Miguel Boggiano, economista de confianza del presidente Javier Milei, encendió las alarmas al reconocer que el Gobierno no puede asegurar que los fondos obtenidos de un nuevo préstamo con el FMI no terminen fugándose del país. “No hay ninguna garantía de que la plata no se fugue”, admitió.
Miguel Boggiano, economista de confianza del presidente Javier Milei, encendió las alarmas al reconocer que el Gobierno no puede asegurar que los fondos obtenidos de un nuevo préstamo con el FMI no terminen fugándose del país. “No hay ninguna garantía de que la plata no se fugue”, admitió sin rodeos en una entrevista radial, dejando al descubierto una de las principales preocupaciones sobre la estrategia financiera de la administración libertaria.
El intento de Boggiano por justificar la toma de deuda terminó volviéndose en su contra cuando explicó que el Tesoro planea utilizar los fondos para cancelar pasivos con el Banco Central. En otras palabras, el endeudamiento no reduciría la carga total, sino que simplemente reemplazaría a un acreedor por otro, en este caso, el Fondo Monetario Internacional.
-Qué garantía hay de que Caputo no se fugue la plata del FMI otra vez? -Garantía ninguna, diría yo, pero eso no quiere decir que no lo consideremos conveniente
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 7, 2025
Más allá del tecnicismo, el reconocimiento del asesor económico recuerda peligrosamente el esquema de la era macrista, cuando la gestión de Mauricio Macri y su ministro de Finanzas, Luis “Toto” Caputo, tomaron un crédito récord con el FMI que, en gran parte, terminó en fuga de capitales y especulación financiera tal como lo reconociera el propio Milei en campaña antes cuando señalaba a Luis Caputo como responsable del desfalco financiero:
La contradicción en el discurso de Milei también queda en evidencia. Durante su campaña, el ahora presidente calificó como “inmoral” el endeudamiento con el FMI y llegó a advertir que si el organismo seguía prestando dinero para contener el dólar, los argentinos deberían “revisar los compromisos” con el Fondo. Sin embargo, apenas un año y medio después, el propio Milei impulsa un decreto para evitar el debate parlamentario y avanzar con el nuevo préstamo, justificándolo como una herramienta para “mantener la desinflación” y “fortalecer el balance del Banco Central”.
En la práctica, esto implicaría el mismo mecanismo ya conocido: tomar deuda externa para sostener artificialmente el tipo de cambio en plena etapa electoral, mientras se deja abierta la puerta a la fuga de divisas, sin garantías ni controles efectivos.
El reconocimiento de Boggiano reaviva los temores de que la historia reciente se repita. ¿Está el Gobierno encaminado a reeditar el fracaso del endeudamiento macrista? La advertencia ya está sobre la mesa.
Según las cifras oficiales, la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de delitos con 2.267 robos cada 100.000 habitantes, muy por encima de la provincia de Buenos Aires, que con 706 robos cada 100.000 habitantes se encuentra en el puesto número 13 a nivel nacional.
A pesar de la insistente campaña del gobierno nacional y ciertos medios de comunicación que buscan instalar a la provincia de Buenos Aires como el epicentro de la inseguridad en el país, los datos oficiales del propio Ministerio de Seguridad de la Naciónmuestran una realidad muy distinta: la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor cantidad de robos a nivel nacional.
Según las cifras oficiales, la Ciudad de Buenos Aires lidera el ranking de delitos con 2.267 robos cada 100.000 habitantes, muy por encima de la provincia de Buenos Aires, que con 706 robos cada 100.000 habitantes se encuentra en el puesto número 13 a nivel nacional. Córdoba (1.787) y Mendoza (1.564) también presentan índices delictivos mucho más altos que la provincia gobernada por Axel Kicillof.
Sin embargo, en pleno año electoral, Javier Milei y su gobierno han elegido la seguridad como campo de batalla para confrontar con Kicillof, instalando un discurso que choca de lleno con la realidad que muestran las estadísticas. Si bien existen zonas con mayor conflictividad en el conurbano, los números reflejan que el problema de la inseguridad no es exclusivo de la provincia de Buenos Aires y que, de hecho, la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con la mayor cantidad de robos del país.
