La diputada libertaria Juliana Santillán volvió a protagonizar un episodio bochornoso que, más allá de lo patético, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia y cultura argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

La diputada libertaria Juliana Santillán “experta en economía austriaca”, volvió a protagonizar un bochornoso error público que, más allá del blooper, expone su bajo nivel de formación y escaso conocimiento de la historia argentina. Esta vez, en su intento por criticar a Cristina Kirchner, terminó asegurando que a Mariano Moreno lo “fusilaron”.

El episodio ocurrió este lunes, luego de que la expresidenta participara de un acto por el Día de la Resistencia Peronista. Allí, Cristina se definió como una “fusilada que vive”, retomando la frase que inmortalizó Rodolfo Walsh en Operación Masacre, en alusión a los fusilamientos de militantes peronistas por parte de la dictadura de 1956. Pero Santillán, en lugar de comprender la referencia histórica, publicó en su cuenta de X:

“Va a ir presa y se compara con el Fusilamiento a Moreno. Desquiciada.”

La insólita frase desató una ola de críticas y burlas, no solo por su contenido ofensivo, sino por el grosero error que encierra: Mariano Moreno, uno de los próceres fundadores de la patria, no fue fusilado. Falleció en altamar en 1811, en circunstancias aún debatidas por los historiadores, pero muy lejos del tipo de ejecución al que aludía la diputada.

Este nuevo traspié se suma a una lista que ya incluye errores ortográficos como “cluacas”, “tubimos” y “atraza”, y desaciertos conceptuales como confundir el costo de la canasta básica individual con el de una familia entera. Pese a todo, Santillán mantiene una presencia activa en redes y en medios, donde actúa como una de las voces más combativas de La Libertad Avanza, aunque su discurso suele ir de la mano de la desinformación.

Lejos de corregir su publicación —algo que podría hacer fácilmente, dado que paga por su cuenta verificada en X—, la diputada dejó el tuit tal como estaba, apostando una vez más a la lógica de “que hablen, aunque sea mal”. En definitiva, su estrategia parece no ser la de informar ni argumentar, sino la de generar escándalo para amplificar su mensaje, aún a costa de revelar una preocupante ignorancia.

Así, Santillán encarna un fenómeno político cada vez más frecuente: el del dirigente que no solo se equivoca, sino que convierte su desconocimiento en bandera, logrando desplazar la discusión de los temas de fondo —como el ajuste, el endeudamiento o la represión— hacia el terreno de lo absurdo.

Este fin de semana, la multinacional Kimberly-Clark despidió sorpresivamente a 220 trabajadores tras anunciar el cierre definitivo de su planta en Pilar, mientras que la histórica empresa alimenticia Georgalos enfrenta un conflicto gremial por despidos y recortes, lo que agita aún más el escenario laboral.

El caso de Kimberly-Clark generó una fuerte conmoción. La empresa de capitales estadounidenses —propietaria de marcas como Huggies, Kleenex y Scott— comunicó el cierre inmediato de su planta en el Parque Industrial de Pilar, donde se producían toallitas húmedas y protectores diarios. Los 220 despidos llegaron sin previo aviso, luego de que la empresa informara falsamente a los operarios que se trataba de una simple parada técnica por mantenimiento.

Según denunciaron desde el Sindicato de Papeleros, el sábado comenzaron a llegar los telegramas, mientras que el domingo a la madrugada los trabajadores se enteraron oficialmente del cierre, durante una asamblea organizada para discutir medidas de acción. El sindicato no descarta movilizaciones esta semana y advirtió que “las multinacionales, cuando toman decisiones, son difíciles de revertir”. La empresa justificó la medida como parte de una reestructuración que centralizará toda su producción nacional en la planta de San Luis, donde proyecta invertir 15 millones de dólares en los próximos 18 meses.

Georgalos: despidos y ajuste en el corazón de la industria alimenticia

A la par, la compañía Georgalos —dueña de marcas como Mantecol y Toddy— despidió a cinco trabajadores en su planta de San Fernando y suspendió el bono por productividad, lo que provocó la intervención del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) y una paralización de actividades.

