El director de PAMI defendió la medida al afirmar que “es parte de un reordenamiento para garantizar que los recursos lleguen a los más vulnerables”. Sin embargo, muchos cuestionan la efectividad de esta decisión para proteger a quienes más lo necesitan.

El gobierno de Javier Milei ha decidido eliminar la cobertura gratuita de medicamentos para los jubilados, una medida que afecta profundamente a un sector vulnerable de la población. Los jubilados ahora deben someterse a trámites burocráticos exhaustivos para demostrar su indigencia y, en caso de ser aprobados, acceder a un subsidio para poder adquirir sus medicamentos.

Actualmente, el 80% de los jubilados en Argentina cobra la mínima, alrededor de $300.000, una suma insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Con esta nueva disposición, muchos se verán obligados a elegir entre alimentarse o medicarse, una decisión dolorosa que agrava aún más su situación.

El nuevo sistema de subsidios

El PAMI ha explicado que quienes deseen continuar con el acceso a los medicamentos gratuitos deberán inscribirse en un nuevo sistema de subsidios, con condiciones estrictas, como no superar un ingreso mensual de $389.398,14 y no estar afiliados a ninguna obra social o prepaga. Aquellos que superen este umbral quedarán fuera del subsidio, y los que logren cumplir con los requisitos se enfrentarán a una burocracia difícil de sortear, especialmente en un contexto donde muchos jubilados carecen de acceso a internet o no tienen familiares que puedan asistirlos.

Esta medida se enmarca dentro de un contexto de ajustes continuos contra los jubilados, que ya han sufrido el veto a la moratoria previsional y aumentos irrisorios en sus haberes, que no alcanzan a cubrir el impacto de la inflación. El gobierno ha continuado recortando sus derechos, y la eliminación de la cobertura gratuita de medicamentos representa otro golpe a quienes deberían ser los más protegidos.

La insensibilidad del discurso oficial

El director de PAMI, Esteban Leguizamón, defendió la medida como parte de un “reordenamiento” de los recursos para que lleguen a los más vulnerables. Sin embargo, es difícil imaginar a alguien más vulnerable que un jubilado que depende de los medicamentos para su supervivencia.

Mientras tanto, las farmacias informan largas filas de jubilados confundidos y preocupados por no poder costear sus medicamentos, mientras el gobierno de Milei sigue justificando decisiones que aumentan la brecha social.

Este recorte en la cobertura gratuita de medicamentos no solo refleja la insensibilidad del gobierno, sino que también pone en evidencia la desconexión entre el discurso de campaña de Milei, que prometió mejorar la calidad de vida de los argentinos, y las decisiones tomadas en el ejercicio del poder, que parecen profundizar la crisis económica y social, afectando a quienes menos pueden defenderse.

El gobierno de Javier Milei ha dado un paso más en su desmantelamiento de las políticas públicas de protección social, lo que deja en claro que, bajo su gestión, el Estado no está para cuidar a los más débiles, sino para dejarles luchar por sobrevivir en un sistema cada vez más excluyente.

El presidente recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023.

Con la llegada de diciembre, el presidente Javier Milei recibió una “buena noticia” que le permite continuar su mandato sin rendir cuentas sobre quiénes lo contrataron entre 2021 y 2023 para sus actividades como economista y conferencista. La Oficina Anticorrupción (OA) decidió eximirlo de proporcionar detalles sobre sus contratos privados, aunque para dar un lavado de cara a la medida, le envió un documento con recomendaciones sobre ética pública, instándole a evitar posibles conflictos de interés en el ejercicio de su poder. En otras palabras, se le aconseja no beneficiar a las empresas o personas que lo contrataron durante esos tres años.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: ¿quién controlará a Milei si no debe rendir cuentas de sus actividades pasadas? Spoiler: nadie. La decisión de la OA fue clara: el presidente deberá autocontrolarse. Esta medida llega tras una solicitud de los legisladores porteños Hernán Reyes y Federico Esswein, quienes pidieron que Milei detallara los clientes con los que trabajó en ese periodo. La respuesta de la OA, a cargo de Alejandro Melik, fue un rotundo rechazo. En lugar de exigir explicaciones, se envió a los solicitantes el mencionado documento con recomendaciones éticas para el presidente.

