“Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el Gobierno lo pidió o la radio lo ofreció”, dijo Longobardi
El periodista Marcelo Longobardi fue desvinculado de Radio Rivadavia bajo el argumento de su falta de presencialidad en el estudio, una explicación que él mismo calificó como “ridícula e insostenible”. Según Longobardi, su despido está vinculado a presiones externas, posiblemente del gobierno de Javier Milei, debido a su postura crítica hacia la nueva administración.
Longobardi, quien conducía el programa Esta Mañana desde marzo de 2023, trabajaba desde Miami, donde reside con su familia desde 2022. Aunque esta modalidad remota era conocida y aceptada desde el inicio del contrato, recibió una carta documento esta semana informándole sobre su desvinculación, citando su ausencia física y bajos niveles de audiencia.
El periodista rechazó los motivos esgrimidos por la emisora y denunció que su salida podría ser el resultado de una negociación entre el gobierno y la radio. “Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el Gobierno lo pidió o la radio lo ofreció”, declaró a La Nación. Además, vinculó su despido a sus críticas hacia el presidente Milei, a quien acusó de “arruinar las ideas liberales”.
La controversia se intensificó tras las recientes declaraciones de Longobardi en contra del periodista Luis Majul, a quien acusó de operar como vocero del oficialismo. En su programa, Longobardi criticó los comentarios de Majul sobre un supuesto plan de la vicepresidenta Victoria Villarruel para fortalecer a las Fuerzas Armadas, insinuando una intención golpista.
Longobardi vs Majul por la fuerte interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel 👇🏻👇🏻👇🏻
En medio de este clima tenso, Longobardi denunció en vivo haber recibido “aprietes” para que su programa fuera levantado, aunque prefirió no revelar detalles sobre los responsables. “Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones”, expresó durante su transmisión, antes de optar por autocensurarse.
Desde Radio Rivadavia, en tanto, negaron las acusaciones de presiones políticas y justificaron la decisión como un tema contractual y de rendimiento. Sin embargo, las declaraciones de Longobardi y el contexto de su despido generan dudas sobre la verdadera naturaleza de esta decisión, que ha sido vista por muchos como un intento de acallar voces críticas en el panorama mediático en un contexto donde se viene alertando por el avasallamiento al periodismo y la libertad de expresión en Argentina.
El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada (DDJJ) anual fuera de término y con datos que generan dudas sobre la transparencia de su situación patrimonial.
El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada (DDJJ) anual fuera de término, con datos que generan dudas sobre la transparencia de su situación patrimonial. A pesar de una prórroga otorgada hasta el 31 de octubre de 2024, Adorni entregó su DDJJ el 7 de noviembre, revelando un incremento patrimonial del 500% durante 2023, que incluye la adquisición de 42.500 dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares.
La comparación entre su DDJJ inicial, presentada en enero, y la anual, entregada en noviembre, revela discrepancias significativas. Por ejemplo, en enero declaró poseer 10 millones de pesos en fondos comunes de inversión y depósitos en el exterior por más de 8 millones de pesos. Sin embargo, estas cifras no aparecen en su DDJJ anual como bienes al inicio del período, generando preguntas sobre el destino de más de 16 millones de pesos que desaparecen de sus reportes.
El salto patrimonial más llamativo se observa al cierre de 2023, cuando Adorni asegura haber incorporado 42.500 dólares a su patrimonio. Según su DDJJ, el dinero provino de préstamos de su madre, Silvia Pais, y una jubilada de 95 años, Norma Zuccolo, presuntamente familiar suya. Ambos préstamos coinciden exactamente con el valor en pesos que adjudica a los dólares, lo que levanta sospechas de una posible maniobra para justificar ingresos no declarados previamente.
Exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) señalan que este tipo de préstamos familiares es una táctica común para “blanquear” dinero no declarado. Aunque no se afirma que este sea el caso, la OA, bajo la gestión de Alejandro Melik, debería investigar en detalle estas transacciones y aclarar el origen de los fondos.
Por otro lado, mientras algunos bienes y deudas se mantienen constantes en sus declaraciones, los ajustes de valor también llaman la atención. Por ejemplo, un departamento en CABA que inicialmente valuó en 2 millones de pesos fue revaluado en 3,9 millones en la misma declaración anual.
La falta de respuesta del funcionario, a pesar de los intentos de contacto por parte de El Destape, refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva. Estas inconsistencias no solo generan dudas sobre la veracidad de su DDJJ, sino que también subrayan la importancia de que los organismos de control cumplan su función para garantizar la transparencia de los funcionarios públicos.
