Los productos con agregados de azúcar, sodio, grasas en grandes cantidades deberán llevar advertencias en el packaging. Sin embargo, existen grandes empresas que aún no se adecuaron a la ley.

A menos de una semana del vencimiento de la prórroga que habían solicitado grandes empresas para adecuarse a la ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que tiene como objetivo informar en los envoltorios de los productos sobre los excesos que son nocivos para la salud, la mayoría de las grandes empresas pidieron prorrogas que vencen el próximo 16 de febrero.

Si bien algunos productos y cuentan con el sello negro en la góndola, el gobierno estaría en condiciones de controlar el efectivo cumplimiento de la norma a partir de este mes y, para quienes no implementen la nueva regulación, recibirán las sanciones previstas por el Decreto 274/19 y la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), según corresponda.

La normativa de Lealtad Comercial fija sanciones de acuerdo a un monto equivalente a entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles y cada una equivale a 40,61 pesos: el valor máximo se ubica en torno a los 400 millones de pesos, según la actualización de enero de 2020. Respecto a la Ley de Defensa del Consumidor los montos no están actualizados desde hace 10 años y el máximo actual es de 5 millones de pesos.

El 23 de marzo de 2022 y por Decreto 151/2022, el Gobierno nacional aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal.

Desde su publicación en el Boletín Oficial la norma entró formalmente en vigencia y la industria alimentaria comenzó a adecuarse a la nueva normativa que busca advertir a la población en los envoltorios de los alimentos con excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros.

La norma, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2021, “alienta a la población a adoptar una alimentación saludable a través de la implementación de un etiquetado frontal de advertencias, que es una herramienta gráfica que permite que los y las consumidoras cuenten con información más sencilla, clara, precisa, no engañosa y de visibilidad espontánea o fácilmente visible, con el fin de conocer lo que están eligiendo comprar y consumir”, según indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Además, la norma permite regular la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, tanto en medios de comunicación masiva como en los envases, así como la promoción y el patrocinio de esos productos. Y en ese sentido, la medida de salud pública “permite limitar la oferta de los productos que contengan al menos un sello de advertencia en su envase en instituciones educativas y en las compras públicas de organismos nacionales de gobierno”.

Más de 25 marcas entregan menos de la mitad de la demanda en el marco del plan del gobierno que congeló precios de cerca de 2 mil productos de la canasta básica.

De las 30 empresas más grandes que se encuentran dentro del programa Precios Justos, que congeló los precios de cerca de 2.000 productos de la canasta básica, cerca de 25 entregan menos de la mitad de la mercadería demandada.

En números concretos, significa que cuando un supermercado les pide 10 productos, dan menos de 5 productos promedio, por lo cual hay algunas que entregan cero, otras al 20 o 30 por ciento. Sólo cinco firmas aportan productos del plan por encima del 50 por ciento y apenas dos están arriba del 80.

Lanzado el pasado 11 de noviembre, el programa Precios Justo tiene vigencia hasta el 31 de marzo y según el ministro de Economía Sergio Massa con el objetivo de extenderlo cuatro meses más, Precios Justos arrancó con un abastecimiento que arañó el 70 por ciento.

Sin embargo, a fines de diciembre, cayó radicalmente el volumen entregado, y en los últimos quince días, esa tendencia se intensificó con góndolas directamente vacías o productos que no se consiguen.

Las empresas incumplidoras

Fargo: la empresa de panificados, que tiene alrededor de 20 productos en Precios Justos, envió en los últimos 15 días sólo el 19 por ciento de lo que le demandaron los supermercados.

Arcor: la alimenticia de los Pagani cumplió con el 32 por ciento de lo pedido.

Bagley: la compañía especializada en producción de galletas saladas y dulces, también propiedad de Arcor, tiene 27 productos en el programa, pero entregó el 59 por ciento de la mercadería pedida.

Café La Virginia: el grupo que se dedica a la elaboración de infusiones, que también aporta café La Morenita, no está entregando nada de productos.

Quilmes: la popular cervecería aportó en los últimos quince días un 28 por ciento promedio para su gama de productos.

Pepsi: a diferencia de su principal competidor Coca Cola, que entregó un 83 por ciento de cumplimiento del abastecimiento, la marca de gaseosas cumplió sólo con el 38 por ciento de lo comprado.

