A un mes de jurar como diputada electa de La Libertad Avanza, Karen Reichardt admitió que todavía no leyó el reglamento del Congreso, el documento que regula el funcionamiento de la Cámara de Diputados y define los derechos y deberes de sus integrantes. Su explicación fue insólita: “Tiene letra chiquita”.

El texto le fue entregado el martes en la Casa Rosada, durante una reunión entre los legisladores electos de La Libertad Avanza y el presidente Javier Milei, acompañados por Karina Milei, quien ofició de anfitriona. En el encuentro, la hermana del mandatario obsequió a cada dirigente una bolsa con la Constitución Nacional y el reglamento parlamentario.

Dos días después, Reichardt confesó entre risas que el documento seguía cerrado: “Es largo, tedioso y tiene letra chiquita”, comentó.

De la farándula al Congreso

Exvedette, conductora y empresaria, Reichardt es una de las figuras “outsiders” que Javier Milei incorporó a sus listas con la promesa de renovar la política. Con su estilo descontracturado, contó su primera experiencia institucional: “Nos dieron una libreta, una lapicera y el reglamento”, relató con sorpresa.

Pese a su falta de lectura del texto legislativo, la futura diputada se mostró entusiasmada tras el encuentro con el Presidente y su hermana: “Este va a ser el año en que el Congreso más va a trabajar”, aseguró.

“Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más”

Fiel a su estilo directo, Reichardt también aprovechó para marcar distancia con los políticos tradicionales: “Mejor que López Murphy y Randazzo no estén más, me harté de escucharlos hablar”, lanzó.

La futura legisladora aclaró que no pretende convertirse en una experta en técnica parlamentaria, sino aportar una mirada ciudadana: “Hay mucho por aprender, claro, pero seguimos el lineamiento del Presidente. Venimos de otro palo, hablamos distinto. Yo hablo como ciudadana”.

En los pasillos del mercado financiero argentino circula una versión que incomoda al equipo económico: el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habría obtenido una ganancia cercana a los USD 200 millones gracias a un carry trade diseñado a medida por Luis Caputo para contener el dólar en la recta final electoral.

La intervención del Tesoro estadounidense en el mercado cambiario argentino se mantuvo rodeada de hermetismo total. Ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central ofrecieron explicaciones sobre el destino de los pesos que ingresaron ni sobre el origen de los dólares que salieron. Sin embargo, los números del balance semanal del BCRA, con corte al 31 de octubre, dejan rastros elocuentes: las Letras en pesos emitidas cayeron abruptamente de 3 billones a 270 mil millones, una reducción casi idéntica al monto —unos 2,7 billones de pesos— que el Tesoro norteamericano había invertido semanas antes.

Según operadores del mercado, Bessent habría desarmado su posición en pesos y recomprado los dólares que había vendido para estabilizar el tipo de cambio. El silencio oficial alimenta las sospechas: no se sabe bajo qué instrumentos financieros se realizó la operación, ni cuáles fueron las tasas, coberturas o plazos de esas letras.

En los hechos, el BCRA habría tomado los pesos del Tesoro estadounidense y entregado letras que ofrecían algún tipo de tasa preferencial o cobertura cambiaria, garantizando una salida limpia. Coincidentemente, el rubro “Otros pasivos” del Central aumentó casi 2,9 billones de pesos en esa misma semana, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra de ingeniería financiera cuidadosamente planificada.

Para varios analistas, el movimiento sugiere que el Banco Central habría activado un tramo del swap con Estados Unidos, permitiendo a Bessent salir de su posición sin presionar el mercado. “Parece que se activó un tramo del swap con USA. Si no hay aclaraciones, podemos concluir eso”, señaló Fernando Marull. Gabriel Caamaño fue más allá: “Si así fuera, activaron el swap para darle salida a Bessent contra reservas internacionales. Eso implicaría que la intervención del Tesoro fue un anticipo del acuerdo”.

Con ironía, Christian Buteler resumió la jugada: “El Tesoro americano vende 2.000 millones de dólares, luego le presta al BCRA para recomprarlos sin mover el precio y embolsa una ganancia sustancial. Esta sí es una masterclass, con la tuya”. En el mercado calculan que la ganancia neta rondó los USD 200 millones.

El desenlace podría confirmarse pronto. Sebastián Maril anticipó que el Tesoro estadounidense publicará la próxima semana el balance del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF), que incluirá las posiciones al 31 de octubre. Si las especulaciones son correctas, el reporte mostrará posición cero en pesos argentinos, confirmando que Bessent cerró el mes sin riesgo local y con ganancias aseguradas.

