La recesión y caída del poder adquisitivo hundieron el consumo de yerba mate en los primeros meses del 2024. Se trata de la caída más grande en nueve años.

La crisis económica que atraviesa Argentina, exacerbada por las políticas del gobierno de Javier Milei, ha llevado a una drástica reducción en el consumo de yerba mate, uno de los productos más tradicionales y populares del país. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el consumo interno de yerba mate cayó un 8,8% en los primeros nueve meses de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, alcanzando el nivel más bajo en los últimos nueve años. Entre enero y septiembre, el consumo pasó de 212 mil toneladas en 2023 a 193,4 mil toneladas este año.

Además de la caída en el consumo interno, las exportaciones de yerba mate también disminuyeron un 16,4% en términos interanuales, con menores envíos hacia mercados clave como la Unión Europea y países de Asia, que habían crecido en importancia en años recientes. Este desplome en la demanda se produce en un contexto de cosechas abundantes, lo cual ha generado un aumento en los stocks de yerba mate en los establecimientos secaderos.

El informe de CEPA destaca también una creciente disparidad entre el precio que recibe el productor y el precio de venta en góndola: en septiembre de 2024, los productores solo captaron un 5,7% del precio final, 1,3 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2023 y 2,4 puntos por debajo del promedio de los últimos tres años. Este es el nivel más bajo en la relación precio al productor-precio de góndola desde 2019, afectando gravemente a los productores de yerba mate en el país.

Por otra parte, la apertura de importaciones de yerba mate desde Paraguay y Brasil ha empeorado la situación. Las importaciones crecieron un 149% en comparación con el mismo período de 2023, llegando a 8,93 millones de kilogramos en los primeros nueve meses de 2024. El ingreso de yerba mate importada a precios más bajos ha permitido a las industrias reducir costos y extender los plazos de pago a los productores nacionales, generando un impacto económico negativo considerable en el sector.

La situación de la yerba mate es una muestra del impacto que la crisis económica está teniendo en los productos más esenciales y representativos de la cultura argentina, evidenciando la pérdida de poder adquisitivo de las familias y el daño a una industria clave en el país.

El gobernador bonaerense cruzó al presidente por desfinanciar las universidades y respaldó a los estudiantes en su lucha.

En un acto realizado en San Martín, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el intendente Fernando Moreira, firmó un acuerdo con rectores de universidades nacionales para financiar 38 obras en distintas instituciones educativas de la provincia. Este convenio representa una respuesta firme del gobierno bonaerense frente al desfinanciamiento nacional, y refuerza el compromiso de Kicillof con la universidad pública y gratuita.

Firmamos un convenio con 24 rectores para poner en marcha el Programa de Infraestructura Universitaria y financiar las obras que Milei abandonó en nuestra provincia. pic.twitter.com/RYXcKihDTr

— Axel Kicillof (@Kicillofok) November 7, 2024

Durante su intervención, Kicillof fue contundente en su crítica hacia el Gobierno nacional por su política de desfinanciamiento de la educación superior, destacando que la paralización de proyectos universitarios no responde a una verdadera intención de reducir el gasto, sino a una “enorme transferencia de recursos desde los sectores populares hacia un pequeño puñado de poderosos”. Expresó que, ante este contexto, la Provincia ha decidido “compensar el abandono del Gobierno nacional”, defendiendo a las universidades como un “factor central para el desarrollo bonaerense”.

El convenio, enmarcado en el Programa de Infraestructura Universitaria, destina $26.762 millones para reactivar proyectos desfinanciados, reafirmando el valor de la universidad pública como pilar del desarrollo social y económico. Firmaron el acuerdo las autoridades de universidades de toda la provincia, entre ellas las de Mar del Plata, Luján, Hurlingham, Quilmes y La Matanza, entre otras.

Kicillof también enfatizó que esta iniciativa es un homenaje “a los millones de bonaerenses que salieron a las calles para defender lo que es de todos y todas”, subrayando que la educación universitaria es parte de un proyecto de país que busca una Argentina con desarrollo productivo, industria nacional y soberanía. “Necesitamos más universidad pública, gratuita y de calidad para llegar a cada joven. Atacar esta institución es atacar el futuro de nuestro pueblo”, concluyó, reafirmando su compromiso de construir una educación universitaria inclusiva y accesible para todos.

