El Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich profundiza la adopción de técnicas represivas importadas de Israel, evidenciando que la cooperación bilateral no se limita a la compra de equipamiento, sino que también abarca la asimilación de doctrinas represivas.

La reciente escalada en el uso de tácticas que resultan en la mutilación ocular de manifestantes en Argentina replica un patrón ya documentado en los territorios ocupados de Palestina, donde las fuerzas de seguridad israelíes han empleado este tipo de represión como método sistemático para disuadir la protesta social.

Las protestas contra el gobierno de Javier Milei del pasado miércoles dejaron un saldo de más de 20 heridos y 100 personas detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad en el Congreso y sus inmediaciones, en CABA. Entre los heridos, Jonathan Leandro Navarro, vecino de San Martín, perdió la visión de su ojo izquierdo tras ser alcanzado en el rostro por un disparo a quemarropa de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina mientras intentaba asistir a dos jubilados. Su denuncia, respaldada por el exdiputado Leonardo Grosso y el abogado Pablo Zappulla, apunta directamente a Patricia Bullrich y al jefe del operativo represivo, a quienes acusa de impartir órdenes ilegales y permitir el uso de violencia extrema contra manifestantes pacíficos.

Este patrón represivo no es nuevo: el mismo fue inaugurado en febrero de 2024, cuando Matías Aufieri, asesor legislativo del Frente de Izquierda, resultó gravemente herido por una bala de goma que impactó en su ojo, generándole una pérdida total de la visión. Además, en aquel momento más de 20 periodistas fueron atacados con balas de goma, según denunció el diputado Christian Castillo dentro del Congreso.

El despliegue de estas tácticas en territorio argentino pone en evidencia la transferencia de conocimiento en materia de represión por parte del régimen de Israel, consolidando un modelo que busca sofocar la movilización popular a través del miedo y el castigo físico por vía de la mutilación de órganos. La insistencia del gobierno en fortalecer la cooperación con Israel en temas de seguridad no solo ha traído consigo la adquisición de armamento y tecnología de vigilancia, sino también la normalización de prácticas violentas que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión.

La represión en las inmediaciones del Congreso incluyó casos de violencia extrema contra personas mayores y periodistas e incluso de personas totalmente ajenas a la misma. Un video viral mostró cómo un policía golpeó brutalmente a una señora de 83 años, arrojándola al suelo y provocándole un corte en la cabeza. A pesar de lo impactante de las imágenes, la señora fue atendida y se recupera en su casa. Otro caso alarmante fue el del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave herida en la cabeza tras ser alcanzado por un impacto directo de proyectil de gas lacrimógeno disparado por las fuerzas de seguridad en una clara violación de lo establecido por el protocolo de empleo de dicho armamento.

Ante la brutal represión, la indignación social creció y se registraron manifestaciones espontáneas con cacerolas frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia de Patricia Bullrich. Incluso dentro del gobierno nacional, algunas voces han reconocido los excesos en el operativo, que incluyó estrategias de inteligencia y provocaciones evidenciadas en redes sociales y medios de comunicación. Un ejemplo de esto fue el abandono intencional de un patrullero con las puertas abiertas y sirenas encendidas en plena Avenida de Mayo, que posteriormente fue incendiado en circunstancias aún desconocidas, pero utilizado mediáticamente para justificar la represión.

La mutilación como método de disciplinamiento social

La artista Gabriela Golder inició una investigación llamada Arrancar los ojos, con el objetivo de reflejar la brutal represión que había sufrido el pueblo chileno en 2019. Por esos años alrededor de 400 personas recibieron balas de goma en su rostro y sus ojos, algunos llegaron a perder sus dos globos oculares. En la actualidad, cerca del 46% de las causas por violaciones a los derechos humanos fueron archivadas por la justicia chilena por falta de pruebas, explica la revista Gatopardo. Murieron 43 chilenos y chilenas pero los responsables no recibieron condenas.

Golder explica que la mutilación de ojos es una metodología represiva inaugurada por Israel en la década del setenta para atacar a la población palestina. Entre 1987 y 1993 se contabilizaron 154 lesiones oculares entre manifestantes palestinos. Los años siguientes la estrategia fue importada a otros países, como los que mencionamos más arriba. No hay una explicación que no sea poética respecto a por qué el poder elige quitarle la vista a quienes se rebelan contra medidas autoritarias y desigualitarias.

