La ex presidenta aseguró que Milei obró “como el gancho de una estafa digital”: “Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una feroz crítica contra Javier Milei luego de su escandalosa promoción de la criptomoneda $LIBRA, un activo digital que se desplomó en cuestión de horas y fue señalado como un posible “rug pull”, una estafa en la que los desarrolladores inflan artificialmente el precio antes de abandonar el proyecto con el dinero de los inversores.

A través de su cuenta de X, la ex mandataria y principal referente del peronismo no escatimó palabras para cuestionar el accionar del Presidente, a quien acusó de operar como “el gancho de una estafa digital”. “Nunca en la historia se vio algo semejante”, sentenció Kirchner, marcando la gravedad del episodio que ha puesto en el ojo de la tormenta a Milei a nivel internacional.

Esta vez el Che Milei no va porque, la verdad, NUNCA EN LA HISTORIA SE VIO ALGO SEMEJANTE.

De Hayek pasaste a Ponzi y te fuiste al pasto MAL.

Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién.

Inflaste su valor aprovechándote de…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 15, 2025

“De Hayek a Ponzi”: el demoledor mensaje de CFK

En su extenso descargo, Cristina Kirchner ridiculizó la postura libertaria del Presidente, señalando su contradicción entre los principios del libre mercado y las maniobras fraudulentas con las que quedó vinculado. “Pasaste de Hayek a Ponzi”, ironizó, en referencia al economista austríaco y al célebre estafador financiero.

Kirchner también denunció que Milei utilizó su investidura presidencial para inflar el valor de la criptomoneda, engañando a miles de seguidores que confiaron en su palabra. “Desde tu cuenta oficial de X promocionaste una criptomoneda privada, creada vaya a saber por quién. Inflaste su valor aprovechándote de tu investidura presidencial”, denunció la ex mandataria, señalando que mientras muchos argentinos perdían su dinero, “unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada”.

Además, la ex presidenta arremetió contra la respuesta de Milei tras el escándalo, cuando intentó desligarse de toda responsabilidad alegando desconocimiento sobre el proyecto. “Y para colmo, después decís que no estabas interiorizado. ¿No era que sos ‘el mejor presidente de la historia’? ¿No era que sos ‘el genio de la economía’?”, ironizó Kirchner, cuestionando la falta de rigor y seriedad con la que el mandatario maneja los asuntos públicos.

“Se te cayó la careta”

En uno de los pasajes más duros de su mensaje, Kirchner comparó la gestión de Milei con un casino en el que el propio Presidente actúa como crupier, repartiendo cartas marcadas en favor de unos pocos privilegiados. “¡Mirá a dónde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado… la del casino. Se te cayó la careta”, lanzó la ex mandataria.

Finalmente, Cristina Kirchner cerró su crítica recordando los constantes insultos y descalificaciones que Milei dirige a sus opositores, y le devolvió el golpe: “Y pensar que desde el Sillón de Rivadavia tratás de ‘inútiles’, ‘incompetentes’ y ‘mandriles’ a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos”.

Las palabras de la ex presidenta resuenan con fuerza en un contexto en el que la credibilidad de Milei se ve cada vez más afectada por su rol en la escandalosa estafa cripto. Con la oposición endureciendo su discurso y la comunidad internacional observando con preocupación, el mandatario enfrenta una de las mayores crisis políticas de su gobierno.

El escándalo cripto generó un terremoto en el gobierno de Milei que puso en evidencia la negligencia del presiente y sus turbios vínculos con el mundo financiero.

Javier Milei enfrenta una de las crisis más serias de su gestión tras verse envuelto en el escándalo del token LIBRA, un colapso financiero que dejó a miles de inversores con pérdidas millonarias. Pese a haber promocionado activamente el proyecto, el presidente intentó desligarse del asunto alegando que desconocía los detalles de lo que estaba recomendando, una declaración que a todas luces expone su falta de seriedad y prudencia en la conducción de los asuntos públicos y que además, pone a su figura en el ojo del escrutinio público y muy probablemente también del poder legislativo donde ya circulan fuertes rumores de juicio político o de al menos una citación e interpelación por parte del Congreso Nacional para dar las correspondientes explicaciones del caso.

