“Milei tiene como propósito y objetivo, principalmente ahora en año electoral, supongo que más agudo, fundir a las provincias, pero creo que con particular saña a la provincia de Buenos Aires”. destaco el gobernador.

El gobernador Axel Kicillof respondió con dureza al rechazo del Presupuesto 2025 en la Legislatura bonaerense y acusó al presidente Javier Milei de intentar “fundir a las provincias”, señalando que la provincia de Buenos Aires es objeto de una “particular saña”. En declaraciones a Radio 10, Kicillof subrayó que la oposición bloqueó el tratamiento del presupuesto con una estrategia destinada a desfinanciar al distrito más grande del país.

“Milei tiene como propósito y objetivo fundir a las provincias, pero creo que con particular saña a la provincia de Buenos Aires”, afirmó el mandatario, y advirtió: “No voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires porque la lógica de Milei es atacar a las jurisdicciones y luego exigirles sumisión. No voy a entrar en ningún proceso de extorsión”.

No vamos a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires ni que la sometan a ninguna extorsión. Vamos a seguir defendiendo la salud, la educación, la seguridad y los derechos del pueblo bonaerense aunque Milei y la oposición quieran seguir atacando y perjudicándonos.… pic.twitter.com/jgnPBNVhBL

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 28, 2024

Un presupuesto clave bloqueado por la oposición

El Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo provincial incluía medidas prioritarias para garantizar salud, educación, seguridad y fomento al trabajo, alineadas con los compromisos de campaña. Sin embargo, Kicillof señaló que “una parte de la oposición no tenía ninguna intención de aprobarlo”.

El mandatario explicó que las leyes tributarias, fiscales y de endeudamiento propuestas buscaban garantizar previsibilidad en los gastos y recursos para los municipios. “Este presupuesto era un reflejo de nuestras prioridades: continuar con obras, fortalecer la producción y proteger los derechos de los bonaerenses”, enfatizó.

Kicillof también destacó que el presupuesto mantenía una estructura progresiva en materia impositiva, enfocada en cobrar más a quienes más tienen, algo que había generado polémica pero funcionado con éxito en el último año.

“Intentan asfixiar a la provincia por razones electorales”

El gobernador vinculó el rechazo del presupuesto con una estrategia política de Milei y sus aliados para desestabilizar su gestión de cara al año electoral. “Hay una dedicación especial para que la provincia de Buenos Aires enfrente dificultades económicas, lo que muestra una clara intencionalidad política”, dijo.

A pesar del revés legislativo, Kicillof reafirmó su compromiso de defender a los bonaerenses: “Nos vamos a poner al frente de la defensa de los derechos del pueblo, la educación, la salud y el bienestar, sin importar las maniobras de desestabilización que enfrenten”.

Camino hacia un posible acuerdo

Frente a esta situación, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, anunció la creación de una “mesa de trabajo” entre legisladores oficialistas y opositores para intentar destrabar el presupuesto en febrero próximo.

Kicillof cerró con un mensaje de resiliencia: “Seguiremos adelante con nuestras prioridades, ajustándonos a las circunstancias, pero sin renunciar a nuestro compromiso con la gente de la provincia de Buenos Aires”.

El rechazo del Presupuesto 2025 pone de relieve las tensiones políticas que atraviesan la provincia y el país, dejando en evidencia cómo los intereses partidarios pueden impactar en la gestión de políticas públicas clave.

La decisión del máximo tribunal traslada el expediente de la causa del Correo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito cercano al macrismo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el año con un polémico fallo que beneficia directamente a Mauricio Macri y a su familia en la extensa causa del Correo Argentino, que lleva más de dos décadas acumulando escándalos e irregularidades. La decisión del máximo tribunal traslada el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito conocido por su cercanía con el macrismo, lo que podría permitir al expresidente evitar el pago de una deuda millonaria al Estado argentino.

El caso, que data de 2001, implica a SOCMA Americana S.A., una de las principales empresas del Grupo Macri, controlante del Correo Argentino, cuya quiebra fue declarada en 2021. La maniobra de la Corte no solo habilita al TSJ porteño a revisar el fallo de quiebra dictado en el fuero comercial nacional, sino también otros recursos de naturaleza civil, laboral y penal, consolidando así un escenario jurídico ampliamente favorable para los intereses de los Macri.

