Desde la planta de la empresa automotriz Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco, Massa anunciará una inversión para producir la nueva Ranger en la Argentina.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará hoy más inversiones automotrices y reglamentación de la ley de impulso al sector, según informó el Palacio de Hacienda.

Desde la planta de la empresa automotriz Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco, a las 11.30 Massa anunciará una inversión para producir la nueva Ranger en la Argentina. Se estima que el 70% de la producción de este vehículo va a estar destinada a la exportación.

La inversión se realiza en el marco de la reglamentación reciente de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz (Ley 27.686), que establece un conjunto de medidas de incentivo que buscan fomentar el perfil exportador con una mejor inserción internacional.

Además de mejorar la integración de autopartes locales, se busca generar puestos de trabajo de calidad, promover el desarrollo y la transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las nuevas motorizaciones con tecnologías híbridas, eléctricas, de hidrógeno, a gas y biocombustibles, entre otros tipos de motorizaciones.

En mayo la producción de vehículos automóviles fue de 53.282 unidades, el mayor volumen de producción para un mes de mayo desde 2013, mientras que la producción creció 14,8% en forma interanual.

Nuevo régimen automotriz

El régimen anunciado el lunes habilita la importación de vehículos incompletos para promover el desarrollo de plataformas de producción de nuevos modelos en Argentina. El régimen ofrecerá beneficios arancelarios y tiene como objetivo la integración nacional y exportaciones.

El nuevo régimen habilita la reducción en los Derechos de Importación Extrazona para vehículos totalmente desarmados e incompletos (IKD). Para acceder y mantenerse dentro del régimen, las terminales automotrices en el país deberán establecer metas anuales de incremento de contenido local, aumento de las exportaciones y sustentabilidad en la balanza comercial.

El objetivo es continuar impulsando a un sector que se destaca como uno de los motores del crecimiento de la industria nacional, que hoy se ubica 16,4% por encima de la pre-pandemia. Según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en mayo de este año la producción nacional de vehículos automóviles creció un 14,8% interanual, lo que representó el mayor volumen de producción en 10 años para ese mes. En tanto, el acumulado a mayo creció 24% respecto al mismo periodo de 2022, y fue el mejor inicio desde 2014.

En relación con las exportaciones, el sector exportó 30.279 unidades de vehículos en mayo, 13,1% más que un año atrás. Asimismo, en los primeros cinco meses se exportaron 128.753 unidades y crecieron 19% respecto a enero-mayo de 2022, presentando el mayor volumen de exportación desde enero-mayo de 2014.

En el marco del anuncio del nuevo régimen, Toyota dio a conocer que iniciará la construcción de una planta para producir el utilitario Hiace en Argentina. Se trata de la primera inversión en 23 años para producir un nuevo modelo en Argentina.

Es una inversión de u$s50 millones y va a crear 200 nuevos puestos de trabajo. La empresa ya comenzó con la construcción de una nave industrial que permitirá a partir de enero del 2024 ensamblar los primeros modelos.

Fuente: Ámbito

La denuncia se realizó mediante una carta al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la “inmediata intervención” al director general, Gilbert Houngbo, “tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga”.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, denunció este lunes al gobernador jujeño Gerardo Morales –precandidato a presidente por Juntos por el Cambio- ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “violación de convenios internacionales” en esa provincia, frente al decreto del viernes pasado del gobierno provincial que sanciona el derecho a huelga y la protesta social. 

El pedido cuenta con las firmas de Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría y detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las “peligrosas consecuencias que pueden traer” las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que sanciona a quienes “se manifiestan, con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones”.

Desde la CTA-A recordaron que Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional y afirmaron que esta modificación de las normas “genera un perjuicio” a quienes intenten “ejercer el más elemental derecho de la ciudadanía”, como el derecho a la huelga y a la protesta social.

Además, denunciaron que en la provincia de Jujuy “se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público”, siendo la “conflictividad habitual”.

Los trabajadores adelantaron que “hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial“, que encabeza Morales.

