Adrián Núñez, maximo referente libertario en Misiones, fue denunciado por un grupo de funcionarios del PAMI y ANSeS por exigir un diezmo sobre sus sueldos como contribución partidaria.

Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Misiones, fue acusado por 22 funcionarios públicos de haberles exigido el pago del 10% de sus sueldos mensuales. Los denunciantes, todos afiliados y referentes de LLA con cargos en oficinas locales del ANSeS y el PAMI, afirman que se les impuso esta contribución bajo amenaza de perder su puesto o ser desplazados.

Según la denuncia, Núñez habría ordenado la retención a través de Mario Pérez Miranda, señalado como su secretario y hombre de confianza. Este habría actuado como intermediario para recaudar el dinero en una cuenta particular, según consta en una carta firmada por los propios damnificados y enviada directamente a Núñez.

En el escrito, los firmantes expresan su rechazo a esta práctica y señalan que va en contra de los principios de transparencia y meritocracia que promueve el espacio político del presidente Javier Milei. Exigen el reintegro de los fondos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025, y advierten que, de no resolverse la situación, iniciarán acciones legales.

Entre los firmantes figuran nombres clave del armado libertario en Misiones, como Guillermo Orsat (ex presidente del Partido Libertario y actual jefe de la UDAI ANSeS en Oberá), Daiana Dos Santos (UDAI San Vicente), y otros referentes de localidades como Posadas, El Soberbio, Puerto Rico, Candelaria, San Pedro, y Colonia Wanda.

La denuncia pone en aprietos a Núñez, quien asumió al frente de LLA en Misiones en diciembre pasado con el respaldo de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del armado nacional libertario. En medio del escándalo, Pérez Miranda anunció su alejamiento del partido para “no perjudicar el proyecto”, aunque negó las acusaciones y aseguró que seguirá apoyando a Milei desde otro lugar.

Este caso no sería el primero en la provincia que involucra a la administración libertaria: meses atrás ya habían surgido rumores sobre prácticas similares de recaudación dentro de la estructura del PAMI misionero. El nuevo episodio vuelve a generar tensión interna y pone en entredicho la conducción local del partido fundado por Karina Milei.

Es por su presunta participación en la venta anticipada de casi 400 millones de dólares a valor oficial por parte del BCRA, realizada horas antes del anuncio oficial sobre el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación del dólar.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue señalada este miércoles en una ampliación de denuncia penal por su presunta participación en la venta anticipada de casi 400 millones de dólares a valor oficial por parte del Banco Central, realizada horas antes del anuncio oficial sobre el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación del dólar.

La presentación fue realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien ya había denunciado al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular del Banco Central Santiago Bausili. En esta nueva instancia, solicitó a la Justicia incluir también a Karina Milei, al considerar que estaba al tanto de la operación que permitió vender divisas a un valor significativamente inferior al que tendría el dólar apenas minutos después.

Según Martínez Herrero, la implicación directa de la funcionaria quedó expuesta en declaraciones del propio Presidente durante una entrevista con Alejandro Fantino en el programa de streaming Neura, donde afirmó que “los que sabíamos que salíamos del cepo éramos Toto, Kari y yo”. El abogado sostuvo que este reconocimiento explicita que Karina Milei contaba con información privilegiada sobre un inminente cambio de política económica, lo que agrava la sospecha sobre un posible uso indebido de esa información para beneficiar a terceros.

La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N.º 4 a cargo de Ariel Lijo y con intervención de la fiscal Alejandra Mángano, también incluye a nueve miembros del directorio del BCRA, quienes habrían participado o convalidado la maniobra bajo sospecha.

Qué se investiga

El foco de la denuncia está puesto en la operación del viernes pasado, cuando el BCRA vendió u$s398 millones a un tipo de cambio de $1.097,50, pese a que el gobierno tenía previsto anunciar esa misma tarde el fin del cepo cambiario y una nueva cotización flotante que se ubicaría entre $1.000 y $1.400. Para el denunciante, esa maniobra generó un perjuicio directo a las reservas del Estado y benefició a quienes accedieron a divisas a precio oficial justo antes de la suba.

