“No hace falta salir del cepo para crecer” aseguró el presidente durante una disertación del BID.

En un giro inesperado, el presidente Javier Milei aseguró que “es falso que tenemos que salir del cepo para crecer”, desmarcándose de una de sus principales promesas de campaña, cuando afirmaba que las restricciones cambiarias eran un obstáculo insalvable para el desarrollo económico del país.

Durante su presentación en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de su visita a Estados Unidos, Milei sostuvo que su administración ha sacado de la pobreza a 10 millones de argentinos gracias a su enfoque monetario para combatir la inflación. La declaración sorprendió no solo por la magnitud del número mencionado, sino también porque contrasta con su insistencia previa en que el levantamiento del cepo era clave para la recuperación económica.

La pregunta que surge ahora es: si Milei considera que el país puede crecer sin liberar el mercado cambiario, ¿por qué no se sostiene el discurso original de eliminarlo cuanto antes? ¿Por qué postergar la decisión hasta 2026 en lugar de aprovecharla como un hito económico antes de las elecciones de 2025?

La respuesta parece bastante obvia: el riesgo de un descontrol cambiario sigue latente en un contexto de fragilidad del sistema financiero argentino y permanente perdida de divisas para mantener el tipo de cambio estable lo que ha hecho mermar las reservas a niveles de riesgosos, esperando fondos frescos del FMI para su fortalecimiento. Un levantamiento prematuro del cepo podría provocar una brusca devaluación y una aceleración inflacionaria, erosionando el principal logro que el gobierno exhibe hasta ahora: la desaceleración de los precios. Así, lo que alguna vez fue presentado como una medida urgente e innegociable se ha convertido en un tema diferido, dejando en evidencia un ajuste estratégico en el relato oficial.

La crisis interna se desató cuando la periodista Cristina Pérez, pareja del ministro Petri, denunció sobornos en el entorno presidencial, generando un efecto dominó que terminó salpicando a su propio marido.

El escándalo por presuntas coimas dentro del gobierno de Javier Milei escaló a niveles inesperados y ahora golpea de lleno al ministro de Defensa, Luis Petri. La crisis interna se desató cuando la periodista Cristina Pérez, pareja de Petri, denunció sobornos en el entorno presidencial, generando un efecto dominó que terminó salpicando a su propio marido.

En medio de este clima enrarecido, el periodista Alejandro Fantino insinuó que Petri podría haber recibido coimas en el marco de la compra de 24 aviones F-16 de segunda mano a Dinamarca. En su programa en Neura, Fantino dejó entrever que el ministro de Defensa “quedó en el barro” tras la denuncia de Pérez y deslizó dudas sobre la transparencia de la millonaria operación: “Es Petri el que puso la firma, es Petri el que se sube al F-16 con los anteojos de Top Gun”, lanzó con ironía.

El escándalo se profundizó cuando Fantino mencionó posibles irregularidades en los costos de la obra civil en Tandil, donde se construirán los hangares para los aviones. Si bien las fuentes militares consultadas descartan que las coimas estén vinculadas directamente a la compra de las aeronaves, apuntan a sobreprecios en las construcciones que fueron adjudicadas con poca transparencia.

La presión sobre Petri aumentó a tal punto que, según trascendió, su continuidad en el gobierno está en duda. La tensión dentro del gabinete quedó en evidencia en un incómodo momento televisivo cuando Luis Majul, en presencia de Cristina Pérez, anticipó la posible salida de un ministro sin dar nombres. Solo después de que Pérez abandonara el set, reveló que se refería a Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, quien podría dejar su cargo para defender a los hermanos Milei en el escándalo del criptogate.

Mientras tanto, crecen las sospechas sobre la licitación de la obra en Tandil, adjudicada a la empresa Antares Obras y Servicios S.A., con un presupuesto de 3.000 millones de pesos. Algunos sectores de las Fuerzas Armadas advierten que la insistencia en que la base se construyera en Tandil en lugar de Río Gallegos podría responder a intereses personales, ya que ciertos oficiales retirados tendrían vínculos con la empresa adjudicataria.

A esto se suma el secretismo en torno a una parte del proyecto, cuyo destino no ha sido esclarecido debido a su clasificación como “secreto militar” por decreto presidencial. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Julián Isaac, reconoció en abril que desconocía los costos exactos de la obra, estimándolos entre 10 y 15 millones de dólares.