Un discurso alejado de los hechos
Mientras el gobierno de Milei y la administración de la Ciudad de Buenos Aires insisten en responsabilizar a la provincia por la crisis de seguridad, la tasa promedio de robos a nivel nacional se ubicó en 1.000 delitos cada 100.000 habitantes durante el último año, y la provincia de Buenos Aires está por debajo de ese promedio.
La brecha entre el relato oficial y los datos concretos deja en evidencia una estrategia política más que un análisis real del problema. En lugar de abordar la seguridad con soluciones interdisciplinarias, se apela a la manipulación del discurso público para atacar a la oposición.
Las cifras oficiales son claras, pero la pregunta sigue abierta:¿Por qué el gobierno insiste en ocultarlas?
Este viernes por la mañana, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) registró más de 12.700 usuarios sin luz en el área de Edesur, concentrados en la zona sur del conurbano bonaerense. En la Ciudad de Buenos Aires persisten los cortes en numerosos barrios.
El hartazgo de los vecinos por los cortes de luz se hizo sentir con cacerolazos y cortes de calle en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En plena ola de calor, con sensaciones térmicas de hasta 47°C, miles de usuarios llevan días sin suministro eléctrico mientras las empresas proveedoras se desentienden del problema y el gobierno nacional mira para otro lado.
Durante la noche del jueves, los vecinos de Balvanera, Boedo y otras zonas de la ciudad salieron a protestar. En Once, un grupo de afectados bloqueó la avenida Corrientes a la altura de Junín. En San Juan y 33 Orientales, la oscuridad se extendía mientras los reclamos se multiplicaban. Algunos vecinos denunciaron que llevabancinco días sin electricidad, soportando temperaturas extremas sin ventiladores, heladeras ni agua.
Este viernes por la mañana, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) registrómás de 12.700 usuarios sin luz en el área de Edesur, concentrados en la zona sur del conurbano bonaerense, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los cortes persistían en Balvanera, Retiro, Monserrat, San Nicolás y Villa Soldati. Sin embargo, los números oficiales se quedan cortos frente a la realidad: en la última semana, los barrios más afectados incluyeron Caballito, Flores, Almagro, Parque Patricios, Constitución, La Boca, Villa Crespo y Recoleta, además de numerosas localidades del Gran Buenos Aires, donde miles de familias pasaron la noche a oscuras.
-Tengo a mi esposo de 80 años que SE ESTÁ MURIENDO y NO TENEMOS LUZ +Uy pobre mandale un saludo
Vecinos y comerciantes, rehenes de un servicio deficiente
El enojo de la gente quedó reflejado en las calles. “Nos tienen de rehenes, pagamos tarifas cada vez más altas y el servicio es cada vez peor”, denunció un comerciante de Almagro, que perdió toda su mercadería por la falta de refrigeración. Otros vecinos, desesperados por el calor, durmieron en las veredas buscando un poco de aire fresco.
“En todo Perón estamos sin luz, tengo a mi esposo de 80 años y no lo puedo ni higienizar”, contó una vecina afectada en Once. Los reclamos se repiten en cada esquina, pero las respuestas no llegan.
Tarifazos y empresas impunes: el gobierno cómplice se desentiende
Mientras miles de personas siguen sin luz, el gobierno nacional acaba de oficializar un nuevo aumento en las tarifas de electricidad en el AMBA, en un contexto en el que el servicio es cada vez más ineficiente. La indignación crece entre los usuarios, que ven cómo las empresas aumentan sus ganancias sin hacerse cargo de las deficiencias en el suministro.
El ENRE anunció sanciones por más de $65.000 millones a las distribuidoras por los cortes y la falta de respuesta, pero el 87% de esas multas recayó sobre Edesur, una empresa que acumula denuncias por fallas reiteradas sin que las penalizaciones tengan un impacto real en la calidad del servicio.
