El exdirector del BID, Mauricio Claver Carone, que supo ser un hombre cercano a la política argentina, confirmó en la CNN que el FBI investiga la criptoestafa y que hay mas causas judiciales en curso.

El escándalo por la criptoestafa que involucra a empresarios y operadores cercanos al gobierno de Javier Milei ha dado un giro explosivo: según fuentes citadas por CNN, el FBI ya inició una investigación formal sobre el caso, lo que podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el presidente argentino cuya figura quedo notoriamente desgastada tras el escandalo internacional.

El avance de la pesquisa en territorio norteamericano no solo pone en jaque a los principales responsables del fraude, sino que también amenaza con afectar la ya frágil relación entre Milei y la administración de Donald Trump, a quien el mandatario argentino ha intentado acercarse en reiteradas ocasiones sin resultados palpables.

Un enemigo dentro del círculo de Trump

Uno de los elementos más preocupantes para Milei es el rol de Mauricio Claver-Carone en la investigación. El exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destituido tras un escándalo interno, es una de las voces republicanas más críticas del líder libertario dentro del círculo de Trump. Su influencia es tal que algunos lo señalan como una figura con más peso en la relación bilateral que el propio secretario de Estado, Marco Rubio.

Claver-Carone, quien ya ha expresado su escepticismo sobre Milei y su gobierno, podría utilizar este escándalo financiero como un argumento para bloquear cualquier intento de acercamiento entre la administración libertaria y el entorno de Trump.

Un obstáculo en la relación con Washington

La creciente presión de la justicia estadounidense complica seriamente los planes de Milei para obtener respaldo del Departamento de Estado y del propio Trump. Si bien desde el entorno republicano se ha hablado de posibles acuerdos que permitan atraer inversiones a Argentina, el Criptogate se erige ahora como una amenaza que podría cerrar puertas en Washington.

Con el FBI profundizando la investigación y la incertidumbre política en aumento, Milei enfrenta un dilema clave: cómo sostener su discurso de alineamiento con Estados Unidos mientras la justicia de ese país pone en la mira a su círculo más cercano.

El militante libertario condujo alcoholizado por las calles de Mar del Plata y arrolló a un motociclista dándose a la fuga. La causa se cerró en un tiempo récord de 48 horas, dejando en evidencia los privilegios judiciales de los que gozan los allegados al gobierno.

Nicolás Márquez, el ferviente propagandista de Javier Milei y defensor a ultranza del oficialismo y del régimen del dictador Jorge Rafael Videla, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por sus panfletos en favor del gobierno ni contra el comunismo, sino por protagonizar un brutal atropello mientras conducía alcoholizado en Mar del Plata. Como si fuera poco, huyó sin asistir a la víctima, fue alcanzado por testigos que lo detuvieron en plena fuga, y la causa se cerró en un tiempo récord de 48 horas, dejando en evidencia los privilegios judiciales de los que goza.

Un atropello, una fuga y un encubrimiento exprés

El domingo 26 de enero de 2025, a plena luz del día, Márquez salió de un almuerzo junto a su novia, la paraguaya Ema Riquelme, y decidió conducir su Toyota Etios negro en evidente estado de ebriedad. Al circular por la Avenida Colón, intentó sobrepasar a un motociclista repartidor de manera temeraria y terminó embistiéndolo violentamente. Lejos de detenerse a asistir a su víctima, Márquez pisó el acelerador y se dio a la fuga a toda velocidad.

Sin embargo, su escape fue frustrado por otro motociclista que presenció la escena y lo persiguió hasta interceptarlo en la intersección de Colón y San Juan. Allí, testigos indignados le impidieron seguir avanzando, obligándolo a detenerse cuando la rueda delantera derecha del auto, destrozada por el impacto, le impidió continuar. En un video registrado en el lugar, se lo puede ver junto a su pareja, desorientados y en evidente estado de intoxicación, balbuceando mientras observan el abollado capot de su vehículo.

Mientras tanto, el motociclista atropellado era trasladado en ambulancia a la Clínica Pueyrredón. Pero la gravedad del hecho no impidió que la justicia actuara con una celeridad inusitada: la Unidad Fiscal N° 11 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Pablo Cistoldi, archivó la causa en apenas 48 horas, incluso antes de que se completaran los estudios médicos a la víctima.