EL DECRETO DE MORALES EN CONTRA DEL DERECHO A HUELGA

El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de “salarios dignos”. 

En su artículo 1º el decreto dice que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”. 

Para la CGT, “el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación“, remarcó la central que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano..

Fuente: con información de El Destape y Política Argentina

El procurador de la Nación sostuvo que el proceso de elecciones de jefe comunales bonaerenses resulta “ajeno” al máximo tribunal nacional y que le “corresponde a la justicia de la provincia de Buenos Aires expedirse al respecto”.

El procurador General de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene que intervenir en la causa contra la re-reelección de los intendentes bonaerenses y que el caso debe iniciarse en la justicia de esa provincia.

Casal consideró que “el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal” ya que no es de su competencia originaria como establece la Constitución Nacional y señaló  que para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en una causa “la demanda deducida debe fundarse directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional”.

El dictamen de ocho páginas del procurador general, al que que accedió Infobae, sostiene que la Corte no podrá intervenir “cuando en el proceso se debatan cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer mérito de ellas o que requieran para su solución la aplicación de normas de esa naturaleza o el examen o la revisión en sentido estricto de actos administrativos, legislativos o jurisdiccionales de las autoridades provinciales”.

Aunque la Corte no está obligada a seguir el criterio de la Procuración y podría intervenir en las elecciones como lo hizo con las postulaciones de Sergio Uñac en San Juan y de Juan Manzur en Tucumán -casos en los que hace un mes suspendió las elecciones- y tiene pendiente de resolver si lo hará en la de Gildo Insfrán en Formosa.

La causa contra la re reelección de los intendentes bonaerenses la inició a principio de mes en la Corte Suprema Oscar Alva, presidente del partido PAIS de la provincia de Buenos Aires, con el abogado Andrés Gil Domínguez, la medida no sólo apunta contra las reelecciones de intendentes, sino que también solicitó que se suspendan las PASO que convocó el gobernador Axel Kicillof el 13 de agosto si antes de esa fecha no resolvió el caso. Esta vez serían los bonaerenses los que encontrarían coartado su derecho a voto.

Según la presentación de Alva actualmente hay 91 intendentes sobre los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires con la posibilidad de ir por un nuevo mandato extendiendo su vigencia en el territorio hasta 12 años y eso “viola” la primera  ley que se sancionó en 2016 durante el gobierno de María Eugenia Vidal que limitó la reelección de los intendentes a un solo período.

En su dictamen, Casal manifestó:  “Es mi parecer que corresponde a la justicia de la provincia de Buenos Aires expedirse al respecto, ya que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, exige que sean los magistrados locales los que intervengan en las causas en que se ventilen asuntos de esa naturaleza, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal que también puedan comprender esos pleitos sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario”.

Fuente: Política Argentina

La precandidata a la Presidencia de la Nación de Juntos por el Cambio justificó su propuesta de ajuste a las universidades con datos falsos sobre la educación superior. Mentir para planificar políticas públicas.

En una entrevista televisiva con el medio macrista La Nación+, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio y ex ministra de la Alianza, Patricia Bullrich, usó datos falsos y sin fuente de procedencia para desprestigiar a las universidades nacionales y asegurar que “no somos más un país universitario”.

Bullrich habló de la Universidad Nacional de La Pampa y usó datos sobre ingresos y egresos, sin mencionar la fuente, y que, además, son incorrectos, para sostener su propuesta de ajuste a las universidades nacionales, si llega a la presidencia.

El senador nacional por la provincia de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, salió al cruce de las declaraciones de la precandidata a la Presidencia de la Nación de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, por sus dichos sobre la Universidad Nacional de La Pampa.

“Hablar desde la ignorancia y con mentiras no son los valores para hacer política”, dijo el legislador a través de sus redes sociales. “El ataque de Patricia Bullrich a la Universidad Nacional de La Pampa muestra lo que quiere: un país para pocos, con desprecio al conocimiento y sin federalismo. Defendemos la universidad pública, gratuita y de calidad”, completó.

