A pesar de que el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.
El hallazgo de 469 kilos de cocaína en un buque cerealero en el puerto de San Lorenzo, operado por la polémica firma Vicentin, volvió a poner bajo la lupa los controles portuarios y las crecientes denuncias por su flexibilización. A pesar de que el Ministerio de Seguridad nacional buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.
La embarcación implicada, el “MV Ceci”, de bandera de las Islas Marshall, había arribado desde Emiratos Árabes Unidos y tenía previsto zarpar con destino a Montevideo, para luego completar su trayecto en Ámsterdam, Países Bajos. Llevaba 46 mil toneladas de pallets de girasol y se encontraba cargando en una de las terminales de Vicentin, una empresa que arrastra escándalos financieros y judiciales desde hace años.
Parte de los bultos con droga hallados en el buque anclado en el puerto que el grupo Vicentin dispone en San Lorenzo.
Fue el propio capitán quien descubrió bultos sospechosos —en total, casi media tonelada de cocaína— en una de las cámaras frigoríficas del buque y dentro de los vestidores. Tras contactar al armador, se notificó a un estudio jurídico local, que finalmente canalizó la denuncia hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), que activó el protocolo judicial.
Durante el operativo, llevado a cabo por Prefectura de Bajo Paraná y San Lorenzo a instancias del fiscal Claudio Kishimoto, también se incautaron boyas, flotadores y rastreadores satelitales, lo que refuerza la hipótesis de que la droga podría haber sido arrojada al agua para su posterior recuperación. Las autoridades investigan si el cargamento fue introducido en el puerto de San Lorenzo o en otro punto del trayecto.
El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad logística del crimen organizado.
Toda la tripulación del buque, integrada por 21 personas de nacionalidad filipina, fue inicialmente detenida, excepto el capitán, quien no solo no está imputado sino que es considerado testigo clave del caso.
Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. La reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresassobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.
El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.
La más reciente encuesta de la consultora Opina Argentina revela un panorama preocupante para el Gobierno nacional: una mayoría de la sociedad califica negativamente la gestión en distintas áreas. Se trata de una tendencia que también es reflejada por otras consultoras.
La más reciente encuesta de la consultora Opina Argentina revela un panorama preocupante para el Gobierno nacional: una mayoría de la sociedad califica negativamente su gestión. Entre los aspectos más cuestionados se destacan las políticas hacia los jubilados, que registran un rechazo del 69%, y el ajuste en la obra pública, con un 64% de desaprobación, economía 52% de rechazo y el rumbo de la Política Exterior 52% . A esto se suma una creciente percepción negativa en torno a la corrupción con 53% de rechazo.
La sociedad evalúa mayoritariamente de forma negativa la gestión del Gobierno nacional. Las políticas hacia jubilados (69%) y obra pública (64%) concentran el mayor rechazo. Economía (46%) y Seguridad (44%) son las áreas con mejor percepción. pic.twitter.com/j1mWLPuk3q
Estos datos reflejan un malestar creciente en sectores sensibles de la población, particularmente aquellos más afectados por las medidas de ajuste. A pesar de este panorama general negativo, algunas áreas logran una percepción algo más favorable: la gestión económica es valorada positivamente por el 46% de los encuestados (aunque con un rechazo del 52%), mientras que el área de seguridad alcanza un 44% de aprobación. No obstante, estos números siguen sin consolidar una imagen positiva general del Gobierno, que enfrenta un amplio escepticismo social respecto a su rumbo y prioridades.
Estos datos no representan de ninguna manera un caso aislado. Encuestas recientes de otras consultoras, como Zuban Córdoba, replican esta tendencia crítica y reflejan un creciente descontento social frente a las decisiones del Ejecutivo. Aunque Economía y Seguridad se mantienen como los sectores con mejor percepción, la imagen general del Gobierno continúa deteriorándose, con escasa capacidad de revertir la desconfianza ciudadana.
El malestar atraviesa distintos segmentos y se consolida como uno de los principales desafíos políticos del oficialismo de cara al futuro inmediato.
La Patagonia atraviesa una de las peores crisis laborales de los últimos años en la industria de hidrocarburos como resultado de la retirada de YPF de campos maduros, la caída sostenida de la producción y la baja del precio internacional.