Desde el gremio denuncian que los despidos fueron represalias por reclamos laborales y que existe una marcada desigualdad en el pago de bonos entre distintas plantas. El STIA ya presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y advirtió que, de no haber avances, el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

La tensión en Georgalos se produce en medio de una búsqueda de inversores por parte de la compañía, que espera recaudar hasta 100 millones de dólares para financiar su expansión en América Latina. Sin embargo, el conflicto gremial en su planta local pone en duda la viabilidad de estos planes en el corto plazo.

Un síntoma de una crisis más amplia

Estos casos no son aislados. En lo que va del año, empresas como Molinos Río de la Plata, SanCor, Tía Maruca y Verónica también han protagonizado conflictos laborales, marcando una preocupante tendencia de ajuste en el sector industrial.

La creciente ola de despidos, suspensiones y recortes en beneficios laborales en grandes compañías refleja un contexto económico adverso, donde la caída del consumo interno, el encarecimiento del crédito y la incertidumbre macroeconómica están comenzando a impactar directamente en el empleo. Sindicatos de diversos rubros advierten que el panorama podría agravarse si no se implementan políticas urgentes de protección al trabajo y reactivación productiva.

Mientras el Gobierno lanza medidas para seducir los billetes en negro, los ahorristas los esconden cada vez más.

Mientras el Gobierno lanza medidas cada vez más urgentes para tentar a los dólares fuera del sistema —los famosos “canutos”—, los ahorristas parecen responder con una señal clara: desconfianza total. Lejos de ingresar sus billetes al circuito formal, muchos optan por retirarlos y reforzar el colchón como refugio.

Desde que se puso en marcha el programa de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el pasado 22 de mayo, los depósitos en dólares retrocedieron en US$ 429 millones, según Profit Consultores. En vez de atraer los fondos escondidos, el efecto fue el contrario: más fuga.

Esto ocurre incluso después de que, en abril, un millón de personas compraron US$ 2.000 millones vía homebanking tras la salida del cepo. Pero una porción significativa de esos dólares no ingresó al sistema financiero: volvió directamente al resguardo personal.

Según Econviews, durante el período 2016-2019, la demanda de dólares para atesoramiento rondaba los US$ 1.806 millones mensuales, con la diferencia de que entonces también las empresas podían acceder al mercado. Hoy, ese flujo busca salidas alternativas: se aceleró el gasto en turismo y continúa la fuga por Inversión Extranjera Directa, según advierte la consultora 1816.

Economistas como Lucas Llach y Camilo Tiscornia anticipan que el impacto de los nuevos incentivos será limitado: no se espera un regreso masivo de billetes al sistema. Para ellos, el problema es estructural.

Carlos Melconian lo resumió con crudeza: “El canuto no se mancha. ¿Por qué? Porque el canuto es el canuto. ¿Para qué tiene canuto la gente en Argentina? Por las dudas”.

En síntesis: mientras el Gobierno ofrece herramientas para formalizar los dólares escondidos, los ahorristas duplican la apuesta y profundizan su desconfianza. El colchón, lejos de ceder, sigue ganando.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

La causa contra Facundo Daniel Aguilar Fajardo, el joven oficial de la Policía Federal que disparó y mató a Thiago Correa, un niño de apenas 7 años durante un presunto intento de robo, dio un giro clave este fin de semana. El fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios, recaratuló el expediente como homicidio con dolo eventual, una figura mucho más severa que podría derivar en una condena de hasta 25 años de prisión.

La decisión judicial se basó en nuevos elementos que desestiman la versión inicial de legítima defensa. Según la investigación, Fajardo disparó al menos once veces en tan solo nueve segundos, desde una posición fija y en plena vía pública, sin que mediara una persecución directa. Los disparos provocaron la muerte de Brandon Corpus (18 años) e hirieron gravemente a otros dos jóvenes, uno de los cuales permanece internado en estado crítico.