Usar datos falsos para justificar el ajuste

En declaraciones al canal La Nación +, Bullrich se había referido a sus propuestas electorales y entre ellas mencionó los ingresos y egresos de estudiantes de la univerdad pampeana.

“Tenemos que trabajar muy fuerte sobre la seguridad, tenemos que meternos en la educación en serio y como un compromiso nacional de todos”, indicó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Y avanzó contra la UNLPam: “no somos más un país universitario. Me contaba un pampeano cuántos estudiantes entran a la Universidad en La Pampa por año, 12 mil, y se reciben 800. ¿Cuántos ingenieros se reciben en La Pampa?, siete. Hemos dejado de ser un país universitario con 56 universidades públicas y la misma cantidad de privadas”.

Desde la casa de estudios superiores salieron a responderle duramente. “Es una información falsa”, señaló la vicerrectora a cargo del Rectorado, María Ema Martín.

Información falsa

Además, precisó que “12.000 estudiantes es la matrícula promedio en los últimos años. Según datos de abril de este año, 12.733 es el número total de estudiantes entre ingresantes y en curso en todas las carreras, que incluyen las 4.555 nuevas personas inscriptas, número que crece año tras año, registrándose además una tasa promedio del 51% de retención estudiantil para el primer año”.

“Se acompaña a ingreso, permanencia y egreso con distintos programas propios y los ofrecidos por el Ministerio de Educación de Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias”. También resaltó la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud en abril de este año y la oferta de educación superior en el interior provincial a través del programa “UNLPam en el territorio”, aseveró.

Martín también afirmó que las declaraciones de Bullrich “merecen un rechazo la falta a la verdad y a emitir datos que expresan que no fueron constatados. Es una información falsa la que emitió”.

Y advirtió que se trata de “nuevos intentos de desprestigiar la educación pública como derecho humano y bien social, y como definición y garantía por parte del Estado argentino”.

“Nuestra postura es la defensa de la educación superior pública, no arancelada, de calidad e inclusiva”, concluyó.

Fuente: Periferia Ciencia

La ciudadanía salió a protestar para exigirle al Poder Ejecutivo y a la empresa estatal que presenten medidas para combatir la situación sanitaria y social que trajo la crisis del agua.

Góndolas semivacías de agua embotellada en los comercios, protestas en las calles en defensa del recurso y perforaciones de pozos en medio de parques verdes de Montevideo: esas imágenes eran impensadas hasta hace unos meses en Uruguay, que vive una de sus peores crisis hídricas de los últimos 70 años.

Según OSE, la empresa estatal del sector, el 23 de junio será la fecha de caducidad para el suministro de agua potable para el área metropolitana, donde vive la mayor parte de la población, pero el presidente Luis Lacalle Pou trató de llevar tranquilidad y aseguró que “el suministro no se va a suspender”.

En Montevideo y Canelones, donde un bidón de 6,25 litros de agua se consigue por 130 pesos (unos 3,4 dólares), el consumo de agua envasada se disparó. Las ventas crecieron un 224% en mayo con respecto al mismo mes del año anterior, según un estudio privado publicado esta semana. El mayor incremento se dio en las botellas de agua sin gas (467%) y en los bidones (217%).

Manejo cuestionado

El manejo de la crisis por parte del gobierno de Lacalle Pou generó un aluvión de críticas provenientes de sectores opositores. El Frente Amplio aseguró en un comunicado que dejó pronta en su última administración (2014-2020) la financiación de una segunda represa —Proyecto Casupá— para abastecer de agua potable al área metropolitana con un costo de 100 millones de dólares. Desde el gobierno se desechó esa idea y se planteó una iniciativa privada para extraer agua del Río de la Plata por 258 millones —proyecto Neptuno—, que recién comenzaría a construirse el año próximo.