En este sentido son varios los juristas y legisladores que señalan a Milei por haber violado la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (Art. 19).

El token LIBRA, que Milei respaldó en sus redes sociales asociándolo al Proyecto Viva La Libertad, sufrió un desplome del 89% en cuestión de horas. Tras la debacle, el mandatario eliminó sus publicaciones y aseguró que no había realizado una debida diligencia antes de apoyar la iniciativa. “Inicialmente apoyé una supuesta empresa privada con la que no tengo conexión”, afirmó, intentando minimizar su responsabilidad. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar: ¿cómo es posible que el presidente de la Nación respalde un proyecto sin conocer sus fundamentos?

La poco convincente justificación del presidente

Finalmente, a altas horas de la noche y ante una fuerte presión de su entorno y de las redes sociales donde se viralizó la noticia, el presidente admitió su participación en la dudosa maniobra pero buscó desligarse de la misma so pretexto de que no conocía lo que estaba promocionando.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…

— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Un fraude anunciado: el patrón que se repite

Las investigaciones sobre LIBRA revelaron señales de fraude desde el inicio. Se descubrió que el 82% del suministro del token estaba en manos de unas pocas carteras, lo que indicaba una manipulación centralizada. Además, los desarrolladores retiraron $87 millones de los fondos de liquidez antes del colapso, acelerando la caída.

Maximiliano Firtman, programador y periodista que sigue de cerca el mundo cripto y que supo exponer a Leonardo Cositorto. Se preguntó si se trata de una meme coin, una cripto con nombres y storytelling divertidos para captar rápidamente usuarios, lo que se traduce en alta volatilidad.

A eso apuntó otro gurú cripto. “El 84% de los tokens está en manos de 10 direcciones. Dado que el Presidente está en funciones, debería esclarecer quiénes son”

Pero este no es el primer episodio turbio de Milei en el mundo cripto. En 2021, como diputado, promocionó CoinX, una plataforma que prometía rendimientos exorbitantes mediante inteligencia artificial y que terminó siendo denunciada como un esquema Ponzi. Cuando el fraude fue expuesto, los inversores perdieron entre 30 y 40 millones de pesos, y Milei enfrentó denuncias por su rol en la promoción del proyecto.

Más aún, el presidente también tuvo vínculos con Francisco José Hauque, financista detrás de CoinX y Qpons, quien fue detenido con armas, drogas y dinero en efectivo. Este caso expuso conexiones entre el mundo cripto y el narcotráfico, sumando un nuevo escándalo a la red de figuras financieras promocionadas por Milei.

La sombra de Generación Zoe y Cositorto

El historial del presidente con negocios dudosos no termina ahí. En el caso de Generación Zoe, liderado por Leonardo Cositorto, las denuncias de estafa y asociación ilícita también sacudieron el panorama financiero. Pese a los reiterados pedidos de intervención, la Comisión Nacional de Valores terminó absolviendo a Cositorto y a sus empresas por tecnicismos legales, aunque el empresario sigue detenido por fraude.

Con cada nuevo escándalo, la imagen de Milei queda aún más golpeada. Su cercanía con proyectos financieros irregulares y su reiterada defensa de esquemas que terminan en desastre exponen un patrón alarmante. La falta de seriedad y criterio del presidente en la gestión pública no solo afecta su credibilidad, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica del país. Mientras la justicia investiga, una pregunta persiste: ¿cuánto desconocimiento puede alegar Milei antes de que su discurso se vuelva insostenible?

En menos de una hora la criptomoneda promocionada por el presidente se desplomó sorpresivamente y quienes invirtieron confiados perdieron más de 80 millones de dólares de un saque.

El presidente Javier Milei se encuentra en el centro de un escándalo sin precedentes tras recomendar públicamente una cuestionada criptomoneda, lo que llevó a miles de inversores a confiar en el activo digital. Sin embargo, en menos de una hora, el token denominado $LIBRA se desplomó abruptamente, dejando pérdidas millonarias a quienes siguieron su consejo.

