Se trata de la firma Mabe, que produce las marcas Drean y Patriot. Además, informó a los operarios que detendrá la producción por dos semanas.

La empresa de electrodomésticos Mabe, que vende las marcas Drean y Patriot, comenzó un proceso de recorte de personal en su planta de Río Segundo, Córdoba, producto de la fuerte caída en las ventas.

Según trascendió, unas 200 personas fueron despedidas en las últimas horas, sobre un plantel total de unos 900 obreros.

“Como es de público conocimiento, la caída general de consumo que estamos transitando en el país nos ha obligado, lamentablemente, a avanzar con el ofrecimiento de retiros voluntarios, pre-jubilaciones y cesantías laborales, asegurando que sean las mínimas e indispensables para dar sostenibilidad al negocio y cuidar la fuentes de empleo a largo plazo”, señalaron desde la empresa.

Así, Mabe se suma a la lista de compañías que en las últimas semanas decidieron reducir su planta de personal debido a las caídas en las ventas. 

Según explican desde el sector, a principios de año comenzaron a llegar los telegramas de despido, y en los últimos días se sumó el ofrecimiento de planes de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas. Sin embargo, los retiros voluntarios ofrecidos están muy por debajo de lo que correspondería a un empleado despedido sin causa, ya que consisten en el pago del 60% de la indemnización.

En este contexto, la compañía tiene planeado detener su producción por dos semanas, del 22 de abril al 6 de mayo y en paralelo avanza con su objetivo de reducir su plantilla laboral en aproximadamente un 25%, lo que representa alrededor de 200 despidos. 

La planta de Córdoba de Mabe produce lavarropas, lavavajillas y cocinas de la marca Drean. La intención de la empresa, de capitales mexicanos, es reducir la producción diaria desde los actuales 2100 productos a unos 1300. Esta medida implicaría una reducción casi completa de un turno laboral.

Lo que ocurre en Mabe no es un caso aislado, ya que en los últimos meses muchas empresas han comenzado a recortar personal debido a la drástica caída de ventas. Por ejemplo, también en Córdoba, la empresa alimenticia Bimbo recientemente despidió a 20 trabajadores, y se espera que en los próximos días avance con reducciones de jornada laboral y suspensiones.

Algo similar está sucediendo en la gigante Toyota, que abrió un plan de retiro voluntario en su planta de Zárate que busca alcanzar a 400 operarios. Además, muchas otras compañías optaron por iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis, un mecanismo previsto por ley que permite a los empleadores aplicar suspensiones, reducciones de jornadas y salarios, adelantar vacaciones, además de ofrecer retiros voluntarios.

Fuente: Iprofesional

En enero-marzo de 2024 la industria frigorífica vacuna produjo 745 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 7,6% menos que en el primer trimestre de 2023.

El consumo aparente de carne vacuna habría totalizado 499,7 mil tn r/c/h en enero-marzo del corriente año y habría resultado 17,6% menor al registrado en igual trimestre del año pasado (-106,9 mil tn r/c/h), marcando el registro más bajo de las últimas tres décadas. Así lo consideró CICCRA (Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados) en un informe reciente.

En enero-marzo de 2024 la industria frigorífica vacuna produjo 745 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 7,6% menos que en el primer trimestre de 2023. Puesto en términos absolutos, se produjeron 61,2 mil tn r/c/h menos.

Sin embargo, considerando que las exportaciones de carne vacuna se mantuvieron en torno a las 85 mil tn r/c/h en marzo, en los primeros tres meses del año se habrían exportado 245,2 mil tn r/c/h, lo que representaría un aumento de 22,9% interanual (+45,7 mil tn r/c/h).

En esa línea, el consumo per cápita de carne vacuna habría sido equivalente a 42,6 kilos/año en marzo de 2024, ubicándose 18,5% por debajo del verificado en marzo de 2023. En tanto, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo aparente de carne vacuna quedó en 50,0 kg/hab/año en el tercer mes del año, es decir 4,2% por debajo del promedio de un año atrás.