En los próximos días se espera la presentación del primer F-16 adquirido, en un contexto donde la compra, lejos de celebrarse como un logro de la gestión, quedó envuelta en una ola de acusaciones, sospechas de corrupción y una feroz interna dentro del gobierno.

Un informe de JP Morgan puso en cifras la preocupante estrategia del gobierno de Javier Milei para sostener artificialmente el dólar.

Según el banco de inversión, en lo que va del 2024, el ministro de Economía, Luis Caputo, destinó USD 21.000 millones a intervenciones directas en el mercado cambiario. Si se suma el impacto del esquema de liquidación de exportaciones (dólar blend), la cifra asciende a unos alarmantes USD 38.000 millones.

El documento de JP Morgan advierte que este drenaje de reservas es insostenible. A pesar de que el Banco Central informa diariamente compras de dólares, las reservas brutas cayeron a su nivel más bajo en cuatro meses, ubicándose en USD 28.361 millones. En Wall Street estiman que las reservas netas seguirán en terreno negativo incluso con un nuevo acuerdo con el FMI.

El esquema del dólar blend, que permite liquidar el 20% de las exportaciones al tipo de cambio financiero (CCL), resultó en la salida de casi USD 19.000 millones al mercado paralelo el año pasado. Este desbalance, combinado con la intervención directa del Banco Central, generó una brecha cambiaria que en enero aumentó al 13%, según el informe.

El programa antiinflacionario más caro del mundo

Los datos expuestos por JP Morgan reavivan las críticas al programa económico del gobierno, que algunos analistas califican como “el plan antiinflacionario más caro del mundo”. La suma utilizada para pisar el dólar se acerca peligrosamente a los USD 44.000 millones del crédito otorgado por el FMI a la gestión de Mauricio Macri, lo que agrava la presión sobre la negociación con el organismo internacional.

Mientras el gobierno apuesta a la estabilidad cambiaria, el crecimiento del crédito en dólares se disparó un 270% desde la asunción de Milei, alcanzando los USD 13.000 millones, el nivel más alto desde octubre de 2019. Este endeudamiento creciente representa un riesgo adicional, ya que expone al país a un nuevo ciclo de crisis cambiaria y financiera.

El informe de JP Morgan deja en claro que la estrategia actual es poco sostenible en el tiempo y que el costo de mantener un dólar artificialmente estable podría generar un impacto aún más profundo en la ya de por si deteriorada economía Argentina.

No habrá comisión investigadora: Los senadores de la UCR cambiaron su postura a último momento tras recibir presiones directas desde la Casa Rosada y de sus respectivos gobernadores, lo que hizo que la votación fracasara por apenas un voto.

En una vergonzosa maniobra política, el Senado de la Nación rechazó la creación de una comisión investigadora que buscaba esclarecer la responsabilidad del presidente Javier Milei en el escándalo cripto, que dejó a más de 40.000 inversores perjudicados tras la promoción del token $LIBRA en sus redes sociales y perdidas millonarias. La negativa, impulsada por la presión del Ejecutivo sobre senadores radicales, evidenció el doble estándar de ciertos sectores que se presentan como abanderados de la transparencia y la rendición de cuentas, pero que, cuando se trata de proteger a sus propios referentes, optan por el encubrimiento y la impunidad.

Una votación que quedó al borde del éxito

La propuesta para conformar la comisión investigadora necesitaba reunir los dos tercios de los votos en la Cámara Alta. Hasta el día previo a la sesión, el apoyo parecía garantizado: los 34 senadores de Unión por la Patria (UxP) y los 13 radicales que impulsaban la iniciativa sumaban una mayoría suficiente, con la posible adhesión de otros opositores. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, seis senadores de la UCR cambiaron su postura tras recibir presiones directas desde la Casa Rosada y de sus respectivos gobernadores, lo que hizo que la votación fracasara por apenas un voto.

Entre los legisladores que se desmarcaron y facilitaron la caída del proyecto se encuentran Eduardo Vischi (Corrientes), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Mariana Juri (Mendoza), Víctor Zimmermann (Chaco), Stella Maris Olalla (Entre Ríos) y Mercedes Valenzuela (Corrientes), quienes responden a los mandatarios provinciales de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

Los propios integrantes del bloque radical reconocieron las presiones. “Nos ofrecieron mandar el proyecto a comisión para no votarlo en el recinto, pero dijimos que no porque cuando volviéramos al recinto nos íbamos a mostrar igual de divididos”, admitieron desde la UCR.