En el año 2022 la teórica queer, Jasbir K. Puar, escribió un libro llamado “El derecho a mutilar” en donde se encarga de replantear la teoría de la biopolítica de Foucault para explicar la discapacidad desde una concepción imperialista y desarrollar minuciosamente el funcionamiento del dispositivo de crueldad del capitalismo para debilitar y marginar los cuerpos. Jasbir Puar señala que la discapacidad puede ser una herramienta de sometimiento y desgaste, entendiendo que se conciben cuerpos para proteger y cuerpos para agredir entre las capas del sistema.

Hace un tiempo la autora Lauren Berlant se encargó de elaborar el concepto de “muerte lenta” para referirse a aquellos grupos humanos que padecen las crisis por goteo como parte de su cotidianidad. Su día a día es el hambre, la precarización laboral y los sometimientos por parte de las fuerzas policiales y solo llegan a ser escuchados cuando las afecciones económicas alcanzan a otras escalas sociales. Es, según Berlant, un desgaste físico de la población que determina su experiencia y su existencia histórica.

La implementación de estas prácticas en Argentina marca un precedente alarmante sobre la dirección que está tomando la política de seguridad del gobierno actual y su desprecio por los derechos humanos y democráticos de la ciudadanía, cuestión que ya fuera señalada por las Naciones Unidas en un reciente comunicado. La importación del modelo represivo israelí no solo afecta la integridad física de quienes protestan, sino que también busca desarticular la resistencia social a través del terror y la violencia institucionalizada, una practica que recuerda a los años de plomo en que las dictaduras militares de América Latina cometían verdaderas atrocidades amparadas en la por entonces Doctrina de Seguridad Nacional auspiciada por los Estados Unidos. Hoy desde el gobierno de Javier Milei se comienza a desplegar una llamativa y sospechosa narrativa que remite a los tiempos más oscuros de la historia del país donde un supuesto “enemigo interno” estaría al acecho tratando de socavar al gobierno y subvertir los valores “occidentales”.

Este discurso de securitización, es un claro indicador de que el gobierno prevé un escenario de mayor volatilidad, crispación y conflictividad social al calor de las medidas económicas de ajuste a las cuales se pide “seguir aguantando” por algunos años mientras se “ordena la macro”. Esta situación incluso ya fue advertida por el propio FMI, el cual en un informe del mes de febrero del año pasado ya anticipaba el actual escenario: “Dada la delicada situación social y el hecho de que el plan de estabilización tardará en materializarse, no se pueden descartar los riesgos de malestar social, incluso con cierto refuerzo de la red de seguridad social”. En este contexto el gobierno parece estar decidido a intensificar la respuesta represiva ante las crecientes demandas sociales abriendo un escenario sombrío y de consecuencias impredecibles.

Tras meses de bajo perfil, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, reapareció en el Congreso Nacional de su agrupación en Parque Norte con un mensaje claro: “la unidad del peronismo es clave para ponerle límites a este gobierno”.

Con un tono firme, el ex candidato presidencial se posicionó como una alternativa política válida frente al modelo impulsado por el presidente Javier Milei, convocando a dirigentes y militantes de todo el país para consolidar una estrategia electoral de cara a las elecciones de medio término.

Lejos de un discurso tradicional, Massa optó por una interacción directa con los asistentes, subrayando la importancia del sentido común y la generosidad política para fortalecer el frente opositor. “Tenemos la responsabilidad política de hacer primar el sentido común sin mezquindad para construir la unidad. Aunque tengamos que ceder algún lugar personal, nuestra mayor responsabilidad es construir una alternativa que le ponga límites a este gobierno”, enfatizó.

La Unidad y ampliación del espacio opositor como ejes del discurso

Massa dejó en claro que su visión para el 2025 es consolidar un espacio político capaz de volver a ser gobierno. “Debemos agotar todas las instancias para fortalecer la unidad del frente popular. No podemos encerrarnos en discusiones internas cuando el verdadero desafío es enfrentar el modelo de país que propone Milei”, advirtió.

Además, resaltó la necesidad de ampliar la base de apoyo incorporando sectores políticos, sociales y empresariales. “Vayamos con generosidad a abrazar a todos los sectores para construir una nueva mayoría. La ciudadanía necesita saber qué representamos y qué valores defendemos”, señaló.

