Bajo la consigna “Ayunar para despertar las conciencias”, el Premio Nobel de la Paz y las centrales obreras montarán una protesta ecuménica contra el ajuste de Milei que se replicará en las plazas de todo el país.

En una medida de protesta inédita de fuerte contenido místico y político, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, convocaron a un ayuno nacional de ocho días en la Plaza de Mayo. La drástica iniciativa comenzará este martes 2 de junio y se extenderá hasta el 9 de junio, contando con el respaldo orgánico de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, lideradas por Hugo Yasky y Hugo Godoy.

Los organizadores detallaron que la campaña, bautizada como “Jornada de ayuno y oración para despertar las conciencias”, tiene como objetivo central visibilizar el brutal crecimiento del hambre, la exclusión social y el deterioro de las condiciones de vida bajo el modelo económico de la administración libertaria. El método de protesta pacífica no se limitará a la Capital Federal, sino que tendrá réplicas con espacios de oración en las plazas principales del interior del país.

La fisonomía de la Plaza de Mayo cambiará durante la semana, ya que las ocho jornadas de ayuno estarán acompañadas por encuentros con distintos sectores sociales, debates abiertos sobre justicia social y ambiental, actividades culturales y el cierre diario con cantos y reflexiones a cargo de diversos artistas populares. Desde la organización sintetizaron el reclamo con un duro documento fundacional: “Ayunamos para denunciar el hambre. Nos reunimos para defender la vida. Oramos para sostener la esperanza”.

La convocatoria profundiza la durísima postura que Pérez Esquivel mantiene contra la gestión de la Casa Rosada. En las vísperas del lanzamiento, el referente de los derechos humanos cargó fuertemente contra el alineamiento internacional del oficialismo, acusando al presidente Javier Milei de ser “un sirviente del imperio norteamericano” y afirmando taxativamente que “no puede hablar en nombre del pueblo argentino ni de los pueblos de América Latina”.

La tregua inflacionaria del Gobierno se desvanece con la llegada del nuevo mes: prepagas, alquileres, colegios privados y tarifas de servicios públicos encabezan una ola de subas que asfixia a la clase media y trabajadora.

El mes de junio arranca con una fuerte presión sobre la economía familiar. A pesar del discurso oficial sobre la desaceleración de los precios, una densa batería de incrementos regulados y contratos indexados entra en vigencia de forma simultánea, configurando un escenario de asfixia económica que golpeará de lleno el consumo de los hogares.

La guía de los aumentos confirmados para este mes:

• Alquileres por las nubes: Los inquilinos que aún se rigen por la antigua Ley de Alquileres (con contratos anuales) y deban afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación (ICL) sufrirán un aumento que rondará el 230%. En paralelo, los nuevos contratos desregulados bajo el DNU registran subas trimestrales o cuatrimestrales atadas a la inflación acumulada.
• Prepagas sin freno: Tras el vencimiento de la medida cautelar que las obligaba a devolver saldos y congelar cuotas, las empresas de medicina privada vuelven a aplicar aumentos libres de entre el 11% y el 18%, sumando un nuevo piso de gastos fijos inalcanzables para los sectores de ingresos medios.
• Colegios privados con suba autorizada: Las instituciones educativas de gestión privada con subsidio estatal (tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires) implementarán un incremento promedio del 9% en sus aranceles, autorizado por los ministerios de educación locales para absorber los costos de las últimas paritarias docentes.
• Tarifas de luz y gas: El Ministerio de Economía avanza con la quita de subsidios para los sectores de ingresos medios y bajos, a lo que se suma la actualización de los componentes de transporte y distribución. El impacto en las facturas hogareñas promedia el 20% de aumento, con picos superiores según la categoría de consumo.
• Combustibles más caros: El Gobierno postergó parcialmente el impuesto a los combustibles líquidos para evitar un fogonazo inflacionario mayor, pero las petroleras aplicarán de todos modos un ajuste de entre el 2% y el 4% en los surtidores de nafta y gasoil para compensar la devaluación mensual del peso.

La acumulación de estas subas en la primera mitad del año consolida una pérdida histórica del poder adquisitivo, obligando a miles de familias a recortar consumos básicos o endeudarse para cubrir el costo de vida elemental en un invierno que arranca con las cuentas en rojo.