Reyes no tardó en manifestar su indignación. En su perfil de X, cuestionó: “¿Qué es lo que Milei no quiere que sepamos? Cuando era diputado, se llenaba la boca hablando de transparencia, regalaba su sueldo y decía que trabajaba para privados, cobrando miles de dólares por conferencia. Pero ahora, como presidente, se niega a decir quiénes eran esos clientes”. El legislador recordó que, en mayo, había pedido a la OA que adoptara el mismo enfoque de transparencia que se le exigió a Alberto Fernández, pero en este caso, el organismo decidió mirar hacia otro lado. “¿Por qué ese cambio? ¿A quién está protegiendo?”, se preguntó Reyes.

El cuestionamiento de Reyes continuó: “Al presidente solo le dieron una recomendación diciendo que ‘tenga cuidado’ con beneficiar a quienes lo financiaron en los últimos 3 años. ¿Él mismo se controla? ¿Es en serio? Esto no es transparencia, es un papelón institucional. Si no hay controles, ¿quién nos asegura que las decisiones del gobierno no están al servicio de esos intereses privados?“.

En su mensaje, Reyes destacó la pérdida de la ficha limpia, la propuesta de nombrar a Lijo como juez de la Corte y la falta de controles, un escenario que, según él, demuestra la falta de transparencia que los argentinos ya conocen demasiado bien.

Ambos espacios trataron de evitar que se realizara la sesión en la Cámara de Diputados. La normativa tiene como fin frenar la crisis de ludopatía infantil y adolescente que aqueja al país.

En una reciente sesión histórica, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción a un proyecto de ley que busca combatir la ludopatía online prohibiendo la publicidad de casas de apuestas en medios de comunicación y plataformas digitales. Esta medida pretende frenar una crisis que afecta especialmente a niños y adolescentes, quienes están cada vez más expuestos a los riesgos del juego virtual.

Sin embargo, el debate puso de manifiesto los intereses de ciertos sectores políticos que priorizan la defensa de las grandes empresas por encima de la salud mental de los más jóvenes. Tanto el PRO como La Libertad Avanza (LLA) intentaron bloquear la sesión, demostrando una clara falta de compromiso con una problemática social que demanda atención urgente.

Argumentos y polémicas

Diputados como la conocida terraplanista y cosplayer Lilia Lemoine se posicionaron en contra del proyecto, esgrimiendo argumentos que rozan lo ridículo. Lemoine defendió la “libertad” de las empresas para operar sin restricciones y afirmó que un menor de edad no podría acceder a fondos para apostar, ignorando la evidencia que muestra cómo los jóvenes son una de las poblaciones más vulnerables ante la adicción al juego. Estas declaraciones no solo demuestran un evidente desconocimiento de la problemática, subestimando el problema, sino que evidenciaron un desinterés por abordar la raíz de la crisis.

Un paso hacia la protección, pese a los bloqueos

A pesar de los votos en contra de LLA y las abstenciones del PRO y la UCR, el proyecto fue aprobado con 139 votos a favor. Este resultado refleja el respaldo de varios bloques opositores que priorizaron la protección de los niños y adolescentes frente a los riesgos de las apuestas online y los intereses de las casas de apuestas y sectores financieros.

La normativa prohíbe toda forma de promoción de las casas de apuestas en medios tradicionales y digitales, y propone implementar controles como el reconocimiento biométrico para verificar la edad de los usuarios. Estas medidas son fundamentales para mitigar el impacto de la ludopatía y garantizar un entorno digital más seguro para las futuras generaciones.

Indiferencia frente a una crisis social

El intento de boicot por parte del PRO y los libertarios deja al descubierto su falta de interés en abordar una problemática que afecta a miles de familias argentinas. Su postura evidencia un alineamiento con los intereses de los grandes operadores de apuestas, en detrimento del bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad.

La aprobación de este proyecto es un paso importante, pero también un llamado a seguir vigilantes frente a los intentos de ciertos sectores por frenar regulaciones que buscan proteger a la población del flagelo de la ludopatía.

