Los últimos datos del INDEC sobre actividad económica muestran una recuperación interanual comparada al derrumbe de 2024, aunque el repunte sigue sin consolidarse en términos mensuales.

En junio, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) subió 9,3% interanual y acumula un alza de 7,1% en el primer semestre de 2025. Sin embargo, en la medición desestacionalizada, la industria mostró una caída de 1,2% respecto a mayo, evidenciando que, pese al rebote estadístico frente al desplome de 2024, la recuperación mensual sigue mostrando señales de debilidad.

Quince de las dieciséis divisiones industriales registraron mejoras interanuales. Se destacan:

• Vehículos automotores: +29% interanual, con un fuerte impulso de la fabricación (+35,3%).
• Maquinaria y equipo: +17,3% en junio y +20,1% acumulado, con fuerte dinamismo del segmento agropecuario (+21,5% en junio).
• Productos lácteos: +11% interanual, apuntalados por el crecimiento de la producción primaria de leche (+10,3%).
• Edición e impresión: +22,4%, vinculada a mayores pedidos desde industrias alimenticias.
• Productos minerales no metálicos: +19,7%, con impulso en cemento y yeso.

Aun así, el sector fabril sigue afectado por una dinámica mensual desfavorable, lo que refleja un escenario de freno tras el tímido rebote inicial de este año.

En el caso de la construcción, el Indicador Sintético de Actividad (ISAC) creció 13,9% interanual en junio y acumula una mejora de 10,8% en lo que va de 2025. Sin embargo, el crecimiento mensual fue de apenas 0,9%, mostrando una desaceleración respecto a meses previos.

Entre los insumos, se destacaron fuertes subas interanuales en mosaicos graníticos (+62,9%), asfalto (+51,5%), artículos sanitarios de cerámica (+47,9%) y hormigón elaborado (+28,5%). A pesar del buen desempeño de varios rubros, también se registraron caídas en yeso (-4,5%) y cales (-3,9%).

En síntesis, si bien la comparación interanual muestra un escenario más alentador tras el derrumbe del año pasado, los datos mensuales revelan que la economía real aún no logra encaminar un crecimiento sostenido.

Wilson Rojas Torrico, dirigente de la colectividad boliviana en Buenos Aires, afirmó que la candidatura de Andrónico Rodríguez representa “la reserva moral” del país y llamó a la comunidad migrante a respaldarlo en las elecciones presidenciales de Bolivia para impedir el regreso de “la derecha neoliberal” al poder.

Rojas, reconocido por su trayectoria en organizaciones sociales y culturales de la comunidad boliviana en Argentina, sostuvo que el candidato a Presidente de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, encarna “la honestidad para enfrentar a los dinosaurios políticos que saquearon nuestras riquezas naturales” y que es “el futuro de las juventudes, estudiantes, campesinos, obreros, mineros y trabajadores humildes”.

En diálogo con Primerenando las noticias, subrayó que “es el único candidato que respetará la dignidad del pueblo y la integridad territorial frente a la intromisión del imperio yanqui”, diferenciándolo de figuras como Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina o Manfred Reyes Villa, a quienes acusó de “vendepatrias serviles del imperio” que gobernaron en épocas de golpes de Estado.

El referente advirtió que, en estos comicios, Bolivia “se juega la democracia” y cuestionó el llamado al voto nulo impulsado por Evo Morales, al considerar que “favorecería el regreso de la derecha” y provocaría “consecuencias fatales para el pueblo”. “Quedan pocas horas para que Evo pueda recapacitar y apoyar a Andrónico, que es el único representante de la clase humilde”, sostuvo.

Rojas recordó que su compromiso político comenzó en la juventud: “De estudiante milité en un partido liderado por el general Juan José Torres, quien formó la Alianza de Izquierda Nacional. Esa convicción nunca la abandoné, ni en mi ideología ni en mis principios”. En ese sentido, alertó que “Bolivia necesita una orientación sobre qué rumbo tomar contra la derecha y la ultraderecha, que ahora intentan llegar al poder como siempre: a base de mentiras, engaños y traición”.

