Se trata de la diputada libertaria Juliana Santillán, quien en contraste con sus numerosos viajes en avión, apenas asistió 14 veces al Congreso para cumplir con sus funciones.

Mientras se presenta como abanderada de la “lucha contra la casta” y repite el mantra libertario de achicar el gasto político, la diputada oficialista Juliana Santillán protagoniza un caso que desnuda la distancia entre el discurso y los hechos.

De acuerdo con datos oficiales, en el período 2024–2025 Santillán —autodenominada “diplomada en economía austríaca”— realizó 95 viajes pagados con fondos del Estado, la mayoría en avión, con un costo millonario que terminaron pagando los contribuyentes. En paralelo, apenas registró 14 asistencias al Congreso en todo el año legislativo.

En un país donde el presidente Javier Milei exige sacrificios al pueblo bajo la bandera de la austeridad, el accionar de Santillán resulta difícil de justificar. Desde la Fundación “El Cumplimiento del Deber” advirtieron que “la disparidad entre la actividad parlamentaria y los gastos de traslado es abrumadora” y recordaron que, mientras millones ajustan para llegar a fin de mes, en la política aún hay quienes no parecen dispuestos a dar el ejemplo.

“La promesa de achicar la política se desvanece con episodios como este. La ciudadanía merece representantes comprometidos con su tarea y con un uso responsable de cada peso que sale de los bolsillos de los argentinos”, señaló la organización presidida por Claudio Venchiarutti.

La pregunta, una vez más, queda flotando: ¿quién controla realmente el uso de los recursos públicos? Y, sobre todo, ¿cómo se sostiene un discurso anti casta cuando las prácticas reproducen lo mismo que se critica?

Porque, al final, la transparencia no se predica: se practica. Y el ajuste, por ahora, sigue cayendo sobre los mismos de siempre: la gente común. Para algunos en la política, parece que nada ha cambiado.

Se trata de la obra del viaducto del Belgrano Sur a Constitución, la misma está paralizada desde principios de 2024 por decisión de la actual gestión: pese a su alto porcentaje de avance y a su potencial impacto sobre el sistema de transporte.

Un documento oficial al que accedió el portal especializado enelSubte revela que la finalización del viaducto del Belgrano Sur hasta Plaza Constitución es “necesaria” por motivos de “emergencia social”. Sin embargo, la actual gestión paralizó la obra a comienzos de 2024, pese a su alto grado de avance, a su potencial transformador para el transporte metropolitano y a que cuenta con financiamiento internacional asegurado.

El informe, elaborado por el Gabinete Asesor para la Emergencia Ferroviaria, advierte que mantener el proyecto inconcluso generará “conflictividad” en los barrios afectados, agravando problemas de movilidad y aislamiento. Pese a estas alertas, el viaducto no fue incluido en la lista de obras prioritarias, bajo el argumento de que no está directamente vinculado con la seguridad operativa.

La paralización obedece a lo establecido en la ley Bases, que ordena suspender contratos con menos del 80% de avance. El viaducto tiene un progreso del 68,5%, pero su contrato con la constructora DYCASA sigue vigente y el Gobierno estudia una eventual prórroga.

La obra —iniciada en 2021— estaba destinada a extender el viaducto existente desde Sáenz hasta Constitución, incorporando una nueva estación elevada y mejorando la conexión con el Subte. Se estima que su puesta en marcha incrementaría notablemente el flujo de pasajeros y la integración de la línea Belgrano Sur con el resto del sistema de transporte, beneficiando a miles de usuarios de zonas históricamente relegadas.

Con una inversión prevista de 122 millones de dólares, de los cuales la mayor parte proviene de créditos de la CAF y FONPLATA, el proyecto quedó como un esqueleto de hormigón que simboliza el retroceso en políticas de transporte inclusivo. Mientras el tiempo pasa y la obra se deteriora, vecinos, especialistas y trabajadores reclaman que el Gobierno deje de lado la indiferencia y reactive de inmediato esta infraestructura vital para el sur del Área Metropolitana.

Un estudio detectó que en julio 9 de cada 10 personas financiaron la compra de comida y un 30,7% reconoció que alguien tuvo hambre en su hogar y no tuvo para comer.

La pérdida sostenida del poder adquisitivo está modificando de forma alarmante los hábitos alimentarios en Córdoba. Un estudio reciente revela que el 50% de los hogares ha debido retrasar la merienda o directamente eliminar la cena por no poder costear alimentos básicos. La gerenta del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanesa Ruiz, alerto además que la mitad de los hogares salteó comidas en julio, mientras crece el endeudamiento de las familias.

En julio, 9 de cada 10 personas se vieron obligadas a financiar la compra de comida, mientras que un 30,7% admitió que algún integrante de su hogar sintió hambre y no pudo comer. El 19,6% reconoció haberse quedado sin comida en la casa, y el 10,5% señaló que algún miembro solo comió una vez al día o pasó un día entero sin ingerir alimentos.

