El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció por Twitter la eliminación del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec) y del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

En el marco de una aceleración del ajuste fiscal, el Gobierno nacional anunció la eliminación de dos nuevos fondos fiduciarios: el Fondo de Promoción Científica y Tecnológica (Fondotec) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). La medida se inscribe en la estrategia de avanzar hacia un ajuste estructural más profundo, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclama recortes más severos como parte del acuerdo vigente.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, quien utilizo el anuncio como parte de su campaña electoral en CABA, comunicó la decisión a través de la red social X, donde celebró que ya son 24 los fondos eliminados durante la gestión de Javier Milei. La Casa Rosada argumenta que estas estructuras eran ineficientes o mal administradas, y en el caso de Fondotec, se señaló una supuesta subejecución de recursos: según Adorni, el fondo utilizó solo 33 millones de los más de 28.000 millones de pesos asignados entre 2022 y 2023.

El Gobierno Nacional eliminó el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

El FONDOTEC sólo utilizó 33 millones de los más de 28.000 millones de pesos que le fueron asignados entre 2022 y 2023. Por su…

— Manuel Adorni (@madorni) May 5, 2025

El Fondotec fue creado por ley en 1990 para financiar actividades de generación de conocimiento científico, tecnológico e innovador, con recursos del Tesoro Nacional y de créditos internacionales. Su eliminación marca un nuevo retroceso en el financiamiento público para la ciencia en un contexto de recortes generalizados.

Por su parte, el FISU fue creado a fines de 2019, durante la gestión de Alberto Fernández, con el objetivo de financiar obras de integración urbana en barrios populares inscriptos en el ReNaBaP. Se nutría de fondos del Impuesto PAIS, del aporte solidario a las grandes fortunas y de recursos internacionales. El Gobierno justificó su eliminación alegando irregularidades en la gestión, como la compra de terrenos contaminados y la adjudicación de obras a cooperativas sin antecedentes.

Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en la reconfiguración del Estado en función de los lineamientos del FMI, que presiona por una drástica reducción del gasto público, incluso a costa de áreas estratégicas como la ciencia y la vivienda social.

Es el mensaje que recibió el cocinero filipino del buque donde se hallo media tonelada de cocaína. Declaró que se lo dijeron al contactarlo para subir la droga, para convencerlo de que no había riesgos. Señalan que las desregulaciones del Gobierno favorecen el trafico.

El hallazgo de 470 kilos de cocaína en el puerto operado por el Grupo Vicentin, en la localidad santafesina de San Lorenzo, no fue producto de una investigación de inteligencia ni de un operativo de control estatal, sino del olfato del capitán de un buque que notó algo fuera de lugar en una cámara frigorífica. Ese hallazgo fortuito destapó una red de tráfico que, según declaraciones judiciales, opera con frecuencia y sin obstáculos en la zona portuaria. ¿La razón? Las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno Nacional, que han debilitado la capacidad de control sobre lo que entra y sale de los puertos.

El cocinero filipino del buque MV Ceci, convertido en imputado colaborador, declaró bajo juramento que fue contactado por una organización que opera habitualmente en San Lorenzo. “Hacemos esto dos o tres veces por mes”, le aseguraron sus interlocutores para convencerlo de que no había riesgos. “Relax”, fue la palabra que más le repitieron. La tranquilidad que transmite la frase no habla solo de la impunidad con la que se mueve el narcotráfico en los puertos, sino de la confianza en un sistema de control desmantelado.

Las desregulaciones del Gobierno que favorecen el negocio narco

Uno de los cambios clave que favoreció esta situación es el Decreto 37/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que eliminó la obligatoriedad de contratar serenos de buques, trabajadores cuya función es justamente custodiar y supervisar las provisiones, la tripulación y todo lo que ingresa a una embarcación. Hoy esa contratación quedó a criterio de las navieras, y como era previsible, la mayoría ha optado por prescindir de ellos.

