La crisis en el sector de la construcción se agudiza con despidos masivos en dos fábricas emblemáticas de cerámicos y ladrillos, dejando a más de 130 trabajadores sin empleo en plena recesión.

Cerámica Fanelli, con más de 100 años de trayectoria en la localidad platense de Los Hornos, despidió a al menos 30 operarios como parte de una reestructuración forzada por el derrumbe de la obra pública y la paralización de la construcción privada. La firma había anunciado importantes inversiones en 2023, pero hoy enfrenta una caída abrupta de la demanda que la obligó a frenar su producción.

“Me llamaron después de trabajar para avisarme que estaba despedido. Me negué a firmar y después me llegó el telegrama a casa”, contó uno de los trabajadores afectados.

Desde el gremio FOCRA buscan frenar los despidos y plantearán en una reunión con la empresa la alternativa de suspensiones temporales. Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los trabajadores.

El panorama no es mejor en Cerro Negro, ubicada en Olavarría, donde 100 empleados fueron desvinculados tras el cierre de la línea de pisos. La empresa, que forma parte del grupo Sociedad Comercial del Plata, justificó la decisión alegando “pérdidas continuas” por el desplome de las ventas en el rubro de la construcción. La medida generó una fuerte respuesta sindical y motivó la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó una conciliación obligatoria por 15 días.

El ajuste oficial y la falta de medidas que amortigüen el impacto en la industria han comenzado a desmantelar la estructura productiva del sector ladrillero y ceramista, históricamente vinculada al desarrollo de la vivienda y la obra pública. Las recientes cesantías no solo golpean a fábricas centenarias, sino que dejan a cientos de familias al borde de la vulnerabilidad social.

Un estudio de la consultora Analogías evidencia una desconfianza del 64% en la medición realizada por el INDEC sobre la pobreza, mientras que el temor al desempleo trepa al 85%.

Una amplia mayoría de la sociedad no cree en los recientes números del INDEC que indican una caída abrupta de la pobreza, mientras se profundiza el desgaste en la imagen del presidente Javier Milei y se reduce significativamente su base de apoyo. Así lo revela un informe reciente de la consultora Analogías, que señala que el 64% de los encuestados desconfía de las cifras oficiales sobre reduccion de la pobreza difundidas por el gobierno, las cuales celebraban una baja de casi 15 puntos.

El estudio refleja una creciente percepción de malestar social y económico: el 85% expresó temor ante un posible aumento del desempleo, mientras que el 61,3% rechaza el nuevo acuerdo con el FMI. En este escenario, la aprobación del Gobierno cayó cinco puntos, y la imagen de Milei, que en febrero mostraba un saldo levemente positivo, pasó a tener un diferencial negativo de 4 puntos en marzo.

El impacto de recientes escándalos como la estafa cripto con participación directa del presidente, sumado a la represión contra las marchas de jubilados, profundizó la percepción crítica de la ciudadanía. El 52% considera que el Gobierno es “corrupto” y un 58% lo describe como “autoritario”.

En medio de la incertidumbre global crece la preocupación por la pobreza, la inflación, el desempleo y la nueva deuda con el FMI. El 64% de los entrevistados manifestó que la pobreza "no está bajando". El 85% expresó preocupación por el desempleo.
Informe https://t.co/orBkR4VL4B pic.twitter.com/k1Be3oIDJR

— Analogías Consultora (@AnalogiasOk) April 8, 2025

“Estos números reflejan el efecto acumulado de una serie de eventos negativos en los últimos dos meses: el discurso confrontativo en Davos, el protagonismo de Milei en la estafa cripto y la caótica gestión del nuevo programa con el FMI. Todo esto ha impactado profundamente en la opinión pública”, explicó Marina Acosta, analista de Analogías.

La desaprobación general del Gobierno ya supera el 46%, con solo un 38% de aprobación, mientras que el manejo económico es rechazado por el 52%. A esto se suma un fuerte respaldo a los reclamos de los jubilados: el 85% apoya un aumento de emergencia y el 64% está en contra de la represión sufrida en sus protestas.

