El Presidente rechazó por decreto las leyes que preveían mejoras en haberes previsionales y ayudas por discapacidad. El Gobierno ratificó su prioridad fiscal y mantendrá los valores definidos antes de la votación en el Congreso.

El presidente Javier Milei vetó este lunes dos leyes clave impulsadas por la oposición: una que establecía un aumento extraordinario del 7,2% para jubilaciones y pensiones, y otra que declaraba la emergencia nacional en discapacidad. Ambas normas habían sido aprobadas por amplia mayoría en el Congreso el pasado 10 de julio.

La decisión fue oficializada a través del Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial, con el argumento de que las iniciativas “afectan el equilibrio fiscal” y representan “una amenaza directa al superávit” que el Ejecutivo considera pilar central de su programa económico.

Tras el veto, los haberes jubilatorios recibirán en agosto únicamente el aumento del 1,6% anunciado previamente por el Gobierno, en base a la inflación informada por el INDEC. De este modo, la jubilación mínima será de $314.243,51, mientras que el haber máximo se mantendrá en $2.114.561,35.

También continuará vigente el bono mensual de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Aquellos que superen ese monto, pero no lleguen a $384.243,50, recibirán un refuerzo proporcional. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $321.394,80 con el bono incluido, y las pensiones no contributivas por invalidez o vejez alcanzarán los $289.970,45.

En cuanto al proyecto vetado sobre discapacidad, incluía la creación de una pensión no contributiva específica, mayores transferencias a prestadores y la declaración de emergencia hasta 2026. La medida fue rechazada también por razones fiscales.

Desde el Gobierno nacional sostienen que las leyes aprobadas por el Congreso constituían un “intento de desestabilización institucional”. En paralelo, distintas organizaciones de jubilados y personas con discapacidad anticiparon movilizaciones para exigir que se revierta el veto.

Con una suba del dólar que supera el 13% en julio, grandes compañías ajustaron precios entre un 3% y un 9% en productos de consumo masivo. Comerciantes y supermercados recibieron nuevas listas con incrementos generalizados.

La reciente escalada del tipo de cambio ya muestra impacto directo en los precios al consumidor. En los últimos días, empresas líderes del sector alimenticio, de higiene y limpieza enviaron nuevas listas de precios con aumentos que van del 3% al 9%, en respuesta a la suba del dólar libre, que en julio acumuló un alza superior al 13%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) confirmó que los nuevos valores fueron comunicados a cadenas de supermercados y comercios minoristas. Entre los principales ajustes, Arcor aplicó subas de entre el 3% y el 5%, Mondelez entre el 7% y el 9%, y Unilever estableció un incremento promedio del 8%.

También se sumaron aumentos del 7% en productos de Softys (Elite, Babysec, Ladysoft) y del 4% al 5% en alimentos de marcas como La Serenísima (Mastellone) y Danone. Las aceiteras General Deheza y Cañuelas, por su parte, remarcaron un 5%.

A esto se agregan subas del 7% en artículos de limpieza de SC Johnson y un incremento en el precio de los cigarrillos en los comercios de barrio, que ronda el 8%. Panificados, galletitas y harinas también comenzaron a moverse al alza.

Desde el sector supermercadista anticiparon que buscarán negociar con los proveedores para moderar los aumentos y acercarlos al 5%, aunque admiten que el escenario cambiario complica cualquier intento de contención.

El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, había advertido públicamente contra las remarcaciones, asegurando que los consumidores no convalidarían los nuevos precios. Sin embargo, la volatilidad del tipo de cambio y la falta de señales claras en la política monetaria están acelerando la dinámica inflacionaria.

El jefe de Gobierno porteño instruyó a la Policía y al Ministerio de Seguridad para actuar contra quienes remuevan residuos de los contenedores y ensucien el espacio público, aplicando el artículo 94 del Código Contravencional.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ordenó aplicar sanciones a las personas que remuevan residuos de los contenedores de basura. La medida fue comunicada por el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde detalló que la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad están instruidos para intervenir ante estas situaciones.