En un acto de crueldad sin precedentes, el Gobierno reglamentó el Fondo de Cese Laboral autorizando el uso de las cajas de la seguridad social para financiar despidos masivos, beneficiando a las corporaciones con el dinero de nuestros abuelos.

En un fuerte giro que desató alarmas en los sectores previsionales y sindicales, el presidente Javier Milei reglamentó el funcionamiento del Fondo de Cese Laboral (FAL), el nuevo mecanismo introducido por la reforma laboral para sustituir el sistema tradicional de indemnizaciones. La mayor polémica del decreto radica en que el Estado autorizó la utilización de los fondos de la seguridad social y del sistema de jubilaciones para financiar la reestructuración de personal y los despidos en el sector privado.

La normativa establece que los aportes acumulados en estas cuentas —que originalmente debían resguardar el futuro de los trabajadores y sostener las cajas jubilatorias— podrán ser colocados en instrumentos financieros destinados a costear las desvinculaciones laborales. Desde la oposición y los equipos técnicos de los gremios denunciaron que esta medida representa un “vaciamiento encubierto” del sistema previsional, utilizando el dinero de los pasivos y activos para aliviar la carga económica de las corporaciones a la hora de recortar sus planteles.

El mecanismo del FAL busca generalizar el modelo que históricamente utilizó la UOCRA, pero con una vuelta de tuerca financiera que expone los recursos públicos a los vaivenes del mercado. Mientras el poder adquisitivo de los jubilados sigue perdiendo terreno frente a la inflación, la firma de este decreto desvía recursos estratégicos hacia el financiamiento del desempleo, consolidando un esquema donde el costo de la flexibilidad laboral termina siendo subsidiado, indirectamente, por las cajas del propio Estado.

Las ventas registraron una caída de 4,7% respecto de marzo y de 3,8% en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, el sector acumula una retracción de 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Scentia, que releva la evolución de las ventas en supermercados, autoservicios independientes, mayoristas, kioscos, farmacias y comercio electrónico. El relevamiento reflejó que prácticamente todos los canales tradicionales continúan en retroceso, una señal clara de la persistente debilidad del consumo cotidiano.

Entre los rubros más golpeados aparecen los productos impulsivos, como golosinas, que se desplomaron 12% interanual. También se registraron fuertes caídas en alimentos perecederos, con una baja de 7,8%. El informe muestra que los consumidores siguen ajustando gastos y priorizando compras esenciales ante la pérdida de ingresos reales.

Supermercados y mayoristas, entre los sectores más afectados

Las ventas en supermercados volvieron a caer y siguen sin mostrar signos de recuperación. En abril registraron una baja interanual de 4,5%, mientras que las grandes cadenas acumulan una contracción de 5,2% en lo que va del año.

Dentro de ese canal, los productos impulsivos encabezaron las pérdidas con una caída de 14,1%, seguidos por alimentos perecederos (-10,5%) y bebidas sin alcohol (-6,4%). Incluso los artículos de higiene y cosmética mostraron retrocesos, con una merma de 1%.

La situación también afecta a los autoservicios independientes, donde el consumo cayó 2,2% respecto de marzo y acumula un retroceso de 4% en el primer cuatrimestre. En términos interanuales, las ventas bajaron 3%, reflejando el deterioro de uno de los canales más vinculados al consumo diario de los hogares.

El canal mayorista también sufrió una caída de 4,5%, mientras que los kioscos y comercios tradicionales registraron una baja aún más pronunciada, de 4,8%, confirmando el freno generalizado del mercado interno.

La inflación desacelera, pero el consumo no reacciona

Aunque los alimentos aumentaron 1,5% en abril, por debajo de la inflación general de 2,6% informada por el INDEC, la desaceleración de precios todavía no se traduce en una recuperación del consumo.

Entre los productos que más aumentaron se ubicaron la cebolla, la lechuga, la batata, la naranja y el queso cremoso, incrementos que siguen afectando el presupuesto cotidiano de las familias.

