El dato surge de un relevamiento nacional. Advierten que en la ciudad se perdieron empleos que no requieren de una alta capacitación. “Hay una merma importante del trabajo en blanco”.

La ciudad de Santa Fe enfrenta un incremento alarmante en los índices de pobreza e indigencia, producto del impacto del rumbo económico y las políticas aplicadas por el Gobierno. Según los datos del Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (RenaCalle), en octubre de 2024 se contabilizaron 648 personas en situación de calle, lo que representa un incremento del 28,3% respecto a las 505 registradas en 2023.

Esta cifra refleja una realidad crítica: la pérdida de empleos y la informalidad laboral están llevando a más personas, especialmente adultos jóvenes en edad productiva, a condiciones de extrema vulnerabilidad. Del total registrado, el 85% son hombres en edad de trabajar, mientras que 27 menores de edad también se encuentran en esta situación.

Perfil de la crisis

El relevamiento señala que el 54,1% de las personas en situación de calle tienen entre 19 y 35 años, mientras que el 42% tienen entre 36 y 45 años. Además, se detectaron 64 mujeres en esta condición, incluyendo dos embarazadas. Aunque el 63% de los menores acceden a la educación y el 81,5% cuenta con DNI, las posibilidades de salir de esta situación dependen de la implementación de políticas públicas centradas en el acceso a vivienda, oportunidades laborales y contención interdisciplinaria.

Impacto del desempleo y la informalidad

El secretario de Políticas Sociales del municipio, Hugo Marchetti, advirtió sobre el aumento de la informalidad laboral, señalando la pérdida de empleos no calificados. “Quienes logran subsistir se convierten en feriantes, vendedores ambulantes o realizan trabajos temporales como cortar el pasto”, explicó.

La variabilidad de personas en situación de calle, influenciada por factores estacionales, también refleja un aumento en adultos jóvenes con consumo problemático. A pesar de la gravedad, los recursos destinados a políticas sociales son insuficientes: el presupuesto proyectado para 2025 en esta área es de $13.482 millones, muy por debajo de las cifras asignadas a Gestión Urbana y Ambiente o Seguridad Ciudadana.

Panorama alarmante

El panorama actual contrasta drásticamente con las proyecciones oficiales, que prometen estabilidad económica y mejoras sociales. En cambio, los datos reflejan un agravamiento de la exclusión social en Santa Fe, donde la falta de políticas específicas y recursos suficientes deja a un número creciente de personas en condiciones de indigencia extrema.

La situación en Santa Fe no es aislada, pero su aumento en el último año es un llamado urgente para reorientar las medidas económicas hacia la protección de los sectores más vulnerables. El impacto de estas políticas no solo afecta a quienes están en la calle, sino a toda la estructura social de la ciudad.

Los trabajadores fueron notificados por llamada telefónica, pero aún no recibieron telegramas de despido. Se manifiestan en las puertas de la planta.

El fabricante de cosméticos Avon, bajo la propiedad de la firma brasileña Natura, cerró su planta de distribución en San Fernando, provincia de Buenos Aires, dejando a 278 trabajadores sin empleo. La decisión forma parte de un plan de reestructuración que busca centralizar la logística en una planta ubicada en Garín, partido de Escobar.

Los empleados fueron notificados el fin de semana por llamadas telefónicas y esperan recibir sus telegramas de despido durante esta semana. El cierre tomó por sorpresa al personal, que hasta hace pocos días cumplía tareas para abastecer el mercado local y exportar a países como Chile, Uruguay y Paraguay.

El Sindicato de Perfumistas, bajo cuyo convenio trabajaban los despedidos, aún no ha emitido un comunicado oficial, aunque se encuentra en negociaciones para garantizar indemnizaciones con beneficios adicionales. Entre los afectados hay trabajadores con décadas de antigüedad, algunos cercanos a la jubilación y empleadas en situaciones de vulnerabilidad, como embarazadas y madres de hijos con discapacidad.

