En un intento desesperado por sostener el tipo de cambio de manera artificial, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, decidió recurrir a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, destinados a financiar el sistema previsional.

Por primera vez, el Gobierno utilizó los dólares de los jubilados para intervenir en el mercado financiero y contener la escalada de la divisa estadounidense.

La maniobra busca calmar a los inversores, que empezaron a abandonar el carry trade ante la incertidumbre sobre la salida del cepo, una posible devaluación y un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin medidas claras en el horizonte, el Gobierno optó por ceder ante la presión del mercado a costa de los sectores más vulnerables.

El precio de la estabilidad ficticia

Este martes, el volumen de operaciones con bonos AL30—utilizados para dolarizarse en el mercado financiero—alcanzó los 375 millones de dólares, el segundo mayor registro del año. La mayor parte de estas transacciones ocurrió en los últimos minutos de la jornada, una clara señal de intervención oficial para controlar la brecha cambiaria.

El mecanismo es el mismo de siempre: el Banco Central y el Banco Nación operan sobre el cierre del mercado para evitar que el dólar financiero marque tendencia al alza. Sin embargo, la gran diferencia en esta ocasión es el origen de los fondos: los ahorros de los jubilados, que el Gobierno usó para comprar bonos y bajar artificialmente el dólar Bolsa.

La decisión no es casual. Apenas un día antes, el Ejecutivo desplazó al titular de la ANSES y lo reemplazó por un financista cercano a Caputo que controlaba el FGS. El objetivo quedó claro: facilitar el uso de los recursos previsionales como herramienta de ajuste y especulación.

Una bicicleta al borde del colapso

La estrategia económica del Gobierno se basa en sostener el atraso cambiario con un carry trade recargado, una versión de la clásica bicicleta financiera que permite captar dólares del exterior con tasas en pesos atractivas. Para eso, la llamada “tablita cambiaria” fija una devaluación de apenas el 1% mensual, mientras que las tasas de interés se mantienen por encima del 2,4% en pesos.

Sin embargo, esta burbuja es insostenible. La acumulación de deuda en dólares de las empresas y la falta de divisas para levantar el cepo ponen en jaque el plan oficial. Los dólares que el Gobierno no consigue por la liquidación del agro o por financiamiento externo, ahora los están poniendo los jubilados.

Mientras el Ejecutivo insiste en que con 11.000 millones de dólares se podría liberar el mercado cambiario, las deudas de las empresas exportadoras y las obligaciones bursátiles en moneda extranjera superan los 24.000 millones de dólares. En este escenario, la supuesta estabilidad es solo una ficción sostenida a costa del sacrificio de los sectores más frágiles.

El costo lo pagan siempre los mismos

El relato libertario de “acabar con la casta” se desmorona frente a una realidad en la que los únicos que pierden son los jubilados y los trabajadores, mientras el mercado financiero sigue ganando. La “casta” no se toca, pero los fondos previsionales sí.

A un año de su implementación, el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich parece haberse esfumado, mientras Pullaro sigue eludiendo la realidad, el narco vuelve a sembrar el terror en las calles santafesinas.

La violencia narco en Rosario no da tregua. En apenas 24 horas, la ciudad fue escenario de cinco homicidios, una cifra que expone el fracaso de las políticas de seguridad que el gobierno provincial y nacional insisten en defender. A pesar de la brutal escalada de asesinatos, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que existe “una política de seguridad sumamente robusta” y destacó el trabajo en conjunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras la realidad se impone con sangre en las calles, Pullaro afirma que se está “trabajando mucho” en las investigaciones y que su gestión no permitirá que los delincuentes “se sientan dueños de la calle”. Sin embargo, las cifras desmienten su optimismo: los crímenes no cesan y el terror sigue marcando el pulso de la ciudad.

Desde el gobierno provincial insisten en mostrar operativos, mesas de trabajo y un supuesto despliegue policial récord, pero los asesinatos ocurren a plena luz del día y las víctimas, muchas veces ajenas al conflicto narco, terminan pagando con su vida. Como ejemplo, el mismo día que Pullaro hablaba de mejoras, un hombre fue ejecutado a sangre fría en la puerta de un kiosco, en un barrio atravesado por el narcotráfico.

A pesar del discurso oficial, Rosario sigue sumida en la violencia extrema. El “Plan Bandera” se presentó hace un año con gran despliegue mediático y promesas de control territorial, pero los hechos muestran que la situación no solo no mejoró, sino que recrudeció. La diferencia entre el relato y la realidad es cada vez más evidente, y mientras las autoridades insisten en hablar de avances, las balas siguen marcando el ritmo de la ciudad.