La Patagonia atraviesa una de las peores crisis laborales de los últimos años en la industria de hidrocarburos. La combinación de la retirada de YPF de campos maduros, la caída sostenida de la producción y la baja del precio internacional del crudo ha dejado un saldo alarmante: más de 7.000 empleos directos en riesgo o ya perdidos en Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Entre Chubut y Santa Cruz se estima que cerca de 6.000 trabajadores fueron despedidos o se acogieron a planes de retiro voluntario. A estos se suman otros 700 despidos en Vaca Muerta y unos 500 puestos amenazados en Tierra del Fuego. El impacto económico y social es profundo, y las perspectivas a corto plazo no traen alivio.
El retiro de YPF y la reconfiguración del mapa laboral
El repliegue de YPF, particularmente en Santa Cruz, aceleró un proceso de deterioro que se venía gestando hace años. La compañía nacional lanzó allí el mayor plan de retiros voluntarios del país: entre enero y marzo, cerca de 2.800 trabajadores, en su mayoría vinculados a campos maduros, dejaron sus puestos. Este vaciamiento genera un vacío difícil de llenar, aun si nuevas operadoras se hacen cargo de las áreas.
El impacto no quedó circunscripto a Santa Cruz: también afectó a Chubut, donde los despidos ya alcanzan las cuatro cifras y podrían duplicarse en los próximos meses. La tendencia, señalan autoridades locales, es clara: las empresas buscan reducir costos y operar con menos personal.
“Estamos viviendo una merma de entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo en Comodoro Rivadavia. Muchos de esos trabajadores son jefes de familia. La ciudad ya lo siente”, advirtió el intendente Othar Macharashvili. “YPF dejó las cuencas maduras para enfocarse en el no convencional. Las demás operadoras están copiando esa curva de recorte”, explicó.
El desmantelamiento del empleo petrolero
La situación también afecta a Tierra del Fuego, donde el gremio de Petroleros Privados manifestó su preocupación por la situación de 500 trabajadores que operan en el bloque CA-12, el más importante de la isla. El futuro de esos empleos depende ahora de que la estatal Terra Ignis y el gobierno provincial logren asociaciones con otras operadoras que garanticen la continuidad de la producción.
Incluso en Vaca Muerta, la joya del desarrollo energético argentino, se encendieron las alarmas. Más de 700 despidos ya se concretaron en las últimas semanas, según el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Las condiciones laborales se flexibilizan, las tareas se multiplican y los contratos se achican.
Los números no cierran
El telón de fondo es la caída del precio del barril. En la Cuenca del Golfo San Jorge, el costo de producción en campos maduros ronda los USD 71 por barril, mientras que el Brent cotiza por debajo de los USD 65. En ese escenario, invertir en esas áreas dejó de ser rentable para muchas empresas. Incluso con un diferencial positivo para el crudo pesado patagónico, los márgenes son mínimos.
Y las proyecciones tampoco ayudan. JPMorgan redujo sus estimaciones para 2025 y 2026, ubicando el precio del barril en USD 66 y USD 58, respectivamente. Esta tendencia pone en jaque a todo el mapa petrolero argentino, incluso a las promesas de expansión del no convencional.
El desafío: reconvertir sin excluir
Frente a este panorama, los gremios y autoridades advierten que no se puede hablar de desarrollo energético sin incluir a los trabajadores. “Yo no puedo transformar todo y no pensar en la gente”, remarcó el intendente de Comodoro.
La crisis laboral del petróleo patagónico pone sobre la mesa un dilema estructural: cómo mantener el empleo y la inversión en un contexto de cambios tecnológicos, caída de precios y redefinición de prioridades empresariales. La transición energética será inevitable, pero —como insisten desde la región— no puede hacerse dejando a miles de trabajadores en el camino.
La visita del jefe del Comando Sur (SOUTHCOM) reaviva los trascendidos sobre las intenciones de EEUU de instalar una Base Militar en el extremo sur del país.
La visita del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), a Ushuaia este miércoles, marca un punto de inflexión en la creciente injerencia geoestratégica de Washington sobre el extremo sur argentino. Detrás de los discursos de cooperación antártica, desarrollo científico y lucha contra el crimen organizado, la presencia del alto mando militar norteamericano expone con claridad la presión de EE.UU. para instalar una base militar en Tierra del Fuego y reforzar posiciones en el continente como parte de su disputa global con China.