Además, en el encuentro el líder del Frente Renovador cuestionó lo que consideraron una “doble vara” en el tratamiento mediático y político de las internas en los distintos espacios. “Si el peronismo tiene opiniones distintas, dicen que se están matando. Si los libertarios se agarran a piñas en el Congreso, dicen que hay incidentes en el parlamento. Es muy evidente ya”,

Críticas al gobierno y su impacto económico

El líder del Frente Renovador también hizo hincapié en el deterioro de la confianza en la economía argentina bajo la actual gestión. “Uno de los datos clave es la Inversión Extranjera Directa, que en 2024 cayó drásticamente respecto a 2022 y 2023. La confianza de los extranjeros para venir a invertir en Argentina se ha desplomado” y agregó: “Irónicamente, con los rubios amigos del mercado vienen menos a invertir que cuando estaban los orcos”.

Massa también destacó la importancia del rol del Estado en materia de seguridad y desarrollo social. “No debemos tener miedo a exigirle al Estado que haga lo que debe hacer para recuperar a los jóvenes de la droga, el delito y la calle. La prevención debe estar lo más cerca posible de la gente, y el municipio es la primera trinchera en esa batalla”, sostuvo.

Expectativas electorales y mensaje al peronismo

De cara a las elecciones, Massa se mostró optimista y llamó a superar el derrotismo interno dentro del peronismo. “Lo primero que tenemos que hacer es terminar con el derrotismo. El primer triunfo importante lo va a dar Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires y, en octubre, vamos a tener más diputados de los que tenemos hoy”, afirmó con contundencia.

Con esta reaparición, Sergio Massa refuerza su liderazgo dentro del Frente Renovador y en el escenario nacional, perfilándose como una de las principales figuras opositoras al gobierno de Milei y apostando a la construcción de un proyecto político que vuelva a disputarle el poder en 2025.

Unidad del campo popular para defender a nuestro pueblo de este gobierno. Es el único camino. Ahí me van a encontrar. pic.twitter.com/vHIiMriOfo

— Sergio Massa (@SergioMassa) March 15, 2025

La diputada libertaria responsabilizó al fotógrafo Pablo Grillo por haber estado allí cumpliendo su trabajo y adelanto que podría haber muertes en futuras represiones.

La legisladora libertaria relativizó la gravedad de la represión policial durante la protesta social del miércoles en apoyo a los y las jubiladas y responzabilizó al fotógrafo Pablo Grillo por haber estado allí: “No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”, comparó.

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, una suerte de vocera no oficial (avalada) de Javier Milei, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus brutales declaraciones en torno a la situación de gravedad en la que se encuentra el fotoreportero Pablo Grillo, herido con un cartucho de gas lacrimógeno ilegalmente disparado por las fuerzas de seguridad. La legisladora, reconocida por sus polémicos dichos, minimizó la represión policial en las protestas sociales y deslizó que podría haber muertos en otras manifestaciones.

La libertaria hizo estas declaraciones en un programa televisivo, tras lo cual fue cuestionada por los periodistas en el piso. “Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos”, relativizó Lemoine, en referencia a la violenta represión de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso. Es decir que, para Lemoine, el hecho de que Pablo Grillo esté luchando por su vida es su propia responsabilidad por estar cubriendo la represión. El conductor Fabián Doman la interrumpió y le preguntó si con esa frase también incluía la posibilidad de perder vidas humanas, a lo que Lemoine respondió sin titubeos: “Puede llegar a pasar”. Bullrich justificó el disparo que tiene al borde de la muerte al fotógrafo Pablo Grillo El periodista Mariano Yezze reaccionó de inmediato y la frenó en seco: “No. No tiene que pasar. No debería pasar”, tras lo cual recordó casos emblemáticos de represión en Argentina, como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010.

Lilia Lemoine no descartó que haya muertos en futuras marchas contra el Gobierno: “Puede llegar a pasar”

Las declaraciones las hizo durante una entrevista en la que el conductor Fabián Doman la interrumpió y le preguntó si con esa frase también incluía la posibilidad de perder vidas humanas, a lo que Lemoine respondió sin dudar: “Puede llegar a pasar”.

Los datos del INDEC mostraron que el sector está lejos todavía de mostrar signos claros de reactivación sostenida.

Los últimos datos del INDEC confirman que la industria manufacturera aún no logra una recuperación sostenida. En enero, el uso de la capacidad instalada alcanzó apenas el 55%, un nivel prácticamente idéntico al 54,6% registrado en el mismo mes de 2024, cuando la economía enfrentaba el impacto inicial de la devaluación de diciembre previo.