“Se ponen los ponchos y se disfrazan para convencer, pero al día siguiente de las elecciones no dan ni un saludo. Estamos seguros de que nuestro candidato, Andrónico, puede darnos una sorpresa y ganar en primera vuelta”, remarcó.

Una vida de compromiso social y política
Nacido en Bolivia, Wilson Rojas Torrico emigró a Argentina en la década del 90. Desde entonces, se integró de lleno a las asociaciones de residentes bolivianos en Buenos Aires, donde fue impulsor de eventos culturales, festivales patrios y actividades solidarias. Ha encabezado campañas de ayuda para familias en situación de vulnerabilidad y proyectos de fortalecimiento de la identidad cultural boliviana en el exterior.

Además, fue organizador y orador en múltiples actos conmemorativos del proceso de cambio en Bolivia, y participó activamente en espacios de coordinación política de migrantes. Su militancia lo convirtió en un puente entre la colectividad y autoridades locales, así como en una voz permanente en la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes.

“Estamos cooperando por convicción para que Andrónico sea presidente”, resumió Rojas, convencido de que el dirigente cocalero “es una necesidad urgente de cambio para Bolivia”.

El gobierno de Chile confirmó este jueves la suspensión de la importación desde la Argentina de “todos los animales y productos de origen animal, que deben cumplir en su certificación veterinaria internacional”.

Las consecuencias de la política de desregulación sanitaria impulsada por el gobierno de Javier Milei comienzan a hacerse sentir con fuerza en uno de los sectores más estratégicos para la economía argentina: la exportación de carne. Chile, uno de los principales mercados de la región, suspendió las importaciones de carne argentina como respuesta directa a la decisión del Gobierno nacional de flexibilizar normas sanitarias que regían desde hace más de dos décadas.

La medida chilena se conoció tras la publicación de la Resolución Exenta N.º 5952/2025, con la que el gobierno de Gabriel Boric dejó sin efecto el reconocimiento sanitario a zonas argentinas previamente catalogadas como “libres de fiebre aftosa sin vacunación”. Esta revocación tiene un impacto inmediato: se prohíbe el ingreso de todos los animales y productos de origen animal que no cumplan con los requisitos de sanidad internacionales exigidos por Chile.

¿Qué provocó esta reacción?

El detonante fue la Resolución 460/2025, firmada en junio pasado por el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Esta medida habilitó, tras 22 años de restricción, el ingreso de material reproductivo, carne con hueso y productos cárnicos desde zonas argentinas donde la fiebre aftosa aún no ha sido erradicada, sino que está controlada mediante vacunación.

Aunque el gobierno sostiene que esta apertura representa una modernización de la normativa, el riesgo sanitario percibido por países importadores ha generado reacciones inmediatas, como la de Chile. Pero no se trata de una excepción: otras naciones podrían seguir el mismo camino si consideran que Argentina ha debilitado sus estándares de control epidemiológico.

Una amenaza para todo el mercado exportador

La Patagonia argentina, zona que ostenta el estatus de “libre de fiebre aftosa sin vacunación” reconocido por la OMSA, corre también peligro de perder esa certificación si se profundiza esta flexibilización. Este cambio encendió alarmas entre gobernadores y productores patagónicos, quienes denuncian que las nuevas resoluciones del Senasa —avaladas por Sturzenegger— ponen en riesgo el posicionamiento internacional de los productos cárnicos argentinos más valorados.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue contundente: calificó la medida como “arbitraria y unitaria”, y advirtió que el sur del país podría perder su condición sanitaria de excelencia, lo que traería consecuencias económicas devastadoras. Desde Santa Cruz, el Consejo Agrario Provincial también rechazó las modificaciones por no ofrecer garantías suficientes.

Una decisión que puede costarle caro al país

Lejos de tratarse de una medida técnica aislada, la desregulación sanitaria promovida por Sturzenegger ya tiene consecuencias concretas: un mercado cerrado y un escenario de desconfianza que puede escalar. Si países como la Unión Europea o Estados Unidos consideran que Argentina ha debilitado su estatus sanitario, el país podría perder no solo a Chile, sino también a los mercados más exigentes y rentables del mundo.