Un historial de violencia y protección judicial

El prontuario de Márquez no termina en este escándalo. Además de este caso, el biógrafo de Milei enfrenta múltiples denuncias por violencia de género presentadas por exparejas y arrastra, desde 2008 las que fueron recientemente traídas a la luz pública por el periodista Santiago Cuneo, entre las denuncias figura una grave causa por abuso sexual contra su propia hija cuando la menor tenía apenas tres años. Sin embargo, al igual que en el caso del motociclista atropellado, la justicia marplatense ha permitido que estos expedientes se diluyan en el tiempo.

🔴 #URGENTE: OTRO ESCÁNDALO DEL BIÓGRAFO DE MILEI

Nicolás Márquez fue denunciado por atropellar a un motociclista y escapar.
El hecho ocurrió el domingo 26 de enero en Mar del Plata.
Misteriosamente la causa ya fue archivada.

-Noticia en desarrollo- pic.twitter.com/RwmYPH92Y8

— Data24.com.ar (@Data24comar) February 28, 2025

La impunidad con la que se manejó este episodio no sorprende si se tiene en cuenta el entramado de poder que rodea a Márquez. Como abogado y docente en la Universidad FASTA, una institución con fuertes vínculos con el Opus Dei y la “familia judicial” marplatense, goza de un blindaje judicial que parece garantizarle inmunidad ante cualquier escándalo.

Una justicia selectiva al servicio del poder

El caso de Márquez deja al descubierto, una vez más, los privilegios de quienes orbitan en el círculo de poder de Javier Milei. Mientras ciudadanos comunes enfrentan largas y rigurosas investigaciones por delitos menores, el biógrafo presidencial puede atropellar, huir y quedar impune en tiempo récord.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos más podrán seguir gozando de esta impunidad mientras el gobierno proclama su supuesto combate contra la corrupción?.

Luego de la polémica apertura de sesiones ordinarias encabezada por Javier Milei, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica contra el mandatario, cuestionando tanto su discurso como su gestión.

La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, lanzó una dura crítica contra Javier Milei tras su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, calificando su exposición como vacía y negadora de la realidad.

A través de una publicación en sus redes sociales, Cristina Kirchner no solo cuestionó el mensaje del presidente, sino que también señaló el contexto en el que tuvo lugar su alocución: un Congreso semivacío, fuertes operativos de seguridad en las calles y el sonido de cacerolazos que la cadena nacional intentó ocultar.

“Che Milei… ¡qué semanita! Desde la tapa de Forbes, diciendo que armaste ‘la mayor estafa de la historia’, a la del New York Times contando que la estafa es de 250 millones de dólares, y que además había que pagar coimas para reunirse con vos”, comenzó su mensaje, haciendo referencia a los recientes escándalos que involucran al mandatario y su entorno.

Además, recordó las declaraciones de Mauricio Claver-Carone, exfuncionario de Donald Trump para América Latina, quien sugirió que se investiguen posibles actos de corrupción en el círculo cercano de Milei. “¿Lo escuchaste a Claver-Carone diciendo que tienen que investigar porque hay asesores del presidente Milei y miles de defraudados que viven en EE.UU.? Mamita…“, ironizó la exmandataria.

Pero el eje central de su crítica fue el contenido del discurso presidencial, el cual, según ella, demostró que Milei “no está bien”.

Che Milei… ¡qué semanita!…

Desde la tapa de FORBES, diciendo que armaste “LA MAYOR CRIPTO ESTAFA DE LA HISTORIA”, a la del New York Times CONTANDO QUE LA ESTAFA ES DE 250 MILLONES DE DÓLARES, Y QUE ADEMÁS HABÍA QUE PAGAR COIMAS PARA REUNIRSE CON VOS. ¿Lo escuchaste a…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 2, 2025

“Un discurso repetitivo y alejado de la realidad”

Kirchner calificó la intervención de Milei como predecible y sin novedades:

“Ayer a la noche se notó que no estás bien. No dijiste nada nuevo y se te trababa la lengua en un discurso (que una vez más confirmo que te escriben) donde repetiste la misma cantinela de siempre”, apuntó.

