Adriana Nechevenko, la profesional que certificó la compra del departamento en Caballito, rompió el silencio tras las denuncias por las inconsistencias en el préstamo de US$ 200.000.

El escándalo por el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo e incómodo capítulo tras las declaraciones de Adriana Nechevenko, la escribana que intervino en la polémica operación inmobiliaria. Al ser consultada sobre las contradicciones entre el documento público y el testimonio de las jubiladas que negaron conocer al funcionario, la profesional evitó dar precisiones técnicas y optó por deslindar responsabilidades, enviando a los cronistas directamente a consultar al Jefe de Gabinete.

“Pregúntenle a él”, fue la frase tajante con la que Nechevenko intentó cerrar el diálogo ante las cámaras de televisión. La escribana, que ha trabajado históricamente con la familia Adorni en otras transacciones, se mostró visiblemente molesta por la presencia periodística y se negó a explicar cómo se validó la presencia y el consentimiento de las dos mujeres de 82 y 84 años en el acto de la firma de la hipoteca.

La actitud de la profesional de leyes genera más interrogantes que certezas en el marco de la causa judicial. Según la normativa vigente, un escribano público debe dar fe de que las partes involucradas en una operación financiera están presentes y comprenden el alcance del contrato. Sin embargo, las declaraciones previas de las supuestas prestamistas, asegurando que no conocen a Adorni ni poseen tal suma de dinero, ponen en tela de juicio lo consignado en la escritura.

La operación, que permitió al funcionario adquirir una propiedad de lujo con un pago inicial de apenas 30.000 dólares, sigue bajo la lupa por el origen de los 200.000 dólares restantes. La negativa de la escribana a brindar detalles sobre el mecanismo de pago o la acreditación de los fondos refuerza la hipótesis de una posible maniobra para ocultar al verdadero financista de la compra del inmueble en el barrio de Caballito.

Desde el ámbito judicial, se espera que en los próximos días se solicite el protocolo de la escribana para cotejar las firmas y los datos biométricos registrados el día de la operación. La frase “pregúntenle a él” no solo deja al descubierto una grieta en la estrategia de defensa del oficialismo, sino que coloca al Jefe de Gabinete en la obligación de dar una respuesta clara ante la sociedad y la justicia federal.

Mientras tanto, en la Casa Rosada el silencio sigue siendo la postura oficial. Manuel Adorni ha evitado referirse al tema en sus conferencias de prensa habituales, pero la presión pública crece a medida que los protagonistas directos del trámite, como la escribana Nechevenko, optan por alejarse de la defensa del funcionario y dejarlo solo frente a las sospechas de enriquecimiento ilícito.

El conductor cuestionó el tono del mandatario en redes sociales y su estilo confrontativo: “No podés manejarte así”.

El conductor y empresario Mario Pergolini volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y dejó una de las frases más resonantes de los últimos días al criticar su comportamiento público: “¡Sos presidente de la Nación!”. El comentario surgió en medio de un análisis sobre la fuerte presencia del mandatario en redes sociales y su tono confrontativo, un rasgo que se volvió habitual desde su llegada a la Casa Rosada. En ese contexto, Pergolini elevó el tono y remarcó que el rol institucional exige otra actitud.

“No podés manejarte así”, planteó el conductor, visiblemente molesto con el estilo del Presidente a quien cuestionó por sus constantes cruces con periodistas, dirigentes opositores y figuras públicas a través de plataformas digitales.

No es la primera vez que Pergolini critica a Milei. En intervenciones anteriores, ya había señalado que el mandatario debería enfocarse más en la gestión y bajar el nivel de confrontación. Incluso llegó a sugerir que el uso intensivo de redes sociales no es compatible con la responsabilidad de gobernar un país.

Las declaraciones se dan en un contexto donde el accionar comunicacional de Milei genera debate permanente. Mientras sus seguidores destacan su autenticidad y cercanía, sus críticos advierten sobre los riesgos de un estilo impulsivo desde la máxima investidura del país. La frase de Pergolini, breve pero contundente, terminó sintetizando esa discusión: hasta dónde puede un presidente sostener un tono de campaña una vez que ya está en el poder.

Alejandro Bongiovanni se suma a la lista de funcionarios y referentes del oficialismo beneficiados por préstamos millonarios de la banca estatal. La nómina incluye a asesores directos de Luis Caputo y otros diputados aliados al Gobierno.

