El diputado nacional del Frente de Todos cargó contra el cerco judicial, mediático y político que busca eliminar a Cristina Kirchner del escenario político. Reivindicó las gestiones de Néstor y Cristina, y denunció el poder acumulado del Grupo Clarín.

En una entrevista con el programa Minuto Uno, Máximo Kirchner volvió a poner en palabras el clima de persecución que atraviesa el movimiento nacional y popular. Con un diagnóstico duro sobre el presente político y económico, apuntó contra el gobierno de Javier Milei, el poder judicial y los medios concentrados. “El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular”, aseguró.

“Néstor se fue de la presidencia con 75% de imagen positiva y Cristina con una plaza llena. Eso no volvió a pasar. Cuando el proceso se inició la casta política como dice el presidente no podía caminar por la calle”, recordó Máximo, contrastando la legitimidad de origen y de salida del kirchnerismo con el descrédito que atraviesa la dirigencia actual.

Más adelante, alertó sobre el efecto disciplinador que busca generar el sistema de poder sobre el peronismo: “Cuando uno ve qué hacen con la figura de Cristina ¿quién va a animarse? Es la imagen de Cristina de ‘la cabeza en la pica’”. En ese sentido, advirtió que “para Cristina quieren la supresión. Ya ni siquiera quieren que compita. Primero intentaron con ficha limpia. Y tienen a estos tres señores que acuden a garantizar los privilegios”, en alusión a los magistrados del Poder Judicial alineados con los intereses del oficialismo.

“El blanco de ellos siempre es el peronismo o todo lo que huela a nacional y popular”, sostuvo el diputado, marcando que el revanchismo no es sólo contra una figura, sino contra un proyecto de país.

Finalmente, cuestionó el poder económico y mediático que se fortaleció mientras la población se empobrecía: “En los últimos 10 años a la gente le fue muy mal y al Grupo Clarín le fue muy bien. Se quedó con todo, ahora sumó Telefónica y reconstruyó EnTel”.

Fuentes cercanas al gobernador indican que, tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, se reabre el debate interno sobre el cronograma electoral bonaerense.

Luego del contundente fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Kirchner, el gobierno bonaerense estaría evaluando ciertos aspectos de la coyuntura política actual. Entre otros, el tan discutido desdoblamiento de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires que generó una fuerte interna dentro del peronismo.

Así lo confirmó este miércoles Carlos Bianco, ministro de Gobierno y uno de los funcionarios más cercanos a Axel Kicillof, quien señaló: “En tanto sea una facultad que puede ejercer, no descarto que (Kicillof) dé vuelta atrás con el desdoblamiento“. La coyuntura política, marcada por la inhabilitación de la expresidenta, ha reconfigurado el tablero electoral.

“Nuestra fuerza política está teniendo un debate necesario que se acelera en el marco del proceso electoral. Lo que pasó ayer (el fallo de la Corte) viene a modificar el escenario general“, analizó Bianco en una entrevista radial. La sentencia judicial, que dejó a Cristina Kirchner fuera de la contienda bonaerense de septiembre, impone una nueva dinámica a la estrategia política del peronismo.

El funcionario provincial enfatizó que la potestad sobre el desdoblamiento “es una facultad que tiene el Gobernador”. Si bien reconoció que “el proceso electoral está lanzado y la Junta Electoral tiene un cronograma en vigencia”, subrayó que estas son “decisiones políticas que va a tener que tomar él“.

Respecto a la posibilidad de revertir el desdoblamiento, Bianco fue cauteloso pero dejó la puerta abierta: “En tanto sea una facultad que puede ejercer, no lo descarto. Pero a mí (Kicillof) no me hizo ninguna referencia. No está ni en su cabeza ni en la mía pensar ahora en las elecciones“.

Finalmente, el Ministro concluyó: “Se había establecido una mesa de diálogo para discutir no solo una lista, sino una estrategia política general y una táctica electoral particular, pero ahora se vino esta situación encima. De nuestro lado, la decisión va a ser del Gobernador sobre qué hacer con este marco, que es completamente nuevo. Lo importante hoy es seguir trabajando y solidarizándose“.

“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, denunció el gobernador, que lo vinculó con la decisión de Estados Unidos de prohibirle el ingreso.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó una grave acusación contra la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), al señalar que la entidad empresarial norteamericana presionó para que la Justicia dictara la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

“Creo que AmCham pidió directamente la condena”, afirmó Kicillof en declaraciones a Radio El Destape, vinculando esta supuesta presión con la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de revocarle la visa a la ex mandataria. “Parecía que era algo sin conexión directa, pero esta condena no puede no leerse dentro de esa otra decisión. Obviamente tiene una magnitud internacional”, advirtió.

