La Cámara de Diputados convocó este martes a la sesión especial pedida por el oficialismo y sus aliados para el próximo 7 de agosto. El eje es la modificación de la actual Ley de Armas de Fuego. Advierten sobre el peligro del “blanqueo” de armas.

La Cámara de Diputados convocó hoy oficialmente a la sesión especial pedida por los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y del PRO para el miércoles 7 de agosto, a fin de poner en consideración una serie de proyectos de ley relacionados con la seguridad, en especial la flexibilización de la Ley de Armas de Fuego.

Esta iniciativa, que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación, prevé facilitar el registro de armas, en especial para quienes posean, a la fecha de la sanción, armas de fuego de uso civil o convencional o repuestos principales que no se encuentren registrados en conformidad con la normativa vigente. Se establece un plazo de 360 días para implementar un procedimiento desde el Estado de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional.

Sin embargo, hay quienes advierten acerca del peligro que conlleva el proyecto del oficialismo. La extitular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic, señaló que este “blanqueo” de armas de fuego en el país “fomenta el crimen organizado” y que va a generar una suba inédita en la tasa de homicidios.

En diálogo con AM750, Frederic opinó que el proyecto blanquea a todo aquel que tiene un arma que no está registrada ni es legítimo usuario. Es decir que “todo aquel que compró ilegalmente o sustrajo ilegalmente un arma está liberado de cualquier acción penal y pasa a poder disponer de ella”.

“Es algo similar a lo que se quiere hacer con los capitales fugados. Solo que las armas matan y no los dólares”, afirmó.

Qué plantea el proyecto

El proyecto que modifica la actual Ley 26.216 de Armas de Fuego fue enviado el 15 de mayo pasado con las firmas del presidente Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse. La iniciativa incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la ANMaC.

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

Desde la ANMaC aseguraron que esta legislación se centra en la tenencia de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad, personal autorizado de seguridad privada, etcétera.

Fuente: Pagina 12

El ministro de Economía fue cuestionado por un periodista a través de la red social X por tener todas sus cuentas de ahorros en el exterior y haber advertido a la población que deberá vender sus propios dólares para pagar impuestos.

Otra vez, el ministro de Economía Luis Caputo se vio envuelto en su propia encrucijada: días atrás “sugirió” por redes sociales y mediante una entrevista televisiva que el peso argentino se fortalecerá y que las personas que tengan ahorros en dólares los tendrán que vender para pagar impuestos. Esto, en contraposición con la propuesta inicial de dolarización y la calificación de la moneda local como “excremento”. Pero esa contradicción no fue la única que tuvo que enfrentar el funcionario. Recientemente trascendió que Caputo tiene sus ahorros en dólares en cuentas en el exterior. 

El periodista de investigación Ari Lijalad mostró en su cuenta de X algunas capturas de pantalla de las declaraciones juradas del ministro de Economía, que en realidad son de acceso público y figuran en la web de la Oficina Anticorrupción. 

El periodista, en su posteo, además del documento de la declaración, escribió: “El ministro de Economía, Luis Caputo declaró todas sus cuentas bancarias en dólares y en el exterior. Pero te pide a vos que vendas tus ahorros para pagar la luz”.

Frente a esto, Caputo decidió contestarle. “Mi plata me la gané trabajando en el sector privado rompiéndome el alma y la reporto como corresponde”. “No hago nada con mis ahorros, porque si hago algo y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información”, le dijo Caputo a Lijalad.

El ex candidato presidencial quedó en la mira luego de que el actual Jefe de Gobierno denunciara irregularidades en los contratos preadjudicados al sistema de grúas en la Ciudad.

En medio del conflicto con el gremio de Camioneros, que provocó que la Ciudad amaneciera llena de basura, el Gobierno porteño decidió dar por terminado el proceso de licitación del sistema de grúas de acarreo y anunció que seguirá con la operación del servicio. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, criticó a Horacio Rodríguez Larreta y aseguró que era “insostenible” mantener el contrato en las condiciones en las que lo había dejado su antecesor, en declaraciones a TN reavivando así la interna PRO entre halcones y palomas.

Macri cuestionó: “Es una licitación del gobierno anterior, del PRO, pero está bien revisar las cosas que hemos hecho. Dimos de baja la preadjudicación que estaba medio forzada, que se hizo el mismo día que yo asumí. Analizamos el contacto, el pliego y la verdad que para mí el contrato es insostenible”. Advirtió que de haberse adjudicado la licitación el costo de acarreo se hubiera multiplicado por siete.