“Si detectan que alguien rompe o desparrama basura, deben pedirle que lo limpie; si se niega, que lo sancionen según la normativa vigente”, afirmó Macri. La decisión se enmarca en la supuesta intención de “mantener la limpieza del espacio público”, pero generó repudio inmediato en redes sociales y sectores sociales, por apuntar directamente contra personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato.
Si se niegan, que los sancionen según… pic.twitter.com/437CgfmYWv

— Jorge Macri (@jorgemacri) August 4, 2025

El instrumento legal citado por el Gobierno porteño es el artículo 94 del Código Contravencional, que establece sanciones de entre uno y quince días de trabajos comunitarios, o multas que van de 81 a 1.217 unidades fijas. Las penas se agravan si el hecho ocurre en espacios sensibles como hospitales, escuelas, monumentos o subtes.

La decisión llega en un contexto de crisis social creciente, donde cada vez más personas recurren a los contenedores para buscar alimentos o materiales reciclables. Mientras desde el Ejecutivo porteño se insiste en el discurso de “orden y limpieza”, la respuesta institucional frente al hambre y la exclusión vuelve a ser la persecución punitiva.

El BCRA reglamentó el Fondo de Cese Laboral, un nuevo mecanismo que reemplaza la indemnización por despido si lo establece el convenio colectivo.

El Banco Central de la República Argentina formalizó la reglamentación del Fondo de Cese Laboral, un esquema incluido en la Ley Bases y su decreto reglamentario, que habilita a reemplazar las indemnizaciones por despido tradicionales por un sistema de aportes mensuales anticipados a cuentas específicas. El nuevo modelo se podrá aplicar solo si está previsto en el convenio colectivo correspondiente.

El sistema consiste en cuentas especiales donde los empleadores depositarán un porcentaje del salario mensual, que luego será entregado al trabajador cuando finalice la relación laboral. Las cuentas pueden ser administradas por bancos, fideicomisos o fondos comunes de inversión, y están sujetas a supervisión del BCRA. También podrán tener aportes voluntarios del trabajador si lo permite el convenio.

El aporte patronal tendrá un tope del 8%, aunque en algunos sectores como la construcción podrá llegar al 12%, especialmente durante el primer año de implementación. Los fondos serán inembargables y tendrán el mismo tratamiento fiscal que una indemnización tradicional. Los trabajadores podrán consultar movimientos y saldos desde home banking o aplicaciones móviles.

La medida ya generó fuertes críticas de abogados laboralistas y especialistas en derecho del trabajo, como Matías Cremonte y Luis Enrique Ramírez, quienes advierten que este sistema debilita los derechos laborales. En declaraciones a El Destape y Tiempo Argentino, Cremonte alertó que “la indemnización por despido es un derecho constitucional, y reemplazarla por un fondo administrado por entidades privadas representa un retroceso gravísimo”. Por su parte, Ramírez señaló que “con este mecanismo se traslada al propio trabajador el costo del despido y se desnaturaliza el principio protector del derecho laboral”.

Además, especialistas como Luis Roa, citado por iProfesional, advirtieron sobre la pérdida de poder adquisitivo por inflación, el carácter especulativo de los instrumentos financieros involucrados, y la posibilidad de que “los fondos no estén disponibles cuando más se necesitan”. Aunque el régimen es formalmente optativo, existe temor a que se generalice por presión empresarial o flexibilización de convenios.

Las nuevas barreras comerciales anunciadas por el presidente estadounidense generaron una ola de ventas en bolsas internacionales. Los activos argentinos se hundieron en Wall Street.

El proteccionismo a Lo donald Trump marcó la agenda global y volvió a sacudir a los mercados este viernes. El presidente de Estados Unidos, anunció un nuevo esquema de aranceles recíprocos que impacta a más de 70 países, incluida la Argentina. La reacción fue inmediata: caídas generalizadas en las bolsas de Europa, Asia y Wall Street, y un marcado retroceso de acciones y bonos argentinos.