Kicillof no dudó en calificar el fallo de la Corte como un “desastre”, y subrayó que la causa judicial estuvo “absolutamente toqueteada y preparada para condenarla sin pruebas y por fuera del derecho”. Para el mandatario provincial, la sentencia no sólo carece de sustento jurídico, sino que tiene un claro carácter político y geopolítico: “El fallo tiene vínculos tremendamente significativos en el terreno de la política y la geopolítica”.

En ese sentido, denunció que la condena busca disciplinar a la dirigencia política y silenciar voces opositoras. “La condenan a Cristina por algo absolutamente inexplicable. No se encontraron subejecuciones ni desvíos de fondos. Ni siquiera hay un hecho comprobable, una afirmación concreta”, aseguró.

“Desde el punto de vista de la democracia, esto es gravísimo. Si no les gusta lo que hace determinado funcionario, aunque haya sido dos veces presidenta, te cae una condena sin pruebas”, cuestionó el gobernador, y señaló que la ofensiva judicial y política se inscribe en un contexto más amplio: “Hoy la derecha, la ultraderecha, se ha convertido en una especie de club trasnacional del que Milei forma parte”.

Kicillof concluyó con un mensaje desafiante: “El mensaje es que no les tenemos miedo. Vamos a seguir trabajando. Buscaremos la forma, los caminos. Y desde la dirigencia ahora se redoblan los esfuerzos. Nadie va a aflojar ni va a tomar amenazas, por más tremendas que sean”.

La manifestación de los miércoles podría convertirse en un nuevo epicentro del descontento popular, con una convocatoria ampliada tras el fallo de la Corte Suprema contra la expresidenta.

La movilización habitual de los jubilados frente al Congreso de la Nación, que se realiza cada miércoles, podría adquirir este 11 de junio un carácter excepcional. Luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a Cristina Kirchner, organizaciones sociales, sindicales y políticas anticipan una jornada de protesta masiva, en defensa no solo de los derechos previsionales y el hospital Garrahan, sino también de la expresidenta.

La convocatoria, que comenzó como un reclamo encabezado por jubilados autoconvocados, se amplió en las últimas semanas ante la crisis económica, el recorte de medicamentos del PAMI, la eliminación de la moratoria previsional, el veto presidencial a la suba de haberes y el conflicto salarial con médicos residentes del hospital pediátrico Garrahan. En ese contexto, la decisión judicial conocida este martes operó como catalizador y podría convertir la marcha de este miércoles en un nuevo punto de inflexión político.

Por su parte, la Cámara de Diputados envió este martes al Senado los proyectos aprobados sobre el aumento a los jubilados y el bono que perciben los adultos que cobran el haber mínimo, la extensión de la moratoria por dos años y la declaración de la emergencia en discapacidad, con el fin de actualizar las prestaciones. Los proyectos son rechazados por el Gobierno nacional, que sostiene que tienen un impacto de 12 mil millones dólares y que, por ese motivo, vetará las propuestas.

Presencia multisectorial y clima de tensión

Se espera la participación de gremios, organismos de derechos humanos, docentes universitarios, colectivos de discapacidad, movimientos feministas y agrupaciones como el Movimiento Evita, la UTEP y la CTA. También podrían sumarse dirigentes políticos del oficialismo y sectores del peronismo que ya manifestaron su rechazo al fallo judicial. La consigna predominante será el rechazo al ajuste económico, la defensa de la democracia y la denuncia de lo que consideran una proscripción política.

Desde las organizaciones convocantes se prevé concentrar desde las 15 en la Plaza de los Dos Congresos, con columnas sobre avenida Rivadavia, Callao y Entre Ríos. La jornada se desarrollará bajo un fuerte operativo de seguridad y con vallados reforzados, como ya ocurrió en movilizaciones anteriores. La tensión podría escalar si se repite la represión de semanas pasadas. El protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad derivó en detenciones, uso de gas pimienta y heridos entre los manifestantes.

Contexto político: del fallo a la calle

El fallo de la Corte Suprema, que rechazó los recursos presentados por la defensa de CFK y dejó firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, alteró el clima político en todo el país. Las expresiones de apoyo a la exmandataria se multiplicaron durante el martes, con marchas en el AMBA, actos en Rosario, protestas en Chaco y vigilias frente a su domicilio en Constitución.