Hace pocos días la ministra había celebrado el presunto decomiso de un cargamento de cocaína que resultó ser talco para pies, por el cual una persona pasó 21 días en la cárcel.

En su afán por proyectar eficiencia en la gestión y captar impacto mediático, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró públicamente la detención de Marco Antonio Centurión, un periodista deportivo, sin verificar los hechos que resultaron ser una confusión policial. Centurión, quien había viajado a Rosario para cubrir un partido entre Aldosivi y San Martín de Tucumán, fue arrestado bajo el supuesto de estar prófugo por un delito de explotación infantil, lo que se demostró posteriormente como un error.

Apenas trascendió la detención, Bullrich publicó un mensaje en la red social X, anunciando que “gracias al programa Tribuna Segura”, habían capturado a un “criminal” que, según ella, había violado su arresto domiciliario. La ministra acompañó el mensaje con una foto del momento de la detención, mencionando el nombre completo de Centurión y aseverando que su equipo había actuado rápidamente para ponerlo “tras las rejas”.

No obstante, unas horas después, se confirmó que todo se trataba de un error administrativo: Centurión no tenía causas pendientes. Tras pasar dos horas detenido, el periodista relató a los medios que fue llevado a una celda sin que se le informara la razón de su arresto, una acción que él mismo describió como una “vulneración de derechos básicos”. Centurión, además, es diabético y denunció que se le negaron tanto su insulina como alimentos, dejándolo desprovisto de su medicación y sin explicaciones claras.

Al recuperar su libertad, se encontró con un tuit de la ministra aún activo que lo acusaba públicamente de liderar una red de pornografía infantil, desatando una oleada de mensajes en su teléfono y exponiéndolo sin fundamentos. Centurión aseguró que hasta el cierre de esta nota, ni Bullrich ni las autoridades policiales le han ofrecido disculpas, limitándose a explicar que su arresto fue un “error de papeleo”.

Las críticas a la gestión de Bullrich en redes sociales no tardaron en aparecer. Usuarios indignados señalaron que este no es el primer incidente en el que la ministra antepone el impacto mediático al debido proceso: hace unos días, una persona pasó 21 días en prisión cuando se confundió un cargamento de talco para pies con cocaína. En su afán de demostrar resultados contundentes, la ministra ha sido cuestionada por tomar decisiones apresuradas que parecen ignorar el principio de presunción de inocencia y el respeto a los derechos individuales.

Un informe publicado por la Facultad de Ciencias Económicas señala que los indigentes se duplicaron como consecuencia de las políticas de ajuste de Javier Milei.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha publicado un informe alarmante que muestra cómo las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei han impactado desproporcionadamente en el aumento de la indigencia en Argentina, especialmente entre la población joven. Según la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, los datos del primer trimestre de 2024 revelan que la indigencia ha crecido a un ritmo significativamente mayor que la pobreza, destacando un aumento del 131% en la población indigente en un año, frente al 43,3% en el incremento de personas en situación de pobreza.

Este informe, parte de la serie “Pobreza e Indigencia en Argentina” del Centro para la Recuperación Argentina, precisa que de 2023 a 2024, 11,4% de la población pasó de una situación de pobreza a la de indigencia. La aceleración en el crecimiento de la indigencia refleja cómo las medidas económicas actuales han intensificado la vulnerabilidad de los sectores más pobres. Para el segundo trimestre de 2024, la indigencia alcanzó el 20,3% de la población, con un crecimiento sin precedentes en la pobreza, que se elevó al 55%.

La situación es particularmente crítica entre los jóvenes de 14 a 29 años, donde la indigencia aumentó en un 7,2% en los últimos seis meses, afectando de manera desproporcionada a este grupo que representa casi un cuarto de la población. El mercado laboral para jóvenes sigue mostrando una tasa de empleo baja y una fuerte brecha de género, con una tasa de empleo del 34% para mujeres jóvenes y del 45,2% para hombres jóvenes, en contraste con el 44,3% de la tasa de empleo general.

Estos datos ponen en evidencia la difícil situación de la juventud argentina, que enfrenta niveles de pobreza y falta de empleo sin precedentes en una coyuntura donde el ajuste económico ha restringido las oportunidades de mejora y ha agudizado las desigualdades.