Los cortes de carne más populares aumentaron entre el 10% y el 12% en carnicerías y supermercados, según advirtieron fuentes del sector.

A medida que se acercan las fiestas de fin de año, los precios de los cortes populares de carne experimentan aumentos de entre el 10% y el 12%, impactando directamente en los ya castigados bolsillos de los argentinos. Este nuevo ajuste pone fin a meses de relativa estabilidad en los mostradores y llega en un contexto de caída sostenida del poder adquisitivo, lo que ha llevado al consumo de carne per cápita a niveles históricos mínimos, entre 46 y 48 kilos anuales.

Entre los cortes más afectados, el kilo de milanesas ya alcanza los $9.000, el asado $8.000, el vacío $9.500, el lomo $11.000 y el peceto $10.000. Según expertos del sector, esta suba responde a una “recomposición” de valores en la cadena de producción, tras un prolongado estancamiento de los precios de la hacienda, que recientemente pasaron de $2.250 a $2.500 por kilo en el mercado de Cañuelas.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya), señaló que factores como la proximidad de las fiestas, lluvias recientes y una oferta de hacienda ajustada contribuyeron al aumento. Sin embargo, advirtió que “la clave será si los consumidores convalidan estos valores”, en un mercado marcado por la retracción de la demanda debido a la pérdida de ingresos.

La situación es crítica para los ganaderos, quienes han enfrentado precios en términos reales un 18% por debajo del promedio de los últimos 15 años, según un informe de la Sociedad Rural Argentina. Aunque la carne al consumidor aumentó un 59% en el último año, sigue rezagada frente a un Índice de Precios al Consumidor que se incrementó un 107% en el mismo período.

Para muchos argentinos, el alza de precios no solo dificulta el acceso a cortes tradicionales para las celebraciones, sino que también refleja un deterioro generalizado en su capacidad de compra. En este escenario, la carne, símbolo de la gastronomía nacional, se convierte en un lujo cada vez menos accesible.

Cada vez más personas optan por acudir a la Facultad de Odontología de la UBA por los altos costos de los tratamientos que resultan prohibitivos para los bolsillos de los argentinos.

El sistema sanitario privado en Argentina enfrenta una crisis profunda, que lo ha vuelto inalcanzable para una amplia mayoría pese a los cantos de sirena de los beneficios de la desregulación del sistema. En este contexto, la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha registrado un aumento del 30% en la demanda de sus servicios gratuitos, según confirmó su decano, Pablo Alejandro Rodríguez.

La principal causa de este fenómeno radica en los altos costos de los tratamientos odontológicos en el ámbito privado, donde los insumos y la tecnología han encarecido los precios. Incluso personas con planes de salud prepagos encuentran más accesible recurrir a los servicios de la universidad pública, que ofrece costos hasta un 40% menores que los del sector privado.

Además, las restricciones presupuestarias que enfrenta la educación pública agravan la situación. Mientras el gobierno apunta al desmantelamiento de estas instituciones clave, la Facultad de Odontología se convierte en un refugio para quienes no pueden afrontar los precios del sistema privado.

La crisis no solo afecta a los tratamientos individuales, sino que también refleja un problema estructural en la odontología mundial. Según Rodríguez, el enfoque actual en restauración y conservación ha dejado de lado la prevención, lo que encarece aún más los tratamientos al no atacar las enfermedades bucales desde su origen.

Este panorama coincide con las advertencias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente instó a desregular el sector de medicamentos y laboratorios debido a los precios exorbitantes. En Argentina, los insumos y medicamentos pueden costar hasta 500% más que en países como España.

En medio de este contexto, la universidad pública sigue demostrando su relevancia social, cubriendo las necesidades de miles de personas que quedan fuera del sistema privado. Sin embargo, la combinación de altos costos, recortes presupuestarios y falta de políticas preventivas plantea un desafío urgente para el futuro del acceso a la salud en el país.

“El último dato fue 2,7% pero está medida con una canasta desactualizada”, reveló un economista.

El economista Haroldo Montagu aclaró que el Indec muestra una inflación por debajo de lo real, porque se pondera de modo incorrecto a los servicios públicos.