La denuncia de Carrió refuerza la sospecha de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo.
La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia formal contra el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero. Según los documentos a los que accedió elDiarioAR, la acusación de Carrió se centra en un entramado de sociedades offshore vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado, y en la supuesta falta de declaración de propiedades en Miami.
En su escrito dirigido a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, Carrió afirmó que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. La presentación solicita que se investigue a fondo el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, incluyendo sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y posibles colocaciones en instituciones nacionales e internacionales.
La denuncia toma como base una investigación realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló una compleja estructura de sociedades controladas por Diago y con propiedades en el extranjero que no habrían sido declaradas.
Ampliación de la denuncia
Mónica Frade, diputada y aliada de Carrió, presentó una ampliación de la denuncia, enumerando inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo. Según Frade, hay indicios de que el dirigente macrista podría haber incurrido en presunto lavado de dinero, dado que no habría declarado bienes de su esposa en el exterior, como exige la normativa vigente.
Frade señaló que Ritondo estaba obligado a informar los bienes de Diago en las declaraciones juradas que presentó ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno bonaerense y la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos, lo que dificulta confirmar si estos fueron incluidos.
Las preguntas clave
La investigación plantea interrogantes cruciales:
¿Declaró Ritondo las propiedades de Diago en el exterior ante los organismos correspondientes?
¿Fueron informadas estas propiedades a la AFIP o a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)?
Hasta el momento, ni Ritondo ni Diago han respondido las consultas realizadas por elDiarioAR y CLIP. Sin embargo, de confirmarse las irregularidades, los bienes en Florida controlados por Diago a través de sociedades offshore debieron ser declarados como parte de su patrimonio, tanto en su carácter de accionista como beneficiaria final.
La denuncia de Carrió y su ampliación por parte de Frade refuerzan las sospechas de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo. Ahora, la UIF deberá determinar si estas sociedades offshore y las propiedades en Miami configuran un esquema de ocultamiento de activos.
A penas cinco días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, intentó comprar cinco departamentos en Asunción valuados en 700 mil dólares.
Las piezas empiezan a encajar en un rompecabezas que deja al descubierto un entramado sospechoso. Apenas cinco días después de la aprobación de la polémica Ley de Bases en el Senado, la secretaria privada del senador Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó adquirir cinco departamentos en Asunción, Paraguay, por un valor de casi 700 mil dólares. Esta suma es tres veces superior al dinero encontrado en la mochila de Kueider durante un control aduanero en Ciudad del Este el pasado 4 de diciembre, cuyo origen el senador no pudo justificar y que lo mantiene preso hasta hoy.
La revelación salió a la luz gracias al empresario Carlos Guasti, CEO de la destacada firma de bienes raíces Petra Urbana, quien relató en una entrevista que Guinsel Costa apareció “a última hora” de aquel 18 de junio en las oficinas de la empresa con la intención de cerrar la compra “en efectivo y a toda prisa”. El empresario calificó la situación como “muy inusual y sospechosa” debido a la falta de documentación requerida por la ley paraguaya para este tipo de transacciones.
Según Guasti, la secretaria mostró un comportamiento apresurado y evitó responder preguntas esenciales, como detalles sobre la rentabilidad de las propiedades. “Quería cerrar el trato sí o sí, pero no aportaba los papeles necesarios, prometiendo que los enviaría ‘mañana’, algo que nunca sucedió”, explicó.
El intento de compra se derrumbó cuando la empresa verificó que la documentación presentada, limitada al DNI de la secretaria y un recibo de sueldo, no cumplía con los requisitos legales. Además, un informe de la aseguradora Dow Jones clasificó a Kueider como “persona políticamente expuesta” y lo señaló como “Trafficking” (traficante, en este caso de divisas), aumentando las sospechas.
La operación no se concretó, pero dejó una serie de interrogantes inquietantes. ¿De dónde provino el dinero que la secretaria pretendía usar? ¿Está relacionado con la reciente aprobación de la Ley de Bases y la llamativa votación del senador? La suma pretendida incluía cuatro departamentos en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno, y un quinto ya a estrenar, todos ubicados en Asunción.
En este contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto a Paraguay para solicitar la extradición tanto del senador destituido como de su secretaria, mientras las investigaciones continúan.