A través de sus redes sociales, Milei presentó $LIBRA como un proyecto que supuestamente impulsaría la economía argentina financiando pequeñas empresas y emprendimientos. Su respaldo generó un furor inmediato, llevando la criptomoneda a un pico de 4.978 dólares, antes de que se desplomara estrepitosamente a menos de 1 dólar en cuestión de minutos.

Ante la indignación pública, fuentes de la Casa Rosada intentaron desligar al mandatario del colapso financiero, asegurando que se trata de un “proyecto privado” en el que Milei “no tiene nada que ver ni participa”. Sin embargo, las explicaciones resultan insuficientes, ya que el propio presidente utilizó sus redes oficiales para promocionar la inversión, lo que podría configurar un grave conflicto de intereses e incluso una violación del Código Penal.

Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales, esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político. pic.twitter.com/qVDRMuRF0y

— Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) February 15, 2025

La poco convincente justificación del presidente

Finalmente el presidente admitió la dudosa maniobra pero busco desligarse de la misma so pretexto de que no conocía lo que estaba promocionando.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…

— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

¿Delito o imprudencia presidencial?

Expertos en derecho advierten que el accionar de Milei podría encuadrarse en “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, delito tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Según esta norma, un funcionario que utilice su cargo para promover operaciones financieras en su beneficio o el de terceros puede enfrentar penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

A su vez, la Ley de Ética Pública exige transparencia y la prevención de conflictos de interés entre funcionarios. En este caso, la promoción de un activo financiero cuya propiedad es desconocida y altamente volátil pone en entredicho la integridad del presidente.

El Congreso exige explicaciones

El escándalo ya escaló al ámbito legislativo. Desde la Cámara de Diputados se formalizó un pedido para que Jefatura de Gabinete aclare la naturaleza de la publicación. Paralelamente, sectores de la oposición exigen la comparecencia de Milei ante el Congreso para dar explicaciones sobre su rol en la promoción de $LIBRA y las consecuencias económicas de su desplome.

Mientras tanto, especialistas en el mundo cripto alertan sobre el posible esquema fraudulento detrás del token. Según analistas, el 84% de los activos estaban en manos de solo 10 billeteras, lo que refuerza las sospechas de manipulación y posible estafa.

El hecho de que un presidente en funciones impulse públicamente una inversión especulativa ha desatado una tormenta política y financiera. La pregunta ahora es si Milei podrá justificar su accionar o si este episodio marcará un punto de inflexión en su gobierno.

Es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?

Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para…

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Fuego amigo

Pero los cuestionamientos no solo llegaron desde la oposición. Referentes cercanos al gobierno y defensores de las políticas libertarias también salieron a desmarcarse rápidamente. Uno de ellos fue Fernando Cerimedo quien afirmo: “Al que dijo que era una idea copada que vaya buscando rincón del mundo donde esconderse”. En tanto, Iván Dubois, parlamentario del Mercosur por La Libertad Avanza, también sumó críticas. “Conclusión: SABOTAJE”, dijo en un post sobre la insólita propuesta lanzada por Milei. Quien sí se expresó conformando la intervención del presidente fue la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, una de las personas más cercanas a Milei, que aseguró: “Para que quede claro… No es un hackeo”.

Con argumentos poco convincentes, Patricia Bullrich confirmó que darán de baja todos los permisos de REPROCANN para cultivar marihuana de uso medicinal. Advierten que la medida favorece al crimen organizado.

El Gobierno Nacional anunció la eliminación del Reprocann, el programa que permite el cultivo de cannabis con fines medicinales, en una decisión que contradice su propio discurso sobre el emprendedurismo y la libre iniciativa privada. Mientras países desarrollados como Estados Unidos avanzan en la industrialización del cannabis terapéutico, Argentina retrocede, generando un vacío que beneficiará a los monopolios farmacéuticos, el contrabando y el crimen organizado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “no es ley el desvío a la venta ilegal” y que “vamos a dar todo de baja, vamos a empezar de cero”. Según la funcionaria, durante el gobierno de Alberto Fernández se aprobaron más de 300 mil permisos para el cultivo, permitiendo a 30 mil personas producir derivados terapéuticos para terceros.