En ese marco, la marcha de los jubilados aparece como el primer espacio de protesta con proyección nacional tras el fallo. Referentes como Axel Kicillof, Carlos Heller, Oscar Parrilli y Sergio Palazzo ya habían anticipado la necesidad de una reacción colectiva. Desde sectores kirchneristas señalan que “el pueblo va a salir a la calle”.

Un símbolo del malestar social

Más allá del impacto político del fallo, la marcha del miércoles también pone en evidencia el delicado contexto social que atraviesa el país. Los jubilados denuncian el deterioro del poder adquisitivo, la caída de los haberes mínimos, el aumento en medicamentos y alimentos, y el vaciamiento progresivo del sistema previsional.

La decisión de Javier Milei de vetar la ley que garantizaba un aumento de emergencia para jubilaciones —aprobada por amplia mayoría en el Congreso— fue duramente criticada. Desde el Ejecutivo justificaron la medida como una forma de evitar “el populismo fiscal”, pero desde la oposición lo consideran un acto de insensibilidad social.

Entre las consignas anticipadas, se destaca la exigencia de “una justicia al servicio de la democracia y no de los poderes corporativos”. También se espera una declaración conjunta por parte de la multisectorial, que incluiría una crítica a la Corte Suprema, al gobierno nacional y una defensa explícita de Kirchner como símbolo de resistencia política. Desde organismos de derechos humanos advirtieron sobre la necesidad de garantizar el derecho a la protesta.

Tras nuevas movilizaciones contra las redadas contra los inmigrantes en esa ciudad estadounidense, la alcaldesa Karen Bass decretó el toque de queda en el centro de la ciudad. La medida generó rechazo de organizaciones civiles que lo calificaron como un intento de silenciar el reclamo popular frente al avance represivo del gobierno federal.

En medio de un creciente clima de tensión social, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impuso este miércoles un toque de queda en el centro de la ciudad, argumentando la necesidad de “restaurar el orden” tras las manifestaciones masivas en rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La medida, que rige entre las 20:00 y las 06:00 horas, abarca una amplia zona del distrito central y fue recibida con duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian una escalada represiva sin precedentes

Las movilizaciones comenzaron hace cinco días, luego de que ICE intensificara su accionar en comunidades latinas, con operativos denunciados como violentos y sin control judicial efectivo. La respuesta fue inmediata: marchas multitudinarias, ocupaciones pacíficas y bloqueos de rutas, como el registrado en la autopista 101. En lugar de abrir canales de diálogo, la alcaldía optó por cerrar calles y restringir libertades.

“El mensaje es claro: cuando el pueblo se organiza, el poder responde con represión”, sostuvo en conferencia de prensa Luz Martínez, vocera de la Red de Comunidades Inmigrantes del Sur de California. “Este toque de queda es una cortina de humo para no hablar de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo a diario”, agregó.

Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) aseguró que la medida excluye a residentes, personal médico, periodistas y personas en situación de calle, en los hechos ya se registraron detenciones de manifestantes y denuncias por uso excesivo de la fuerza, según constató la ONG JusticeLA.

El trasfondo político y social no es menor: la administración federal endureció su política migratoria con detenciones masivas en barrios populares, muchas veces sin respetar el debido proceso. En ciudades como Los Ángeles, con fuerte presencia de comunidades migrantes, el impacto es inmediato y profundo.

La respuesta de la población –particularmente de jóvenes, estudiantes y trabajadores organizados– ha sido sostenida y contundente. “Están tratando de instalar miedo, pero lo único que logran es alimentar nuestra determinación”, señaló Esteban Torres, uno de los voceros de la protesta frente al Ayuntamiento.

Referentes sociales advierten que el toque de queda podría extenderse si persisten las movilizaciones. Mientras tanto, crece la presión sobre la alcaldesa para que levante la medida y dialogue con los sectores movilizados, en lugar de criminalizar el conflicto social.

Los Ángeles vuelve a ser escenario de una puja histórica: represión estatal versus organización popular. Y esta vez, la comunidad migrante está decidida a no retroceder.

Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés, que simpatiza con las políticas de Javier Milei, realizada entre el 21 y el 29 de mayo de 2025, indica que Cristina Fernández de Kirchner es vista por el 35% de los consultados como la principal líder de la oposición al gobierno de Javier Milei. Le siguen Axel Kicillof con un 14% y Mauricio Macri con apenas un 3%. Un 27% considera que actualmente no hay una figura opositora clara.