Fuentes del sector advirtieron que el consumo en las grandes cadenas fue incluso más bajo que en el primer mes completo de Javier Milei.

Las recurrentes promesas de recuperación económica por parte del gobierno no parecen haberse materializado en el consumo masivo, ya que las ventas en supermercados continuaron con números negativos en enero. A pesar de compararse con una base de referencia ya baja, correspondiente al primer mes completo de gestión de Javier Milei, las ventas mostraron una caída interanual que se ubicó entre el 5% y el 6%, según fuentes del sector. Esto refleja que, aún con los anuncios de mejora, el deterioro en la capacidad de compra de los hogares argentinos sigue sin dar señales claras de recuperación.

Aunque los datos oficiales aún no están cerrados, las fuentes consultadas por el portal Ámbito anticipan que el panorama no ha mejorado. Este inicio de 2025 se suma a una serie de retrocesos en el consumo masivo que se prolongaron durante todo el año anterior, con caídas de hasta el 18% interanual en diciembre y un retroceso acumulado del 13,9% respecto al año anterior. En este contexto, cualquier dato que no implique un repunte significativo en las ventas es considerado una señal negativa, especialmente porque los meses de 2024 dejan una base de comparación bastante débil.

Si los datos de enero se confirman con una caída superior al 5%, las ventas en supermercados habrían descendido casi un 15% en términos reales respecto al mismo mes de 2023, lo que marca un desempeño muy por debajo de las expectativas.

Por otro lado, las ventas minoristas de las pymes mostraron una ligera mejora, con un crecimiento interanual del 25,5% en enero, aunque esto no alcanzó a compensar el colapso del 28,5% que sufrió el sector en el mismo mes de 2024. Además, las ventas minoristas seguían 10,2% por debajo de los niveles de 2023, lo que pone en evidencia que el rebote aún no es suficiente para recuperar lo perdido en el último año.

Mientras tanto, el consumo en el exterior sigue siendo un factor relevante, impulsado por la apreciación del tipo de cambio. Las compras en dólares con tarjetas de crédito alcanzaron cifras récord, con un stock de préstamos de u$s864 millones en enero, lo que refleja una mayor demanda por parte de los consumidores argentinos hacia el mercado exterior.

El comportamiento del consumo masivo también está vinculado con la persistente inflación en los servicios, que sigue presionando los presupuestos familiares. A pesar de la desaceleración de la inflación general medida por el INDEC, el gasto en servicios esenciales sigue creciendo a un ritmo más rápido que el de los bienes, lo que reduce la capacidad de compra de las familias para productos de consumo diario, como alimentos y productos de higiene.

A medida que avance el año, los analistas esperan que, al compararse con los meses de mayor caída en 2024, los números de consumo muestren una ligera recuperación, pero no se vislumbra un rebote significativo. Las perspectivas apuntan a que, sin una mejora real en los ingresos disponibles de los hogares, la recuperación del consumo masivo será limitada.

Patricia Bullrich viene recibiendo reclamos de Gendarmería por los bajos sueldos. La funcionaria les prometió que le iban a aumentar el sueldo “cuando el país crezca” e incluso les prometió viviendas.

La situación en las fuerzas de seguridad se vuelve cada vez más tensa, con un malestar palpable entre los uniformados, quienes exigen una urgente recomposición salarial ante lo que consideran una total falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Seguridad. Este lunes, familiares de prefectos y agentes de la Policía Federal se sumaron al reclamo que ya venía siendo levantado por los gendarmes, exigiendo un aumento de sueldo que les permita cubrir las necesidades básicas, y manifestándose en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario.

La crítica situación salarial afecta principalmente a aquellos con sueldos más bajos, con algunos agentes señalando que sus ingresos no superan lo que cobra un vigilador privado o un playero de estación de servicio. “Imaginate el resto de los que tienen sueldos más bajos”, relató al portal LPO un oficial que trabaja en Rosario, donde las fuerzas federales se enfrentan a bandas narco. La manifestación refleja un profundo malestar por la falta de respuestas por parte del Ministerio de Seguridad, que, en lugar de ofrecer soluciones claras, se limita a promesas de aumentos vinculados al crecimiento económico del país y a la oferta de viviendas del plan Procrear, que el mismo gobierno eliminó.