Este dato refleja un claro estancamiento, ya que no solo el sector sigue operando lejos de su potencial, sino que además se trató del segundo peor enero desde el inicio de la serie actual del INDEC en 2016. Aunque la actividad industrial superó el piso de la recesión, en los últimos meses el ligero repunte comenzó a mostrar señales de agotamiento. Además, la recuperación es dispar entre los distintos rubros, con algunos sectores aún en caída.

Pamela Morales, economista de Econviews, destacó que las condiciones económicas generan efectos mixtos en la industria. Factores como la expansión del crédito al sector privado pueden favorecer el crecimiento en algunos segmentos, al facilitar la inversión en maquinaria y producción. Sin embargo, la apertura comercial genera un impacto desigual: beneficia a sectores que dependen de insumos importados, como la industria automotriz, pero golpea a otros que enfrentan mayor competencia externa, como el de indumentaria.

A esto se suma la contradicción entre la eliminación de regulaciones, que mejora la competitividad de algunos productos locales, y el atraso cambiario, que afecta negativamente a la producción nacional.

Industria: sectores que avanzan y los que siguen en crisis

De acuerdo con el informe del INDEC, los sectores con mayor nivel de utilización de la capacidad instalada fueron refinación del petróleo (84,6%), papel y cartón (67,3%), sustancias y productos químicos (66,0%), alimentos y bebidas (61,0%) e industrias metálicas básicas (59,3%).

En contraste, varios sectores se mantuvieron en niveles críticos. Entre los más rezagados están edición e impresión (52,1%), productos minerales no metálicos (43,3%), productos del tabaco (40,8%), productos de caucho y plástico (39,6%), metalmecánica excepto automotores (38,1%), industria automotriz (34,8%) y productos textiles (33,9%).

Los únicos sectores que mostraron mejoras respecto a enero de 2024 fueron sustancias y productos químicos, impulsados por la producción de materias primas plásticas y químicos básicos, y alimentos y bebidas, donde la molienda de oleaginosas tuvo un rol clave.

Por el contrario, las industrias metálicas básicas marcaron la peor caída del período, con una producción de acero que se desplomó más del 25% interanual, evidenciando la debilidad persistente de la actividad industrial.

Este panorama confirma que, pese a haber dejado atrás el momento más crítico de la recesión, la industria sigue atrapada en un escenario de bajo dinamismo, sin señales claras de reactivación estructural en el corto plazo.

El presidente definió a la situación como un “intento de golpe de Estado por parte de una violenta y antidemocrática oposición que quiere debilitar el gobierno de la libertad”. Picheto lo cruzo “es ridículo”.

El presidente Javier Milei denunció que Argentina está siendo víctima de un intento de golpe de Estado, el cual, según sus declaraciones, está siendo impulsado por los jubilados, la oposición y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En una conferencia de prensa, Milei aseguró que “sectores enquistados en el pasado” buscan desestabilizar su gobierno a través de protestas y maniobras políticas.

“Estamos enfrentando un ataque coordinado de aquellos que no quieren que Argentina avance. Los jubilados, manipulados por sectores de la oposición, y la AFA, con su estructura corrupta, están generando un clima de caos para frenar el cambio”, sostuvo el mandatario. Además, advirtió que su administración no cederá ante lo que calificó como “chantajes” y reafirmó su compromiso con las reformas económicas en curso.

Milei también suspendió el viaje que tenía planificado a España para recibir el premio “Escuela de Salamanca” por parte de la organización “El Club de los Viernes”. La entidad justificó la cancelación del viaje afirmando que el presidente debía permanecer en Argentina debido a “un intento de golpe de Estado por parte de una violenta y antidemocrática oposición”.

Tras la represión de la marcha de los jubilados que terminó con incidentes en la Casa Rosada, el oficialismo intensificó su discurso sobre una presunta desestabilización. La diputada libertaria Lilia Lemoine acusó a los mismos sectores que impulsaron la crisis del 2001 de intentar un golpe de Estado en la actualidad. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, reforzó esta idea al señalar que “en los últimos días hubo una cantidad de movimientos políticos que apuntan a desestabilizar al gobierno”.