La semana pasada, la izquierda también presentó una propuesta para solicitar al Poder Ejecutivo la eliminación de impuestos para el agua mineral y sodas embotelladas, “hasta que el agua suministrada por OSE en área metropolitana sea considerada potable por el Ministerio de Salud Pública”. En tanto, desde la central sindical de trabajadores PIT-CNT se pidió la exoneración de la tarifa de OSE para los sectores vulnerables y “un plan claro y concreto” para escuelas, hospitales y cárceles, además de la intervención en el mercado del agua embotellada. El gobierno no respondió a ninguno de los planteos.

Por su parte, la ciudadanía se movilizó en contra del aumento de la salinidad en el agua. Primero de forma espontánea, con dos marchas hacia la Torre Ejecutiva y el Parlamento, convocadas por la Coordinación por el Agua, un colectivo de personas unidos para defender el agua, la tierra y la vida. La última movida congregó a cientos de personas, ya con el apoyo del PIT-CNT y el gremio de los trabajadores de OSE. Su proclama se enfocó en exigirle al Poder Ejecutivo y a la empresa estatal que presenten medidas para combatir la situación sanitaria y social que trajo la crisis del agua. “Aquí se improvisó con las medidas. Lo único que nos falta es hacer una danza de la lluvia esperando que llueva, eso no puede ser”, expresó a AFP Ernesto Spaizman, de 48 años, integrante del gremio de funcionarios de la Universidad de la República.

Medidas salobres

Como plan B, desde los últimos días se realizan perforaciones en busca de agua subterránea en Parque Batlle, un enclave verde de unas 60 hectáreas, rodeado de avenidas de intenso tráfico y considerado el “pulmón” de la capital uruguaya. Dos pozos de 90 y 42 metros de profundidad ya están listos. Autoridades de OSE revelaron que el agua hallada es apta para el consumo humano, una vez filtrada y potabilizada, y que su destino principal es abastecer a hospitales y escuelas. A su vez, desde finales de abril, OSE mezcla el agua dulce de Paso Severino con agua de fuentes cercanas al Río de la Plata, más salobre por provenir del estuario.

Esta semana las autoridades sanitarias extendieron hasta el 20 de julio los límites máximos de sodio y cloruros autorizados en el agua que OSE distribuye en Montevideo y localidades aledañas, ya aumentados excepcionalmente dos veces. “Hay límites que no lo determina Uruguay, sino la Organización Mundial de la Salud y son los límites propios que el ser humano soporta. El propio contenido de sal por efecto de sodio o de los nitratos, no son perjudiciales si hay un exceso que es temporal. Si lo están extendiendo mucho, obviamente algún tipo de impacto van a tener”, aclara Miguel Lovino, investigador del Centro de Estudios de Variabilidad y Cambio Climático de la Universidad Nacional del Litoral.

La cantidad excesiva de sodio en el agua de la canilla llevó a la Facultad de Medicina a pedir que no se agregue sal a los alimentos en los niños que están iniciando la alimentación semisólida o sólida (lactantes hasta 2 años), que se utilice agua mineral para la preparación de fórmulas de lactantes y a la población con mayor riesgo de ser hipertenso no conocido (mayores de 60 años) se recomendó controles de presión arterial periódicos.

Lovino, explica: “Si vos no tenés agua para abastecerte, las politicas que tenés que hacer son de conservación de este recurso. Si vos prevés una sequía con tiempo, es más facil trabajarla, lo que pasa es que esto se extendió en el tiempo, por lo tanto entiendo que no debe haber sido facil gestionarla”. Y añade: “Dicho de manera vulgar, quizás se confiaron y dijeron: ‘Bueno, se revierte esto, vamos a tener agua y no vamos a hacer nada'”.

Fuente: Pagina 12

El director de la empresa tecnológica Y-Tec y exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, sostuvo que en agosto comenzará a operar la planta nacional de celdas y baterías de litio (UniLiB), destinadas al sector publico y a proyectos estratégicos, con una capacidad instalada que alcanzaría en un año 15 MWh/año.

“Entre agosto y septiembre pondremos en marcha la planta nacional de celdas y baterías de litio (UniLiB), donde se fabricará baterías de ion-litio destinadas al sector público, entre ellos: el equipamiento a las fuerzas armadas y el abastecimiento de energía para poblaciones rurales”, sostuvo Salvarezza durante un panel realizado en la Facultad de Ingeniería de la UBA.