“¿Por qué vendieron los dólares a un precio tan bajo, sabiendo que el lunes siguiente el cepo se levantaría? ¿Quiénes fueron los compradores? ¿Por qué no se anunció primero la medida para proteger las reservas del Banco Central?”, se pregunta Martínez Herrero en el escrito.

Según el abogado, la secuencia de hechos constituye una presunta defraudación a la administración pública, con un claro daño patrimonial al Estado y posible beneficio a particulares mediante el uso anticipado de decisiones económicas confidenciales.

La Justicia citó a Martínez Herrero para ratificar la denuncia el próximo 24 de abril.

Argentina ha alcanzado un nuevo y preocupante récord en su endeudamiento: la deuda externa total se elevó a 473.557 millones de dólares, según informó la Secretaría de Finanzas.

Argentina ha alcanzado un nuevo y preocupante récord en su endeudamiento: la deuda externa total se elevó a 473.557 millones de dólares, según informó la Secretaría de Finanzas. El salto de 2.407 millones de dólares en el stock de deuda del Tesoro se da en un contexto de creciente fragilidad financiera, agravada por la fuerte caída de reservas del Banco Central y la renovada dependencia de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El incremento de la deuda en moneda extranjera en situación de pago normal fue de 493 millones de dólares, mientras que en pesos —convertidos a dólares— creció en 1.878 millones. La administración de Javier Milei reconoció públicamente que la urgencia por el desembolso de 12.000 millones de dólares por parte del FMI se debe, precisamente, al debilitamiento crítico de las reservas del Banco Central, que en marzo retrocedieron 3.131 millones de dólares.

Este nuevo giro del Fondo llega en un momento donde el país enfrenta pagos exigentes: solo el mes pasado, el Tesoro debió cancelar 11.757 millones de dólares en capital y 349 millones en intereses. En los últimos 12 meses, la deuda bruta en situación de pago normal creció en 70.494 millones de dólares, una cifra que pone en jaque la sostenibilidad financiera del país.

El informe oficial también detalla que la deuda con organismos internacionales asciende a 75.980 millones de dólares, de los cuales 41.323 millones corresponden al FMI. A esto se suma una pesada carga de intereses: más de 12.600 millones ya pagados solo al Fondo. Por otro lado, la deuda con el Banco Central por Letras Intransferibles ya suma 69.369 millones de dólares.

Este escenario revela una dinámica peligrosa de sobreendeudamiento, que profundiza la dependencia externa y reduce los márgenes de maniobra económica. El endeudamiento récord no solo compromete a las actuales generaciones, sino que hipoteca el futuro del país. La creciente deuda externa argentina se ha convertido en un factor estructural de inestabilidad, y su escalada ya es, sin dudas, insostenible.

Tras la devaluación impulsada por el Gobierno luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las empresas alimenticias no perdieron tiempo y mandaron sus listas de precios actualizados en línea con el nuevo valor del dólar.

Tras la devaluación del peso impulsada por el Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI y la reciente adopción de un esquema de flotación administrada del dólar –con una cotización oscilando entre los $1.000 y $1.400–, el escenario comercial se recalienta. La actualización de precios de referencia encendió una fuerte puja entre supermercados y empresas proveedoras, que ya se refleja en los alimentos más sensibles al tipo de cambio.

Las compañías de consumo masivo comenzaron a enviar nuevas listas con aumentos de entre 6% y 12%, presionadas –según argumentan– por el encarecimiento de insumos y materias primas dolarizadas, como el trigo, el girasol y el café. Entre los productos con mayores subas figuran los aceites, harinas, cereales y artículos de limpieza y cuidado personal.

Sin embargo, las principales cadenas de supermercados decidieron rechazar de plano esos incrementos, en lo que describen como una “pulseada” cada vez más intensa con los proveedores. En este contexto, algunos mayoristas aseguran que trasladan sólo parte de las subas a las góndolas, y de forma gradual.

“Recibimos listas con aumentos, sobre todo en commodities. En promedio, hablamos de un 6 a 8%. Pero el traslado total a góndola tarda entre dos y tres semanas”, explicó Armando Farina, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. “Tratamos de promediar para evitar impactos bruscos en los consumidores”, agregó.

Desde el sector supermercadista advierten que no convalidarán remarcaciones que no se ajusten a la realidad del mercado, mientras que las alimenticias aseguran que sólo intentan reflejar parcialmente los mayores costos operativos.