Desde las compañías de suministro eléctrico,el silencio es total. Ningún vocero salió a dar explicaciones concretas sobre la crisis, mientras los vecinos siguen esperando una solución. Y el gobierno de Javier Milei, que no dudó en habilitar los tarifazos,mira para el costado sin tomar medidas reales para garantizar que las empresas cumplan con su responsabilidad.
El apagón del martes dejó a un millón de personas sin luz. Los cortes de esta semana confirman lo que los vecinos ya saben: el verano en Buenos Aires no solo trae calor extremo, sino también oscuridad, bronca e impotencia.
Y la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿alguien se hará cargo?
El Gobierno de Milei quiere instalar un “botón” de censura, para silenciar a los periodistas que hagan preguntas incomodas en las conferencias de prensa de la Casa Rosada.
El gobierno de Javier Milei avanza con una nueva medida que limitará aún más la libertad de prensa en Argentina. Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un paquete de regulaciones para las conferencias de prensa en la Casa Rosada que otorgan al Ejecutivo un control sin precedentes sobre los periodistas acreditados.
Entre las medidas más polémicas se encuentra un “botón muteador”, que con la excusa de un mayor ordenamiento de las conferencias permitirá silenciar a los periodistas que el gobierno considere inconvenientes o bien a aquellos que realicen preguntas incomodas para el vocero presidencial. Además, se implementará un sistema de selección de asistentes a las conferencias basado en un esquema de votación, lo que Adorni describió como un “Gran Hermano periodístico”, dejando en manos de criterios poco transparentes la posibilidad de acceso de la prensa.
La normativa también impondrá un código de vestimenta obligatorio—traje y corbata para los hombres—y exigirá que los acreditados tengan contrato fijo con sus empleadores, una medida que excluiría a muchos trabajadores independientes y a la prensa alternativa.
Manuel Adorni (vocero presidencial) confirma que quiere poner un botón para silenciar periodistas que quieran repreguntar. Imagino que la TOTALIDAD del periodismo va a salir a REPUDIAR públicamente este intento de CENSURA que atenta contra LA LIBERTAD. pic.twitter.com/IzuRClCAT0
Estas restricciones refuerzan una relación cada vez más hostil entre Milei y los medios. El presidente ha atacado reiteradamente a periodistas críticos, calificándolos de “mentirosos”, “corruptos” o “ensobrados”, y utiliza sus redes sociales para desacreditarlos públicamente. Su última embestida fue contra el analista Carlos Pagni, quien cuestionó la estabilidad del peso argentino.
Esta no es la primera vez que el gobierno intenta controlar el ejercicio periodístico. En el pasado, Adorni había anunciado que solo los periodistas de “medios altamente reconocidos” tendrían acceso a la Casa Rosada, y el oficialismo incluso intentó reactivar una ley de 1944 que imponía la matriculación obligatoria de periodistas, una medida que fue abortada tras el rechazo del gremio. Además, Milei amplió recientemente las excepciones que permiten al Estado negar información pública a la prensa.
Los indicios de censura ya se han visto en otros eventos oficiales. Durante la apertura de sesiones del Congreso el 1 de marzo, los periodistas fueron relegados a espacios con visibilidad y acceso limitados, y la televisión pública ocultó imágenes incómodas para el gobierno, como el boicot opositor y las tensiones internas en la administración.
Las nuevas restricciones en la Casa Rosada consolidan un escenario en el que la prensa enfrentará un mayor control gubernamental. Mientras el presidente insiste en que “juega de visitante” en los medios tradicionales, su administración avanza en la consolidación de un entorno hostil para el periodismo independiente.
En un operativo desproporcionado, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich le propinaron una verdadera paliza a los jubilados que se movilizaron como todos los miércoles frente al Congreso de la Nación para pedir un aumento en sus haberes y la restitución de la cobertura de medicamentos.