El presidente Javier Milei confirmo que buscará destruir las bases de datos de las 300.000 cuentas de argentinos que blanquearon USD 19.000 millones.

El Gobierno de Javier Milei ha confirmado su intención de destruir las bases de datos de 300,000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19,000 millones de dólares, una medida que podría tener graves implicaciones al facilitar el lavado de dinero y beneficiar indirectamente al crimen organizado, incluido el narcotráfico. Al eliminar estos registros, se reduciría significativamente la capacidad de fiscalización, abriendo la puerta a que fondos de origen ilícito se integren al sistema financiero sin controles adecuados.

Sebastián Domínguez, experto en impuestos y CEO de SDC Asesores Tributarios, criticó esta iniciativa, sugiriendo que la información debería encriptarse en lugar de destruirse, para preservar el secreto fiscal pero permitir una eventual verificación. Domínguez advirtió que los datos deben estar disponibles para investigar casos sospechosos, lo que sería imposible si los registros desaparecen.

Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, calificó la medida como “gravísima” y alertó sobre las consecuencias institucionales y legales. Señaló que el presidente no tiene facultades para destruir estos documentos de manera arbitraria, lo que podría incluso constituir un delito al eliminar evidencia de posibles delitos fiscales o financieros.

Rodríguez también advirtió que esta medida enviaría una señal negativa a la comunidad internacional, en un momento en el que otros países refuerzan sus controles contra el lavado de activos. En este contexto, el blanqueo promovido por el gobierno de Milei podría facilitar que fondos provenientes de actividades ilegales se “blanqueen” y circulen sin restricciones, brindando indirectamente una vía de legitimación para el dinero vinculado al narcotráfico y otras organizaciones criminales, lo que haría del discurso de la lucha contra el narcotráfico un simple show para la tribuna.

A pesar de la controversia, el ministro de Economía, Luis Caputo, extendió el plazo para la primera fase del blanqueo hasta el 8 de noviembre de 2024, debido a inconvenientes técnicos. Las fases subsiguientes se extenderán hasta mayo de 2025, lo que permite que nuevos contribuyentes regularicen sus activos bajo el actual régimen de blanqueo.

“La caída en las ventas promedia el 50%, la mitad de lo que vendíamos el año pasado” destacó el referente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).

Más de 10,000 kioscos cerraron en Argentina este año, un reflejo del colapso económico que atraviesa el país bajo la administración de Javier Milei. Los representantes del sector señalan que los incrementos en los alquileres y las tarifas de servicios esenciales, junto con una alarmante caída en el consumo, están llevando a la quiebra a miles de pequeños comerciantes.

La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) informó que el 10% de estos pequeños comercios ha cerrado en los primeros diez meses del año. El impacto de las políticas económicas actuales ha sido devastador para el mercado interno, afectando severamente las ventas y reduciendo al mínimo las expectativas de recuperación. La situación actual recuerda la crisis de cierres masivos que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando desaparecieron más de 33,000 kioscos, casi un tercio de los negocios existentes en ese momento.

Según Néstor Acuña, vicepresidente segundo de la UKRA, las ventas han caído en un 50% respecto al año pasado, y la supervivencia de los kioscos depende en gran medida de promociones y descuentos. Incluso fechas especiales para el rubro, como Halloween, que tradicionalmente impulsa la venta de golosinas, no fueron suficientes para revertir la tendencia a la baja en el consumo.

A la crisis se suma el aumento en los costos de servicios básicos como luz, agua y gas, además del fenómeno de los “kioscos paralelos”, donde los vecinos que buscan hacerse de unos pesos de diferencia para llegar a fin de mes habilitan ventanas de sus casas para vender productos y mercaderías, generando competencia informal y desplazando a los comerciantes establecidos. Frente a este panorama, el futuro del sector es sombrío, sin señales de mejora en el corto plazo.

En 2023 Javier Milei pasó de $21 millones a $125 millones. Ahora también apareció una caja de ahorro con U$S65 mil dólares. Al resto del gabinete tampoco le va mal.

El presidente Javier Milei “ya la está viendo”. Mientras la mayoría de los argentinos enfrentan una pérdida significativa de su poder adquisitivo y sus patrimonios se ven pulverizados por la inflación, el presidente registró un crecimiento patrimonial sorprendente en el último año. Milei inició el 2023 con bienes valuados en $21 millones y, al cierre de diciembre, su fortuna había escalado a $125 millones, un incremento del 495%, más del doble de la inflación del año pasado.