El caso plantea serias dudas sobre el accionar de Kueider y su entorno, abriendo la posibilidad de que estos movimientos estén ligados a una posible coima vinculada a la votación de la Ley de Bases. La coincidencia temporal y las irregularidades detectadas no hacen más que alimentar las sospechas. ¿Es este un caso aislado o la punta del iceberg de una red más amplia de corrupción para comprar voluntades parlamentarias?
Acindar suspendió a 700 trabajadores y prevé paradas en la producción por la caída en el consumo de acero y la apertura de importaciones provenientes de China. La UOM teme ola de despidos.
La industria siderúrgica enfrenta una profunda crisis producto de la política de apertura de importaciones y la contracción del mercado interno. Acindar, una de las principales empresas del sector, suspendió la producción en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, dejando a 700 trabajadores afectados de manera directa y generando alarma en el gremio metalúrgico.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Pablo González, confirmó que la suspensión, inicialmente prevista para el 23 de diciembre, se adelantó debido a la baja demanda de acero en el mercado interno y al ingreso masivo de productos importados, principalmente desde China y Polonia, una consecuencia directa de la política de apertura comercial implementada por el Gobierno de Javier Milei.
Producción en mínimos históricos
En 2024, Acindar operó al 50% de su capacidad instalada, con una producción inferior a 600 toneladas, un registro inédito en la historia de la compañía considerando que en 2023 la empresa fabricó 1200 toneladas. Esta caída responde a la contracción de sectores clave como la construcción, que disminuyó un 19,5%, y la actividad industrial, con una baja del 12,4% entre enero y septiembre.
Además, la planta ya había detenido su producción en dos oportunidades este año, dejando en suspenso a cientos de trabajadores, y ahora enfrenta un nuevo ciclo de paralización. Las suspensiones recientes podrían superar los 1.000 empleados si se incluyen los contratistas, mientras la empresa evalúa reestructuraciones que podrían derivar en despidos masivos, según temen desde el gremio.
La empresa siderúrgica del Grupo Arcelor Mittal suspendió a 700 trabajadores pero podrían ser más.
Suspensiones comunicadas por WhatsApp y conflicto gremial
La decisión de suspender a los trabajadores fue informada a través de mensajes de WhatsApp, generando indignación entre los empleados. Uno de ellos expresó en la red social X: “Es la tercera suspensión del año. Mientras entra acero de China y Polonia, estamos sin trabajo. Cuando celebren los ‘logros’ de este gobierno, recuerden también esto.”
El conflicto se suma a la paritaria del sector, que lleva cinco meses de retraso y sigue sin resolverse. González, dirigente de la UOM, advirtió sobre la creciente preocupación entre los trabajadores: “La mayor parte de la planta estará paralizada, y este panorama profundiza la crisis en un sector estratégico para el país. La falta de regulación en las importaciones y la caída del consumo interno nos están dejando sin futuro.”
Impacto en el cierre del año
La situación de Acindar evidencia el deterioro generalizado en la industria siderúrgica, un sector clave para el desarrollo económico nacional. El ingreso indiscriminado de productos importados, combinado con la falta de estímulo al mercado interno, configura un escenario de alta conflictividad social y económica en la región.
Con el cierre del año en puertas, la crisis de Acindar es un reflejo de los desafíos que enfrenta la política económica del actual gobierno, que parece priorizar la apertura comercial en detrimento de la industria local y sus trabajadores.
En la primera semana de evaluaciones dispuestas por Federico Sturzenegger, casi todos aprobaron. Karina Milei, preocupada por los jardineros de la Quinta de Olivos.
En la primera semana de evaluaciones de idoneidad promovidas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el 96,3% de los empleados públicos examinados superaron las pruebas. Según un relevamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 4.002 de los 4.156 agentes evaluados aprobaron, desafiando las expectativas del ministro, quien había sugerido que la planta estatal contaba con personal carente de idoneidad.
Esta alta tasa de aprobación generó un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Karina Milei, secretaria general de Presidencia y figura clave en el círculo íntimo del gobierno, expresó su preocupación por el futuro de los jardineros de la Quinta de Olivos, contratados personalmente por ella, al considerar que las pruebas estandarizadas no reflejan la diversidad de funciones y capacidades en el organigrama estatal.
Conflictos internos y críticas sindicales
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aprovechó los resultados para cuestionar la iniciativa del ministro: “En el Estado los burros no somos los trabajadores, sino los funcionarios que asumieron el 10 de diciembre de 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público.”
Aguiar exigió que los empleados que demostraron idoneidad sean incorporados en la planta permanente del Estado, resaltando que la estabilidad laboral es un derecho constitucional. Además, el sindicato demandó la renovación automática de los contratos por un plazo mínimo de un año para quienes aún no han sido incorporados.