Una vez más, las fuerzas federales que responden a Patricia Bullrich desataron una represión violenta contra un reducido grupo de jubilados y manifestantes que, como cada miércoles, se congregaron frente al Congreso de la Nación para exigir un aumento en sus haberes y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, entre otros derechos vulnerados.
El despliegue policial, completamente desproporcionado, incluyó a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que avanzaron contra los manifestantes con gases lacrimógenos, golpes y empujones. Los jubilados, acompañados por organizaciones sociales, clubes barriales como Chacarita y trabajadores despedidos de la imprenta Morvillo, fueron atacados sin mediar provocación.
Las fuerzas federales volvieron a desplegar un operativo desproporcionado ante un diminuto grupo de manifestantes que reclamaba de manera pacifica.
Los efectivos motorizados de la Policía cercaron a los manifestantes en la avenida Rivadavia y utilizaron la fuerza para dispersarlos. Según denunció la Comisión Provincial por la Memoria, la represión incluyó “gases químicos, empujones y golpes con los escudos” contra una protesta completamente pacífica. Además, trabajadores de prensa que cubrían la manifestación también fueron agredidos.
Esta represión no es un hecho aislado: se suma a una serie de ataques sistemáticos contra las protestas de jubilados. Solo en la última semana, un megaoperativo policial –que duplicaba en número a los manifestantes– dejó un saldo de diez heridos y dos detenidos ilegales. Semanas atrás, los jubilados fueron reprimidos mientras se manifestaban junto a trabajadores del Hospital Garrahan, resultando en personas mayores en el suelo, con necesidad de asistencia médica.
Durante la represión también fueron agredidos trabajadores de prensa que cubrían el suceso.
El endurecimiento de la represión se da en un contexto de creciente vulnerabilidad para los jubilados, profundizada desde que el presidente Javier Milei vetó la ley de Movilidad Jubilatoria votada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. Esta decisión, apoyada por sectores de la oposición “dialoguista”, fue celebrada por Milei con un asado, en un gesto de violencia simbólica contra uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad. En respuesta, el mandatario fue denunciado penalmente en septiembre de 2024 por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El hincha de #Vélez pegandole al vigilante y defendiendo a los jubilados es todo lo que está bien. Gracias por representar así la camiseta. pic.twitter.com/bLrpNqRi5o
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad sigue reforzando su política represiva con la compra de gases lacrimógenos de última tecnología, cuyo efecto es incluso más dañino que los utilizados anteriormente. “Me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste”, denunció la legisladora Vanina Biasi el año pasado.
Los jubilados siguen en pie de lucha, a pesar de la violencia con la que el gobierno responde a sus justos reclamos.
“Es la combinación de capitalismo salvaje, autoritarismo por vía de la ultraderecha e inteligencia artificial”, sostuvo la fundadora de la Coalición Cívica .
La ex diputada nacional y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei, acusándolo de ser un “bufón” del expresidente estadounidense Donald Trump y de reproducir su modelo de “capitalismo salvaje y autoritarismo ultraderechista”.
En una entrevista con el diario El País de España, Carrió analizó el proceso político de Argentina con la irrupción de Milei y lo comparó directamente con el fenómeno trumpista: “Es la combinación de capitalismo salvaje, autoritarismo por vía de la ultraderecha e inteligencia artificial“, sostuvo.
La dirigente destacó el alineamiento incondicional de Milei con Trump y denunció que ambos comparten una visión regresiva del poder. “Trump es un retroceso en materia de repúblicas democráticas por su crueldad, su carácter extorsionador y mesiánico. Es una calamidad histórica. No representa ningún valor de Occidente, sino los valores premodernos, absolutistas y de la política de la crueldad”, reflexionó Carrió.
Además, cuestionó duramente la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde se exhibió con Elon Musk y Trump: “Darle la motosierra a Musk y la reunión con Trump fue el espectáculo de un bufón”, sentenció.
Carrió advirtió sobre las implicancias de este alineamiento geopolítico, señalando que tanto Trump como Milei impulsan un modelo de “gobernanza mundial oligárquica” que atenta contra las instituciones democráticas y la justicia social. “Trump viola las leyes de Estados Unidos y los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. Milei hace lo mismo y produce una estafa piramidal”, concluyó.