“De ser así, el Congreso tendrá menos motivos para cuestionarlo”, concluyó Maril.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump analiza acciones militares en Venezuela que incluyen desde ataques selectivos hasta la posible toma de los campos petroleros, una estrategia que, según analistas, apunta a controlar los vastos recursos energéticos del país sudamericano.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el gobierno estadounidense ha diseñado varios escenarios de intervención que van desde ataques a unidades militares que protegen a Maduro hasta operaciones especiales para capturarlo. Entre las alternativas más ambiciosas figura el control de la infraestructura petrolera y de aeródromos estratégicos, lo que permitiría a Washington asegurar influencia directa sobre la principal fuente de riqueza venezolana y una de las mas importantes del mundo.

Asesores cercanos al entonces presidente, como Marco Rubio y Stephen Miller, han presionado para adoptar medidas más agresivas, justificadas bajo la narrativa de una “guerra contra el narcotráfico”. La Casa Blanca busca incluso vías legales para eludir la autorización del Congreso, apoyándose en la posible designación de Maduro y altos mandos militares como líderes del llamado Cartel de los Soles. Esa clasificación abriría la puerta a operaciones militares bajo el paraguas de la lucha antidrogas.

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe. Actualmente cuenta con unos 10.000 efectivos distribuidos entre bases en Puerto Rico y buques de guerra, mientras el portaaviones Gerald R. Ford se dirige a la región con más de 75 aeronaves de ataque y unos 5.000 tripulantes. Bombarderos B-52 y B-1 también han sobrevolado las cercanías de la costa venezolana, en una clara demostración de fuerza.

Aunque Trump ha enviado mensajes ambiguos sobre una posible guerra abierta, sus declaraciones siguen marcadas por la retórica de que “los días de Maduro están contados” y por acusaciones de que Venezuela es un centro de narcotráfico hacia Estados Unidos. Bajo ese discurso, Washington intenta presentar una eventual intervención militar como una operación legítima de seguridad regional.

Advertencia de Lula

Desde América Latina, crecen las alertas ante una posible invasión. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su preocupación por la escalada de tensiones y advirtió que “los problemas políticos no se resuelven con armas, sino con diálogo”. Durante su gira por Asia, Lula ofreció mediar entre ambas partes y recordó que cualquier acción unilateral violaría la soberanía venezolana y el derecho internacional.

Mientras la Casa Blanca sostiene que las operaciones se centran en “narcoterroristas”, la magnitud del despliegue militar y el interés manifiesto por el control de los recursos energéticos venezolanos revelan una estrategia más amplia: utilizar el discurso antidrogas como justificación para intervenir en un país cuya riqueza petrolera sigue siendo clave en el tablero geopolítico mundial

En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

La industria argentina atraviesa su momento más crítico en años. En un contexto de recesión, caída del consumo y apertura de importaciones, empresas emblemáticas del sector electrodoméstico comenzaron a ajustar drásticamente sus plantillas. En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

Despidos masivos en Newsan: del saludo a Milei al telegrama de despido

Apenas un mes después de recibir al presidente Javier Milei en la planta fueguina de Newsan, más de 200 trabajadores fueron despedidos —entre efectivos y temporarios— en Ushuaia. La medida tomó por sorpresa a los operarios, quienes aseguran que no hubo aviso previo y denuncian la pasividad del gremio metalúrgico. “La UOM no nos recibe ni da respuestas. Solo dicen que está todo caído”, señalaron los cesanteados.

El golpe laboral ocurre en medio de un clima de desconfianza y tensión social. La muerte de Pablo Ulises Lizarraga, un trabajador recientemente despedido, conmocionó a la comunidad fabril y acentuó el malestar en el sector.

Desde la CGT, su secretario general Ramón “Moncho” Calderón confirmó los despidos —150 en Newsan y 50 en GDS, su empresa subsidiaria— y denunció la complicidad entre Gobierno, empresas y algunos dirigentes gremiales. “Para ellos, los trabajadores somos material descartable”, sostuvo, anticipando acciones legales contra la firma.

El gobernador Gustavo Melella también alertó sobre el colapso productivo fueguino: “Hasta 6.000 empleos están en riesgo por medidas del Gobierno nacional que destruyen la industria”. En una provincia donde la economía depende casi exclusivamente del ensamblado electrónico, los despidos masivos amenazan con un impacto social devastador.