El gobierno nacional, y más específicamente la ministra Patricia Bullrich, ha recibido constantes reclamos de las fuerzas, quienes, pese a la promesa de aumentos salariales, han visto solo un ínfimo incremento del 5%, insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Este aumento no solo está lejos de satisfacer las expectativas de los uniformados, sino que también ha generado un sentimiento de frustración y desmoralización, especialmente entre los jóvenes que, según señalan algunos agentes retirados, están perdiendo el interés por el trabajo debido a los bajos salarios.

El malestar es tal que, desde el Ministerio de Seguridad, se han tomado medidas desesperadas, enviando instrucciones a los jefes de las dependencias para que comuniquen a las fuerzas que “se ha avanzado en la recomposición salarial”, lo que resulta poco creíble para los propios agentes. “Es la primera vez que nos mandan a aclarar el tema porque temen que el descontento se salga de control”, afirmaron desde el interior de las fuerzas.

Por su parte, las tensiones dentro del gobierno también juegan un papel clave en la falta de soluciones. Mientras Bullrich aparenta tener buenas relaciones con las fuerzas, la postura inflexible del ministro de Economía, Toto Caputo, quien se ve presionado para mostrar a Javier Milei que tiene controlado el déficit fiscal, limita las posibilidades de cumplir con las promesas hechas a los uniformados. A pesar de los compromisos de mejorar los salarios en las fuerzas de Seguridad y Defensa, la realidad es que los aumentos han sido mínimos, insuficientes para mejorar la calidad de vida de los agentes que arriesgan sus vidas a diario.

En este contexto, el malestar sigue creciendo y las promesas incumplidas solo alimentan la desconfianza. La incertidumbre sobre el futuro salarial y la falta de soluciones reales agravan la situación, dejando a los uniformados con un sentimiento de abandono por parte del gobierno.

Empresas clave como Surcos, Nestlé y Bioceres atraviesan serias dificultades financieras, mientras que la caída de ventas y la incertidumbre económica generan un escenario cada vez más complejo.

El sector agroindustrial argentino enfrenta una crisis inédita que ya se traduce en despidos masivos, cierres temporales de plantas y pérdidas millonarias. Empresas clave como Surcos, Nestlé y Bioceres atraviesan serias dificultades financieras, mientras que la caída de ventas y la incertidumbre económica generan un escenario cada vez más complejo.

La firma de fitosanitarios Surcos, que recientemente ingresó en concurso de acreedores junto con Los Grobo y SanCor, despidió al 20% de su plantilla, reduciendo su personal de 220 a 170 trabajadores. A su vez, la multinacional Nestlé anunció la paralización temporal de su planta de Villa Nueva, Córdoba, hasta fines de marzo, afectando a 183 empleados. La compañía argumentó una drástica caída en las exportaciones y la necesidad de adecuarse a la demanda local, lo que la obligó a conceder vacaciones anticipadas a su personal.

Por su parte, Bioceres advirtió sobre una reducción significativa en sus previsiones de ventas e ingresos para el segundo semestre de la campaña 2024/2025 y no descarta despidos. La biotecnológica argentina señaló que las difíciles condiciones económicas, el cambio en el comportamiento de compra de los productores y el exceso de inventarios están impactando de manera directa en su rentabilidad.

La crisis también golpea a la industria de la maquinaria agrícola, donde las ventas cayeron un 13,4% en enero en comparación con diciembre, generando preocupación en los fabricantes. A pesar de algunos signos de recuperación interanual, la incertidumbre económica y el retraso tecnológico del sector amenazan con profundizar la recesión.

La combinación de factores como la volatilidad macroeconómica, la caída del consumo, la sequía y la apertura de importaciones ha llevado al agro argentino a uno de sus momentos más críticos. Con empresas al borde del colapso y una ola de despidos en aumento, el panorama para el 2025 se presenta incierto y con pocas señales de recuperación en el corto plazo.

El gobernador bonaerense respondió a un pedido de asistencia del Gobierno Nacional, realizado a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, para colaborar en la lucha contra los incendios que están arrasando con el sur del país.

En respuesta a un pedido del Gobierno Nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reafirmó su compromiso en la lucha contra los incendios que arrasan el sur del país, enviando recursos humanos y materiales para colaborar en las zonas afectadas.

“Desde la Provincia de Buenos Aires reforzamos la ayuda para combatir los incendios en la Patagonia”, anunció Kicillof en sus redes sociales, subrayando la disposición del gobierno bonaerense para asistir en la emergencia sin especulaciones políticas.

En respuesta a un pedido del Gobierno nacional a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desde la Provincia de Buenos Aires reforzamos la ayuda para colaborar en el combate de los incendios en la Patagonia.

