Un joven de 17 años murió y varias personas resultaron heridas tras un tiroteo infernal ocurrido en la madrugada del domingo en Villa Lugano.

Mientras la Ciudad despliega cinematográficos operativos policiales para detener a vendedores ambulantes, como el reciente caso en Plaza Congreso donde cuatro trabajadores que vendían salchipapas fueron arrestados en un procedimiento que muchos calificaron de excesivo, la inseguridad en barrios como Villa Lugano sigue escalando de manera alarmante.

En la madrugada del domingo, un joven de 17 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un tiroteo en las calles Chilavert y Araujo, en el Barrio 20 de Villa Lugano. La violencia, aparentemente ligada a disputas narco o enfrentamientos entre clanes por territorio, dejó un saldo trágico: un fallecido con antecedentes por robo y múltiples heridos, dos de ellos trasladados al Hospital Cecilia Grierson y cuatro al Hospital Piñero.

Aunque la Policía de la Ciudad actuó en el lugar y detuvo a un presunto autor del tiroteo, el contexto revela una problemática más profunda: el avance de la inseguridad vinculada al narcotráfico. Apenas dos días antes de este enfrentamiento, el secretario de Seguridad porteño, Diego Kravetz, se jactaba en redes sociales de la realización de un operativo en el Barrio 20 que resultó en la detención de cuatro personas por posesión de drogas y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, estas acciones parecen insuficientes ante el crecimiento de la violencia y el control territorial narco, que amenaza la tranquilidad de los vecinos. La paradoja es evidente: mientras se movilizan recursos policiales para perseguir a vendedores informales que intentan ganarse la vida en un contexto de recesión económica, o desalojar a personas en situación de calle, en zonas como Lugano el conflicto narco sigue cobrando vidas. Esto deja en evidencia una falta de enfoque estratégico en las prioridades de seguridad y protección ciudadana.

La medida perjudica a los sectores más vulnerables y beneficia a grandes actores del mercado como Mercado Libre, que ganan terreno en el sector de financiamiento.

El Gobierno de Javier Milei derogó este lunes las normas que habilitaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a otorgar créditos de consumo a sus beneficiarios utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La medida, oficializada mediante el decreto 1039/2024 publicado en el Boletín Oficial, deja sin efecto las iniciativas impulsadas durante la presidencia de Alberto Fernández.

Según el Poder Ejecutivo, la actividad de otorgar créditos de consumo puede ser realizada de manera más eficiente por las entidades financieras privadas. Además, argumentaron que los créditos a tasas de interés por debajo de la inflación y las tasas del sistema financiero público habían tenido consecuencias negativas en la gestión del fondo.

Sin embargo, esta medida representa un golpe directo a los jubilados y pensionados, que ahora deberán recurrir al sistema financiero privado para obtener financiamiento. En el pasado, los créditos otorgados por ANSES tenían tasas más bajas, lo que representaba un alivio para los sectores más vulnerables. Ahora, al ser reemplazados por las entidades privadas, los beneficiarios se verán obligados a pagar tasas más altas, lo cual perjudica gravemente su poder adquisitivo, especialmente en un contexto económico inflacionario.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2023, la tasa de inflación anual fue del 211,4%. Bajo esas condiciones, los créditos otorgados por ANSES tenían una tasa nominal anual del 29% para los créditos a 48 cuotas, mientras que para los titulares de asignaciones universales por hijo la tasa era de entre 32% y 36%. Aunque estas tasas eran inferiores a la inflación, su eliminación en favor del sistema financiero privado puede generar un aumento de la deuda de los jubilados y pensionados debido a las tasas más altas que ofrecen las entidades como bancos y plataformas como Mercado Libre.

Es importante destacar que esta medida no solo perjudica a los jubilados, sino que también beneficia directamente a actores como Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien ha promovido acuerdos con entidades financieras para ofrecer créditos a través de su plataforma. Mercado Libre, que ya cuenta con una considerable participación en el sector de los pagos y el financiamiento, se ve favorecido por la decisión gubernamental, ya que ahora más jubilados y pensionados, que antes recibían créditos a tasas más bajas desde ANSES, serán captados por el sistema financiero privado.