Sin embargo, la medida generó fuertes críticas, ya que restringe el acceso de pacientes a tratamientos que no encuentran en el mercado formal y que en muchos casos son recomendados por profesionales de la salud. Además, al debilitar la producción nacional, fortalece a las grandes empresas que lucran con los derivados del cannabis y fomenta el mercado negro, donde el precio y la calidad de los productos quedan fuera de todo control.

El Reprocann fue creado en 2021 para regular y garantizar el cultivo con fines medicinales, permitiendo a los pacientes cultivar entre una y nueve plantas para su tratamiento, con supervisión médica. Su eliminación deja en la incertidumbre a miles de personas que dependen de este sistema, forzándolas a recurrir a canales informales o costosos productos importados.

Mientras otros países impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, Argentina vuelve a un esquema restrictivo que solo beneficia a los sectores más concentrados, en contra del supuesto espíritu de libre mercado que el Gobierno dice defender.

La feria donde los gendarmes argentinos cruzan la frontera desde nuestro país para conseguir sus uniformes muchos más baratos se encuentra en la ciudad boliviana de Bermejo.

Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instala alambradas en la frontera con Bolivia y mantiene a los gendarmes con salarios indignos, cientos de efectivos cruzan diariamente al país vecino para adquirir la vestimenta que el Estado argentino no les proporciona.

El Paseo Las Chalanas, en la ciudad boliviana de Bermejo, se ha convertido en un punto clave para los gendarmes que buscan uniformes a precios accesibles. Allí, pueden conseguir la indumentaria oficial por $40 mil, mientras que en Argentina su costo asciende a $100 mil. “Vienen muchos, la verdad, y compran hasta por docena”, relató una vendedora al canal de noticias C5N.

Los efectivos, cuyos reclamos salariales han sido ignorados por la ministra, recurren a esta alternativa para equiparse con pantalones con puño, camperas softshell, borcegos a $38 mil y mochilas de 40 litros por $20 mil. Para abaratar aún más los costos, organizan compras mayoristas entre compañeros.

Así, mientras Bullrich endurece los controles fronterizos y despliega un discurso de seguridad, los propios gendarmes—mal pagos y sin recursos—se ven obligados a cruzar a Bolivia en busca de lo que su propio ministerio no les brinda.

El organismo cumple un rol fundamental en la gestión de recursos hídricos a nivel nacional y enfrenta un ajuste presupuestario. Denuncian que la intención es reemplazarlo por una empresa privada y reducir empleados.

El gobierno busca disolver el Instituto Nacional del Agua (INA), un organismo fundamental para la prevención de inundaciones y sequías, en un momento crítico de crisis hídrica en el agro e incendios forestales en la Patagonia. La medida implica severos recortes presupuestarios, despidos masivos y la posible privatización de sus funciones, reduciendo su equipo de casi 300 expertos a solo 50, lo que dejaría inoperante su estructura y funciones esenciales.

Con más de cinco décadas de trayectoria, el INA desempeña un papel clave en la gestión del agua a nivel nacional. Entre sus funciones se encuentran el diseño y monitoreo de obras hídricas, la modelización de inundaciones y sequías, la investigación de enfermedades vinculadas al agua y la resolución de conflictos por contaminación. Además, provee peritajes y asesoramiento en grandes proyectos nacionales e internacionales, como la gestión del Canal de Panamá y la operación de represas hidroeléctricas clave.

El INA cuenta con infraestructura única en Latinoamérica para el estudio de dinámicas hídricas, incluyendo laboratorios especializados y tecnología de cálculo avanzada. Su estructura descentralizada, con centros regionales en distintas provincias, le permite abordar problemáticas hídricas de manera integral y con enfoque federal. Sin embargo, el cierre de estos centros pone en riesgo la investigación aplicada y la toma de decisiones basadas en datos científicos.