También crece el escepticismo sobre la efectividad del ajuste: el 51% cree que los sacrificios no ayudarán a resolver los problemas estructurales del país, una suba de 10 puntos respecto a diciembre. En paralelo, el optimismo cayó del 45% al 35% en el mismo período.

El panorama económico tampoco genera confianza: el 53% no cree que la inflación esté bajando y el 46% anticipa una suba significativa del dólar en los próximos meses.

Finalmente, de cara a las elecciones legislativas, la intención de voto del oficialismo también retrocede: cayó a 30,8%, perdiendo terreno frente a todas las fuerzas opositoras, excepto el peronismo, que se mantiene en 30,2%.

El entendimiento representa un paso clave para destrabar nuevos fondos reclamados con desesperación por el gobierno de Milei, pero todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo, donde Estados Unidos tiene un rol central y poder de veto.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este lunes que alcanzó un acuerdo técnico con el gobierno argentino por un nuevo programa de Facilidades Extendidas por USD 20.000 millones, tal como venía reclamando con insistencia la administración de Javier Milei. El entendimiento representa un paso clave para destrabar nuevos fondos, pero todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo, donde Estados Unidos tiene un rol central y poder de veto.

Según comunicó el organismo, el acuerdo —conocido como Staff Level Agreement— contempla un programa a 48 meses y deberá ser evaluado en los próximos días por el Directorio, que se reuniría este viernes. El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que buscarían un desembolso inicial de al menos USD 8.000 millones una vez aprobado el programa.

“El acuerdo se basa en los impresionantes avances iniciales de las autoridades en la estabilización de la economía”, dijo el FMI en su comunicado, celebrando el ancla fiscal del gobierno argentino y señalando que el nuevo programa busca profundizar las reformas estructurales, estabilizar la macroeconomía y sostener el crecimiento.

Pero el cierre del acuerdo no implica fondos automáticos: el paso decisivo será la votación del Directorio Ejecutivo del FMI, donde los votos están ponderados por el peso financiero de cada país miembro. Allí, Estados Unidos concentra aproximadamente el 16,5% de los votos y tiene capacidad para bloquear cualquier decisión importante, ya que se requiere una mayoría del 85% para avanzar.

Argentina forma parte de una silla compartida en el Directorio junto a otros países del Cono Sur, con representación limitada. El director actual de esa silla es Luis Cubeddu, un economista venezolano con experiencia previa en negociaciones con Argentina, aunque sin capacidad para inclinar decisiones clave.

En cambio, países como Japón (6,1%), China (6,1%), Alemania (5,3%), Francia y Reino Unido (4% cada uno), y Arabia Saudita tienen un peso considerable, pero es la postura de Washington la que marcará el ritmo y el desenlace del acuerdo.

Mientras el gobierno celebra el principio de entendimiento con el Fondo —clave en su hoja de ruta económica—, la atención ahora se concentra en la decisión de Estados Unidos, que será determinante para que el acuerdo finalmente se convierta en realidad y los dólares empiecen a llegar.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei celebró el anuncio con euforia en sus redes sociales. Al estilo de un festejo futbolero, publicó una foto abrazado con Caputo y escribió con error incluido un: “VAVOS” que se convirtió en tema de diálogo y burlas:
«VAVOS @LuisCaputoAR CARAJO…!!!», acompañando el mensaje con el comunicado oficial del Fondo. La reacción futbolera del presidente evidencia el estado de desesperación en el que se halla el gobierno desde hace meses, aunque el desenlace aún depende de sus jefes políticos en Washington.

VAVOS @LuisCaputoAR CARAJO…!!! pic.twitter.com/fpM5JbknYh

— Javier Milei (@JMilei) April 9, 2025

Las exigencias del FMI

Sin embargo, el anuncio vino acompañado de un silencio absoluto respecto a las condiciones que implica este nuevo endeudamiento para el país. Aunque el Fondo destacó los “avances iniciales” del gobierno en materia fiscal y monetaria, y habló de una “agenda de estabilización y reformas”, no se brindaron detalles sobre las nuevas metas, ajustes o compromisos concretos que se asumirán a cambio del crédito. A diferencia de otros momentos, cuando los programas venían acompañados de documentos detallados, esta vez prima la opacidad y el secretismo.