La decisión del gobierno, entonces, no solo afecta negativamente a los sectores más vulnerables, sino que, al abrir espacio al sector privado para el financiamiento, beneficia a grandes actores de la economía digital, como Mercado Libre, que seguirán ganando terreno con la expansión de sus servicios financieros.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei prioriza la eficiencia del sector privado, pero pone en evidencia el costo social que conlleva: una mayor carga para quienes ya enfrentan serias dificultades económicas.

Desde el Industriales Pymes Argentinos advirtieron que la apertura indiscriminada de importaciones generará una crisis aún mayor en sectores clave como textil, calzado, metalúrgicas, y la construcción.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió sobre el posible cierre de 25.000 pymes y la pérdida de 300.000 empleos registrados en 2025 si se profundizan los beneficios para la importación de productos terminados y se mantiene la presión impositiva local, dos medidas que lanzó el gobierno de Javier Milei y sostiene el ministro Federico Sturzenegger.

Según un informe del IPA, la flexibilización de los controles y la eliminación del Impuesto PAIS sin una estrategia de producción nacional podría ser más perjudicial que la recesión del primer semestre de 2024, que ya afectó a 46.000 trabajadores del sector manufacturero.

Rosato enfatizó que la apertura indiscriminada de importaciones pondría en riesgo sectores clave como el textil, el calzado y la construcción, y que podría provocar un mayor desempleo. A pesar de que las exportaciones crecieron un 15% interanual, las pymes siguen enfrentando dificultades para competir en el mercado interno e internacional, debido a la falta de financiamiento y los elevados costos de importación y exportación.

El futuro de las pymes dependerá de las políticas que implemente el Gobierno en 2025 para mejorar la competitividad y el acceso a mercados internacionales.

El nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano de la Policía de la Ciudad tiene como finalidad “abordar los enfrentamientos en las calles donde exista presencia de madres con sus hijos”.

La Ciudad de Buenos Aires continúa profundizando su política de control policial de la sociedad con la creación de un grupo policial especializado para intervenir en protestas y “situaciones de conflicto” que involucren a mujeres, madres con hijos, niños y otros sectores vulnerables. Este nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano, conformado por 120 oficiales mujeres, tiene como misión explícita “abordar enfrentamientos en las calles” y, según declaraciones oficiales, se centra en la negociación y disuasión de conflictos, aunque también está preparado para reprimir si “la violencia escala”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que este cuerpo responde a la decisión política de erradicar piquetes y cortes en la ciudad, señalando que “en la Ciudad la regla es el orden y no vamos a tolerar el caos”. Durante la presentación del grupo, se realizó un simulacro de disturbios en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), en el cual se resaltó el rol de estas oficiales para intervenir en situaciones de protesta, particularmente en aquellas que involucran a madres con hijos.

La creación de este cuerpo surge tras recientes manifestaciones de sectores vulnerables, como jubilados y estudiantes, donde se identificó la participación de mujeres con niños. Según Macri, la medida busca garantizar la circulación y “la seguridad de los ciudadanos de bien”, mientras que el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, afirmó que las oficiales están capacitadas para lidiar con mujeres, niños, adolescentes y personas mayores.

Sin embargo, esta política ha sido cuestionada por diversos sectores sociales, que denuncian un enfoque represivo hacia las poblaciones más vulnerables. Al centrarse en mujeres con hijos y otros grupos en situación de desventaja (como las personas en situación de calle que son permanentemente desalojadas y donde el gobierno porteño las compara con basura), se criminaliza la protesta social y se refuerza una lógica de control que invisibiliza las demandas legítimas detrás de estas movilizaciones en un contexto de crecente desigualdad.

El denominador común de estas iniciativas es claro: una política estatal que prioriza el “orden” a cualquier costo, deslegitimando el derecho a manifestarse y colocando a los sectores más vulnerables en el centro de la represión. Esta medida se suma a una tendencia preocupante a nivel nacional, donde se han creado grupos especializados en reprimir reclamos sociales en contextos como el yacimiento de Vaca Muerta, reforzando una visión criminalizadora de la protesta en todo el país.

La Policía Federal acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 colaboradores, en su mayoría militares, de coordinar un plan para perpetuarse en el poder tras las elecciones de 2022.

La Policía Federal de Brasil reveló este jueves que el expresidente Jair Bolsonaro y otros 36 implicados, entre ellos altos mandos militares y exfuncionarios, coordinaron un plan para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Por ello, se solicitó su imputación por delitos como golpe de Estado, organización criminal y abolición violenta del Estado de Derecho, que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.