Enviamos 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento forestal y… pic.twitter.com/1fIVP0rCES

— Axel Kicillof (@Kicillofok) February 9, 2025

La provincia aportó 110 efectivos, 17 vehículos y equipamiento forestal y logístico en Aluminé, Neuquén, además de reforzar el apoyo en Río Negro con 26 brigadistas y cinco móviles adicionales, que se suman a los enviados previamente a El Bolsón. También participan en el operativo personal de Defensa Civil bonaerense, bomberos de la Policía y voluntarios, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad provincial.

El gobernador destacó que Buenos Aires siempre estará dispuesta a cooperar ante emergencias de esta magnitud y remarcó la importancia de la solidaridad entre provincias. Su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, agradeció públicamente el apoyo, señalando que el trabajo conjunto ha sido clave para fortalecer el combate del fuego en un momento crítico.

Advierten que la medida oficializada por Donald Trump será un golpe muy duro para industrias clave del sector como Aluar y el Grupo Techint.

Mientras el presidente argentino Javier Milei mantiene su apuesta por un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la administración de Donald Trump toma el camino opuesto: la imposición de nuevos aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero argentino. La medida, que afectará exportaciones por unos USD 600 millones anuales, pone en jaque a empresas clave del sector y deja en evidencia la falta de reciprocidad en la relación comercial entre ambos países.

El impacto más fuerte lo sufrirá Aluar, la única productora de aluminio en Argentina, que el año pasado exportó USD 530 millones a Estados Unidos, lo que representa el 40% de su producción. También serán alcanzadas Ternium y Tenaris, del Grupo Techint, que en 2024 enviaron más de USD 100 millones en acero al mercado estadounidense.

El endurecimiento comercial de Trump contrasta con la visión aperturista de Milei, quien ha hecho de su alineamiento automático con Estados Unidos un eje central de su política exterior. Sin embargo, lejos de avanzar en un acuerdo que beneficie a la Argentina, Washington refuerza barreras comerciales que pueden extenderse a otros sectores.

Con Macri paso lo mismo

La situación recuerda los antecedentes de la relación entre Argentina y Trump: en 2018, su administración impuso aranceles similares que incluyo otros productos como los limones, aunque el gobierno de Mauricio Macri logró un acuerdo de exención parcial. Sin embargo, en 2019, a días de la salida de Macri, Trump restableció los aranceles de manera abrupta.

Ahora, el escenario se repite, pero con un gobierno argentino que apuesta ciegamente a profundizar sus lazos de subordinación con la Casa Blanca. Habrá que ver si Milei logra revertir la medida o si su estrategia de acercamiento a Trump termina generando más costos que beneficios para la economía argentina, en especial cuando el gobierno libertario por decidió desde hace tiempo renunciar a otros bloques comerciales como los BRICS o proponer el desmantelamiento del MERCOSUR (cuyo acuerdo de libre comercio con la Unión Europea aun esta lejos de materializarse) y apostar todo a una nueva era de “relaciones carnales” con los Estados Unidos.

Durante 2024 cada argentino comió cerca de 5 kilos menos de las tres carnes.

Según la estadística oficial, cada argentino comió casi 5 kilos menos de carne (y no solo vacuna) en 2024
Los funcionarios de todos los gobiernos y los integrantes de la cadena ganadera suelen argumentar que la caída en el consumo de carne vacuna en la Argentina no es un problema sino casi una virtud porque al mismo compás crecen los consumos de otras carnes sustitutas, como la de pollo y la de cerdo. Esto bien puede haber sido así en los últimos años, pero en 2024 se terminó ese verso: según la estadística oficial, cada argentino comió cerca de 5 kilos menos de esas tres carnes, aún cuando sus precios crecieron bastante menos que la inflación.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca acaba de cerrar su estadística sobre 2024, con los datos de diciembre, y allí se expone que no es cierto aquello de que la carne aviar y la porcina reemplazaron el porcentaje de carne vacuna que una población cada vez más empobrecida debió resignar.

En el caso de la carne vacuna, la más emblemática en la dieta de los argentinos, el gobierno oficializó un consumo promedio en los doce meses del año pasado de 47,69 kilos anuales por habitante. Esto implicó que de una producción total de carne de 3,18 millones de toneladas, se quedaron aquí 2,245 millones, mientras que otras 933 mil toneladas se exportaron.