Mientras el Gobierno presenta el acuerdo como una gran conquista, lo cierto es que el verdadero contenido del programa sigue bajo siete llaves, y el visto bueno final dependerá de los intereses geopolíticos en juego en Washington.

La convocatoria se realiza bajo el amparo de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una unidad oficial creada por la OTAN y el régimen ucraniano con el fin de reclutar carne de cañón para la guerra.

Mientras Ucrania atraviesa una creciente crisis de personal militar en medio de una guerra cada vez más desgastante contra Rusia, el régimen de Kiev ha intensificado sus esfuerzos para reclutar combatientes extranjeros —y ahora, con el visto bueno del gobierno argentino, apunta directamente a nuestro país.

La Matanza y otros puntos del conurbano bonaerense se han convertido en focos de una campaña de reclutamiento dirigida a ciudadanos argentinos en principio con experiencia militar aunque podría contemplar a cualquier otro ciudadano dispuesto a arriesgar su vida por un puñado de dólares y promesas de supuestos beneficios.

La convocatoria se realiza bajo la bandera de la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, una fuerza creada por el gobierno ucraniano y auspiciada por la OTAN, que busca sumar combatientes foráneos a una guerra que ya lleva más de tres años.

Una estafa piramidal que se paga con la propia vida

En sitios de empleo accesibles desde Argentina se publican ofertas dirigidas específicamente a personal con formación o experiencia militar, promoviendo supuestos contratos “legales” por tres años, con sueldos que oscilan entre 1.100 y 2.800 dólares mensuales, además de bonos especiales por combatir en el frente. Las publicaciones prometen entrenamiento, contratos oficiales y hasta la posibilidad de baja voluntaria a los seis meses, presentando el conflicto como una especie de oportunidad laboral.

Pero detrás de esta fachada se oculta una realidad cruda: Ucrania está atravesando una crisis de reclutamiento sin precedentes, obligando a sus propios ciudadanos a enlistarse por la fuerza. Las autoridades han rebajado la edad de movilización y recurren a métodos coercitivos, con denuncias de secuestros, violencia y corrupción en los procesos de reclutamiento. Muchos ucranianos viven escondidos o intentan huir del país para evitar ser enviados al frente, mientras funcionarios ofrecen exenciones por sumas de hasta 12.000 dólares.

Ante este panorama, Kiev busca reemplazar sus pérdidas —que según cifras del Ministerio de Defensa ruso superan las 50.000 en un solo mes— con soldados extranjeros. La llegada de voluntarios latinoamericanos, especialmente colombianos y argentinos, se está promoviendo de forma encubierta, sin que el gobierno nacional emita objeciones. El silencio oficial del gobierno argentino frente a estas operaciones plantea serias dudas sobre su complicidad o, al menos, su permisividad como así también las implicancias jurídicas para el país.

Lejos de ser una acción de internacionalismo heroico y solidario, este tipo de reclutamiento internacional representa el uso de ciudadanos extranjeros como carne de cañón en una guerra ajena a cambio de promesas de dinero, tal como ha ocurrido con miles de colombianos que murieron inútilmente o volvieron mutilados a sus país ante la indiferencia del gobierno ucraniano que rápidamente se desentiende de esas muertes dejando a los familiares de las victimas sin respuestas . Además estas tropas al ser consideradas mercenarios, cuentan con un estatuto diferencial al del resto de las fuerzas regulares del país, lo que podría agravar su situación en caso de captura. En lugar de proteger a su pueblo, el régimen de Zelenski cuyo mandato esta vencido, parece dispuesto a arrastrar al mundo entero con tal de sostenerse en el poder y continuar una guerra agónica que se prolonga sin solución clara y que muchos analistas ya dan por perdida.