Un sistema judicial bajo influencia

El TSJ de la Ciudad, integrado por jueces con vínculos cercanos al macrismo, como Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Vivian de Langhe, se perfila como un terreno cómodo para el expresidente. Estos jueces han ocupado cargos clave durante la gestión de Macri, tanto a nivel local como nacional, y ahora tendrán la potestad de revisar las decisiones tomadas en el ámbito de la justicia nacional.

La causa Correo cobró notoriedad en 2017, cuando la fiscal Gabriela Boquin denunció un intento de acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado que buscaba condonar el 98,87 % de la deuda acumulada, lo que ella calificó como un fraude al Estado. Desde entonces, la familia Macri ha desplegado una estrategia judicial y política para eludir responsabilidades económicas y legales, presentando múltiples recursos ante diferentes instancias.

Un precedente alarmante

El fallo de la Corte Suprema no solo beneficia al Grupo Macri, sino que sienta un peligroso precedente. Respaldándose en un caso menor –la disputa entre la familia de León Ferrari y Gabriel Levinas–, la Corte validó la competencia del TSJ porteño para intervenir en recursos extraordinarios de la justicia nacional. Este cambio de jurisprudencia, justificado como un intento de corregir una supuesta “desigualdad” entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, consolida de facto un control político y judicial sobre causas clave, como la del Correo.

La disidencia y las críticas

Aunque el fallo contó con el respaldo de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, el juez Carlos Rosenkrantz sorprendió con una disidencia. A pesar de su conocida cercanía con el macrismo, Rosenkrantz advirtió que el TSJ porteño no tiene facultades para intervenir en casos de la justicia nacional, ya que ello implicaría una alteración significativa del sistema federal argentino.

Por su parte, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación denunció que la decisión de la Corte tiene como objetivo principal garantizar la impunidad de Mauricio Macri en detrimento del interés público. Según el titular del gremio, Julio Piumato, la resolución busca proteger al macrismo y consolidar su influencia sobre sectores estratégicos de la justicia.

Un fallo con consecuencias económicas y políticas

Con esta jugada, el Grupo Macri no solo aspira a evitar el pago de una deuda millonaria, sino también a bloquear las investigaciones sobre presuntas maniobras fraudulentas en el concurso de acreedores, como vaciamiento de activos y manipulación de mayorías. Además, buscan posicionarse para obtener una compensación económica por la expropiación de la empresa, consolidando un esquema que combina poder político, económico y judicial.

El fallo de la Corte Suprema evidencia, una vez más, cómo los resortes del poder en Argentina pueden ser manipulados para beneficiar a las élites económicas y políticas, en un caso que podría sentar un peligroso precedente para la independencia judicial y la justicia social en el país.

El influencer libertario Franco Antunes, más conocido como Fran Fijap, reivindicó al policía que mató a su vecino: “se lo merecía por marrón incivilizado”. 

El influencer libertario Franco Antunes, más conocido como Fran Fijap, reivindicó al policía que mató a su vecino tras una discusión por el volumen de la música en Navidad. El tuitero oficialista lanzó insultos racistas contra la víctima y aseguró que se lo merecía “por marrón incivilizado”.

El militante mileísta ya había estado envuelto en un escándalo hace pocas semanas cuando fue increpado por el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni a quien insultó en reiteradas oportunidades durante una entrevista. También fue expulsado de una marcha universitaria de la cual tuvo que huir a las corridas y terminó refugiado en un local de empanadas auxiliado por un vendedor de Rappi y un pelotón policial.

“Merecido por marrón incivilizado” dijo en Twitter sobre el asesinato de Sergio David Díaz, el colectivero de la línea 109 que fue asesinado en La Matanza.

El crimen de Díaz tuvo lugar en la mañana del 25 de diciembre en Lomas del Mirador. La víctima fue trasladada por sus propios familiares al Hospital Paroissien, donde finalmente falleció.

El libertario festejó el accionar del policía retirado Rafael Horacio Moreno, quien disparó en el abdomen de Díaz con un revólver calibre .38. “El tipo se infló las pelotas de la música y pidió dos veces que le bajen un toque el volumen”, manifestó en su cuenta de X.

A pocas horas del homicidio, Moreno fue detenido por la policía y reconoció ser el autor del disparo que terminó con la vida del colectivero. En su primera declaración ante el fiscal Matías Folino, el policía retirado aseguró que el arma “se le disparó” y dijo que no tuvo intenciones de matar.