“La función del sereno es clave: controla cada cosa que entra al barco, desde comida hasta repuestos o insumos técnicos. Si hubiera habido uno en el MV Ceci, la droga no subía”, denunció un representante del gremio de serenos, hoy casi desmantelado. Las cámaras de seguridad del puerto tampoco cubren el lado del río, por donde la organización introdujo la cocaína desde una lancha en plena madrugada.

Lejos de ser un episodio aislado, el caso Vicentin confirma que los puertos del Gran Rosario se han transformado en plataformas logísticas del narcotráfico internacional, gracias a la desprotección generada por el retiro del Estado. La presencia de bultos con cocaína marcados con coronas —símbolos habituales del narcotráfico— y protegidos con envoltorios impermeables y rastreadores satelitales sugiere una operación de contrabando a gran escala, con recursos y conocimiento técnico.

Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. No solo la resolución en torno a la no obligatoriedad de contratar serenos, también se suma la reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresas sobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.

Vicentin un puerto de aguas muy turbias

El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.

El Gobierno sostiene que estos recortes son parte de su política de “eficiencia y equilibrio fiscal”. Sin embargo, el ahorro logrado al eliminar controles como los serenos resulta insignificante comparado con los riesgos que genera: debilitamiento de la soberanía, complicidad indirecta con el crimen organizado y pérdida de reputación internacional en los circuitos comerciales.

El escándalo deja en evidencia una contradicción central del discurso oficial: mientras se promete “orden” y “lucha contra el narcotráfico”, se eliminan los mecanismos más básicos de control. Si el Estado se retira, otros ocupan su lugar —y en los puertos argentinos, esos otros son el narco y las redes del contrabando global.

Una disposición de la subsecretaría de Ambiente de la Nación desreguló la exportación de animales vivos en la Argentina y flexibilizó el tránsito interprovincial de especies. Alertan que esta medida representa un retroceso y que se abre una puerta al tráfico de animales.

En una decisión que marca un preocupante punto de quiebre en la protección ambiental del país, el Gobierno nacional ha emitido una disposición que habilita la caza, el tráfico interprovincial y la exportación de fauna silvestre. Bajo el argumento de reducir “la burocracia” y promover beneficios económicos, la Subsecretaría de Ambiente, encabezada por Fernando Brom, firmó la disposición 381/2025 que elimina más de tres décadas de normativas que protegían a las especies autóctonas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial a comienzos de abril, desmonta un entramado legal que había restringido la exportación de animales vivos y la comercialización de productos derivados de la fauna silvestre. En lugar de reforzar los controles, el gobierno opta por abrir la puerta a un mercado que, según especialistas, mueve entre 15 y 20 millones de dólares anuales y que se ubica como el cuarto comercio ilegal más lucrativo del mundo, detrás del narcotráfico, la falsificación y el tráfico de armas.

Un retroceso sin precedentes

Referentes en conservación animal advirtieron que la medida no solo representa un retroceso de más de medio siglo, sino que expone a la fauna nativa a un uso comercial sin precedentes. Alejandra Juárez, directora del Proyecto Carayá, refugio especializado en monos carayá en Córdoba, alertó que la desregulación encubre la explotación sistemática de la fauna autóctona. “No hay ningún beneficio para los animales. Todo se hace en nombre del rédito económico”, denunció.

Juárez destacó que la medida favorece directamente a comerciantes de animales vivos, exportadores de trofeos y dueños de cotos de caza. “Ya hay provincias que permiten la caza de especies como el puma o el guanaco. Esto es simplemente la legalización de un modelo de saqueo”, subrayó.

Asia como destino: el nuevo horizonte del saqueo

Las nuevas disposiciones abren una vía libre hacia mercados extranjeros, particularmente asiáticos, interesados en especies nativas para zoológicos, medicina tradicional o como piezas de colección. Desde huesos y colmillos de yaguareté hasta lobos marinos, la lista de especies codiciadas crece. El yaguareté, símbolo de la biodiversidad del Gran Chaco, está hoy en peligro crítico de extinción, pero eso no parece importar a quienes impulsan estas políticas.