En Nueva York, los papeles de empresas nacionales operaron en rojo: Edenor cayó 3,4%, Transener y Grupo Supervielle retrocedieron 3,2% cada una. También se vieron afectadas Pampa Energía (-2,7%), Telecom (-2,6%) e YPF (-2,2%). En simultáneo, el índice S&P Merval bajó un 1,8% y cerró en 2.278.096 puntos.

El castigo alcanzó también a los bonos soberanos en dólares. Las emisiones Global 2046, 2041 y 2035 descendieron entre 0,9% y 1%, en un contexto de creciente incertidumbre financiera y sin señales claras de estabilización cambiaria.

A nivel local, la tensión cambiaria continuó: el dólar oficial se acercó a los $1.400, pese a los intentos del ministro Luis Caputo y del presidente Javier Milei por llevar calma. Ambos funcionarios culparon a la oposición por el clima de inestabilidad, pero los inversores mantuvieron una postura defensiva.

El cimbronazo fue global. En Europa, el Eurostoxx 50 cayó 1,9%, el CAC 40 francés perdió 2,1% y el DAX alemán 1,9%. En Asia, el Nikkei japonés bajó 0,57% y el Hang Seng de Hong Kong cedió 1,07%. Wall Street también arrancó en terreno negativo: el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq sufrieron retrocesos de hasta el 1,4%.

Ni siquiera las criptomonedas escaparon a la ola de ventas: el Bitcoin cayó 2,6% y Ethereum perdió 5,1%. La reacción generalizada refleja el efecto dominó de las decisiones de Trump, que reinstalan la lógica de bloques y disputas comerciales, afectando especialmente a países como Argentina, que ya operan en terreno frágil.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, producto de la contracción sostenida, el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

La Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó una grave advertencia sobre el deterioro acelerado del aparato productivo nacional. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, en un contexto de contracción sostenida, marcado por el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

“La importación impacta, pero lo que más nos preocupa es la baja de la actividad”, subrayó Rappallini, al señalar que el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, está generando un deterioro estructural del sector manufacturero. Según la UIA, la combinación de ajuste fiscal, apertura comercial y caída del mercado interno está empujando a cientos de empresas a una situación límite.

Las cifras son elocuentes: las ventas en sectores como la construcción, el textil, el calzado y los cueros han caído entre un 15% y un 30%, mientras que algunos rubros como alimentos y farmacéutica apenas muestran repuntes marginales, insuficientes para revertir la tendencia general.

Ante este panorama, las empresas apelan a medidas de emergencia: reducción de jornadas laborales, suspensiones, pagos parciales de salarios y postergación de aportes patronales se vuelven prácticas extendidas para evitar cierres definitivos.

Rappallini también reclamó reformas laborales e impositivas urgentes para corregir distorsiones acumuladas durante décadas y permitir que las empresas puedan sostenerse en un entorno competitivo. “Desde abril los números están amesetados, pero eso no significa que estemos mejor”, remarcó.

Con una industria paralizada, pérdida de empleos y sin señales claras de reactivación, la UIA endurece su postura frente a un modelo económico que, advierte, pone en riesgo el futuro del trabajo y la producción nacional.

El sector gastronómico argentino atraviesa una fuerte crisis equivalentes a las del 2001 y la pandemia en plena cuarentena. Crecen los cierres de restaurantes en todo el país y la caída del consumo y la falta de turismo golpea fuerte a zonas.

El sector gastronómico argentino atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La recesión económica, la abrupta caída del consumo y la ausencia de turismo —tanto nacional como extranjero— han provocado el cierre de al menos 100 restaurantes en los últimos meses en todo el país, una cifra que ya supera el peor momento de la pandemia y deja atrás incluso la crisis del 2001.

Los barrios más afectados son aquellos históricamente asociados al turismo y la gastronomía de alto nivel: Palermo, San Telmo, Puerto Madero y Recoleta. Allí, las ventas se desplomaron hasta un 30%, según datos de la Cámara de Restaurantes. El golpe es tal que incluso locales con estrellas Michelin han tenido que bajar la persiana.