Las declaraciones de Carrió refuerzan las críticas a la política exterior del mandatario argentino, quien ha priorizado su cercanía con Trump y otros referentes de la ultraderecha global, consolidando un alineamiento que, según la ex diputada, responde más a intereses personales e ideológicos que a una estrategia de beneficio real para Argentina.
El gobierno de Javier Milei busca que el Congreso le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la nueva deuda.
Presionado por la caída sostenida en las reservas, el gobierno de Javier Milei busca que el Congreso anule la Ley Guzmán y le otorgue al ministro de Economía, Luis Caputo, facultades especiales para cerrar un nuevo acuerdo con el FMI sin que los legisladores conozcan los montos ni las condiciones de la renegociación de la deuda. De esta manera, Caputo –responsable del mayor endeudamiento en la historia argentina y de la posterior fuga de capitales durante la gestión de Mauricio Macri– pretende que el Congreso le firme un cheque en blanco para profundizar el brutal endeudamiento externo que permita sostener la artificialidad del tipo de cambio.
La Casa Rosada pretende que el Parlamento apruebe únicamente un marco general del acuerdo, sin precisar tasas, montos ni plazos, lo que implica una delegación de poderes extraordinarios que permitiría a Caputo avanzar sin control legislativo. La iniciativa, que aún no fue conversada con los bloques aliados, generó inquietud en sectores políticos que ven en esta maniobra una nueva estrategia para eludir el debate democrático y consolidar un modelo económico que ya ha llevado al país a una situación crítica, con la destrucción de reservas del Banco Central y la fragilidad de un tipo de cambio artificialmente sostenido.
Toto Caputo continua con la saga del endeudamiento externo iniciado durante su gestión como ministro durante el gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de la falta de transparencia, algunos legisladores oficialistas han manifestado su apoyo a la renegociación impulsada por Caputo, recordando que en 2022 votaron a favor del acuerdo del gobierno anterior para evitar un default. Sin embargo, otras bancadas han mostrado reparos ante una medida que busca vaciar de contenido el rol del Congreso en el control del endeudamiento.
Deuda eterna: ¿De cuanto es el crédito que busca Caputo?
Según estimaciones del banco suizo UBS, el organismo podría prestarle a Argentina hasta 20.000 millones de dólares. Sin embargo, de ese monto, solo 8.000 millones corresponderían a nuevos fondos, mientras que el resto se utilizaría para pagar la deuda ya existente con el propio Fondo, perpetuando así el círculo vicioso de dependencia financiera.
Según el banco internacional UBS, el FMI le prestaría al gobierno de Milei hasta 20 mil millones de dólares.
Los analistas del UBS estiman que el FMI otorgará más fondos de los necesarios para cubrir los pagos de capital, lo que implicaría un acuerdo mínimo de 12.000 millones de dólares. Un monto superior podría alcanzar los 20.000 millones, aunque solo una fracción de esos recursos llegaría efectivamente como “dinero fresco” para las reservas del Banco Central. Además, según el informe de UBS, al menos el 30% del nuevo paquete de financiamiento estaría disponible este año, lo que deja en evidencia la urgencia del gobierno por conseguir oxígeno financiero ante la crisis de su programa económico.
En esencia, el gobierno de Milei pretende que el Poder Legislativo apruebe un acuerdo a ciegas, renunciando a su facultad de supervisar decisiones clave para el futuro económico del país. La anulación de la Ley Guzmán marcaría un retroceso en la institucionalidad y allanaría el camino para que el Ejecutivo continúe con su política de ajuste y endeudamiento sin restricciones, en un contexto donde la presión del FMI, los efectos del ajuste y la falta de dólares para mantener un tipo de cambio ficticio ponen en jaque la viabilidad del modelo libertario.