La noticia generó indignación entre los despedidos, quienes se manifestaron frente a la planta exigiendo respuestas del sindicato. Una de las trabajadoras expresó su frustración: “Nos echaron como ratas. El viernes salimos tranquilos y el lunes nos quitaron el pan de la boca. Tenemos deudas, hijos y tratamientos que costear”.

El cierre de la planta de San Fernando se suma a un plan de retiros voluntarios que la empresa implementó meses atrás, considerado por algunos como un preludio de los despidos masivos. En tanto, Natura planea contratar personal eventual para su planta en Garín, lo que permitiría a la empresa evitar costos asociados al convenio colectivo del Sindicato de Perfumistas.

La medida refleja el impacto de la crisis económica y las flexibilizaciones laborales impulsadas por el gobierno nacional que han generado descontento en el ámbito sindical y social. Este episodio deja en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores ante cambios estructurales de las grandes empresas y la necesidad de respuestas efectivas para proteger sus derechos.

Además de la carne vacuna y el pan, otro clásico argentino esta mostrado una caída alarmante en su consumo.

El consumo de vino en Argentina alcanzó su nivel más bajo en seis décadas, reflejando el impacto directo de la pérdida de poder adquisitivo en la dieta cultural de los argentinos. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en los primeros nueve meses de 2024, el consumo cayó un 1,9% en comparación al mismo período del año pasado, con un promedio de 12 litros per cápita.

El pico más reciente de consumo fue en 2013, con 25,6 litros per cápita. Desde entonces, la tendencia descendente ha llevado a una cifra de apenas 16,7 litros por habitante en 2023, el nivel más bajo desde que existen registros. Las proyecciones a futuro anticipan una contracción aún mayor.

Los justificativos detrás de la caída

Además de la erosión del poder adquisitivo (causa principal), que reduce la capacidad de los consumidores para acceder a productos tradicionales, algunos señalan también el cambio en las preferencias hacia otras bebidas alcohólicas que habría contribuido a este descenso. El vino, históricamente considerado un emblema del consumo argentino, infaltable en las mesas junto al clásico asado, enfrenta desafíos tanto culturales en la forma de nuevos patrones de consumo, pero principalmente económicos, lo que también se ve reflejado en la caída de consumo de la carne vacuna, el pan y la yerba mate.

Ventas y exportaciones

En términos de ventas internas, el INV informó una disminución del 2% respecto al año pasado. Durante 2024, se comercializaron 6,32 millones de hectolitros de vino, frente a los 6,45 millones vendidos en 2023. Las caídas más pronunciadas se observaron en envases populares como:

• Damajuanas: -20,4%
• Bag in box: -28,5%
• Tetra brik: -4,3%
• Latas: -12,3%

Por otro lado, las exportaciones ofrecieron un leve respiro al sector, con un aumento del 5,7% en los primeros 11 meses de 2024. En este período se exportaron 90,3 millones de litros, de los cuales el 75,5% fueron vinos fraccionados (+3,3%) y el 24,5% vinos a granel (+13,7%).

Un desafío para la industria

La industria vitivinícola argentina enfrenta una encrucijada: revitalizar el consumo interno en un contexto de poder adquisitivo deprimido y competir con la creciente demanda de otras bebidas. Aunque las exportaciones ofrecen una oportunidad de crecimiento, la disminución en las ventas locales pone de manifiesto la necesidad de estrategias que conecten nuevamente al consumidor argentino con este símbolo cultural.

La empresa multinacional líder en gases industriales, despidió a diez trabajadores en su planta de Pacheco. Medida ilegal que desconoce las conquistas laborales y derechos alcanzados de los trabajadores.

Este jueves la empresa multinacional Linde Praxair comunicó intempestivamente el despido de diez trabajadores de su planta en Pacheco, lo que desató una inmediata respuesta sindical. Maxi Areco, uno de los trabajadores cesanteados, relató los detalles de este conflicto que no solo pone en jaque a los despedidos, sino también a años de conquistas laborales .