“El último dato fue 2,7% pero está medida con una canasta desactualizada, que es de 2004. Es una canasta que ponderaba muchos los bienes y menos los servicios. Pero con el tiempo el peso de los servicios creció mucho, lo que hace que la canasta actual quede desactualizada”, explicó.

En ese sentido, el economista agregó: “Según nuestros estudios, la inflación acumulada nos da 15% por arriba de lo que da el Indec. Eso tiene un impacto sobre los ingresos”, advirtió.

Eso explica que mucha gente vea que la plata no le alcanza mientras el Indec habla de desinflación. No es que el Indec miente sino que la metodología actual está desactualizada y no pondera de manera correcta a los tarifazos en los servicios públicos.

En diciembre, las tarifas de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) subirán un 3% y acumularán un alza del 317% en 2024. Los precios se multiplicaron por 4,17 veces en el año.

La fuerte suba está vinculada a la fórmula polinómica establecida en el Anexo I de la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas, que combina la evolución de los salarios y la inflación pasada. Vale aclarar que por la metodología de INDEC, los tarifazos tienen un impacto bajo sobre la suba de precios que registra el organismo público.

Fórmulas similares habían sido definidas para indexar las tarifas de luz y gas, pero el mayor peso de estos últimos servicios públicos sobre la inflación obligó al Gobierno a dar marcha atrás y otorgar subas “discrecionales”.

AySA indicó que continuarán los beneficios de la Tarifa Social y los subsidios del 15% para los zonales bajos. Cada usuario puede consultar su zonal al dorso de la factura.

Además, la empresa lanzó un Plan de Regularización de Deudas, que ofrece facilidades de pago, descuentos y cuotas, con el objetivo de equilibrar el ajuste del costo de los servicios con mecanismos de pago más flexibles para los saldos pendientes. 

Lo planteó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Pero la gestión que él integra paralizó el emblemático Proyecto CAREM.

En un anuncio que parece más un capítulo de ficción que una política pública seria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que Argentina podría ser proveedor de reactores modulares pequeños (SMR) para bases en la Luna y Marte. Sin embargo, esta declaración llega en un contexto de ajustes brutales y desfinanciamiento del sector científico y nuclear, evidenciando una grave contradicción en las prioridades del gobierno de Javier Milei.

Ciencia en declive: el caso del proyecto CAREM

Mientras se habla de conquistar el espacio, en la Tierra se desmoronan proyectos estratégicos como el CAREM, el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina. Este desarrollo, que posicionaba al país en competencia directa con potencias como Estados Unidos, China y Rusia, ha sido paralizado por decisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Los efectos del ajuste son devastadores:

• Más de 230 despidos de trabajadores especializados.
• Obras detenidas en el reactor, dejando en el limbo un proyecto clave para la industria nuclear y energética nacional.

En septiembre, trabajadores de la UOCRA en Zárate protestaron por la decisión del gobierno de frenar el proyecto, calificándola como un golpe irreparable para el desarrollo científico del país.

Argentina puede ser proveedor de reactores modulares pequeños (SMR) para las bases en la Luna y Marte https://t.co/0fYfMDJCLB

— Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) November 23, 2024

Promesas espaciales frente a la realidad del ajuste

El anuncio de Álvarez, miembro y promotor de las Fuerzas del Cielo, fue ampliamente criticado en redes sociales, donde los internautas señalaron la contradicción entre la propuesta de energizar Marte y las políticas de ajuste que han desmantelado la ciencia y la técnica en Argentina. Comentarios como “Ustedes cerraron esa posibilidad hace meses” y “¿Con los reactores cuyo desarrollo pararon ustedes?” reflejan el rechazo popular hacia estas promesas alejadas de la realidad.

El eco del menemismo

La propuesta recuerda las extravagantes promesas del menemismo, como los vuelos estratosféricos que nos llevarían a Japón en una hora, pero en un contexto aún más crítico: un país en plena crisis económica y con una ciencia debilitada por recortes sistemáticos.

Mientras el gobierno mira hacia el espacio, los pilares del desarrollo científico y tecnológico nacional son desmantelados, evidenciando un enfoque político que prioriza titulares rimbombantes sobre la inversión en el futuro real y desarrollo de Argentina.