En su afán por desregular, el gobierno parece haber subestimado el valor estratégico de la trazabilidad y la confianza internacional. Las exportaciones argentinas de carne, uno de los principales motores de ingreso de divisas, hoy están en riesgo por decisiones apresuradas que priorizan ideología sobre evidencia sanitaria.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, miles de personas se movilizan desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo. Denuncian despidos, pobreza y destrucción del empleo.

El Día de San Cayetano volvió a ser el escenario de una protesta nacional contra el ajuste económico del gobierno. Desde temprano, columnas de la CGT, las CTA y la UTEP marcharon desde Liniers hacia el centro porteño, combinando la tradicional devoción religiosa con un reclamo político y social que se amplía.

La consigna que unifica la jornada es “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, y refleja el descontento de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, jubilados y organismos de derechos humanos. A lo largo del recorrido y en la Plaza de Mayo, se oyeron críticas al modelo económico libertario por el aumento de la pobreza, los despidos y la desindustrialización.

“Esta movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en medio de un clima de creciente presión sindical.

Desde la CGT también participaron gremios que, hasta ahora, se habían mostrado más moderados. Entre ellos, la UATRE, que afirmó acompañar “en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los reclamos legítimos del movimiento obrero”.

Por su parte, la UTEP —liderada por Alejandro Gramajo— denunció la “destrucción sistemática de la economía popular” y la “ola de despidos en el sector público y privado”.

Mientras tanto, miles de fieles llegaron al santuario de San Cayetano en Liniers para agradecer y pedir trabajo. La misa central fue encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva, quien pidió “esperanza y compromiso” ante la crisis.

Las expresiones religiosas y sociales se entrelazaron una vez más en una jornada que, lejos de ser solo conmemorativa, volvió a mostrar el pulso de la protesta callejera.

La Policía porteña, a cargo de Bullrich, reprimió una movilización que pedía aumentos y moratoria, con heridos, presos y cobertura periodística agredida.

Un violentísimo operativo policial avanzó sobre jubilados, estatales, universitarios y científicos que se concentraban frente al Congreso, mientras en Diputados se debatía la derogación de decretos de ajuste. Fuerzas de la Ciudad desplegaron gas lacrimógeno, camiones hidrantes y balas de goma, generando incidentes con trabajadores de prensa y manifestantes en plena Plaza del Congreso a las 16 hs.

El fotógrafo Rodrigo Abd fue impactado por el chorro de agua del hidrante y cayó al piso tras recibir un golpe directo en la cabeza, aunque continuó trabajando. Otros periodistas denunciaron haber sido emboscados por los uniformados mientras cubrían las protestas.

La convocatoria, encabezada por organizaciones de jubilados, trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional y del Hospital Garrahan, reclamaba freno a la disolución de entes estatales, mejoras en haberes y moratoria previsional.

En contextos similares de represión anterior, se registraron cifras de hasta 82 heridos, entre ellos periodistas golpeados, cronistas gaseadas y cámaras destruidas. La violencia fue denunciada por organismos de derechos humanos y marcó una nueva jornada de protesta popular bajo un despliegue desmedido del Estado.

Será en rechazo al veto presidencial, por mejoras salariales y en defensa de instituciones clave como el Hospital Garrahan y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Gobierno anticipó que no apoyará ninguna ley con impacto fiscal.

Desde las 15, jubilados y pensionados volverán a concentrarse frente al Palacio Legislativo para exigir la aplicación de la ley vetada por Javier Milei, que establecía un aumento del 7,2% en los haberes, un bono mensual de $110.000 y fondos para las cajas previsionales provinciales. La semana pasada, una movilización similar terminó con represión y siete detenidos.