El salto en su riqueza se explica en gran parte por sus activos en dólares. A comienzos de 2023, Milei tenía U$S 20.000 en efectivo, que para fines de año se habían quintuplicado en valor en pesos. A esto se sumó una caja de ahorro que reveló a fin de año con U$S 65.000 adicionales, equivalentes a $52 millones en su última declaración jurada. Estos considerables ingresos “propios” contrastan con la situación de la mayoría, cuyos ahorros en pesos se desvalorizan cada día.

El resto del gabinete también le ganó a la inflación

A diferencia de Milei, otros miembros de su gabinete tuvieron también considerables incrementos. Su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, incrementó su patrimonio en un 74% y mantiene deudas bancarias. Sin embargo, el ministro de Economía, Toto Caputo, es por lejos el que más logró “ganarle” a la inflación con un crecimiento patrimonial de 2042%, alcanzando $15.9 mil millones.

Este notable crecimiento patrimonial de Milei y su entorno levanta interrogantes, dado que el mandatario llegó al poder prometiendo cambios radicales en la economía para aliviar la situación de todos los argentinos. Mientras la mayoría ve cómo su patrimonio se desvanece, Milei parece haber encontrado la forma de salir ganando en un contexto adverso para el resto del país.

Por su parte la vicepresidenta Victoria Villarruel, experimentó un notable aumento en su patrimonio, que creció un 560% en un año, alcanzando los $36,8 millones. A pesar de que es uno de los patrimonios más bajos en el gabinete, casi el 90% de su valor proviene de sus propiedades en Buenos Aires, que pasaron de valer $2,2 millones a $33,1 millones. Además, declaró tener $1,7 millones y U$S 2.000 en efectivo.

En el otro extremo, Gerardo Werthein, el nuevo canciller, encabeza la lista de los funcionarios más ricos del gabinete, con un patrimonio declarado de $83 mil millones. Sus bienes incluyen propiedades en Buenos Aires, Madrid, Punta del Este y terrenos en Maldonado, Uruguay, además de vehículos de lujo. Werthein también posee ahorros en efectivo y depósitos por $5.173 millones, junto con créditos en fideicomisos y fondos de inversión.

Con estos datos, el patrimonio combinado de los principales funcionarios del gabinete suma alrededor de $99.117 millones, lo cual destaca una marcada desigualdad patrimonial en el entorno gubernamental.

Las subas promediarán entre el 2,5 % y el 3 % y se verán reflejadas en las boletas con fecha de vencimiento en diciembre.

A partir de noviembre, el Gobierno de Javier Milei ha implementado un significativo ajuste en las tarifas de electricidad y gas, como parte de su estrategia para reducir subsidios y enfrentar la inflación, aunque estas subas impactarán de lleno en el bolsillo de los consumidores. Los incrementos aprobados, que incluyen una subida del 2,5% en la electricidad y un 2,7% en el gas natural, fueron oficializados mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

La Resolución 905/2024 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), firmada por Darío Arrué, establece este incremento para EDENOR S.A., afectando a todos los usuarios residenciales. A partir del 1 de noviembre de 2024, la tarifa final reflejará el aumento de costos de transporte y distribución, lo cual representa una carga adicional para los hogares que ya enfrentan altos costos de vida.

Este ajuste tarifario introduce un esquema escalonado para dividir a los usuarios en tres niveles según sus ingresos. Los de Nivel 1, de ingresos altos, no recibirán bonificaciones y pagarán la tarifa plena. Los usuarios de Nivel 2, de ingresos bajos, podrán acceder a una bonificación de hasta el 71,92% si mantienen un consumo máximo de 350 kWh/mes. Por otro lado, los usuarios de Nivel 3, de ingresos medios, recibirán un descuento del 55,94% con un tope de consumo de 250 kWh/mes, aunque aquellos en los segmentos R1 y R2 que consuman hasta 400 kWh/mes podrán ver una reducción promedio del 44% en comparación con los usuarios de Nivel 1.

De igual modo, el gas natural verá un aumento en su tarifa a partir de la Resolución 737/2024 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), con un alza de 2,7% en los costos de transporte y distribución para METROGAS S.A. El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó esta medida como “razonable y prudente” en el contexto inflacionario, aunque el ajuste significa un esfuerzo adicional para los usuarios que ya lidian con facturas elevadas.