Un nuevo escándalo salpica a la gestión de La Libertad Avanza tras conocerse el otorgamiento de créditos millonarios por parte del Banco Nación a figuras clave del oficialismo. Entre los nombres más destacados figura el del diputado Alejandro Bongiovanni, quien en enero de 2026 accedió a un préstamo de 255 millones de pesos provenientes de la entidad pública. El legislador, de origen vinculado a la Fundación Libertad, ha sido un férreo defensor de las políticas de desregulación ambiental y la baja de la edad de imputabilidad.

Bongiovanni, quien ingresó al Congreso en 2023 a través del macrismo antes de sellar su alianza con el bloque libertario, no es el único beneficiario de estas líneas de financiamiento estatal. La investigación revela un patrón de acceso a fondos públicos por parte de funcionarios que ocupan cargos estratégicos o que mantienen una alineación irrestricta con las directivas del Poder Ejecutivo.

En la lista de beneficiados sobresalen integrantes del equipo económico de Luis “Toto” Caputo. Federico Furiase, ladero del ministro y actual secretario de Finanzas, obtuvo 367 millones de pesos en febrero de 2025. Por su parte, Felipe Núñez, director del BICE y asesor directo de la cartera económica, se alzó con un crédito de 475 millones de pesos, una de las sumas más elevadas registradas en la nómina de funcionarios.

El reparto de créditos también alcanzó al área de comunicación y redes sociales del Gobierno. Juan Pablo Carreira, conocido en el ámbito digital como “Juan Doe” y actual funcionario público, recibió 112 millones de pesos de la banca oficial. Estos movimientos han generado fuertes cuestionamientos sobre los criterios de asignación de recursos en una entidad que, simultáneamente, aplica restricciones al crédito para otros sectores de la sociedad.

La nómina de legisladores favorecidos se completa con nombres de peso dentro de la estructura de La Libertad Avanza y sus aliados. Santiago Santurio obtuvo un préstamo de 340 millones de pesos, mientras que Mariano Campero recibió 322 millones. Asimismo, la diputada rionegrina Lorena Villaverde accedió a una suma de 225 millones de pesos, cerrando un círculo de financiamiento que beneficia directamente a quienes sostienen el quórum oficialista en la Cámara Baja.

El acceso a estos montos millonarios por parte de la dirigencia libertaria ocurre en un contexto de fuerte ajuste sobre el gasto público, lo que reabre el debate sobre el uso de las instituciones del Estado para el beneficio patrimonial de sus propios cuadros políticos. Hasta el momento, el Banco Nación no ha emitido un informe técnico que justifique la solvencia o la urgencia de estos préstamos otorgados a los representantes del pueblo.

Mientras el Gobierno ajusta los bolsillos de jubilados y trabajadores bajo la consigna de que “no hay plata”, estalló un escándalo que salpica al corazón del Ministerio de Economía y al bloque de La Libertad Avanza.

En medio de una situación económica crítica para la mayoría de los argentinos, una investigación que reunió registros de la Central de Deudores del BCRA reveló que un grupo de funcionarios nacionales, asesores directos del Ministerio de Economía y legisladores de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación (BNA) por montos que alcanzan los 350 mil dólares. La noticia generó un fuerte cimbronazo político y pedidos de informe en el Congreso por parte de la oposición, que cuestiona la discrecionalidad en la asignación de estos préstamos de la banca estatal.

Entre los beneficiarios de estas líneas de crédito —que en algunos casos superan los 800 millones de pesos— se encuentran figuras cercanas al entorno del ministro Luis Caputo, como los economistas Felipe Núñez y Federico Furiase, además del funcionario de Presidencia conocido como “Juan Doe” y los diputados oficialistas Mariano Campero y Santiago Santurio. Según los datos difundidos, Núñez habría obtenido un crédito de 475 millones de pesos en febrero de 2025, mientras que otros legisladores habrían accedido a financiamientos similares durante el último año, superando ampliamente los montos promedio otorgados al público general.

Ante la escalada de la polémica, el Banco Nación emitió un comunicado defendiendo la transparencia de su operatoria, asegurando que “9 de cada 10 créditos hipotecarios en Argentina los otorga el BNA” y que los solicitantes cumplieron con todos los requisitos técnicos. Sin embargo, el diputado Esteban Paulón presentó una batería de medidas para investigar si existió un “exceso de límites de asistencia crediticia a personas vinculadas” o “personas políticamente expuestas”, alertando sobre un posible trato preferencial mientras miles de ciudadanos encuentran barreras infranqueables para acceder a la vivienda propia.