Asimismo, anticipó que la planta ubicada en predio del Polo Productivo Tecnológico “Jorge Alberto Sábato” en La Plata, tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 15 MWh, equivalente a mil baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unas 50 para colectivos eléctricos.

Salvarezza precisó que estas baterías se destinarán a “demandas concretas” como equipamiento de comunicación de las fuerzas armadas, electromovilidad o energía estacionaria complementando las energías renovables como la eólica o la solar para abastecer ciudades de menor tamaño que cuentan sin energía.

Al respecto, reveló que en conjunto con la provincia de Buenos Aires se realiza un proyecto piloto para abastecer una población cercana a Berisso (la isla Paulino) que está desconectada de energía eléctrica, por lo que, “con baterías de litio y paneles solares se producirá un paquete de soluciones que abastecerán aproximadamente 150 viviendas”.

“Tenemos probadas nuestras baterías acopladas con el parque solar y será toda una experiencia desde el punto de vista social porque implica pensar en cómo se van a administrar esos parques y cómo se va a cobrar una tarifa cuando no consume electricidad de red; sin embargo, no obstante hay sectores como las fabricas de motos eléctricas como City Car que están pidiéndonos baterías para garantizar la disponibilidad de baterías”, amplió.

Por último, en cuanto a la electromovilidad, la subsecretaria de Asuntos Estratégicos (SAE), Verónica Robert, afirmó que la Argentina tiene la capacidad para equipar a los vehículos eléctricos y, por ello, está en un lugar preferente.

“Somos capaces de hacer algo de esos vehículos eléctrico y eso nos pone en un lugar preferente; por ejemplo, las baterías de litio, que sí se pueden hacer en la Argentina y que constituyen el 30% del valor del vehículo, en este contexto resulta fundamental el sector tecnológico para industrializar el litio”, concluyó.

Fuente: Télam

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, calificó hoy como “caradura” al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en su visita de ayer a la capital provincial para acompañar a los precandidatos de su espacio político dijo que si llega a la Presidencia “hablará con todos”.

“Que no mienta, dice que cuando sea presidente va a hablar con todos, yo conozco el versito, cuando estaba Macri yo también hablaba con él pero nos sacaron todo, incluso las obras en ejecución”, advirtió Insfrán.

Rodríguez Larreta dijo ayer en una conferencia de prensa que ofreció durante su visita a Formosa: “Estoy acá para acompañarlos, para recuperar la libertad en Formosa. Estamos convencidos de que hay que terminar con el gobierno eterno de Insfrán, por eso esperamos un fallo de la Corte que termine con eso”.

El alcalde porteño apoyó en esa oportunidad la candidatura a gobernador del diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal, la postulación a intendente de la ciudad capital del diputado provincial del PRO Enrique “Quique” Ramírez y estuvo acompañado también por la diputada provincial y también postulante para la intendencia de Formosa, Gabriela Neme.

En el marco del operativo solidario “Por Nuestra Gente Todo”, el gobernador dijo que ayer “tuvimos la visita de un célebre personaje de la intendencia de la Capital Federal que decía que venía a luchar contra Insfrán”.

“Vino justamente con dos personas que fueron los artífices de que nuestros protocolos sanitarios se debilitaran, con la complicidad del que hoy es diputado nacional y otra señora que hacía las presentaciones que es diputada”, remarcó el gobernador.

En ese marco, acusó a Larreta de “caradura” por escucharlo decir que “hablará con todos” si llega a la Presidencia y sostuvo que “no tienen vergüenza, son lo más unitario que existe”.

Insfrán pidió que “no mienta” cuando se refiere a que se le sacó coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recordó que el 19 de enero de 2016 -con el Decreto 194/2016- el expresidente Mauricio Macri modificó el índice de coparticipación de la CABA, de 1,70 a 3,90.