Durante la entrega de sables a las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada, y acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mandatario reafirmó su política de mano dura.

En un contexto de creciente malestar social y cuestionamientos por los magros resultados de su gestión, el presidente Javier Milei endureció su retórica y anunció un giro aún más pronunciado hacia la derecha. Este martes, durante la entrega de sables a las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada, y acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mandatario reafirmó su política de mano dura con un discurso que destacó “los tres pilares fundamentales” de su gestión libertaria.

Previo al acto, Milei encendió las redes sociales con un mensaje explosivo: “Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00hs, cuando me puse a pensar sobre las medidas del Gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra… ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!”.

Un giro peligroso ante el fracaso

Con la economía en retroceso, altos niveles de pobreza y conflictividad social en aumento, el gobierno de Milei parece optar por redoblar su apuesta en medidas extremas. Durante su discurso, el presidente delineó los fundamentos de su política de seguridad:

1. El que las hace las paga: “El delito debe ser castigado en todo momento y en todo lugar. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
2. El orden público es sagrado: “La calle es de todos; no puede ser secuestrada por un puñado de inadaptados para tener de rehén al resto de los argentinos. Desde el 10 de diciembre, el que corta no cobra, y, en consecuencia, se terminaron los piquetes”.
3. Los buenos son los de azul; los malos son los delincuentes: “El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios; no al revés”.

El endurecimiento como estrategia política

En un tono desafiante, Milei afirmó que estos principios ya están mostrando resultados positivos: “Son esos mismos pilares los que han logrado civilizar la barbarie a lo largo de la historia, y son estos mismos pilares los que ya nos están trayendo resultados positivos, bajo la brillante conducción de la doctora Bullrich”.

El giro hacia políticas más represivas y un discurso incendiario, lejos de brindar soluciones, parece buscar fortalecer su base electoral en medio de una crisis de gobernabilidad. Sin embargo, estas decisiones agudizan las tensiones en un país donde las desigualdades y el descontento social van en aumento, dejando en evidencia las limitaciones de su proyecto político para abordar los problemas estructurales de la Argentina.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA Córdoba), señalan que los intentos de evadir el pago del pasaje han crecido significativamente en el contexto de la recesión económica.

La recesión económica y el deterioro del poder adquisitivo están profundizando un problema creciente en Córdoba: la evasión del pasaje en el transporte público. La semana pasada, un chofer de la línea 51 de Tamse fue agredido en el barrio Nuestro Hogar 3 por un pasajero que intentaba viajar sin pagar, lo que provocó la suspensión del servicio en la punta de línea durante varias horas como medida de protesta.

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA Córdoba), advierten que los intentos de evadir el pago del boleto se han disparado en los últimos meses. “En barrios periféricos como Nuestro Hogar 3, Angelelli, Rivadavia, Comercial, Villa El Libertador y Ampliación Cabildo, la conflictividad entre choferes y pasajeros es cada vez más frecuente. A diario suben usuarios que no quieren pagar el pasaje”, señaló Sergio Acosta, secretario adjunto del gremio.

Según Acosta, muchos conductores optan por evitar confrontaciones para resguardar la seguridad del resto de los pasajeros, lo que a menudo implica permitir que algunos viajen sin abonar. Sin embargo, esta estrategia no siempre logra evitar episodios de violencia.

Los usuarios suelen argumentar falta de dinero o problemas para recargar saldo como justificación para no pagar. Además, la carencia de puntos de recarga en las zonas más vulnerables y las demoras en la acreditación de pagos digitales empeoran la situación. Una pasajera relató: “A veces he esperado hasta 48 horas para que se acredite un pago desde mi billetera virtual. Siempre trato de cumplir, pero entiendo que otros usen esta demora como excusa”.

Con el boleto a $1.200 tras un reciente aumento del 30%, la crisis económica está empujando a más personas a buscar formas de evitar el costo, exacerbando las tensiones sociales y convirtiendo esta problemática en un desafío urgente tanto para trabajadores como para pasajeros del sistema de transporte público.