Aunque la inflación de julio en Córdoba (1,5%) fue aparentemente la más baja de los últimos cinco años, la realidad económica empeora para las familias. El 57,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria con sus ingresos, y un 72,5% solo alcanzó a cubrirla gracias a programas estatales como la AUH o la Tarjeta Alimentar.

La pérdida de ingresos también repercute en el comercio: las ventas en volumen de alimentos en negocios de cercanía cayeron un 19% en los primeros siete meses de 2025 frente al mismo período de 2024. La menor capacidad de compra obliga a comerciantes a liquidar productos próximos a vencer y buscar alianzas con bancos y tarjetas para ofrecer descuentos.

La situación ha generado una presión social creciente. El 18,9% de los encuestados admitió haber tenido que pedir comida o dinero para alimentarse, y los comedores comunitarios se encuentran desbordados, lo que llevó al Arzobispado de Córdoba a conformar una mesa de emergencia alimentaria.

El informe concluye que la pérdida del poder adquisitivo limita severamente el acceso a alimentos básicos, provocando una crisis de pobreza alimentaria que vulnera un derecho humano esencial: poder comer todos los días.

Milei recibió un dudoso premio de manos de Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años debido a operaciones financieras fraudulentas.

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez en Brasil. Fue distinguido como “Economista del Año 2025” por la Ordem Dos Economistas Do Brasil (OEB), una entidad privada dirigida por Manuel Enríquez García, quien en 2019 fue inhabilitado por el Tribunal de Cuentas de Brasil durante cinco años por operaciones financieras fraudulentas.

García, cuya matrícula profesional fue suspendida por un escándalo ético, fue acusado de utilizar su cargo en el Consejo Económico Regional de São Paulo para beneficiarse indebidamente mediante facturas falsas y retiros no autorizados de fondos de la OEB. Tras ser hallado culpable, recibió una multa, la inhabilitación y la pérdida de su licencia como economista.

Las relaciones entre el Gobierno argentino y la OEB se iniciaron hace seis meses, el 25 de febrero de 2025, apenas días después de que estallara el criptoescándalo de $Libra. Según la propia entidad, el reconocimiento a Milei se debía a su “difusión del conocimiento económico en la región”.

Sin embargo, el galardón desató una tormenta política: las nuevas autoridades de la Corecon —el órgano oficial que regula la profesión en Brasil— criticaron duramente tanto a la organización como al premio, recordando que la OEB no tiene autoridad regulatoria y que el mandatario argentino enfrenta, en su propio país, denuncias por asociación ilícita y escándalos financieros.

El episodio trae a la memoria otra controversia similar del año pasado, cuando Milei recibió un premio “del Instituto Liberal de Praga” que fue desmentido por su propio director, quien aseguró que el evento fue organizado sin autorización por un exmiembro de la institución.

El reclamo se fundamenta en la orden emitida por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que lo considera penalmente responsable de crímenes de guerra , crímenes contra la humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), ambas de la Ciudad de Buenos Aires, presentaron ante la Justicia Federal una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitando su inmediata detención en territorio argentino.

El reclamo, radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, y en la Fiscalía Federal de Guillermo Marijuan, se fundamenta en la orden emitida por la Corte Penal Internacional el 21 de noviembre de 2024, que lo considera responsable penalmente de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio contra el pueblo palestino.

ATE e H.I.J.O.S. adjuntaron informes y documentos que señalan que Netanyahu habría cometido actos como la provocación intencionada de muerte por hambre, homicidios, persecución, ataques contra infraestructura civil (hospitales, escuelas y campos de refugiados) y desplazamiento forzado de población palestina.

El pedido judicial incluye una orden de captura internacional para que, en caso de concretarse la anunciada visita de Netanyahu a la Argentina entre el 7 y el 10 de septiembre, se aplique el principio aut dedere aut iudicare: extraditarlo a la CPI o juzgarlo en tribunales argentinos, conforme a las obligaciones derivadas del Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra.

Las organizaciones denunciantes subrayan que el Estado argentino tiene el deber de cumplir con la justicia internacional y evitar cualquier garantía de impunidad, independientemente de intentos de deslegitimar la labor de la CPI por parte de otros países.

“Por la justicia, la memoria y la verdad, exigimos el cese inmediato de las hostilidades y la rendición de cuentas de los responsables”, señalaron Daniel Catalano (ATE Capital) y María Verónica Castelli (H.I.J.O.S. Capital).

La dueña de La Serenísima se encuentra en un difícil momento, afectada por márgenes de venta estrechos y un consumo masivo que no termina de repuntar.