La controversia se suma al malestar social generado por la reciente caída en la imagen del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras conocerse el caso de las “jubiladas prestamistas” vinculadas a su familia. En este escenario, la oposición busca determinar si el Banco Nación, bajo la gestión del recientemente despedido Daniel Tillard, funcionó como una herramienta de beneficio para el círculo íntimo del poder, en abierta contradicción con el discurso de austeridad y fin de los privilegios que pregona el Ejecutivo.

El fuerte aumento del gasoil ya tiene consecuencias concretas en el transporte público del AMBA: las empresas de colectivos anunciaron que desde este miércoles 1 de abril reducirán la frecuencia de los servicios, una medida que impactará directamente en los pasajeros con mayores tiempos de espera y menor disponibilidad de unidades.

La decisión afecta a líneas de jurisdicción nacional y provincial, y responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de operación frente al encarecimiento del combustible y la falta de actualización de esos costos por parte de las autoridades. Según advirtieron las cámaras empresarias, el incremento del gasoil deterioró de forma crítica la ecuación económica del sector.

En las últimas semanas, los combustibles registraron subas de entre el 18% y el 20%, lo que elevó significativamente los costos operativos. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires, el gasoil supera los $2.000 por litro, presionando aún más sobre un sistema que depende en gran medida de subsidios y tarifas reguladas.

Como consecuencia, las empresas comenzarán a ajustar la oferta de servicios, principalmente en horarios de menor demanda, aunque no descartan que la situación se profundice si no hay una respuesta oficial. Desde el sector alertaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y que podría volverse insostenible en el corto plazo.

La reducción de frecuencias no solo complica la movilidad diaria de millones de usuarios, sino que también expone el deterioro estructural del transporte público en el AMBA. Las empresas, que aseguran haber advertido con anticipación sobre esta situación, reiteraron el pedido urgente de medidas que compensen el aumento de costos y eviten una crisis mayor en el servicio.

El escenario se da en medio de una nueva escalada de costos y aumentos en las tarifas del boleto, factores que tensan aún más el esquema de financiamiento del sistema y profundizan la incertidumbre sobre su sostenibilidad.

Una investigación reveló el diálogo con las dos mujeres que figuran como acreedoras de la hipoteca de US$ 200.000 del Jefe de Gabinete. Ambas manifestaron desconocer al funcionario y rechazaron haberle otorgado préstamo alguno.

La controversia en torno al patrimonio de Manuel Adorni sumó detalles reveladores tras conocerse la identidad y la palabra de las dos mujeres que figuran en la escritura de su departamento en Caballito. Beatriz Viegas y Claudia Sbabo aparecen en los registros oficiales como las personas que financiaron casi el 90% del valor del inmueble, otorgando un préstamo hipotecario de 200.000 dólares. Sin embargo, al ser consultadas por la prensa, la respuesta de las supuestas prestamistas fue de total desconcierto.

En un breve pero contundente intercambio a través del portero eléctrico, Beatriz Viegas fue tajante al ser consultada sobre su vínculo con el funcionario nacional. “¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa. Ante la repregunta sobre si alguna vez le había cedido dinero en forma de hipoteca, la jubilada cortó la comunicación con un nervioso: “Ay, no, no, no. Gracias”.

Por su parte, el entorno de Claudia Sbabo, la otra mujer que figura como acreedora del 50% restante del crédito, mantuvo una postura similar de extrañeza. Al ser consultada una persona de su círculo íntimo sobre si Sbabo le había prestado una suma millonaria al Jefe de Gabinete, la respuesta fue tajante: “No, ni idea de esas cosas. Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella lo conoce, pero no sabemos nada”.

“¿Usted conoce a Manuel Adorni?”, fue la pregunta del periodista de La Nación. “No, la verdad que no”, respondió la mujer con sorpresa.

El departamento en cuestión, una unidad de casi 200 metros cuadrados con cochera, fue adquirido por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en noviembre pasado. Según la escritura, la operación se cerró por US$ 230.000, de los cuales el matrimonio solo habría abonado US$ 30.000 en efectivo, quedando el resto cubierto por la hipoteca privada con estas dos particulares. Lo llamativo es que ambas mujeres habían adquirido esa misma propiedad apenas seis meses antes por un valor menor.

La inconsistencia entre lo que dicta el Registro de la Propiedad Inmueble y los testimonios de las involucradas ha puesto la lupa sobre la transparencia de la transacción. Mientras los documentos públicos llevan la firma de la escribana Adriana Nechevenko —quien ya había intervenido en otras operaciones de la familia Adorni—, las declaraciones de las supuestas acreedoras sugieren que podrían haber sido utilizadas como prestanombres en una maniobra de financiamiento poco clara.