Consumo de carne: ¿qué incidencia tuvieron los precios en la caída?

El nivel general de precios al consumidor del Gran Buenos Aires desaceleró nuevamente en marzo de 2024 (tercer mes consecutivo). En relación a febrero la suba se ubicó en 11,5%. Pero, como el alza mensual continuó siendo superior a la de igual mes del año pasado, la comparación con marzo de 2023 arrojó un aumento de 289,9% (el mes pasado había sido de 277,1%). En este contexto, el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas también subió a menor ritmo que en enero y febrero, y en esta oportunidad igualó al del nivel general (+11,5% mensual; +11,7% en alimentos y +10,2% en bebidas no alcohólicas). A pesar de ello, en la comparación con marzo del año pasado acumuló una suba mayor a la del promedio, ya que fue de 314,1%.

Fuente: Ámbito

Dentro del programa “Libros para Aprender”, 14 millones de ejemplares eran destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario.

El Gobierno Nacional no realizará la compra anual de los libros escolares destinados a instituciones educativas de todo el país que estaba prevista para todo el ciclo lectivo 2024.

Los 14 millones de ejemplares destinados a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario, dentro del programa “Libros para Aprender”, no serán adquiridos este año, se informó oficialmente.

El actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, había deslizado que continuaría con el plan.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, decidió retirarse de ese programa nacional destinado a la compra a las provincias interesadas en adquirir los libros.

Desde el Poder Ejecutivo, argumentaron que no se realizó dicha compra porque el procedimiento con las editoriales “estaba muy demorado” y no iban a llegar al mismo tiempo que el inicio de clases.

Asimismo, el Gobierno se amparó en la supuesta “falta de transparencia” del programa y decidió directamente cortar el presupuesto.

Desde el Ministerio de Capital Humano se justificaron con que los costos de la distribución eran elevados y aseguraron que en años anteriores “los libros llegaron de forma azarosa a las escuelas, sin contemplar su diseño curricular”.

Hasta 2023, el programa fue comandado por Nación, pero cada una de las provincias seleccionaba los textos de acuerdo a su plan de estudios, se abrían las condiciones para que las editoriales propusieran los títulos y, por último, una comisión nacional revisaba las propuestas y realizaba una primera selección.

Por el momento, no se firmó ningún convenio con las provincias y está en duda la continuidad del programa.

Fuente: Ámbito.

Según los cálculos de la Universidad Di Tella, la pobreza llegaría a unos 22,6 millones de personas sobre un total de 46,8 millones.

Según estimaciones privadas, la pobreza en la Argentina alcanzó en el primer trimestre del año a 22,6 millones de personas, lo que implica que desde diciembre del año pasado se sumaron 3,2 millones de nuevos pobres debido al impacto de la inflación en el poder adquisitivo.

Según el Nowcast de Pobreza que calcula el investigador de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín González Rozada, se estimó una tasa de pobreza de 48,3% para el semestre octubre del 2023 a marzo del 2024 con un intervalo del 95% de confianza entre [46,8%, 49,8%].

La medición de la Di Tella sugiere que la incidencia proyectada es un promedio ponderado de una tasa de pobreza estimada en 44,9% para el cuarto trimestre de 2023 y 51,8% para el primer trimestre de 2024.

“Esta proyección estima que alrededor del 48% de las personas viven en hogares urbanos pobres“, indicó el informe. La población urbana capturada por la EPH en el semestre de referencia se estimó en 29,3 millones de personas lo que implica que alrededor de 14,2 millones viven en hogares urbanos pobres.

Si se tiene en cuenta una proyección de la población total, es decir incluyendo zonas no urbanas, rurales y de baja densidad demográfica, la pobreza llegaría a unos 22,6 millones de personas sobre un total de 46,8 millones.

Ese número implica un fuerte salto respecto a los 19,4 millones en los que había finalizado el 2023, según los últimos datos oficiales del Indec.