Respecto de 2023, cuando el consumo per cápita de carne vacuna se había ubicado en 52,24 kilos anuales, la caída de la ingesta fue de 4,50 kilos en solo un año, cerca del 8,8%.

Cualquier país sensato se preocuparía por estos indicadores, sobre todo porque ese es un promedio y significa que mientras los sectores más adinerados pudieron sostener sus niveles de consumo o incluso incrementarlos, hay una gran franja de argentinos pobres que seguramente redujeron su ingesta de carne vacuna mucho más ese 8,8%. Cualquier gobierno sensible con la economía popular organizaría planes alimentarios para evitar que la carne falte de las infancias en las zonas más vulnerables.

Pero los funcionarios suelen ignorar este tipo de indicadores e incluso es funcional a eso el discursos de una buena parte de la industria frigorífica y la comunidad ganadera, que ven con buenos ojos una caída del consumo local de carne en la creencia de que cada kilo que se come de menos aquí es un kilo de carne que se puede liberar para la exportación. En efecto, el año pasado las exportaciones rozaron el 30% de la producción, cuando históricamente ese porcentaje era del 25%

En una actitud bastante discutible, ya que históricamente los argentinos han sido sus mejores clientes, la cadena de ganados y carnes minimiza estas caídas en el consumo argumentando que la necesidad de proteínas animales está bien cubierta por la oferta de carnes sustitutas a la bovina. Como se dijo, esto puede haber sido así. Pero en 2024, luego del fuerte ajuste lanzado por el gobierno de Milei, esa explicación no corre.

Pollo y cerdo también a la baja

Siempre según la estadística pública, el consumo de carne de pollo también retrocedió el año pasado, y mal puede haber reemplazado la baja de la carne vacuna. Terminó diciembre con un promedio de 45,20 kilos anuales por habitantes, que contra los 45,85 kilos de un año atrás implican una caída de 1,4%. O mejor dicho, de medio kilo anual per cápita.

Y en el caso del cerdo, el consumo oficializado cerró el mes de diciembre en 17,13 kilos anuales por habitante, un 1,4% por encima de los 16,72 kilos de fines de 2023. Es decir, aunque la ingesta de carne porcina creció unos cientos de gramos, no llegó a compensar el declive de las otras dos carnes.

Por eso el título: cada argentino comió en 2024 cerca de 5 kilos menos de las tres carnes.

Sumadas, estas tres proteínas animales llegan a significar un consumo per cápita de 110 ,2 kilos anuales, que por cierto es uno de los más elevados del mundo. En 2023 habían sido 114,81 kilos.

Vale preguntarse qué hubiera sucedido con estos indicadores si los precios de la carne porcina, aviar y vacuna hubieran evolucionado a la par de la inflación general, que llegó a ser de 117% en todo 2024. Por fortuna, quedaron bastante atrás de eso, ya que la carne de bovino subió apenas 70% y las otras dos lo hicieron entre 80 y 90%.

Mediante un decreto publicado este lunes, el Gobierno dio el primer paso formal para la privatización del sistema ferroviario, se prevé incluso la venta de todo el material rodante propiedad del Estado nacional.

Con la publicación del decreto 67/2025, el Gobierno de Javier Milei ha dado un paso definitivo en la privatización del sistema ferroviario de cargas, iniciando el proceso de concesión de Trenes Argentinos Cargas (TAC). Esta medida no solo implica la entrega de la operación y administración de las vías a operadores privados, sino también el remate del material rodante que el Estado había adquirido con fondos públicos en los últimos años.

El decreto establece que la privatización se llevará a cabo mediante la “desintegración vertical” del sistema, fragmentando la red ferroviaria en lotes y concesionando por separado la infraestructura, los talleres y el material rodante. No obstante, una de las decisiones más controvertidas es la venta de locomotoras y vagones del Estado mediante subasta pública. Los ingresos obtenidos de estas ventas serán destinados a financiar obras en las vías concesionadas, lo que implica que bienes adquiridos con recursos nacionales serán liquidados en favor de operadores privados.

Este esquema profundiza el desmantelamiento del sistema ferroviario, superando incluso la política de concesiones de los años 90, cuando el Estado mantenía la propiedad del material rodante. Al privatizar no solo la operación sino también los activos físicos, el Gobierno elimina cualquier posibilidad futura de que el Estado recupere la administración de las cargas ferroviarias, dejándolo sin herramientas para intervenir en caso de incumplimientos o fracasos de las concesionarias.