Colgate Palmolive: la empresa de pastas dentales y jabones cumplió con un 64 por ciento del abastecimiento

Danone: la alimenticia francesa vendió el 53 por ciento de lo pedido por los supermercados.

Las Marías: la empresa que elabora yerba, que produce entre otras marcas a Unión, proveyó sólo un 30 por ciento promedio.

Empresas multinacionales

Johnson y Johnson: la empresa multinacional estadounidense tiene un bajo nivel de entrega, aportando el 23 por ciento.

Loreal: la compañía francesa de cosméticos y belleza entregó solo un 18 por ciento de lo solicitado.

Kimberly Clark: una de las multinacionales líderes en productos de higiene a nivel mundial aportó un 42 por ciento.

Unilever: la marca que elabora mercadería de limpieza y alimentos vendió por un 52 por ciento.

Procter and Gamble: conocida como P&G, la empresa estadounidense de bienes de consumo entregó 37 por ciento.

Nestlé: la multinacional suiza dedicada a los dulces, aguas y bebidas abasteció un 52 por ciento de la demanda.

Mondelez: la exKraft aportó un nivel intermedio de entrega del 64 por ciento.

Quickfood: la marca de carnes congeladas abasteció por un 53 por ciento.

Empresas nacionales

Morixe: la harinera vendió un 31 por ciento promedio de los productos solicitados.

Molinos Río de la Plata: una de las empresas líderes de la industria alimentaria en América Latina entregó un 35 por ciento.

Papelera del Plata: el gigante nacional del papel sólo abasteció el 32 por ciento de los pedidos.

Manfrey: la fábrica láctea aportó al programa sólo un 28 por ciento de los productos.

La vicepresidenta hizo énfasis en el aumento del índice de indigencia que marcó este miércoles el Indec y puso en la lupa el aumento de los márgenes de ganancia de las compañías de alimentos a las remarcaciones de precios en las góndolas.

Luego de que el Indec publicara los números de la pobreza y la indigencia en el país, Cristina Kirchner analizó las cifras del informe, al destacar que el aumento de la línea de indigencia (que pasó del 8,2 en el segundo semestre del 2021 al 8,8 por ciento en los primeros seis meses del 2022) “evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”, expuso en sus cuentas de redes sociales.  

En esa línea, la presidenta del Senado resaltó la gestión de Sergio Massa al frente del ministerio de Economía pero insistió en una política de intervención de precios y en reforzar la seguridad alimentaria para los indigentes.

“Está mas que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, manifestó CFK.

Cabe destacar que, en el último mes -y pese a la baja de precios en el mercado internacional, los alimentos tuvieron un aumento del 7,1 por ciento, lo que se ubicaron por encima de la inflación general de agosto: a nivel productos, se destacó la suba de hamburguesas (10,4 por ciento), cebolla (60 por ciento mensual), papa (32,3), batata (31,7), tomate (19,4) y banana (15,1).

El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 28, 2022

Ante este panorama, Cristina pidió por nuevas medidas y respaldó la gestión de Massa al frente del Palacio de Hacienda. “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, completó en su hilo de Twitter.

El Índice de Pobreza bajó al 36,5 por ciento al término del primer semestre del año, según lo informó el Indec. La cifra se ubica 4,1 puntos porcentuales por debajo del 40,6 por ciento del primer semestre de 2021. En tanto el índice de indigencia, que mide el porcentaje de personas cuyos ingresos no alcanzan para procurarse el mínimo de alimentación, cerró en el primer semestre de este año en el 8,8 por ciento, un nivel inferior al 10,7 por ciento de igual período del año anterior.

El titular del organismo afirmó que en los próximos días saldrá publicada una resolución general que establece, por única vez, un pago extraordinario a cuenta del impuesto a las ganancias.

