Durante una exposición en un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Cavallo advirtió que el rumbo actual “no es viable” y puso en duda los pilares conceptuales y operativos del plan oficial.

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo volvió a aparecer en la escena pública con un mensaje directo al corazón del programa económico del presidente Javier Milei. Durante una exposición en un evento organizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Cavallo advirtió que el rumbo actual “no es viable” y puso en duda los pilares conceptuales y operativos del plan oficial.

“Ningún país del mundo tiene un sistema anarcocapitalista”, sentenció al iniciar su análisis. Según explicó, la economía argentina necesita una reorganización profunda, pero dentro de un marco donde el Estado siga cumpliendo funciones esenciales. “Tiene que quedar muy claro cuál es el ámbito del sector estatal, que no puede dejar de existir”, afirmó, al rechazar el ideal anarcocapitalista que —según interpretó— inspira al gobierno de Milei.

Cavallo insistió en que todos los países desarrollados combinan iniciativa privada con un sector público eficiente. “La idea del anarcocapitalismo es una mala idea. Todos los países del mundo tienen un sector estatal que cumple funciones específicas y debe ser financiado”, subrayó. A la vez, pidió que la actividad privada opere sin interferencias y bajo reglas de competencia propias de “una economía abierta”.

Pero donde su crítica tomó un tono más técnico fue al referirse a la política cambiaria y a la capacidad del ministro de Economía, Luis Caputo, de sostenerla. Cavallo advirtió que el Banco Central carece de los recursos para garantizar la estabilidad del esquema actual. “Es imposible que la economía funcione con reservas negativas”, alertó. Y fue aún más directo: “¿Quién le va a creer al ministro de Economía que puede asegurar el techo de la banda cambiaria si no tiene divisas para intervenir?”.

También se refirió a la promesa de dolarización de Milei, a la que consideró inviable en el contexto actual: “No estamos en condiciones de pensar en un sistema totalmente dolarizado. Lo que puede funcionar es un sistema bimonetario sin restricciones, donde coexistan el peso y el dólar”.

En el tramo final, lanzó una advertencia adicional vinculada al respaldo internacional que el Gobierno asegura tener: “Aunque estén Trump y Bessent detrás, la acumulación de reservas es ineludible”. Y remató con una crítica al ex presidente estadounidense: “Ojalá el Gobierno argentino no imite la política económica de Trump. Es un modo discrecional e inconducente para la Argentina”.

Ambos casos revelan los signos más visibles de una economía en deterioro: caída del consumo, deudas impagables, pérdida de empleos y cierre de empresas emblemáticas.

La economía argentina atraviesa un momento crítico que golpea de lleno a la producción, el comercio y el empleo. En los últimos días, dos noticias ilustran con crudeza el deterioro del panorama: la quiebra de La Suipachense, histórica fábrica de lácteos, y el cierre masivo de locales de Vea, cadena de supermercados del grupo chileno Cencosud. Ambos casos revelan los signos más visibles de una economía en recesión: caída del consumo, deudas impagables, pérdida de empleos y cierre de empresas emblemáticas.

Una tradición que se apaga: quiebra de La Suipachense

Después de más de 75 años de historia, la fábrica de lácteos La Suipachense dejó de existir. La justicia comercial de Mercedes decretó la quiebra de Conosur S.A., firma vinculada al grupo lácteo Maralac, responsable de la planta desde 2012. La decisión deja en la calle a 140 trabajadores, símbolo del impacto social que la crisis industrial está provocando en todo el país.

La empresa había cesado sus actividades hacía tres meses y fue intimada a presentar un plan de crisis que nunca llegó. Las deudas eran insostenibles: más de 8.400 millones de pesos en cheques rechazados y otros 1.000 millones en aportes impagos al gremio Atilra.