El material rodante a subastar incluye locomotoras y vagones adquiridos en el marco de los acuerdos de financiación con China, los cuales permitieron renovar y ampliar la flota del sistema de cargas, especialmente en las líneas Belgrano y San Martín. Sin embargo, algunos de estos equipos aún no han sido completamente pagados, lo que podría generar trabas legales para su venta inmediata.

La medida también despierta interrogantes sobre su encuadre legal. La privatización de TAC choca con la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos, sancionada en 2015, que establece el acceso abierto a la infraestructura ferroviaria y la integración del sistema bajo administración estatal. Además, el desmembramiento del sistema ferroviario añade una nueva capa de fragmentación a un sector que ya ha sufrido las consecuencias de la falta de inversión privada en los corredores concesionados.

La desinversión y el abandono del sector ferroviario de cargas por parte del capital privado en las últimas décadas fueron las razones principales por las que el Estado tuvo que retomar la operación de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Gracias a las inversiones estatales, se logró revertir parcialmente el deterioro de la infraestructura y aumentar la cantidad de cargas transportadas. Ahora, esas inversiones financiadas con fondos públicos serán entregadas a operadores privados, sin garantía alguna de que se mantengan o amplíen las mejoras logradas en la última década.

La privatización de TAC y el remate de su material rodante no solo marcan la entrega del sistema ferroviario de cargas al sector privado, sino que también eliminan cualquier posibilidad de que el Estado intervenga ante el posible incumplimiento de las concesiones. Con esta decisión, el Gobierno desmantela de manera irreversible un recurso estratégico para el desarrollo productivo del país y abre la puerta a una nueva crisis ferroviaria.

Bullrich trató de “inútil y panelista de TV” al ministro de seguridad porteño y este le reprochó la falta de obras.

La fuga de seis presos de la Comisaría Vecinal 6 A de Caballito desató un nuevo enfrentamiento entre la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff. Lejos de articular respuestas concretas, el cruce entre ambos dejó en evidencia la falta de coordinación y la tendencia a deslindar responsabilidades en lugar de abordar soluciones de fondo.

Bullrich criticó con dureza a Wolff a través de sus redes sociales, acusándolo de no asumir la responsabilidad sobre los detenidos y de limitarse a justificarse sin resolver el problema. “Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión, como lo hizo hoy”, disparó la ministra de Milei. También le reprochó que la Ciudad no se haga cargo de los presos bajo su órbita, como sí ocurre en las provincias.

Ministro @WolffWaldo, si la Policía de la Ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, NO FEDERALES, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la Ciudad, ¿por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el… pic.twitter.com/y676IkQGC1

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2025

En respuesta, Wolff convocó a una conferencia de prensa en la que atribuyó la crisis carcelaria porteña a la superpoblación y a la falta de infraestructura penitenciaria. Además, denunció que la reciente fuga no fue un escape convencional, sino un acto de “connivencia y negligencia”. “Para nosotros no es una fuga. Si hay connivencia, no fue una fuga, sino que les abrieron la puerta”, sostuvo.

El ministro porteño también se defendió asegurando que la Ciudad carga con un problema heredado del gobierno nacional anterior y que los detenidos deberían estar en cárceles federales. “El 95% de los 2300 detenidos en alcaidías y comisarías de la Ciudad cometieron delitos juzgados por la Justicia nacional y les corresponde cumplir condena en cárceles federales”, señaló, denunciando que la situación le cuesta a la Ciudad 100 millones de dólares al año y la pérdida de más de 3000 efectivos policiales en tareas de custodia.

Patricia, sin mentiras ni chicanas.

Los detenidos tienen que estar en cárceles federales. Lo saben todos.
Tenían que estar en la época en que Garrigós de Rebori manejaba el SPF y tienen que estar hoy.

El 95% de los 2300 detenidos que están en alcaidias y comisarías de la… https://t.co/ihC3mOUh19

— Waldo Wolff (@WolffWaldo) February 10, 2025

Lejos de apaciguarse, el cruce continuó con nuevas acusaciones de Bullrich, quien insistió en que la Ciudad ya había firmado un convenio para la transferencia de los detenidos y que, en lugar de resolver el problema, Wolff busca deslindar responsabilidades. “¿Por qué, en lugar de evitar que se les fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden?”, cuestionó la ministra.

Sin acuerdos a la vista y con la crisis penitenciaria en escalada, la disputa entre Bullrich y Wolff dejó en evidencia una gestión fragmentada y una preocupante falta de soluciones estructurales. Mientras tanto, la seguridad en la Ciudad sigue siendo rehén de un intercambio de reproches sin resultados concretos.