Mientras tanto, Washington presiona para que Ucrania baje aún más la edad de reclutamiento, buscando “estabilizar” el frente antes de cualquier negociación de paz. Pero, lejos de una solución, esto solo demuestra el agotamiento de un conflicto que consume vidas sin freno… y al que ahora pretenden arrastrar también a argentinos.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, presentó una propuesta con el fin de fusionar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Geográfico (IGN), sin embargo, ambos organismos la rechazaron porque tener funciones diferentes, denuncian que la medida es un desmantelamiento encubierto.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para fusionar el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) generó una ola de rechazo por parte de trabajadores, especialistas y autoridades de ambos organismos. La iniciativa, que forma parte del plan de “reorganización del Estado”, es vista no solo como un error técnico, sino como una amenaza directa a la soberanía territorial y científica de la Argentina.

Desde el IGN alertaron que la propuesta se traduce en una virtual “eliminación” del organismo, desconociendo su trayectoria de más de 145 años en la producción de información geoespacial estratégica. En una carta dirigida a los ministros Luis Petri (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación), el director del IGN, Jorge Horacio Machuca, advirtió que la fusión “implicaría echar por tierra 146 años de construcción de la soberanía” y remarcó que el Instituto posee autonomía administrativa, patrimonio propio y personería jurídica por ley nacional.

El SMN también expresó su rechazo. Su delegada gremial, Ana Saralegui, calificó de “falaz” la justificación oficial que asegura que la unificación permitiría mejorar las bases de datos y promover mayor transparencia. “Nosotros miramos al cielo, ellos a la Tierra. No hay complementariedad técnica ni funcional. Esta fusión pone en riesgo nuestra autonomía y capacidad operativa”, expresó.

Ambos organismos coincidieron en que sus tareas son completamente distintas: mientras el SMN se ocupa del estudio y pronóstico de fenómenos atmosféricos, el IGN produce la cartografía oficial, modelos digitales de elevación, fotografías aéreas y datos georreferenciados esenciales para la defensa y el desarrollo territorial. “Es como juntar peras con naranjas”, expresaron especialistas desde el IGN.

Además, Machuca destacó que no fue consultado durante la elaboración del proyecto y denunció que el informe presentado por el Gobierno carece de rigor técnico y fundamentos empíricos. “El equipamiento, la tecnología, las misiones institucionales y los equipos humanos de ambos entes son distintos y no pueden integrarse sin perder capacidades”, sentenció.

La decisión, aseguran, no solo carece de precedentes internacionales —en ningún país del mundo están fusionados estos dos organismos—, sino que implicaría un retroceso institucional con alto costo en términos de soberanía. “Ambos entes han construido posicionamiento internacional a lo largo de más de un siglo, de forma independiente. La propuesta del Ejecutivo desconoce su rol estratégico y la importancia de sostener capacidades estatales propias en ciencia, tecnología y gestión del territorio”, concluyó Machuca.

“Ya no lo veo, desde que me invitaba a Olivos a comer milanesas, el entorno lo convenció y lo manipuló hacia un proyecto de poder”.

Mauricio Macri rompió el silencio y reveló que su vínculo con Javier Milei está cortado desde agosto de 2024. En una entrevista con Radio Rivadavia, el exmandatario fue tajante: “Ya no lo veo, desde que me invitaba a Olivos a comer milanesas”. La frase no solo dejó en claro el distanciamiento personal, sino también una creciente incomodidad política.

Macri apuntó con firmeza contra el entorno presidencial, al que acusó de “manipular a Milei hacia un proyecto de poder”. Según el líder del PRO, el Presidente ha sido desviado de los acuerdos originales que compartieron en los meses previos al balotaje: “Milei me había pedido sumar capacidad para abandonar el populismo, pero nada de eso sucedió”.

Una de las críticas más filosas fue dirigida a Karina Milei. Macri lamentó no haber podido mantener una conversación directa con ella: “El Presidente siempre ha dicho que las cosas del partido las maneja su hermana. No he podido hablar mano a mano con Karina porque ella decidió no hacerlo”. También cuestionó la estrategia electoral de La Libertad Avanza, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde consideró que se desperdician esfuerzos: “Tuvo que haber puesto la energía en La Rioja, no en Buenos Aires donde las cosas funcionan hace mucho tiempo”.

A pesar del enfriamiento, Macri aclaró que su afecto por Milei “sigue intacto”, pero justificó su distanciamiento con una frase categórica: “Entre lo conveniente y lo correcto, elegí hacer lo correcto”.