Mientras el Gobierno de Javier Milei ajusta el gasto público y aplica despidos en el Estado, la Secretaría de Manuel Adorni cuenta con 208 empleados, la mayoria influencers y “asesores digitales”.
En plena ola de recortes en áreas esenciales como la obra pública, la educación, las jubilaciones y la salud, la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo de Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica al revelarse que cuenta con una estructura de 208 empleados, incluyendo influencers y asesores digitales dedicados a la propaganda oficial.
La información surgió a partir del informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el Senado, y generó fuertes críticas debido a la contradicción con el discurso de austeridad que el Gobierno de Javier Milei sostiene mientras aplica despidos masivos en otras dependencias del Estado.
Una estructura millonaria e injustificable en tiempos de ajuste
A pesar de la retórica libertaria de reducción del gasto público, la secretaría que lidera Adorni, quien tiene rango de ministro y es una de las principales voces del oficialismo, mantiene una abultada plantilla con más de 60 cargos jerárquicos.
El documento oficial detalla que, dentro de la estructura, hay:
9 diseñadores de comunicación
6 camarógrafos
10 redactores
4 fotógrafos
33 asesores
16 consultores
11 analistas técnicos
4 referentes de comunicación institucional
3 responsables de planificación
6 asistentes administrativos
1 asesor en sociología
Fuentes cercanas al vocero presidencial aseguran que Adorni solo incorporó a cinco personas de su confianza, mientras que el resto del equipo proviene de personal que ya se desempeñaba en la Casa Rosada. Sin embargo, el volumen de empleados y la presencia de múltiples asesores digitales y figuras vinculadas a la propaganda en redes sociales ponen en duda el relato oficial de austeridad.
El papel de los influencers en la estrategia oficial
Uno de los nombres más destacados dentro del equipo de Adorni es Juan Pablo Carreira, conocido en redes como “Juan Doe”, quien ocupa el cargo de director nacional de Comunicación Digital y tiene bajo su mando a un director nacional, un director operativo y dos coordinadores. Otro integrante clave es Iván Gómez, coordinador de Gestión de Comunicación Digital, responsable de la difusión de contenido audiovisual en las plataformas oficiales del Gobierno.
Mientras el ajuste impacta en jubilados, docentes y trabajadores de la salud, la Secretaría de Comunicación y Medios mantiene una estructura de personal que no escatima recursos para sostener el aparato comunicacional del Gobierno. En este contexto, el contraste es evidente: mientras se cierran programas y se reducen servicios esenciales, la maquinaria de propaganda oficial sigue en expansión.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reclamó la presencia del Estado a través del desarrollo de políticas públicas y alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios populares.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, lanzó una fuerte advertencia sobre la crisis social que atraviesa el país y la falta de políticas públicas por parte del gobierno nacional, lo que, según señaló, está generando un preocupante repliegue del Estado que facilita el avance del narcotráfico en los sectores más vulnerables.
“La ausencia de un Estado presente e inteligente en los barrios populares deja un vacío que rápidamente es ocupado por otros actores, como el narcotráfico. Por eso, alertamos sobre la necesidad urgente de garantizar mejores condiciones de vida para las comunidades más afectadas”, sostuvo el prelado.
En este sentido, García Cuerva insistió en la importancia de ciertas políticas públicas que, en su opinión, resultan fundamentales para evitar que el crimen organizado se arraigue aún más en los territorios desprotegidos. “Hay políticas muy valiosas que demuestran que el Estado puede ser un articulador clave para evitar que otro ‘Estado’, el narcotráfico, termine imponiéndose en los barrios”, afirmó.
Reclamo por la obra pública y la urbanización de los barrios
El arzobispo también cuestionó la decisión del gobierno de Javier Milei de desfinanciar herramientas de urbanización como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), señalando que, si bien deben investigarse posibles casos de corrupción, no se puede desmantelar completamente iniciativas que brindaban soluciones concretas a sectores vulnerables.
“Si hubo irregularidades, que se investiguen, pero no se debe desechar de raíz una política pública que permitió mejorar las condiciones de vida de miles de personas. No todo fue corrupción y un desastre”, enfatizó.