El policía retirado que mató el colectivero en Navidad dijo que se le escapó el tiro

“Los orangutanes se irritaron y lo increparon aún estando equivocados. Se quedó cortísimo, había que repartir plomo”, cerró Antunes.

El influencer es conocido por su estilo provocador y por buscar la confrontación permanente con militantes opositores aunque en el cara a cara termine por huir o esconderse detrás de otras personas y luego se victimice en las redes sociales.

El ministro de economía afirmo que el acuerdo con el FMI “Va a contribuir a bajar el riesgo país, a bajar las tasas de financiamiento. Soy super optimista”.

Luis Caputo vuelve a apostar al FMI para apuntalar al Banco Central, que sigue sin consolidar reservas sólidas, en un anuncio que trae a la memoria las consecuencias del endeudamiento masivo durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri. En esta nueva etapa, el ministro proyecta un acuerdo con el organismo internacional para 2025, superávit fiscal y reformas que, según asegura, permitirán el fin del cepo cambiario. Sin embargo, esta promesa depende de que se cumplan condiciones previas, como la recapitalización del Banco Central y un equilibrio fiscal sostenido.

Actualmente, el Banco Central ha acumulado USD 22.000 millones en reservas, pero sigue en números rojos debido a deudas heredadas y compromisos asumidos. Para Caputo, un acuerdo con el FMI no solo aportaría recursos adicionales, sino que también sería crucial para bajar el riesgo país y las tasas de financiamiento, impulsando la estabilidad económica. Sin embargo, este enfoque despierta cuestionamientos, dado que las consecuencias de su estrategia previa con el Fondo aún se sienten en la macroeconomía argentina, con un ajuste fiscal actual que resulta paradójico, considerando su responsabilidad en el endeudamiento masivo de entonces.

Caputo insiste en que la salida del cepo cambiario en 2025 será posible si se cumplen las metas trazadas, pero evitó ofrecer fechas concretas: “El timing es difícil de precisar. Estamos trabajando para que las condiciones se cumplan lo más rápido posible. El acuerdo con el Fondo es una parte fundamental de esto”, afirmó. La dependencia del FMI y su impacto en las cuentas públicas argentinas refuerzan las dudas sobre si esta estrategia podrá revertir los problemas estructurales del país o si será un nuevo capítulo de políticas que agravan la fragilidad económica a largo plazo.

El abogado Jeremías Rodríguez acusa al legislador de Pro de tener una desarrolladora con 373 unidades funcionales en construcción a través de la empresa Emprendimientos Rivadavia SA.

La situación de Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, se complica cada día más. En las últimas horas, la denuncia en su contra fue ampliada para incluir 14 emprendimientos inmobiliarios, valuados en más de 55 millones de dólares, ubicados principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Estos proyectos, gestionados a través de la empresa Emprendimientos Rivadavia SA, forman parte de las acusaciones de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes como funcionario público.

El abogado Jeremías Rodríguez, quien lidera la denuncia, señala que el estilo de vida de Ritondo es incompatible con el de un servidor público. “Es obsceno que alguien con una carrera política tan extensa tenga semejante cantidad de inmuebles y vehículos. Basta con caminar por Pinamar para notar que su nivel de vida no se corresponde con su rol”, afirmó.

Pese a las crecientes denuncias, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza y aliado político de Ritondo, no ha escatimado en salir a defenderlo. En declaraciones recientes, Milei calificó las acusaciones como una “persecución política” y pidió que se respeten los derechos del legislador. Esta defensa pública ha despertado críticas, señalando una contradicción entre los discursos de Milei sobre la “casta política” y su apoyo a Ritondo, un dirigente con vínculos familiares y financieros cuestionados.

Nuevas revelaciones complican el escenario

La ampliación de la denuncia incluye una investigación periodística que vincula a Ritondo con sociedades offshore y propiedades de lujo en Miami, adquiridas a través de su esposa, Romina Aldana Diago. Estas operaciones, realizadas mientras Ritondo ocupaba cargos públicos, están registradas en paraísos fiscales como Delaware y las Islas Vírgenes Británicas. Una de las propiedades destacadas es un departamento en Miami Beach, adquirido mediante la sociedad Goformore LLC.

Además, documentos judiciales señalan que Ritondo posee créditos y deudas con Ardax SA, una empresa uruguaya vinculada a desarrollos inmobiliarios exclusivos en Punta del Este. Entre ellos, el lujoso barrio privado Reserva Montoya, con lotes de alta categoría y servicios premium.