Hasta el momento, el Jefe de Gabinete no ha brindado una explicación detallada sobre por qué las personas que figuran prestándole una fortuna aseguran no tener idea de quién es él. El caso ya ha derivado en una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, mientras la justicia federal comienza a solicitar medidas de prueba para determinar si los 200.000 dólares existieron realmente y cuál es el verdadero origen de los fondos utilizados para la compra.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

Por Rafael Méndez*

En Moscú no solo irrumpirá la primavera climática. También asoma el intento de parir una herramienta política que mira al pasado para proyectar un futuro donde la soberanía deje de ser tratada como delito. En ese marco, el sendero trazado por los mártires de aquel abril dominicano y por líderes revolucionarios contemporáneos busca consolidarse como una ruta sin retorno hacia una aspiración de emancipación universal.

La historia de los pueblos oprimidos, tantas veces escrita a contramano, vuelve a aparecer como un hilo conductor. La resistencia y la memoria no operan como consignas vacías, sino como mecanismos que enlazan derrotas y esperanzas, proyectando un destino común que desafía las fronteras impuestas por el capital y la guerra.

Este itinerario político encuentra una de sus raíces más visibles en la intervención de Estados Unidos en la Revolución de Abril de 1965, cuando la República Dominicana intentó recuperar su institucionalidad. Aquel episodio, lejos de quedar encapsulado en la historia caribeña, funciona hoy como símbolo de una disputa mayor: la capacidad de los pueblos de definir su propio destino frente a presiones externas.

Desde el ideario integrador de Hugo Chávez hasta la convocatoria en Moscú bajo el nombre de Sovintern, se advierte un intento de reorganización del campo progresista en clave contemporánea. El diagnóstico es conocido: un orden internacional en transición, con un occidente cuestionado por su incapacidad de ofrecer estabilidad sin recurrir a mecanismos de exclusión, presión económica y conflicto.

El eco de abril en la geopolítica actual

El legado de 1965 sigue operando como referencia simbólica. No por nostalgia, sino por su valor como antecedente de resistencia. La lectura de figuras como Juan Bosch o Fidel Castro sobre aquel episodio insistía en un punto: cuando una nación intenta romper su dependencia, la reacción externa suele ser inmediata y contundente.

Ese patrón, con matices, se replica hoy en distintos escenarios del llamado sur global. De allí que la evocación de abril no sea meramente histórica, sino política: funciona como advertencia y como inspiración.

De la nostalgia a la articulación

El desafío, sin embargo, es otro. No se trata de reeditar esquemas del siglo XX, sino de traducir esa tradición en herramientas adaptadas a un mundo digitalizado. La idea de los “bolcheviques digitales” apunta precisamente a eso: disputar sentido y organización en un terreno donde la información se ha vuelto un campo de batalla central.

En ese marco, experiencias como la de Cuba vuelven a aparecer en el discurso como ejemplo de resistencia prolongada, especialmente frente a sanciones económicas que son leídas como instrumentos de presión geopolítica.

Una apuesta con interrogantes

La convocatoria en Moscú busca, en definitiva, algo ambicioso: articular una red política internacional capaz de coordinar agendas, discursos y estrategias en tiempo real. Una suerte de internacional adaptada al siglo XXI.

El objetivo declarado es claro: sustituir la lógica de competencia por cooperación y evitar, en esa transición, una deriva hacia escenarios de mayor conflicto global. Pero entre la retórica y la construcción efectiva hay una distancia que la historia —la vieja, la conocida— suele encargarse de recordar.

Porque si algo enseña ese pasado que se reivindica, es que las épicas son más fáciles de declamar que de sostener.

*El autor del artículo fue diputado dominicano en tres ocasiones y ex presidente del Colegio de Periodistas.

El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

La política anti-inflacionaria del gobierno de Javier Milei parece haber encontrado un límite claro: hace meses que está en torno al 2/3% y no baja de ahí más allá del discurso libertario. Hoy, se confirmó que la nafta cuesta por encima de los 2000 pesos, lo que encarece todos los costos de la economía.

Según el gobierno, los incrementos se deben a la guerra en Medio Oriente, que disparó el precio internacional del petróleo. Ahora, el impacto puede estar claro para países que no producen petróleo. ¿Por qué Argentina tiene precios internacionales en su mercado interno si tiene yacimientos muy importantes?

El gobierno nacional tiene una política que va a contramano del mundo, donde se implementan políticas que protegen los mercados locales. Desde China hasta Rusia y Estados Unidos, más allá de diferencias geopolíticas. Solo Argentina mantiene una política que se desentiende de la actividad doméstica.