“El sector acumula una baja del 55% en su facturación en el último año y medio. Esta crisis es más profunda y más prolongada que la del 2001. En aquel momento, la reactivación llegó rápidamente con el turismo. Hoy no tenemos turistas ni nacionales ni internacionales. Desde marzo, la caída se acentuó drásticamente”, explicó Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes, en diálogo con el portal BAE Negocios.

Entre los establecimientos cerrados se cuentan lugares emblemáticos como The Coffee Town del Mercado de San Telmo, Franca y Sal (ambos con estrella Michelin), La Locanda de Recoleta, Ya Cabrón de Palermo, Citadino de Parque Patricios, Amador, Green Bamboo, Sede, Manhattan Club Grand Café y el tenedor libre Gourmet Porteño, entre muchos otros.

Costos desbordados y consumo en caída libre

A los alquileres impagables y el derrumbe de la demanda, se suman los aumentos exponenciales en servicios: “Pasamos de pagar $600.000 a más de $5 millones en luz. La actividad ya no da para sostener esos costos”, afirmó Yanelli.

Según un estudio de la consultora Kantar, el 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer afuera, y en los sectores socioeconómicos más bajos (D1-D2) la caída llega al 85%.

La recesión no solo golpea a los empresarios: los mozos ven desplomarse sus ingresos por propinas, que en muchos casos pasaron del tradicional 10% a apenas un 3% o 5% del valor del ticket. “Cuando cae la facturación, las propinas caen en la misma proporción”, señaló el gerente de un restaurante tradicional.

Estrategias de supervivencia

En este contexto crítico, algunos locales intentan resistir con promociones agresivas y estrategias de ajuste. Desde menús ejecutivos tanto al mediodía como por la noche, hasta platos grandes para compartir o combos semanales con precios populares, la prioridad es mantener el flujo mínimo de comensales. Los bodegones y pizzerías de precios accesibles, por ahora, son los únicos con algo de oxígeno gracias a su propuesta más económica y popular.

Aún así, la incertidumbre domina el panorama. “No vemos señales de mejora a corto plazo. Hay mucha expectativa puesta en las elecciones, pero necesitamos un cambio estructural urgente. Esta situación es insostenible”, concluyó Yanelli.

La transmisión en vivo de la expedición científica del CONICET superó los 52 mil espectadores en simultáneo, mientras que la charla del Presidente con Fantino en Neura apenas llegó a 20 mil.

Mientras el gobierno nacional impulsa el desmantelamiento del CONICET, el organismo científico público logró un hecho contundente: su transmisión en vivo desde el fondo del mar fue lo más visto del país en plataformas digitales, superando no solo a todos los canales de noticias tradicionales —TN, C5N, A24 y La Nación+— sino también a la entrevista del presidente Javier Milei en Neura Media.

Según datos del ranking de audiencias de YouTube obtenidos por Noticias Argentinas, el streaming de la expedición “Talud Continental IV”, organizada por el Schmidt Ocean Institute con participación del CONICET, alcanzó un pico de 51.821 espectadores en vivo, ubicándose en el primer lugar de visualizaciones simultáneas en el país.

Muy por detrás, TN quedó segundo con 51.251 espectadores, seguido por C5N con 36.157. Más abajo, la entrevista de Milei con Alejandro Fantino en Neura Media apenas alcanzó los 25.391, mientras que La Nación+ sumaba 20.211.

La expedición, que explora la biodiversidad del cañón submarino frente a Mar del Plata, no solo generó un interés masivo por su contenido científico, sino que provocó un debate en redes sobre las prioridades del público frente a la constante cobertura política de los grandes medios y la narrativa oficialista.

En plena ofensiva contra la ciencia y los organismos públicos de investigación, la sociedad eligió mirar hacia otro lado: hacia las profundidades del océano, donde un grupo de científicos argentinos investiga y divulga conocimiento desde lo público. Una clara señal de que la ciencia, lejos de estar en retirada, sigue despertando vocaciones, admiración y, ahora también, récords de audiencia.

A través de un proyecto presentado en el Congreso, legisladores de izquierda buscan impedir una eventual visita del primer ministro israelí, acusado por la Corte Penal Internacional de crímenes en la Franja de Gaza.