Sin novedades inmediatas, pero con presión en aumento

Aunque la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano acusó recibo de la ampliación de la denuncia, no se esperan avances hasta el próximo año. Mientras tanto, Ritondo desestima las acusaciones. “Que investiguen todo lo que tengan que investigar, no van a encontrar irregularidades. Todo está declarado”, aseguró.

Sin embargo, la combinación de los nuevos elementos, el impacto mediático y la defensa pública de Milei ha generado un escenario políticamente explosivo, que no solo compromete la imagen de Ritondo, sino que también pone en entredicho la coherencia del discurso de sus aliados políticos.

Las palabras del vocero presidencial confirman el rumbo del modelo económico que el gobierno libertario busca instalar, basado en la precarización laboral y salarios indignos que rozan la servidumbre.

En una polémica declaración que encendió el debate, el vocero presidencial Manuel Adorni quien no supo explicar su fenomenal aumento patrimonial, sostuvo que “conceptualmente, el salario mínimo es un error porque hay personas dispuestas a trabajar por menos”. Estas palabras no solo desatan el repudio generalizado, sino que también confirman el rumbo del modelo económico que el gobierno libertario busca instalar: uno que tolera y fomenta la precarización laboral, perpetuando salarios indignos que rozan la servidumbre, mientras un puñado de sectores económicos concentra riquezas desmesuradas.

El salario más bajo en dos décadas

El gobierno decretó un incremento del 9,3% para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre hasta marzo de 2025, alcanzando un monto de $296.832. Este valor representa apenas el 60,9% de la Canasta Básica Alimentaria, condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a la indigencia. En términos reales, el SMVM sufrió una caída del 17,8% respecto a diciembre de 2023 y un 39% en comparación con 2019, marcando un piso histórico en poder adquisitivo.

Según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, el salario mínimo ha perdido un 58% de su capacidad para cubrir alimentos básicos en menos de una década. Mientras que en 2017 un salario mínimo alcanzaba para 411 litros de leche, hoy apenas cubre 190.

La servidumbre disfrazada de “razonabilidad”

A pesar de estos números alarmantes, Adorni insistió en que el salario mínimo actual es “razonable” y que su mejora en términos de dólares valida las decisiones del gobierno. Sin embargo, al ignorar comparativas de poder adquisitivo y la realidad de los costos básicos, el discurso oficial se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población.

Repercusiones sindicales y denuncias de complicidad

La CGT y las dos CTA criticaron duramente la resolución oficial, calificándola como un acto de complicidad con los empresarios para derrumbar los salarios. “El gobierno nacional lauda siempre a favor de intereses empresariales y en contra de las y los trabajadores”, señaló la CGT en un comunicado, mientras que las CTA acusaron al ejecutivo de utilizar al Consejo del Salario como una herramienta para legitimar políticas regresivas.

Un modelo que favorece la concentración de la riqueza

El deterioro del salario mínimo es solo una pieza más en el esquema del gobierno libertario, que se traduce en una transferencia de recursos desde la base de la pirámide hacia los sectores más concentrados. Este modelo económico, en palabras de Luis Campos, de la CTA Autónoma, “destruye el piso salarial de los trabajadores de menores ingresos” y perpetúa un sistema en el que unos pocos acumulan a costa del empobrecimiento generalizado.

Las centrales sindicales exigen la aprobación del presupuesto bonaerense 2025 para proteger a la provincia de la asfixia económica impulsada por el gobierno libertario.

En un gesto de respaldo contundente, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma manifestaron su apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacando la urgencia de aprobar el Presupuesto 2025 como una herramienta fundamental para enfrentar la crisis económica y social generada por las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei.

Representantes de las principales centrales sindicales se reunieron en las últimas horas para remarcar la necesidad de dotar al gobierno provincial de los recursos necesarios para mitigar los efectos del ajuste libertario y garantizar políticas públicas que beneficien a los trabajadores y al pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Hoy más que nunca son necesarios los presupuestos locales para la economía de las provincias. Comparto el comunicado de la @cgtoficialok pic.twitter.com/y2bcVA11e0

— Héctor Daer (@hectordaer) December 23, 2024

El desafío de la unidad sindical frente al ajuste

Durante un encuentro de los Consejos Ejecutivos de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, los dirigentes sindicales Roberto Baradel y Oscar de Isasi subrayaron la importancia de construir una agenda programática común para contrarrestar las medidas de ajuste y desindustrialización. Ambos destacaron el rol de los plenarios multisectoriales organizados en toda la provincia, calificándolos como “una respuesta necesaria frente al plan de hambre que impulsa el gobierno nacional”.