El jefe de gobierno porteño explicó: “El precio está establecido y se va actualizando. Pero además, todas las licitaciones son a cuatro años. Me parecía que el contrato estaba mal. Pero además se les anticipaba plata a las empresas antes de que empiecen a trabajar. Les garantizaba que aunque no hagan acarreo les pago 24 mil acarreos por mes”. Luego confirmó que a partir del martes debería empezar a regularizar la recolección de basura.

LAS CRÍTICAS DE MACRI A LA GESTIÓN ANTERIOR

Previamente, el jefe de Gobierno porteño anunció la baja de la preadjudicación por el sistema de grúas y acarreo concretada durante la administración de Rodríguez Larreta. Macri explicó que implicaba “una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares y la ataba a ese contrato durante los próximos 10 años” e incluía “un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”.

EL TRASFONDO MACRISMO vs. LARRETISMO

El telón de fondo es que Jorge Macri asumió la presidencia del PRO porteño tras un acuerdo con Patricia Bullrich, Diego Santilli y Cristian Ritondo. Horacio Rodríguez Larreta se quedó afuera de todo. De esta forma la renovación en el PRO porteño fue absoluta. Jorge se quedó con la presidencia e impuso a Clara Muzzio como vice 1° para asegurarse el control total del partido.

Paola Michielotto, legisladora que responde a Ritondo, y Matías López, vice 1° de la Legislatura y alineado con Santilli serán vices adjuntos. El mismo cargo ocupará Ezequiel Daglio. Este último, tiene la particularidad de responder a Bullrich, cuya pelea con Mauricio Macri tuvo un final escandaloso semanas atrás cuando asumieron las autoridades de la asamblea nacional. Macri había sellado un acuerdo con Patricia para la presidencia de la asamblea que después incumplió.

El acuerdo que le dio una vicepresidencia a Bullrich se cerró antes de la última pelea y por eso Daglio asumió la vicepresidencia adjunta. Por el momento el bullrichismo se mantiene alineado con Jorge Macri en la Legislatura, pero parece difícil que ese esquema se mantenga el año próximo para las legislativas.

En tanto, en este marco, Larreta decidió correrse completamente. El ex jefe de Gobierno cree que el PRO está “terminado” y no tiene sentido pelearse por “los restos de un partido que no tiene ningún peso”. En el larretismo consideran que Mauricio le entregó el partido a Javier Milei y eso le quitó completamente su identidad.

Así lo reveló un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las familias necesitan más de 140.000 pesos este julio para afrontar los costos de servicios públicos, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), vinculado a la UBA y el Conicet.

El análisis indica que un hogar típico del AMBA requiere $142.645 para cubrir gastos de energía, transporte y agua potable este mes, marcando un aumento del 374% desde diciembre de 2023, cuando era de $30.100.

El incremento de este año se debe a ajustes en tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero y junio), y agua y gas natural (abril y junio). Además, los consumos de gas y electricidad se ven afectados por la demanda estacional, notable en invierno.

En julio, se reporta un aumento del 2% en el gasto en servicios públicos, impulsado por consumos más altos en invierno, ajustes en precios desde junio y cambios en los bloques de consumo subsidiado.

Desde diciembre, los aumentos han sido significativos: agua y cloacas (+249%), energía eléctrica (+229%), gas (+1208%) y transporte (+410%).

La canasta de servicios públicos ahora representa el 15% del salario promedio en el AMBA, con un peso similar en transporte, energía eléctrica y gas natural.

El estudio señala que el Gobierno pospuso aumentos en luz y gas para ayudar a controlar la inflación, tras las subas de junio.

Según el informe, el Estado cubre el 59% de los costos totales de servicios públicos para hogares de diversos ingresos en el AMBA.

Fuente: Infonews

En la provincia ya hay 85 empresas que firmaron acuerdos en el Ministerio de Trabajo provincial para suspender personal. La situación afecta a casi 11 mil trabajadores del sector privado.

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, indicó que hay “una situación recesiva donde hay caída de actividad prácticamente todos los rubros” y dijo que “mes a mes se van dando una tendencia de pérdida de puestos de trabajo”.

El funcionario explicó en declaraciones a La Capital que eso tiene un impacto en el empleo de dos formas. “Por un lado, se han dado situaciones de acuerdo entre empresas y sindicatos para proceder a suspensiones mientras se transita esta situación. Son 85 empresas, según el último reporte, es decir poco menos de 11.000 trabajadores suspendidos que están cobrando una suma no remunerativa sustitutiva del salario que conforman los acuerdos. A veces puede ser el 100% de salario de bolsillo, el 80 o el 75, como mínimo. Es lo que se fue optando como para transitar esta situación sin que se produzcan desvinculaciones”, detalló el funcionario.

