dos de los represores que participaron de La Noche de los Lápices el 16 de septiembre de 1976, durante la dictadura militar, por delitos de lesa humanidad.

Los condenados fueron Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, y el exmédico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Bergés. Ambos recibieron la pena de cadena perpetua, entre ortos crímenes, por la desaparición de un grupo de jóvenes militantes de la Unión de Estudiantes (UES) y de la Juventud Guevarista en 1976.

La Noche de los Lápices es el nombre que se le dio a la infame serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria que reclamaban por el boleto estudiantil, el 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata.

Diez estudiantes fueron secuestrados y torturados por los responsables de la dictadura. Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Mientras que Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler fueron los cuatro sobrevivientes.

Diez de doce represores fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otro recibió prisión de 25 años y el defendido del ministro de Justicia nacional, fue absuelto.

Cuatro centros clandestinos de detención, 605 víctimas –entre los que se cuentan bebés nacidos en cautiverio–, doce imputados en el banquillo. Después de tres años y medio de debate y dos días después de que se cumplieran 48 años del golpe genocida, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a diez represores por crímenes cometidos en los campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo. Hubo un imputado que recibió una pena de 25 años de prisión y otro que resultó absuelto.

El TOF empezó a escuchar las últimas palabras de los imputados a las ocho de la mañana. Al mediodía, la zona de los Tribunales platenses, ubicada en la intersección de 8 y 50, se empezó a poblar con familiares y militantes de derechos humanos que querían escuchar una sentencia muy esperada. Una bandera bordada con los nombres de los 390 desaparecidos de Quilmes llamaba la atención de quienes pasaban por el lugar.

El juicio comenzó en plena pandemia y se extendió durante casi cuatro años. Murieron imputados durante ese tiempo, quizá el más emblemático fue el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el proceso, el TOF examinó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con asiento en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata. También examinó el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Bonaerense, entonces al mando de Ramón Camps –por lo que las dependencias policiales que funcionaron como campos de concentración se conocen como “Circuito Camps”.

Los condenados a prisión perpetua por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti fueron:

• Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.
• Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
• Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
• Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.
• Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata.
• Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura.
• Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana.
• Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de los bebés nacidos en cautiverio.
• Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús –conocida como el Infierno de Avellaneda– y en el Pozo de Banfield.
• Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601.

En tanto, el TOF 1 de La Plata condenó a 25 años de prisión a Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata, y absolvió a Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en el Pozo de Banfield. Hasta diciembre, Barre era defendido por Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación.

Para los jueces, los hechos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. En minoría, Basílico señaló que los delitos se cometieron en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina.

Los fundamentos se conocerán el 5 de julio próximo. La jornada de este martes, de todos modos, fue extensa porque Basílico, presidente del TOF y único juez presente en la sala, leyó el nombre de cada una de las víctimas por las que fueron condenados los genocidas.

Todos los imputados siguieron la lectura del veredicto desde sus casas, donde cumplen arresto domiciliario. El único que está en prisión es Di Pasquale, que a la mañana había dicho que lo que sucedió en la dictadura fue una “guerra”.

Más cuestionamientos a la política económica impulsada por el Gobierno.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, cuestionó al Gobierno por la “apertura indiscriminada”, por entender que esa decisión es “injusta y desleal” y provocará el cierre de “miles” de pequeñas y medianas empresas.

“Las medidas que lleva adelante el Gobierno plantean una competencia desleal para las pymes, son muy injustas. Tenemos hoy algunas empresas que trabajan al 25% de su capacidad instalada, por eso entendemos que tiene que haber una alternativa para darle más igualdad a la competitividad”, sostuvo el empresario. Rosato se expresó así al presentar un informe sobre “Las pymes industriales en los primeros 100 días de Milei”, a través del cual trazó un panorama del sector. Según el dirigente: “Argentina tiene que salir adelante con la producción y no con el fomento a las importaciones, porque el esfuerzo que pide el Gobierno está recayendo sobre las pymes y sobre los trabajadores. Y eso es lo que pedimos que se modifique”.

A su criterio, los trabajadores “no tienen recomposición salarial, el mercado interno se achica y las pymes y la industria comienzan a bajar los precios porque cae la demanda. Eso implica que se produce menos. Así, las empresas empiezan a ajustar por todos lados y dejan de lado las inversiones”. Rosato reclamó tanto al presidente Javier Milei como al ministro de Economía, Luis Caputo, que reciban a las pymes “así como recibieron la semana pasada a las grandes empresas del Grupo de los Seis”.

Por su parte, el economista Martín Kalos también advirtió por las “reglas de juego desiguales” para las pymes industriales argentinas, al tener que para competir con productos importados.

“Abren las importaciones a los productos terminados y no las abren para que las empresas locales compren insumos. Es decir, no dejan que las pymes argentinas produzcan para competir en el mercado local. Es que el Gobierno cambia las reglas de juego sin previo aviso y termina perjudicando a la producción nacional”, enfatizó.