Entre los proveedores que anunciaron nuevas listas figuran la Aceitera General Deheza y Bunge, con aumentos del 9% en aceites; SC Johnson, con subas en productos como Raid y Off; y Softys, que notificó incrementos en marcas como Babysec, Elite e Higienol.

La tensión crece y el conflicto por los precios promete extenderse mientras el dólar siga oscilando en una banda tan amplia. En el corto plazo, esta disputa impactará directamente en los precios finales al consumidor, aunque el traslado no será inmediato. En el fondo, lo que se discute es quién absorbe el costo de la nueva etapa económica.

El exsenador detenido en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, rechazó haber recibido una coima para respaldar la Ley Bases del Gobierno y señalo :” si no votaba la Ley Bases el kirchnerismo iba a hacer caer el gobierno”.

El exsenador Edgardo Kueider, actualmente con prisión domiciliaria tras ser detenido en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, rompió el silencio y lo hizo con una justificación que roza lo increíble: aseguró que votó la Ley Bases para “impedir la caída del gobierno” de Javier Milei. Según él, su detención no se debe al dinero en negro, sino a una supuesta persecución del kirchnerismo por haber sido “el salvador” del oficialismo.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider fue interceptado en un control de rutina en la Triple Frontera. En la camioneta en la que viajaba encontraron 200 mil dólares cuya procedencia no pudo justificar. Desde entonces permanece con arresto domiciliario. Cuatro meses después, en una entrevista radial con Eduardo Feinmann, decidió ofrecer su versión de los hechos.

“No tenía plata negra, no hay plata ilícita en esto”, afirmó Kueider, en lo que fue apenas el inicio de una serie de declaraciones sorprendentes. Para él, su votación a favor de la Ley Bases no respondió a ningún interés económico ni mucho menos a una coima, como se ha insinuado, sino a una firme convicción política: “El kirchnerismo iba a hacer caer al gobierno. Yo lo impedí con mi voto”.

La afirmación resulta insólita no solo por el contexto judicial en el que se encuentra, sino porque intenta posicionarse como un héroe democrático mientras enfrenta cargos por un presunto delito financiero. “Ya estoy condenado, el kirchnerismo no me perdona”, insistió, victimizándose.

Al ser consultado por un video en el que se lo vinculaba con el manejo de dinero no declarado durante la gestión de Gustavo Bordet, también desestimó cualquier irregularidad: “No era plata negra”, repitió sin aportar pruebas.

Kueider también se defendió de las acusaciones de traición tras haberse alejado del kirchnerismo y conformado un bloque propio en el Senado. Aseguró que nunca fue verdaderamente kirchnerista en Entre Ríos y que sus decisiones siempre buscaron beneficiar a su provincia.

Con un relato en el que mezcla conspiraciones, victimismo y grandilocuencia, el exsenador intenta reconstruir su figura pública mientras la justicia investiga el origen de los 200 mil dólares no declarados. Lo que sigue siendo un hecho es que fue detenido con ese dinero en circunstancias dudosas y que, lejos de explicar su procedencia, eligió justificarse con una narrativa digna de una novela política.

El malestar del sector agropecuario contra el Gobierno de Javier Milei escaló a niveles explosivos tras la advertencia presidencial de que “en junio vuelven las retenciones” si no hay liquidación de divisas.

La tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario volvió a escalar al máximo tras la advertencia del presidente Javier Milei de que podrían volver las retenciones a partir de junio si no se acelera la liquidación de divisas. Las declaraciones encendieron una fuerte reacción en el campo, con críticas sin filtro y acusaciones graves contra la gestión libertaria.

Uno de los más duros fue Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, quien apuntó directamente contra el presidente y su equipo económico:
“Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Dicen una cosa y hacen otra. Nos toman por idiotas. Amenazan con subir retenciones cuando prometieron bajarlas. ¿Dónde quedó la palabra empeñada? ¿Dónde quedó la libertad que tanto declaman?”, cuestionó con indignación en declaraciones a Radio Splendid.