En este sentido, desmintió uno de los principales logros que el presidente intentó destacar: la reducción de la inflación. “Decís que la bajaste, pero en la calle los precios siguen subiendo. Los salarios se evaporan, la gente llega con lo justo o directamente no llega a fin de mes“, advirtió.

También cuestionó la insistencia del gobierno en hablar de equilibrio fiscal cuando, según ella, este solo se alcanzó a partir de un ajuste brutal:

“Todos sabemos que es ficticio, porque lo lograste con un desequilibrio social inmenso: ajustaste a los jubilados, a las provincias, a las universidades, a la educación y a la salud pública. Y, en una muestra de crueldad extrema, también aplicaste un ajuste inhumano sobre las personas con discapacidad. Esos que tu gobierno define como idiotas, imbéciles y débiles mentales“, denunció.

Con ironía, Kirchner se preguntó: “La verdad… no sé qué festejás. Porque esto no es un logro, es un desastre”.

Una inesperada admisión: la posibilidad de devaluación

En su mensaje, la expresidenta resaltó un fragmento del discurso de Milei que consideró llamativo:

“La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto… tampoco significa que no vaya a haber volatilidad. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y momentos de tranquilidad”.

Para Kirchner, este pasaje representa un giro discursivo: “Es la primera vez que te escucho admitir que tu ‘plan de estabilidad exitoso, el mejor de la historia’ puede sufrir altos y bajos y momentos de tensión“, señaló, y agregó con contundencia:

“Milei… en mi barrio, y en Argentina, a eso le decimos devaluación. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso”.

Nuevo acuerdo con el FMI: “Otra vez sopa”

Otro punto que no pasó desapercibido para la exmandataria fue el anuncio de Milei sobre un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Cuando cerraste el discurso, anunciando que ya tenías un nuevo acuerdo con el FMI que ‘nos brindará las herramientas para sanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos’… dije BINGO! ¡Otra vez sopa!“, ironizó.

Finalmente, Kirchner describió la escena con la que cerró la jornada, subrayando el aislamiento del gobierno y la creciente protesta social:

“Con las calles vacías y llenas de policías, el recinto del Congreso desierto y el locutor de la cadena nacional que no podía tapar el ruido de las cacerolas, diciendo ‘se escucha la música de la fanfarria Alto Perú de Granaderos’… Tuve la impresión de que diste vuelta el reloj de arena“, concluyó.

En las ultimas horas ministro realizó un llamado desesperado a Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional, pidiendo un desembolso urgente de USD 12.000 millones como adelanto de un nuevo acuerdo con el FMI.

Mientras la economía argentina se desmorona, el gobierno intenta contener el colapso financiero con medidas desesperadas que no logran frenar la crisis. En un escenario de creciente incertidumbre, el ministro de Economía, Luis Caputo, solicitó una llamada urgente con Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), para pedir un salvavidas de USD 12.000 millones como adelanto de un nuevo acuerdo, además de USD 1.000 millones pendientes del programa actual y otros USD 7.000 millones para 2025.

Reservas en caída y una intervención fallida

El Banco Central perdió casi USD 600 millones en reservas en un intento infructuoso de frenar la escalada del dólar. El viernes, realizó su mayor intervención en lo que va del año, vendiendo más de USD 350 millones en el mercado cambiario. Sin embargo, la maniobra resultó insuficiente y las reservas cayeron por debajo del umbral crítico de USD 28.000 millones, un mínimo en meses que refleja la alarmante fragilidad del sistema financiero.

Lejos de calmarse, el dólar MEP continuó su ascenso, acumulando un aumento del 5,5% en el mes, superando la inflación y las tasas de interés. La estrategia del gobierno para contener la crisis cambiaria se desmorona, y el riesgo país se disparó a 780 puntos, una clara señal de la desconfianza del mercado sobre la capacidad de pago de Argentina.

El margen de maniobra se agota

Con solo USD 5.000 millones disponibles para nuevas intervenciones, los analistas advierten que el gobierno está quemando sus últimos cartuchos a un ritmo insostenible. Si la presión cambiaria no cede, estas reservas podrían agotarse en cuestión de semanas, dejando al país en una situación límite.