“Linde Praxair es el resultado de la fusión entre la alemana Linde y la estadounidense Praxair, finalizada en 2022. Es una empresa monopólica a nivel mundial y controla cerca del 60% del mercado argentino”, explicó Areco, en declaraciones realizadas al programa Punto de Partida de Radio Gráfica.

La planta de Pacheco, considerada la casa central en el país, es solo una de las 15 sucursales que Linde Praxair tiene en Argentina. Sin embargo, los despidos se concentraron exclusivamente en esta sede.

Una historia de lucha sindical

De los diez despedidos, siete integran la comisión interna desde su creación en 2005, y los tres restantes son delegados sindicales. Areco recordó cómo, en aquel entonces, enfrentaron la resistencia de Praxair para sindicalizarse:

“Logramos instalar la comisión interna tras un largo proceso de lucha, en el que incluso fui despedido por mi actividad sindical. Fueron 20 meses de pelea, con medidas de fuerza y fallos judiciales favorables, hasta que conseguimos mi reincorporación. Desde entonces, conquistamos derechos que hoy la empresa parece querer revertir”, dijo Areco, quien lleva más de 20 años en esa compañía.

¿Crisis o excusas?

Según Areco, la empresa justifica los despidos argumentando un excedente de personal tras la fusión y la caída de la demanda en sectores clave como la siderurgia y la automotriz. No obstante, cuestionó la veracidad de estas razones:

“Durante la pandemia trabajamos intensamente para garantizar el oxígeno medicinal, un recurso vital. Linde Praxair obtuvo ganancias extraordinarias, y hoy no enfrenta ninguna crisis económica real. La materia prima de esta empresa es gratuita: el aire. Esto no se trata de números, sino de una estrategia para desandar derechos laborales”.

El plan de lucha

Tras conocerse los despidos, los trabajadores organizaron una asamblea general y definieron un plan de lucha que cuenta con el apoyo del sindicato químico y petroquímico. Además, varias sucursales, como las de Pilar, Ensenada y Avellaneda, se declararon en estado de asamblea permanente en solidaridad.

“No vamos a permitir que, bajo excusas coyunturales, nos quiten lo que logramos con tanto esfuerzo. Esta pelea no es solo por nuestra reincorporación, sino por defender las condiciones laborales conquistadas”, afirmó Areco.

¿Qué es la organización Aguanta Ucrania? El rol de la CIA para fomentar la violencia política en América Latina y desestabilizar al gobierno de Vladímir Putin.

En un giro preocupante que une geopolítica y estrategia militar, se reveló un plan desarrollado desde Washington que busca aislar a Rusia en el escenario internacional y promover el paramilitarismo en América Latina. Según informes filtrados por medios diplomáticos en Estados Unidos, esta iniciativa tiene como objetivo entorpecer cualquier avance hacia una resolución negociada del conflicto en Ucrania, avivado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Aguanta Ucrania”: una fachada para el intervencionismo

El núcleo de esta operación es la organización denominada “Aguanta Ucrania”, creada con el apoyo de oficinas gubernamentales estadounidenses y grupos de derecha en Colombia. La estructura está dirigida por Sergio Jaramillo Caro, un ex comisionado de paz colombiano que se encuentra bajo la órbita de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Aunque Jaramillo Caro es presentado como un mediador y defensor de la paz, las denuncias lo colocan como líder de una plataforma diseñada para el intervencionismo y el paramilitarismo en América Latina y el Caribe. Esta organización es acusada de recaudar fondos y reclutar “voluntarios” bajo la bandera de apoyar a Kiev, con el propósito de debilitar a Rusia y, al mismo tiempo, expandir una agenda desestabilizadora en la región.

Paramilitarismo y antecedentes históricos

El modus operandi de “Aguanta Ucrania” puede ser comparado con las tácticas utilizadas durante la implementación del Plan Cóndor en los años 70 y 80 del siglo pasado, cuando Estados Unidos promovió el paramilitarismo para reprimir movimientos sociales e insurgentes en América Latina. Según el informe, este tipo de actividades continúan vigentes, buscando socavar procesos democráticos en países como Colombia y Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha mostrado cautela ante Jaramillo Caro, quien fue una figura destacada en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque. Petro ha rechazado firmemente la idea de que Colombia sea utilizada como una “fábrica de mercenarios”, recordando el caso de los exmilitares colombianos involucrados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021.