En su declaración, el oficial alegó que actuó para proteger a su madre, quien habría sido amenazada por los supuestos agresores. Sin embargo, la Justicia determinó que hubo un claro exceso en el uso de la fuerza, descartando la eximición de responsabilidad penal que hubiera implicado la legítima defensa.

Mientras la causa judicial se agrava y genera una fuerte preocupación en organismos de derechos humanos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respalda sin matices el accionar del policía, alineada con una política de mano dura que prioriza la acción represiva por encima del cuidado de vidas inocentes.

El caso reabre el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado y la peligrosidad de avalar operativos armados en espacios públicos. La combinación de un accionar desproporcionado y un respaldo político explícito vuelve a poner en cuestión el rumbo de las fuerzas de seguridad bajo la actual gestión.

Fajardo continúa detenido mientras se profundiza la investigación. Los próximos días serán clave para determinar si el caso se encamina a un juicio con una condena ejemplar o si el respaldo institucional logra atenuar las responsabilidades del acusado.

Mientras miles de familias enfrentan crecientes dificultades para acceder a una vivienda digna, el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento del Estado como garante de derechos básicos generando oportunidades de negocio para los privados sin un claro criterio de prioridades sociales.

Esta vez, la medida recayó sobre el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), un fondo fiduciario público que desde 2012 había facilitado el acceso a la vivienda para sectores de clase media y trabajadora.

Con la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se oficializó la disolución del Pro.Cre.Ar, cumpliendo lo establecido por el Decreto 1018/2024 del pasado noviembre. A partir de ahora, la gestión de los créditos será transferida al Banco Hipotecario S.A., una entidad privada, desplazando al Estado de su rol central en la política habitacional.

El Gobierno justifica la medida señalando que el programa representaba una “pesada carga” fiscal y argumentando, sin evidencia concluyente, que su ejecución era deficiente. La auditoría citada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) señala demoras, fallas en la habitabilidad y problemas administrativos, elementos que el oficialismo utiliza como pretexto para abandonar su responsabilidad y delegarla al mercado.

Con esta decisión, Milei profundiza el vaciamiento del Estado y transforma un derecho esencial en una oportunidad de negocio para el sector privado mas preocupado en el lucro y la rentabilidad que en impulsar medidas que satisfagan al conjunto de la sociedad. En lugar de mejorar y auditar el programa para garantizar su transparencia y efectividad, el Gobierno opta por facilitar el acceso de empresarios vinculados al poder a un área estratégica, sin establecer criterios claros de equidad social ni prioridades en la asignación de recursos.

Además de la transferencia de la administración de los créditos, el Ministerio de Economía se reserva el manejo de bienes inmuebles y podrá acordar su venta o cesión a otros organismos, lo que abre la puerta a operaciones inmobiliarias que podrían beneficiar a actores privados más interesados en el lucro que en la función social de la vivienda.

En paralelo, el Ejecutivo justifica esta reestructuración apelando a la Ley N° 27.742, que le otorga facultades para modificar, unificar o liquidar fondos fiduciarios públicos en el marco de la emergencia económica. Sin embargo, lo que se presenta como un ajuste técnico es, en el fondo, una decisión ideológica: desmantelar toda política pública que implique presencia estatal, sin importar las consecuencias sociales.

En un contexto donde la construcción de viviendas por parte del Estado está paralizada y la inflación golpea con fuerza a los sectores populares, eliminar el Pro.Cre.Ar no es solo una medida administrativa: es un retroceso en materia de derechos y una nueva concesión al capital privado, sin garantías de que las necesidades habitacionales de la población sean atendidas.

Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 2,9% interanual en mayo, marcando un punto de inflexión tras varios meses consecutivos de crecimiento. Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advierte sobre señales de agotamiento en el consumo y un enfriamiento en la actividad comercial.