El caso de Uruguay como espejo

Uruguay ya permite desde hace años la captura y exportación de lobos marinos vivos hacia Asia. Allí, se venden ejemplares por sumas que superan los 2.000 dólares, destinados a vivir encerrados en acuarios del otro lado del mundo. Franco Peruggino, del refugio MundoAparte en Rosario, advirtió: “Ahora Argentina sigue ese modelo. Esto no es una política ambiental: es una rendición absoluta ante intereses comerciales”.

Legalizar el tráfico: de contrabando a política de Estado

La eliminación de normativas también facilita el movimiento interprovincial de fauna sin los controles que antes garantizaban que fuera con fines científicos, sanitarios o de conservación. En palabras de Juárez: “Esto no es agilizar procesos; es institucionalizar el saqueo”.

Desde el sector conservacionista, la alarma es clara: lo que antes era delito ahora se convierte en política pública. La fauna autóctona queda a merced del mercado, sin defensa institucional y en un contexto ambiental ya profundamente deteriorado.

La excoordinadora contable Viviana Aguirre, del PAMI y actual diputada provincial suplente por La Libertad Avanza (LLA), denunció públicamente un presunto entramado de corrupción dentro del organismo estatal.

El escándalo en el PAMI sigue en expansión y adquiere nuevas dimensiones con una denuncia explosiva. Viviana Aguirre, excoordinadora contable del organismo y actual diputada provincial suplente por La Libertad Avanza (LLA), denunció públicamente un entramado de corrupción dentro del organismo estatal que comprometería directamente a figuras cercanas al oficialismo.

Según Aguirre, fue obligada a renunciar a su cargo con la promesa de ser designada como directora de la Unidad de Gestión Local VII del PAMI, bajo una condición inaceptable: el pago de un retorno de un millón de pesos. La exigencia, denunció, fue realizada por Juan Esteban Osaba, colaborador estrecho de Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires y figura de máxima confianza de Karina Milei.

“Me hizo renunciar a mi trabajo y un mes después me dijo: ‘Vivi, ya vas a entrar como directora de PAMI, me tenés que dar un millón de pesos de retorno’”, declaró Aguirre en diálogo con Radio 10. También reveló que esta no era una práctica aislada: los retornos eran habituales y representaban “del 5% en adelante según el sueldo”. Además, fue presionada para firmar documentos con contenido ilegal.

Esta denuncia se suma a una serie de graves irregularidades que ya envuelven a la gestión libertaria del PAMI, incluyendo designaciones arbitrarias de militantes y allegados políticos sin formación técnica, en cargos clave. Todo esto pone en tela de juicio la transparencia de un organismo fundamental para millones de jubilados.

Mientras tanto, la actual conducción del PAMI reconoció la existencia de “mafias internas” y anunció una auditoría para investigar prácticas irregulares y desvíos de fondos. Admitieron el uso excesivo de vías de excepción para la entrega de medicamentos e insumos, lo que habría permitido evitar licitaciones y abrir la puerta a posibles hechos de corrupción.

Aguirre, que asegura haber invertido más de $15 millones en la campaña electoral de LLA junto al médico Raúl Simoneto, manifestó su desilusión con el rumbo del gobierno libertario: “En mi caso, creí que Javier Milei iba realmente a cambiar el país. Era la primera vez que me metía en política”.

Las denuncias no solo comprometen a funcionarios del PAMI, sino que profundizan el descrédito sobre el discurso anticorrupción del oficialismo y podrían abrir la puerta a investigaciones judiciales de alto impacto.

“Milei me decía yo nunca me voy a enojar con usted, presidente, pero lo veía a veces que se agarraba de la mesa y temblaba…” conto Macri quien además volvió a cargar contra la hermana del presidente.

En medio de una recorrida de campaña junto a una candidata del PRO, el expresidente Mauricio Macri lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei, al que acusó de no avanzar en materia de transparencia y de protagonizar escándalos crecientes. Además, dejó una reveladora anécdota sobre sus reuniones con el actual mandatario: “A veces se agarraba de la mesa y temblaba”, arrojando dudas sobre el estado emocional y la salud del presidente.