La respuesta de Miguel Ángel Pichetto

Sin embargo, las declaraciones de Milei y su entorno generaron una fuerte respuesta por parte de distintos sectores políticos. Miguel Ángel Pichetto calificó la idea de un golpe de Estado como “ridícula” y lo instó a gobernar con mayor responsabilidad. “No hay intentos de golpes de Estado, me parece ridículo”, sentenció el diputado, quien además criticó la implementación del Protocolo Antipiquetes por parte de la ministra Patricia Bullrich, advirtiendo que “el día que haya un muerto no va a ser igual”.

Pichetto también señaló que los jubilados son el sector más afectado por el ajuste económico del gobierno y pidió recuperar el diálogo político y la construcción de consensos. “Nunca vi golpes en la Cámara de Diputados, marca un golpe de decadencia y un plano interno quebrado en La Libertad Avanza”, sostuvo, haciendo referencia a las peleas dentro del bloque oficialista. Además, cuestionó la suspensión de la audiencia que debía tratar el DNU para cerrar el acuerdo con el FMI, exigiendo mayor transparencia en las negociaciones.

El debate en torno a las declaraciones del presidente sigue escalando, mientras la crisis económica y social en el país continúa profundizándose. En este contexto, las tensiones entre el gobierno y diversos sectores parecen ir en aumento.

Así lo anunció el dirigente Héctor Daer, acompañado por referentes sindicales como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Sergio Palazzo, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UTEP.

En un contexto de creciente deterioro social y económico, sumado a una ola de represión contra quienes protestan, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó la inminente convocatoria a un paro nacional de 24 horas antes del 10 de abril. Así lo anunció el dirigente Héctor Daer, acompañado por referentes sindicales como Hugo Moyano, Andrés Rodríguez y Sergio Palazzo, en el marco del Primer Congreso Nacional de la UTEP.

El anuncio se da en medio de un clima de tensión creciente, marcado por la brutal represión encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra jubilados, hinchas de fútbol, militantes de organizaciones políticas, sociales, gremiales e incluso contra el periodismo. La persecución y el uso de la violencia estatal han acelerado la decisión de la CGT, que hasta ahora había mantenido cautela frente al gobierno de Javier Milei.

El Secretario General de la CGT, Héctor Daer, anunció que van a convocar a un paro de 24hs para "antes del 10 de abril"🗣️ pic.twitter.com/5tD91NDjhH

— El Destape (@eldestapeweb) March 13, 2025

“El tiempo está llegando”, afirmó Daer en un auditorio colmado de militantes, dejando claro que el modelo de ajuste extremo y autoritarismo del gobierno libertario ha llegado a un punto de quiebre. Además, denunció la ofensiva del oficialismo contra derechos históricos, como la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal y el intento de imponer una narrativa negacionista que atenta contra la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

La CGT también repudió la justificación del gobierno sobre el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo, enmarcado en una estrategia de criminalización de la protesta social. “Somos todos militantes. Militamos en la política, en el trabajo social y sindical porque creemos en la justicia social”, sostuvo Daer.

Ante el impacto devastador del ajuste sobre la industria, los salarios y el empleo, el sindicalismo se prepara para una medida de fuerza que promete ser masiva. El paro nacional se perfila como el primer gran enfrentamiento directo contra el modelo de Milei, que avanza con políticas de ajuste sin precedentes y una creciente represión contra la oposición social y política.

La convocatoria ya fue recibida con entusiasmo por las bases sindicales y sectores de la sociedad afectados por la crisis. Con cánticos de “unidad de los trabajadores”, el mensaje de la CGT es claro: la resistencia crece y el paro será un mensaje contundente contra el rumbo que lleva el país.

Un día después de la represión a los jubilados el gobierno de Javier Milei decidió aumentar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en más de 7.300 millones de pesos, de los cuales más de 1.600 millones serán “gastos reservados”.

Apenas un día después de la violenta represión contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar de manera desmedida los fondos discrecionales para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). A través de un decreto, se autorizó una ampliación presupuestaria de más de 7.300 millones de pesos, de los cuales 1.625 millones corresponden a gastos reservados, es decir, partidas cuyo destino no se hace público.

Esta maniobra refuerza el carácter opaco de los manejos financieros del gobierno en materia de inteligencia, mientras sectores vulnerables como los jubilados sufren ajustes y represión. En total, el nuevo presupuesto incluye 6.300 millones de pesos en gastos corrientes y 1.022 millones en bienes de capital, pero el foco está puesto en la exorbitante cifra de recursos discrecionales destinados a la SIDE, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas.