El bloque del Frente de Izquierda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que exige rechazar cualquier visita oficial del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien enfrenta órdenes de captura internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad.

La iniciativa, firmada por los diputados Christian Castillo, Alejandro Vilca, Mercedes De Mendieta, Juan Carlos Giordano y Vilma Ripoll, califica a Netanyahu como “persona no grata” y solicita al Ejecutivo cortar vínculos diplomáticos, comerciales y políticos con Israel.

El texto se fundamenta en las órdenes emitidas por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que responsabilizan al mandatario israelí por su accionar durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza. En ese contexto, el FIT reclama la “inmediata ruptura de relaciones” con el Estado israelí hasta que finalicen las acciones de ocupación y exterminio.

“Estamos ante un gobierno genocida que lleva adelante una limpieza étnica. La Argentina no puede prestarse a legitimar esa visita”, sostuvo el diputado Giordano, quien también acusó al presidente Javier Milei de alinearse con un Estado que promueve la guerra y el hambre.

Por su parte, Mercedes De Mendieta advirtió que la política exterior del actual gobierno “nos pone en riesgo” y llamó a sumarse a la campaña internacional por una Palestina libre.

El proyecto incluye referencias a denuncias realizadas por organizaciones israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, que documentaron el uso del hambre como arma de guerra, la destrucción sistemática de viviendas e infraestructura civil y el desplazamiento forzado de millones de personas.

Desde el FIT sostienen que impedir la entrada de Netanyahu al país no solo es una toma de posición frente al conflicto, sino también un gesto de soberanía y coherencia frente a las normas del derecho internacional.

Los contratos de alquiler que siguen vigentes bajo la ley anterior actualizan cada tres meses con el índice ICL, que combina inflación y salarios. El resultado: subas del 11,2% trimestral frente a una inflación del 6%.

Los inquilinos con contratos firmados entre julio de 2020 y octubre de 2023 enfrentan incrementos por encima del promedio inflacionario, producto de la fórmula mixta que regula sus actualizaciones. En el trimestre abril-julio de 2025, el Índice para Contratos de Locación (ICL) arrojó un aumento del 11,20%, mientras que el índice de inflación acumulada fue del 6,0%.

El ICL, utilizado en contratos amparados por la derogada Ley 27.551, combina en partes iguales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). En un contexto de salarios que suben por decreto o por inflación pasada, esta fórmula se vuelve más gravosa para quienes alquilan, incluso en períodos de desaceleración de precios.

Un ejemplo práctico: un alquiler de $700.000 ajustado por IPC puro aumentaría a $742.000 tras un trimestre; con el ICL, el mismo contrato sube a $778.400. La diferencia se multiplica al cabo de un año, generando una presión que afecta directamente la economía de los hogares.

En enero de 2025, los contratos ajustados por ICL registraron una suba anual del 190,69%, levemente por debajo del IPC del mismo período, que fue del 193%. Sin embargo, esta cercanía es engañosa: la fórmula mixta puede funcionar como un “piso móvil” en meses de inflación moderada, dificultando previsibilidad y negociación.

Tras la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU presidencial, los nuevos contratos no están obligados a usar ninguna fórmula específica. Aun así, el ICL sigue siendo una opción vigente para los acuerdos privados, con ajustes que pueden pactarse en forma trimestral, cuatrimestral o semestral.

Los datos oficiales muestran que cuanto más espaciada es la actualización, mayor es el salto:

• Trimestral: 11,20%
• Cuatrimestral: 13,96%
• Semestral: 20,60%

Aunque la inflación interanual muestra una desaceleración respecto del pico del 265% en julio de 2024 (pasó al 116,85% en abril de 2025), la carga que implica el ICL sigue siendo superior a la inflación corriente.

La paradoja del sistema mixto es que, al incorporar salarios —que en teoría deberían reflejar capacidad de pago— termina imponiendo subas más duras, en un país donde los ingresos corren siempre por detrás del costo de vida.