“Es un anticipo de pago, no es un nuevo impuesto. Le pedimos a las empresas que sean solidarias en este momento de crisis mundial. Es una colaboración para incrementar las arcas del Estado, que debe recaudar para hacer una mejor redistribución del ingreso”, explicó Castagneto en declaraciones radiales.
El adelanto abarca a empresas cuyo impuesto determinado sea superior a los $300 millones, que adelantarán el 25% de la alícuota y también a los $100 millones, que adelantarán el 15% de la alícuota. El universo de empresas alcanzadas es inferior al 1% del total de las personas jurídicas que presentan las declaraciones juradas del impuesto.
“Trabajamos en conjunto con Economía y Aduana para potenciar los controles y lograr una trazabilidad en las importaciones y exportaciones. Vamos a intensificar las normas para tener un control exhaustivo”, aseguró el flamante titular de la AFIP. En ese sentido, anticipó que se “detectaron operaciones de empresas que prestan servicios a grandes multinacionales y en nuestro país solo abonan la comisión”.
Cabe recordar que la AFIP cuenta con el Sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI) y el Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES), que evalúa el cumplimiento fiscal y la capacidad económica financiera de los contribuyentes que realicen un pago al exterior, entre otras herramientas.
Asimismo, el titular de la AFIP aseguró que pretende un “organismo justo, equitativo y que paguen los que tengan que pagar’. Por eso, estamos trabajando en conjunto con la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social”.
El funcionario anticipó que “desde la AFIP vamos a jerarquizar personal de mucha experiencia y vamos a intensificar las fiscalizaciones, con nuevas matrices de riesgo. En pocos días, terminaremos de georeferenciar los 2300 municipios para tener una mirada integral para buscar a aquellos que no pagan sus impuestos”.
Por último, descartó que la AFIP no participe del cruce de datos realizado para la segmentación tarifaria que impulsa el gobierno, dado que el organismo “maneja información que debe ser tratada con mucho cuidado, ya que debemos proteger el secreto fiscal”.

Los productos alimenticios deberán informar el contenido de azúcares, grasas y calorías, acorde a los tiempos de implementación de la ley de etiquetado frontal.

Los productos alimenticios llevarán una etiqueta con información nutricional respecto al contenido de sustancias que pueden resultar nocivas. Las empresas pequeñas o medianas tienen un plazo mayor de tiempo para incorporar el etiquetado.

Los envases de alimentos y bebidas de grandes cadenas alimenticias aparecerán después del 20 de agosto en los supermercados con etiquetas en las que se advertirá al consumidor sobre el contenido en exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio de acuerdo con la ley 27.642 publicada en el Boletín Oficial en noviembre del año pasado, informó el Ministerio de Salud.

Por su parte, las empresas pequeñas o medianas tienen un plazo mayor de tiempo para incorporar el etiquetado, que se prolonga hasta el 20 de febrero de 2023.

La cartera informó que aprobó un 35% de solicitudes de prórroga en la implementación de estos sellos de advertencia, sobre un total de 2.658 pedidos

En tanto, “del total de registros con autorización sanitaria, solo un 3,13% fueron prorrogados y corresponden en su mayoría a grandes empresas y pymes”.

Los pedidos de prórroga pueden realizarse en los casos que “exista una limitación con motivos justificables en el cumplimiento del cronograma de implementación para la adecuación a la declaración del rotulado frontal”, destacó la cartera.

Los principales rubros que se presentaron son golosinas, mermeladas, jaleas, dulces y confituras (21,62%); panificados y galletitas (15%); embutidos y conservas cárnicas (14,45%); lácteos (11,27%); bebidas analcohólicas (10,63%); frutas y verduras procesadas (7,39%).

También cereales y pastas (6,55%); salsas y aderezos (5,19%); postres y polvos para preparados (2,96%); snacks (2,16%); helados (1,09%); sopas y caldos (1,02%); café y té (0,67%).

El Legislador del Frente de Todos, protagonizó un fuerte cruce con la conductora.

Leandro Santoro cruzó a Viviana Canosa y la dejó muda cuando reveló quienes le pagan el sueldo a Milei, además la conductora de A24 se quedó sin argumentos al intentar chicanear al diputado del FDT por el poder judicial.

“El presidente ese día hablandole así a los miembros de la Corte (Suprema de Justicia)”, le reprochó Viviana Canosa a Leandro Santoro. Ante esto, el diputado nacional no se quedó callado y la cruzó: “Viviana…cúantos jueces de La Corte puso Alberto Fernández”.

El programa de asistencia contó con una inversión de más de 10 mil millones de pesos que desembolsó el Estado nacional.

Así lo afirmó el Ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas, sobre las operaciones mediáticas que intentan instalar una salida masiva de empresas. “Hemos tenido anuncios de inversiones relevantes” contrarrestó.

El Gobierno nacional dispondrá “estímulos adicionales” para la contratación de nuevos trabajadores entre las empresas beneficiarias de los créditos de la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

La resolución de la Inspección General de Justicia alcanza a las sociedades y asociaciones de todo el país.