La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia el pasado 12 de agosto desató una fuerte polémica en Tierra del Fuego, donde crece la preocupación por el alcance de los ejercicios militares realizados en conjunto con fuerzas argentinas y las intenciones de Estados Unidos en la provincia austral.

La presencia de marines estadounidenses en Ushuaia y las reiteradas presiones de Washington para instalar infraestructura militar en Tierra del Fuego encendieron fuertes alarmas sobre la soberanía nacional en el extremo austral del país.

La senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, presentó en el Senado un enérgico pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique las circunstancias bajo las cuales se permitió el ingreso de tropas extranjeras el pasado 12 de agosto, en el marco de ejercicios militares combinados con fuerzas argentinas.

“Es inaceptable que las fuerzas del principal aliado de Gran Bretaña pisen nuestro suelo fueguino”, advirtió la legisladora en declaraciones a El Sureño, acusando al presidente Javier Milei de una “entrega de soberanía” que pone en riesgo no solo la seguridad provincial, sino también los intereses estratégicos de la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.

Los interrogantes planteados al Gobierno

El documento presentado en el Senado exige que se aclare:

• Autorización legal: si el ingreso de tropas contó con aval del Congreso, como marca la Constitución, o si se habilitó mediante un DNU inconstitucional.
• Acceso a instalaciones sensibles: si los marines accedieron a la Base Naval Almirante Berisso u otros sistemas estratégicos de comunicación.
• Implicancias geopolíticas: si la operación compromete la logística antártica o información relativa a las Islas Malvinas.
• Protección de la soberanía: qué medidas se tomaron para resguardar la seguridad nacional.

López insistió en que no se opone a la cooperación internacional, pero subrayó que esta debe realizarse respetando la Constitución y la soberanía. “No podemos permitir que la Base Naval de Ushuaia se convierta en una plataforma extranjera en lugar de un centro argentino de investigación y desarrollo antártico”, agregó.

La presión de Estados Unidos por el radar y una base naval

El contexto se vuelve aún más complejo tras las visitas del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, quien este año se reunió dos veces con autoridades argentinas para impulsar la reactivación de un radar instalado en Tolhuin y promover una base de submarinos en Ushuaia.

Ese radar, operado por la empresa LeoLabs, quedó envuelto en polémica luego de que el gobierno fueguino le revocara los permisos a fines de 2023, al denunciar sus vínculos con el Ministerio de Defensa del Reino Unido y advertir sobre un posible uso militar. Según documentos oficiales, Gran Bretaña accede a la información generada por las antenas de la compañía en distintos puntos del mundo.

Washington sostiene que se trata de un sistema de “rastreo de basura satelital”(aunque la misma empresa reconoce en su sitio web sus capacidades duales) y presiona para que vuelva a funcionar, mientras niega cualquier control británico. Sin embargo, en Tierra del Fuego advierten que su reactivación pondría en riesgo información estratégica sobre el Atlántico Sur permitiendo entre otras cosas una alerta temprana a las fuerzas británicas que conforman junto a los Estados Unidos la alianza UKUSA de espionaje electrónico global que jugó un papel clave en la guerra de Malvinas proporcionando información vital a Gran Bretaña.

Paralelamente, Estados Unidos insiste en establecer un atracadero para submarinos nucleares en Ushuaia, lo que en los hechos consolidaría una base integrada de operaciones en el Cono Sur. Según fuentes locales, esta pretensión se enmarca en la estrategia global de Washington de limitar la influencia china en la región, pero a costa de debilitar la autonomía argentina en su territorio más austral.

Riesgo de una “rendición silenciosa”

El reclamo de la senadora López cobra aún mayor relevancia al recordar que durante la Guerra de Malvinas, en 1982, Estados Unidos apoyó activamente al Reino Unido con logística, inteligencia satelital y armamento. Permitir hoy la instalación de tropas y bases estadounidenses en Tierra del Fuego —afirma la legisladora— constituye una “rendición silenciosa” frente a los mismos actores que colaboraron en la derrota argentina.

“Se está traicionando la esencia misma de nuestra identidad nacional”, advirtió. “La soberanía no se negocia, y mucho menos en el suelo más austral de la patria”.