Kalos comentó que en 2023 “había récord en la cantidad de pymes en el país, con buenos indicadores. Pero eso es lo que ahora está comenzando a deteriorarse y ya se está viendo en las vacaciones adelantadas, en recorte de horas extras, en suspensiones, entre otras decisiones empresarias”.

La denuncia contra el ex secretario de DDHH es en respuesta a la presentación que hizo Pietragalla años atrás que declaró al Estado argentino como culpable de la muerte del activista.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció al secretario de DDHH de Alberto Fernández, Horacio Pietragalla Corti, por el delito de “traición a la Patria”, en referencia a haber culpado al Estado por la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en 2017.

En detalle, los delitos son de “traición a la Patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos” debido a que Pietragalla presentó al Estado argentino como culpable ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la muerte del activista.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la denuncia de Bullrich apunta al exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández, quien en mayo de 2022, en ejercicio de sus funciones, se presentó ante la CIDH y asumió como representante del Estado la responsabilidad de nuestro país, dando por ciertos una serie de episodios que no constan ni en actuaciones judiciales como tampoco administrativas.

Justamente, Pietragalla afirmó que, con la anuencia de la ministra Bullrich, el Estado “ocultó pruebas”, “sembró pistas falsas” y “no les permitió a los familiares el acceso a la información relevante sobre la búsqueda de Maldonado”, “ni se los dejó participar de las principales medidas de búsqueda”.

Bullrich acusó en la denuncia a Pietragalla de haber difundido “hechos falsos y ocultado hechos auténticos, debidamente acreditados en la investigación judicial” y que esta acción tuvo la “intención de involucrarla a ella, como ministra de Seguridad al momento de los hechos, en supuestas conductas ilícitas en la búsqueda e investigación administrativa suscitada por la desaparición de Maldonado”.

LA MINISTRA DE SEGURIDAD, PATRICIA BULLRICH, DENUNCIÓ AL EXSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS, HORACIO PIETRAGALLA, POR TRAICIÓN A LA PATRIA

Tras la resolución judicial que descartó el delito de desaparición forzada en el caso de Santiago Maldonado, la familia presentó una denuncia…

— Ministerio de Seguridad (@MinSeg) March 25, 2024

La denuncia de Bullrich recayó en el juzgado federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini.

Sumó la funcionaria del gobierno de Milei: “La familia Maldonado tuvo una participación crucial en la búsqueda y en el posterior hallazgo del cuerpo del joven, ya que pudo intervenir directamente en el lugar de los hechos, e inclusive dirigir el operativo de extracción del cuerpo del río Esquel y acompañar su traslado a la morgue”.

“Los familiares participaron en la autopsia junto con otras cincuenta y cuatro personas, en la cual dieron el visto bueno a las conclusiones de ahogamiento por inmersión sin la intervención de terceras personas”.

Ante este panorama, para Bullrich, “Pietragalla no solo incurriría en una violación de sus deberes públicos, sino que efectuaría una traición a la patria, ya que compromete a la República Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual puede sancionar a nuestro país y obligar a indemnizar a los familiares”, se indicó en un comunicado.

La prestigiosa casa de estudios de nuestro país, con numerosos reconocimientos internacionales, acaba de lanzar un petitorio contra el recorte presupuestario que afecta a todas las universidades nacionales.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) acaba de lanzar un petitorio contra el recorte presupuestario que afecta a todas las universidades nacionales. Con la consigna “Cuidemos lo que funciona”, la UBA convoca a toda la comunidad a firmar el petitorio online; solo es necesario dejar nombre, apellido y DNI.

“Acá pasaron un montón de cosas. Acá se formó el arquitecto que construyó la casa de tu familia y el doctor que trajo a tu abuela al mundo. Acá se graduó la psicóloga que ayudó a tu hermano a estar mejor, y el autor que escribió ese libro que te partió la cabeza. Acá se recibió el médico que ayudó a curarle esa enfermedad a tu viejo y la veterinaria que salvó a tu mejor amigo. Acá se formó la que cultiva la tierra para poner alimentos en tu mesa y el contador que te ayudó cuando estabas arrancando”, señala el video lanzado por la UBA, que muestra a un joven recorriendo las instalaciones de las distintas facultades.

“De acá salió el ingeniero que hizo el puente para que puedas volver siempre y la odontóloga que te calmó el dolor que nadie más entendía. De acá es la abogada que te ayudó con la firma de tu primera casa y el profesor que te inspiró a pensar el mundo. Acá investiga la persona que va a cambiar el futuro y la médica que va a atender a tus hijos. De acá salieron presidentes, empresarios, científicos. De acá salieron campeones del mundo”, continúa la locución, en referencia a los aportes que las distintas facultades han hecho –y seguirán haciendo– a la sociedad.

Y concluye: “La UBA es parte de la historia, de tu historia. Cuidemos lo que fuimos, lo que somos. Cuidemos lo que funciona”.