Su visión de la economía: “Toto esta desesperado con el cepo”

En el plano económico, Macri respaldó a su exministro y actual titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo. Afirmó que el funcionario está plenamente consciente de los desafíos y urgencias del país: “Toto sabe que tiene que sacar el cepo. Está desesperado con eso, con sacar las retenciones y todas las cosas que mientras no se puedan remover, no va a entrar en ritmo de crecimiento importante”. Y agregó: “Le tengo afecto personal, fue mi ministro y sufrimos juntos cuando Trump empezó la pelea con China”.

Con estas declaraciones, Macri dejó al descubierto una fractura con el Gobierno libertario que, hasta hace unos meses, se presentaba como una alianza estratégica. La creciente influencia de Karina Milei y la falta de resultados en áreas clave parecen haber sellado el distanciamiento.

La diputada nacional, Lourdes Arrieta, confesó en una entrevista que al entrar a la Casa de Gobierno se encontró con “un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué”, y los relacionó directamente con los fondos de la SIDE.

La diputada nacional Lourdes Arrieta lanzó una grave acusación al denunciar la existencia de un presunto “trollcenter” operando desde la propia Casa Rosada, y financiado —según afirmó— con fondos reservados destinados a la SIDE.

En una entrevista con María Julia Oliván en el programa Border, Arrieta aseguró que al ingresar a la sede del Poder Ejecutivo se encontró con “un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué”, a quienes identificó como parte de un engranaje de ataque digital coordinado por el gobierno nacional. “Cuando entrás a la Rosada ves a un ejército de trolls”, denunció.

La legisladora, recientemente expulsada de La Libertad Avanza por órdenes de Karina Milei, previo a recibir numerosas amenazas desde su propio espacio, afirmó que este grupo se dedica sistemáticamente a hostigar en redes sociales a quienes cuestionan o disienten con las políticas del presidente Javier Milei. Según Arrieta, estas operaciones digitales estarían siendo sostenidas económicamente con recursos que deberían destinarse a tareas de inteligencia para la seguridad nacional.

“Si la SIDE está, es para cuidarnos de peligros extranjeros y no para perseguir a los propios argentinos”, subrayó la diputada, cuestionando duramente el uso de fondos públicos para mantener una estructura que, según su visión, busca imponer el relato oficialista y silenciar voces críticas.

Las declaraciones reavivan el debate sobre el uso político de los recursos del Estado y suman tensión a las denuncias previas sobre presuntas oficinas de comunicación montadas para sostener el discurso oficial a través de redes sociales.

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares del Gran Santa Fe destacan que, pese a las recientes estadísticas publicadas por el Indec, el relevamiento, por ahora, no se ve reflejado en las aulas y comedores que brindan un plato o copa de leche a niñas, niños y adolescentes.

Mientras el gobierno nacional celebraba recientemente una supuesta mejora en los índices de pobreza, los datos que llegan desde los comedores escolares del Gran Santa Fe pintan un panorama muy diferente —y preocupante— que revela una realidad que las estadísticas oficiales parecen ignorar.

Según el último informe del Indec, la pobreza en Argentina habría mostrado una baja significativa en comparación con el primer semestre de 2023 y con el cierre del año pasado. Sin embargo, en el terreno, en las aulas y comedores donde se garantiza un plato de comida diario a niños, niñas y adolescentes, no hay ningún indicio de esa supuesta mejora”, “la matrícula de los comedores escolares no bajó y siguen tan poblados como el año pasado”, advirtieron. 

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares del Gran Santa Fe advierten que los comedores siguen tan concurridos como el año pasado, e incluso en algunos casos, más. “Vimos el informe, leímos todos los números. Pero por lo que nuestros cooperadores manifiestan, ese cambio no se está viendo todavía en los comedores”. Sobre esa misma línea, alertó que “los niños, niñas y adolescentes que concurren, siguen siendo la misma cantidad, e incluso un poquito más, que el año pasado”. afirmó María Alejandra Pérez, presidenta de la Federación, en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres).