Por otra parte, el CBT promedio de la región del Gran Buenos Aires (GBA) para el semestre de referencia se estimó en $177.598 por adulto equivalente. Esto implica un aumento interanual de 239,4%.

Para el promedio del ingreso total familiar (ITF) se proyectó para el semestre un incremento interanual de 184%.

Fuente: Ámbito

Kicillof tiró un lance a los gremios y promulgó una Ley que deroga decretos de gobiernos de facto que limitaban sus funciones.

El mismo día en que se reanudan las negociaciones paritarias en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof promulgó la Ley 15.481 que fue aprobada por la Legislatura bonaerense en marzo que deroga cuatro decretos emitidos por gobiernos de facto en los que se limitaban las actividades gremiales.

De este modo, este lunes Kicillof publicó en el Boletín Oficial la entrada en vigencia de la Ley 15.482, una norma que empezó su trajín legislativo el 24 de marzo en la Cámara de Diputados y terminó unos diez días después en el Senado. El documento tiene un solo objetivo, derogar decretos leyes de gobiernos de facto.

En concreto, quedaron sin efecto cuatro normas dictadas en su momento por administraciones militares, el Decreto Ley 7.999 de 1973, el 16.588 y el 16591 de 1957 y el 196 de 1.958. Se trata de resoluciones que limitaban o castigaban la actividad sindical en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

En primer lugar, el Decreto 16.588/1957 declaraba ilegales todos los paros y medidas de fuerza que hiciera el personal en el servicio telegráfico. A su vez, el 16.591 hacía lo mismo con “todo paro o medida de fuerza que disponga el personal de la administración pública provincial”. 

Cabe mencionar que, en los hechos, estas restricciones dispuestas por los distintos gobiernos de facto dejaron de aplicarse, pero formalmente seguían vigentes. Sin embargo, desde el entorno de Kicillof afirman que en medio de un gobierno de extrema derecha, resulta inminente dejar sin efecto las mencionadas normas.

Otro de los decretos derogados fue el 7999/1973, que directamente prohibía “toda reunión que signifique una amenaza real o inminente a la seguridad pública”. Así, el cuarto Decreto de Ley que se derogó en la provincia de Buenos Aires disponía “sanciones hasta la exoneración” para los trabajadores estatales bonaerenses que hicieran “política en el ámbito de sus funciones”.

Legislatura bonaerense: Unidad para la Reparación Histórica Legislativa

Si bien Kicillof promulgó la derogación de las leyes de los gobiernos de facto este lunes, el proceso para que las normas salgan de circulación comenzó con el armado de la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa en la Legislatura bonaerense. 

En efecto, la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa es un organismo bicameral creado en marzo de 2022 para “revisar los Decretos Leyes y Ordenanzas Generales dictadas por los diferentes gobiernos de facto y su futura conversión en leyes y normas de la democracia”.

Según explicaron las autoridades de la Legislatura bonaerense en el momento de la creación de la unidad, el objetivo final del espacio es que la provincia de Buenos Aires “sea declarada libre de normas de facto”. 

Sin embargo, lograr la declaración de la provincia de Buenos Aires como una comuna libre de normas dictadas en gobiernos de facto requiere el análisis y derogación de 3217 normas aprobadas en distintos momentos históricos.

Por el momento, la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa logró la derogación de cuatro leyes fundamentales que restringían las funciones de los gremios, y continuará trabajando en la revisión de las normas que faltan hasta lograr su cometido.

Fuente: Diputados Bonaerenses

El 75,9% está en desacuerdo con que su situación económica mejoró desde que el libertario es Presidente.

De acuerdo a un nuevo estudio de la consultora Zuban- Córdoba titulado «La Tensa Estabilidad Libertaria’», la aprobación de la sociedad hacia el gobierno encabezado por Javier Milei cae paulatinamente y el 75,9% está en desacuerdo con que su situación económica mejoró desde el libertario es Presidente.

