Trabajadores del hospital pediátrico convocan a una movilización simbólica con velas hacia el Obelisco. Denuncian despidos encubiertos, paritarias irrisorias y falta de insumos.

Bajo la consigna “El Garrahan no se apaga”, profesionales de la salud, pacientes y referentes culturales realizarán este jueves una caminata desde Callao y Corrientes hasta el Obelisco. La protesta busca visibilizar la crítica situación del Hospital Garrahan, principal centro pediátrico del país, que atraviesa una pérdida acelerada de personal y reducción de recursos esenciales.

La marcha, que dará inicio a la campaña “Agosto por el Hospital Garrahan y las Infancias”, contará con la lectura pública de una carta a cargo de la actriz Cecilia Roth. Se trata de una acción artística y comunitaria que apunta a romper el cerco informativo y advertir sobre el vaciamiento de un hospital que atiende el 50% de los trasplantes infantiles del país y realiza más de 600 mil consultas anuales.

Según el gremio APyT, solo en 2024 ya renunciaron 236 trabajadores, desbordados por salarios que no cubren la canasta básica. La paritaria acordada por UPCN —apenas un 7% semestral en cuotas del 1%— fue calificada como “una burla” por los delegados.

Norma Lezana, secretaria general de APyT, denunció que “la sobrecarga laboral es insostenible” y que áreas críticas como enfermería operan con dotaciones mínimas. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, refuerza la sensación de abandono.

En paralelo a la caminata principal en la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán acciones solidarias en distintos puntos del país. Con esta iniciativa, los trabajadores buscan reabrir canales de diálogo institucional y presionar al Congreso para que avance una ley de financiamiento que proteja el presupuesto del hospital frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional.

Un relevamiento de Zuban Córdoba muestra un fuerte deterioro en la percepción económica: el 65% siente que está peor que hace seis meses, mientras más del 50% teme por su empleo o ingresos. Crece la expectativa de nuevas protestas sociales.

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados arrojó resultados inquietantes para el gobierno nacional. El 65,1% de los encuestados manifestó que su situación económica personal se ha deteriorado en los últimos seis meses, mientras que un 54,2% aseguró no poder cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos actuales.

La percepción de malestar económico no se limita al presente: un 58,3% de los consultados cree que este clima podría derivar en manifestaciones o cacerolazos en el corto plazo. En tanto, el 64,8% opinó que la gestión de Javier Milei está profundizando la desigualdad social.

La encuesta también refleja un bajo nivel de ahorro entre la población: solo el 14,7% logra guardar dinero al final del mes. El resto debe destinar todo lo que gana al consumo o recurrir al endeudamiento.

En un contexto de aumentos sostenidos en alimentos, salud y servicios, el “ajuste virtuoso” promovido por el Ejecutivo parece haber perdido respaldo simbólico. El termómetro del humor social, hoy, pasa por el bolsillo.

“Llegó la hora de que te vayas”. Así arranca una carta del Departamento de Seguridad Nacional enviada en estos días a menores migrantes que entraron en EEUU no acompañados.

La administración de Donald Trump ha mostrado, una vez más, su insensible y despiadada postura hacia los migrantes, especialmente contra los menores no acompañados. En una reciente muestra de autoritarismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha comenzado a enviar cartas a estos niños, exigiéndoles que “se vayan inmediatamente” del país. El tono de estas misivas es claro y aterrador: “Llegó la hora de que te vayas”. Con esta amenaza, el gobierno busca presionar a los menores para que abandonen los Estados Unidos, cancelando el permiso condicional humanitario que muchos de ellos habían recibido al llegar como menores no acompañados.

Activistas y defensores de los derechos humanos, como Julie Contreras de la organización United Giving Hope, alertan sobre el aumento de estos casos, señalando que cientos de menores que llegaron legalmente bajo condiciones humanitarias ahora están siendo despojados de sus protecciones y se enfrentan a un futuro incierto y lleno de miedo. Contreras afirma que estos menores no son criminales, sino víctimas de violaciones de derechos humanos. La amenaza de deportación no solo representa una acción administrativa, sino un profundo daño psicológico a niños que ya han sufrido suficientes traumas en sus países de origen.

El gobierno de Trump, lejos de garantizar la seguridad de estos menores, ha intensificado la persecución. Aunque las cartas no significan necesariamente que el ICE se presente en la puerta de los hogares, la constante amenaza ha creado un clima de terror. Y en muchos casos, como el de Xally Pastor, una niña de 13 años, los menores se ven obligados a luchar solos por su futuro legal, sin el respaldo de sus padres, quienes no pueden representarlos en las vistas de inmigración debido a su estatus.