La encuesta se conoce al mismo tiempo que la Corte Suprema de justicia decidió que CFK no pueda ser candidata en provincia de Buenos Aires, al confirmar una causa irregular en su contra por la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Otro dato clave del relevamiento es que el 50% de los votantes se inclina por un modelo de Estado más grande que ofrezca servicios públicos, en contraposición al modelo de Estado mínimo que impulsa el presidente Milei. Sobre ese Estado más grande es que quieren avanzar las elites argentinas y para eso era necesario sacar de la cancha a la principal dirigente opositora. La Corte les dio el gusto.

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) expresó “su profunda preocupación ante las implicaciones del fallo de la Corte Suprema de la Nación que deja firme la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad”.

La entidad lamentó que el dictamen “se haya emitido bajo fuertes presiones políticas y mediáticas, a una semana de conocerse la postulación a legisladora de la Provincia de Buenos Aires por parte de la principal figura de la oposición y presidenta del Partido Justicialista”. El poder judicial decidió eliminar a la principal candidata de la oposición.

“No puede ignorarse que el proceso contra la dos veces presidenta estuvo plagado de fuertes y fundadas sospechas de lawfare, agravadas ante los nulos avances en la investigación sobre el atentado que ella misma sufrió en 2022. Al mismo tiempo, quedaron sin efecto causas que afectan a representantes de los sectores políticos y económicos que hoy festejan el fallo junto con el actual Presidente”, insistieron los empresarios.

El destacado jurista no dudó en calificar la resolución como “una detestable farsa jurídica” y aseguró que se trata de un caso claro de lawfare, con graves consecuencias institucionales.

El reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat lanzó duras críticas contra la Corte Suprema tras el fallo que dejó firme la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En declaraciones a Canal E, Barcesat calificó la resolución como “una detestable farsa jurídica” y advirtió que se trata de un claro ejemplo de lawfare con profundas implicancias para la institucionalidad democrática del país.

“Estoy enfadado, indignado, asqueado”, comenzó diciendo Barcesat, y sostuvo que el máximo tribunal no abordó el fondo del caso, sino que se limitó a rechazar el recurso presentado utilizando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Según el jurista, esta maniobra constituye “una arbitrariedad absoluta”, ya que no contiene el análisis constitucional mínimo que se exige para ejercer jurisdicción.

“El fallo fue emitido sin conocimiento real de la causa. Decidieron a ciegas y malversaron su competencia”, sentenció Barcesat, cuestionando además la imparcialidad de los jueces supremos. Afirmó que los magistrados actuaron en violación de los tratados internacionales ratificados por Argentina, lo que agrava aún más la irregularidad del procedimiento.

El abogado también alertó sobre el daño institucional que provoca esta decisión judicial. “Tenemos una justicia que proscribe por razones políticas y no jurídicas, lo que hiere gravemente el principio de soberanía popular”, advirtió. Según Barcesat, el fallo representa una amenaza directa al derecho del pueblo de elegir libremente a sus representantes.

Consultado sobre el contenido técnico del documento, no ahorró críticas: “Es una paginita de mierda que no lleva más de 15 minutos de tipeo. Carece de toda racionalidad jurídica”. Consideró que si esa resolución hubiera sido firmada por un juez de primera instancia, habría sido anulada por cualquier tribunal superior. Y fue categórico al señalar que el momento en que se emitió el fallo —pocos días después del anuncio de Cristina Kirchner sobre su posible candidatura— no fue producto de eficiencia, sino de “cretinismo”.

Acciones internacionales y advertencia constitucional

Barcesat anunció que este caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de la ONU, mientras que el abogado Gregorio Dalbón ya inició una presentación ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Él mismo aseguró que acompañará todas las acciones judiciales disponibles para revertir lo que considera una gravísima violación institucional.

Incluso, expresó su disposición a asistir legalmente a los ciudadanos del partido de La Matanza si deciden presentar un amparo por la afectación de sus derechos políticos.

Finalmente, Barcesat fue contundente: “Estamos atravesando una situación de excepcionalidad institucional”, afirmó, y recordó que el artículo 36 de la Constitución Nacional reconoce el derecho del pueblo argentino a resistir los actos de violencia institucional.

Estudiantes, organizaciones políticas y dirigentes de izquierda llamaron a un plan de lucha y movilización en defensa de la democracia.