Mientras la economía se hunde y el gobierno implora asistencia externa, las maniobras políticas buscan desviar la atención de la crisis real. Sin un plan sólido y con una confianza en caída libre, Argentina enfrenta un escenario de extrema vulnerabilidad, con el fantasma de un nuevo colapso financiero acechando cada vez más cerca.

La incertidumbre sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y los crecientes conflictos políticos como el escandalo de $Libra, han provocado un nuevo aumento en el riesgo país de Argentina, que alcanzó niveles no vistos desde noviembre.

Los inversores muestran una creciente desconfianza ante la falta de resultados concretos en las políticas económicas del presidente y la demora en la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El índice de riesgo país, medido por el banco JP Morgan, se ubicó en 780 puntos básicos, sumando 30 unidades en la apertura del mercado (1405 GMT). Este nivel marca un claro deterioro desde el mínimo de 561 puntos registrado en enero, cuando la expectativa de un cambio de rumbo económico generaba cierto optimismo entre los inversores.

Según el Grupo SBS, “hay cierta impaciencia en el mercado debido a la falta de catalizadores positivos, los cuales están ligados a un acuerdo con el FMI y a señales concretas sobre la eliminación de los controles cambiarios”.

La incertidumbre económica y política golpea la confianza del mercado

El gobierno de Milei enfrenta crecientes dificultades para sostener la confianza de los mercados. Si bien sus primeras medidas fueron recibidas con optimismo por algunos sectores financieros, la falta de avances en áreas clave como la eliminación del “cepo” cambiario y la obtención de financiamiento externo comienza a erosionar la credibilidad del programa económico.

La renegociación del astronómico crédito de 44.000 millones de dólares contraído durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI es vista como un paso crucial para estabilizar las reservas del Banco Central y avanzar en una apertura del mercado cambiario. Sin embargo, la falta de avances concretos en estas negociaciones genera inquietud entre los inversores, que temen un estancamiento del proceso de ajuste y una falta de liquidez en el mediano plazo.

A esto se suman las tensiones políticas, que agregan aún más incertidumbre. El gobierno ha chocado repetidamente con la oposición y hasta con algunos de sus aliados, lo que dificulta la aprobación de reformas clave en el Congreso.

El riesgo político y las dudas sobre la estabilidad del gobierno

El mercado también empieza a considerar la posibilidad de un revés electoral para el oficialismo en los próximos comicios de medio término, lo que podría debilitar aún más su capacidad de maniobra.

“La realidad es que estamos en un año electoral donde la política termina primando sobre la economía. No deja de ser un gobierno de tercios y en los últimos días se han generado ruidos en sus alianzas políticas”, explicó la economista Natalia Motyl.

El impacto de esta incertidumbre ya se refleja en los mercados financieros:

• El índice S&P Merval cayó un 1,1% en los primeros negocios del día, acumulando una pérdida del 9% en cinco sesiones.
• Los bonos en la plaza extrabursátil local registraron una baja del 0,5% en la preapertura.
• En el mercado cambiario, el peso mayorista se apreció un leve 0,07% hasta las 1.061,5 unidades por dólar, manteniendo el ritmo de devaluación mensual del 1% impuesto por el Banco Central.

El analista Salvador Vitelli advirtió que incluso un acuerdo con el FMI no resolvería la situación de fondo: “El acuerdo permitirá capitalizar el Banco Central, pero no significa la salida del ‘cepo'”.

El clima de desconfianza sigue en aumento, y el mercado ya no otorga el mismo margen de espera al gobierno de Milei. Sin medidas concretas y resultados tangibles, la presión financiera podría seguir en ascenso, dificultando aún más el panorama para la administración libertaria.

El escándalo $Libra y la sombra de la negligencia

El caso $Libra, que involucra irregularidades en el mercado financiero y denuncias de favorecimiento a sectores especulativos, ha expuesto la falta de controles y la improvisación en la política económica del gobierno de Milei. A pesar de las advertencias sobre los riesgos de su implementación, la administración libertaria no solo permitió su avance, sino que ignoró señales claras de posibles perjuicios para el sistema financiero argentino.