El doble discurso de la transparencia

El fracaso de esta votación no solo dejó impune un escándalo que involucró directamente al presidente Milei y a su círculo cercano, sino que también desnudó la hipocresía de aquellos sectores que promueven proyectos como “Ficha Limpia” y que hacen campaña con la necesidad de garantizar transparencia y rendición de cuentas.

Estos son los senadores cómplices que no quieren investigar y avalan el comportamiento del presidente en una de las mayores estafas de la historia de Argentina.
Vean bien quiénes están del lado de la transparencia y quiénes avalan estafadores. pic.twitter.com/dD1n2ABjmS

— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) February 20, 2025

Mientras en sus discursos se presentan como guardianes de la ética pública, cuando las sospechas recaen sobre los suyos, esos mismos legisladores se encargan de bloquear cualquier intento de esclarecimiento. El rechazo a la comisión investigadora demuestra que su compromiso con la transparencia es selectivo y oportunista, aplicándose solo cuando no incomoda a sus propios intereses.

Un golpe a la ciudadanía y a la lucha contra la corrupción

El escándalo cripto afectó a miles de pequeños inversores que confiaron en una criptomoneda promocionada por Milei y su entorno. La falta de una investigación oficial deja en el aire las responsabilidades políticas y abre la puerta a nuevas maniobras especulativas sin control.

Más allá del traspié legislativo, el episodio expone una preocupante realidad: cuando se trata de proteger al poder, las promesas de honestidad y transparencia quedan en segundo plano, y los intereses políticos prevalecen sobre el derecho de la ciudadanía a conocer la verdad.

Este aumento refleja una presión sostenida sobre los costos mayoristas, impulsada tanto por productos nacionales como importados.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 1,5% en enero de 2025, marcando el nivel más alto en los últimos cuatro meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este aumento refleja una presión sostenida sobre los costos mayoristas, impulsada tanto por productos nacionales como importados.

El avance del IPIM estuvo determinado por un incremento del 1,6% en los productos nacionales y del 0,5% en los productos importados. Entre los sectores con mayor incidencia en la suba se destacaron Petróleo crudo y gas (+0,35%), Sustancias y productos químicos (+0,29%), Alimentos y bebidas (+0,16%), Productos refinados del petróleo (+0,15%) y Productos agropecuarios (+0,11%).

#DatoINDEC
Los precios mayoristas aumentaron 1,5% en enero de 2025 respecto del mes previo y 43,8% interanual https://t.co/5oexRNCoW8 pic.twitter.com/JYkeADDhdJ

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 19, 2025

Además, otros índices mayoristas también mostraron incrementos significativos. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, subió 1,6%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios en la producción local, se elevó un 1,8%, impulsado por una fuerte suba del 2,7% en los productos primarios y del 1,4% en productos manufacturados y energía eléctrica.

Si bien el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, afirmó que esta aceleración no es preocupante en el corto plazo, advirtió que “el desafío de profundizar el proceso de desinflación no es menor”. Destacó que los productos primarios, cuyos precios dependen en gran medida del mercado internacional, han registrado fuertes aumentos.

Con este nuevo incremento, el mercado mayorista sigue en alza, reflejando el impacto de los costos en la cadena productiva y generando expectativas sobre su impacto en los precios minoristas.

Se trata de un paso clave hacia el desmantelamiento de áreas clave del Estado, debilitando una de los principales herramientas de la banca pública con consecuencias directas en el acceso al crédito para PyMEs y familias.

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, profundizando así su agenda de reformas y privatizaciones. Esta decisión, que se presenta como un “reordenamiento” de la entidad, representa en realidad un paso clave hacia su privatización, debilitando uno de los principales bastiones de la banca pública y restringiendo el acceso al crédito para PyMEs y familias. Ahora, con este decreto, Milei avanza en el vaciamiento del Estado, afectando a una de las instituciones financieras más importantes del país.

El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima.

Dios bendiga a la República Argentina.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) February 20, 2025

El Banco Nación, que en 2024 rompió récords en otorgamiento de créditos y fortaleció su participación en el sistema financiero, ahora queda sujeto a una transformación que, según sus propias autoridades, permitirá la apertura de su capital. Esto implica la posibilidad de venta de acciones y, eventualmente, su privatización total o parcial, a pesar de que el Congreso había excluido al BNA de la lista de empresas a privatizar dentro de la modificada Ley Bases.