La confirmación unánime del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia provocó una reacción inmediata en el ámbito universitario: las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron tomar sus edificios en respaldo a la expresidenta y en rechazo a lo que consideran “un golpe judicial contra la democracia”.

El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la condena por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución llegó tan solo días después de que Kirchner anunciara su candidatura a diputada provincial, lo que para amplios sectores del arco político representa un acto de proscripción.

El centro de estudiantes de Sociales de la UBA lo expresó en un mensaje contundente: “EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. ESTUDIANTES CON CRISTINA. FACULTAD TOMADA”. En tanto, en Filosofía y Letras también se aprobó la medida en asamblea, y se espera que otras facultades de la UBA y universidades del conurbano se sumen en las próximas horas.

Dirigentes del Frente de Izquierda, entre ellos Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian “Chipi” Castillo, se acercaron a la sede del Partido Justicialista (PJ) y, según trascendió, luego mantuvieron una reunión con la expresidenta en su domicilio. A la salida, llamaron a movilizarse en universidades, sindicatos y acompañar la marcha de jubilados del miércoles.

La jornada había comenzado con vigilia en el barrio de Recoleta, donde cientos de personas se congregaron en las inmediaciones del domicilio de la exmandataria. Allí, el padre Paco encabezó una oración colectiva con una frase que resumió el clima del día: “No proscribirán nuestra esperanza”.

El fallo de la Corte, considerado por amplios sectores como parte de una estrategia de disciplinamiento político, abre un nuevo capítulo de conflictividad social y política. Para muchos, el mensaje es claro: el poder judicial, en alianza con el gobierno de Javier Milei, acaba de avanzar sobre la voluntad popular. La respuesta comenzó en las universidades. Y promete escalar.

Mientras el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich mantiene su estética cinematográfica y despliegue propagandístico, las calles de Rosario mantienen un clima el terror.

El arranque de la semana fue una prueba irrefutable de que la violencia jamás se fue: dos homicidios en menos de diez horas y una nueva balacera con sello mafioso reactivaron el clima de terror en la ciudad.

Doble crimen en menos de un día

El lunes fue brutal. A las 13:30, Samuel Maldonado, un joven de 23 años, fue asesinado a balazos en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de Sorrento y Camino a Puente Negro. El 911 recibió el alerta y personal policial encontró a la víctima aún con vida, pero en estado crítico. Murió horas después en el hospital de Granadero Baigorria. Hasta ahora, no hay detenidos ni precisiones oficiales sobre la mecánica del crimen.

Horas más tarde, alrededor de las 21, un segundo homicidio sacudió la zona oeste. Frente a un club con decenas de personas participando en actividades deportivas, un joven fue ejecutado a tiros. Testigos afirman haber escuchado al menos diez detonaciones. La víctima sería hijo de una vecina del barrio que atiende un kiosco. La escena fue asegurada por un fuerte operativo policial conjunto, pero, nuevamente, sin resultados ni respuestas.

Con estas dos muertes, el Departamento Rosario acumula ya 66 homicidios en lo que va del año. Un número que desmiente cualquier intento oficial por instalar una narrativa de control.

Como si fuera poco, en la madrugada del martes (10/06), una mujer de 35 años fue baleada dentro de su vivienda en la zona oeste. Recibió impactos en el tórax y permanece internada con pronóstico reservado. El ataque fue perpetrado por dos hombres en moto que, además de disparar contra la casa, dejaron una nota mafiosa. La policía secuestró seis vainas servidas calibre 9mm y constató daños en un portón, una ventana y una pared.

El Plan Bandera, entre el discurso y la realidad

Desde su lanzamiento en diciembre de 2023 por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Bullrich, el “Plan Bandera” se presentó como la respuesta integral al crimen organizado. Lo que vino después fue una seguidilla de amenazas contra funcionarios, una escalada de violencia sin freno, y un pico de terror en marzo de 2024 con asesinatos de varias personas inocentes.

Si bien en los meses siguientes hubo una relativa “calma”, el descenso parcial de homicidios fue rápidamente capitalizado por las autoridades para sostener el relato de éxito. Pero la calle sigue contando otra historia: puestos de venta de droga, ajustes de cuentas y barrios sitiados por el miedo.

Ya en 2025, a más de un año de su implementación, el Plan Bandera muestra sus límites. Rosario vuelve a estar sitiada por el crimen, mientras el operativo —más cerca del espectáculo que de una política efectiva— sigue en pie. El marketing puede maquillar discursos, pero no tapa la sangre que sigue corriendo en las calles.