Macri apuntó directamente contra la gestión libertaria al señalar que, pese a llevar un año y medio en el poder, “no han subido ni un lugar en los rankings de transparencia”, “empiecen a barrer por casa”.

También cuestionó la falta de acuerdos entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, responsabilizando a la hermana del presidente: “Fue una decisión de Karina Milei, no hay otra explicación. Tuvimos la generosidad inédita de bancar los trapos durante todo 2024, especialmente en cada crisis que amenazaba con devolvernos a la hiperinflación”.

Frente a las acusaciones del oficialismo sobre supuestos “negocios” del PRO en la Ciudad, Macri defendió su gestión: “Las cosas se hicieron con transparencia y competencia. Nos esforzamos por mejorar la institucionalidad y eso se reflejó en los indicadores”.

Consultado sobre su vínculo con Milei, reveló que no se ven desde agosto de 2024, pero recordó sus últimos encuentros con una frase que generó impacto: “Le dije que no iba si no podía decirle la verdad. Y Milei me respondía: ‘Nunca me voy a enojar con usted, presidente’. Pero yo lo veía… se agarraba de la mesa y temblaba. Aunque se la aguantaba”.

Finalmente, Macri descartó volver a competir por cargos: “No tengo vocación de ser candidato”, afirmó, de cara a las legislativas de octubre.

Los jubilados volverán a cobrar un bono de $70 mil pesos en mayo: el monto está congelado desde hace más de un año.

Mientras las tarifas, los alimentos, el transporte y los alquileres siguen encareciéndose mes a mes, el Gobierno confirmó que en mayo los jubilados volverán a recibir un bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, el monto de este refuerzo no ha sido actualizado desde hace más de un año, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo frente a una inflación acumulada que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.

La medida fue oficializada este lunes a través del Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial. El bono será otorgado por única vez a los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones no contributivas. Pero, pese a que busca “compensar la pérdida del poder adquisitivo”, como señala el propio texto del decreto, el congelamiento del monto hace que quienes perciben los haberes más bajos reciban en mayo un aumento real inferior al que establece la fórmula de movilidad: un 3% en lugar del 3,7% correspondiente por inflación.

El bono se abonará íntegro únicamente a quienes cobren la jubilación mínima. En el caso de quienes perciban haberes superiores, recibirán un monto proporcional hasta alcanzar un total de $261.000. Por ejemplo, si un jubilado cobra $190.000, recibirá un bono de $51.000 para completar el tope definido.

Además, se actualizaron los valores del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. De este modo, sin incluir el bono, la jubilación mínima pasará a ser de $296.481,75, y la máxima ascenderá a $1.995.041,46. Con el bono, quienes cobren el haber mínimo percibirán un total de $366.481,75 en mayo.

También se aplicarán incrementos similares a la PUAM, que llegará a $307.185,40, y a las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez, que alcanzarán $277.537,22, ambos montos incluyendo el refuerzo de $70.000.

Cronograma de pagos

Los pagos se realizarán según la terminación del DNI, sin interrupciones por feriados:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0: viernes 9 de mayo
• DNI terminados en 1: lunes 12 de mayo
• DNI terminados en 2: martes 13 de mayo
• DNI terminados en 3: miércoles 14 de mayo
• DNI terminados en 4: jueves 15 de mayo
• DNI terminados en 5: viernes 16 de mayo
• DNI terminados en 6: lunes 19 de mayo
• DNI terminados en 7: martes 20 de mayo
• DNI terminados en 8: miércoles 21 de mayo
• DNI terminados en 9: jueves 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

• DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de mayo
• DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de mayo
• DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de mayo
• DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de mayo
• DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de mayo

Argentina ha caído 47 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa durante el gobierno de Javier Milei, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ubica al país en el puesto 87 de un total de 180 naciones.

Argentina ha sufrido una caída sin precedentes en el ranking mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), bajando 47 posiciones desde la asunción de Javier Milei como presidente. El país ahora se ubica en el puesto 87 de un total de 180 naciones, marcando una de las caídas más pronunciadas a nivel global, solo superada por Samoa y Kirguistán.