A pesar de que la Ley de Bases N°27.742 protege al INA de su disolución, el gobierno parece buscar su vaciamiento mediante el estrangulamiento financiero: recortes presupuestarios, falta de designación de autoridades y la interrupción de servicios esenciales como electricidad e internet. Esta estrategia podría responder a intereses inmobiliarios, dado que su predio en Ezeiza ya ha sido inspeccionado por la Agencia de Bienes del Estado para una posible venta.

Los trabajadores del INA han alertado sobre el impacto devastador que tendría su desmantelamiento, no solo en la prevención de desastres naturales, sino también en sectores productivos como la agricultura, la minería y la industria, altamente dependientes de la gestión del agua. Han propuesto mejoras para optimizar su funcionamiento sin perder su carácter público, pero el gobierno insiste en una visión de “ajuste” que podría dejar la gestión del agua en manos del mercado, poniendo en riesgo el acceso equitativo a este recurso vital

La demanda contra el Gobierno nacional se centra en el “desvío de fondos” y el deterioro de las rutas y sus consecuencias sobre el desarrollo productivo y la vida de las personas que transitan en ellas.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a 20 intendentes bonaerenses, presentó una denuncia contra el Gobierno de Javier Milei por el abandono de las rutas nacionales. La acusación, encabezada por el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, señala el desvío de fondos y la paralización total de obras viales, lo que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y perjudica gravemente la actividad económica y productiva en la provincia.

La demanda fue presentada este miércoles en Plaza Belgrano de Luján y exige respuestas sobre el destino de los recursos recaudados a través de impuestos específicos para infraestructura, que según denuncian, no han sido transferidos a Vialidad Nacional.

Obras detenidas y rutas en estado crítico

Buenos Aires cuenta con 9 rutas nacionales que recorren más de 4.000 kilómetros y atraviesan 57 municipios. Sin embargo, desde la llegada de Milei a la presidencia, todas las obras viales quedaron paralizadas, incluyendo tareas básicas como el mantenimiento y la limpieza de banquinas. Ni siquiera se han destinado fondos para proyectos estratégicos de transformación en autopistas o autovías, lo que agrava los problemas de circulación y eleva el riesgo de accidentes.

Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente.

Nosotros por decisión de @Kicillofok vamos a seguir trabajando para que las rutas que pasan por nuestros municipios estén en… pic.twitter.com/n89d379Cjq

— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 12, 2025

Según la denuncia, el Gobierno Nacional continúa recaudando impuestos destinados a infraestructura vial, pero no los utiliza para su fin original. Durante 2024, no se transfirieron a Vialidad Nacional los $200.000 millones obtenidos del Impuesto a los Combustibles, ni tampoco el billón de pesos recaudado por el Impuesto PAIS, que debía financiar obras públicas.

A pesar de esto, los combustibles se encarecieron más del 250% en 2024, generando una recaudación total de $2,5 billones a través de impuestos, un aumento del 378% respecto a 2023. La Ley 23.966 establece que el 28,58% de lo recaudado debe destinarse a infraestructura del transporte, pero el gobierno solo ejecutó el 2% de los fondos asignados a la Dirección Nacional de Vialidad.

La parálisis afecta la seguridad y la economía

El abandono de las rutas no solo representa un riesgo para la vida de los conductores, sino que también afecta la productividad y la competitividad del país. Sin rutas en condiciones, el transporte de mercancías se vuelve más lento y costoso, afectando especialmente a sectores como el agro y la industria.

El reclamo de Kicillof y los intendentes bonaerenses se suma a los pedidos de diversas entidades y sectores económicos. En enero, la CAME y organismos de la Patagonia exigieron la intervención del Estado ante el crítico estado de las rutas 3 y 40, fundamentales para la conexión del sur con el resto del país. También, intendentes de distintas fuerzas políticas han exigido respuestas al gobierno, denunciando el deterioro de rutas clave como la Ruta 5, que atraviesa el interior bonaerense.

Un reclamo que crece

La lista de intendentes que firmaron la denuncia incluye mayoritariamente a jefes comunales de Unión por la Patria, pero también a referentes de otros espacios políticos, como Gustavo Perié (PRO, Ramallo) y Matías Nebot (Todos por Saavedra, fuerza vecinalista).