En el arranque del mes, el Gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo ajuste sobre los servicios públicos. Es el quinto incremento en siete meses y golpea de lleno a los hogares y comercios en medio de la fuerte caída del poder adquisitivo.

El Gobierno oficializó este domingo un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas, que rige desde el 1° de septiembre en todo el país.

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la suba impacta tanto en usuarios residenciales como en comercios e industrias, y forma parte de la política de “sinceramiento” de precios impulsada por la gestión libertaria.

Se trata del quinto incremento en lo que va del año, lo que acumula un alza histórica que achica cada vez más los ingresos de los hogares, que ya vienen castigados por la inflación, la caída del consumo y el estancamiento salarial.

Desde el Gobierno justificaron la medida señalando que se busca reducir los subsidios a la energía, pero lo cierto es que las boletas de servicios se convirtieron en una carga insoportable para amplios sectores de la población.

Mientras Milei celebra “el superávit”, los argentinos enfrentan un septiembre marcado por más tarifazos y pérdida del poder de compra, en un contexto donde los indicadores sociales muestran un crecimiento de la pobreza y la desigualdad.

El dato fue confirmado por Martín Pintos, del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires. La contracción de la demanda, advirtió, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad.

La recesión y la caída del poder adquisitivo golpearon de lleno a las panaderías en Argentina. En los últimos 18 meses, cerraron 14.000 establecimientos en todo el país, según advirtió Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo y referente del Centro de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN).

La contracción del consumo llevó al sector a trabajar apenas al 50% de su capacidad instalada. “Hoy solo seis de cada diez máquinas están encendidas. Antes había mostradores repletos de panes, facturas y sándwiches; ahora producimos lo justo, apagamos equipos para ahorrar energía y evitamos pérdidas”, señaló Pinto, con más de tres décadas de experiencia en el rubro.

El consumo de pan cayó un 50% en el último año y medio, un dato que el dirigente considera alarmante, dado que este alimento suele ser un indicador del nivel de pobreza en muchos países. “La gente empezó a hacer pan en su casa para ahorrar, porque destina el dinero a comprar leche o carne”, explicó.

A la caída de la demanda se suma un incremento descontrolado en los costos: la bolsa de harina de 25 kilos pasó de $3.500 a $15.000, la levadura de $700 a $2.500 y la grasa de $18.000 a $28.000. Todo ello acompañado de tarifas de servicios en alza.

La situación golpea con especial fuerza a productos emblemáticos como las facturas, cuyas ventas se redujeron un 85%. Muchas panaderías producen únicamente por encargo, ofrecen dos o tres variedades básicas y mantienen apagadas las heladeras para evitar pérdidas.

El panorama no es exclusivo del sector panadero: los kioscos también atraviesan un retroceso histórico. En el último año cerraron 16.000 locales y, por primera vez, el total cayó por debajo de los 100.000 en todo el país.

El derrumbe de las panaderías y otros comercios de cercanía refleja con crudeza el impacto de la recesión sobre el consumo masivo y pone en evidencia la fragilidad de negocios que históricamente fueron parte de la vida cotidiana de los argentinos.

Septiembre arrancó con una fuerte batería de aumentos en servicios esenciales, transporte, colegios y otros rubros que impactarán directamente en el bolsillo de todos los argentinos.

Con el gas y los alquileres a la cabeza de los incrementos, septiembre comenzó con una fuerte batería de aumentos que golpean de lleno el bolsillo de las familias argentinas. Los ajustes abarcan desde servicios esenciales como gas, agua y transporte, hasta cuotas escolares, prepagas y alquileres.

Gas y agua

El gas registra en septiembre un aumento del 6,8% sobre el precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), medida que busca sostener el esquema de subsidios residenciales, y que anticipa nuevos cuadros tarifarios. El agua, bajo la órbita de AySA, también se encarece luego del ajuste del 1% aplicado en agosto con el coeficiente K, tendencia que continuará este mes.

Alquileres

Los contratos regidos por la Ley 2020 se actualizarán con un incremento del 50,3% según el Índice de Contrato de Locación (ICL), lo que representa una fuerte carga adicional para los inquilinos.

Salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán subas de entre 1,68% y 1,9%, parte de un esquema de ajustes mensuales que viene acumulándose desde principios de año.