Este desplome refleja un creciente clima de hostilidad hacia el periodismo en Argentina, alimentado por las agresiones verbales del propio presidente y de funcionarios de su gobierno, el desmantelamiento de medios públicos, y el uso de la pauta estatal como herramienta de presión política. RSF advierte que el actual gobierno ha estigmatizado a periodistas y generado condiciones cada vez más adversas para el ejercicio de una prensa libre y crítica.

Ya en su informe anterior, RSF había alertado sobre los efectos preocupantes de la llegada de Milei al poder, con una primera baja del puesto 40 al 66. El nuevo informe confirma un deterioro aún mayor, señalando un contexto marcado por el cierre de medios debido a la crisis económica y una independencia periodística cada vez más amenazada.

A nivel global, RSF advierte sobre un deterioro crítico en la libertad de prensa, con el entorno económico como uno de los factores más determinantes. La directora editorial de la organización, Anne Bocandé, subraya que la precarización de los medios los vuelve vulnerables a intereses políticos o empresariales, afectando directamente la calidad y autonomía de la información.

Argentina no escapa a esta tendencia global, pero el ritmo y la magnitud de su retroceso en tan poco tiempo bajo el gobierno de Milei representan una señal de alarma que no puede ser ignorada. El periodismo libre, esencial para cualquier democracia, enfrenta hoy uno de sus momentos más difíciles en el país.

En al menos cuatro provincias han salido a la luz denuncias que apuntan a una estructura de recaudación ilegal montada dentro del organismo, en la que se exige a los empleados aportar parte de sus sueldos para financiar actividades del espacio libertario.

Las acusaciones describen un mecanismo sistemático: los funcionarios designados en delegaciones del PAMI y la ANSeS habrían sido forzados a entregar entre el 10 % y el 15 % de sus salarios como “diezmo político” para solventar las campañas y gastos de La Libertad Avanza. Aunque las autoridades del partido lo niegan, en varios casos hay presentaciones judiciales y testimonios que describen un patrón repetido de presión y retención salarial.

En Misiones, la situación escaló a nivel judicial. Carlos Adrián Núñez –elegido por Karina Milei, hermana del Presidente, para conducir el partido en esa provincia– fue denunciado penalmente por obligar a empleados del PAMI y ANSeS a entregar parte de sus sueldos. La denuncia, presentada por un referente libertario local, involucra a otros dirigentes del espacio y hasta a dos funcionarias que figuran en la lista de candidatos a diputadas provinciales. La crisis interna derivó en un pedido de renuncia y en tensiones de cara a las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio.

Pero el escándalo no se detiene en el litoral. En La Pampa, la disputa por el control del partido derivó en denuncias por presuntos nombramientos irregulares en el PAMI y el uso de una cuenta bancaria personal, a nombre de un dirigente local, para canalizar los aportes obligatorios de funcionarios. Aunque el acusado reconoció la existencia de la cuenta, negó que los aportes fueran compulsivos. Sin embargo, la revelación de que al menos una docena de militantes libertarios ocupa cargos públicos en delegaciones del PAMI refuerza las sospechas.

En Santa Cruz, la situación se volvió aún más tensa cuando un exdelegado del PAMI en Caleta Olivia denunció haber sido presionado para obligar a una médica a hacer aportes al partido. Aunque reconoció que él mismo aportaba dinero, dijo hacerlo voluntariamente. Poco después fue desplazado de su cargo.

En medio del escándalo, las autoridades del PAMI –organismo que, formalmente, depende del secretario de Salud Mario Lugones, con vínculos estrechos con el entorno presidencial– anunciaron una auditoría interna y prometieron sanciones. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que “no se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, en un mensaje directo hacia Martín y Eduardo “Lule” Menem, operadores clave de Karina Milei y quienes manejan gran parte de las designaciones provinciales.

Las denuncias de “aportes obligatorios” se extienden también a Chaco y otras provincias, dejando al descubierto una posible estructura nacional de financiamiento partidario ilegal amparada en cargos públicos. El vínculo directo entre las autoridades del PAMI y la cúpula de La Libertad Avanza levanta serios interrogantes sobre el uso de los recursos del Estado en beneficio de una fuerza política.