Por otra parte, Genesini habló sobre situaciones de desvinculaciones. “A fines de abril había alrededor de 6.500 de vinculaciones que se tramitaron ante el Ministerio de Trabajo. Si vemos los números del empleo registrado hay una caída interanual de 1.77 puntos, eso es un poco más de 9.000 puestos de trabajo. Si tomamos diciembre hay un poco más porque había alrededor de 522.000 trabajadores registrados y ahora estamos en 512.000”, apuntó y resaltó: “Hay un impacto en el empleo que se verifica en suspensiones y en algunos casos de pérdida de puesto de trabajo”.

El secretario de Trabajo de la provincia recordó que sobre fines de abril había unas 60 empresas que habían acordado suspensiones, mientras que en noviembre del año pasado eran unas 30. Ahora son 85. “Hubo un aumento bastante importante en dos meses”, resaltó.

A nivel nacional se conoció el viernes pasado que entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio se tramitaron más de 38.000 procedimientos preventivos de crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación, un 40% más que en el mismo período del año pasado. Así lo señalaron fuentes de la cartera laboral, en el contexto de una crisis que se llevó ya 144.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado.

Fuente: Infogremiales

El Ejecutivo ya está delineando una reforma más amplia, inspirada en las ideas de Federico Sturzenegger, combinando principios del DNU 70/23 y políticas emblemáticas de la década del 90.

En medio del proceso de reglamentación de la Ley Bases, el Gobierno está planeando una reforma laboral más extensa que la implementada por esa norma. Esta reforma contemplará varios puntos clave, como la posibilidad de ampliar la jornada laboral mediante convenios colectivos, reintroducir los tickets de comida por fuera del salario y permitir la firma de contratos que puedan implicar la pérdida de derechos adquiridos.

Según El Destape, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de abrir el diálogo con sindicatos y cámaras empresariales para discutir la ampliación de la jornada laboral, la reintroducción de tickets de comida como ítems no remunerativos y la posibilidad de firmar contratos que impliquen la pérdida de derechos adquiridos. Esta ronda de negociaciones se desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de preparar nuevos proyectos de ley para ser presentados al Congreso.

En paralelo, Cordero ha estado trabajando en la reglamentación de la Ley Bases, buscando un equilibrio que permita congraciarse con los sindicatos mientras se avanza en las reformas estructurales. Entre los cambios propuestos se encuentra la flexibilización de la norma que penaliza los bloqueos a empresas y la figura del “trabajador colaborador”, que busca formalizar las relaciones laborales de monotributistas bajo un esquema de asociación libre.

Lo que viene

Los funcionarios del Gobierno tienen la expectativa de introducir una nueva normativa que vuelva a categorizar como no remunerativos ciertos ítems como los tickets de almuerzo, viáticos, refrigerios, transporte y otros como la cobertura de medicina privada o incluso acceso a gimnasios por parte de la empresa. Aunque históricamente la Justicia ha considerado estos ítems como no remunerativos, el Gobierno prefiere una regulación más precisa y estricta para evitar disputas legales.

Otro punto que estaba contemplado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y que el Ejecutivo planea insistir es la modificación de la jornada laboral. Actualmente, la ley establece un máximo de 48 horas semanales y 8 horas diarias, en línea con estándares internacionales. Sin embargo, se está considerando la posibilidad de establecer jornadas de hasta 12 horas mediante convenios colectivos de trabajo. El único límite propuesto sería garantizar un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas laborales, una condición que no se espera modificar en este momento.

Además, en el plan ejecutivo, influenciado por las ideas de Federico Sturzenegger, se contempla otro punto que podría generar considerable fricción con los sindicatos: la flexibilización del principio de “irrenunciabilidad” establecido en la normativa laboral argentina. Este principio asegura que ningún trabajador puede aceptar condiciones laborales inferiores a las establecidas en su contrato, y ningún sindicato puede validar dichas condiciones. Los funcionarios gubernamentales argumentan que este principio ha rigidizado las relaciones laborales, haciendo difícil implementar cambios unilaterales en los contratos sin recurrir a despidos, indemnizaciones y recontrataciones bajo nuevos términos.

Estos puntos reflejan un enfoque hacia reformas que buscan promover la flexibilidad en las relaciones laborales, aunque también plantean desafíos significativos en términos de negociación y aceptación por parte de los sindicatos y otros actores involucrados en el ámbito laboral argentino.

