El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

En medio de un escándalo que no deja de crecer, Manuel Adorni recibió un aumento salarial que ya lo ubica en torno a los $7 millones mensuales, una decisión que desató fuertes cuestionamientos por su timing y falta de sensibilidad política ante los recientes escándalos que involucran al jefe de gabinete libertario.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos sueldos estaban congelados desde diciembre de 2023, aunque excluyó al presidente y a la vicepresidenta.

Sin embargo, el caso de Adorni concentra la polémica. En plena controversia por su viaje a Punta del Este y en el marco de una investigación judicial en curso, el jefe de Gabinete terminó beneficiado con una suba cercana al 100%, lo que duplicó su salario, mientras millones de argentinos están con serias dificultades para llegar a fin de mes y mientras desde distintos sectores luchan por paritarias justas que equilibren la cancha ante la difícil situación inflacionaria.

Antes del decreto, los ministros percibían poco más de $3,5 millones y los secretarios alrededor de $3,2 millones. Con la actualización, los ingresos de los ministros treparon a casi $7 millones brutos, mientras que Adorni —por su jerarquía superior— quedó incluso por encima de esa cifra.

En los días previos a la firma ya se hablaba de una recomposición de entre el 60% y el 100%, aunque el texto oficial evitó detallar los nuevos montos. También se incluyó una cláusula que prevé el congelamiento automático de salarios en caso de déficit fiscal financiero acumulado.

Desde el Gobierno justificaron la medida al sostener que es necesario garantizar remuneraciones “adecuadas y competitivas” para quienes ocupan cargos de conducción. No obstante, la explicación no logró disipar las críticas, especialmente por el contexto en el que se produjo.

La confirmación del nuevo salario llega en el peor momento para Adorni, bajo la lupa por su viaje y con la causa judicial avanzando. De hecho, en las últimas horas un testigo clave se presentó a declarar en Comodoro Py, profundizando un escenario que combina cuestionamientos éticos, políticos y ahora también judiciales.

El caso del escandaloso vuelo privado a Punta del Este sumó un giro clave este jueves, cuando el piloto de la aeronave contradijo la versión oficial de Manuel Adorni y complicó aún más su situación judicial y política.

Agustín Issin, el broker que facturó el vuelo de regreso, declaró ante la Justicia que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandío, amigo cercano del jefe de Gabinete y vinculado a la TV Pública. Según precisó, no solo el tramo de vuelta formaba parte de un paquete de vuelos facturado a Grandío, sino que también la productora del periodista se hizo cargo del vuelo de ida.

Estas declaraciones desmienten de forma directa lo que había afirmado Adorni apenas un día antes. En una conferencia marcada por la tensión, el funcionario había insistido: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial”. Sin embargo, el testimonio del piloto ante el juez Ariel Lijo desarma esa versión y pone en duda la transparencia del financiamiento del viaje.

El impacto fue inmediato. La estrategia oficial para cerrar el tema terminó generando el efecto contrario: lejos de despejar dudas, profundizó las sospechas. Incluso, el propio Adorni quedó expuesto tras admitir la existencia de un departamento que no figuraba en su declaración jurada.

En este contexto, la situación del jefe de Gabinete se volvió aún más delicada. El hecho de que Grandío tuviera contratos con la TV Pública —organismo que dependía del área de Adorni— abre la puerta a una posible figura de dádivas. Por ese motivo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria avanzó con un allanamiento en la TV Pública en busca de documentación sobre esos vínculos.

Así, lo que comenzó como una explicación oficial para dar por cerrado el tema derivó en un nuevo foco de conflicto, con declaraciones que comprometen directamente al funcionario y lo dejan, una vez más, en el centro de la escena judicial y política.

Tras su balbuceante conferencia, el jefe de Gabinete quiso mostrarse fuerte junto a una de las principales espadas libertarias. Un accesorio de 4 mil dólares pasó a ser tendencia.