Las resoluciones instruyen a las empresas a detallar en las facturas los costos específicos, como el Costo del Mercado Eléctrico Mayorista y los subsidios estatales, con el fin de “garantizar la transparencia”. Este ajuste estará vigente hasta el 30 de abril de 2025, afectando la economía de los hogares de manera sensible durante los próximos meses.

Según la Encuesta Radar Pyme del 3° Trimestre del 2024, el 84,2% de los empresarios afirma que la economía está en recesión y que el ajuste lo paga la industria.

El sector industrial argentino se encuentra sumido en un profundo pesimismo ante la situación económica actual y la falta de acciones concretas por parte del gobierno. Según la Encuesta Radar Pyme del tercer trimestre de 2024, realizada por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), un alarmante 84,2% de los empresarios considera que el país se encuentra en recesión o incluso en depresión económica. Esta percepción negativa se desprende de la consulta realizada a 400 empresas en 22 provincias, en la que el 57,5% calificó el panorama como de recesión y el 26,8% como de depresión.

La encuesta también evidencia la percepción de que las promesas presidenciales han quedado lejos de materializarse. Un 73,7% de los encuestados afirmó que el ajuste económico lo están soportando principalmente las pymes y los trabajadores, mientras que un 20,8% indicó que lo están haciendo de manera parcial. Estas cifras subrayan el desencanto y la preocupación en un sector que esperaba medidas de alivio, pero que, por el contrario, percibe que la carga del ajuste recae sobre sus hombros lo que se suma a los efectos devastadores de una posible apertura importadora en los próximos meses.

Aunque se ha mencionado que la flexibilización laboral podría beneficiar a las pymes, las opiniones están divididas. Mientras el 43,8% cree que podría tener algún impacto positivo, un 34,5% sostiene que esta medida es irrelevante o desconocida, lo que denota una falta de confianza en las reformas propuestas y en su capacidad para mejorar la situación.

En contraste con el estancamiento económico, las pymes han logrado aumentar sus exportaciones en un 23,5%, alcanzando los 7.369 millones de dólares en el período de enero a septiembre de 2024, lo que representa el 12,2% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, esta cifra positiva parece insuficiente para contrarrestar el clima de frustración y la percepción de inacción gubernamental frente a los retos económicos que enfrenta el país y compensar el derrumbe del mercado interno.

El pasado jueves, la firma norteamericana ARC Energy terminó de formalizar su oferta por el 85% de acciones que el Estado tenía en venta y devino en un llamado a licitación a principios de octubre.

Luego de un período de especulaciones y trámites, el Gobierno finalmente avanzó en la re-privatización de IMPSA, una empresa estratégica para el sector nuclear y energético de Argentina. El pasado jueves, la firma estadounidense ARC Energy formalizó su oferta por el 85% de las acciones que el Estado había puesto en venta, convirtiéndose en el único postor en un proceso que abrió una licitación pública en octubre.

IMPSA, especializada en el desarrollo de componentes para energía nuclear, de hidrocarburos y renovable (produciendo entre otras cosas turbinas para hidroeléctricas), es clave en el abastecimiento y mantenimiento del programa nuclear y de generación de energía en el país. La venta de esta empresa a un inversor extranjero despierta preocupación sobre la sostenibilidad a largo plazo de estos sectores estratégicos, al quedar en manos de una firma con sede en Texas, sin un compromiso explícito de continuidad en las políticas y objetivos nacionales de soberanía energética.

El grupo ARC Energy, que anticipó una inversión de capital de 30 millones de dólares, fue el único interesado que llegó hasta el final del proceso, tras el retiro de otros posibles postores. En julio, la empresa había firmado un acta-acuerdo con el gobierno nacional, que controla el 63,7% de IMPSA, y con el gobernador Alfredo Cornejo, quien representa el 21,2% de participación de la Provincia de Mendoza.

Desde el inicio del proceso, el Gobierno ha impulsado la privatización de empresas con participación estatal, y la venta de IMPSA representa un caso testigo. Esta decisión genera incertidumbre sobre el futuro de una compañía vital para los proyectos de energía y tecnología nuclear de Argentina, así como sobre su posible impacto en la autonomía del país en el ámbito de la generación energética.