El número de deportaciones de menores es alarmante. En abril, los tribunales de inmigración ordenaron la deportación de más de 8,300 niños de 11 años o menos. Desde que Trump asumió la presidencia, más de 53,000 niños han sido objeto de órdenes de deportación. Aunque muchos de estos menores tienen solicitudes de asilo pendientes, el gobierno ha decidido acelerar sus procesos de expulsión, sin tener en cuenta su vulnerabilidad.

Además de las cartas, la administración ha implementado una política aún más cruel: los adolescentes mayores de 14 años tienen ahora la opción de autodeportarse. A los menores se les ofrece la posibilidad de regresar rápidamente a sus países de origen, a pesar de las graves amenazas que enfrentan en muchos de ellos. Este cambio de política refleja un profundo desprecio por la seguridad y los derechos de los niños, priorizando la expulsión masiva por encima de su bienestar.

La situación es aún más grave cuando se considera que muchos de estos niños llegaron a Estados Unidos huyendo de contextos de violencia extrema en sus países de origen donde el propio Estados Unidos tiene su cuota de responsabilidad con el trafico incesante de armas, y se enfrentan ahora a una nueva pesadilla: ser obligados a regresar a esas mismas circunstancias sin ninguna protección.

Esta política es parte de la estrategia general de Trump para controlar la inmigración, que se ha intensificado en los últimos años. La administración ha mostrado un total desprecio por los derechos de los migrantes, y su actuar frente a los menores migrantes es una de las evidencias más claras de su crueldad. ¿Qué futuro les espera a estos niños? Uno de terror, huida y desamparo, sin garantías de seguridad ni apoyo legal.

“Yo puedo hacerte un buen artículo, hablar con los medios… con Rolando Graña, por ejemplo”, dijo el ministro de Justicia, en un video que lo muestra negociando con Tim Ballard en Nueva York.

Un video grabado con cámara oculta expuso al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo su red de contactos políticos, judiciales y mediáticos a Tim Ballard, ex agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y fundador de una organización internacional cuestionada por sus métodos. La reunión tuvo lugar en Nueva York, y las imágenes lo muestran dispuesto a intervenir para “cambiar la imagen” del activista en la Argentina.

En la grabación, Cúneo Libarona asegura poder organizarle reuniones con jueces, influir en medios de comunicación y hasta modificar un proyecto de ley antes de que llegue al Congreso. “Yo puedo hablar con diputados, con jueces de diferentes fueros, ver el proyecto antes, ayudarte a armar algo lindo”, se lo escucha decir, sin disimulo.

Las reacciones no tardaron en llegar: desde distintos espacios políticos reclamaron su renuncia inmediata y denunciaron tráfico de influencias. El escándalo pone en jaque el relato oficialista contra la “casta”, dejando al descubierto prácticas que contradicen el discurso de transparencia institucional.

Por ahora, el gobierno guarda silencio. Mientras tanto, crece la presión pública ante un episodio que pone al Ministerio de Justicia en el centro de una crisis de credibilidad, y que expone hasta qué punto el poder se pone al servicio de intereses privados en la gestión de Milei.

Un informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

Un nuevo informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar dirigida por el analista Daniel Schteingart, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

La situación es especialmente grave entre los asalariados: el 36% trabaja sin estar registrado, es decir, sin aportes a la seguridad social ni acceso a derechos laborales básicos como cobertura médica, jubilación o licencias. Si se suman los trabajadores independientes en situación informal (como feriantes, vendedores ambulantes o albañiles no inscriptos en el monotributo), el panorama es aún más preocupante.

Desigualdad regional: el Norte Grande, más afectado

La informalidad no impacta de forma homogénea en todo el país. Las provincias del Norte Grande, como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, registran los peores indicadores, con más del 50% de los asalariados sin registrar. Estas regiones, con baja industrialización y economías centradas en el agro o el trabajo informal, enfrentan mayores obstáculos para la creación de empleo formal.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires se ubica en un punto intermedio dentro del ranking nacional.

El empleo formal, estancado; crecen las “changas” y el cuentapropismo informal

A pesar de ciertos indicadores positivos en materia salarial, el empleo formal en Argentina se encuentra estancado, según el especialista en mercado laboral Luis Campos, quien advirtió que “no se pierden puestos, pero tampoco se crean”.