Buzzi no se detuvo ahí y acusó al Gobierno de estar aplicando una política de chantaje económico:
“Esto no es otra cosa que una extorsión. Lo que están haciendo ahora es una fantochada para no llegar fundidos a las elecciones. Necesitan juntar 400 millones de dólares y pretenden que lo pongamos nosotros, los productores, una vez más. Nos aprietan porque no tienen otro plan más que meter miedo y apretar al que trabaja”, y agregó: “Cedieron de manera vergonzante a todos los condicionamientos del FMI”.

El ex dirigente también critico a la Sociedad Rural

“Nos hablaron de bajar impuestos, de premiar al que produce, de sacar el Estado de encima. Todo mentira. Apenas se ven apretados, vuelven con la misma receta de siempre: ajustar al campo. Es el mismo esquema que antes, pero con más cinismo”, afirmó.

Buzzi apuntó también contra la conducción de la Sociedad Rural y su presidente, Nicolás Pino, al que acusó de estar alineado con el Gobierno en lugar de defender a los productores:
“Pino no representa al campo, es más vocero de Milei que presidente de una entidad gremial. Se calla mientras nos vacían. El Gobierno no tiene idea del interior, no conoce la realidad del pequeño y mediano productor. No le importa la producción, le importa la timba financiera”, denunció.

La bronca en el campo es generalizada. Muchos productores sienten que están pagando el costo de un modelo que no los contempla.

“Cada vez somos menos. La mayoría está fundida o al borde. Nos dicen que nos abracemos al mercado, pero lo único que crece es la presión fiscal y el desprecio por el que produce”, se quejó Buzzi.

Mientras tanto, desde el Gobierno intentan bajar el tono de la advertencia, pero el daño ya está hecho. Las amenazas de nuevas retenciones cayeron como un baldazo de agua fría y reavivaron un conflicto que parecía latente, pero nunca se había ido del todo.

De esta forma, en dos meses las retenciones subirán hasta 7 puntos porcentuales. Para la soja irán de 26% a 33%; derivados de soja pasará de 24,5% a 31%; en el caso del trigo se elevarán de 9,5% a 12%; la cebada, el sorgo y el maíz treparán de 9,5% a 12%, y el girasol irá de 5,5% a 7% a 5,5%. La baja se había anunciado de forma provisoria en enero de este año.

Por su parte el presidente de la SRA Nicolas Pino, salió a aclarar que los productores no son quienes “liquidan”, sino que esa responsabilidad recae en los exportadores y acopiadores, buscando asi proteger la imagen del sector primario frente a un posible enojo presidencial o una opinión pública confundida y evitar una escalada en la confrontación con el ejecutivo. También deja entrever que el mensaje de Milei podría haber sido mal dirigido o mal formulado, lo cual es relevante políticamente, porque marca una diferencia entre intención y ejecución en la comunicación oficial.

Además, al decir que “hay que ver la película completa”, Pino parece mostrarse comprensivo o al menos prudente frente al contexto más amplio, quizá considerando la relación entre el campo y el gobierno libertario, que hasta ahora ha buscado posicionarse en lo retorico como aliado del sector productivo con la expectativa por parte de la SRA de que quiten definitivamente las retenciones al sector en algún momento.

El empleo asalariado registrado volvió a retroceder en enero de 2025, profundizando una tendencia preocupante que ya acumula la pérdida de 236.700 puestos de trabajo.

Se trata de una de las caídas más significativas del empleo formal en los últimos años, lo que pone en jaque la estabilidad laboral de cientos de miles de argentinos.

La leve mejora registrada en diciembre no logró sostenerse y el mercado laboral formal —que incluye al sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares— se contrajo nuevamente, según informó la Secretaría de Trabajo. En el primer mes del año, el total de trabajadores asalariados fue de 10,1 millones, con una pérdida de 8.600 empleos en solo un mes.

El deterioro se ha acelerado desde la asunción de Javier Milei. Comparado con noviembre de 2023, el empleo asalariado ya cayó en 194.500 puestos, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta baja representa un golpe directo a los sectores con mayor protección laboral, acceso a jubilación y derechos laborales básicos.

Mientras tanto, el aumento de más de 42.000 nuevos monotributistas en el mismo período evidencia un proceso de precarización del trabajo, donde se reemplazan empleos formales por formas más inestables de ocupación.