Entre los involucrados figuran figuras clave como los exministros Walter Braga Netto, Anderson Torres y Augusto Heleno, así como militares activos y retirados. La trama incluyó desinformación sobre el sistema electoral, intentos de incitar a los militares a romper el orden democrático, medidas ilegales para justificar el golpe y hasta un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades.

Lula confirmó esta última acusación durante un acto oficial: “Soy una persona que tiene que agradecer estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no dio resultado, estamos acá”.

La investigación destacó que el complot no avanzó debido a la negativa de los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea a sumarse al golpe. Además, identificó varios “núcleos” en la organización golpista, desde propaganda y logística hasta inteligencia paralela.

Bolsonaro enfrenta ahora una de las causas penales más graves de su historial, que incluye otros escándalos como la falsificación de certificados de vacunación y la importación irregular de joyas. La Procuraduría General deberá decidir si avanza con la acusación formal, mientras que líderes del Partido de los Trabajadores exigen un castigo ejemplar.

Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, resumió el clamor oficialista: “Intentaron asesinar autoridades, robar elecciones e instalar una dictadura. No merecen amnistía, sino prisión”.

El exasesor de Mauricio Macri regresó a Argentina después de fugarse para evitar declarar ante la justicia. A pesar de las acusaciones de persecución a opositores, logró evitar la prisión gracias a la protección judicial de magistrados alineados con el PRO.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la justicia durante más de tres años, volvió a Argentina tras huir a Uruguay cuando debía declarar en una causa donde está acusado de liderar la mesa judicial del macrismo. Este grupo, compuesto por funcionarios como Mauricio Macri y José Torello, es señalado por coordinar la persecución de opositores, incluyendo a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo.

López y De Sousa denunciaron que el macrismo buscó extorsionarlos para que sus medios apoyaran el encarcelamiento de Cristina Kirchner. Según los testimonios, la presión comenzó en una reunión en 2015 en la casa de Franco Macri, y luego se intensificó con hostigamientos, causas judiciales y el remate de activos del grupo a precio vil.

Rodríguez Simón huyó del país en 2020 cuando la jueza María Servini iba a citarlo a indagatoria. A pesar de su fuga, la justicia argentina le concedió exención de prisión, respaldada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, afines al PRO. Su única garantía fue la hipoteca de una propiedad de Torello, sin depositar los 3.120 millones de pesos exigidos inicialmente.

El regreso de Pepín coincide con la polémica por el proyecto de “Ficha Limpia”, impulsado por el gobierno, que busca inhabilitar candidatos condenados por corrupción. Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, señaló la contradicción: “No hay ficha limpia con justicia sucia. Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, mientras Pepín, tras fugarse, camina libremente”.

La causa judicial que involucra a Rodríguez Simón sigue frenada. La Corte Suprema retuvo el expediente desde principios de 2023, lo que impide que avance la investigación. A pesar de los reclamos de los abogados de López y De Sousa, el máximo tribunal aún no lo devolvió. Mientras tanto, Pepín continúa en libertad, con la protección de sectores del poder judicial que parecen garantizarle impunidad, paseándose por Comodoro Py como en sus mejores tiempos.

Con fuertes reclamos a gobierno de Milei, personas con discapacidad marcharon en todo el país para exigir el fin de los recortes y políticas que afectan sus derechos esenciales.

Este miércoles, bajo el grito de “Justicia, basta de quitas”, personas con discapacidad y sus familias realizaron una marcha en distintas ciudades del país para visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector y exigir al Gobierno que frene las políticas regresivas que afectan derechos esenciales.

La movilización, que comenzó frente a la Residencia Presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, arrancó con un emotivo abrazo simbólico a la quinta presidencial, en un acto que reflejó el reclamo urgente de atención a las demandas de este colectivo. La movilización se replicó en varias ciudades del país, como Rosario, Mendoza, Tucumán y Córdoba, donde los manifestantes se concentraron en distintos puntos clave, destacando la problemática que no solo afecta la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino también al trabajo de quienes sostienen las instituciones y servicios fundamentales para su bienestar.