Tras un 2024 marcado por la destrucción de miles de empleos, el mercado laboral muestra señales de precarización: aumentan las changas, los empleos informales y el cuentapropismo sin aportes previsionales, incluso entre personas que mantienen un empleo formal pero necesitan ingresos extra. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera logran cubrir el costo del monotributo.

Expertos coinciden en que sin crecimiento sostenido no habrá mejoras reales en la calidad del empleo, pero también subrayan que el crecimiento por sí solo no alcanza. Se requiere una reforma integral del sistema tributario, políticas activas que incentiven la registración laboral y fortalecimiento institucional para garantizar derechos y ampliar la cobertura de la seguridad social.

El Nobel de Economía advirtió que Argentina enfrenta una nueva crisis por la deuda con el FMI, criticó el rol de Luis Caputo en los gobiernos de Macri y Milei, y afirmó que el país “no es viable” con el nivel actual de endeudamiento.

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz alertó que la Argentina “está a las puertas de otra crisis” económica, producto de un esquema de endeudamiento externo que comenzó durante la gestión de Mauricio Macri y se profundizó con el actual gobierno de Javier Milei. El economista apuntó directamente contra el ministro Luis Caputo, responsable de ambas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. “El país no es viable”, sentenció.

Durante una conferencia brindada en el Festival Gabo en Colombia, Stiglitz propuso un modelo de “capitalismo progresista”, en el que el Estado recupere mecanismos de control frente al poder financiero. En ese marco, trazó un paralelismo entre Macri y Milei, al advertir que ambos recurrieron al FMI con resultados que auguran una nueva crisis.

Recordó que el gobierno de Macri tomó un préstamo por 44 mil millones de dólares para abrir la economía, pero denunció que “los más ricos de Argentina sacaron el dinero sin que se comprobara en qué lo usaron”. Ese ciclo de fuga y endeudamiento, dijo, “cambió el país”: “Macri llegó con problemas económicos, pero sin una crisis de deuda. Cuando se fue, dejó una. Fue un pésimo manejo de los mercados abiertos que los llevó a la crisis actual”.

Stiglitz remarcó que ese “mal manejo” estuvo a cargo de Luis Caputo, quien fue secretario y luego ministro de Finanzas durante el gobierno de Cambiemos. Hoy, como ministro de Economía de Milei, repite el esquema: “Lo que acaba de ocurrir bajo la administración Milei engrandece el problema. No pudieron pagar los 44 mil millones, y el FMI les ha prestado otros 20 mil millones que tampoco van a poder pagar”.

Para el Nobel, la aparente baja de la inflación no debería interpretarse como un logro sólido. “La inflación se ha reducido porque lograron mantener estable la tasa de cambio. Eso ayudó a contenerla. Pero el país no es viable con más de 56 mil millones de dólares en deuda. No van a poder pagar esto”, advirtió.

“Lo que acaba de ocurrir bajo la administración Milei engrandece el problema. No pudieron pagar los 44 mil millones, y el FMI les ha prestado otros 20 mil millones que tampoco van a poder pagar”, Joseph Stiglitz.

Las declaraciones de Stiglitz llegaron pocas horas después de que Caputo celebrara la aprobación de la última revisión del acuerdo con el FMI, a pesar de no haber cumplido con la meta de acumulación de reservas. Desde el programa oficialista Carajo, el funcionario calificó la renegociación como “un excelente acuerdo para el país” y confió en que “va a ayudar significativamente a que la Argentina recupere el acceso a los mercados”.

Sobre el incumplimiento del objetivo de reservas, Caputo se excusó: “El problema es que, si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, esas reservas se van en pagos de deuda. Eso es lo que ha pasado en estos 18 meses”.

Frente a la expectativa del Gobierno de volver a los mercados internacionales con tasas cercanas al 9%, Stiglitz fue tajante: “Aunque ahora las cifras se vean bien en términos de inflación, si analizamos dónde está Argentina, está en puertas de otra crisis. En unos años veremos las consecuencias”.

El sindicato de trabajadores de la aerolínea low cost confirmó una huelga nacional por falta de avances salariales. Se verán afectados vuelos de cabotaje e internacionales.

La Asociación Sindical de Trabajadores de JetSmart (ASTJ) anunció un paro total de actividades para el viernes 1º de agosto, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La medida alcanzará tanto vuelos de cabotaje como internacionales, en un momento clave del recambio turístico por el cierre de las vacaciones de invierno.