“Casi triplicó, nos sacó a todas las provincias y no conforme con eso, también nos sacaron a todas las provincias el 30% del fondo sojero, como se lo conoce, para todos los intendentes del país”, puntualizó.

Asimismo, señaló que “Formosa fue una de las provincias que hizo su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia” y manifestó que “ese expediente no sé dónde estará, seguro durmiendo el sueño eterno”

pero dijo que cuando “la CABA hizo la presentación no tardó una semana para que la Corte se expidiera”.

En ese contexto, explicó que al llegar Alberto Fernández a la Presidencia fijó otro índice, pero la Corte Suprema de Justicia resolvió “una cuestión intermedia” y fue la Comisión Federal de Impuestos, constituida por todas las provincias y especialistas en el tema, “de donde salió la evaluación de cuánto costaba ese traspaso y eso se fijó”.

“Yo no sé con qué criterio y estudio la Corte Suprema de Justicia dijo que había que darle 2,90 y por supuesto hasta ahora, no se le da porque es una barbaridad, entonces que no mienta, se nos sacó a todas las provincias no sólo a Formosa”, remarcó.

“Entonces, me pregunto, ¿qué vienen a hacer ellos?, les digo que el subconsciente traidor de esa señora demostró cuál es el deseo que están esperando, dijo: esperemos que la Corte nos dé una mano para sacarle al señor Insfrán y hablaba de la alternancia”, expresó Insfrán.

Y aclaró: “Fíjense qué concepto tienen de la alternancia, resulta ser que ahora la alternancia la tiene que decidir la Corte, pero ¡que calamidad! La alternancia en Formosa la maneja el pueblo formoseño, con la bendición de Dios”.

“Soy una persona creyente”, destacó Insfrán y dijo que “les puedo asegurar que Dios hace cosas buenas, no cosas injustas”.

“Por lo tanto estoy, no voy a decir seguro, pero sí confío en él, que el 25 vamos a tener elecciones, vamos a estar en la cancha y vamos a hacer muchos goles, no somos Messi pero sabemos hacer goles a nuestra manera”, aseguró. 

Fuente: Télam

Las máximas autoridades de la compañía en Argentina se lo anunciaron al ministro de Economía, Sergio Massa, en un encuentro mantenido en el Palacio de Hacienda.

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía, Flavia Royón, recibieron a las máximas autoridades de Chevron en Argentina. El encuentro, desarrollado en el Palacio de Hacienda, tuvo como eje principal el compromiso de la compañía de llevar adelante una inversión de más de 500 millones de dólares para el desarrollo del área El Trapial, provincia de Neuquén.

En ese marco, Chevron, operadora y titular desde hace más de un año de dicha área perteneciente a la Cuenca Neuquina, recibió el compromiso del gobierno nacional, a través del ministerio de Economía, de incluir al Trapial en el decreto 929/2013, que brinda derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en los proyectos alcanzados, con una alícuota del 0% de derechos de exportación, en caso de resultar éstos aplicables.

Según detallaron las autoridades de Chevron, la inversión va ser ingresada a Argentina antes del mes de julio del corriente año.

Fuente: Argentina.gob

La senadora y precandidata a gobernadora de Santa Fe (UCR), Carolina Losada, se encuentra envuelta en una situación compleja de explicar desde lo legal debido a que utilizó un avión privado que está siendo investigado por fraude al Estado.

Todo comenzó el martes 30 de mayo, cuando Losada utilizó un avión de la empresa Kube Aviación S.A que partió de San Fernando hacia la ciudad de Reconquista, norte de Santa Fe. “Después de la reunión de Comisión de Acuerdos en la Cámara Alta tenía un compromiso en Reconquista, pero le prestaron el traslado”, explicaron fuentes de su entorno a La Política Online.

Lo cierto es que Kube Aviación viene siendo investigada por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano en una megacausa que involucra a varias aeronáuticas por defraudación al Estado por supuesta sobrefacturación en la compra de aviones y helicópteros con dólar oficial que se adquirían en el Banco Central para importarlos, pero inflando los precios y quedarse con la diferencia.