La falta de regulación y la permisividad del Ejecutivo generaron una burbuja especulativa que benefició a un reducido grupo de actores, mientras que el resto de la economía se vio afectado por la volatilidad y la incertidumbre. Este episodio ha generado preocupación en los mercados internacionales, que ven con escepticismo la capacidad de Milei para gestionar crisis económicas sin comprometer aún más la estabilidad del país.

Manipulación de la Corte Suprema y debilitamiento institucional

Más allá del impacto económico, la creciente manipulación de las instituciones democráticas ha encendido alarmas a nivel global. El gobierno de Milei ha sido señalado por presionar a la Corte Suprema de Justicia, buscando consolidar su poder a través de maniobras que afectan la independencia judicial y generan una preocupante erosión del Estado de derecho.

Las recientes tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial han puesto en duda el respeto de Milei por los principios democráticos, sumándose a una serie de decisiones que han generado rechazo dentro y fuera del país. La falta de una justicia independiente, sumada a un Congreso debilitado y un Ejecutivo con tendencias autoritarias, proyecta una imagen de inestabilidad política que aleja inversiones y profundiza la crisis.

El mundo observa con desconfianza la gestión de Milei

Los organismos internacionales, los mercados y las potencias extranjeras comienzan a recalcular su relación con Argentina ante la falta de previsibilidad del gobierno de Milei. La combinación de errores económicos, crisis institucional y ausencia de políticas de Estado sólidas refuerza la percepción de que su administración no es confiable ni sostenible en el tiempo.

Mientras Milei insiste en un discurso confrontativo y en una gestión impulsiva, Argentina se enfrenta a un deterioro en su reputación global que podría traducirse en un mayor aislamiento, menos inversiones y un escenario de creciente fragilidad política.

La estrategia del gobierno nacional combina la asfixia económica con el discurso del colapso en seguridad para justificar una intervención sin precedentes en democracia.

El gobierno de Javier Milei avanza en una estrategia para desplazar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, utilizando como argumento la crisis de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. A esto se suma la constante asfixia económica impuesta por la administración nacional, que busca desestabilizar al gobierno provincial, generar un clima de crisis extrema y justificar una intervención federal que incluso incluiría la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna como viene promoviendo el gobierno en base a las doctrinas de seguridad fomentadas por Estados Unidos en los países de la región.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei exigió abiertamente la renuncia de Kicillof, a quien responsabilizó por lo que denominó un “baño de sangre” en el distrito. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia”, escribió el presidente en un tono claramente amenazante, dejando en evidencia su intención de forzar la salida del gobernador y tomar el control de Buenos Aires.

BAÑO DE SANGRE EN PBA Y LA INCOMPETENCIA DE KICILLOF

.@Kicillofok Gobernador, en primer lugar, quiero señalarle que no se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las…

— Javier Milei (@JMilei) February 28, 2025

Un plan de intervención bajo el pretexto de la inseguridad

El discurso del gobierno nacional se ha basado en instalar la idea de que la provincia de Buenos Aires es un territorio fuera de control, dominado por el crimen, el terrorismo y la violencia. Con esta narrativa, Milei intenta justificar la aplicación de medidas extremas, como la militarización de la seguridad interna y la intervención directa del Ejecutivo nacional.

Sin embargo, esta supuesta “crisis de seguridad” se da en un contexto donde el propio gobierno de Milei ha debilitado deliberadamente la capacidad operativa de la provincia al retirar efectivos de fuerzas federales y al limitar el envío de recursos. Es decir, la administración nacional no solo niega apoyo, sino que luego utiliza la falta de respuestas como excusa para avanzar sobre el territorio bonaerense.

La idea de recurrir a los militares para tareas de seguridad interna representa un grave retroceso en términos democráticos y una clara violación de los principios constitucionales, que prohíben expresamente la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad pública. Aun así, la estrategia del gobierno nacional parece apuntar a generar un estado de conmoción suficiente para que esta medida sea vista como una necesidad y no como una imposición autoritaria.

Asfixia económica como herramienta de desestabilización

Paralelamente, el gobierno de Milei ha impuesto un severo ajuste financiero sobre Buenos Aires, reteniendo fondos que le corresponden por derecho y dejando a la provincia en una situación crítica. La quita de recursos ha afectado áreas clave como seguridad, educación y salud, impactando directamente en la calidad de vida de los bonaerenses y debilitando la gestión de Kicillof.