Asimismo, ningún dirigente de los más destacados del oficialismo tiene diferencial positivo de imagen: el propio Milei tiene una imagen negativa de 52,5% y una positiva de 47,2%.

Un dato relevante es la evaluación sobre la (no) gestión de la epidemia de dengue que generó un récord de personas contagiadas y muertes, para lo cual un 60% cree que el accionar fue inadecuado y un 65% cree que el gobierno debería comprar vacunas y repelentes de forma masiva”.

Por otro lado, la defensa a la educación pública parecer ser un valor de gran consenso social, con casi un 70% de personas encuestadas que sostienen que hay que defenderla.

#POLÍTICA🗳️| Según un nuevo estudio de Zuban-Córdoba, crece el descontento hacia el Gobierno de Milei https://t.co/nnpHloh5o9 pic.twitter.com/3NLim0E09W

— 1000 Caracteres (@1000_Caracteres) April 15, 2024

Fuente: Zuban-Córdoba y 1000 caracteres noticias.

“Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad”, dice la carta escrita por la madre de Ana Clara, que fue compartida en redes por colegas de la trabajadora estatal.

Ana Clara trabajaba en el Estado, en el sector de la salud, donde estuvo durante 17 años. Uno de los cargos que ejercía era el de docente de la Facultad de Psicología de la UBA. En medio de la ola de despidos masivos ejecutados por el Gobierno nacional en todos los organismos, secretarías y ministerios y la incertidumbre que atraviesa a quienes trabajan en ese sector, en el cuadro que padecía Ana Clara hubo un “detonante”: el temor a perder el empleo. 

La madre de Ana Clara escribió una carta y pidió difusión. Colegas y conocidxs de la trabajadora estatal la recordaron y lamentaron su partida. 

La usuaria de X Laura Cittadini fue quien compartió la carta que ya se viralizó: “Se suicidó una trabajadora del Ministerio de Salud de la Nación. Su madre pide que se difunda esta carta, que dice: ‘Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad’“.

Se suicidó una trabajadora del Ministerio de Salud de la Nación. Su madre pide que se difunda esta carta, que dice: “Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad”. pic.twitter.com/60qchPJIVy

— Laura Cittadini (@LauFerrito) April 15, 2024

Ana Clara se fue por decisión propia. Su alma estaba quebrada, su psiquis estaba frágil. No le alcanzaron ni la medicación de los profesionales, ni nuestros cuidados, ni nuestro acompañamiento ni nuestro amor ni el de sus amigos”, comienza el escrito.

“(…) Siento la obligación de decir que Ani, dentro de su cuadro, cayó en uno de los agujeros que está haciendo irremediablemente esta red perversa del ‘sálvese quién pueda de la destrucción’. Su psiquiatra de cabecera dijo claramente que dentro de un cuadro depresivo hubo un detonante y fue el temor a perder su trabajo con 17 años de antigüedad'”, expresó.

“Sintió que la red humana solidaria de la sociedad se había roto y ya no la contenía. Por eso repito que se cayó por uno de esos agujeros”, lamentó la madre en el escrito, que finalizó con un sentido “Ana Clara…presente ahora y siempre”. 

Fuente: Infonews

El gobierno encargó tres trabajos de opinión pública. Uno de estos apunta a conocer cómo percibe la ciudadanía las medidas económicas.

A cuatro meses de asumir en el poder, el gobierno de Javier Milei contrató encuestas de opinión para medir los resultados de su gestión y conocer la expectativa de la ciudadanía respecto del rumbo económico del país.

La Casa Rosada contrató tres trabajos de consultoría por un total de $32.377.081 de los que, al menos uno, está estrictamente enfocado en conocer de qué manera percibe la sociedad las primeras medidas económicas de Milei; cuáles son las expectativas respecto de la inflación; qué opinión tienen sobre la reducción de subsidios en las tarifas de servicios básicos y el transporte, entre otras cuestiones.