Educación

En el ámbito escolar, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires se autorizaron aumentos en las cuotas de los colegios privados subsidiados: 2,8% en Provincia y 3,2% en Ciudad, vigentes desde este mes.

Transporte

El transporte público también se encarece. El subte aumenta 3,87%, llevando la tarifa base a $1.071, mientras que el boleto mínimo de colectivos sube alrededor de 3,9%, alcanzando $526,13 en la Ciudad y $529,25 en el Conurbano. Estos incrementos responden al mecanismo de actualización automática que combina la inflación mensual más un 2% adicional.

Combustibles

En cuanto a naftas y gasoil, septiembre será un mes clave: si el Gobierno nacional aplica los impuestos postergados, los precios podrían subir más del 15%, aunque no se descarta una prórroga para evitar un mayor impacto inflacionario.

La llegada de estos aumentos ocurre en medio de un escenario político marcado por las elecciones bonaerenses y las tensiones internas en el Gobierno nacional. Además, la inflación de julio cerró en 1,9%, acumulando en lo que va del año un 17,3% y un 36,6% en los últimos doce meses, con transporte, alimentos y recreación entre los rubros de mayor suba.

Los datos surgen de un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), cuyo titular, Germán Romero, comentó: “los resultados son lamentables”.

La mesa de los argentinos cambió de manera drástica: donde antes había carne, frutas y verduras, hoy predominan la papa, la polenta, el pan y otros carbohidratos baratos que desplazan a los alimentos con mayor valor nutricional. La recesión y el derrumbe del poder adquisitivo están moldeando una dieta cada vez más pobre y desequilibrada.

Un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) revela un panorama crítico. Su titular, Germán Romero, fue contundente: “Los resultados son lamentables. El patrón de consumo está muy lejos de lo recomendado. Se ponderan mucho más los carbohidratos, lo barato y llenador, frente a la imposibilidad de acceder a frutas, verduras y proteínas”.

Los datos lo confirman: mientras que el consumo de carnes registra caídas históricas —el asado vacuno se ubica 68% por debajo de su promedio histórico, la carne molida 73% y la carne para milanesas 60%—, las harinas y derivados se disparan. La polenta aumentó un 142%, la harina un 40%, los fideos un 28% y el arroz también ganó terreno.

El contraste es alarmante. Los lácteos, frutas y verduras sufren una marcada subalimentación. Apenas algunos vegetales de bajo costo, como la papa (+28%) y la cebolla (+40%), logran sostenerse, en gran parte por su precio accesible y su capacidad de “llenar”.

Así, la dieta argentina atraviesa una mutación que responde menos a las recomendaciones nutricionales que a la urgencia económica. Con sueldos ajustados y precios en alza, las familias reemplazan proteínas y alimentos frescos por un menú basado en harinas, azúcar y carbohidratos. Una transformación silenciosa, pero con efectos que pueden ser graves en la salud colectiva a mediano plazo.

Mientras el Gobierno de Javier Milei subordinado a Trump se hace el duro con Venezuela e instiga una eventual intervención, hace silencio ante la intensificación de la presencia militar británica en las Islas Malvinas.

Mientras el gobierno de Javier Milei, alineado con Washington, asume una postura beligerante contra Venezuela bajo el argumento del “narcoterrorismo”, la Cancillería argentina calla frente a la creciente militarización británica en las Islas Malvinas.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la incorporación del “Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), calificando a Nicolás Maduro y a su entorno como “narcoterroristas”. Con ello, el Ejecutivo se suma a la narrativa impulsada por Estados Unidos, que desde hace años acusa al chavismo de encabezar una red criminal vinculada al narcotráfico internacional.

La decisión fue celebrada por Washington en momentos en que la Casa Blanca intensifica la presión militar en el Caribe, desplegando buques de guerra frente a Venezuela en un gesto de intimidación que revive lógicas de intervención propias del siglo XIX.

Avance británico en Malvinas sin respuesta oficial

En paralelo, el Reino Unido realizó recientes ejercicios militares en las Islas Malvinas, encabezados por efectivos del Tercer Batallón del Regimiento de Paracaidistas (3 PARA). Las maniobras incluyeron entrenamientos de combate urbano en Puerto Argentino, operaciones en trincheras y despliegue de drones de reconocimiento.