La justicia también impuso restricciones para evitar la fuga del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la firma. La quiebra de La Suipachense no solo implica la pérdida de empleos, sino el colapso de una marca tradicional de la lechería nacional, otro golpe a la producción alimentaria argentina.

El derrumbe del consumo: Cencosud cierra supermercados Vea y despide personal

Mientras tanto, la chilena Cencosud —uno de los principales grupos del supermercadismo nacional— acelera su reducción de operaciones en la Argentina. En un contexto de caída del poder adquisitivo, menor consumo y costos operativos en alza, la empresa cerró en los últimos meses más de 20 sucursales de sus cadenas Vea, Easy y Blaisten en distintas provincias.

En Tucumán, Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Catamarca se repite el mismo escenario: locales vacíos, góndolas cerradas y decenas de trabajadores despedidos. Solo el cierre del Easy de La Tablada significó 55 empleos directos menos, mientras que en San Pedro se perdieron otros 30 puestos.

“El cierre responde a un déficit operativo sostenido y al alto costo de los alquileres, que se duplicaron en pocos meses”, explicó el Sindicato de Empleados de Comercio. La situación refleja lo que ya se siente en todo el país: “Antes la gente llenaba el chango, hoy compra lo del día”, lamentó un dirigente gremial.

Los cierres de Vea y Easy no son casos aislados: son parte de un efecto dominó provocado por la caída del consumo masivo, el aumento de los precios y la pérdida del poder adquisitivo. La contracción económica, cada vez más visible en los barrios y las ciudades del interior, se traduce en locales vacíos, menor circulación de dinero y un desempleo en alza.

Un panorama de alarma

La quiebra de La Suipachense y la ola de cierres de Cencosud resumen el rostro más duro de la crisis: fábricas que se apagan, comercios que bajan la persiana, y cientos de trabajadores que se quedan sin ingresos.
En un contexto de inflación persistente, retracción del consumo y falta de crédito, el aparato productivo argentino muestra señales de asfixia.

Cada cierre, cada despido, cada deuda impaga es un recordatorio de que la economía real —la de las pymes, los trabajadores y los consumidores— atraviesa uno de sus momentos más delicados en años.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) correspondientes a septiembre confirmaron lo que muchos trabajadores ya sienten en el bolsillo: los salarios registrados —que incluyen tanto al sector privado como al público— volvieron a quedar por detrás de la inflación y registraron una caída real cercana al 1%.

Durante el noveno mes del año, las remuneraciones del sector privado formal aumentaron un 1,4% nominal, las del sector público un 1,1% y las del sector informal un 5,7%. En promedio, los salarios registrados subieron apenas 1,3%, por debajo de la inflación del 2,1% medida por el INDEC. En consecuencia, el salario real formal se redujo 0,8% en septiembre, tras haber tenido una leve mejora del 0,5% en agosto.

En contraste, el índice general de salarios —que incluye a los trabajadores informales— mostró un incremento mensual de 2,2% y una suba interanual del 46%, superando al IPC en ambos casos. Desde diciembre de 2024, el indicador acumula un avance de 30,4%.

Según la consultora ACM, “la evolución del salario real comenzó a mostrar una recuperación más gradual, en contraste con la mejora más pronunciada observada durante el segundo semestre de 2024”. Sin embargo, advirtieron que “la dinámica del poder adquisitivo del salario registrado se encuentra estancada, sin variaciones significativas a lo largo del año”.

De mantenerse la actual tendencia de aumentos nominales en torno al 2% mensual y una inflación anual proyectada cercana al 30%, ACM estima que los salarios registrados podrían cerrar el año con una baja de alrededor del 1,3% real. Comparado con el inicio de la actual gestión, esto implicaría una pérdida del 0,4% respecto de noviembre de 2023.

En apenas tres años, la compañía acumuló más de 250 millones de dólares en subsidios y alivios tributarios. Todo esto, pese a que su fundador y principal accionista mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019, donde paga impuestos y coordina buena parte del negocio regional.

Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, se consolidó este año como una de las principales beneficiarias del régimen de promoción de la Economía del Conocimiento. Según datos oficiales, recibió alrededor de 39.000 millones de pesos en exenciones impositivas y créditos fiscales, lo que representa cerca del 20% del total de beneficios otorgados por el Estado argentino al sector tecnológico. En conjunto, esas exenciones sumaron 195.000 millones de pesos en 2025, un 50% más que el año anterior.

En apenas tres años, la compañía acumuló más de 250 millones de dólares en subsidios y alivios tributarios. Todo esto, pese a que su fundador y principal accionista mantiene su residencia fiscal en Uruguay desde 2019, donde paga impuestos y coordina buena parte del negocio regional. En Argentina, en cambio, sus filiales aprovechan al máximo los regímenes promocionales.

La situación no deja de ser paradójica: una empresa que recibe miles de millones en beneficios fiscales ahora reclama aún más intervención estatal. Su presidente para Argentina, Juan Martín de la Serna, pidió recientemente que el Gobierno frene el avance de las plataformas chinas Shein y Temu, a las que acusa de “competencia desleal” y de “destruir empleo argentino”. En otras palabras, Mercado Libre exige proteccionismo mientras es subsidiada por el mismo Estado del que busca amparo.

Un empresario ironizó ante este medio: “Galperin descubrió que el mercado es libre… hasta que llegan los chinos. Mercado Libre contra el libre mercado: Argentina no lo entenderías”.

A esto se suma un historial de conflictos laborales dentro de la compañía: tercerización, contratos eventuales y denuncias de fraude laboral. En 2021, distintos sindicatos acusaron a la empresa de evadir convenios colectivos y de mantener a parte del personal en condiciones precarias.

Así, mientras el Estado le otorga miles de millones en subsidios, Mercado Libre no solo se beneficia del gasto público, sino que además exige barreras para sus competidores. Una paradoja que expone la delgada línea entre el discurso del libre mercado y la práctica del capitalismo protegido.

Ni siquiera los grandes grupos nacionales logran escapar a la recesión: Arcor, emblema industrial de la familia Pagani, acaba de reportar un desplome de sus ganancias netas del 74% en los primeros nueve meses de 2025.

La crisis del consumo interno no da tregua y ya impacta de lleno en las principales empresas alimenticias del país. Ni siquiera los grandes grupos nacionales logran escapar a la recesión: Arcor, emblema industrial de la familia Pagani, acaba de reportar un desplome de sus ganancias netas del 74% en los primeros nueve meses de 2025.

Según su balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la multinacional con sede en Arroyito obtuvo ganancias por $97.772 millones, frente a los $378.245 millones registrados en igual período de 2024. Es decir, una pérdida de $280.473 millones en rentabilidad, acompañada además por una baja en las ventas, que pasaron de $3.884 millones a $3.509 millones interanuales.

El consumo, en caída libre

El retroceso de Arcor se inscribe en una tendencia generalizada: las grandes alimenticias argentinas sufren los efectos de la recesión y la fuerte caída de la demanda en el segundo año de gestión libertaria.

Empresas como Mastellone Hnos. y Molinos Río de la Plata, dos pesos pesados del sector, también exhiben números preocupantes. La dueña de La Serenísima acumula pérdidas por más de $20.000 millones, tras haber ganado $66.985 millones el año anterior. Por su parte, Molinos, del grupo Pérez Companc, reportó una pérdida neta de $37.403 millones, la primera en cuatro años.

Arcor: ganancias operativas estancadas y pérdidas financieras

En el caso de Arcor, la caída de las ganancias no se explica por un deterioro operativo —el resultado operativo se mantuvo casi sin cambios, en torno a los $237.574 millones— sino por el impacto financiero negativo generado por la devaluación real y la desaceleración inflacionaria.
El informe detalla que las pérdidas financieras alcanzaron los $98.698 millones, frente a una ganancia de $421.751 millones en el mismo período de 2024.