La solicitud de estos servicios se llevó a cabo a través del acuerdo marco que la Secretaría de Innovación Pública realizó con 15 encuestadores para llevar adelante 67 trabajos de opinión pública. Estos pedidos tienen como objetivo conocer el humor de la ciudadanía respecto de las políticas que implementa la Casa Rosada.

El nuevo acuerdo se selló en febrero pasado, tendrá una duración de seis meses y en rigor, los servicios se consumirán solo si el Gobierno los requiere. Pueden ser solicitados por diferentes ministerios y organismos y cada uno abonará el trabajo seleccionado. En este caso los primeros tres trabajos fueron solicitados por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse.

De acuerdo a la documentación oficial que difundió el canal TN, el primero de los trabajos fue requerido a Julio Francisco Antonio Aurelio S.A., que debe realizar 1.360 encuestas del tipo presencial a cambio de $20.334.325. Un precio unitario de $14.951 cada trabajo. Este medio pudo saber que el foco de este trabajo estará en la economía, con particular atención en los sectores afectados por la inflación. El documento final con los resultados del trabajo de opinión estará lista para el viernes 19 de abril. Una vez que se entrega, se cobra.

Las otras consultoras contratadas fueron:

• Opinaia S.A: encuesta tipo IVR de 1404 casos, a un precio unitario de $3.359. Total: $4.996.836.
• Tres Puntos Zero S.A: encuestas tipo grupos focales presenciales de hasta 2 horas. Cada una tiene un costo de $880.740. En total $7.045.920

Milei usa este servicio para conocer de qué manera percibe la sociedad las medidas de su gestión, que en los primeros meses de Gobierno estuvo atravesada por un fuerte ajuste fiscal, reducción de gastos y partidas en numerosos organismos del Estado y una situación económica compleja para diversos sectores sociales.

Según trascendió, el gobierno tendrá a disposición 67 encuestas de opinión pública que ofrecerán diferentes encuestadores. El menú de encuestas que podrá solicitar el Estado contempla encuestas telefónicas tipo CATI; con sistema IVR; encuestas modalidad online; encuestas presenciales; encuestas modalidad bola de nieve (técnica de muestreo en la que los encuestados reclutan a nuevos participantes de su círculo íntimo), estudio de comunidad WhatsApp; Focus Group online y presencial, entre otros. Los servicios pueden ser requeridos por diversos organismos y entidades de la Administración Pública.

Desde la Jefatura de Gabinete explicaron que “estos recursos estarán enfocados en conocer las percepciones ciudadanas para mejorar el servicio que el Gobierno en sus distintas áreas les brinda”. Además, aclararon que “el acuerdo no compromete un monto fijo a invertir”, sino que determina a qué precio se pueden realizar contrataciones desde el Estado. La prórroga actualiza valores que estaban atrasados un año respecto de la inflación.

Algunos de los encuestadores seleccionados son Barca Comunicación SRL; Comunicaciones Sudamericanas; 2r consultoría; Trespuntozero s.a.; Hugo Haime; Multimedios y Marketing SRL; Ebeno SRL; Analía del Franco; Julio Francisco Antonio Aurelio; Luis Costa; Opinaia; María Florencia Filadoro, Digital Strategy; Inteligencia Analítica consultores asociados y Gustavo Córdoba y asociados.

Fuente: La Capital

Marcelo Melo advirtió que durante el primer trimestre del año “ya se modificó la calidad de atención considerablemente”. El Instituto de Oncología Ángel H. Roffo vive una situación similar.

El director del Hospital de Clínicas –dependiente de la Universidad de Buenos Aires- Marcelo Melo aseguró que, ante la situación de emergencia que sufren las universidades nacionales, ese establecimiento solo cuenta con presupuesto asegurado hasta el mes de mayo, y advirtió que durante el primer trimestre del año “ya se modificó la calidad de atención considerablemente”.

“El presupuesto del hospital alcanza hasta mayo para poder seguir brindando asistencia y docencia”, explicó el Melo a Somos Télam.