Karina Milei y el temor por sus jardineros
Aunque la iniciativa de Sturzenegger busca reducir y “ordenar” la estructura estatal, Karina Milei manifestó su desacuerdo en una reciente reunión de gabinete, donde se mostró particularmente preocupada por sus jardineros personales. Según trascendió, los trabajadores encargados del mantenimiento de la Quinta de Olivos, aunque destacados por su labor, apenas cuentan con estudios secundarios y enfrentarían dificultades para aprobar los exámenes estandarizados, que incluyen preguntas sobre Constitución, organización del Estado, pensamiento lógico y matemática básica.
“No puede ser que todos den la misma evaluación sin considerar las funciones que cumplen dentro del Estado,” habría señalado Karina, quien también criticó el enfoque rígido del ministro.
Sturzenegger, aunque defendió los criterios de sus evaluaciones, evitó confrontar abiertamente con la hermana del presidente, cuya influencia dentro del gobierno de La Libertad Avanza es decisiva.
Así, mientras los exámenes avanzan y refuerzan la idoneidad del personal estatal, las tensiones políticas crecen en el seno del oficialismo, poniendo en evidencia las complejas internas de un gobierno que enfrenta desafíos en su propia estructura.
“El agua y el saneamiento no son un negocio” escribió Kicillof en su cuenta de la red social X.
El anuncio de la posible privatización del 90% de las acciones de AySA, realizado por su titular Alejo Maxit, generó un fuerte rechazo por parte del gobierno bonaerense, que advirtió sobre las graves implicancias de esta medida para el acceso al agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el gobernador Axel Kicillof como su equipo de gobierno subrayaron que este intento representa un retroceso que recuerda los fracasos de la privatización de los años noventa.
Kicillof expresó su oposición a la iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia del rol estatal en garantizar servicios básicos. “El agua y el saneamiento no son un negocio. Sin un Estado que invierta y sostenga la obra pública, sería imposible transformar el sistema sanitario en los 135 municipios bonaerenses”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las obras recientes realizadas en el hospital Iriarte de Quilmes, que demuestran cómo la inversión pública puede mejorar la infraestructura en sectores esenciales.
El Presidente de @AySA_Oficial ratifica que la van a privatizar. Eso ya sucedió y salió mal, muy mal.
En su momento quebraron y fundieron una empresa que es social, que debe garantizar el acceso a un derecho básico universal. La consecuencia fue que no hubo obras durante años,… pic.twitter.com/igYDHRGpXi
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, también criticó duramente el modelo propuesto, que se inspira en la experiencia de privatización aplicada en San Pablo, Brasil. Katopodis recordó que, durante la privatización de los años noventa, la falta de obras y el abandono de las redes de agua y cloacas resultaron en un deterioro significativo del servicio. “El gobierno de Javier Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas a no cerrar las brechas de acceso al agua y al saneamiento”, sentenció.
Los logros alcanzados tras la reestatización de AySA en 2006 refuerzan el argumento contra la privatización. Según datos oficiales, la cobertura de agua potable en el AMBA creció del 76% al 85%, mientras que la de cloacas pasó del 57% al 72%. Además, durante la gestión de Malena Galmarini, se realizaron más de 4.000 kilómetros de nuevas redes de agua y 1.300 kilómetros de cloacas, beneficiando a millones de vecinos. Sin embargo, el reciente anuncio de Maxit y las decisiones del gobierno de Milei, como el cierre del ENOHSA, ponen en riesgo estos avances y generan incertidumbre sobre el futuro del servicio.
El debate revive los cuestionamientos al rol del Estado en sectores estratégicos como el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en un contexto donde los municipios más vulnerables del AMBA dependen de una gestión eficiente y equitativa. Desde la provincia de Buenos Aires, las autoridades reiteran que la privatización no es el camino para garantizar estos derechos básicos y advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en las comunidades más necesitadas.
Expertos del sector muestran desconfianza y escepticismo sobre el plan anunciado por el gobierno libertario.
El presidente Javier Milei, en su discurso transmitido por Cadena Nacional el pasado martes, presentó un balance de su primer año de gestión y delineó los principales ejes estratégicos para el futuro gobierno. Entre las declaraciones más sorprendentes, Milei anunció la puesta en marcha del “Plan Nuclear Argentino“, una iniciativa que ha generado considerable escepticismo entre expertos del área y sectores relacionados.