No es la primera vez que Milei intenta direccionar sumas multimillonarias a los fondos reservados de inteligencia. En julio del año pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el retorno del viejo esquema de espionaje estatal, dirigido entonces por Sergio Neiffert, hombre cercano a Santiago Caputo. Sin embargo, aquella medida fue rechazada por el Congreso, convirtiéndose en el único DNU anulado por el Poder Legislativo en la historia del país.

El nuevo incremento de fondos se oficializó a través del DNU 186/2025, publicado en el Boletín Oficial, que otorga al programa de Información e Inteligencia de la SIDE un “crédito” de 7.366.286.591 pesos, equivalentes a cerca de 7 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta asignación millonaria contrasta con los recortes aplicados en otras áreas esenciales y se produce en un contexto de fuerte represión estatal contra la protesta social.

En septiembre del año pasado, el Congreso ya había rechazado un intento similar de Milei de asignar 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, cuestionando la falta de transparencia y el uso desconocido de semejante cantidad de dinero. A pesar de ello, en apenas un mes, el organismo ya había ejecutado el 75% de esos recursos, evidenciando la rapidez con la que se consumen partidas de origen y destino inciertos.

Este nuevo aumento presupuestario, aprobado con total discrecionalidad y en un contexto de represión creciente, refuerza la estrategia de un gobierno que prioriza la expansión de los mecanismos de inteligencia y control, mientras ajusta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló serias irregularidades y sobreprecios en la adquisición de armamento y equipamiento para el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich (2016-2019), bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Las compras, en su mayoría realizadas sin licitación y mediante adjudicación directa a proveedores israelíes, habrían permitido pagar hasta cinco veces más por ciertos equipamientos, amparándose en la Emergencia de Seguridad declarada en 2016.

Compras directas y falta de transparencia

La auditoría detectó que casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) fueron realizadas sin compulsa de precios, evidenciando una selección discrecional de los proveedores por parte del Ministerio de Seguridad. Entre los casos más llamativos se encuentran:

• La adquisición de un sistema de seguridad fronterizo a la empresa israelí IAI ELTA por 35 millones de dólares.
• La compra de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, un precio un 138% superior a ofertas similares en el mercado, según un análisis de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
• Pagos injustificados por consultorías y servicios de capacitación que ya estaban contemplados en los contratos iniciales.

El rol de un lobbista israelí

La investigación también destaca la participación de Eitamar Barr, un empresario israelí vinculado a diversas contrataciones irregulares. Barr, identificado en registros oficiales con diferentes roles (asesor de ventas, particular interesado, representante de empresas israelíes), aparece como director de Issatec Technologies SA, una firma que recibió pagos millonarios del Ministerio de Seguridad sin justificación clara. Además, su nombre figura en los Panama Papers como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD.

Aumento descontrolado del gasto

El informe subraya que el uso de fondos del Ente Cooperador ACARA por parte del Ministerio de Seguridad creció un 1378% entre 2016 y 2019. Estos recursos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar pagos a Issatec y contratar servicios de consultoría sin justificación.

Además, la auditoría comprobó pagos adicionales fuera de convenio con Israel, como 325.000 dólares destinados a aumentar la altura de torres de vigilancia en el Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, evidenciando la inconsistencia del proyecto original.

Falta de respuesta oficial

El informe de la AGN, elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa, fue aprobado el 20 de noviembre de 2024, con una disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva. En sus conclusiones, la auditoría señala que la mayoría de los hallazgos se mantienen, ya que el Ministerio de Seguridad no logró justificar las irregularidades detectadas.

Desde el portal Ámbito intentaron obtener la versión de Patricia Bullrich y su equipo de comunicación, pero no obtuvo respuestas concretas. Por su parte, Eitamar Barr evitó responder a las consultas sobre su participación en las negociaciones.

El proyecto proponía que los tres niveles del Estado coordinaran acciones inmediatas para asistir a los afectados, poniendo a disposición todos los recursos necesarios. Además, planteaba la creación de un Comité de Emergencia con la participación de especialistas.

En un episodio bochornoso y revelador de la falta de sensibilidad, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se unieron para impedir el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la emergencia en Bahía Blanca y establecer un plan integral de asistencia a las miles de familias afectadas por el devastador temporal del 7 de marzo.