Electrolux y Mabe: suspensiones y cierres en el corazón industrial del país

En Rosario, Electrolux suspendió a 400 trabajadores debido a la fuerte caída en la demanda de electrodomésticos y al incremento de importaciones. Las suspensiones, originalmente previstas por un mes, se extendieron hasta enero de 2026 y la empresa solo garantiza el pago total de los sueldos hasta noviembre.

“Estamos trabajando a menos del 50% de la capacidad instalada”, advirtió Pablo Cerra, apoderado de la UOM Rosario. Según estimaciones sindicales, solo este año se perdieron más de 2.000 puestos industriales en la región, afectando no solo a las grandes fábricas, sino también a sus proveedoras —en su mayoría pymes metalúrgicas—, las más vulnerables ante la crisis.

Mientras tanto, Mabe anunció el cierre de su planta en Río Segundo (Córdoba), trasladando la producción a Luque y dejando sin tareas a 150 empleados. Aunque la empresa ofreció relocalizaciones, la distancia de 60 kilómetros implica extensas jornadas laborales, y al menos 50 trabajadores fueron despedidos con una indemnización especial.

Un panorama crítico y sin señales de recuperación

Con despidos, suspensiones y cierres en cadena, la industria nacional enfrenta una crisis estructural que golpea tanto al empleo formal como al entramado pyme.
Empresarios del sector metalúrgico reconocen que “la actividad está destrozada” y que no existen perspectivas de recuperación en los próximos seis meses.

La apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas industriales están configurando un escenario donde cada semana se pierde capacidad productiva y empleo calificado.

Mientras el Gobierno defiende su plan económico, en las fábricas argentinas se instala el silencio, la incertidumbre y la angustia de miles de familias que ven desmoronarse su fuente de trabajo.

Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría según él “desequilibrando el campo de juego”.

Mercado Libre, la empresa que durante años se presentó como emblema del libre mercado y del ideario anarcocapitalista que hoy inspira al gobierno de Javier Milei, ahora reclama la intervención del Estado. Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría —según él— “desequilibrando el campo de juego”.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, sostuvo De la Serna, en una declaración que contrasta con el discurso histórico de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, ferviente defensor de la desregulación, la “motosierra” estatal y la competencia sin restricciones.

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos chinos a bajo costo podría afectar a las pequeñas y medianas empresas —que representan el 90% de las ventas de la plataforma— y “socavar el tejido productivo local”. También reclamó que la apertura indiscriminada del comercio “genera empleo en China, no en Argentina”, un argumento que, paradójicamente, apela a la protección de la industria nacional y al rol regulador del Estado.

Sé q me repito, pero cuando digo q el empresariado argentino es lo q SUBDESARROLLÓ Argentina me refiero a ésto. El presidente de Mercado Libre (¡LIBRE!) pide regulaciones estatales e impuestos para competir contra inversiones del extranjero. Éso son.
El drama de la Argentina. pic.twitter.com/Ii8vXtyONa

— Tartu (@TartuTV) November 5, 2025

Mientras tanto, países como Chile, Uruguay y México ya implementaron medidas para proteger a sus pymes del desembarco asiático. En la Argentina, el gobierno libertario de Milei —que promete desregulación total y libre competencia— aún no ha tomado una postura.

Según la consultora Sensor Tower, la aplicación Temu aumentó un 143% sus usuarios activos en América Latina durante el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones de personas. Con precios muy bajos y envíos gratuitos, la plataforma se convirtió en una amenaza directa para el dominio regional de Mercado Libre, que mantiene su liderazgo con 27 trimestres consecutivos de crecimiento y más de 112.000 empleados.

De la Serna destacó que la empresa continúa invirtiendo en infraestructura, con un nuevo centro logístico de 65 millones de dólares en Buenos Aires, aunque reconoció que “la estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles”. Y marcó distancia con la competencia asiática: “Estas empresas suelen vender productos de baja calidad; lo importante es diferenciarnos”.

El pedido de “campo de juego equilibrado” deja al descubierto una contradicción central: la plataforma que hizo bandera del libre mercado ahora demanda regulaciones estatales para proteger su posición frente a la creciente competencia global. En tiempos en que el discurso oficial celebra la desaparición del Estado como árbitro económico, Mercado Libre parece pedir justamente lo contrario: un Estado que, al menos esta vez, intervenga para salvarlo del mercado.

El avance del plan de concesiones viales impulsado por el Gobierno de Javier Milei abre un nuevo escenario para las rutas argentinas: el país podría tener un peaje cada 97 kilómetros y tarifas hasta tres veces más altas que las actuales.