Tras el papelón que protagonizó en la conferencia de prensa del miércoles, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue sin encontrar la tranquilidad que lo llevaba a mostrarse jactancioso y pedante en sus apariciones.

Acorralado por las sospechas de enriquecimiento ilícito, ahora se supo que incorporó un nuevo departamento en el barrio porteño de Caballito, sin haberse desprendido de los inmuebles que ya poseía.

En concreto, el alto funcionario figura como titular, junto a su esposa, la autodenominada “coach de vida” Bettina Angeletti, de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500. El dato surge de registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble, dependiente del Ministerio de Justicia.

El nuevo inmueble se suma al departamento en Parque Chacabuco, donde él residía al asumir como funcionario del Gobierno de Javier Milei, y a otra propiedad en La Plata. De esta manera, Adorni mantiene al menos tres viviendas a su nombre o en copropiedad, sin contar las lujosas casas no declaradas.

En este contexto, Adorni intentó mostrar una foto de unidad con una de las principales espadas del Gobierno de La Libertad Avanza: la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación.

“Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin”, resumió el ministro coordinador a través de un posteo en redes sociales, acompañado de una imagen de ambos.

Justamente esa imagen deja ver que tendría un reloj de lujo, cuyo valor sería de 4 mil dólares.

Sería otro paso en falso del funcionario que se llenó la boca declamando austeridad y cada día obra como un paladín de la casta.

El escándalo patrimonial que envuelve a Manuel Adorni impactó de lleno en el núcleo del discurso oficial y dejó al descubierto una de sus principales debilidades: la inconsistencia entre lo que se predica y lo que efectivamente ocurre en la gestión.

Según un informe de la consultora Innova, el 70% de los encuestados considera que el jefe de Gabinete libertario es corrupto, un dato que refleja el nivel de desgaste que generó el caso. Por ahora Javier Milei está abrazo a su funcionario. Por ahora…

Pero Milei tiene un problema: el episodio repercute directamente sobre la imagen del mandatario, que ya venía golpeada por el escándalo del caso Libra, en el que quedaron salpicados el propio presidente y su hermana. En ese contexto, el 60% de los consultados cree que el gobierno es corrupto, frente a apenas un 30% que lo percibe como honesto.

El dato es especialmente grave porque erosiona uno de los pilares discursivos de La Libertad Avanza: la supuesta superioridad moral frente a la “casta”, y en particular frente al kirchnerismo. Lo que se presentaba como una marca distintiva empieza a desdibujarse, dejando al oficialismo expuesto a la misma crítica que construyó para atacar a sus adversarios.

Una denuncia judicial acusa al gerente del organismo de multiplicar su patrimonio casi 30 veces y no justificar gastos por 60 millones. El caso se suma a advertencias de los trabajadores sobre vaciamiento, parálisis en la atención y deterioro del sistema.

Un nuevo caso de corrupción sacude a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Una denuncia judicial contra el gerente Mario Gutiérrez por enriquecimiento ilícito —tras multiplicar casi 30 veces su patrimonio y no justificar gastos por $60 millones— se suma a denuncias previas por vaciamiento y parálisis en la atención.

Como publicó Primereando a mediados de marzo, el conflicto en la SSS ya venía en ascenso. Los empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un proceso de vaciamiento, irregularidades administrativas, persecución laboral y posibles despidos, además de advertir por la paralización de expedientes vinculados a reclamos de usuarios. En ese contexto, impulsaron medidas de fuerza (con huelgas y los denominados “paros a la japonesa”) para visibilizar el deterioro en el funcionamiento de la Superintendencia y su impacto en el acceso a la salud.

La presentación judicial, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, también fue elevada a la Oficina Anticorrupción y apunta a presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al incremento patrimonial del funcionario.