Horas antes, a las 11, trabajadores del Hospital Garrahan llegarán al Congreso en reclamo de una ley de emergencia pediátrica. La iniciativa busca garantizar recursos, recomposición salarial y el fin de la precarización laboral, especialmente en el régimen de becas para residentes. “El Congreso le dio la espalda a los reclamos populares”, advirtió Alejandro Lipcovich, referente de ATE en el hospital.

También se espera la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a movilizar desde las 12 en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos. La organización advirtió que peligra la continuidad de esta herramienta esencial para la restitución de identidad de nietos apropiados durante el terrorismo de Estado.

En paralelo, el Congreso sesionará con una agenda centrada en el financiamiento universitario y el sistema de salud. Desde el oficialismo ya adelantaron su rechazo a cualquier propuesta que implique aumentar el gasto público. La oposición, por su parte, buscará avanzar con proyectos que desafían el ajuste del Gobierno.

Mientras tanto, en la calle, se prepara un fuerte operativo de seguridad para contener las protestas. Los manifestantes, en cambio, anuncian una jornada pacífica y multitudinaria en defensa de los derechos sociales y la memoria histórica.

Mientras Economía pide no convalidar subas superiores al 4%, supermercadistas admiten remarcaciones inminentes y llaman a reemplazar primeras marcas por alternativas más baratas.

En un intento por frenar la inflación en plena campaña electoral, el gobierno nacional pidió a los supermercadistas que no avalen los aumentos de precios anunciados por las grandes proveedoras de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, desde el sector reconocen que los incrementos ya fueron informados y advierten sobre un escenario de ajuste silencioso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la Secretaría de Comercio, instó a no convalidar subas superiores al 4%, a pesar de que la devaluación acumulada supera el 14% en las últimas semanas. Las empresas, por su parte, enviaron listas con aumentos que van del 3% al 9%, lo que anticipa un impacto directo en el IPC de agosto.

En Rosario, el presidente de la Cámara de Supermercados, Sergio Casinerio, respaldó públicamente la postura del Gobierno y aseguró que no realizarán pedidos de productos que lleguen con aumentos. “Vamos a dar pelea”, dijo, aunque reconoció que “todavía no llegaron las listas, pero se habla de subas del 4%, 6% y 9%”.

El propio Casinerio admitió un cambio profundo en los hábitos de consumo. “La gente elige según el precio y su salario. Están apareciendo segundas marcas de PyMEs que reemplazan a las líderes”, señaló. Según su análisis, estas marcas alternativas crecieron en ventas y se consolidan como opción en un mercado donde el poder adquisitivo se achica mes a mes.

También informó una caída en la compra de productos de limpieza —con excepción de la lavandina— y un vuelco hacia el consumo de carne de cerdo y pollo por sobre la vacuna, ante el encarecimiento sostenido de esta última.

En paralelo, las principales cadenas ya están aplicando los aumentos, en un contexto donde el gobierno intenta postergar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones clave. Pero ni el llamado oficial a la “racionalidad empresaria” ni el congelamiento de precios parecen detener una tendencia que se profundiza: más recorte, menos marcas y un consumo en modo supervivencia.

Agrupaciones de personas con discapacidad se movilizarán en todo el país para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denuncian una crisis estructural en el sector y exigen una respuesta urgente del Estado.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del área y organizaciones de derechos humanos realizarán este martes una jornada nacional de protesta tras el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso. La convocatoria principal será frente al Congreso Nacional, desde las 11.30, y se replicará en plazas de distintas ciudades del país.

La medida incluirá también la suspensión de actividades vinculadas al sector, en señal de alerta por lo que consideran una situación crítica agravada por el desfinanciamiento, la falta de políticas públicas y el aumento de la precariedad.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades convocantes, denunció que el veto presidencial “no responde a un criterio de austeridad, sino de exclusión”. “Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores, no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, señalaron en un comunicado.

Los manifestantes exigen al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida y atienda de manera urgente las demandas del sector, que incluyen desde la actualización de aranceles para prestadores hasta el acceso a pensiones no contributivas y dispositivos de apoyo para una vida autónoma.