Así lo advirtió el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que denunció que el proyecto de la Red Federal de Concesiones significará un fuerte impacto para automovilistas y transportistas.

De acuerdo con el coordinador del Conaduv, Ricardo Lasca, el esquema oficial prevé sumar 54 nuevas estaciones de peaje a las 48 ya existentes, lo que marcaría un retorno al modelo de los años ’90, cuando la privatización del mantenimiento vial se expandió a gran escala. Según los cálculos de la entidad, los automóviles llegarían a pagar hasta $4.300 por cabina, mientras que los camiones de siete ejes podrían desembolsar cerca de $30.000 por cada pasada.

Un modelo cuestionado: más peajes, pocas obras

Para Lasca, el plan constituye “un régimen de impuesto al tránsito, no un verdadero sistema de peaje”, ya que los contratos de concesión contemplan únicamente “bacheo y corte de pasto, sin obras de ampliación ni mejoras estructurales”. En este contexto, advirtió que la red vial podría quedar estancada, sin inversiones de fondo que impulsen su modernización.

El dirigente también apuntó contra una contradicción del discurso oficial: “El Gobierno habla de libertad, pero estas concesiones se entregan sin caminos alternativos, lo que impide el libre tránsito y obliga al pago del peaje”.

Los fondos existen, pero se administran mal, según el Conaduv

Desde el comité sostienen que la falta de recursos no es el problema. Lasca recordó que el impuesto a los combustibles genera una recaudación superior a los 3.000 millones de dólares anuales, cifra que, bien administrada, permitiría construir 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año, sin necesidad de peaje.

“El dinero está —afirmó—, lo que falta es gestión. Si son campeones de la economía, administren bien y terminen con este curro de los peajes”, concluyó.

Un futuro incierto para las rutas nacionales

Con este nuevo esquema de concesiones, la red vial argentina se encamina hacia una etapa de mayor presencia privada y tarifas crecientes, en un contexto donde persisten dudas sobre la transparencia, la eficiencia y el alcance real de las obras prometidas. El debate sobre quién debe financiar y gestionar las rutas —el Estado o las empresas concesionarias— vuelve así al centro de la discusión pública.

Mientras desde el Ministerio de Capital Humano se impulsa una línea telefónica para denunciar “adoctrinamiento político” en las escuelas, un video viral muestra como niños riojanos son utilizados para repetir en coro “¡Gracias, Martín Menem!” durante una excursión escolar.

El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica por un caso que pone en evidencia su doble vara frente al adoctrinamiento. Mientras desde el Ministerio de Capital Humano se impulsa una línea telefónica para denunciar “adoctrinamiento político” en las escuelas, un video viral muestra a niños riojanos repitiendo en coro “¡Gracias, Martín Menem!” durante una excursión escolar.

El episodio, ocurrido en el Parque Arqueológico Saladillo, en La Rioja, involucra al presidente de la Cámara de Diputados y figura destacada del oficialismo, Martín Menem. En las imágenes, se escucha a una mujer adulta —presuntamente una acompañante del grupo escolar— instruir a los niños para que agradezcan al funcionario: “Si no lo dicen, no los van a traer de vuelta”, se le oye decir, provocando incomodidad entre los menores, que responden con un primer “¡No!” antes de repetir la consigna.

-A la cuenta de 3, ustedes tienen que decir "Gracias Martín Menem!"
-No!
-Sí, si no nos van a traer de vuelta

Unos chicos de excursión en el Parque Arqueológico Saladillo. Ah pero los carteles en la facultad adoctrinan che pic.twitter.com/UnCrDwSoEZ

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) November 3, 2025

La escena, ampliamente difundida en redes sociales, reavivó el debate sobre la utilización de espacios educativos con fines partidarios. Desde diversos sectores políticos y sociales se subraya la contradicción de que integrantes de La Libertad Avanza, fuerza que acusa a la educación pública de “adoctrinar”, sean quienes terminan promoviendo este tipo de gestos de lealtad política.

Según la descripción oficial del Parque El Saladillo, se trata de un sitio histórico y natural destinado al turismo cultural y educativo. Sin embargo, el uso de la visita escolar para exaltar la figura de un dirigente oficialista desvió el sentido pedagógico de la actividad hacia una demostración de alineamiento político.