Ecommerce y farmacias, las únicas excepciones

En medio del escenario recesivo, el comercio electrónico volvió a destacarse con un crecimiento interanual de 40,4%, impulsado principalmente por el rubro alimentos, que concentra el 60,7% de las ventas online. Sin embargo, el avance del ecommerce todavía no alcanza para compensar la fuerte caída de los canales físicos tradicionales.

Las farmacias fueron el único otro segmento con resultado positivo en abril, con una suba marginal de 0,1%. Aun así, en la comparación acumulada del año, también muestran una caída de 1%, lo que evidencia que la retracción del consumo atraviesa a casi todos los sectores.

La Federación Aceitera y el SOEA lanzaron un paro nacional tras el fracaso paritario, acusando a las patronales de intentar congelar los sueldos en base a un índice del INDEC “tramposo” que no cubre la realidad de las familias.

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo iniciaron una medida de fuerza conjunta de alcance nacional. El sindicato justificó la contundencia de la huelga exponiendo con dureza una serie de datos económicos que fundamentan el reclamo y que exponen la “mala fe” con la que viene negociando el sector agroexportador.

Los datos clave expuestos por el gremio:

• Propuesta de aumento del 0%: Los sindicatos denunciaron que, en la revisión de la paritaria —pactada originalmente para analizar el impacto económico entre el 27 de abril y el 2 de mayo—, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y las patronales del biodiésel se plantaron en ofrecer cero pesos de recomposición salarial para el mes de mayo.
• Ganancias extraordinarias de las patronales: El gremio reveló que el complejo agroexportador obtuvo una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares gracias a la enorme reducción de los derechos de exportación (retenciones) otorgada por el Gobierno. “No ofrecen ni un peso para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, dispararon en un duro comunicado.
• Aumento de la productividad obrera: La conducción sindical detalló que durante 2025 se batieron récords de procesamiento de soja y girasol a costa del esfuerzo de los trabajadores. Según sus registros, la productividad por operario pasó de 183 toneladas mensuales a 191 toneladas por mes, logrando ese rendimiento “sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores”.
• El reclamo de un salario básico de $2,8 millones: El sector fundamentó que, siguiendo las propias estadísticas del INDEC sobre las 9 necesidades básicas que establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo (alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, esparcimiento, etc.), el Salario Mínimo, Vital y Móvil del sector debe fijarse actualmente en $2.802.754 (frente a los $2.344.000 actuales).
• Rechazo a la “trampa” del índice de inflación: Los gremios repudiaron la intención empresaria de querer atar los aumentos únicamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, advirtiendo que ese indicador ya no representa los gastos reales de una familia trabajadora. Afirmaron que aceptar esa lógica implica caer en una “trampa” que desconoce una tradición de paritarias de más de 20 años.

Para la conducción sindical, la postura de las empresas no es más que un intento de imponer un congelamiento y una rebaja salarial encubierta, motivo por el cual ratificaron que no están dispuestos a “atar la vida de sus familias a la conveniencia de las patronales”.

Docentes, estudiantes y autoridades universitarias volverán a movilizarse frente a Tribunales para exigir que Javier Milei deje de bloquear la Ley de Financiamiento Universitario y frene el ajuste que golpea salarios, becas, investigación y el funcionamiento de las facultades.

Las universidades públicas volverán a salir a las calles esta semana para enfrentar el ajuste impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. En medio del desfinanciamiento educativo, la pérdida salarial docente y el deterioro del sistema científico, docentes, estudiantes y autoridades universitarias encabezarán una nueva jornada de protesta para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actividad se realizará este martes frente al Palacio de Tribunales bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, en un reclamo directo a la Corte Suprema para que garantice la aplicación de la Ley N.º 27.795, aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por dos tercios de ambas cámaras tras el veto presidencial.

La protesta se desarrollará entre las 11 y las 17 con clases públicas, charlas y actividades abiertas encabezadas por docentes e investigadores de distintas universidades nacionales. Desde las organizaciones convocantes advirtieron que el ajuste del Gobierno ya impacta de lleno en salarios, becas, investigación científica y el funcionamiento cotidiano de las facultades.

“Defender la universidad pública es defender el derecho de millones de argentinos a estudiar, investigar y construir un futuro mejor”, señalaron desde los espacios universitarios que impulsan la jornada.