Pérez señaló que la asistencia a los comedores no solo no disminuyó, sino que en muchos casos aumentó. Las aulas están más llenas y las familias no logran sostener siquiera las cuotas de instituciones privadas económicas, por lo que el sistema público —y sus comedores— se ven más exigidos que nunca.

La dirigente también hizo hincapié en la dificultad creciente para mantener una alimentación saludable en los comedores escolares debido a los altos costos de la canasta básica. “Hacen milagros con la plata”, afirmó, y subrayó que los sectores más vulnerables no perciben ningún alivio en sus condiciones de vida.

“Lamentablemente la mejora no se da en los lugares más populosos donde tenemos las escuelas”, concluyó Pérez, dejando en evidencia una alarmante desconexión entre los números oficiales y lo que sucede en los barrios más golpeados por la crisis.

Este contraste entre las estadísticas oficiales y la cruda realidad cotidiana de miles de niños y niñas en Santa Fe pone sobre la mesa una verdad incómoda: la dimensión de la crisis social está siendo subestimada y silenciada, mientras los comedores comunitarios siguen siendo el último refugio frente al hambre.

Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos, miles de puesto de trabajo en riesgo.

La caída definitiva del Grupo Vicentin ya no admite eufemismos: la empresa que durante años fue emblema del agroexportador argentino hoy se desploma, envuelta en una crisis terminal, denuncias por estafa, y con más de mil trabajadores al borde del abismo laboral. Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos. La decisión se justifica, según ellos, como una “medida para proteger activos”, pero la realidad muestra otra cosa: una maniobra desesperada en el marco de una debacle financiera autogenerada y sostenida por años de impunidad.

La pesada herencia macrista

Desde 2019, Vicentin arrastra un default multimillonario que impactó de lleno en toda la cadena agroindustrial. Pero el epicentro del escándalo no está solo en la crisis económica, sino en lo que se investiga como una de las estafas más grandes contra el Estado argentino: durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Nación le otorgó a Vicentin créditos por 18.000 millones de pesos, a pesar de que ya no calificaba como sujeto de crédito y estaba bajo alerta por incumplimientos sistemáticos. Todo esto se hizo violando normativas bancarias y bajo una presunta connivencia con altos funcionarios del macrismo.

Por esta razón, Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios, como Laura Alonso, Guido Sandleris y Javier González Fraga, fueron denunciados penalmente por “defraudación al Estado” en el marco del caso Vicentin. La denuncia recayó en el Juzgado Federal a cargo de Luis Rodríguez. Cabe recordar que la cerealera jamás devolvió esos 18.000 millones de pesos otorgados como crédito, lo que expone con crudeza el uso político y discrecional de los recursos públicos durante ese período.

Años después, la bomba estalló: la Justicia dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos del grupo –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti–, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares. Las maniobras incluyeron falsificación de balances, simulación de operaciones, desvío de fondos y una operatoria sistemática para vaciar la firma mientras solicitaban ayuda estatal y posponían pagos a proveedores, trabajadores y entidades financieras.

Mientras tanto, más de 3.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, hoy enfrentan la incertidumbre absoluta, sin sueldos ni garantías. El gremio aceitero ya está en estado de alerta, y no se descartan medidas de fuerza. Además, la empresa adeuda más de 400 millones de pesos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría dejar sin electricidad a una de sus plantas.

La parálisis operativa también tiene un trasfondo político y judicial. La Corte Suprema de la Nación podría ser el próximo escenario del expediente, en medio de presiones para homologar un acuerdo concursal que la Justicia santafesina rechazó por sospechas de irregularidades. En este clima, las medidas desesperadas de la empresa parecen más una extorsión encubierta que un intento legítimo de recuperación.

El accionar fraudulento de los directivos de Vicentin no fue una casualidad ni una reacción a la crisis: fue un plan deliberado de saqueo, montado a través de una red de más de 30 empresas del grupo, diseñado para beneficiarse a costa de productores, acreedores y del Estado nacional. La justicia investiga además que parte del dinero extraído fue destinado a gastos personales, pagos a abogados en causas penales, y autoindemnizaciones millonarias, mientras los empleados ni siquiera cobraban sus sueldos.