Pese a este escenario adverso, la compañía mantiene un discurso optimista, aludiendo a la “solidez de su modelo de integración vertical” y a una “gestión eficiente de costos y gastos estructurales”. Sin embargo, las cifras reflejan un contexto de negocios estancado y un consumo interno en niveles críticos.

Contexto adverso y estrategias de resistencia

El 67,8% de las ventas del grupo proviene del mercado argentino, lo que deja a la empresa fuertemente expuesta a la contracción local. Mientras que las divisiones de golosinas, chocolates y packaging mostraron cierta recuperación, el segmento de alimentos sufrió una marcada caída.

Aun así, Arcor mantuvo su nivel de inversiones, con $150.359 millones destinados a expansión y modernización, y apuesta a sostener su presencia regional y su estructura de liquidez para atravesar el momento.

Un gigante en tiempos de recesión

El derrumbe de las utilidades de Arcor se suma a la lista de señales que confirman que la recesión no discrimina tamaño ni trayectoria. Las grandes empresas nacionales, que históricamente funcionaron como termómetro del consumo, hoy sienten de lleno la contracción del poder adquisitivo y la pérdida de dinamismo del mercado interno.

Aunque el FMI y la CEPAL proyectan un leve repunte económico para Argentina hacia fin de año, las cifras empresariales muestran que el rebote aún no llega al mostrador. Arcor, símbolo del empresariado nacional, se convierte así en un caso testigo de cómo la caída del consumo está erosionando incluso a los gigantes del sector alimenticio.

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, remarcó que el hecho “no fue una falla humana” y denunció que el Gobierno no está cumpliendo con la entrega de fondos comprometidos por la emergencia ferroviaria.

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, exigió una investigación técnica y administrativa exhaustiva para determinar las causas del descarrilamiento ocurrido el martes en el Ferrocarril Sarmiento, a la altura del barrio de Liniers. El gremialista remarcó que el hecho “no fue una falla humana” y denunció que el Gobierno no está cumpliendo con la entrega de fondos comprometidos por la emergencia ferroviaria.

En diálogo con El Destape 1070, Sobrero explicó que el incidente se produjo cuando un tren que se dirigía hacia Once fue desviado parcialmente por un cambio de vías que se activó mientras la formación se encontraba en movimiento. “Cuando está pasando el tren, se acciona el cambio en los dos últimos vagones. Entonces, dos vagones van por una vía y el resto por otra. Produce un descarrilamiento grande”, relató.

Se descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers 🔴

🗣️"Hay que hacer una investigación a fondo para saber lo que pasó", enfatizó Rubén Sobrero, Sec. Gral. Unión Ferroviaria Secc. Oeste, porque se "descarta la falla humana"#PaloYZanahoria
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— El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 11, 2025

El dirigente subrayó que el sistema de cambio de vías había sido instalado apenas una semana antes del hecho, y que su tecnología está pensada justamente para impedir errores humanos: “Son cambios nuevos, entregados hace una semana. Tienen un enclavamiento que impide que el señalero los accione mientras pasa una formación. Se activó solo, no sabemos cómo, pero podemos asegurar que no fue una falla humana”, sostuvo.

Aunque descartó la hipótesis de sabotaje, Sobrero insistió en la necesidad de esclarecer lo ocurrido: “Hay que hacer una investigación a fondo para saber lo que pasó. Las pericias todavía no están terminadas, por eso el servicio demoró en reanudarse”, explicó.

Finalmente, el dirigente gremial advirtió sobre el deterioro del sistema ferroviario y la falta de recursos para mantenimiento e inversión. “Todavía no salió toda la plata de la emergencia ferroviaria”, lamentó, y señaló que esta situación agrava los riesgos en la operación diaria del servicio.