Entre los participantes estarán la abogada y docente universitaria Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, además del secretario general de FEDUBA Pablo Perazzi.

El conflicto universitario escaló luego de las multitudinarias marchas federales realizadas durante las últimas semanas en todo el país. Mientras el Gobierno insiste en priorizar el “equilibrio fiscal”, desde el sistema universitario denuncian que Milei busca vaciar las universidades públicas y avanzar sobre uno de los pilares históricos de la educación argentina.

El Consejo Interuniversitario Nacional también mantiene una presentación judicial ante la Corte Suprema para exigir la implementación efectiva de la ley y alertó que el deterioro presupuestario ya pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio.

Desde las universidades advierten que el ajuste no solo golpea a docentes y estudiantes, sino que compromete el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país. “Sin financiamiento no hay universidad pública posible”, remarcaron desde el sector educativo.

A través de la Resolución 28/2026, la Secretaría de Transporte barrió con las compensaciones económicas a los micros de larga distancia, trasladando el costo de los boletos gratuitos al sector privado y poniendo en alerta a miles de pacientes.

El plan de ajuste fiscal sumó una de sus medidas más polémicas. El Gobierno nacional oficializó la eliminación total del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes bajo tratamiento oncológico.

La medida quedó plasmada en la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa deroga el esquema de subsidios vigente desde 2018 que cubría parcialmente el costo de los pasajes que las empresas están obligadas a entregar por las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados y en lista de espera) y 27.674 (oncopediatría). El argumento oficial señala que, bajo el nuevo marco de desregulación y plena libertad tarifaria, las compañías privadas deben absorber el 100% del costo dentro de su estructura financiera.

Aunque el texto oficial se esfuerza por aclarar que la obligación de otorgar los pasajes gratuitos permanece plenamente vigente y es exigible ante las empresas, diversos sectores sociales y de salud encendieron las alarmas. La quita del respaldo estatal promete desatar un fuerte conflicto en las terminales de ómnibus, donde las transportistas —asfixiantes por los costos operativos— ya venían retaceando los cupos. Mientras la CNRT promete fiscalizar y aplicar sanciones, la realidad cotidiana golpea una vez más a los sectores más vulnerables de la sociedad, que ahora enfrentan la incertidumbre de si podrán viajar para continuar con sus tratamientos médicos.

El proyecto del Gobierno nacional obtuvo media sanción y elimina subsidios clave en Buenos Aires y otras provincias. Gobernadores e intendentes advirtieron que el impacto será “brutal” en pleno invierno.

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para recortar el régimen de Zona Fría, el esquema que subsidia las tarifas de gas en regiones con bajas temperaturas y alto consumo energético durante el invierno.

Si el Senado convierte la iniciativa en ley, más de 1.240.000 hogares bonaerenses perderán los descuentos en sus facturas y enfrentarán aumentos que podrían ir del 40% al 100%, según el nivel de consumo y la región. El impacto también alcanzará a cientos de miles de usuarios en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

La medida implica desarmar la ampliación del beneficio aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, a partir de una iniciativa presentada por Máximo Kirchner. Aquella reforma había incorporado a gran parte de la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país al sistema de subsidios, permitiendo descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Con el nuevo proyecto, el esquema volvería prácticamente al formato original de 2002, dejando afuera a millones de familias que hoy reciben asistencia para afrontar el costo de los servicios en invierno.

Uno de los rechazos más duros llegó desde el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien calificó la iniciativa como “un gran error” y advirtió sobre las consecuencias sociales del ajuste.

“Yo pensé que ya se había llegado al límite de la crueldad y el abandono, pero evidentemente no”, sostuvo el mandatario durante un acto en Florencio Varela.

Kicillof además cuestionó la legalidad de algunos artículos y adelantó que podría acudir a la Justicia si la ley es aprobada definitivamente. También acusó al Gobierno nacional de trasladar directamente el costo energético a las familias mientras otros países implementan medidas de protección ante la crisis internacional.

La reacción no quedó solamente en el peronismo. El Foro de Intendentes Radicales bonaerenses también expresó su rechazo y manifestó su “profunda preocupación” por el impacto que tendría la eliminación del beneficio en miles de hogares de la provincia.