En su intervención, Milei afirmó: “tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en Inteligencia Artificial (IA). Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub del mundo. El aumento de demanda de energía que implica la Inteligencia Artificial (IA) va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive, y nosotros no nos vamos a quedar atrás”. Además, prometió: “Vamos a diseñar un Plan Nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”. El proyecto estaría a cargo de Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente quien el próximo 20 diciembre dará a conocer los detalles del plan.
El anuncio del presidente fue precedido hace unos días, por las llamativas declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien afirmó que Argentina “podría ser proveedor de reactores modulares pequeños (SMR) para bases en la Luna y Marte”.
Escepticismo y dudas
La noticia del Plan Nuclear ha levantado múltiples cuestionamientos debido a la falta de información detallada. Carlos Murúa, operador del reactor RA-0 en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y técnico encargado de formar a trabajadores, expresó cautela ante el anuncio: “Respecto al Plan Nuclear Argentino, tomamos con cautela el anuncio porque prácticamente no hay información al respecto. En el ámbito nuclear, un anuncio de ese tipo siempre es bien recibido, pero genera muchísimas preguntas”. Murúa destacó la importancia de definir claramente si el plan contempla únicamente la construcción de reactores o si incluirá la fabricación local, así como el grado de participación de la industria nacional.
Antipolítica Nuclear y Privatización del Sector
Nicolás Malinovsky, ingeniero y magíster en Gestión de la Energía, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, criticó duramente la postura del gobierno de Milei: “Contrariamente a su nuevo anuncio, Milei ha desarrollado una antipolítica nuclear basada en desfinanciar proyectos como la construcción del reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) o el propio proyecto Atucha III”. Malinovsky señaló que la Ley Bases promovida por el actual gobierno ha impulsado la privatización de empresas clave del sector nuclear como Nucleoeléctrica Argentina (NASA) e IMPSA, lo que podría comprometer la autonomía tecnológica y estratégica del país.
Según Malinovsky, el interés de Milei en la energía nuclear está estrechamente ligado a su objetivo de posicionar a Argentina como un centro de IA. “Ya a mediados de año, Milei decía en una entrevista que Argentina debía convertirse en el cuarto polo de la inteligencia artificial en el mundo, después de China, EEUU y Europa”, afirmó. El experto advierte que esta orientación podría llevar a un modelo extractivista donde Argentina presta tierras y vende energía barata, permitiendo que las ganancias generadas por estas inversiones se trasladen fuera del país. “Les prestamos un pedazo de tierra, les vendemos energía barata y toda la riqueza que se produce bajo esos servidores se va del país”, lamentó.
Por su parte, la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, cuestionó el reciente anuncio del gobierno sobre un nuevo Plan Nuclear, señalando que refleja “el desconocimiento de quienes están a cargo del gobierno”.
“Hablar de un proyecto nuevo, cuando ya existe uno de los más avanzados del mundo como el reactor nuclear CAREM, demuestra ignorancia sobre lo que se viene desarrollando en el país. Cualquier nuevo plan llevaría entre 10 y 15 años en concretarse”, afirmó Serquis, quien actualmente dirige la Unidad Ejecutora de Nanociencia y Nanotecnología, dependiente de la CNEA y el CONICET, un cargo al que accedió a través de concurso.
En este sentido, recordó además que el proyecto del CAREM inició su construcción en 2014, lleva invertidos unos 700 millones de dólares y requiere 200 millones más. “La obra civil tiene más del 85%, lo mismo la ingeniería, pero requiere órdenes de compra para los componentes. Su puesta en marcha estaba prevista para 2026 y se trasladó al 2028. Hay otros proyectos similares del mundo previstos para el 2030. De modo que el argentino es el primero de su clase”, y agregó que“la Agencia de Energía Nuclear analizó los 70 proyectos más avanzados del mundo y dentro de ellos, el CAREM es uno de los que tiene sus aspectos más desarrollados”.
En la misma línea, Serquis también criticó el manejo del gobierno en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). “Es paradójico que se hable de IA, cuando recientemente se organizó la primera Semana de la Inteligencia Artificial en el Centro Cultural de la Ciencia sin convocar a los investigadores pioneros en este campo, como los de la Universidad de Buenos Aires o La Plata”, subrayó. Este evento, celebrado entre el 2 y el 6 de diciembre, contó con expertos nacionales e internacionales, más de 30 conferencias y paneles, además de la participación de más de 25 empresas y organizaciones líderes.