El deterioro de la clase media argentina se profundiza en el actual contexto económico. La caída del poder adquisitivo, el aumento de los gastos y la pérdida de expectativas de progreso dibujan un panorama cada vez más restrictivo para amplios sectores de la población.

Según un informe del centro de estudios Pensar Lab, el 41% de los argentinos siente que vive peor que sus padres, una percepción que supera ampliamente a quienes creen tener el mismo nivel de vida (27%) o estar mejor (27%). Este dato evidencia una ruptura con la histórica aspiración de movilidad ascendente que caracterizó al país durante gran parte del siglo XX.

La sensación de retroceso se refuerza con otros indicadores: el 63% de los argentinos reconoció haber tenido que resignar consumos para poder sostener sus gastos básicos, y el 55% considera que la clase media se está achicando. Apenas dos de cada diez creen que se mantiene igual y otro 20% que está creciendo.

El estudio muestra también cómo se redefine la autopercepción social: dos de cada tres argentinos se ubican en el último escalón de la clase media o directamente fuera de ella, con un 34% que se identifica como clase media baja y otro 34% que se asume como clase baja alta.

Aun así, persiste un rasgo distintivo: la prepaga es el último consumo que la clase media estaría dispuesta a resignar (28%), un indicador del valor simbólico que conserva la noción de “seguridad” en este sector social.

“Lo que en definitiva compra la clase media, envuelta en disfraces, con fisonomías múltiples, en forma de objetos o servicios, ataviados con marcas, narrativas, eslóganes e imágenes, es, en el fondo, una sola cosa: seguridad”, concluye el informe de Pensar Lab, aludiendo a una identidad social que hoy se sostiene más en el deseo de estabilidad que en la posibilidad real de progreso.

El Gobierno nacional dispuso, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, la desregulación total de los aranceles de los colegios privados, otorgándoles la facultad de fijar libremente el valor de las cuotas y matrículas sin autorización previa del Estado.

Se trata de un cambio histórico para el sistema educativo argentino: después de 30 años bajo control estatal, las instituciones privadas podrán establecer sus precios de manera autónoma, una medida que podría implicar aumentos significativos y mayores costos para las familias.

Fin de una regulación vigente desde 1993

El Decreto 787, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, elimina la obligación de comunicar y obtener autorización estatal antes de modificar los valores de las matrículas y cuotas.
De este modo, se deroga una norma instaurada en 1993 durante el gobierno de Carlos Menem, que buscaba proteger a las familias ante contextos de alta inflación, de modo similar al control que rige sobre las prepagas.

Argumentos del Gobierno

Según el texto oficial, el esquema anterior “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”.
El Gobierno sostiene que la regulación “fue dictada en un contexto distinto”, cuando la educación aún dependía del Estado nacional y no de las provincias, y que la estructura de costos ha cambiado sustancialmente desde entonces.

Además, el decreto plantea que la intervención estatal, aunque buscaba garantizar la calidad educativa, “generó efectos contraproducentes que afectaron el funcionamiento y la viabilidad económica” de los establecimientos privados.

Impacto en las familias y el sistema educativo

Pese a las críticas que anticipan subas sin control, el Ejecutivo argumenta que el sistema anterior “perjudicaba a las familias”, al obligarlas a afrontar aranceles más altos al inicio del ciclo lectivo y limitar su capacidad de elegir colegios acordes a sus posibilidades económicas.

En el caso de las instituciones, se sostenía que la obligación de pedir autorización para los aumentos generaba incertidumbre y sobreprecios preventivos, ya que muchas fijaban cuotas más elevadas por temor a futuros costos no cubiertos.

CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% del… pic.twitter.com/nJSIE07s69

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025

Para el Gobierno, la liberalización busca evitar esa distorsión y permitir ajustes “graduales y realistas”. Así lo afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que con esta medida “se le dice chau a los saltos exorbitantes”, ya que los precios podrán acompañar la evolución de la economía sin sobrecargos ni demoras.