El avance del proyecto vuelve a poner en el centro de la discusión el fuerte ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre subsidios, tarifas y políticas de asistencia, en medio de un contexto económico marcado por la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

En pleno desfinanciamiento militar, la Dirección de Remonta y Veterinaria lanzó una insólita licitación privada donde el Estado no pagará con pesos, sino con fruta fresca cosechada en Mendoza.

En un hecho inédito que expone con crudeza la falta de presupuesto y liquidez, el Ejército Argentino oficializó un mecanismo de contratación digno de la era del trueque: ofrece pagar con toneladas de membrillo fresco la compra de repuestos para una camioneta. La ingeniería administrativa fue impulsada por la Dirección de Remonta y Veterinaria a través de la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26, con el fin de reparar una Chevrolet S10 modelo 2010 perteneciente al establecimiento Cuadro Nacional, en San Rafael, Mendoza.

La particularidad de la convocatoria es que el contrato se adjudicará al proveedor que “ofrezca recibir la menor cantidad de membrillos” a cambio del listado de 31 autopartes solicitadas, que incluyen desde kits de embrague hasta pastillas de freno. Al tratarse de una permuta directa de bienes perecederos que la fuerza no pudo colocar en el mercado, el sistema informático de compras del Estado (COMPR.AR) se vio colapsado técnicamente, obligando a los oferentes a fijar un precio artificial de $0,000001 para poder cargar sus propuestas en una plataforma que no está diseñada para el comercio en especies.

Desde el Ejército salieron a justificar la operación asegurando que el mecanismo es “jurídicamente válido, transparente y económicamente razonable”. Sin embargo, en los pasillos de las Fuerzas Armadas la medida causó un fuerte malestar y se leyó como una muestra del ahogo presupuestario extremo que sufren las delegaciones del interior, justo en una semana donde la cúpula militar viene reclamando de forma abierta inversiones en tecnología ante el ministro de Defensa. La insólita licitación cierra el próximo 27 de mayo, día en que se sabrá cuántos kilos de fruta vale el tren delantero de una 4×4 oficial.

El Ejército Argentino lanzó una llamativa licitación para permutar miles de kilos de membrillo por autopartes destinadas a reparar una camioneta oficial en Mendoza.

El Ejército Argentino puso en marcha una inusual licitación privada que generó sorpresa por su particular modalidad: ofrecerá hasta 70 toneladas de membrillo a cambio de repuestos mecánicos para reparar una camioneta oficial.

La convocatoria fue realizada por la Dirección de Remonta y Veterinaria y contempla la entrega de miles de kilos de fruta para conseguir las autopartes necesarias para una Chevrolet S10 4×4 modelo 2010 perteneciente al establecimiento militar Cuadro Nacional, ubicado en San Rafael, Mendoza.

El procedimiento quedó formalizado bajo la Licitación Privada N° 84/13-0216-LPR26 y tiene una particularidad que llamó la atención: la adjudicación no se definirá por el menor precio en dinero, sino por el proveedor que solicite menos kilos de membrillo a cambio de los repuestos.

Debido a que el sistema estatal COMPR.AR no contempla operaciones de trueque o canje no monetario, el pliego obliga a los oferentes a cargar un valor simbólico de $0,000001 para poder avanzar administrativamente con las propuestas.

Entre los elementos solicitados aparecen filtros, semiejes, amortiguadores, piezas de dirección, componentes de freno, kit de embrague, bomba de agua, tensor de correa y distintos repuestos mecánicos destinados a poner nuevamente en funcionamiento el vehículo oficial.

Según la documentación oficial, el proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 30 días para entregar todas las autopartes y, recién después de cumplir con esa obligación, podrá retirar la fruta. Además, deberá hacerse cargo de los costos de traslado, impuestos y eventual comercialización de los membrillos.

El pliego también establece que las autopartes deberán contar con una garantía mínima de seis meses y prevé sanciones económicas ante demoras o incumplimientos.

La insólita operatoria quedó validada a través del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y lleva las firmas de autoridades militares responsables del proceso administrativo.