Fuente: Data Gremial

El Gobierno nacional decidió asignar unos 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en concepto de “gastos reservados”.

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y sus ministros asignaron los nuevos fondos a la SIDE “para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional”, según se lee en el artículo primero del DNU.

En el artículo segundo del decreto, en tanto, se consigna: “Establécese el carácter reservado de los fondos previstos en el artículo primero”.

“Resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”, argumenta el texto del DNU.

“En atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado”, explicó el Gobierno.

El aporte de cien mil millones de pesos (como fondos reservados) para la SIDE, según fundamenta el DNU, se relaciona con que el organismo funciona con el Presupuesto prorrogado de 2023.

La nueva SIDE funciona bajo la órbita de la Presidencia y quedó a cargo de Sergio Neiffert, muy cercano al asesor Santiago Caputo. El organismo está integrado por cuatro oficinas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).

Fuente: Vía País

“Les pidió a YPF y Petronas que manejen el proyecto con seriedad y profesionalismo y no se dejen influenciar por comentarios trasnochados”, publicó el gobernador bonaerense en su cuenta de X.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió a los recientes dichos del presidente Javier Milei sobre la instalación de la planta de gas natural licuado (GNL) de YPF y Petronas en Río Negro, y no en Bahía Blanca como está planificado desde el inicio del proyecto.

En una entrevista, Milei descartó la posibilidad de que la planta se ubique en esa ciudad del sur bonaerense, que tiene una de las terminales portuarias más importantes del país, prefiriendo en su lugar el Golfo San Matías, en la provincia patagónica.

Milei justificó su postura afirmando que en Buenos Aires “tenés el lastre de tener a Kicillof, que es un expropiador serial“, además de cuestionar al gobernador por no adherirse al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), a diferencia de su par rionegrino, Alberto Weretilneck.

A través de sus redes sociales, Kicillof respondió duramente: “Enoja y, a la vez, entristece escuchar al Presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta irresponsabilidad”.

Enoja y, a la vez, entristece escuchar al presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera. Y, además, con tanta agresividad. No podemos naturalizar que quien conduce el Estado Nacional y representa a nuestro país se maneje con tanta… pic.twitter.com/6kAjc4DiFi

— Axel Kicillof (@Kicillofok) July 20, 2024

“La construcción de la planta de GNL es una inversión muy importante tanto para nuestra provincia como para el país«, agregó el gobernador bonaerense.

E hizo un llamado a los responsables del megaproyecto, esencial para poder exportar por barco al mundo el gas de Vaca Muerta.

“Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el Presidente”, expresó Kicillof.

El plan de una planta de GNL

El proyecto es fundamental para poder capitalizar la actividad de Vaca Muerta: la licuación de gas permitirá trasladarlo en barco a todo el mundo, para extender las exportaciones más allá de la región.

La puesta en marcha de la primera etapa del proyecto se estima para 2027 con un nivel de producción que oscilará entre una y dos millones de toneladas de GNL al año a través de la planta flotante PFLNG SATU. Esa fase inicial demandaría unos 200 millones de dólares.

El buque está diseñado para operar a profundidades de hasta 200 metros, es de la clase Det Norske Veritas (DNV) e incluye estructura flotante, disposición de amarre y tecnología de licuefacción de gas natural.

Este megaproyecto podría permitir ingresar a la Argentina al selecto grupo países exportadores de GNL.

Fuente: DINAMICARG

“La que organizó la visita de los diputados a los autores de crímenes de lesa humanidad fue la propia Victoria Villarruel pero ella no podía por su cargo hacerse presente” sostuvo el conductor.

La revelación hecha por el periodista fue durante el programa de Rolando Graña, allí el periodista destacó la existencia de una alianza política entre el ex represor y genocida Alfredo Astiz y la Vicepresidenta: “la vicepresidenta es empleada de Astiz, recibe ordenes de Astiz desde el año 2009, hay una relación de obediencia y subordinación”. El ex represor según Cúneo estaría trabajando desde hace varios años en la creación de un grupo de difusión y presión política compuesto inicialmente de jóvenes con ideas afines con el objetivo de reivindicar al denominado “Proceso de Reorganización Nacional” iniciado con el golpe de estado el 24 de marzo de 1976 y lavarle la cara al terrorismo de estado, presentándolo como un hecho necesario y justificable.