A pesar de un fallo de la Justicia Federal que advirtió que cualquier intento de privatización debe pasar por el Congreso, el oficialismo insiste en avanzar por decreto. Con esta medida, el Estado mantendría el 99,9% del capital social, pero deja abierta la posibilidad de modificar esta composición en el futuro, facilitando su traspaso al sector privado.

Mientras el Gobierno reprime con dureza a los jubilados que reclaman un ajuste digno y avanza con el desmantelamiento del sistema previsional, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue utilizando recursos públicos para intervenir en los mercados financieros. Ahora, con la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, el Ejecutivo profundiza el vaciamiento del Estado, debilitando un banco clave para el desarrollo productivo del país y abriendo la puerta a su venta en el corto plazo.

El ministro ordenó a la ANSeS compras masivas de acciones y bonos argentinos. Hace menos de siete días, Caputo había intervenido en el mercado con los fondos del FGS para planchar al dólar.

Mientras en las puertas del Congreso los jubilados eran reprimidos brutalmente por exigir un mísero aumento en sus haberes, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizaba una vez más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para intervenir en el mercado financiero. En lugar de garantizar el pago de mejores jubilaciones, el gobierno destinó 350 millones de dólares del fondo previsional a la compra de bonos y acciones para frenar el derrumbe de los activos argentinos en Wall Street y contener la situación tras el escandalo de la criptoestafa de $Libra.

El desplome del mercado había quedado en evidencia el lunes, incluso a pesar del feriado en Estados Unidos. Para contener el golpe, el Gobierno también inyectó otros 650 millones de dólares en la operatoria del dólar contado con liquidación, logrando apenas una baja del 0,6% en el MEP, que cerró en 1.206 pesos, mientras que el blue se mantuvo en 1.235 pesos.

Las acciones argentinas en Wall Street, por su parte, registraron algunas subas impulsadas por esta intervención. Transportadora de Gas del Sur lideró con un alza del 2,7%, seguida por Telecom con un 1,7% y Grupo Financiero Galicia con un 1,4%. Sin embargo, no todos los papeles reaccionaron positivamente: YPF cayó un 0,2% y Supervielle perdió un 0,8%.

Este nuevo uso del dinero de los jubilados para manipular los mercados financieros se da en el mismo momento en que el gobierno impulsa el fin de las moratorias previsionales, dificultando aún más el acceso a la jubilación para miles de argentinos. Mientras las fuerzas de seguridad reprimen con dureza a quienes reclaman por sus derechos básicos, el oficialismo prioriza a los grandes inversores, utilizando recursos que deberían estar destinados a garantizar el bienestar de quienes más lo necesitan.

En un brutal y desproporcionado operativo, un grupo de jubilados fue dispersado violentamente con el protocolo antipiquetes.

Una vez más, las fuerzas de seguridad fueron utilizadas de manera desproporcionada para reprimir a jubilados que se manifestaban pacíficamente en las puertas del Congreso. En el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, la protesta terminó con un despliegue policial excesivo y una feroz represión.

Cada miércoles, los jubilados salen a las calles para reclamar por sus derechos, pero esta vez, la respuesta del gobierno fue una violenta dispersión. Mientras cientos de personas protestaban sin incidentes, la Policía avanzó sobre ellos en la avenida Rivadavia, empujándolos y bloqueando su paso. Antes de las 18 horas, el operativo escaló y las fuerzas de seguridad comenzaron a lanzar gases lacrimógenos, obligando a los manifestantes a replegarse en las veredas.

"Nadie se va a poder jubilar. Nos quedamos sin jubilación y ustedes nos vienen a cagar a palos"

El desesperado grito de una jubilada ante la represión esta tarde en Congreso, en una nueva marcha de jubiladxs contra el ajuste de MIlei pic.twitter.com/Tq5ZFYxgAb

— Radio Sur 88.3 (@Radio_Sur) February 20, 2025

El momento más alarmante se produjo cuando una mujer, afectada por los gases, cayó desmayada en la vereda. Según el periodista Nicolás Munafó, testigo del hecho, los agentes continuaron lanzando gas incluso mientras ella permanecía en el suelo, evidenciando la brutalidad de la represión.