Según el gremio, la decisión se tomó tras “meses sin avances concretos en las negociaciones” con la empresa. “La paciencia llegó a un límite”, aseguró Diego Bitschin, secretario general del sindicato y piloto de la compañía. El dirigente sostuvo que, pese a haber suspendido acciones gremiales durante un mes, JetSmart no presentó “una propuesta concreta que garantice un salario digno”.

En un comunicado, la ASTJ también expresó su rechazo al arribo de tripulaciones extranjeras para operar vuelos locales. “Siguen llegando tripulaciones de Chile y Perú con mejores condiciones laborales y salariales que las nuestras”, señalaron.

Desde JetSmart respondieron que mantienen la disposición al diálogo y afirmaron haber presentado propuestas “que buscan un punto de equilibrio”, aunque aún no fueron aceptadas por el gremio. “Nuestra intención es garantizar la sostenibilidad operativa en Argentina y en toda la región”, informó la empresa.

La medida de fuerza podría generar complicaciones operativas en los principales aeropuertos del país justo en el momento del regreso turístico y en plena temporada alta.

Se trata de Kristi Noem, quien es una funcionaria clave del trumpismo, de visita en el país compartió su modelo de control fronterizo y deportaciones masivas. Bullrich buscó replicar su enfoque migratorio.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, realizó una visita oficial a la Argentina donde se reunió con el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich. La funcionaria republicana, conocida por su política migratoria de línea dura, llegó con el objetivo de fortalecer la cooperación en seguridad y control fronterizo.

Durante su paso por el país, Bullrich se interiorizó sobre el modelo estadounidense de vigilancia migratoria, especialmente los mecanismos de expulsión de migrantes y las campañas disuasorias. Noem mantiene en su cuenta de X una publicación donde promociona una “campaña publicitaria multimillonaria” para advertir a los inmigrantes indocumentados que deben abandonar EE.UU. “de inmediato”.

La funcionaria es una de las figuras más controversiales del gobierno republicano. Exgobernadora de Dakota del Sur y estrecha aliada de Donald Trump, Noem se destacó por haber rechazado el uso obligatorio de mascarillas durante la pandemia y por haber liderado el endurecimiento de los controles migratorios desde el Congreso.

Confirmada como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional a fines de enero con apoyo bipartidista, Noem reafirmó su intención de “empoderar a las fuerzas del orden” para la deportación de extranjeros en situación irregular. Su eslogan —“autodepórtense”— provocó fuerte rechazo en organizaciones de derechos humanos y medios estadounidenses, que la bautizaron como la “cazadora de migrantes”.

Su visita a Argentina marcó un posible alineamiento del gobierno de Milei con el modelo de seguridad trumpista, en momentos en que Bullrich impulsa una reforma migratoria con énfasis en la “seguridad nacional” y los controles en pasos fronterizos.

El rubro acumula dos años de fuertes caídas. Aumentos en insumos, tarifas y alquileres superan a la inflación y no pueden trasladarse a los precios.

El sector gastronómico atraviesa su peor momento en años. En lo que va de 2025, bares y restaurantes registran una caída del 20% al 30% en el consumo, duplicando la baja de 2024. La crisis golpea tanto al turismo como al público local, que ajustó sus hábitos y prioriza salidas más económicas o esporádicas.

La caída de ingresos se combina con un aumento sostenido en los costos fijos. Tarifas de servicios que se duplicaron, alquileres en alza y un costo laboral creciente deterioran la rentabilidad. A pesar de un contexto de menor inflación, los precios de mercadería, energía y alquileres siguen subiendo por encima del promedio y no pueden trasladarse al menú sin perder clientela.

“El consumo gastronómico está completamente deprimido. No se pueden subir los precios porque la demanda no los convalida”, señaló Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes.

Daniel Prieto, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), confirmó que la caída interanual ronda el 30% y remarcó que, a diferencia de otras crisis, el turismo tampoco actúa como amortiguador. “Antes bajaba el turismo, pero subía el consumo local. Hoy cayeron ambos”, advirtió.

Adaptación forzada y cambios en el consumo

Para sostenerse, los establecimientos ajustan sus estrategias: cartas reducidas, porciones para compartir, promociones con tarjetas y acuerdos con proveedores. Platos más accesibles reemplazan cortes premium y las propuestas tradicionales ganan terreno. Los bodegones, pizzerías y cafeterías también apuestan a combos promocionales y turnos rotativos para aumentar la rotación.