Informalidad en aumento

A esta dinámica se suma el crecimiento del trabajo informal. Un nuevo informe del INDEC, elaborado con una metodología actualizada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló que la informalidad alcanzó al 42% de la población ocupada en el último trimestre de 2024, por encima del 41,4% del año anterior.

Entre los trabajadores asalariados, la informalidad ya alcanza al 36,1%, y entre los cuentapropistas llega a un preocupante 62,4%. Las actividades más afectadas por la informalidad son el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%), hoteles y restaurantes (63,2%) y el comercio (51,2%).

Sueldos que no alcanzan

En cuanto a los salarios, los datos del SIPA muestran que el ingreso real del sector privado creció un 1,8% en enero, lo que representa un leve respiro. Sin embargo, todavía se encuentra un 8,3% por debajo del pico de 2017, a pesar de ubicarse un 5,8% por encima del nivel pre-Milei.

Por otro lado, el INDEC reportó una suba real de apenas 0,1% en los sueldos privados registrados, mientras que estimaciones privadas como las de la consultora C-P advierten un estancamiento en los ingresos reales durante el primer bimestre del año, debido a una inflación que no logra perforar el 2% mensual y que tiende a incrementarse, sumado a las paritarias con incrementos muy por debajo del alza de precios.

Un futuro incierto

Con una inflación del 3,7% en marzo y una reciente devaluación del dólar oficial que promete trasladarse a los precios, el panorama para los trabajadores luce sombrío. Si el Gobierno no impulsa recomposiciones salariales acordes a la nueva realidad económica, el poder adquisitivo seguirá deteriorándose de cara a las elecciones legislativas, en un contexto de fuerte pérdida del empleo formal y crecimiento de la precarización.

El presidente insultó a los empresarios que buscan una remarcación de precios que acompañe a la reciente devaluación.

En una nueva intervención pública cargada de exabruptos, el presidente Javier Milei lanzó una dura advertencia a los empresarios que consideren trasladar la reciente devaluación al precio de sus productos. “Se van a meter los productos en el orto”, sentenció el mandatario durante una entrevista con Alejandro Fantino en el canal digital Neura Media.

El principio de imputación de precios de Carl Menger por Javier Milei. pic.twitter.com/p1OXB5y7e2

— Rufus (@PeriodistaRufus) April 15, 2025

Contradicciones discursivas

El mensaje no pasó desapercibido, ya que evidencia una marcada contradicción con uno de los pilares del pensamiento libertario que el propio Milei suele reivindicar: la defensa de un mercado autorregulado donde los precios se fijan libremente por la interacción entre oferta y demanda, sin intervención del Estado.

De hecho en un discurso realizado hace pocos meses el presidente sostenía que “el aumento de los precios no era culpa de los empresarios si no de la perdida de poder adquisitivo”.

Durante la charla, Milei explicó el nuevo esquema monetario con tipo de cambio flotante dentro de bandas móviles, pero al ser consultado por un posible aumento de precios ante la suba del dólar —que ese día había trepado un 12%—, no dudó en atacar a los empresarios: “Si algún hijo de puta te empieza a subir precios con el dólar… después no te lo bajan más”, comento Fantino, a lo que Milei respondio que “aprenderán del principio de imputación de Menger a la fuerza”.

Este principio, según explicó Milei, sostiene que “los precios determinan los costos y no los costos los precios”, una interpretación que le sirvió para justificar su amenaza a quienes ajusten valores en función del tipo de cambio. Sin embargo, la forma en que lo plantea choca de lleno con su defensa de la libertad absoluta del mercado, ya que apunta a condicionar —mediante presión política y discursiva— las decisiones de precios del sector privado.

La estrategia de Milei de “comunicar sin filtros” sigue generando polémica, sobre todo cuando sus mensajes contradicen los fundamentos teóricos que dice defender. En su afán por imponer un nuevo orden económico, el presidente parece dispuesto a intervenir —aunque sea desde el discurso— en uno de los aspectos más sensibles del sistema que reivindica: la formación libre de precios.

El FMI le ordeno al Gobierno que más de 2 millones de monotributistas tendrán que ser incorporados al Régimen General por lo que deberán pagar una carga impositiva extra

En contra de la promesa oficial de reducir la presión tributaria, el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva medida que impactará de lleno en más de 2 millones de trabajadores monotributistas: deberán ser incorporados al régimen general, lo que implica un aumento significativo de impuestos y una carga administrativa mucho mayor.