Estas acciones forman parte de la estrategia británica de consolidar su presencia en el Atlántico Sur bajo la doctrina de “Global Britain”, que refuerza la infraestructura militar en Monte Agradable, moderniza puertos y suma capacidades de defensa aérea y cibernética. Londres busca proyectar poder sobre los recursos estratégicos de la región —hidrocarburos, pesca y rutas hacia la Antártida— y disuadir el reclamo argentino reconocido en la ONU.

A diferencia de gobiernos anteriores, que repudiaban públicamente este tipo de despliegues, la administración Milei evitó pronunciarse. El silencio oficial contrasta con la dureza verbal hacia Venezuela y ha sido interpretado como un aval implícito a la ocupación británica.

Autodeterminación y debilitamiento diplomático

La postura del presidente Milei, quien llegó a defender el “derecho de autodeterminación” de los habitantes británicos de Malvinas, marca un quiebre con la política histórica argentina. Este giro debilita la capacidad de presión diplomática del país justo cuando el Reino Unido refuerza su posición militar en el Atlántico Sur.

Mientras tanto, Londres confirmo que mantendrá inalterable el embargo de armas a Argentina, vigente desde 1982, pese a contactos secretos entre funcionarios de ambos países. Ni siquiera el tono conciliador de la Casa Rosada ha bastado para que el Reino Unido flexibilice restricciones que limitan la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas.

El ataque policial contra un vendedor expuso la cara más cruel de la gestión porteña: quitarle las muletas a un hombre que apenas sobrevive vendiendo en la calle y tirarlo al piso es la postal de una política que criminaliza la pobreza.

David, un hombre que sobrevive vendiendo pañuelos en la calle, fue víctima de un violento accionar policial en pleno Puerto Madero. Las imágenes, captadas por un celular y difundidas en las últimas horas, provocaron una ola de repudio en redes y medios de comunicación.

El registro, emitido por C5N, mostró cómo un agente de la Policía de la Ciudad le quitó las muletas a David y, ante sus reclamos y la advertencia de que sería denunciado, lo empujó al piso sin ningún tipo de consideración.

El hecho se enmarca en un clima de creciente violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires. Por disposición del jefe de Gobierno, Jorge Macri, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de “limpieza” que apunta contra las personas en situación de calle y los trabajadores informales.

La Policía le saca las muletas y empuja a un vendedor ambulante discapacitado. Te sacan la pensión, Karina Milei te roba los medicamentos y cuando salís a trabajar te hacen esto. El sadismo con los discapacitados es absolutopic.twitter.com/0Zz2nqpNqi

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 25, 2025

En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias por prácticas similares: quitarle colchones y frazadas a quienes duermen en la vía pública, confiscar productos de vendedores ambulantes —como medialunas, café con leche o ropa— y hasta sancionar a quienes buscan alimentos o abrigo en los contenedores de basura.

El caso de David se convirtió en símbolo de un accionar que muchos califican de inhumano y que refleja la política de hostigamiento hacia los sectores más vulnerables de la Ciudad.

El presidente del Grupo Techint, Paolo Rocca, expresó la creciente preocupación de los industriales argentinos ante el freno de la actividad manufacturera y el avance de las importaciones, especialmente provenientes de China.

En un contexto de caída del 10% de la producción industrial respecto de 2023, Rocca subrayó que la apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei amenaza con profundizar la crisis del sector y desalentar nuevas inversiones.

“El aumento de las importaciones chinas afecta la cadena de valor y pone en duda decisiones de inversión”, alertó el empresario.

Durante el encuentro “Industrialización, comercio y aranceles” organizado por Techint en la Ciudad de Buenos Aires, Rocca insistió en la necesidad de “nivelar la cancha” para fortalecer al entramado fabril y evitar que la recuperación económica, una vez pasada la incertidumbre electoral, se traduzca únicamente en un mayor consumo de productos importados.

“Hay que pensar cómo fortalecer el sector industrial. Es un planteo que hace la UIA, porque la manufactura es un componente fundamental del desarrollo del país”, afirmó.

La advertencia del empresario no es menor: el intercambio con China dejó en los primeros siete meses de 2025 un déficit comercial de USD 5.714 millones para la Argentina, con importaciones que crecieron casi un 74% interanual y que ya representan más del 22% del total. La inquietud también alcanza a los proyectos estratégicos: en el sector temen que el acero chino pueda competir directamente en grandes obras de minería y energía, como los ductos de Vaca Muerta.