La paradoja se acentúa si se recuerda que fue el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el que en junio lanzó una línea de denuncias contra el adoctrinamiento en las aulas, con el objetivo de “garantizar una educación libre y plural, sin interferencias ideológicas”. En aquel momento, la cartera sostuvo que “el adoctrinamiento en el aula vulnera derechos fundamentales” y que debía erradicarse para proteger la libertad de conciencia de estudiantes y docentes.

El episodio con los niños riojanos deja expuesta la contradicción de un gobierno que, mientras acusa al sistema educativo de imponer ideologías, promueve desde sus propios actos un adoctrinamiento de signo oficialista, instalando su narrativa política incluso en los espacios destinados a la educación y el juego.

Según informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el total recaudado fue de $16,1 billones, con una suba nominal del 26,5%, muy por debajo de la inflación acumulada del período.

La recaudación impositiva de octubre registró una caída real cercana al 3,5% interanual, afectada por la desaparición de ingresos extraordinarios que habían impulsado los números del año pasado. Según informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el total recaudado fue de $16,1 billones, con una suba nominal del 26,5%, muy por debajo de la inflación acumulada del período.

El organismo explicó que la baja se debió a la “alta base de comparación” de octubre de 2024, cuando ingresaron fondos excepcionales por el Régimen Especial de Bienes Personales (REIBP), la moratoria impositiva y previsional (Ley 27.743), el Impuesto PAÍS, y el Impuesto de Regularización de Activos, todos ya finalizados o suspendidos.

Sin estos ingresos extraordinarios, la variación interanual habría sido cercana al 37% nominal, lo que implicaría un crecimiento real positivo frente a la inflación estimada del 31,4%, según la Fundación Libertad y Progreso.

El impacto de la quita de retenciones

De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación nacional descendió un 3,6% real interanual en octubre. Al excluir los tributos vinculados al comercio exterior —particularmente afectados por la eliminación del Impuesto PAÍS— la caída se revierte y se observa un leve aumento real del 1%.

El mayor desplome se registró en Bienes Personales, con una contracción del 67,8% real interanual, mientras que los derechos de exportación retrocedieron un 66%, en parte por la quita temporal de retenciones al agro. En cambio, los derechos de importación crecieron un 44% real, el Impuesto a los Combustibles un 25,2%, y Ganancias un 13,2%.

Caputo frente al desafío del FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta ahora la necesidad de profundizar el ajuste fiscal para alcanzar la meta anual del 1,6% del PBI de déficit pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta septiembre, el rojo acumulado se ubicaba en 1,3% del PBI, lo que mantiene la meta al alcance, aunque exige una fuerte contracción del gasto en los dos últimos meses del año.

Para lograrlo, el equipo económico deberá reducir el gasto primario no indexado por inflación —como subsidios, obra pública, salarios y otros rubros corrientes— a un ritmo de caída del 16% real hasta diciembre, según estimaciones privadas.

Los principales tributos

Los datos de ARCA muestran la siguiente recaudación en octubre:

• IVA: $5,7 billones (+31,7% nominal)
• Ganancias: $3,2 billones (+48,5%)
• Créditos y débitos bancarios: $1,3 billones (+41,2%)
• Seguridad Social: $3,76 billones (+38,8%)
• Retenciones: $257.100 millones (-55%)
• Aranceles de importación: $800.263 millones (+89,3%)
• Bienes Personales: $96.702 millones (-57,8%)
• Combustibles: $455.472 millones (+64,3%)

El IVA, principal fuente de recursos, se mantuvo estable en términos reales, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social crecieron un 1,2% real, impulsados por los aumentos salariales y del tope de base imponible.

En conjunto, los números de octubre reflejan un deterioro en la dinámica tributaria que complica el cierre del año fiscal. El margen para cumplir con el FMI sigue siendo estrecho, y todo indica que Caputo deberá intensificar el ajuste si quiere sostener el compromiso de consolidación fiscal del Gobierno.

Según los datos difundidos, los argentinos compran cada vez menos en supermercados y recurren con mayor frecuencia al crédito para financiar sus gastos básicos.

Un nuevo informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte sobre el deterioro sostenido del consumo interno y el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Según los datos difundidos, los argentinos compran cada vez menos en supermercados y recurren con mayor frecuencia al crédito para financiar sus gastos básicos.

Menos compras y ventas en retroceso

En agosto, las ventas de los autoservicios mayoristas se redujeron 8,4% interanual, con un leve repunte mensual inferior al 1%. En los supermercados, en cambio, se registró un aumento interanual marginal de 0,34%, acompañado por una baja mensual de 0,23%.