Entre los firmantes figuran los intendentes de Luján, Escobar, Mercedes, Exaltación de la Cruz, Cañuelas, Bragado, Chacabuco, Mar Chiquita, Tornquist y General Villegas, entre otros municipios afectados por el abandono del Gobierno Nacional.

Mientras Milei avanza con su plan de cero obra pública, los intendentes advierten que la falta de inversión pone en jaque la seguridad vial, la productividad y el desarrollo del país. La pregunta es: ¿dónde está el dinero recaudado para infraestructura?

En un intento desesperado por sostener el tipo de cambio de manera artificial, el ministro de Economía, Nicolás Caputo, decidió recurrir a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, destinados a financiar el sistema previsional.

Por primera vez, el Gobierno utilizó los dólares de los jubilados para intervenir en el mercado financiero y contener la escalada de la divisa estadounidense.

La maniobra busca calmar a los inversores, que empezaron a abandonar el carry trade ante la incertidumbre sobre la salida del cepo, una posible devaluación y un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin medidas claras en el horizonte, el Gobierno optó por ceder ante la presión del mercado a costa de los sectores más vulnerables.

El precio de la estabilidad ficticia

Este martes, el volumen de operaciones con bonos AL30—utilizados para dolarizarse en el mercado financiero—alcanzó los 375 millones de dólares, el segundo mayor registro del año. La mayor parte de estas transacciones ocurrió en los últimos minutos de la jornada, una clara señal de intervención oficial para controlar la brecha cambiaria.

El mecanismo es el mismo de siempre: el Banco Central y el Banco Nación operan sobre el cierre del mercado para evitar que el dólar financiero marque tendencia al alza. Sin embargo, la gran diferencia en esta ocasión es el origen de los fondos: los ahorros de los jubilados, que el Gobierno usó para comprar bonos y bajar artificialmente el dólar Bolsa.

La decisión no es casual. Apenas un día antes, el Ejecutivo desplazó al titular de la ANSES y lo reemplazó por un financista cercano a Caputo que controlaba el FGS. El objetivo quedó claro: facilitar el uso de los recursos previsionales como herramienta de ajuste y especulación.

Una bicicleta al borde del colapso

La estrategia económica del Gobierno se basa en sostener el atraso cambiario con un carry trade recargado, una versión de la clásica bicicleta financiera que permite captar dólares del exterior con tasas en pesos atractivas. Para eso, la llamada “tablita cambiaria” fija una devaluación de apenas el 1% mensual, mientras que las tasas de interés se mantienen por encima del 2,4% en pesos.

Sin embargo, esta burbuja es insostenible. La acumulación de deuda en dólares de las empresas y la falta de divisas para levantar el cepo ponen en jaque el plan oficial. Los dólares que el Gobierno no consigue por la liquidación del agro o por financiamiento externo, ahora los están poniendo los jubilados.

Mientras el Ejecutivo insiste en que con 11.000 millones de dólares se podría liberar el mercado cambiario, las deudas de las empresas exportadoras y las obligaciones bursátiles en moneda extranjera superan los 24.000 millones de dólares. En este escenario, la supuesta estabilidad es solo una ficción sostenida a costa del sacrificio de los sectores más frágiles.

El costo lo pagan siempre los mismos

El relato libertario de “acabar con la casta” se desmorona frente a una realidad en la que los únicos que pierden son los jubilados y los trabajadores, mientras el mercado financiero sigue ganando. La “casta” no se toca, pero los fondos previsionales sí.

A un año de su implementación, el “Plan Bandera” de Patricia Bullrich parece haberse esfumado, mientras Pullaro sigue eludiendo la realidad, el narco vuelve a sembrar el terror en las calles santafesinas.

La violencia narco en Rosario no da tregua. En apenas 24 horas, la ciudad fue escenario de cinco homicidios, una cifra que expone el fracaso de las políticas de seguridad que el gobierno provincial y nacional insisten en defender. A pesar de la brutal escalada de asesinatos, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que existe “una política de seguridad sumamente robusta” y destacó el trabajo en conjunto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras la realidad se impone con sangre en las calles, Pullaro afirma que se está “trabajando mucho” en las investigaciones y que su gestión no permitirá que los delincuentes “se sientan dueños de la calle”. Sin embargo, las cifras desmienten su optimismo: los crímenes no cesan y el terror sigue marcando el pulso de la ciudad.