En paralelo, el sindicato convocó a una protesta para este viernes 27 de marzo a las 12 frente a la sede del organismo, en Bartolomé Mitre 434, en la Ciudad de Buenos Aires, donde además brindará una conferencia de prensa.

“Todos los días aumenta la corrupción en el Gobierno. La conducta desplegada por las autoridades de la Superintendencia es inaceptable”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien exigió explicaciones ante lo que calificó como “graves irregularidades” que comprometen la transparencia institucional.

El dirigente también denunció un intento de “vaciamiento” del organismo y advirtió que las decisiones de la actual gestión afectan la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales. “Es notoria la incapacidad de gestión y esto impacta directamente en el acceso a la salud de los sectores más vulnerables”, señaló.

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores es la paralización de expedientes vinculados a prestaciones médicas. Muchos de estos trámites dependen de la rapidez con la que interviene el organismo, por lo que las demoras podrían impactar directamente en tratamientos y servicios considerados vitales.

Asimismo, denunciaron la implementación de un sistema de mediación prejudicial no obligatoria denominado PROMESA, que trasladaría los costos a los beneficiarios y fomentaría la judicialización de los conflictos, en contraste con la función histórica del organismo de ofrecer soluciones administrativas gratuitas.

Los trabajadores también apuntaron contra una supuesta discrecionalidad en el control sobre obras sociales. Según indicaron, la Superintendencia evitaría sancionar a grandes empresas de medicina prepaga mientras actúa con mayor dureza sobre entidades más pequeñas.

En particular, denunciaron que la Obra Social Unión Personal aplicaría coseguros diferenciados a empleados estatales no afiliados al sindicato UPCN, una práctica que calificaron como “discriminatoria e ilegal”. También alertaron que otras entidades comenzaron a cobrar aranceles para intervenciones quirúrgicas, en contradicción con el Programa Médico Obligatorio.

Frente a este escenario, el conflicto gremial continúa en ascenso y no se limita a las condiciones laborales. Desde ATE advirtieron que la situación impacta directamente en la población y convocaron al acompañamiento de los beneficiarios del sistema y de distintos sectores sociales.

“Los funcionarios actúan de manera dolosa porque buscan favorecer negocios multimillonarios de la medicina privada. No vamos a permitir que destruyan el sistema de obras sociales”, concluyó Aguiar.

Por Lois Pérez Leiva

En la historia de las democracias, los momentos de mayor tensión no solo se resuelven en las urnas o en las plazas, sino en los pasillos de los tribunales, allí donde la letra de la ley debe actuar como el último dique de contención frente a los desbordes del poder. La reciente denuncia presentada por Facundo Pérez Ernst contra el Presidente Javier Milei y el funcionario Pablo Quirno no es un trámite judicial más; es un síntoma de época y un acto de profundo compromiso patriótico.

​La juventud y el deber cívico

​Lo que hace este hecho verdaderamente histórico es el contexto personal del denunciante. A solo días de recibir su título de abogado, Pérez Ernst ha decidido que su primer gran acto profesional no sea la búsqueda de un rédito económico, sino la defensa de la Constitución Nacional.

Mientras muchos profesionales optan por la comodidad del silencio o el resguardo de la carrera privada, este joven jurista ha decidido estrenar su vocación en el escenario más complejo posible: denunciando a la máxima autoridad del Ejecutivo por delitos que tocan las fibras más sensibles de la soberanía nacional, como lo es el riesgo de hostilidades y la apología del crimen.

​Los cargos: un llamado a la reflexión

​La denuncia no es superficial. Al invocar figuras como el Abuso de Autoridad (Art. 248) y las Hostilidades con peligro de declaración de guerra, se pone sobre la mesa una discusión necesaria sobre los límites de la diplomacia y la retórica presidencial. ¿Hasta dónde puede llegar la verborragia de un líder sin comprometer la seguridad y el destino de su pueblo?
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​Un acto de patriotismo moderno

​A menudo se confunde el patriotismo con la obediencia o el nacionalismo de cartón. Sin embargo, el verdadero patriotismo es el que ejerce Facundo: aquel que entiende que nadie está por encima de la ley. Al utilizar las herramientas del sistema democrático para cuestionar el ejercicio del poder, se fortalece la institucionalidad del país.