El retroceso se produjo a pesar de las ofertas y los descuentos por el Día de la Madre, que impulsaron un leve repunte mensual del 2,8% pero no lograron revertir la tendencia general de consumo moderado.

Las ventas minoristas pymes registraron en octubre una baja interanual del 1,4% a precios constantes, según el relevamiento mensual de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
El retroceso se produjo a pesar de las ofertas y los descuentos por el Día de la Madre, que impulsaron un leve repunte mensual del 2,8% pero no lograron revertir la tendencia general de consumo moderado.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, las ventas aún muestran una suba del 4,2% interanual, aunque con un desempeño irregular y marcadas oscilaciones mes a mes.

Expectativas y percepción empresarial

Más de la mitad de los comerciantes (56%) indicó que su situación económica se mantuvo igual que en 2024, mientras que un 33% consideró que empeoró. De cara a 2026, el 47,9% espera una mejora, el 43% prevé estabilidad y solo el 9% anticipa un deterioro.

El 57,3% de los empresarios considera que no es un buen momento para invertir, señalando como principales obstáculos los altos costos operativos, la baja rentabilidad y las dificultades para acceder al crédito.

Comportamiento por rubros

Seis de los siete rubros relevados por CAME registraron caídas interanuales.
El sector de Perfumería encabezó las bajas con una retracción del 6,3%, seguido por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles, con una caída del 3,7%.

En cambio, todos los rubros mostraron subas respecto de septiembre: Perfumería lideró con un incremento del 9,7%, y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción subió 4,1%.

CAME destacó que las promociones especiales y las fechas comerciales ayudaron a dinamizar el consumo durante octubre, aunque el impulso fue transitorio y no alcanzó para compensar la pérdida de poder adquisitivo que afecta al consumo.

Un panorama de cautela

Pese al repunte mensual, el sector pyme enfrenta un escenario de demanda débil y rentabilidad ajustada. La combinación de costos crecientes e incertidumbre económica mantiene a los comerciantes en una actitud de prudencia y escasa disposición a invertir.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elogió las reformas impulsadas por Javier Milei, pero lanzó una fuerte advertencia: Argentina no cuenta con un plan de desarrollo productivo ni industrial, y el actual modelo de liberalización podría debilitar al sector manufacturero.

En su informe más reciente, el organismo internacional con sede en París destacó que el país “ha adoptado un modelo de liberalización reduciendo drásticamente la participación estatal, eliminando subsidios, disminuyendo barreras comerciales y privatizando empresas estatales con el fin de priorizar la estabilidad macroeconómica”.

No obstante, la OCDE subrayó que la naturaleza y los objetivos de la estrategia económica oficial “dificultan su clasificación como un Plan de Desarrollo Productivo (PDP) en el sentido tradicional”, ya que se centra principalmente en el ajuste fiscal, la liberalización del mercado y la retirada del Estado de los asuntos productivos.

El informe advierte que este enfoque “corre el riesgo de debilitar al sector industrial y erosionar las capacidades productivas acumuladas del país”, en lugar de potenciarlas. Según la organización, la ausencia de una política de desarrollo podría comprometer la recuperación económica y la generación de empleo de calidad.

Pese a las advertencias, la OCDE reconoció que las reformas estructurales han contribuido a estabilizar la economía y mejorar las cuentas fiscales. “Los esfuerzos de estabilización incluyeron ajustes específicos para mejorar la eficiencia del gasto público, en particular mediante recortes en el gasto de capital. Como resultado, Argentina registró superávits primarios casi todos los meses de 2024”, señaló el informe.

Sin embargo, el balance final del organismo es claro: el plan económico de Milei logra estabilizar, pero no desarrolla. Sin una estrategia industrial y de innovación, advirtió la OCDE, el país podría consolidar la estabilidad a corto plazo a costa de su estructura productiva y su crecimiento a futuro.