Investigación

En la causa consta que se investigan 159 operatorias sospechosas de aeronaves que se compraron desde el 2020 siendo el biturbo a hélice LV-KCW con el que voló Losada, uno de los investigados por la justicia federal.

El avión en cuestión fue introducido al país el 30 de diciembre de 2021 por la empresa Kube Aviación S.A. Según una investigación del periodista Nicolás Pizzi para Infobae, la firma recibió del Banco Central 17.108.000 dólares para la importación de tres aeronaves (una es el LV-KCW) quedando en el tercer lugar del ranking de empresas que más divisas norteamericanas recibieron para realizar este tipo de operaciones.

Es que Kube Aviación S.A. está registrada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sus propietarios son de la localidad de Rafaela; Mario Luis Bertolaccini López y su hermana Adriana Beatriz, consignó La Política Online.

Por otra parte, los Bertolaccini crearon la firma “Reparos S.A.” que se encargaría de servicios informáticos y es presidida por Ivana Mariel Andreu que, según fuentes de Rafaela, es una trabajadora de años en Bertolaccini S.A., la empresa madre.

Así las cosas, el viaje de Losada en un avión privado de la empresa Kube Aviación S.A. no solo dejó en evidencia una serie de coincidencias en negocios diversos de los propietarios de la firma sino también de sospechas de un supuesto pacto subterráneo entre Losada y Perotti.

Granata le pidió explicaciones a Losada por el viaje en avión privado: “es senadora, ya no es más una panelista de TV”

La diputada le exigió explicaciones a Losada por el misterioso viaje en avión privado que hizo la semana pasada a la localidad de Reconquista (norte de Santa Fe) y que a LPO dijeron que el traslado había sido donado pero sin precisar quien lo había pagado y el tema se convirtió en escándalo nacional:

“Me gustaría que Carolina explique que el lunes se fue en avión privado a Santa Fe que sale 30 mil dólares, porque llegaba tarde a una cena de campaña y nadie pregunta nada”, dijo Amalia Granata quien fue la primera en publicar en su cuenta de Twitter el viaje de Losada junto Dionisio Scarpin, compañero de bancada y cabeza de su lista de diputados provinciales, como publicó LPO.

“De donde sacan los 30 mil dólares una senadora y un senador para viajar de Buenos Aires a Reconquista en avión privado, eso es lo que tienen que explicar”, apuntó Amalia Granata. 

Fuente : LPO

Dijo que ese espacio tiene una idea de imponer el orden con “represión indiscriminada” y que podría terminar en delitos de lesa humanidad.

En el marco de una charla en su fundación y que ella misma difundió a través de las redes sociales, la exdiputada nacional y una de las partes fundacionales de la coalición Cambiemos aseguró que el expresidente busca un acuerdo con el diputado y precandidato libertario, Javier Milei.

“Mauricio Macri, a quien yo acompañé para formar un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milei. Lo dijo expresamente”, planteó Lilita Carrió.

Fue entonces que aseguró que ese espacio que podrían conformar, “va por un ajuste muy brutal sobre la clase media en cuatro meses”, pero fue más allá y aseguró que “va también bancando la noción de un orden que no proviene de la Justicia, ni la República, ni los derechos humanos, sino que hay que reprimir hasta matar si es necesario”.

Carrió hizo referencia también a la titular del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial que cosecha más apoyo de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, quien lleva adelante en sus discursos la idea de que “hay que poner orden” cada vez que habla de alguna manifestación, medidas gremiales o casos de inseguridad. En palabras de Carrió el verdadero orden se funda sobre el amor y la justica y no sobre la represión indiscriminada contra una población empobrecida como proponen Macri, Bullrich y Milei.

“Esta noción de orden represivo también está enraizado en el colectivo de la gente que está desesperada por la inseguridad, pero no se dan cuenta que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado donde van a ser juzgados ministros, presidentes y van a ser condenados policías”.

Hay dos espacios pic.twitter.com/2Qn0B24cMl

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 8, 2023