El informe de la UBA señala que, en julio, las ventas mayoristas se ubicaron 35% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que las de los supermercados se mantuvieron 27% por debajo. Hasta la fecha, ambos segmentos no logran recuperar los niveles de venta de comienzos de la actual administración.

Desde diciembre de 2023, los autoservicios mayoristas acumulan una contracción del 21%, lo que representa un aumento de más de dos puntos porcentuales respecto de mayo. En tanto, las ventas de los supermercados cayeron un 9% acumulado, ampliando también la caída en dos puntos respecto de ese mes.

Estas cifras —según la UBA— confirman la debilidad persistente del consumo interno y la baja probabilidad de recuperación de la demanda, afectando directamente al comercio y al poder de compra de los hogares.

Más crédito, menos efectivo

El estudio destaca además un fenómeno creciente: el uso del crédito como vía para sostener el consumo cotidiano. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, la participación de las tarjetas de crédito en las compras de supermercados aumentó del 39% al 45%. En paralelo, el uso de tarjetas de débito cayó del 34% al 26%, y el efectivo del 20% al 16%. Solo las billeteras virtuales mostraron un crecimiento, al pasar del 7% al 13% del total de operaciones.

Esta dinámica revela que una porción cada vez mayor de los hogares se endeuda para acceder a productos de primera necesidad, como alimentos, artículos de higiene y limpieza. El informe de la UBA señala que esto ocurre en un contexto donde los salarios apenas superan la inflación, y una parte creciente del ingreso se destina al pago de servicios básicos.

Más morosidad y presión sobre los hogares

A la vez, la UBA advierte sobre un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo, que aumentó 147% desde el inicio del gobierno de Milei, al pasar de 2,5% a 6,2% del total en julio de 2025. Esto significa que no solo crece el uso del crédito, sino también las dificultades de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras.

Perspectivas: consumo débil y demanda en retroceso

El informe concluye que el deterioro de la demanda interna y del consumo de los hogares refleja un agotamiento de la capacidad de compra. La caída en las ventas, el incremento del endeudamiento y el aumento de la morosidad componen un cuadro de debilidad estructural del mercado interno, que, según la UBA, podría prolongarse en los próximos meses en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica.

El dirigente, que en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las candidaturas testimoniales por considerarlas una falta de respeto hacia los votantes, decidió ahora no asumir la banca de diputado que ganó hace apenas una semana en la provincia de Buenos Aires.

La reciente designación de Diego Santilli como ministro del Interior lo colocó en el centro de una polémica que él mismo ayudó a construir años atrás. El dirigente, que en reiteradas oportunidades se manifestó en contra de las candidaturas testimoniales por considerarlas una falta de respeto hacia los votantes, decidió ahora no asumir la banca de diputado que ganó hace apenas una semana en la provincia de Buenos Aires.

El contraste no podría ser más evidente. Hace pocos días, cuando le consultaron si en La Libertad Avanza había candidatos “testimoniales”, Santilli fue categórico: “No, no tenemos testimonial”. Y añadió, para reforzar su punto: “Asumimos todos”. Hoy, su designación en el gabinete nacional contradice de lleno aquellas declaraciones.

Gracias Presidente @JMilei por la confianza y por pensar en mí para este desafío.

Lo asumo con muchísima responsabilidad y con una profunda convicción: la Argentina necesita avanzar en las reformas estructurales que le permitan al país crecer, generar empleo y atraer… pic.twitter.com/aIetfeEAtG

— Diego Santilli (@diegosantilli) November 2, 2025

La secuencia política es vertiginosa. Tras una campaña marcada por quejas sobre las dificultades para recorrer el territorio y por el uso de la boleta con la imagen de José Luis Espert —a quien reemplazó como primer candidato tras el escándalo por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado—, Santilli celebró el triunfo en las urnas. Incluso protagonizó un gesto simbólico al raparse la cabeza por la victoria. Sin embargo, una semana después, el “Colo” decidió no asumir la banca obtenida, priorizando su nuevo rol en el Ejecutivo.

El archivo, reciente pero implacable, volvió a circular con fuerza en redes y medios, recordando las palabras del propio Santilli, quien había definido como testimoniales aquellas candidaturas de dirigentes que se presentan a elecciones sin intención de ejercer el cargo. “Testimonial significa que sos intendente o gobernador, sos candidato y volvés a tu cargo”, explicó en su momento.

Hoy, esa definición parece alcanzarlo por completo. El dirigente que pedía coherencia y transparencia ante la ciudadanía se convirtió, en cuestión de días, en el protagonista de aquello que criticaba.