Las imágenes transmitidas por C5N muestran claramente la secuencia de los hechos: el avance violento de la Policía, los gases dispersando a los manifestantes y la mujer desvaneciéndose mientras las fuerzas de seguridad mantenían su ofensiva.

La movilización de este miércoles no solo incluyó a jubilados, sino también a trabajadores de la salud y a integrantes de la Asamblea Antifascista, quienes se sumaron en rechazo a las políticas del gobierno nacional. Pese a la represión, los manifestantes resistieron y lograron rodear el Congreso, haciendo visible su reclamo.

Cada miércoles jubilados y jubiladas reclaman en el Congreso. Hoy se sumaron también luchas por trabajo, salud e igualdad. La respuesta: gases, palos y detenciones.

¡Repudiamos la represión a la protesta y a la prensa!

¡Exigimos la liberación de todas las personas detenidas! pic.twitter.com/skqBBrG0CK

— SiPreBA – Sindicato de Prensa de Buenos Aires (@sipreba) February 19, 2025

Los jubilados, uno de los sectores más castigados por el ajuste económico, continúan exigiendo respuestas en un contexto de creciente crisis social. En esta ocasión, la protesta fue aún más masiva debido al malestar generalizado, agravado por el escándalo de la estafa con criptomonedas que sacude al oficialismo.

A pesar del despliegue represivo ordenado por Bullrich, la manifestación se sostuvo hasta el final, dejando un saldo de al menos dos detenidos y una nueva muestra del uso de la fuerza como mecanismo para sofocar la protesta social.

“Consideramos que el gobierno recurre a continuos canjes de deuda para manejar gran parte de sus vencimientos en pesos y realiza subastas para refinanciar otros montos de deuda que vencen pronto”.

La calificadora Standard and Poor’s (S&P Global Ratings) declaró a Argentina en “default selectivo” tras el reciente canje de deuda en pesos por US$ 6.500 millones, lo que reaviva las preocupaciones sobre la fragilidad financiera del país.

La agencia rebajó la calificación de los instrumentos en moneda local a ‘SD’ (Selective Default) y advirtió que el gobierno ha recurrido a sucesivos canjes de deuda, acumulando un total de US$ 78.000 millones desde marzo de 2024. Según S&P, este mecanismo constituye un “incumplimiento en condiciones desventajosas” debido a las restricciones de acceso al mercado financiero.

En contraste, la deuda en moneda extranjera se mantuvo en ‘CCC/C’, aunque la agencia subraya que Argentina sigue dependiendo del mercado local para refinanciar sus pasivos, en un contexto de vulnerabilidad económica y persistente cierre de los mercados globales de capitales.

S&P advirtió que sin reformas estructurales en materia cambiaria y monetaria, el país enfrenta riesgos de mayor inestabilidad y nuevos incumplimientos. No obstante, la agencia dejó abierta la posibilidad de mejorar la calificación si se observa una reducción de las vulnerabilidades externas y un acceso más estable a la liquidez.

El informe refuerza la incertidumbre sobre el futuro financiero de Argentina, mientras el gobierno enfrenta el desafío de sostener la estabilidad económica en un escenario de presión creciente.

La crisis laboral golpea al sector petrolero en Chubut tras el despido de casi 300 trabajadores de Halliburton, lo que ha desatado preocupación en la industria y la amenaza de un paro total.

El Sindicato Privado de Petróleo y Gas de Chubut denunció la decisión de la empresa como “drástica y destructiva” y advirtió que, si no hay una solución en la instancia de conciliación obligatoria, se avanzará con una huelga general en todos los yacimientos de la provincia.

El subsecretario del gremio, Carlos Gómez, acusó a Halliburton de violar sus compromisos asumidos en paritarias y calificó la medida como “una falta de respeto” a la región. Además, destacó que la reducción de personal pone en riesgo la estabilidad del sector en una provincia que representa el 20% de la producción petrolera del país.

La situación en Chubut se suma a la crisis que atraviesa la vecina provincia de Santa Cruz, donde los trabajadores petroleros llevan adelante una huelga en rechazo a la salida de YPF de la región. Mientras tanto, la industria continúa reconfigurándose con el foco puesto en Vaca Muerta, dejando en incertidumbre el futuro de los empleados en los campos maduros.

El conflicto sigue abierto y la amenaza de un paro total mantiene en vilo a toda la actividad petrolera en el sur del país.