Serquis destacó la relevancia de la energía nuclear en el contexto global, subrayando que, debido a sus bajas emisiones y su alta densidad energética, podría jugar un rol clave en satisfacer las demandas energéticas de sistemas como la inteligencia artificial o las criptomonedas. Sin embargo, advirtió que este tipo de desarrollos requiere personal altamente capacitado, un recurso que no se forma de la noche a la mañana.
“Hoy resulta un despropósito que los trabajadores del sector nuclear en la CNEA perciban salarios tan bajos, lo que está generando numerosas renuncias. Esto implica una preocupante pérdida de capacidades en un sector estratégico para el país”, alertó la científica.
Serquis cerró su crítica enfatizando la necesidad de políticas que valoren los proyectos científicos y tecnológicos ya en marcha, y de garantizar condiciones laborales dignas para los profesionales del sector, si se quiere proyectar a Argentina como un actor relevante en la energía nuclear y las nuevas tecnologías.
En declaraciones a Pagina 12, Diego Hurtado, exsecretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, critica que, en lugar de destacar instituciones clave como Nucleoeléctrica, Invap o la CNEA, o al entramado nuclear, tecnológico y de investigación del país, el presidente haya anunciado que el Plan Nuclear será presentado por Reidel. Según Hurtado, Reidel es un licenciado en Física, pero con un doctorado en Economía Financiera, una disciplina que, según él, ha contribuido a la crisis del capitalismo a nivel global. Además, señala que Reidel ha trabajado para empresas como JP Morgan y Goldman Sachs, y ha fundado compañías dedicadas al manejo de activos financieros.
Empresas estratégicas en riesgo
La reciente privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) ha generado alarma entre los especialistas. IMPSA es una empresa argentina especializada en generación de energía a partir de recursos renovables y es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y fabricación de componentes nucleares.
IMPSA desarrolla también componentes calve para el sector nuclear, como ser el recipiente de presión del CAREM.
Nicolás Malinovsky señaló al respecto: “La privatización de IMPSA significa la entrega de un patrimonio estratégico nacional, con la gravedad de que su potencial comprador sería la empresa estadounidense Arc Energy. Es decir, se trasnacionaliza una industria clave en materia de capacidades de innovación y desarrollo para reindustrializar el país”.La privatización podría implicar la pérdida de capacidades estratégicas y tecnológicas esenciales para el sector nuclear argentino, debilitando la soberanía nacional en un área clave.
Prototipo del reactor nuclear CAREM emplazado en la Provincia de Buenos Aires, el mismo cuenta con un considerable grado de avance.
Impacto presupuestario, paralización de proyectos y hackeo cibernético
Mas allá del relato oficial, lo cierto es que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) enfrenta serios problemas presupuestarios debido a la política de ajuste fiscal del gobierno. Andrés Kreiner, subgerente de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la CNEA, explicó que el presupuesto para 2025 se reducirá en un 40% en términos reales respecto al año anterior, lo que ha paralizado proyectos estratégicos como la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y el desarrollo de tecnologías avanzadas para tratamientos médicos contra el cáncer. Solo el Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10 en construcción en el Centro Atómico Ezeiza ha logrado mantener cierto apoyo.
El reciente hackeo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que según ciertas fuentes comprometió la seguridad de proyectos estratégicos como el reactor CAREM-25, pone en evidencia no solo la fragilidad de la ciberseguridad en instituciones clave, sino también el impacto de la desinversión gubernamental en el sector nuclear. Este ataque ocurre en un contexto de lucha por parte de los trabajadores de la CNEA, quienes advierten sobre los riesgos de repetir las políticas de desmantelamiento de la década de 1990.
El ataque cibernético afectó el sistema de administración de todas las sedes del organismo y expuso la confidencialidad de proyectos tecnológicos esenciales para el país. Según especialistas del sector, el presupuesto destinado a ciberseguridad ha sido insuficiente para proteger estas iniciativas, como resultado de los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. La falta de inversión, señalan, dejó sin ejecutar proyectos clave para modernizar y proteger los sistemas informáticos frente a amenazas externas.
“Desde el 27 de noviembre tenemos los sistemas en proceso de recuperación, se están escaneando computadoras y servidores, y de a poco retomamos la actividad. Sin embargo, no sabemos exactamente qué pasó ni cuál fue el objetivo del ataque. Lo que sí está claro es que los recortes presupuestarios impidieron ejecutar un proyecto de inversión clave para fortalecer nuestro sistema informático”, explicó un físico de la CNEA, quien prefirió mantener el anonimato.