La ultraderecha en América Latina

El informe también alerta sobre la movilización de grupos de ultraderecha en otros países de la región, como Argentina, donde se estarían formando células nazi-fascistas para desestabilizar el panorama político. En respuesta, movimientos progresistas y activistas por la paz denunciaron estas actividades e impulsan iniciativas como la fundación de la Internacional Antifascista en Caracas, Venezuela, recientemente finalizada.

Una región en alerta

El panorama descrito subraya los peligros de la intervención extranjera en América Latina, donde estrategias diseñadas para objetivos geopolíticos globales tienen efectos desestabilizadores en las democracias locales. Las denuncias sobre “Aguanta Ucrania” y su conexión con prácticas históricas de paramilitarismo reabren el debate sobre el papel de las potencias extranjeras en la región y la necesidad de salvaguardar los procesos democráticos y de paz.

El ajuste del gobierno de Javier Milei sigue impactando: el 65,5 por ciento de los niños vive en situación de pobreza y el 35,3 por ciento de los trabajadores es pobre. El nivel de indigencia trepó al 12,9 por ciento.

La pobreza en Argentina sigue golpeando con fuerza. Según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi la mitad de los argentinos (49,9%) vivió en situación de pobreza entre julio y octubre de 2024, mientras que la indigencia afectó al 12,9% de la población. Estas cifras son alarmantes, pues, aunque reflejan apenas una leve mejoría respecto al pico histórico del primer trimestre de 2024 (55,9%), se mantienen cerca de los máximos de las últimas dos décadas y muestran un deterioro significativo en comparación con el 44,7% registrado a finales de 2023.

El informe titulado “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto”, presentado por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), describe un panorama devastador. Salvia destacó que Argentina atraviesa una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modelo político-económico fallido basado en consumo financiado con déficit y endeudamiento. Las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei, como devaluaciones y recortes en el gasto público, si bien no alcanzaron la magnitud esperada, han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de la población.

“La población no siente alivio en el bolsillo porque si bien bajó la inflación cambiaron los gastos fijos en los hogares destinados a pagar servicios como luz o agua. A su vez en el IPC no está bien representada esta ponderación. La mejora en la inflación no está yendo al consumo“, explicó Salvia.

La niñez, la cara más trágica de la pobreza

Los más afectados por esta crisis son los niños. El 65,5% de los menores de entre 0 y 17 años vive en pobreza, y dos de cada diez están en condiciones de pobreza extrema. Este índice ha empeorado ininterrumpidamente desde 2018, evidenciando una desinversión generacional profunda. Mientras que en 2011-2012 el 40% de los niños eran pobres, hoy esa cifra se ha disparado, afectando especialmente a los hogares con menos capital social, donde se concentra la pobreza extrema.

El rol de los planes sociales

En este contexto, los programas de asistencia social se han convertido en un pilar para evitar un desastre aún mayor. Según la UCA, el 36,3% de los hogares en áreas urbanas recibe algún tipo de ayuda estatal. Sin estos programas, la pobreza ascendería al 55,4% y la indigencia alcanzaría un alarmante 23,2%. A pesar de una leve disminución de la inflación y del desempleo, las mejoras en los indicadores son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Las deudas sociales acumuladas durante dos décadas de crecimiento desigual, estancamiento y crisis estructural siguen siendo una amenaza para el futuro del país. El panorama es sombrío y refleja la necesidad urgente de políticas que no solo detengan el deterioro, sino que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en Argentina.

Las polémicas declaraciones pertenecen a Martín Ardohain, diputado nacional y presidente del PRO pampeano, fue uno de los legisladores que apoyó el veto del presidente Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios.