El director médico indicó que por la situación de virtual recorte al presupuesto universitario -producto de la prórroga del presupuesto 2023 que estableció el gobierno nacional- “también quedarían paralizados los diferentes proyectos de investigación” que esa institución lleva adelante.

El Hospital de Clínicas “José de San Martín” -que funciona en la avenida Córdoba 2351 en la ciudad de Buenos Aires- atiende un promedio de 365.000 consultas externas al año y realiza más de 9.000 cirugías en el mismo período. 

Pasan por la institución en promedio 10.000 personas al día entre pacientes, familiares de pacientes, médicos, enfermeros, estudiantes y personal administrativo.

Actualmente, cuenta con la misma partida presupuestaria que en el año 2023 pero “debería contar con un presupuesto que se ajuste a las necesidades y que, como mínimo, acompañe a la inflación porque el congelamiento ya modificó la calidad de atención considerablemente”, apuntó Melo, quien agregó que la institución recibe pacientes de todo el país de los cuales “el 50% no tiene cobertura social”. 

“Tenemos el mismo presupuesto de 2023 con un reajuste que no llega al 70%, cuando la inflación fue del 270%”, estimó el director de la institución médica y explicó que con esa partida virtualmente congelada tienen que hacer frente a “la compra de medicamentos, que aumentaron de 800 a 1000%, o de los seguros de algunos aparatos para que sigan funcionando, por ejemplo el de hemodinamia, que pasó de costar 1 millón de pesos por mes a 13 millones de pesos mensuales desde enero de este año”.

En lo que respecta a los insumos hospitalarios, Melo aseguró que hasta diciembre de 2023 el hospital podía abastecerse a través de licitaciones cuatrimestrales, pero “ahora para enfrentar las nuevas licitaciones no solo no tenemos el presupuesto sino que la inflación hace imposible enfrentar un periodo cuatrimestral. Así que compramos cada dos meses y prácticamente todo se fue en medicamentos”.

“La necesidad hoy por hoy para poner en marcha el hospital son los diferentes gastos de insumos: medicamentos normales, de alto costo (que tienen un precio disparado prácticamente inviable) y materiales descartables”, explicó Melo en lo que adelantó podría implicar una posible paralización del funcionamiento del hospital.

Además de la atención a pacientes el hospital -que depende de la UBA- cumple una gran función docente en la formación de profesionales médicos y recibe al año aproximadamente 1.500 alumnos de la facultad de Ciencias Médicas que realizan las prácticas y residencias para formarse en 36 especialidades.

“Es el hospital de referencia para la docencia”, destacó Melo y recordó que “durante los últimos años el crecimiento de calidad del hospital fue muy grande y fuimos reconocidos como uno de los mejores hospitales de Latinoamérica en un ranking internacional (Hospirank)”.

El Roffo también en peligro

Otro de los hospitales universitarios que depende de la UBA y es afectado por el congelamiento del presupuesto es el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo.

Federico López Ponsati trabaja en el sector de turnos y apertura de historias clínicas de esa institución y -en diálogo con Somos Télam- indicó que en los últimos meses “se disparó muchismo la agenda de pacientes ingresantes (que asisten por primera vez) por la crisis en el sistema de salud, bajas de obras sociales por despidos o de prepagas por aumento” y explicó que “los turnos para ingresantes que antes tardaban dos semanas o un mes, hoy tardan 4, 5 o 6 meses”.

Al tratarse de un centro oncológico donde se llevan a cabo tratamientos urgentes, López Ponsati se mostró “angustiado” por la demora en los turnos que día a día deben informar a los pacientes.

“La gente se derrumba y nosotros con ellos, es tremendo”, relató y puntualizó que muchos de los que solicitan turno por primera vez “es gente que ya viene de dar vueltas y de rebotar en distintos hospitales”, en muchos casos por haber quedado sin obra social, producto de ser despedidos de sus trabajos o por haberse dado de baja de la medicina prepaga, luego de que por el DNU 70/2023 el gobierno nacional les permitiera a estas empresas médicas aumentar mes a mes sus tarifas sin un tope establecido por el Estado.