El caso ya está en la mira de la justicia y promete seguir generando ruido político, mientras crece el malestar interno entre militantes y funcionarios que denuncian coerción, clientelismo y corrupción dentro del espacio que prometió “terminar con la casta”.

Tras el rotundo estreno internacional de El Eternauta, la esperada serie basada en la celebre historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, Ricardo Darín alzó la voz contra los reiterados ataques del Gobierno nacional a la cultura y a la industria audiovisual.

Tras el rotundo estreno internacional de El Eternauta, la esperada serie basada en la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, Ricardo Darín alzó la voz contra los reiterados ataques del Gobierno nacional a la cultura y a la industria audiovisual nacional. En una entrevista con C5N, el reconocido actor criticó con firmeza el desfinanciamiento del INCAA y advirtió que “necesariamente se va a tener que modificar” el rumbo de las políticas culturales impulsadas por la gestión de Javier Milei.

“Espero que haya un momento de reflexión más allá de posiciones tomadas, que aparentemente son férreas y asustan”, afirmó Darín, subrayando que el país atraviesa “un momento bisagra” en el que es urgente repensar el lugar que ocupa la cultura en la sociedad.

Con tono contundente, el protagonista de algunos de los mayores éxitos del cine argentino sostuvo: “No podés enterrar la cultura de un país. Aunque no es que no podés, sino que no lo vas a conseguir”.

Sus declaraciones llegan en un contexto crítico para el sector audiovisual: durante la actual gestión del INCAA no se aprobó ni una sola película nacional. Frente a ese panorama, la voz de Darín se suma al creciente reclamo de artistas, productores y trabajadores de la cultura que exigen el fin del desmantelamiento institucional y presupuestario del cine argentino.

Una historia atravesada por la política y la resistencia

El mensaje de Darín cobra aún más fuerza si se tiene en cuenta el legado de El Eternauta y de su autor, Héctor Germán Oesterheld. Escrita a fines de los años 50, la historieta no sólo se convirtió en una obra maestra de la ciencia ficción latinoamericana, sino también en una metáfora poderosa sobre la resistencia colectiva frente a la opresión.

Oesterheld fue desaparecido por la última dictadura militar en 1977. Militante de la organización montoneros y profundamente comprometido con las luchas sociales de su tiempo, fue perseguido por su pensamiento crítico y sus obras. Sus cuatro hijas también fueron secuestradas y asesinadas. La historia de El Eternauta, con su mensaje sobre la importancia de la acción colectiva frente a la barbarie, se convirtió así en símbolo de memoria, lucha y compromiso.

Que esa historia regrese hoy, en formato de serie y con impacto internacional, mientras el gobierno recorta fondos y desmantela instituciones culturales, resignifica aún más las palabras de Darín. El actor no solo defendió el cine argentino: también defendió la memoria, la libertad de expresión y el derecho de un país a contarse a sí mismo.

En un contexto de creciente hostilidad del gobierno de Javier Milei hacia los medios de comunicación, el militante libertario Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”) realizó un pedido alarmante: que el Presidente encarcele periodistas “por decreto”, en clara violación de las garantías constitucionales y los principios democráticos básicos.

La libertad de expresión y de prensa atraviesa un momento crítico en Argentina. En medio de una escalada de tensiones entre el gobierno de Javier Milei y distintos medios de comunicación, sectores de su militancia más radicalizada han comenzado a pedir abiertamente medidas represivas contra periodistas. Uno de los episodios más alarmantes lo protagonizó el influencer libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, quien solicitó que el presidente “meta preso a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín”, en referencia a una medida tomada durante la restauración democrática en 1985.

Este pedido no es un hecho aislado, sino parte de un clima político crecientemente adverso para la prensa . Parisini, una figura influyente dentro del espacio libertario en redes, realizó este planteo con total liviandad, ignorando las implicancias institucionales y constitucionales que conlleva encarcelar periodistas sin juicio previo y por decisión ejecutiva directa. La propuesta constituye un claro atropello al Estado de Derecho y a la división de poderes, pilares fundamentales de cualquier democracia.