La pérdida de poder adquisitivo se refleja en cada decisión: el cliente que antes salía tres veces por semana, ahora lo hace una y con menor gasto. Incluso la merienda, opción antes considerada accesible, cayó en volumen.

Cierres, achique y empleo en riesgo

El sector acusa cierres de pequeños locales, sobre todo en barrios con baja circulación. Muchos debieron reducir personal o reemplazarlo por servicios tercerizados, afectando la calidad y estabilidad laboral. Otros consolidaron operaciones en una sola sede para evitar costos redundantes.

“La estructura anterior es inviable. Hay que achicar”, sentenció Yanelli.

Desde la Cámara advierten que se trata de uno de los rubros más vulnerables: de los primeros en sentir el impacto de la crisis y de los últimos en recuperarse. La pérdida de empleos ya es visible.

El turismo no alcanza y el gasto cae

Zonas como San Telmo, Recoleta o el Centro porteño se ven particularmente afectadas por la caída del turismo. “En La Boca o San Telmo no hay casi nada de turistas”, sostuvo Prieto. El déficit turístico alcanzó un récord en el primer cuatrimestre, con un saldo negativo de 5,1 millones de personas.

¿Qué se necesita para recuperarse?

Los referentes del sector coinciden en que es clave sostener la demanda —aunque sea a menor escala— y aliviar la presión sobre los costos. Proponen una desregulación impositiva que incluya la revisión de tasas locales, cargas laborales y habilitaciones, para permitir márgenes más sostenibles sin trasladar aumentos al consumidor.

Las expectativas están puestas en el repunte del turismo hacia la primavera, aunque sin una mejora en el ingreso real, la situación seguirá siendo crítica.

A pesar del panorama adverso, algunos locales exploran nuevas vías: venta de platos listos para terminar en casa, delivery reforzado o acciones conjuntas con marcas barriales. La visibilidad en redes también se volvió esencial para fidelizar al público.

“No se sale solo. El rubro no es una isla. Tiene que haber una reactivación general”, concluyó Yanelli.

De cara a las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de agosto próximo en esa nación sudamericana, el candidato de Alianza Popular se posiciona como la alternativa con mayor proyección, planteando, entre otras cosas, una nueva forma de hacer política.

Por Santiago Masetti/ Con una agenda que combina juventud, compromiso y planificación, Andrónico presentó una bateria de propuestas que buscan ampliar derechos para los bolivianos, donde destaca el acceso al trabajo, la alimentación, la salud, la educación, el crédito justo, el transporte digno y el desarrollo sostenible. La propuesta busca garantizar a cada boliviano “el derecho a no vivir endeudado” y a contar con un Estado eficiente, ético y al servicio del pueblo.

“La estabilidad no es una promesa, es una necesidad”, enfatiza el Plan de Acción Nacional, centrado en reencauzar el modelo económico plural boliviano, articulado entre el sector público, privado y social comunitario. Es en ese marco, que se ratifica el compromiso con una economía productiva, diversa, planificada y con soberanía nacional.

En el plano económico inmediato, su propuesta de Plan de Acción Inmediata Sostenible (PAIS) apunta a enfrentar los desequilibrios actuales con medidas concretas: abastecimiento de combustibles mediante una eliminación gradual y focalizada de subsidios, libre importación para grandes consumidores, y un sistema logístico que reduzca costos y evite intermediarios.

Para el frente cambiario, plantea la creación del fondo de divisas, la liquidación voluntaria (Lidivol) y acuerdos con sectores exportadores que permitan estabilizar el precio del dólar y asegurar la disponibilidad de divisas. En cuanto al precio de los alimentos, propone ampliar la oferta agrícola, impulsar mercados populares y aplicar una política de cero tolerancia a la especulación.

El déficit fiscal también está en la mira: Andrónico propone estabilizar el empleo público sin recortar el Estado, implementar una Ley de Consolidación Fiscal y fomentar una inversión pública inteligente, sin perder de vista la calidad del empleo y el rol estratégico de las industrias nacionales.

Su visión de país es clara: una Bolivia soberana, con industria propia, democrática y diversa. “El futuro no se improvisa”, se asegura, donde convoca a una ciudadanía activa a construir un Estado planificador, ético y profundamente humano.

Con un liderazgo joven y un discurso transformador, Andrónico encarna la renovación de Bolivia, apostando por más democracia, inclusión y unidad en la diversidad. En los tramos finales de la campaña, desde Alianza Popular proponen una nueva etapa de desarrollo con justicia social y, sobre todo, con visión de futuro.