Esta estrategia de desfinanciamiento no es casual: el objetivo es ahogar a la provincia para luego señalarla como un “territorio inviable” y justificar así la necesidad de intervención. La combinación entre crisis económica e inseguridad es la base del plan del gobierno nacional para avanzar sobre Buenos Aires, desplazando a su gobernador electo y consolidando un modelo de poder centralista, sin respetar la autonomía provincial.

Milei avanza sobre Buenos Aires con un modelo autoritario

El avance del gobierno nacional sobre Buenos Aires no solo representa un ataque directo contra Kicillof, sino que sienta un precedente peligroso para el federalismo en Argentina. Si la Nación logra imponer una intervención forzada, cualquier otro distrito opositor podría enfrentar maniobras similares en el futuro.

La militarización de la seguridad, el ahogo financiero y la deslegitimación política forman parte de una estrategia coordinada para quebrar la autonomía de la provincia y concentrar el poder en el Ejecutivo nacional. El interrogante ahora es hasta dónde está dispuesto a llegar Milei y si la oposición logrará frenar esta avanzada que amenaza con romper el equilibrio democrático en Argentina con un gobierno que viene dando cada vez mayores demostraciones de autoritarismo con el nombramiento de jueces por decreto, la falta de transparencia ante los recientes y resonantes casos de corrupción como el escandalo de las criptomonedas y una retorica violenta basada en postulados racistas.

El Gobierno decretó llamar “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a las personas con discapacidad por retardos mentales. La repudiable medida fue publicada en el Boletín Oficial.

En una muestra alarmante de retroceso en derechos humanos e intolerancia, el gobierno de Javier Milei ha oficializado el uso de términos profundamente discriminatorios y degradantes para referirse a personas con discapacidad. En la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se emplean calificativos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con distintos niveles de discapacidad cognitiva y psíquica.

Lejos de ser un descuido o un anacronismo involuntario, esta decisión se inscribe en una política sistemática de discriminación y exclusión. La publicación de estos términos en una normativa oficial no solo revive un lenguaje obsoleto y ofensivo, sino que también vulnera los principios establecidos por acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.

El anexo de la resolución establece clasificaciones humillantes, segmentando a las personas con discapacidad de la siguiente manera:

• “Idiota” para aquellas entre 0 y 30 años.
• “Imbécil” para las de 30 a 50 años.
• “Débil mental profundo” entre 50 y 60 años.
• “Débil mental moderado” entre 60 y 70 años.
• “Débil mental leve” entre 70 y 90 años.

Estos términos se utilizan en descripciones que refuerzan estereotipos estigmatizantes, como la supuesta incapacidad de estas personas para leer, escribir o manejar dinero. No solo se trata de una violación de derechos, sino también de un discurso institucional que deshumaniza y justifica la exclusión.

El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como "idiota", "imbécil" y "débil mental".

Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación.

Es una barbaridad. pic.twitter.com/2XzM9Iq18X

— Julen Bollain (@JulenBollain) February 27, 2025

Una política de ajuste con un alto costo humano

Esta resolución no es un hecho aislado, sino parte de un ajuste brutal que busca justificar la baja de al menos 200 mil pensiones por discapacidad en 2025. En el marco de las auditorías que lleva adelante el gobierno, encabezadas por Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y actual director de ANDIS, se están endureciendo los criterios para acceder a estas prestaciones, privando de asistencia básica a miles de personas que dependen de ella.

El decreto restituye el uso de términos que habían sido descartados por su carácter discriminatorio desde hace décadas. La reintroducción de la palabra “invalidez”, por ejemplo, sigue la línea de un decreto del menemismo (432/97) que endureció las condiciones para el acceso a pensiones no contributivas. Con este tipo de medidas, el gobierno de Milei desoye por completo el enfoque de derechos humanos que la comunidad internacional ha promovido en materia de discapacidad.

Rechazo y posible judicialización de la normativa

Las organizaciones de derechos humanos y entidades dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad han repudiado enérgicamente esta decisión. Entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han presentado un reclamo formal exigiendo la derogación de la medida.