El grupo de la Base Naval Zárate

Cúneo reveló además la existencia del denominado “grupo de trabajo de la base naval Zárate“, desde el cual el ex represor estaría coordinando a distintos referentes, políticos e intelectuales de extrema derecha en una operación que denominó como de “psicología social” cuyo objetivo es reinstalar la “teoría de los dos demonios” y desde ahí realizar una campaña de difusión y defensa pública de la última dictadura cívico-militar. Este grupo en cuestión esta integrado por Victoria Villarruel como máxima referente y secundada por distintos periodistas entre los cuales citó a Nicolas Márquez quien recientemente escribiera la biografía de Milei, conocido por sus numerosas publicaciones reivindicatorias de la dictadura y posiciones homofóbicas y extremistas y que según Santiago Cúneo fue presentado a Milei por el propio Astiz. Pero este grupo de trabajo también esta integrado por el actual jefe de los espías de Javier Milei, el menemista reciclado Tata Jofre a quien Milei le encomendó la tarea de “reorganizar el sistema de inteligencia nacional” que vuelve a adoptar la vieja denominación de SIDE, otorgándole además una clara impronta de alineamiento con los Estados Unidos cuestión que incluso se refleja en la nueva simbología adoptada por el organismo de evidente influencia yanqui.

Las exigencias de Astiz

Cúneo destacó además que el ex represor estaría presionando fuertemente tanto a Villarruel como al propio Javier Milei (con quien además se habría comunicado personalmente) para obtener beneficios judiciales que le habrían sido prometidos por Milei y Villlarruel. “Hay malestar entre los grupos de detenidos por delitos de lesa humanidad” afirmó el conductor, “ven pasar el tiempo y que se complica la sustentabilidad económica del gobierno, esto es ya!!, porque si vos fallas en la economía esto se termina y nosotros (los represores) nos vamos a quedar adentro”, y continuo “todo esto es un plan de Astiz que pide conspiración directa contra Milei, van a apretarlo a Milei y tienen a la vicepresidenta de su lado para ello”, concluyó Cúneo.

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad presentó un pedido ante la ONU para que se comunique con el Gobierno de la Ciudad e informe la política desplegada para abordar la problemática.

En la última ola de frío polar murieron cinco personas en situación de calle en la Ciudad y, en ese marco, varias instituciones pidieron información al gobierno de Jorge Macri sobre sus políticas al respecto. Una de ellas es el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad que presentó un pedido formal de comunicación ante el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda Adecuada, Balakrishan Rajagopal, con el objetivo de que tome intervención en relación a las actuales acciones y políticas que el Gobierno porteño está llevando a cabo para las personas en situación de calle.

El objetivo de esta presentación es requerir la intervención de la ONU para, por un lado, exhortar al Gobierno porteño a que implemente políticas que prevengan y detengan las acciones que vulneran los derechos humanos y, por el otro, crear conciencia pública sobre la problemática, las garantías y los derechos que el Estado debe garantizar.

La solicitud de comunicación, firmada por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, sostiene que “el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población”.

La presentación recuerda que, según datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle (ReNaCALLE) de 2023, había 8.028 personas viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales el 49,1% había estado antes en esa misma situación, mientras que para un 48,3% era la primera vez. “La situación actual es más grave aún si se contemplan las estimaciones de quienes están en riesgo de situación de calle y si se toma en cuenta la información del propio Gobierno porteño que reconoció un crecimiento del 40% interanual de los y las sin techo en la Ciudad”, advierte el MPD.

En ese sentido indica, también, que la criminalización hacia esta población se verifica en los procesos iniciados bajo las figuras de “resistencia a la autoridad” y “daño”. “Según datos propios de este MPD, durante el primer cuatrimestre de este año se asistió a 2643 personas privadas de su libertad, de las cuales el 13% estaba situación de calle”, explica. Y continúa: “La posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención, se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle”.

En la presentación, la Defensa Pública hace referencia a las leyes nacionales y locales para la protección de los derechos y la atención integral para las personas que viven en la calle, repasa las campañas gubernamentales y declaraciones mediáticas de parte de distintos funcionarios públicos y señala el desfinanciamiento y recorte presupuestario de los programas locales destinados a atender esta problemática.

Además, menciona el pedido de informes que realizó el MPD al Gobierno porteño en el mes de abril para que responda sobre los denominados “operativos de limpieza urbana” y por la puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

Para el MPD “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”.

“El MPD tiene el deber de trabajar en la defensa de la personas, velando para que las acciones estatales se realicen con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, y considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social”, concluye el pedido de comunicación enviado al Relator de las Naciones Unidas.

Fuente: Nueva Ciudad