Una de las asistentes de la marcha, en diálogo con C5N, expresó con tristeza: “Hemos pasado muchísimos gobiernos y muchísimas políticas de Estado, pero nada tan cruel como esto. No queremos que ajusten el presupuesto a nuestros hijos. Nadie que nace con un problema quiere tener esto y estar aquí. Pedimos por favor que sean mantenidos nuestros derechos”. En un mensaje directo al presidente Javier Milei, añadió: “Que entienda que esto no es un capricho. Somos seres humanos y familias que sufrimos mucho”.

La situación se agrava aún más con el impacto de los recortes presupuestarios para 2025, previstos por el gobierno. Eduardo Maidana, secretario de Aiepesa y miembro del Foro Permanente de Discapacidad, expresó su preocupación por los recortes en las pensiones no contributivas, un recurso esencial para muchas personas con discapacidad.

“La reducción de más de 177.000 pensiones No Contributivas, como consecuencia del Decreto 843, significa que muchas personas quedarán sin este recurso fundamental para acceder a su derecho a la salud, la educación y una vida digna. Además, los aranceles prestacionales establecidos por la Ley 24.901 solo aumentaron un 2,4 %, lo que afecta gravemente a las instituciones, profesionales y transportistas que sostienen las prestaciones”, advirtió Maidana.

Este panorama de recortes y políticas regresivas demuestra la necesidad urgente de un cambio en las políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y su acceso a una vida digna.

Cuáles son los reclamos del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad

• Por la eliminación del Decreto 843/24, que significa un retroceso en materia de adjudicación de Pensiones No Contributivas ya que vuelve al criterio de Pensión por Invalidez Laboral dejando de lado a la persona con discapacidad. Con esta decisión, muchas personas con discapacidad pueden perder este recurso que les permite un apoyo para su vida y su atención. El presupuesto presentado por el Gobierno Nacional plantea una quita de 177.740 pensiones para 2025.
• Por un aumento de los recursos asignados para las Pensiones No Contributivas en el Presupuesto 2025.
• Por aranceles prestacionales acordes a los reales costos de los servicios institucionales, profesionales y transporte. Los aranceles actuales no están conforme a la inflación y los aumentos de salarios establecidos por los sindicatos. Esto lleva a una gran crisis del sector prestacional. Con los aranceles actuales se cubre solamente, según la prestación, entre el 50% y el 61% de los costos operativos.
• Por una Ley que establezca una Asignación Universal por Discapacidad.
• Por el cumplimiento del Cupo Laboral en el Estado establecido por Ley.
• Por la recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos, que actualmente es de $28.000 sin ningún aumento desde febrero de 2023.
• Por una continua vigilancia sobre las empresas de transporte de media y larga distancia para que brinden los pasajes a las personas con discapacidad.

El Banco Central puso en la calle los billetes con la denominación más alta hasta la fecha desde la adopción del peso. La inflación fue del 2,7% en octubre.

El Banco Central puso en circulación esta semana una partida de billetes de $ 20.000 con la cara de Juan Bautista Alberdi, tal como fue anunciado en enero de 2024 por las entonces recién asumidas autoridades de la entidad financiera. Se trata de uno de los modelos importados desde China.

Se espera que el billete con la cara de Alberdi, que es el de mayor denominación desde la adopción del peso actual como moneda nacional, esté disponible en las sucursales bancarias y cajeros automáticos de todo el país a partir del jueves 14 de noviembre.

La emisión de este billete fue aprobada por la nueva administración del Banco Central, dependiente políticamente del Gobierno de Javier Milei. Su salida a la calle se da luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que hubo un 2,7% de inflación en octubre de 2024, y un 107% acumulada en lo que va del año.

Las características del papel que permitirá reconocer su legitimidad

• Marca de agua: se observa al trasluz y reproduce el retrato de Juan Bautista Alberdi acompañado de las iniciales JBA, en tono muy claro.
• Hilo de seguridad aventanillado: está inserto en el billete y se revela en tres ventanas. Es de color azul y presenta un efecto dinámico al mover el billete. Al trasluz, se ve como una banda continua y se aprecia la sigla BCRA.
• Tinta de variabilidad óptica: la representación simbólica de la Constitución Nacional, ubicada en el ángulo superior derecho, cambia del magenta al verde al inclinar el billete y presenta un efecto dinámico tridimensional.
• Imagen latente: dentro de un motivo ornamental situado en el ángulo inferior derecho aparecen las letras RA al observar el billete con luz rasante.
• Motivo de complementación frente-dorso: el valor 20.000 ubicado en el ángulo inferior izquierdo se complementa por transparencia con el reverso.
• Además, el billete cuenta con identificación para personas con ceguera. En los bordes verticales del billete se percibe al tacto un código con relieve.