Ni siquiera las empresas más grandes escapan a la recesión y el desplome del consumo en Argentina. Mastellone Hermanos, dueña de La Serenísima y principal láctea del país, cerró el primer semestre de 2025 con una pérdida neta de $869 millones, revirtiendo las ganancias extraordinarias de 2024.

La compañía atribuye el derrumbe de sus resultados a un consumo masivo que no repunta, menores ingresos por diferencias de cambio y un fuerte aumento en los costos financieros. “Nuestro mercado avanza más lentamente por el lento recupero del poder adquisitivo de la clase media y baja”, advirtió en su informe.

Aunque logró aumentar 4,5% sus ventas internas y 2,2% sus exportaciones, los márgenes siguen erosionados. El negocio externo, además, mostró rentabilidad “muy baja” durante gran parte del semestre, apenas recuperándose hacia el final del período.

Con 3,65 millones de litros procesados por día y una posición dominante en el sector, Mastellone no es ajena a los problemas que aquejan a toda la economía: caída del consumo, menor liquidez —el ratio pasó de 1,80 a 1,10 en un año— y un flujo de efectivo operativo que se desplomó de $92.897 millones a $24.704 millones.

El rebote de 2024, impulsado por la devaluación y el efecto cambiario, fue efímero. Este año, sin esos ingresos extraordinarios, el segundo trimestre borró las ganancias del primero y dejó el balance en rojo.

La compañía confía en que una eventual baja de la inflación y mayor estabilidad cambiaria reactiven el consumo, pero el desafío para Mastellone —y para gran parte de las grandes firmas argentinas— será sostener su competitividad en un escenario económico que sigue sin dar señales de una solida recuperación.

El ex diplomático Diego Guelar responsabilizó a Mauricio Macri por el fracaso del PRO y tildó al fundador de ese espacio de “reverendo hijo de puta”.

El ex embajador argentino en China y ex referente del PRO, Diego Guelar, lanzó durísimas críticas contra Mauricio Macri, a quien responsabilizó directamente por el derrumbe político del partido amarillo y lo calificó con un insulto lapidario: “un reverendo hijo de puta”.

“Mauricio Macri, sin lugar a dudas, es el responsable del fracaso del PRO. Para ser claro, lo voy a decir: un reverendo hijo de puta. No sé si es elíptico, no es muy diplomático”, disparó Guelar en una entrevista radial, dejando en shock a los entrevistadores.

Actualmente distanciado del macrismo y buscando ser candidato a senador nacional por la Ciudad con la Ucedé, Guelar insinuó incluso que el ex presidente podría haber tomado decisiones políticas motivadas por “un negocio personal”. “No entendiste que estabas arriba del caballo de la historia… ¡Qué diablos le pasó? No lo sé. Habrá hecho un negocio personal, se quebró. Habrá que consultar con su psiquiatra o su gurú”, agregó.

El ex diplomático, que hasta hace pocos años formaba parte del núcleo del PRO, también se autocrítico por haber avalado lo que describió como una conducción excesivamente centralizada: “Me incluyo en haber consentido eso. Sin lugar a duda, la Argentina es un país muy autoritario”.

"Mauricio Macri es un hijo de puta"

Diego Guelar, candidato a senador nacional, responsabilizó al expresidente por el fin del Pro en @NoDejes899 con @rominamanguel pic.twitter.com/QF6Dff1DKq

— Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 11, 2025

Con tono irónico, Guelar admitió que su estilo frontal podría tener influencia del clima político actual: “Estoy influenciado por la era Javier Milei, tengo el insulto más fácil, justo ahora que él dice que no lo va a hacer”.

En una ráfaga de declaraciones explosivas, Guelar dejó claro que su ruptura con Macri es definitiva y que, más allá de las razones, su juicio sobre el ex presidente es categórico: “Que es un hijo de puta no tengo la menor duda. El motivo ya se va a saber”.

“No cree en la Constitución. Me pregunto, ¿los diputados que no voten como él quiere son delincuentes? Cómo es posible concebir un delito de esa naturaleza en una democracia”, cuestionó el abogado constitucionalista.

El reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay lanzó una advertencia contundente contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de adoptar prácticas incompatibles con el sistema democrático. “No cree en la Constitución. Me pregunto, ¿los diputados que no voten como él quiere son delincuentes? Cómo es posible concebir un delito de esa naturaleza en una democracia”, cuestionó.

Sabsay criticó con dureza la intención del Ejecutivo de penalizar a los legisladores que aprueben aumentos de gasto o voten en contra de sus políticas económicas. “Milei siempre fractura en dos a la sociedad: los que están conmigo son buenos y los que no, enemigos. Él habla de penalizar, pero se olvida que los delitos se crean por leyes y no por decretos, eso lo dice la Constitución”, advirtió.

Para el constitucionalista, la propuesta presidencial no solo es “una locura” desde el punto de vista legal, sino que encarna un modelo de concentración de poder similar al del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. “Es el estilo Bukele. Se encamina, con matices. Para eso terminemos con la democracia y directamente nombremos un monarca que imponga penas a discreción”, ironizó.