El retroceso interanual se suma a una baja del 0,7% respecto de abril, lo que representa el segundo mes consecutivo de caída en la comparación mensual desestacionalizada. Estos datos contrastan con el fuerte repunte registrado a comienzos de año, cuando el sector minorista exhibía subas interanuales de 25,5% en enero y 24% en febrero, que luego se fueron moderando: 10,5% en marzo y 3,7% en abril.

EN MAYO, LAS VENTAS MINORISTAS DESCENDIERON UN 2,9% INTERANUAL

📈 En la comparación mensual desestacionalizada, se observó un descenso del 0,7% respecto a abril. Con estos valores, el acumulado de 2025 muestra una suba del 11%, en comparación con el mismo período de 2024.

De… pic.twitter.com/OXCNvGV9G5

— CAME (@redcame) June 8, 2025

Desde CAME señalaron que el comercio atraviesa un contexto complejo, con una retracción progresiva impulsada por “una menor disponibilidad de recursos, ajustes de precios y mayores exigencias operativas”. La entidad advirtió que en mayo se observó “una tendencia hacia compras más medidas, una circulación reducida en los centros comerciales y una competencia creciente de canales online e informales”.

En ese marco, varios rubros clave presentan caídas de consumo:

• Alimentos y bebidas: -7,6% interanual.
• Textil e indumentaria: -1,6%.
• Ferretería y construcción: -2,6%.
• Bazar y decoración: sin variación, pero con una baja mensual del 3,8%.

A pesar de ciertos repuntes en sectores puntuales como Farmacia (+1,5%) o Perfumería (+5,2%), el sector comercial en su conjunto muestra señales de alerta: márgenes estrechos, dificultades para sostener la rentabilidad y una fuerte incertidumbre.

Frente a este panorama, desde la gremial empresaria reclamaron “medidas que impulsen la demanda” y mayor previsibilidad para revertir la tendencia. Muchos comercios recurren a liquidaciones anticipadas o reducen sus inversiones como mecanismo de supervivencia.

En cuanto a las expectativas, el 49,2% de los comerciantes encuestados cree que su situación económica mejorará dentro de un año, aunque el 55,9% considera que no es un buen momento para invertir.

La nueva caída del consumo pone en entredicho la narrativa oficial sobre una recuperación sostenida, y refleja que la reactivación económica aún no se traduce en mejoras tangibles para el mercado interno.

Los gobernadores provinciales levantaron su voz en un unánime rechazo al intento del Gobierno Nacional de desmantelar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), una institución clave para el desarrollo productivo, tecnológico y científico del país.

La embestida contra el organismo, impulsada sin diálogo y sobre la base de argumentos sin sustento técnico, ha provocado una fuerte reacción en defensa del federalismo y del sistema agroproductivo nacional.

Llaryora: “Desde el Obelisco, y sin diálogo, es imposible comprender la realidad del campo”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, fue uno de los más enfáticos al cuestionar la reforma impulsada desde la Casa Rosada. A través de sus redes sociales, advirtió que el Gobierno “ensucia para vaciar” al INTA, y señaló que pretender suprimir el modelo de gobernanza plural —basado en la participación de universidades y entidades rurales— para concentrar todo el poder en el Ejecutivo nacional, constituye un retroceso peligroso.

“Quienes toman decisiones deberían venir al interior, recorrer nuestros campos y escuchar a los productores. Desde el Obelisco y sin diálogo, es imposible comprender la realidad de nuestra gente de campo”, sentenció. Llaryora recordó que el INTA es en muchos casos el único sostén tecnológico de las economías regionales, y que desmantelarlo implicaría “cerrar otra puerta al progreso y la innovación”.

Kicillof: “Es un crimen que quieran cerrar el INTA”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó directamente como “un crimen” el intento del gobierno nacional de cerrar el INTA. “No se puede explicar, no se entiende”, declaró durante un acto en General Villegas, donde recibió una nota de preocupación por parte de los trabajadores del organismo.