En el documento, las organizaciones alertan sobre la gravedad de la resolución: “La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad. Resulta innecesario ahondar en el carácter ofensivo y obsoleto de términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’, que no tienen cabida en una sociedad que se dice respetuosa de los derechos humanos”.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también se sumó al repudio, advirtiendo que “el uso de esta terminología atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad inclusiva”.

El rechazo social y legal a esta resolución evidencia el grado de violencia institucional con el que el gobierno de Milei está avanzando sobre los derechos de los sectores más vulnerables. Con un discurso que estigmatiza y una política de ajuste que deja sin cobertura a miles de personas con discapacidad, el Estado no solo incumple sus compromisos internacionales, sino que también profundiza la desigualdad y la exclusión.

El segundo banco más importante de Estados Unidos proyectó un dólar a $1400 para fin de año.

El Bank of America (BofA) confirmó que proyecta una devaluación del 30% para fin de año y pronostica un dólar oficial a $1400, lo que representa un fuerte desafío a la postura del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ha negado que el acuerdo con el FMI contemple un salto del tipo de cambio.

Según el informe, esta corrección cambiaria sería necesaria para unificar los diferentes tipos de dólar y responder a las presiones del mercado. Actualmente, el dólar oficial se encuentra en $1081, y el nivel proyectado por el Gobierno en el Presupuesto 2025 es de $1207, muy por debajo de la estimación del BofA.

Advertencia sobre una devaluación inevitable

El informe fue presentado en el marco de “Argentinopedia”, la primera edición de una guía para inversores elaborada por el banco, y fue discutido en una conferencia en Nueva York, donde participaron 53 inversores y 16 empresas argentinas, incluyendo Supervielle, Edenor y Central Puerto.

El Bank of America destaca que la economía argentina necesita una fuerte entrada de capitales para afrontar sus compromisos de deuda externa. Aunque el nivel de endeudamiento no es alarmante, el 61% de la deuda está denominada en dólares y con plazos cortos, lo que genera mayor presión sobre el tipo de cambio.

Además, el banco advierte que el Gobierno enfrentará un desafío fiscal en 2025, ya que la eliminación del impuesto PAIS reduciría los ingresos en aproximadamente 1% del PBI. Sin embargo, mantiene su previsión de que el Ejecutivo podría alcanzar déficit cero, impulsado por un crecimiento económico del 5% en 2025, luego de una contracción del 2% en 2024.

Control de capitales y plazos de liberación

El informe también señala que Milei ha eliminado muchas restricciones a las importaciones, reduciendo el tiempo de acceso a divisas de 4-12 meses a solo 1 mes. Sin embargo, advierte que los controles de capital siguen vigentes y no se espera que sean eliminados completamente hasta el 1 de enero de 2026.

El impacto político y la reacción del mercado

Las proyecciones del Bank of America han generado malestar en el Gobierno, particularmente en Luis Caputo, quien previamente negó cualquier acuerdo con el FMI que implicara una devaluación de esta magnitud.

Mientras tanto, en los mercados crece la expectativa de un ajuste en el tipo de cambio en los próximos meses. La previsión de un dólar a $1400 refuerza la idea de que la actual estabilidad cambiaria podría ser temporal, y que el Gobierno se verá obligado a tomar medidas más drásticas para evitar mayores desequilibrios.

El pedido de secuestro de los smartphones del presidente y sus funcionarios fue realizado este miércoles. El objetivo es que sean peritados y se resguarde la prueba que podrían contener.

A casi dos semanas del escándalo desatado por la difusión de la criptomoneda $Libra, la causa contra el presidente Javier Milei avanza con dificultades. Imputado por presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad, una de las principales exigencias de los denunciantes es el secuestro y resguardo de los teléfonos móviles del mandatario, su hermana Karina Milei y su vocero Manuel Adorni.

El abogado Gregorio Dalbon, denunciante en la causa, denunció la “lentitud” en la investigación y subrayó la importancia de peritar los dispositivos para asegurar la integridad de pruebas fundamentales. “En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para garantizar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, indica el escrito judicial presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano.