“La aprobación del Presupuesto 2025 es clave para que la provincia pueda enfrentar las restricciones financieras y continuar con políticas públicas que defiendan los derechos laborales y sociales”, enfatizó De Isasi, mientras que Baradel destacó “el compromiso del movimiento sindical bonaerense para respaldar al gobierno provincial en este momento crítico”.

El apoyo de la CGT: una visión federal del presupuesto

Por su parte, el Consejo Directivo nacional de la CGT emitió un comunicado titulado “Presupuesto PBA: las provincias necesitan la aprobación de la Ley de Leyes”, en el que respaldaron abiertamente el proyecto de Kicillof.

En el texto, firmado por los líderes Carlos Acuña y Héctor Daer, se enfatiza que “en un país federal, las provincias necesitan de su presupuesto para suplir las falencias de un Estado Nacional que se aleja de sus responsabilidades”. Además, destacaron que el presupuesto enviado a la Legislatura bonaerense no incrementa la carga tributaria en términos reales, lo que lo convierte en una herramienta esencial para garantizar salarios, obras de infraestructura, seguridad y puestos de trabajo.

Un llamado a la Legislatura

El comunicado sindical también puso de relieve la necesidad de aprobar de manera simultánea el paquete de leyes que incluye el Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento. “Estas herramientas son indispensables para que la gestión del compañero gobernador Axel Kicillof continúe promoviendo el desarrollo social y económico a nivel provincial y municipal”, afirmaron los dirigentes de la CGT.

Un mensaje de unidad y acción

El apoyo sindical llega en un contexto marcado por el ajuste nacional y la implementación de políticas que, según los gremios, buscan desindustrializar el país. Frente a este panorama, las centrales sindicales reafirmaron su compromiso de trabajar en unidad para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar un modelo de gestión que priorice la producción, el empleo y la justicia social en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia salió a favor del Centro de Capitanes de Ultramar, que señaló que el decreto anunciado en diciembre por Javier Milei vulnera artículos fundamentales de la Constitución y la división de poderes republicana.

La Justicia volvió a pronunciarse en contra del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. En esta ocasión, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 70, a cargo de la jueza Andrea Fabiana Centonze, declaró inconstitucional las disposiciones laborales contenidas en el decreto, argumentando que violan principios fundamentales de la Constitución Nacional, como los artículos 14, 14 bis y el principio de división de poderes.

La sentencia, emitida en favor del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, señaló que no existían razones de necesidad y urgencia para dictar el decreto, ya que el Congreso estaba plenamente operativo, invalidando así el uso de esta herramienta excepcional. El fallo destaca que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas ni eludir el control judicial.

El tribunal también cuestionó disposiciones clave del decreto, como la derogación de la Ley 25.323 sobre indemnizaciones laborales, la reducción de indemnizaciones por antigüedad, restricciones al derecho de huelga, la creación de figuras de “ilícitos sindicales” y la eliminación de sanciones por empleo no registrado. Según el fallo, estas medidas constituyen una reforma estructural que excede las competencias del Ejecutivo y no responden a una emergencia real que justifique su implementación.

Además, la jueza Centonze subrayó que “las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos del decreto no son idóneas para justificar una situación de excepción”, reafirmando la importancia de la deliberación legislativa en un sistema republicano.

Este fallo se suma a otros pronunciamientos similares en el fuero laboral que también han declarado inconstitucionales las disposiciones del DNU 70/2023, incluyendo los presentados por la CGT, la CTERA y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

Por su parte, el Estado Nacional defendió la validez del decreto argumentando que respondía a una “severa crisis económica”. Sin embargo, el fallo dejó claro que las modificaciones introducidas no son temporales ni proporcionales a una emergencia, sino reformas permanentes que afectan derechos laborales y sindicales consagrados constitucionalmente.

El Centro de Capitanes calificó al decreto como una “reforma regresiva que atenta contra los derechos de los trabajadores y la autonomía sindical”. Si bien el fallo se circunscribe al capítulo laboral del decreto, establece un precedente clave en la defensa de los derechos laborales y el respeto por la división de poderes.