La iniciativa, impulsada por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), proponía que los tres niveles del Estado coordinaran un plan de emergencia que asegurara la movilización inmediata de recursos y medidas concretas para atender la crisis. Entre sus puntos clave, el proyecto establecía la creación de un Comité de Emergencia, compuesto por vecinos, trabajadores afectados, especialistas de organismos científicos como el CONICET y el Servicio Meteorológico Nacional, agentes estatales y la comunidad organizada. El objetivo de este comité era no solo responder a la emergencia inmediata, sino también implementar estrategias de prevención y reconstrucción a mediano y largo plazo, abordando las consecuencias materiales, sociales, sanitarias, ambientales, hídricas, económicas y habitacionales del desastre.

A pesar de la urgencia y la gravedad de la situación, los legisladores de LLA y el PRO decidieron bloquear el tratamiento del proyecto, priorizando su agenda política por encima de la necesidad de miles de personas que aún lidian con la destrucción de sus hogares y la pérdida de bienes esenciales. Este accionar provocó un fuerte repudio dentro y fuera del recinto.

La diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una coordinación efectiva de proyectos de emergencia para dar respuesta a los damnificados. Sin embargo, Menem, lejos de mostrar la mínima preocupación ante la catástrofe, respondió con una frialdad alarmante: “Este es el juego de la Cámara de Diputados. Se vota o no se vota.”

Las palabras del presidente de la Cámara y la postura del PRO y LLA desataron indignación tanto entre legisladores como en la sociedad, que ve cómo el Congreso se convierte en un campo de batalla político en lugar de un espacio para resolver las urgencias del país. Mientras la oposición se enreda en maniobras para bloquear soluciones, las familias de Bahía Blanca siguen esperando la ayuda que les fue negada en el recinto.

Bajo un absoluto secretismo sobre el monto y las condiciones, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 por el cual busca el auxilio urgente del organismo multilateral de crédito.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 para establecer un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida busca obtener fondos frescos de manera urgente, en un contexto en el que las reservas del Banco Central se desploman día a día debido a la intervención oficial para sostener un tipo de cambio cada vez más difícil de mantener.

El Gobierno justifica la firma del decreto en la necesidad de fortalecer la posición financiera del Banco Central, que aún arrastra reservas netas negativas y carece de acceso a financiamiento externo. Según el documento, desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, se aplicó un fuerte ajuste fiscal, logrando reducir la inflación interanual del 211,4% en diciembre de 2023 al 2,2% en enero de 2025. Sin embargo, la reactivación económica sigue sin materializarse, y la pobreza, aunque en descenso, se mantiene en niveles críticos.

El FMI como salvavidas financiero del gobierno de Milei ¿O salvavidas de plomo?

El DNU detalla que el nuevo programa con el FMI permitirá:
✅ Cancelar deuda del Tesoro con el BCRA, liberando al Banco Central de la carga de letras intransferibles.
✅ Cubrir pagos de deuda del acuerdo firmado en 2022, evitando un default con el organismo.
✅ Refuerzos de reservas para contener la crisis cambiaria y reducir el riesgo país.
✅ Flexibilización del mercado cambiario, con el objetivo de comenzar a desmontar el “cepo”.

A pesar de las afirmaciones del Ejecutivo de que las reservas aumentaron en USD 7.000 millones desde la llegada de Milei, los analistas advierten que el Banco Central sigue perdiendo divisas a diario para contener la disparada del dólar, lo que torna insostenible el esquema actual.

Fondos frescos, pero sin precisiones sobre el monto final

El DNU evita especificar el monto total del nuevo endeudamiento, lo que ha desatado especulaciones en el mercado. Según informes privados, la cifra podría oscilar entre USD 5.000 y USD 20.000 millones, con al menos USD 8.000 millones como fondos nuevos. Sin embargo, ni el decreto ni el Ministerio de Economía han brindado detalles sobre los intereses que deberá pagar el país por este nuevo salvataje.

Desde el gobierno defienden la decisión de no revelar detalles, argumentando que “discutir públicamente el acuerdo con el FMI podría generar volatilidad en los mercados”. Sin embargo, la oposición y algunos analistas cuestionan la falta de transparencia y advierten que el endeudamiento, sumado a la falta de reacción económica, podría comprometer aún más la estabilidad del país en el mediano plazo.

Mientras el gobierno busca cerrar este acuerdo clave, la pregunta sigue abierta: ¿serán suficientes estos fondos para evitar una nueva crisis, o solo postergarán el problema sin resolverlo de fondo?