Plan nuclear: la trama Geopolítica
La trama geopolítica también añade un nivel adicional de incertidumbre al Plan Nuclear Libertario. Los acuerdos firmados con China y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de nuevas centrales nucleares siguen pendientes de definir su futuro. Los mismos contemplaban la cooperación y financiación para construir en el país dos centrales : una del tipo CANDU de 800 MW (denominada proyecto nacional) ya que se trataba de tecnología conocida por argentina y otra central de diseño chino tipo HMR Hualong de 1.000 MW, que incluiría la transferencia de tecnología a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que los combustibles nucleares pudieran fabricarse en Argentina. Estos proyectos fueron paralizados durante el gobierno de Mauricio Macri quien además había intentado involucrar sin éxito a capitales privados en el proyecto CAREM.
Durante 2022, una misión diplomática Estadounidense comandada por Ann Ganzer (jefa diplomática del Departamento de Estado), tuvo como objetivo presionar a las autoridades argentinas a fin de que se desistiera de continuar cooperando con China en dicha área. Además la comitiva desplego durante las reuniones mantenidas una campaña de desprestigio en relación a los desarrollos y tecnologías de China, como forma de amedrentar a las autoridades argentinas o “meterles presión”. En aquella oportunidad la comitiva estadounidense también pidió visitar instalaciones clave del sector nuclear, entre ellas el reactor CAREM y la empresa IMPSA (que hoy curiosamente ya esta en manos de capitales estadounidenses).
Si bien se espera que en la visita oficial de Milei a China prevista en 2025 se aborden estos temas, lo cierto es que el alineamiento geopolítico del gobierno Argentino para con los Estados Unidos hace extremadamente improbable cualquier participación de China en estos proyectos. Además, la colaboración con la empresa francesaFramatone para la producción de radioisótopos en centrales nucleares locales plantea preocupaciones sobre la transferencia de tecnología y el control extranjero sobre el sector nuclear argentino.
Conclusión: Un plan cargado de dudas y contradicciones
El Plan Nuclear Argentino anunciado por Milei tiene el potencial de transformar el sector energético del país y posicionarlo como un hub de IA. Sin embargo, la falta de claridad en su implementación, las críticas sobre la perdida de control por parte del Estado de empresas estratégicas, y las preocupaciones sobre la dependencia tecnológica y la pérdida de autonomía nacional, generan serias dudas sobre su viabilidad y beneficios para Argentina.
Los expertos insisten en la necesidad de una estrategia transparente y participativa que incluya a la industria nacional, garantizando que el desarrollo nuclear no se convierta en un proyecto extractivista y de subordinación geopolítica que beneficie principalmente a potencias extranjeras. Sin un enfoque equilibrado que priorice la soberanía tecnológica y la protección del patrimonio estratégico, el Plan Nuclear Libertario podría resultar en un caballo de troya de intereses extranjeros y un retroceso significativo para el sector nuclear argentino y el desarrollo nacional en general.
Un informe de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) destaca el creciente número de personas en situación de calle y señala a las políticas implementadas por el Gobierno.
La cadena alemana Deutsche Welle emitió un informe contundente titulado “Buenos Aires prohíbe dormir en la calle mientras se agrava la crisis de vivienda”, en el que denuncia la crítica situación de las personas en situación de calle en la capital argentina. El informe no solo expone el aumento de la pobreza en el país, sino que también señala directamente a la administración de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, por implementar políticas que algunos califican de punitivas y deshumanizantes frente a la problemática.
Un reflejo de la crisis económica argentina
Deutsche Welle destacó cómo el aumento de la pobreza, combinado con el encarecimiento de los alquileres, ha empujado a miles de personas a vivir en la vía pública. Según cifras del informe, en Buenos Aires hay actualmente 4.400 personas en situación de calle, un 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace cinco años. No obstante otras fuentes pertenecientes a ONGs afirman que hay al menos 12.000 personas en tal situación.
El informe incluyó imágenes de desalojos realizados por las autoridades porteñas y testimonios desgarradores de personas afectadas. Una de las entrevistadas relató: “Te quitan las cosas, te pegan. No puedo estar en la calle, pero estoy porque no tengo un buen trabajo”. Otro testimonio señaló que los paradores ofrecidos por el gobierno son inseguros y sucios, lo que lleva a muchas personas a evitarlos, incluso a costa de quedarse en la calle.