Desde el gobierno provincial insisten en mostrar operativos, mesas de trabajo y un supuesto despliegue policial récord, pero los asesinatos ocurren a plena luz del día y las víctimas, muchas veces ajenas al conflicto narco, terminan pagando con su vida. Como ejemplo, el mismo día que Pullaro hablaba de mejoras, un hombre fue ejecutado a sangre fría en la puerta de un kiosco, en un barrio atravesado por el narcotráfico.

A pesar del discurso oficial, Rosario sigue sumida en la violencia extrema. El “Plan Bandera” se presentó hace un año con gran despliegue mediático y promesas de control territorial, pero los hechos muestran que la situación no solo no mejoró, sino que recrudeció. La diferencia entre el relato y la realidad es cada vez más evidente, y mientras las autoridades insisten en hablar de avances, las balas siguen marcando el ritmo de la ciudad.

Fuentes del sector advirtieron que el consumo en las grandes cadenas fue incluso más bajo que en el primer mes completo de Javier Milei.

Las recurrentes promesas de recuperación económica por parte del gobierno no parecen haberse materializado en el consumo masivo, ya que las ventas en supermercados continuaron con números negativos en enero. A pesar de compararse con una base de referencia ya baja, correspondiente al primer mes completo de gestión de Javier Milei, las ventas mostraron una caída interanual que se ubicó entre el 5% y el 6%, según fuentes del sector. Esto refleja que, aún con los anuncios de mejora, el deterioro en la capacidad de compra de los hogares argentinos sigue sin dar señales claras de recuperación.

Aunque los datos oficiales aún no están cerrados, las fuentes consultadas por el portal Ámbito anticipan que el panorama no ha mejorado. Este inicio de 2025 se suma a una serie de retrocesos en el consumo masivo que se prolongaron durante todo el año anterior, con caídas de hasta el 18% interanual en diciembre y un retroceso acumulado del 13,9% respecto al año anterior. En este contexto, cualquier dato que no implique un repunte significativo en las ventas es considerado una señal negativa, especialmente porque los meses de 2024 dejan una base de comparación bastante débil.

Si los datos de enero se confirman con una caída superior al 5%, las ventas en supermercados habrían descendido casi un 15% en términos reales respecto al mismo mes de 2023, lo que marca un desempeño muy por debajo de las expectativas.

Por otro lado, las ventas minoristas de las pymes mostraron una ligera mejora, con un crecimiento interanual del 25,5% en enero, aunque esto no alcanzó a compensar el colapso del 28,5% que sufrió el sector en el mismo mes de 2024. Además, las ventas minoristas seguían 10,2% por debajo de los niveles de 2023, lo que pone en evidencia que el rebote aún no es suficiente para recuperar lo perdido en el último año.

Mientras tanto, el consumo en el exterior sigue siendo un factor relevante, impulsado por la apreciación del tipo de cambio. Las compras en dólares con tarjetas de crédito alcanzaron cifras récord, con un stock de préstamos de u$s864 millones en enero, lo que refleja una mayor demanda por parte de los consumidores argentinos hacia el mercado exterior.

El comportamiento del consumo masivo también está vinculado con la persistente inflación en los servicios, que sigue presionando los presupuestos familiares. A pesar de la desaceleración de la inflación general medida por el INDEC, el gasto en servicios esenciales sigue creciendo a un ritmo más rápido que el de los bienes, lo que reduce la capacidad de compra de las familias para productos de consumo diario, como alimentos y productos de higiene.

A medida que avance el año, los analistas esperan que, al compararse con los meses de mayor caída en 2024, los números de consumo muestren una ligera recuperación, pero no se vislumbra un rebote significativo. Las perspectivas apuntan a que, sin una mejora real en los ingresos disponibles de los hogares, la recuperación del consumo masivo será limitada.