A todo esto, se suma el testimonio del exfuncionario de AFIP Carlos Vaudagna, quien confesó que benefició a Vicentin durante el macrismo para evitar investigaciones por apropiación indebida de reintegros del IVA por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019. El engranaje del fraude no sólo fue empresarial: fue político, financiero y estatal.

Hoy, el caso Vicentin es símbolo de cómo los grandes grupos económicos pueden diseñar estafas de magnitud histórica con la complicidad del poder político. Y también es un llamado urgente a la Justicia: para que no vuelva a ocurrir, para que no gane la impunidad y para que el Estado recupere lo que es del pueblo.

Una fuerte interna sacude al Fondo Monetario Internacional en torno al nuevo préstamo por USD 20.000 millones que reclama con desesperación el gobierno de Javier Milei.

El directorio del organismo no logró alcanzar un acuerdo esta semana sobre el primer desembolso, y detrás del impasse no solo hay diferencias técnicas o fiscales, sino un creciente rechazo político a seguir apostando por un país que ya acumula una larga historia de incumplimientos. En el centro de las resistencias, una frase que se repite con creciente frecuencia en los pasillos del Fondo: “Caputo se la va a volver a timbear”.

Según fuentes al tanto de la reunión informal del board, la posición crítica fue encabezada por representantes de Europa, con el director español —bajo el gobierno de Pedro Sánchez— tomando distancia explícita del programa, al igual que las delegaciones de China, Brasil y Holanda. En off, algunos funcionarios del organismo no ocultan su desconfianza hacia el ministro de Economía argentino, Luis “Toto” Caputo, a quien responsabilizan por el manejo de los fondos del acuerdo anterior durante la gestión de Mauricio Macri.

“La experiencia no fue buena, y nada indica que esta vez será diferente”, deslizó con ironía un técnico europeo. “Estamos financiando el ajuste más brutal en décadas, sin garantías claras sobre cómo se van a usar los recursos”.

Sin respaldo de Trump y con frentes abiertos por todos lados

El Gobierno argentino confiaba en el respaldo de Donald Trump, quien con su retorno a la Casa Blanca volvió a tener peso clave en el FMI como principal accionista. Sin embargo, la jugada no salió como esperaba Milei: su viaje a Mar-a-Lago en busca de una foto con el expresidente fue un fracaso rotundo. No hubo encuentro, ni imagen, ni gesto de apoyo. Solo un frío vacío que dejó al libertario expuesto y debilitado ante el staff del Fondo.

Para empeorar el cuadro, el propio enviado de Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, le impuso condiciones durísimas: si Milei quiere apoyo norteamericano en el Fondo, debe romper definitivamente con China, cancelar el swap por USD 17.000 millones y subordinarse definitiva e incondicionalmente a Washington. Un planteo que, lejos de tranquilizar al FMI, introduce un nuevo frente de conflicto geopolítico, justo cuando Trump acaba de agitar el tablero global con aranceles generalizados y un giro proteccionista que alarma a Europa y Asia.

Un Fondo dividido, sin conducción y con muchas dudas

El escenario en el FMI es de máxima confusión. Estados Unidos, que históricamente marcaba el rumbo, hoy está sin representación formal en el directorio. No hay director designado, ni cuadros técnicos que ordenen las negociaciones. “Hay un vacío. Nada funciona sin un ordenador, y en este momento no hay un ordenador en ningún lado”, confió al portal LPO un funcionario de carrera del organismo.

Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo, tampoco esquivó las críticas a la política de Trump, y alertó que sus medidas comerciales representan un “riesgo significativo” para la economía mundial. En ese clima de tensión, la reunión del miércoles pasado en Washington fue, según Bloomberg, “áspera”. La discusión central giró en torno al monto del préstamo. Y la conclusión, seca y tajante: “No hubo acuerdo”.

Mientras tanto, en Buenos Aires, la situación empeora. El dólar paralelo sube, los bonos caen y el riesgo país roza los 950 puntos. El Banco Central sigue malvendiendo reservas que no tiene, y Caputo espera señales que no llegan. En el FMI, la resistencia crece. Y la sensación de que esta película ya se vio —y terminó mal— se hace cada vez más fuerte.