Asimismo, resaltó la necesidad de una intervención estatal en áreas clave como la vivienda, el acceso a servicios básicos y la generación de empleo a través de microemprendimientos. “El Estado debe ser un actor presente en la transformación de los barrios, porque donde se retira, otros ocupan su lugar, y muchas veces lo hacen con violencia y muerte”, advirtió.
Milei viajará el próximo 23 de marzo a Israel, en una gira que tendrá como principal eje la firma de un Memorándum de Entendimiento de “lucha contra el terrorismo”. Mientras en la Patagonia denuncian la presencia de fuerzas israelíes “disfrazadas de mochileros”.
El presidente Javier Milei viajará el próximo 23 de marzo a Israel en el marco de una nueva gira internacional que lo llevará a reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu, señalado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en la Franja de Gaza. El viaje, que se extenderá por cuatro días, tiene como principal objetivo la firma de un Memorándum de Entendimiento en materia de lucha contra el terrorismo, un acuerdo que genera una fuerte preocupación por su posible impacto en la soberanía nacional y en los derechos humanos en Argentina en un contexto de creciente criminalización de la protesta social.
Un pacto con Israel en medio de graves denuncias internacionales
El encuentro entre Milei y Netanyahu se da en un contexto internacional sumamente delicado. Israel enfrenta una creciente condena global por sus acciones en Gaza, donde, según diversos organismos internacionales, han muerto más de 45.000 civiles, incluidos miles de niños y niñas. Organizaciones como la Corte Penal Internacional han señalado la posibilidad de crímenes de guerra, mientras que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha denunciado que el Ejército israelí es responsable del asesinato de más de 85 periodistas en lo que va de 2024, el 70% del total de muertes de reporteros en conflictos armados.
Durante su gira de cuatro días en Israel, Milei mantendrá una reunión bilateral con su par Benjamín Netanyahu sobre quien recae un pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.
A pesar de este panorama, Milei ha reforzado su alineamiento con Netanyahu, a quien ha elogiado en reiteradas oportunidades. El gobierno argentino ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones que pesan sobre el líder israelí y ha acelerado las negociaciones para firmar un acuerdo de cooperación en seguridad.
Si bien los detalles del Memorándum de Entendimiento no han sido revelados en su totalidad, fuentes diplomáticas indican que incluiría la posibilidad de asistencia israelí en materia de inteligencia, cooperación en tecnología de vigilancia y un compromiso de Argentina en la lucha contra organizaciones consideradas terroristas por Israel y Estados Unidos. Analistas advierten que este pacto podría implicar la participación de fuerzas israelíes en territorio argentino bajo la justificación de la “colaboración en seguridad”, lo que abriría la puerta a una injerencia extranjera sin precedentes en el país.
Denuncias por la presencia de fuerzas israelíes encubiertas en la Patagonia
Este viaje también se produce en un contexto de crecientes denuncias sobre la presencia de militares israelíes en la Patagonia argentina. Vecinos de Lago Puelo han reportado la presencia de individuos que se hacen pasar por mochileros pero que, según informes de la cadena de noticias Hispan TV, serían soldados israelíes con entrenamiento en armas y explosivos.
El informe señala que estos soldados, algunos con pedidos de captura internacional por crímenes de guerra en Gaza, estarían alojándose en el hotel Onda Azul, en la zona turística de la Patagonia, donde pasarían desapercibidos entre los turistas. Se menciona que al menos dos militares israelíes con antecedentes en Gaza habrían llegado a Argentina tras evadir órdenes de captura en Brasil y Chile.
Según declaraciones de los vecinos de Lago Puelo los mochileros israelíes tendrían actitudes y conductas extrañas lo que supone que parecen ser más que simples turistas.