Este paso dado por Pérez Ernst marca un precedente para las nuevas generaciones de abogados. Es un recordatorio de que el Derecho no es solo una profesión para ganar litigios, sino una herramienta para proteger a la Nación de sus propias crisis. La justicia ahora tiene la palabra, pero el gesto de valentía ya ha quedado grabado en la historia reciente de la República.

La crisis económica alcanza niveles alarmantes: casi 6 de cada 10 familias (56,4%) tuvieron que endeudarse en los últimos meses para cubrir gastos básicos como comida, servicios o alquiler. Pero el dato más grave es otro: 9 de cada 10 hogares ya tienen dificultades para pagar esas deudas, evidenciando una situación al límite.

El relevamiento de la consultora Zentrix confirma un deterioro generalizado: los ingresos no alcanzan y la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un mecanismo de subsistencia. Hoy, la mayoría de los créditos se destinan a cubrir gastos cotidianos, no a invertir ni a generar ingresos futuros.

La raíz del problema es clara: el 83,9% asegura que su salario pierde contra la inflación, mientras más de la mitad de la población ni siquiera logra llegar al día 20 de cada mes. Este desfasaje empuja a los hogares a una espiral crítica: caída del poder adquisitivo, endeudamiento para cubrir lo básico y creciente incapacidad de pago.

El impacto ya se siente en todo el sistema: aumenta la morosidad en bancos y billeteras virtuales, y las entidades endurecen el acceso al crédito ante el riesgo de incumplimientos masivos.

El malestar también se refleja en lo social y político. Más de la mitad de la población (53,3%) desaprueba la gestión del Gobierno, con una suba significativa respecto a mediciones anteriores, en un contexto donde crece la percepción de que los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana.

El diagnóstico es contundente: el ajuste ya no es una variable macroeconómica, sino una crisis directa en los hogares, donde cada vez más familias dependen de la deuda para comer y, al mismo tiempo, quedan atrapadas en una situación cada vez más difícil de sostener.

Por Gerardo Torres Zelaya

Era el mediodía del 20 de marzo de 2026 y desde el Puerto Progreso en Mérida Yucatán, México partió el barco atunero “Maguro”, bautizado respetuosamente como el “Granma 2.0” por su tripulación de 27 personas de 11 países de todo el mundo. El objetivo: llevar a La Habana, Cuba, más de 30 toneladas de alimentos, insumos médicos, artículos de primera necesidad para niños y niñas y 97 paneles solares. El reto: cruzar el muro político y económico del bloqueo a Cuba impuesto por los Estados Unidos desde 1962.

Lo cierto es que el bloqueo a Cuba era también un muro cognitivo y cultural, tanto así que la aventura era inédita. Nunca, desde aquel 25 de noviembre de 1956, había salido un barco militante desde costas mexicanas rumbo a Cuba con fines tan claramente políticos.

Hace 70 años era Fidel Castro con 81 hombres armados listos para desencadenar la revolución más importante del siglo pasado. Ejemplo de dignidad para toda la humanidad. En esta ocasión no llevamos armas, pero sí mucha solidaridad en coordinación con otras miles de personas que han llegado a Cuba en el marco de la operación denominada “Convoy Nuestra América” impulsada por la Internacional Progresista que busca por aire y mar ir al llamado de Cuba, responder un poco a toda la solidaridad que los cubanos y cubanas han esparcido por todo el planeta.