Cada vez más funcionarios alineados al gobierno libertario justifican la quita de medicamentos a los jubilados, evidenciando un creciente respaldo al ajuste en políticas sociales y una desconexión total con la dura realidad de millones de jubilados. En recientes declaraciones televisivas, el diputado nacional y presidente del PRO en La Pampa, Martín Ardohain, generó polémica al defender medidas que afectan directamente a los jubilados.

Ardohain, quien ya había apoyado el veto del presidente Javier Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios, argumentó que aquellos jubilados que perciben $400 mil pueden “bancarse” no recibir un aumento o incluso enfrentar recortes en la entrega gratuita de medicamentos. Estas afirmaciones han intensificado el debate sobre el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad.

El legislador también respaldó la gestión de Milei en términos del “déficit cero” y la “reducción de la inflación”, celebrando la austeridad fiscal como un objetivo prioritario. Sin embargo, lanzó una advertencia sobre el uso de estas medidas: “Creo que la gente bancó la motosierra, pero a partir de ahora hay que tener mucho más cuidado con la motosierra”.

Aunque Ardohain intentó matizar sus declaraciones con una crítica leve al estilo de gobierno, señalando la necesidad de mayor diálogo, enfatizó que el PRO sigue alineado con las directrices del libertarismo económico. “Nos gustaría un presidente con mucho más diálogo. Nosotros somos un partido de diálogo y le pedimos eso al presidente. Mauricio (Macri) se lo pide en cada reunión que tenemos, porque, aunque se puede gobernar en minoría, necesitamos una Argentina integrada”, concluyó.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que las políticas de ajuste están siendo justificadas por sectores políticos afines, incluso cuando afectan de manera directa a los jubilados y otros grupos vulnerables pese a que en su discurso el gobierno afirma que solo ajusta a la “casta política”.

Bajo el argumento de “equilibrar el mercado”, la Secretaría de Energía estableció nuevos precios de referencia para el gas envasado .

A partir del 3 de diciembre, el precio del gas envasado aumentó un 24%, llevando la garrafa de 10 kilos a $10.500. Si bien la Secretaría de Energía justificó esta medida como un intento de “equilibrar el mercado” y garantizar el suministro, el ajuste afecta directamente a los hogares más vulnerables, que dependen de este recurso para cocinar y calefaccionarse, especialmente en zonas donde no llega la red de gas natural.

Con este incremento, los precios de referencia son los siguientes:

• 10 kilos: $10.500
• 12 kilos: $12.600
• 15 kilos: $15.750

La medida, detallada en la Resolución 394/2024, busca acercar el precio local al valor de exportación, alineándose con un proceso de desregulación del mercado. Sin embargo, mientras el gobierno se enorgullece de ser un importante exportador de gas, millones de argentinos enfrentan dificultades para acceder a un bien esencial que ahora es más caro.

Este aumento no solo refuerza las desigualdades energéticas, sino que también profundiza la precariedad de quienes ya enfrentan problemas económicos. La garrafa, imprescindible en muchas comunidades, se convierte en un lujo difícil de costear, mientras la narrativa oficial prioriza objetivos macroeconómicos sobre el bienestar inmediato de los sectores más desprotegidos.

En el sector hotelero denuncian una “campaña de desprestigio” por parte del Gobierno Nacional para instalar que Brasil es un mejor destino que la costa bonaerense.

En los principales destinos turísticos de la costa bonaerense, el sector hotelero enfrenta una temporada de verano incierta, marcada por un alarmante nivel de reservas y consultas inusualmente bajo. Representantes del rubro denuncian que el Gobierno, lejos de proteger el turismo nacional, promueve a Brasil como destino prioritario, poniendo en jaque a miles de trabajadores y empresarios argentinos.

La Cámara de Turismo de Pinamar acusa una “campaña de desprestigio” orquestada desde sectores oficialistas para instalar la idea de que vacacionar en Brasil es más económico que en la costa argentina. Este discurso, reforzado en redes sociales, amenaza con desviar turistas hacia el país vecino en detrimento de destinos tradicionales como Mar del Plata, Villa Gesell y Pinamar.