Finalmente, el tribunal dispuso que las costas del proceso se distribuyan por su orden y reguló los honorarios correspondientes, cerrando un nuevo capítulo en la disputa judicial entre el sindicalismo y el Gobierno sobre la legislación laboral.

En un duro comunicado, la Pastoral Social advierte de “claras muestras, que se reiteran, de insensibilidad de parte de quienes nos gobiernan” donde “se destaca en primer lugar el Presidente de la Nación”.

En su mensaje de Navidad, la Pastoral Social de la diócesis de Merlo-Moreno, liderada por el obispo Juan José Chaparro, emitió un duro comunicado contra el Gobierno nacional, señalando su creciente insensibilidad frente a la grave situación social del país. Según el documento, ciertas decisiones y gestos del Ejecutivo reflejan “expresiones de gozo y disfrute al celebrar el mayor ajuste de la historia y sus consecuencias sobre los sectores más pobres de la sociedad”.

La Iglesia católica enumeró una serie de problemas que golpean a los argentinos:

• 50% de la población en la pobreza.
• Crecimiento de la desigualdad.
• Recortes perjudiciales para jubilados.
• Enriquecimiento de especuladores financieros.
• Criminalización de la protesta.
• Retención de alimentos destinados a comedores y merenderos.
• Un femicidio cada 30 horas.

El comunicado destacó especialmente las actitudes y discursos provenientes del gobierno que calificó como “violentos, descalificadores y contrarios al espíritu de Navidad”. Según la Pastoral Social, el Presidente encabeza estas manifestaciones de insensibilidad, las cuales han sido reiteradas y dirigidas contra los sectores más vulnerables.

En un llamado a la reflexión, el texto citó al Papa Francisco y a otros líderes religiosos para advertir sobre los peligros de una economía centrada únicamente en cifras y finanzas que ignoran las necesidades humanas. Recordaron que la verdadera paz y grandeza de una sociedad se miden por el trato hacia los más débiles y vulnerables, e hicieron un fuerte llamado a buscar la justicia social y la solidaridad como herramientas para enfrentar la crisis actual.

El documento cerró con un mensaje esperanzador, invitando a que, en medio de un clima de odio y violencia, la sociedad argentina recupere valores como el perdón, la justicia y la paz, recordando que Cristo es el verdadero símbolo de reconciliación en estas fechas.

En plena noche buena, el Presidente utilizó su cuenta de Twitter para reproducir fake news. Con el fin de mostrar un supuesto boom del consumo publicó una foto de un shopping repleto de gente…pero de China.

El presidente Javier Milei volvió a ser el centro de críticas tras publicar, en plena Nochebuena, una foto supuestamente tomada en el Unicenter de Martínez para demostrar una supuesta recuperación económica en Argentina. Sin embargo, las imágenes no eran del reconocido centro comercial bonaerense, sino del Tianhe Shopping Mall, ubicado en Guangzhou, China, y fueron tomadas en agosto.

Con el mensaje “Imágenes del Unicenter anoche: 90.000 personas”, Milei difundió un tuit acompañado de un video y una foto que, según él, reflejaban el boom de consumo navideño. Pero rápidamente usuarios de redes sociales identificaron la mentira: las imágenes eran de un shopping en el corazón de la China comunista, lejos de la realidad económica local.

El tuit fue retuiteado originalmente por la cuenta @trumperizar, parte de la red de trolls oficialistas que el presidente utiliza para amplificar su discurso libertario. Este hecho no es aislado: Milei tiene antecedentes de difundir fake news desde esta red, revelada previamente como su “algoritmo de Yrigoyen”, que le filtra contenido afín para reforzar su narrativa.

Mientras Milei insiste en crear una ilusión de recuperación económica que aun no se logra ver con claridad, los datos reales son menos alentadores. Según un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas por Navidad cayeron un 0,9% en comparación con el año anterior, marcando la segunda baja consecutiva. Aunque las promociones y las compras de último momento lograron impulsar la actividad, la realidad económica sigue siendo adversa.

La insistencia del presidente en usar su cuenta de Twitter para difundir noticias falsas genera interrogantes: ¿lo hace deliberadamente para desviar la atención de los problemas reales, como la caída en el consumo, o simplemente no le importa verificar la veracidad de la información que comparte?

En cualquier caso, el contraste es claro: mientras Milei intenta vender una narrativa de bonanza con fotos falsas de la China comunista, la economía argentina sigue luchando para levantar cabeza, incluso en las fechas más importantes para el consumo.