Hoy Cuba vive momentos muy difíciles, son ya tres meses en que el bloqueo ha arreciado por órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que impide la llegada de petróleo generando una profunda crisis energética que ha impactado en hospitales y en la vida diaria de todo el pueblo. Sin ningún remordimiento, la cabeza del imperio, asegura que quiere a Cuba para él, ha amenazado al Presidente Miguel Díaz Canel y se la pasa insinuando acciones militares contra la Isla. La respuesta del mundo debe ser urgente y ya se empiezan a ver distintas acciones de solidaridad.

Lo diferente de esta pequeña embarcación es el aprendizaje y el ejemplo expresado en esta simple acción. Es romper el muro del miedo a los misiles que han matado a tantos pescadores inocentes en nuestro Caribe, el miedo a ser interceptados, el miedo a las amenazas que bajan del imperio. Es haber cruzado el mar con la certeza que el mar, así como toda la tierra, la Patria Grande, también es nuestro. Es romper el bloqueo un barco a la vez.

Este impulso nunca hubiera sido posible sin todas las decenas de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que en 2025 intentó llevar alimentos a Gaza, Palestina. Un total de 42 personas secuestradas y torturadas, muchas que hoy tripulan el Granma 2.0, decenas de barcos atacados por drones israelíes y la frustración de no haber podido llegar al destino. Todo ese aprendizaje hoy permite el éxito de esta misión a Cuba.

“Es una enorme alegría saber que esta vez si lo vamos a lograr, hemos recibido muchos mensajes de nuestros hermanos palestinos, felices que vamos a llegar a Cuba con esta flotilla, también la gente cubana está alegre porque este es un mensaje de esperanza. Una vez terminemos en La Habana de desembarcar volveremos intentar llegar a Gaza” comentó Thiago Ávila, brasileño, coordinador de este histórico esfuerzo.

Escribo este artículo antes de llegar al puerto de La Habana, aún navegando en este Granma 2.0, con las costas de Cuba a un costado. Y lo hago porque una vez en tierra la historia se ampliará, habrán actos de recepción y palabras de los cubanos y las cubanas. Hablaremos seguramente de las siguientes acciones que vienen.

Yo que vengo de ser Vice Canciller de Honduras vi detrás del velo de la diplomacia, solo para darme cuenta que el derecho internacional se volvió una maquinaria oxidada, que suena mucho pero mueve poco. En esta ocasión soy parte de esta tripulación como corresponsal de TeleSUR, y recordaré siempre estas 370 millas náuticas, estos cuatro días en altamar, el olor de la cocina y las comidas colectivas, la incomodidad y las sonrisa e historias con tantos acentos diferentes que confluimos en este pequeño barco cruzando el mar. Creo que la diplomacia nunca debe olvidar que el futuro del derecho internacional, del derecho en general y de la justicia en su más fina naturaleza, está en la gente, en los pueblos y su capacidad de unirse y organizarse.

Si la naturaleza del imperio es la barbarie, la de todo lo que no sea imperio debe ser siempre la humanidad.

A 20 millas náuticas del Puerto de La Habana.
Lunes 23 de Marzo de 2026

Por Lois Pérez Leira

La izquierda internacional enfrenta un dilema que ya no admite postergaciones: persistir en las fracturas ideológicas heredadas del siglo XX o avanzar hacia una estrategia común frente a la actual fase del imperialismo. En un escenario donde las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, profundizan herramientas como la guerra híbrida, las sanciones económicas y los mecanismos de presión financiera, los movimientos populares aparecen condicionados por divisiones internas que limitan su capacidad de respuesta.

El acervo teórico del pensamiento socialista constituye un punto de apoyo central, aunque diversos analistas advierten que su peso histórico no debe derivar en inmovilismo. Las tradiciones que van desde Marx y Engels hasta experiencias del siglo XX —incluyendo los aportes de Lenin, Gramsci o Mao— configuran un corpus que, lejos de clausurar debates, puede funcionar como base para nuevas articulaciones políticas. En esa línea, también se inscriben figuras latinoamericanas como Salvador Allende, Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, cuyas trayectorias siguen siendo referencia en los procesos de transformación social.