Un 65% de las empresas reportaron caídas en la venta de ropa en el bimestre del Día de la Madre, el 24% podría despedir empleados en el próximo mes y medio.

La industria de la indumentaria en Argentina enfrenta una profunda crisis, producto de la recesión económica y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, que han impactado fuertemente en las ventas. Según datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el 65% de las empresas del sector registraron una caída en las ventas del 11,5% durante septiembre y octubre, un periodo que incluyó el Día de la Madre, una de las fechas de mayor consumo del año. A pesar de esta ocasión especial, las ventas disminuyeron un 7% en comparación con 2023, a pesar de los descuentos y promociones que aplicaron el 39% de las empresas.

La caída en la demanda se identifica como el principal problema, afectando a un 58% de las compañías encuestadas, seguido del aumento en los costos, especialmente los laborales. El 24% de las empresas reporta un nivel de stock excesivo en relación con sus ventas, y aunque este dato ha mejorado respecto a bimestres anteriores, el sector sigue bajo presión.

La baja demanda y el alto costo de mantenimiento han llevado al 29% de las empresas a reducir personal a través de jubilaciones, renuncias no reemplazadas y despidos. Además, un 24% de las empresas evalúa la posibilidad de nuevos despidos antes de fin de año.

Este contexto refleja una situación alarmante para la industria de la indumentaria, que enfrenta un riesgo de colapso si la tendencia de ventas no se revierte. Con márgenes cada vez más ajustados y una demanda en constante declive, el futuro del sector depende de una recuperación económica que aun esta muy lejos de llegar, y que permita reactivar el consumo y estabilice los costos.

A la recesión económica y a la política anti industrial, se le suma la apertura de importaciones. En los últimos días ya ha aparecido alambre chino a un precio más bajo.

La apertura de importaciones impulsada por el gobierno ha comenzado a generar un fuerte impacto en la industria siderúrgica argentina, con consecuencias directas en el empleo y el equilibrio de costos. Empresas y representantes sindicales, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ya han detectado un aumento en la entrada de productos importados, especialmente desde China y Brasil, lo que ha encendido las alarmas en un sector que emplea a más de 100 mil personas en el país.

La Cámara del Acero reporta que esta competencia con productos extranjeros, especialmente el acero chino subsidiado, está desestabilizando a la industria local, que ya arrastra problemas por la recesión económica y la presión de una política considerada anti-industrial por muchos empresarios. Paolo Rocca, representante destacado del sector y líder del Grupo Techint, advirtió al gobierno que, sin medidas de protección, la crisis en la siderurgia nacional podría intensificarse. “Nuestra industria no logra competir con China. La defensa contra la competencia desleal es esencial”, afirmó Rocca, reclamando estabilidad en las reglas de juego, una reducción de la carga impositiva y un tipo de cambio que favorezca la productividad local.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió al reclamo enfatizando que la política de apertura es una “bandera de libertad” y que Argentina no retornará a políticas proteccionistas, apostando en cambio por inversiones y generación de empleo.

Sin embargo, los efectos ya se sienten. Ternium, empresa del Grupo Techint, notificó a la UOM de San Nicolás sobre la necesidad de recortar sus costos un 15%, lo que podría derivar en despidos masivos en su planta General Savio. En paralelo, Acindar enfrenta una caída sostenida en las ventas y ha suspendido su producción y personal, mientras Tenaris enfrenta una situación de incertidumbre. Según Edgardo Holstein, secretario adjunto de la UOM San Nicolás, el conflicto se agrava por la presencia de acero brasileño, que, tras la reciente devaluación y el aumento de costos internos, resulta un 20% más barato que el nacional.

La aparición de productos importados, como alambres de acero chinos a precios considerablemente más bajos, preocupa profundamente a la industria. Las empresas y sindicatos evalúan visibilizar el problema y exigir restricciones a estos productos subsidiados, mientras miles de puestos de trabajo directos e indirectos, que suman alrededor de 109 mil en el sector, permanecen en riesgo.