Una distorsión peligrosa de la historia

El argumento de Parisini se basa en una tergiversación de los hechos ocurridos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en octubre de 1985 el entonces presidente firmó el decreto 2049 que ordenó la detención de doce personas en el marco de un estado de sitio, por su presunta vinculación con un intento de desestabilización institucional que incluía atentados con bombas. Entre los detenidos había militares, civiles, y también algunos periodistas —como Jorge Vago y Daniel Horacio Rodríguez— pero la medida no estuvo orientada a censurar la prensa, sino a frenar una amenaza golpista real. Es decir, fue una acción de emergencia en un contexto completamente distinto al actual.

Comparar esa situación con la actualidad no solo desinforma, sino que busca justificar el uso del poder ejecutivo para silenciar voces críticas. El pedido del Gordo Dan no se da en un marco de excepción ni de peligro para la seguridad nacional: es una expresión autoritaria cuyo único fundamento es el rechazo a las opiniones que incomodan al oficialismo.

Lejos de tomar distancia de estos planteos, el propio presidente Javier Milei ha sido acusado de intentar ejercer presión directa sobre medios y periodistas. Según reveló el periodista Jon Heguier en El Destape Radio, Milei exigió la expulsión de los periodistas Luis Novaresio y Ángel “Baby” Etchecopar del canal de noticias A24. La situación se volvió especialmente tensa cuando, durante una visita sorpresa del mandatario a los estudios del canal, se solicitó que Novaresio no saliera de una sala para evitar que se cruzara con el presidente. La directiva fue acatada por temor a represalias.

💣Escándalo: Milei pidió echar a Luis Novaresio y a Baby Etchecopar de A24

🗨️La información exclusiva de @JonHeguier en #ElPaseDeElDestape

🔴VIVO: https://t.co/WwU18KlPBk pic.twitter.com/0bvGDm2Aro

— eldestape1070 (@eldestape_radio) May 2, 2025

Etchecopar, por su parte, también fue blanco de la militancia oficialista, con el propio Parisini sugiriendo que el periodista debería ir preso. En un video que se viralizó rápidamente, Etchecopar expresó su indignación: “Después de tantos años de democracia, ¿no se entendió nada? ¿Porque opinamos distinto se busca la cárcel para el periodismo? Es irrisorio”. Además, advirtió que quienes atenten contra la prensa libre están socavando los cimientos de la democracia misma.

Baby Etchecopar nos demuestra lo horrible que es ser gorila.
La pasan mal cuando gobierna el peronismo, donde pueden hacer y decir lo que quieran. La pasan como el orto cuando gobiernan los enfermos que promocionan y militan porque los quieren desaparecer. pic.twitter.com/ObmxxEViva

— M (@MConurbasic) May 2, 2025

Preocupa la deriva autoritaria del gobierno

La petición de Parisini y las presuntas maniobras del gobierno para callar a periodistas críticos marcan un punto de inflexión. No se trata simplemente de un debate político acalorado: se está cruzando una línea peligrosa que pone en riesgo libertades esenciales consagradas en la Constitución Nacional.

El encarcelamiento de periodistas sin causa judicial válida sería un acto inconstitucional, violatorio de tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina, y atentaría contra el principio de libertad de prensa, esencial para el control del poder en sociedades democráticas.

El hecho de que estos pedidos surjan de referentes visibles del espacio libertario, y que desde el oficialismo no se haya desautorizado ni condenado firmemente tales expresiones, constituye un grave antecedente que debe encender alarmas en todo el arco político, en organismos de derechos humanos y en la ciudadanía en general.

Argentina ha vivido las consecuencias del autoritarismo. No puede permitirse, a 40 años del retorno de la democracia, que desde el poder o su militancia se promueva la persecución y el silenciamiento de la prensa. La libertad de expresión no es negociable ni puede quedar sujeta a la simpatía del gobierno de turno.