Acompañado por su ministro de Desarrollo Agrario, Kicillof denunció un verdadero “cientificidio” y acusó al Gobierno de llevar adelante “un plan de liquidación”. “No van a entender nunca que están destruyendo cosas que después no tienen arreglo. El INTA es conocimiento, vínculo con el territorio y aporte constante al desarrollo humano y productivo”, afirmó. Subrayó también la contradicción del oficialismo: “Quieren volver al modelo agroexportador, pero sin agro”.

Pullaro: “El INTA es sinónimo de federalismo, ciencia y tecnología”

También el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó su respaldo al INTA durante la inauguración de Agroactiva. Frente al jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, sostuvo: “El INTA es federalismo, el INTA es ciencia, el INTA es tecnología. Es un organismo que tenemos que cuidar y pedimos que así lo haga el Gobierno nacional”.

Pullaro remarcó el rol estratégico del instituto en el desarrollo agroindustrial y la generación de conocimiento aplicado en todo el país, especialmente en las provincias productivas.

En una decisión que generó un amplio rechazo entre los usuarios, el Gobierno Nacional, a través de la empresa Trenes Argentinos, aplicó desde esta semana un fuerte recorte en los servicios del tren Roca, el ramal ferroviario con mayor cantidad de pasajeros diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En una decisión que generó un amplio rechazo entre los usuarios, el Gobierno Nacional, a través de la empresa Trenes Argentinos, aplicó desde esta semana un fuerte recorte en los servicios del tren Roca, el ramal ferroviario con mayor cantidad de pasajeros diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida impacta directamente en los más de 600.000 usuarios que utilizan esta línea cada día para trasladarse entre el sur del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La reducción de frecuencias afecta a todos los ramales del servicio, tanto eléctricos como diésel. Los cambios más severos se registran los domingos: el ramal Bosques vía Temperley pasa de 52 a 38 trenes por sentido, mientras que en el Bosques vía Quilmes la cantidad baja de 47 a 36. El ramal Alejandro Korn también sufre recortes, con la eliminación de varios servicios directos, y los pocos que se mantienen ahora deberán detenerse en más estaciones intermedias.

Los servicios diésel presentan el mayor ajuste. El ramal Temperley-Haedo pasa de nueve a apenas cinco trenes por día y por sentido. El ramal Cañuelas-Monte reduce su frecuencia de cuatro a dos trenes, y el tramo Alejandro Korn-Chascomús cae de seis a cuatro servicios diarios.

Desde la implementación de los recortes, se multiplicaron las quejas de los pasajeros, quienes denuncian mayores demoras, trenes más abarrotados y dificultades para llegar a sus destinos. “Es un desastre. Cada vez viajamos peor. Está claro que buscan deteriorar el servicio para justificar una futura privatización, como en los años ’90”, lamentó Cristian Venturini, usuario habitual y vecino de Temperley.

El tren Roca, administrado por Trenes Argentinos, es el más utilizado del país. Sus múltiples ramales —que conectan Plaza Constitución con La Plata, Ezeiza, Alejandro Korn, Bosques, Cañuelas, Chascomús y Haedo— lo convierten en un servicio esencial para trabajadores, estudiantes y vecinos del conurbano sur. Esta medida representa un retroceso en el acceso al transporte público y evidencia una política de ajuste con fuerte impacto social.

Para consultar los nuevos horarios o verificar qué servicios fueron eliminados, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial, utilizar la aplicación de Trenes Argentinos o acercarse a las boleterías.

Patricia Bullrich, avanza con un proyecto polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich, avanza con un proyecto altamente polémico que busca transformar radicalmente la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA), otorgándole facultades propias de una agencia de inteligencia como el FBI, pero sin los controles democráticos ni judiciales que rigen en los sistemas republicanos.

El documento, de circulación restringida y revelado por el portal Ámbito, expone la intención del gobierno nacional de modificar la Ley Orgánica de la Policía Federal (21.965) para habilitarla a actuar sin intervención judicial, incluyendo el patrullaje de redes sociales, la recopilación de datos personales y detenciones sin orden de juez, en clara violación del Estado de Derecho y los principios constitucionales de privacidad, debido proceso y libertad de expresión.