El peritaje de los teléfonos busca analizar comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que podrían estar relacionados con la promoción de $Libra. En particular, se pretende determinar si existieron intercambios entre los funcionarios implicados y Mauricio Novelli y Hayen Davis, presuntos desarrolladores de la criptomoneda.

Peligro de destrucción de pruebas y movimientos sospechosos

Mientras la investigación avanza con lentitud, se han detectado movimientos de fondos asociados a $Libra. Según el especialista en criptomonedas Fernando Molina, una de las wallets vinculadas al lanzamiento transfirió 4.5 millones de dólares a una nueva billetera virtual. Esta maniobra incrementa la preocupación sobre la posible eliminación de pruebas y refuerza la urgencia de preservar los teléfonos de los involucrados.

Dalbon sostiene que, más allá del análisis de los dispositivos, el presidente Milei habría admitido su responsabilidad en una reciente entrevista con Jonatan Viale. “Nunca antes vi tanta brutalidad en la confesión de un delito. Milei confiesa y consuma el delito cuando dice que no promocionó, sino que difundió un negocio entre privados. Eso es incompatible con la función pública y viola la ley de ética pública”, explicó el abogado.

Medidas adicionales y la presión internacional

En respuesta a las preocupaciones sobre la protección de evidencia digital, el fiscal Taiano ordenó ampliar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, solicitó informes a organismos públicos y privados vinculados con el tema y evalúa nuevas diligencias.

Mientras tanto, la causa no solo avanza en Argentina. En Estados Unidos, se presentaron denuncias ante el Departamento de Justicia, lo que podría derivar en una investigación internacional.

Investigación en el Congreso

Paralelamente, en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, especialistas en tecnología expusieron sobre el uso de criptomonedas y la prevención de estafas. Allí, el programador Maximiliano Firtman subrayó la gravedad del caso: “Cuando salieron los tuits, todo el mundo creyó que habían hackeado la cuenta del presidente, incluso su entorno, lo que demuestra que hubo un fraude financiero evidente”.

El escándalo de $Libra sigue creciendo, mientras la preservación de pruebas y la aceleración de la investigación se vuelven clave para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Lejos de garantizar una investigación seria e imparcial, el gobierno ha optado por una estrategia previsible: ponerse a sí mismo al mando del escándalo del fraude cripto.

En lugar de permitir una pesquisa independiente, el gobierno ha designado al frente de la flamante Unidad de Tareas de Investigación (UTI) a María Florencia Zicavo, la número dos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y persona de extrema confianza del oficialismo.

Es decir, el Ejecutivo no solo maniobró para frenar en el Congreso la conformación de una comisión investigadora plural, sino que ahora entrega la investigación a una funcionaria con vínculos directos con quienes deberían ser investigados. El resultado es un intento de control absoluto sobre el caso, más orientado a blindar al entorno presidencial que a esclarecer la estafa.

El 15 de febrero, cuando el escándalo por la fallida cripto $LIBRA ya había estallado y se acumulaban denuncias de damnificados, el gobierno intentó mostrarse activo con la creación de la UTI y la intervención de la Oficina de Anticorrupción. Pero la letra chica reveló la trampa: la unidad estaría bajo la órbita de la Presidencia de la Nación. En otras palabras, se dispuso a investigar… a sí mismo.

Ahora, con la publicación de la Resolución 72/2025 del Ministerio de Justicia, las sospechas sobre la parcialidad del proceso se profundizan aún más. El documento, que omite mencionar a Zicavo por su nombre, establece que la UTI será dirigida por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, un cargo que la funcionaria ocupa desde junio de 2024 por decisión del propio Milei y Cúneo Libarona.

Según el decreto que le da vida a la UTI, su misión será “recabar información relacionada al criptoactivo y colaborar de manera rápida y expedita con el Poder Judicial y/o el Ministerio Público Fiscal”. En los papeles, suena bien. En la práctica, deja en manos del oficialismo el manejo de pruebas y documentación clave.

La estrategia del gobierno es clara: evitar cualquier investigación externa que escape a su control y apagar el escándalo con un simulacro de transparencia. Mientras tanto, los damnificados del fraude cripto siguen esperando respuestas que, bajo este esquema, parecen cada vez más lejanas.