Si bien Rocca respaldó la estabilidad macro buscada por el Gobierno, planteó con claridad que sin políticas activas de defensa comercial la industria nacional quedará en desventaja. El eco de sus palabras refleja las discusiones internas de la Unión Industrial Argentina (UIA), que advierte sobre la pérdida de empleos —entre 1.000 y 1.500 puestos por mes desde marzo— y el impacto de la apertura importadora en sectores sensibles.

En un clima de cautela hasta las elecciones, Rocca fijó posición en nombre de buena parte del empresariado fabril: la Argentina necesita medidas de protección frente a la amenaza china para sostener la producción y el empleo local.

Países del ALBA, Colombia y Brasil advierten sobre los riesgos de desestabilización en la región que implica la desproporcionada presencia militar de los Estados Unidos.

La decisión de Washington de enviar buques de guerra y miles de tropas al sur del mar Caribe ha provocado una ola de rechazo unánime en América Latina y el Caribe, donde diversos gobiernos han coincidido en denunciar la medida como un acto innecesario, desproporcionado y de alto riesgo para la estabilidad regional. Bajo el pretexto de reforzar la lucha contra el narcotráfico, la operación del Comando Sur es percibida como una maniobra de intimidación que vulnera la soberanía de los Estados latinoamericanos y eleva la tensión geopolítica en Sudamérica.

Repercusiones regionales

Los países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fijaron una posición firme durante una cumbre virtual celebrada esta semana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la región atraviesa “tiempos de enormes desafíos” que no se resuelven con una “ofensiva hegemonista y agresiva”. Según el mandatario, la presencia militar de EE.UU. en el Caribe constituye una “inaceptable amenaza de agresión” y un atentado contra el régimen de paz que las naciones latinoamericanas y caribeñas han defendido durante décadas. “El citado despliegue de unidades militares hacia el sur del Caribe bajo el mando del Comando Sur, según afirmó Canel, involucra hasta 4.000 efectivos y se presenta como acto disuasorio bajo el falso y desproporcionado argumento de combatir a los cárteles del narcotráfico. Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU”.

Desde Bolivia, el presidente Luis Arce calificó la operación como una “inadmisible provocación” que evidencia la persistencia de la visión colonial estadounidense de considerar a América Latina su “patio trasero”. En la misma línea, el nicaragüense Daniel Ortega cuestionó el silencio de otros organismos regionales y alertó que la inacción frente al hostigamiento contra Venezuela abre la puerta a que cualquier otro país termine siendo víctima de la misma política intervencionista.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agradeció las muestras de respaldo y denunció que se enfrenta a una “coyuntura de amenazas enloquecidas a granel”, al tiempo que advirtió que Venezuela no permitirá la presencia de fuerzas extranjeras en su territorio. Como respuesta, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos para reforzar la defensa nacional.

El rechazo no se limitó a los países de la Alianza. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, fue categórica al señalar que las maniobras militares estadounidenses son actos de injerencia contrarios al principio constitucional de no intervención. “No al intervencionismo, está en nuestra historia y en nuestra Constitución”, recalcó.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, alertó sobre las consecuencias devastadoras de una eventual incursión militar en Venezuela: “Los gringos están equivocados si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Solo lograrían arrastrar a Colombia y a toda la región a un escenario similar al de Siria”.

En Brasil, el asesor de política exterior de la presidencia, Celso Amorim, expresó la “profunda preocupación” del gobierno de Lula da Silva por el arribo de tres destructores estadounidenses equipados con sistemas de misiles Aegis cerca de las aguas territoriales venezolanas. Amorim subrayó que el principio de no intervención es un pilar histórico de la diplomacia brasileña y advirtió que la lucha contra el crimen organizado debe darse mediante cooperación internacional, no a través de despliegues militares unilaterales.

Escalada militar

El operativo incluye destructores de la clase Arleigh Burke, buques anfibios de gran porte como el USS Iwo Jima, y miles de efectivos con capacidad de desembarco y ataque aéreo. Con estas unidades, EE.UU. no solo fortalece su presencia naval en el Caribe, sino que instala un clima de provocación directa hacia Venezuela, país al que acusa —sin pruebas— de liderar un cartel de drogas.