Uno de los casos más alarmantes es el del soldado israelí Yuval Vagdani, integrante del Batallón de Ingeniería de Combate 749 de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien fue identificado en Brasil poco antes de que se emitiera una orden de arresto en su contra. Según fuentes internacionales, Vagdani logró huir de Brasil con ayuda de los servicios consulares israelíes y habría cruzado a Argentina, donde su paradero es incierto.La Fundación Hind Rajab presentó una denuncia ante la Justicia argentina exigiendo su captura, pero el caso quedó en manos del juez Ariel Lijo, candidato del gobierno de Milei para integrar la Corte Suprema, lo que podría afectar el avance de la causa.
Otro soldado identificado en territorio argentino es Saar Hirshoren, quien forma parte del batallón 749 y también enfrenta acusaciones por crímenes de guerra. Un tercer soldado, cuya identidad aún no se confirmó, fue visto en Buenos Aires en un video en el que se lo observa contando billetes en el barrio de La Boca. Posteriormente, se habría trasladado a Mendoza, donde también se han reportado presencias sospechosas de militares israelíes.
Argentina, ¿convertida en refugio de criminales de guerra?
Las denuncias sobre la presencia de soldados israelíes en Argentina han generado preocupación en sectores de derechos humanos y en la comunidad internacional. Organizaciones advierten que, de confirmarse la existencia de una red de protección para estos militares, el país podría estar albergando a presuntos criminales de guerra de manera encubierta, en una situación que recuerda a los oscuros antecedentes de la posguerra, cuando Argentina se convirtió en refugio de criminales nazis.
Los soldados Yuval Vagdani y Saar Hirshoren denunciados por la Fundación Hind Rajab, habrían obtenido refugio en Argentina.
El acuerdo que Milei busca firmar con Netanyahu podría profundizar esta situación, facilitando la entrada de personal de inteligencia y fuerzas de seguridad israelíes bajo el pretexto de la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Especialistas en derecho internacional advierten que este tipo de pactos podrían derivar en la cesión de jurisdicción sobre ciertos operativos de seguridad y permitirían el accionar de agencias extranjeras en suelo argentino sin los controles adecuados.
El gobierno de Milei busca involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior para lo cual busca la cooperación de agencias y fuerzas extranjeras.
Un alineamiento sin precedentes con Israel en un contexto de crisis social
El viaje de Milei a Israel refuerza el alineamiento incondicional de su gobierno con Netanyahu, en un momento en el que la administración libertaria enfrenta fuertes críticas por el impacto social de sus políticas de ajuste y el escándalo internacional por el caso $Libra. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU ya ha alertado sobre el grave aumento de la pobreza en Argentina como resultado de las políticas de Milei, señalando que más de la mitad de la población está en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, la ONU ha cuestionado la represión ejercida por el gobierno argentino contra manifestantes y organizaciones sociales, denunciando la criminalización de la protesta y la eliminación de programas de protección para sectores marginados. En este contexto, el acuerdo con Israel y la posible injerencia de fuerzas extranjeras en territorio argentino so pretexto de la lucha contra el terrorismo generan serios interrogantes sobre el futuro de las libertades democráticas en el país.
Milei busca cerrar con el régimen de Netanyahu un acuerdo de cooperación en “lucha contra el terrorismo” que podría implicar el despliegue de agencias y fuerzas israelíes en territorio argentino.
Conclusión: un viaje con preocupantes implicancias para Argentina
El viaje de Milei a Israel no es solo un gesto diplomático, sino un paso estratégico que podría tener profundas repercusiones en la política de seguridad y en la soberanía nacional. La reunión con Netanyahu, en medio de las denuncias internacionales por crímenes de guerra, coloca a Argentina en una posición delicada a nivel global, mientras que el posible acuerdo en materia de seguridad abre la puerta a una injerencia extranjera que pone en riesgo los derechos humanos y la independencia del país.
En un contexto de creciente malestar social y denuncias sobre la presencia de militares israelíes en la Patagonia, el acercamiento de Milei al gobierno de Netanyahu genera cada vez más interrogantes sobre los verdaderos intereses detrás de esta alianza y sobre las consecuencias que podría traer para Argentina.