Políticas cuestionadas y el enfoque punitivo
La política del gobierno de Jorge Macri establece que quienes no tienen vivienda deben trasladarse a centros de inclusión social o mudarse a otros municipios, una medida que, según el informe, ha sido percibida como un intento de deslindarse del problema social. Además, las autoridades han desalojado campamentos improvisados en varios puntos de la ciudad bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, frase que se convirtió en un polémico eslogan de la gestión.
En abril, Jorge Macri publicó imágenes en redes sociales mostrando el desalojo de personas en la explanada del Aeroparque Jorge Newbery, calificándolo como una “limpieza del espacio público”. Esta analogía con la basura recolectada generó un fuerte repudio, tanto en el ámbito local como internacional, al ser considerada insensible y despectiva hacia las personas afectadas por la pobreza extrema.
La respuesta del Gobierno porteño y la crisis de imagen de Jorge Macri
Consultado por el informe de Deutsche Welle, el gobierno porteño evitó emitir comentarios al respecto, mientras que continúa responsabilizando a la Provincia de Buenos Aires por el aumento de la población sin hogar, en un poco convincente intento por desligarse del problema.
La situación ha impactado negativamente en la imagen pública de Jorge Macri, quien según las últimas encuestas, figura entre los gobernadores con menor aprobación del país. Este contexto resalta la falta de políticas inclusivas y efectivas para abordar la creciente crisis habitacional y social en la Ciudad de Buenos Aires, en un momento en que la crisis económica nacional profundiza las desigualdades.
Esta situación es consecuencia de un vacío legal deliberadamente sostenido por el gobierno libertario, diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del Estado argentino.
La minera canadiense Barrick Gold, principal operadora de la mina Veladero en San Juan, lleva siete meses sin pagar retenciones por el oro que exporta al mercado internacional. Esta situación es consecuencia de un vacío legal deliberadamente sostenido por el gobierno libertario, diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del Estado argentino.
La falta de actualización de las alícuotas, reguladas por decreto, deja sin efecto los derechos de exportación que deberían aplicarse según la ley de minería vigente. Esta omisión favorece la evasión fiscal de empresas como Barrick Gold, que ya arrastra un historial de irregularidades tributarias y ambientales, incluyendo el envenenamiento de suelos con cianuro en su operación de Veladero.
El entramado político y legal detrás del beneficio a Barrick
La situación se agrava por la influencia de figuras clave como Sergio Arbeleche, asesor legal de Barrick Gold y habitual visitante del Ministerio de Economía. Arbeleche, quien redactó junto con su estudio jurídico el mega DNU y la Ley Bases, ha sido señalado como el principal responsable de bloquear la reglamentación de un nuevo decreto de regalías que permitiría al Estado recaudar por las exportaciones mineras.
Pese a no ocupar cargos oficiales, Arbeleche mantiene un vínculo estrecho con funcionarios del Palacio de Hacienda, incluyendo el viceministro de Energía y Minería, Daniel González. Según fuentes internas, este lobby ha generado tensiones en la Secretaría de Minería, cuyo titular, Luis Lucero, ha amenazado con renunciar ante la falta de respaldo y recursos para cumplir con sus funciones.
Un sistema diseñado para la evasión
La permisividad del gobierno se extiende más allá de la minería. Fuentes del sector aseguran que el actual sistema permite maniobras sistemáticas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.“El control es prácticamente inexistente. Las empresas informan los movimientos mediante declaraciones juradas que no son verificadas, lo que facilita irregularidades constantes”, explicó un analista.
En este contexto, Barrick Gold aprovecha al máximo la falta de regulación y fiscalización. En enero del año pasado, la AFIP reabrió una causa contra la minera por presunta evasión fiscal, argumentando que simuló pasivos para reducir su carga tributaria. No obstante, las sanciones impuestas en el pasado, como la multa millonaria de 2020 por diferencias en derechos de exportación, no parecen haber frenado estas prácticas.
Impacto en el Estado y beneficios para las corporaciones
El diseño del marco impositivo y financiero impulsado por el gobierno libertario prioriza los intereses de las grandes empresas sobre el bienestar del Estado. Esto no solo afecta la capacidad del país para recaudar recursos esenciales, sino que también envía un mensaje claro: la extracción de riqueza por parte de corporaciones extranjeras se privilegia sobre el desarrollo sustentable y el respeto por las normas fiscales.
Con la extensión anunciada de la vida útil de la mina Veladero hasta 2031, y sin señales de una regulación efectiva, Barrick Gold continuará beneficiándose de este sistema, profundizando la dependencia de Argentina en un modelo extractivista sin control.