“La reprogramación de cirugías es moneda corriente y hay muchos pacientes con sus tratamientos parados”, afirmó López Ponsati y agregó que también al instituto acude “mucha gente que viene con el tratamiento a medias porque perdió la obra social o la prepaga” incluso de otras provincias del país.

El próximo jueves 18 a las 11 se realizará un “Abrazo al Roffo” del que participarán pacientes, colegas y trabajadores en “defensa de  la UBA, la salud, la educación y la investigación pública”, convocado por el Colectivo de Trabajadores No Docentes Auto-Organizados del instituto.

Fuente: Capital.24

En Luque, su principal industria se desprende de 200 obreros altamente capacitados. Se encienden las alertas en el Gobierno de Llaryora por la caída del empleo formal.

Luque fue uno de los primeros distritos electorales que el 19 de noviembre informaron el resultado del balotaje: Javier Milei sumó 82% de los votos, una paliza descomunal a Sergio Massa, la más amplia de Córdoba, el bastión libertario.

Cinco meses después, 200 familias de esa localidad de 7.000 habitantes recibieron en las últimas horas telegramas de despidos o firmaron desvinculaciones con la empresa mexicana Mabe, fabricante de la marca Dream, cuya planta, en la que empleaba hasta esta crisis a 900 personas, es el corazón productivo de la región.

Para reordenar el personal, la planta, emblemática en la industria nacional porque fue fundada por una familia de la zona (Alladio) y vendida a capitales internacionales, estará cerrada entre el 22 de abril y el 6 de mayo.

La recesión empieza a impactar en todo el sistema productivo cordobés, y afecta a trabajadores calificados de la industria automotriz y metalmecánica; y en la dinámica área de servicios, como los servicios de vigilancia.

Los datos de la Secretaría de Trabajo encendieron las alarmas en el Gobierno de Llaryora, quien será el anfitrión de Milei el 25 de mayo, cuando se firmaría el “pacto de mayo”.

Desde el inicio del año, 43 empresas iniciaron procedimientos preventivos de crisis y 7.851 trabajadores fueron afectados con suspensiones de jornadas y reducciones salariales de hasta el 50%. En las empresas afectadas trabajan 18.691 personas, por lo general obreros calificados.

De los trabajadores suspendidos o con quitas salariales, 7.025 empleados están en la ciudad de Córdoba, un polo automotriz que está afectado por la recesión: de hecho Renault, que viene con un agresivo plan de retiros voluntarios, anticipó que no renovará 270 contratos.

En el caso de los operarios suspendidos en el interior, por lo general están vinculados a la fabricación de maquinaria agrícola, rubro que también está en recesión: en los dos primeros meses del año cayó 14%, pero trae un arrastre de 2023: se comercializaron 16.720 unidades casi lo mismo que en 2002 y mucho menos que durante la crisis de la 125. El grueso de esas fábricas están en los departamentos del sudeste cordobés, donde Milei rondó entre 70 y 75% de los votos.

El cálculo de la Secretaría de Trabajo no incluye la no renovación de contratos a términos y de acuerdos informales, los seguros de desempleo de la construcción, los acuerdos firmados en escribanías, los despidos judicializados y las cesantías en el Estado nacional, provincial y municipal. Los casi 8.000 suspendidos que están contabilizados por Trabajo son personal de empresas importantes y con procesos tecnológicos.

Las suspensiones y cesantías en empresas de vigilancia y servicios de limpieza son un coletazo de esta crisis: la reducción presupuestaria en la universidad nacional (con dos hospitales importantes en Córdoba) y el cierre de dependencias del Estado nacional, el recorte en el Estado provincial y municipal y el parate en fábricas reciente los servicios tercerizados.

Fuente: LPO