“¿Cómo se transita una vida digna sin trabajo, sin ingresos y sin apoyos?”, plantearon desde las organizaciones. También remarcaron que muchas personas con discapacidad perciben ingresos muy por debajo del umbral de pobreza, como los $28.000 mensuales en los talleres protegidos, y que numerosos prestadores están al borde del cierre por falta de financiamiento.

La protesta apunta a visibilizar lo que califican como una política de abandono estructural. “El desafío real es construir una sociedad donde nadie quede excluido ni solo”, concluyeron.

El último informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA analizó la situación del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo más destacado es la caída del empleo registrado y el poder adquisitivo.

Según el informe, en abril de 2025 (último dato disponible), se generaron 2.157 empleos registrados privados en la Ciudad. “Con este resultado durante el mandato de Javier Milei se perdieron 13.173 puestos, lo que implica una caída del 0,9% del empleo privado registrado”, indicaron y agregaron que los sectores más afectados son construcción, transporte y almacenamiento, industria manufacturera y electricidad, gas y agua.
 
Otro dato que golpea a la clase trabajadora es la remunaración. “El último dato disponible (marzo 2025) indica una caída real de la remuneración promedio del 3,5% respecto al mes anterior”, detallaron.
 
Y advirtieron que el salario real en la Ciudad en diciembre 2024 se encuentra 10,1% por debajo del nivel de diciembre de 2015, y 3,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Las políticas de ajuste del gobierno de ese país, coordinadas con el FMI, de incrementar un 33% el precio del diésel, como parte de una estrategia para reducir la presión de los subsidios sobre las finanzas públicas, derivaron en un violento estallido social.

Las trágicas consecuencias de las políticas de ajuste promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a golpear a África. En Angola, al menos 22 personas murieron y más de 1.200 fueron detenidas en solo tres días de protestas contra el aumento del precio del combustible. La medida fue adoptada por el gobierno angoleño como parte de un plan de reformas exigido por el FMI, orientado a reducir los subsidios estatales y “corregir” los desequilibrios fiscales del país.

El incremento del 33% en el precio del diésel, implementado con el aval del organismo financiero internacional, desató una grave crisis social. El sector del transporte, directamente afectado por la medida, fue el primero en reaccionar: la Asociación Nacional de Taxistas de Angola (ANATA) inició una huelga que rápidamente ganó apoyo popular. El aumento de las tarifas de los taxis tipo candongueiros duplicó los costos de traslado, disparando los precios de alimentos y bienes básicos, y afectando aún más el ya precario poder adquisitivo de la población.

Lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en una ola de disturbios tras la represión policial. La respuesta del gobierno fue violenta y masiva: además de los muertos y detenidos, se registraron al menos 197 heridos, mientras las movilizaciones se extendían desde Luanda a otras seis provincias. En un comunicado oficial, la administración de João Lourenço intentó justificar la represión acusando a los manifestantes de intentar desestabilizar el país.

Pero lo cierto es que la situación económica de Angola es crítica. Aunque el país es el tercer productor de petróleo de África y este recurso representa cerca del 90% de sus ingresos externos, la riqueza está concentrada en manos de elites político-empresariales. Más del 40% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera el 30%, y el salario mínimo —de apenas 75 dólares mensuales— no alcanza para cubrir los costos básicos en las principales ciudades.

La supervisión del FMI en Angola ha implicado un paquete de reformas neoliberales que, como en tantas otras naciones del Sur Global, han significado recortes a subsidios esenciales, aumento de precios, privatizaciones y desprotección social. En este caso, las medidas pactadas entre el gobierno y el Fondo han intensificado la inflación, el desempleo juvenil (que supera el 50%) y el descontento generalizado.

Lejos de resolver los problemas estructurales de Angola, la intervención del FMI ha profundizado las desigualdades, generado violencia y socavado aún más la ya frágil estabilidad del país. Lo ocurrido es una nueva advertencia sobre los costos humanos de las políticas de austeridad impuestas desde fuera, sin considerar las realidades sociales de quienes más las sufren.