Las críticas apuntan directamente al embajador Daniel Scioli, señalado por fomentar esta tendencia a través de las promociones de Aerolíneas Argentinas, que duplicará los vuelos a Brasil esta temporada con ofertas en cuotas sin interés.

“Nos da tristeza que se impulse a Brasil mientras acá no se toman medidas para reducir la carga impositiva que asfixia a los hoteleros locales. Eso destruye el trabajo argentino”, expresó Alfredo Baldini, titular de la Cámara de Turismo de Pinamar.

Además, se cuestiona la falta de respuesta del Gobierno ante los reclamos de competitividad. Según Jorge Cocco, de la Asociación Hotelera de Villa Gesell, la promoción de destinos vecinos podría reducir en un 20% el flujo turístico a la costa bonaerense. Este impacto amenaza no solo las inversiones, sino también los empleos: “He recibido más de 50 currículums de personas buscando trabajo en Pinamar, pero la realidad es que no podremos contratar a todos”, lamentó Baldini.

La situación se agrava con el reciente decreto que elimina los feriados puente para 2025, decisión que, según el sector, profundiza el golpe al turismo interno. A pesar de las consecuencias previsibles, Scioli se ha mantenido en silencio, lo que refuerza las críticas hacia una estrategia que prioriza destinos internacionales por encima de los locales.

La industria turística representa un motor clave para las economías regionales en Argentina, generando empleos y dinamizando mercados locales. Sin embargo, las políticas actuales parecen favorecer a Brasil como destino competitivo, dejando en segundo plano la protección de la actividad turística nacional. Empresarios y trabajadores exigen un cambio urgente en esta dirección para evitar un derrumbe del turismo local que podría tener consecuencias devastadoras en la economía argentina.

Diarco continua con el cierre de sucursales y ya suma más de 180 despidos, su situación es un reflejo de la crisis económica del país.

El reciente cierre de dos sucursales de Diarco en Concordia, Entre Ríos, que dejó a 38 trabajadores sin empleo, se suma a una serie de cierres similares en todo el país y pone de manifiesto el colapso del mercado interno. En total, más de 180 despidos y una disminución sostenida de operaciones reflejan el impacto devastador de la actual crisis económica, agravada por las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La cadena mayorista, que desempeñaba un rol clave en la provisión de productos tanto para pequeños comerciantes como para consumidores finales, enfrenta una caída de ventas derivada de la inflación descontrolada y la pérdida del poder adquisitivo de la población. El cierre de sus sucursales es una señal clara de cómo el deterioro de la economía afecta a las empresas que dependen de un mercado interno robusto.

Trabajadores despedidos relataron que el cierre fue abrupto, sin previo aviso, y que se encontraron con la noticia al llegar a sus lugares de trabajo. Desde el sector sindical, el Secretario General del Centro Empleados de Comercio de Concordia, Juan José Simonetti, señaló que las políticas neoliberales y los ajustes fiscales han llevado a una crisis que golpea particularmente a las pequeñas y medianas empresas, dejando a miles de empleados en la incertidumbre.

La situación de Diarco no es un caso aislado. Los cierres en otras localidades, como Lanús, Berazategui y Chaco, también han resultado en despidos masivos. Este fenómeno no solo afecta al comercio mayorista, sino que refleja un problema estructural más amplio: la debilidad del mercado interno, agravada por políticas que favorecen la liberalización de precios, importaciones descontroladas y flexibilización laboral, mientras ignoran la necesidad de estímulos para la demanda y la producción local.

En este contexto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, sin alternativas laborales inmediatas y con un poder adquisitivo en constante deterioro. Mientras tanto, las políticas económicas actuales parecen beneficiar a los grandes actores económicos a expensas de los sectores más vulnerables.

El cierre de sucursales de Diarco y otras empresas del sector es un indicador alarmante de un sistema económico que no logra sostener el empleo ni dinamizar el consumo interno. Este escenario plantea una urgente necesidad de medidas que prioricen el fortalecimiento del mercado interno, la protección de las PyMEs y la generación de empleo como pilares fundamentales para superar la crisis económica que atraviesa el país.