Expertos advierten que el despliegue excede con creces cualquier necesidad de interdicción al narcotráfico, dado que las capacidades ofensivas de estas naves están diseñadas para escenarios de guerra convencional y no para operaciones antidrogas. En este sentido, gobiernos y analistas coinciden en que la verdadera motivación es ejercer presión política y militar sobre Caracas, en un contexto de tensiones abiertas con la administración de Nicolás Maduro.

Amenazando con el garrote a la región

El denominador común entre los distintos pronunciamientos es claro: la región rechaza que, bajo falsos argumentos, se utilice la lucha antidrogas como excusa para militarizar el Caribe y abrir la puerta a escenarios de intervención. La condena expresa la voluntad de defender la paz, la soberanía y la cooperación regional frente a lo que se percibe como un intento de reeditar las políticas intervencionistas de la Doctrina Monroe.

La voz unánime de América Latina y el Caribe envía así un mensaje directo a Washington: no se aceptará que, en nombre de la seguridad, se impongan acciones militares que amenazan con desestabilizar toda la región.

Las recientes elecciones presidenciales en Bolivia reconfiguraron el tablero político local y encendieron alertas sobre un posible rumbo autoritario en el país vecino.

*Por Vladimir Huarachi Copa/ El pasado 17 de agosto, ¿quién ganó realmente las elecciones presidenciales 2025 – 2030? Está claro que ninguno de aquellos candidatos que se veían ya sentados en la silla presidencial, amparados por encuestas infladas desde los medios tradicionales y avaladas por la institucionalidad electoral. El verdadero ganador de esta primera vuelta fue, sin duda, el voto en contra. Ese mismo voto que ya había sido determinante en anteriores comicios, aunque esta vez se mostró de manera más contundente y desnuda.

Para comprender el peso de este voto en contra, es necesario retroceder al turbulento periodo entre 2019 y 2020. Jeanine Áñez, quien tuvo en sus manos la posibilidad de revitalizar y reposicionar a la facción política que la llevó al poder, e incluso de ganar legítimamente las elecciones de entonces, terminó desperdiciando esa oportunidad. Sus propios errores al frente del Estado, atravesados por una corrupción inocultable, la arrastraron rápidamente al descrédito, pavimentando el camino hacia un segundo giro a la izquierda desde 2020.

Ese giro no significó un respaldo firme al MAS, sino más bien un rechazo al gobierno transitorio de Áñez, señalado como responsable de la ruptura del orden constitucional en 2019. El 55% que obtuvo Luis Arce puede leerse menos como un voto de adhesión que como un rechazo al pasado inmediato. Una cifra que expresa más hartazgo que identidad política.

En este marco, el evismo volvió a apostar a la debilidad de la oposición. Su estrategia se centró en esperar que la llamada “oposición funcional” a Evo Morales cometiera errores y que Andrónico Rodríguez perdiera las elecciones. El plan era claro: preparar el terreno para una eventual revocatoria que reposicione a Morales como el “salvador” de cara a los comicios de 2030, o incluso antes, mediante un referéndum, capitalizando otra vez ese mismo voto en contra que antes encumbró a Arce.

Sin embargo, los resultados de esta primera vuelta sorprendieron a analistas y comentaristas. Rodrigo Paz y Edmand Lara irrumpieron como ganadores inesperados, dejando a los demás candidatos con el desconcierto de quien se enfrenta a un electorado desencantado, cansado de los mismos rostros y de las crisis que arrastran al país al borde del colapso.

Bajo esta luz, que el voto en contra se haya convertido en el verdadero vencedor de estas elecciones 2025 – 2030 no debería sorprendernos. Ese voto dirigido contra el establishment político es una respuesta lógica al desgaste acumulado. Lo inquietante, sin embargo, es lo que puede venir después. Con la fuerza electoral alcanzada por el Partido Demócrata Cristiano y la dupla Paz – Lara, existe el riesgo de que el futuro inmediato nos confronte con un Estado policial-militar, acompañado de un autoritarismo neopopulista. Un desenlace que podría convertir al voto en contra, nuevamente, en el preludio de un nuevo desencanto nacional.

*Politólogo boliviano.