El petitorio puede firmarse en este haciendo click aquí.

Junto con el petitorio, la UBA lanzó un video en redes y difundió algunos datos sobre su presupuesto. Por ejemplo, la comparación con las dos universidades públicas más grandes de Brasil y México, la Universidade de São Paulo (USP) y la Autónoma de México (UNAM). La primera tuvo en 2023 un presupuesto por alumno de 15.000 dólares anuales, según los datos difundidos por la UBA. La UNAM, en tanto, gasta 7.968 dólares por alumno. Las cifras de la UBA son mucho más bajas: en 2023 dispuso de 1.123 dólares por alumno.

Desde abril los jubilados cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes. De esta forma, más de 30 puntos de inflación pasada quedan fuera.

El gobierno de Javier Milei concretó el asalto a los ingresos de los jubilados vía un decreto de necesidad y urgencia difundido anoche.

Para eludir el aumento correspondiente con la fórmula jubilatoria consagrada por ley, que implicaría un alza superior a la prevista en la lógica de ajuste fiscal del ministro de Economía, Luis Caputo, dispuso que los haberes a cobrar en abril suban según la evolución del índice de precios al consumidor correspondiente a marzo más el 12,5 por ciento de compensación. De esta forma, los jubilados perderán casi 33 puntos de la inflación del bimestre enero-febrero.

Así avanzó en una reforma de jubilaciones por DNU, que implica aumentos mensuales atados al índice de Precios al Consumidor (IPC).

El anuncio, que fue realizado por la cuenta de la Oficina del Presidente de la República Argentina en la red social X, se da en medio del debate de 16 proyectos de sistema previsional en la Cámara de Diputados.

En su comunicado, el Gobierno justifica que “debido a la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el Presidente de la Nación ha decidido firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva”.

Especialistas previsionales ya habían adelantado que esta manera de resolver la cuestión jubilatoria derivará en una catarata de litigios en el ámbito judicial por el evidente perjuicio a un sector social vulnerable, además de modificar con un DNU lo dispuesto por una ley.

El comunicado de la Presidencia indica que “desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del gobierno anterior”.

Lo cierto es que Milei y Caputo arremeten contra los ingresos de los jubilados por dos motivos centrales:

1. La oposición firme y la amigable no estaban dispuestos a avalar la impresionante poda a las jubilaciones y, por lo tanto, estaban diseñando diferentes fórmulas de actualizaciones para preservar el ingreso de los haberes.
2. El asalto a las jubilaciones tiene el objetivo de conseguir de este modo el torniquete fiscal necesario para el equilibrio de las cuentas públicas. O sea, como diría el Presidente Milei, los jubilados son la más importante variable de ajuste de reducción del gasto público.

Fuente: Página 12

Se debe a la segunda actualización (prevista en tres etapas) en el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Los precios de los combustibles volverán a subir casi un 5% a partir del próximo 1° de abril en todas las estaciones de servicio del país. La nueva suba mete más presión en los ya castigados bolsillos de los trabajadores y suma preocupación entre los estacioneros quienes vienen advirtiendo sobre la fuerte caída de ventas en los surtidores a partir de las subas de más del 100% registradas desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

El incremento se debe a la entrada en vigencia de una nueva actualización (la segunda de tres) del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Para ello se dispuso un esquema de traslado de los cargos tributarios pendientes desde el tercer trimestre de 2021 hasta el mismo período de 2023. Los incrementos que faltan corresponden a abril y mayo próximo.

A partir de junio Economía y la Secretaría de Energía deben poner en marcha un nuevo esquema de actualización del ICL y IDC.

El último incremento fue de 7,5% promedio en todo el país. De esa cifra, la actualización por impuestos fue 4,4%, por lo que el resto del aumento fue por la suba de los biocombustibles, la variación del tipo de cambio y el precio del crudo internacional.

Para abril la suba mínima de los combustibles será de 4,2% y promediará casi 5% en todo el país, pero no se descarta que por al encarecimiento de los biocombustibles, la devaluación mensual del 2% o la escalada del crudo internacional llegue a 9% en promedio. En ese caso, fuentes del Gobierno admitieron a Energy Report que podrían postergar o escalonar la actualización de abril para junio, con el objetivo de contener la inflación. Esa medida está en estudio y se resolverá en la víspera de Pascuas.

Combustibles: cuánto cuesta el litro hoy en YPF de CABA

• Nafta Súper: $800
• Nafta Premium: $987
• Gasoil Grado 2: $ 843
• Gasoil Grado 3: $1.073

y partir del 1° de abril se iría a:

• Nafta Súper: $834
• Nafta Premium: $1.020
• Diésel: $865
• Diésel Premium:$1.095

Con estos precios, llenar un tanque de combustible se acerca a los $100.000 en un vehículo de pasajeros como un SUV grande (en una camioneta del tipo RAM 1500 o Ford F150 ya lo supera) mientras que para un auto está cerca de la mitad.