A este conjunto se suma el planteo del peruano José Carlos Mariátegui, quien sostuvo que el socialismo debía ser una “creación heroica” adaptada a cada realidad nacional. Ese enfoque reaparece en discusiones actuales sobre los modelos de desarrollo y soberanía en América Latina y otras regiones del sur global. Más recientemente, la noción de “Socialismo del Siglo XXI”, impulsada por Hugo Chávez, buscó sintetizar esas tradiciones en una propuesta dinámica, en diálogo con los cambios del sistema internacional.

En este contexto, sectores de la izquierda identifican como eje central la tensión entre estructuras de poder global y proyectos de soberanía nacional. Bajo esa premisa, plantean la necesidad de coordinar estrategias entre distintas corrientes ideológicas y movimientos de liberación, con el objetivo de fortalecer su incidencia política.

El congreso del SOVINTERN, previsto para los días 25, 26 y 27 de abril en Moscú, aparece en ese marco como un ámbito de debate y eventual articulación. Referentes del espacio lo presentan como una instancia orientada a superar diferencias históricas y a delinear una agenda común frente a los desafíos actuales.

El debate de fondo, coinciden distintos sectores, pasa por la capacidad de traducir los principios en resultados concretos. En un escenario internacional en transformación, la discusión ya no se limita a la coherencia doctrinaria, sino que se desplaza hacia la eficacia política y la posibilidad de incidir de manera tangible en las condiciones de vida de las mayorías.

El fuerte encarecimiento de la carne vacuna en Argentina ya tiene un impacto directo y visible en la mesa de los hogares: con aumentos que superan el 60% en los últimos 12 meses muy por encima del 33,1% de inflación interanual el consumo cayó al nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), esta dinámica expone una suba desproporcionada de los precios de los cortes, que prácticamente duplican la inflación general y erosionan de forma acelerada el poder de compra. Lejos de ser un ajuste menor, se trata de un salto que reconfigura el acceso a uno de los alimentos históricamente centrales en la dieta argentina.

El deterioro se refleja con claridad en el consumo per cápita, que descendió a 47,3 kilos anuales, con una caída interanual del 2,5%. En términos concretos, cada argentino consume hoy 1,2 kilos menos de carne vacuna por año, consolidando un piso histórico que queda muy lejos de los 68,4 kilos registrados en 2008. No se trata de un cambio cultural, sino de una restricción económica cada vez más extendida.

La contracción es aún más marcada en el arranque de 2026: el consumo aparente se desplomó 13,8% en el primer bimestre frente al mismo período del año anterior. Aunque parte de esta caída se vincula a una menor producción —que retrocedió 9,1% interanual—, el factor determinante sigue siendo el precio, que continúa acelerándose mes a mes.

Solo en febrero, los cortes vacunos aumentaron en promedio 7,4%, con subas destacadas en productos clave como el cuadril y la nalga (alrededor del 8%), mientras que incluso opciones más económicas como la carne picada subieron más del 7%. El asado, símbolo del consumo local, alcanzó valores que superan ampliamente los $16.000 por kilo, consolidando su transformación en un bien cada vez más inaccesible.

En la comparación interanual, la magnitud del problema se vuelve aún más evidente: el precio de los cortes vacunos trepó 63,6%, con picos como el asado (67,6%) y el cuadril (65,9%). Estos incrementos no solo lideran el rubro alimentos, sino que profundizan una brecha creciente entre ingresos y precios.

Si bien desde CICCRA atribuyen esta escalada a una recomposición de precios vinculada a restricciones de oferta —derivadas de factores climáticos previos—, lo cierto es que el resultado concreto es una caída sostenida del consumo. En este contexto, la carne vacuna deja de ser un componente cotidiano de la dieta para convertirse, progresivamente, en un consumo cada vez más limitado.