La decisión forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo ante el FMI, según detalla el documento que contiene la “letra chica” del acuerdo firmado por la gestión de Javier Milei. En ese informe, el organismo plantea como urgente la incorporación de los monotributistas al régimen general bajo el argumento de “armonizar el sistema tributario” y “mejorar la transición hacia esquemas más sostenibles”.

Sin embargo, lejos de representar una mejora, la medida desató una ola de críticas en redes sociales. Para muchos trabajadores independientes, esto no es más que una reforma laboral encubierta, que lejos de simplificar, recae sobre los sectores más vulnerables del entramado económico.

EL FMI QUIERE TERMINAR CON LOS MONOTRIBUTISTAS

Exige, textualmente, "armonizar la tasa de Monotributo y facilitar la transición de los pequeños contribuyentes al sistema tributario general". Es lo que aceptó @JMilei pic.twitter.com/avavKxHOpJ

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 12, 2025

El FMI, por su parte, insiste en que el sistema actual necesita una “reforma fundamental” y propone reemplazar impuestos “distorsivos” por otros “más simples y mejor administrados”. La “armonización del monotributo” y un fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización están entre los puntos destacados.

Pero el impacto concreto es claro: millones de pequeños contribuyentes —que hoy aportan bajo un régimen simplificado— se verán obligados a migrar a un sistema mucho más costoso y complejo. En octubre de 2023, el número de monotributistas registrados superaba los 2 millones (2.018.100 personas), una cifra que refleja cuán masiva será la afectación.

Mientras el Gobierno avanza con su ajuste fiscal para cumplir con las metas del FMI, crece el malestar entre quienes sienten que el esfuerzo recae, una vez más, sobre los sectores medios y bajos.

Además, el gobernador apuntó contra Luis Caputo: “si querés que la plata llegue a destino, no hay que dársela a él”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar con dureza el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó sin rodeos como “una estafa piramidal”. Durante una reciente aparición pública, el mandatario provincial hizo un análisis del endeudamiento externo que contrajo el gobierno de Mauricio Macri y volvió a poner en el centro de la escena las consecuencias que, según él, todavía arrastra la economía argentina.

“Ese acuerdo con el FMI no fue un plan económico, fue una estafa piramidal que se sostuvo con más deuda para pagar intereses. No fue para infraestructura, ni para obras, ni para producción. Fue para la fuga de capitales y para beneficiar a unos pocos”, afirmó Kicillof con contundencia.

El gobernador, que también fue ministro de Economía entre 2013 y 2015, se refirió especialmente al rol de Luis “Toto” Caputo, actual titular del Palacio de Hacienda, a quien responsabilizó por haber sido uno de los principales arquitectos del endeudamiento récord durante la gestión de Cambiemos.

“Si querés que la plata llegue a destino, no hay que dársela a él. Caputo es el símbolo del uso discrecional de los fondos. No se puede confiar en quienes endeudaron al país sin control y sin transparencia”, lanzó Kicillof, visiblemente indignado.

Además, agregó que “no se trata solo de criticar lo que se hizo, sino de advertir que siguen aplicando las mismas recetas que ya fracasaron. Y el resultado es siempre el mismo: ajuste, recesión y más desigualdad”.

El presidente balbucea penosamente la confesión de su fracaso. Mientras se agrava la inflación y continúa cayendo el consumo, Milei celebra más deuda, ajuste y sumisión al FMI. Tras destruir jubilaciones y salarios, paralizar la obra pública y la producción, secuestrando los…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 12, 2025

Kicillof también hizo un llamado a la memoria colectiva: “El pueblo tiene que saber que estamos pagando una deuda ilegítima, impuesta a espaldas de la sociedad. No podemos naturalizar que se siga condicionando nuestro futuro por decisiones que se tomaron sin debate y con fines especulativos”.

Con estas declaraciones, el gobernador bonaerense refuerza su posición como una de las voces más críticas dentro del escenario político argentino frente al FMI y al actual modelo económico. Su discurso se alinea con un sector que exige una revisión profunda del acuerdo y reclama una política que priorice la producción y el desarrollo antes que el pago de intereses financieros.