Uno de los puntos más alarmantes del borrador es la propuesta de que la Policía Federal pueda realizar “tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales” —como redes sociales y sitios web— sin necesidad de autorización judicial, lo que abre la puerta a la vigilancia masiva, la persecución ideológica y la criminalización de la disidencia. Aunque se menciona que estas tareas deben “respetar” la privacidad y los datos personales, en la práctica se habilita un monitoreo arbitrario y sin garantías.

Además, el proyecto permitiría detenciones preventivas sin orden judicial si los agentes consideran que una persona “pudiere cometer un delito” y no acredita debidamente su identidad. Esta ambigüedad normativa pone en riesgo la libertad ambulatoria y facilita abusos policiales al dejar a criterio subjetivo de los efectivos la posibilidad de privar de libertad a cualquier ciudadano.

El plan incluye también la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) con estructuras de inteligencia propias, como las nuevas Agencias Federales de Investigación (AFDI), lo que indica un claro intento de concentrar el poder de investigación criminal en una fuerza que responderá directamente al Ministerio de Seguridad, por encima de jueces, fiscales y otros controles del sistema democrático.

Dentro de las propias fuerzas federales hay malestar y preocupación. Integrantes de Gendarmería y Prefectura calificaron el proyecto como “excesivo” y advirtieron sobre el impacto institucional que tendría una Policía Federal con “facultades extraordinarias” que la coloquen por encima del resto de las fuerzas.

En definitiva, esta reforma impulsada por Patricia Bullrich representa un salto hacia un modelo de Estado policial autoritario similar a otras dictaduras, que no sólo erosiona el equilibrio entre seguridad y libertad, sino que desconoce flagrantemente las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía frente al poder estatal. Bajo el pretexto de combatir el delito complejo y el crimen organizado, se esconde un intento por legitimar la vigilancia digital sin control y reinstalar prácticas propias del espionaje interno.

El Congreso, la Justicia y la sociedad civil deben estar alerta ante este intento de reformar el rol de la Policía Federal por decreto o resolución ministerial, sin debate público ni control democrático. La seguridad no puede convertirse en excusa para avanzar sobre los derechos fundamentales.

El intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el PJ en Corrientes, Martín Ascúa lanzó una advertencia al presidente Javier Milei y expresó su respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner durante el acto que compartieron en esa ciudad.

En un encendido discurso, el candidato a gobernador por el Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Corrientes lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por lo que calificó como una “brutal política de ajuste” que está asfixiando a las provincias y golpeando a los sectores más vulnerables.

Con tono desafiante y visiblemente indignado, el referente justicialista no se guardó nada:
“Si seguís atacando al pueblo correntino, te vamos a meter la motosierra en el culo”, lanzó ante una multitud que lo aplaudía. La frase, cargada de indignación, hace alusión directa al símbolo más representativo del discurso libertario de Milei, pero con un giro provocador y confrontativo.

El candidato también acusó al gobierno nacional de “abandonar a Corrientes a su suerte” y denunció la paralización de obras públicas, el recorte de subsidios y la falta de respuestas ante la crisis sanitaria y económica que atraviesa la provincia.

“Corrientes no es tierra de cobardes ni de sumisos. Vamos a defender a nuestra gente con uñas y dientes, y no vamos a permitir que desde Buenos Aires nos sigan ajustando sin medir consecuencias”, aseguró.

Las declaraciones generaron revuelo en el ámbito político y fueron rápidamente replicadas en redes sociales, donde se multiplicaron las reacciones tanto de apoyo como de repudio.

Con un clima electoral cada vez más tenso, este cruce directo con la Casa Rosada marca un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno nacional y los gobernadores del interior, especialmente aquellos que denuncian haber sido relegados por el ajuste libertario.