Sabsay insistió en que “es incompatible concebir como delito que los legisladores voten en el Congreso Nacional” y alertó sobre el riesgo de que “el poder sea uno solo, el del Ejecutivo, y que el resto quede de decoración”. Además, calificó a Milei como un anarco-capitalista que “no cree en el Estado, ni en la Constitución, ni en la República”.

En lo personal, confesó su decepción con la gestión actual, pese a haber votado por Milei en el balotaje. “Yo lo voté, pero estoy muy desilusionado. Pensábamos que este Gobierno iba a terminar con anomalías como la reconducción permanente del presupuesto, pero no fue así”, lamentó.

El abogado también cuestionó el costo social de las políticas de ajuste: “Si corto todo, asfixio, dejo que el Garrahan se destruya, que no haya universidades públicas, ¿a ese costo vale la pena no tener inflación? No estoy a favor de la inflación, pero hay que entender que sí hay plata para gastos de inteligencia y viajes muy costosos”.

La polémica medida fue publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 563/2025, permitirá la exportación de 200 productos mineros sin tributar un solo peso al Estado.

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 563/2025, la eliminación total de retenciones para más de 200 productos mineros —incluyendo oro, cobre y cales— que desde este viernes exportarán con alícuota 0%. Plata y litio quedaron momentáneamente fuera del beneficio.

La medida alcanza a los rubros de minería no metalífera y metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas o semipreciosas. En la práctica, exime de tributar derechos de exportación a gran parte de la producción minera argentina, reforzando un modelo primario-exportador con bajísimo valor agregado, alto impacto ambiental y elevados niveles de evasión fiscal ante la falta de controles.

La decisión llega pocos días después del lanzamiento del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promete atraer más de USD 15.000 millones a proyectos de cobre. Sin embargo, críticos advierten que la medida implica pérdidas millonarias de recaudación nacional y provincial, en un momento de fuerte ajuste fiscal, recursos que podrían destinarse a sectores estratégicos y de mayor capacidad de innovación.

Aunque el Ejecutivo justifica la medida por el “impacto en el empleo y el potencial de crecimiento” del sector, especialistas advierten que las provincias mineras —como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, donde la minería concentra hasta el 80% de las exportaciones— podrían ver reforzada su dependencia de una economía de enclave, más vulnerable a los vaivenes del mercado global y con beneficios concentrados en pocos actores.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas retrocedieron 5,7% frente a junio y 2% en la comparación interanual, a precios constantes.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas sufrieron en julio una fuerte contracción. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), retrocedieron 5,7% frente a junio y 2% en la comparación interanual, a precios constantes.

Pese a que en el acumulado de los primeros siete meses del año el sector aún muestra un crecimiento del 7,6% frente al mismo período de 2024, la tendencia reciente es negativa: desde febrero las ventas mantienen un sendero descendente. La CAME advirtió que el consumo “no repunta” y se encuentra “muy amesetado y complicado”.

El 57,9% de los comerciantes señaló que su situación económica se mantiene igual que el año pasado, mientras que un 30% afirmó que empeoró. Aun así, casi la mitad de los encuestados (49,2%) confía en que 2025 traerá mejoras, aunque creció el número de quienes esperan un panorama peor (10,1%).

Por rubros, solo tres de los siete sectores relevados exhibieron subas interanuales: Perfumería (+1,8%), Farmacia (+0,9%) y Alimentos y bebidas (+0,4%). El resto sufrió caídas, lideradas por Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-6,7%), Textil e indumentaria (-5,1%), Calzado y marroquinería (-2,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-1,9%).

La CAME atribuye el freno en las ventas a factores como el alto endeudamiento de los hogares, el uso restringido del crédito y el incremento de los costos operativos. Para sostener la actividad, los comercios recurrieron a promociones, cuotas sin interés y descuentos, así como a la venta online y entregas a domicilio. Aun así, las compras se concentraron en productos básicos y montos reducidos, con consumidores que planifican cada gasto.

El secretario de prensa de CAME, Salvador Femenía, fue contundente: “Después del pequeño rebote hacia fin de 2024 y el primer trimestre de este año, se cayó. Es una caída sobre otra caída. Está muy amesetado y complicado”. También advirtió que “la rentabilidad es muy reducida” y que los costos fijos, sumados a tarifas e impuestos, resultan cada vez más difíciles de cubrir.

“El 50% de las personas no llega a fin de mes. No alcanza con ofrecer cuotas o rebajas si no hay plata en el bolsillo”, subrayó. Además, criticó al Gobierno por no cumplir la promesa de reducir la presión fiscal: “Desde que llegó Milei no se bajaron impuestos, al contrario: se sumó el de Ganancias”.