Durante su gira por el país, que incluyó reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de DefensaLuis Petri y otras autoridades, Holsey habría solicitado la operación permanente del radar de seguimiento espacial operado por LeoLabs —una firma con vínculos británicos e irlandeses— instalado cerca de Tolhuin. Esta solicitud refuerza los temores de que Estados Unidos no sólo busca ampliar su presencia en la región con fines científicos o ambientales, sino consolidar una posición de control militar sobre el Atlántico Sur y las rutas de acceso a la Antártida junto a su histórico aliado de la OTAN.
El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Almirante Alvin Holsey, junto a su comitiva. Participó también de la reunión el Ministro de Defensa, Luis Petri. pic.twitter.com/bgio4Rx1Up
El propio Milei ya había anticipado en abril su interés en construir una base naval “conjunta” en Ushuaia con participación estadounidense, aunque el gobierno de EE.UU. luego intentó disimular el anuncio. Sin embargo, la llegada del jefe de SOUTHCOM pone nuevamente en agenda este polémico proyecto, que podría convertirse en un enclave estratégico para Washington en la disputa global con Beijing y haciendo de la Argentina un protectorado militar de Washington.
En este sentido, Luciano Anzelini, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, advierte que esta visita confirma que “el proyecto de una base militar compartida va en serio” para el Pentágono. “En los documentos estratégicos de EE.UU., tanto el Ártico como la Antártida han adquirido un rol central en su agenda militar. La creciente presencia de China en el Cono Sur preocupa profundamente a Washington, y la Patagonia se convierte así en un terreno de competencia directa”, explica.
Entre los temas en agenda esta la posibilidad de instalar una base militar en la provincia de Tierra del Fuego.
El Atlántico Sur, por su carácter bioceánico y su proximidad con el continente antártico, se vuelve un nodo clave en el mapa geopolítico del siglo XXI. Pero mientras EE.UU y también el Reino Unido de Gran Bretaña. refuerzan su despliegue en la región, el gobierno argentino utiliza a las fuerzas armadas en tareas policiales y cede protagonismo con una actitud alineada y poco reflexiva, motivada más por urgencias económicas y sesgos ideológicos que por un análisis estratégico de largo plazo que tenga en cuenta los intereses nacionales.
La posibilidad de una base militar extranjera en Ushuaia ha sido históricamente resistida por la sociedad civil y sectores políticos, conscientes del valor simbólico y soberano que tiene la región. Sin embargo, el acercamiento actual entre Buenos Aires y Washington parece sortear esas resistencias, abriendo la puerta a una presencia estadounidense más formal y duradera en una zona de alta sensibilidad geopolítica.
Aunque las autoridades insisten en que se trata solo de cooperación estratégica, los movimientos del Pentágono y el contexto internacional indican lo contrario. Lejos de ser una acción inocua, la visita de Holsey a Ushuaia cristaliza el intento de EE.UU. por asegurar una posición dominante en el sur del continente, con implicancias directas sobre la soberanía argentina y la autonomía de decisión frente a futuras tensiones internacionales.
En este sentido, el interés de Washington en Ushuaia va mucho más allá de la ciencia o el desarrollo antártico. Lo que está en juego es el control del acceso a la Antártida, los pasos bioceánicos, la vigilancia del espacio, y el dominio sobre recursos naturales clave. Frente a esta realidad, Argentina debe decidir si actúa como plataforma de intereses ajenos o si reivindica su papel como actor soberano en el tablero internacional.
El lugar de la Argentina en el mundo
Por su parte el analista en política internacional Juan Gabriel Tokatlian ofreció un crudo diagnóstico sobre la posición de Argentina en el actual orden global. Según el especialista, el país ha optado por un alineamiento subordinado con Estados Unidos: “Para Estados Unidos hay vasallos, aliados y oponentes: Argentina eligió ser vasallo”.
Tokatlian analizó el conflicto estratégico entre Washington y Pekín, que trasciende lo comercial y se instala como una disputa financiera y tecnológica a gran escala. “El Trump que regresó (a la Presidencia) es un Trump que entiende que Estados Unidos ya no puede moldear el sistema internacional”, advirtió, y explicó que ese país atraviesa una etapa de repliegue tras las derrotas militares en Irak y Afganistán, la pérdida de liderazgo tecnológico frente a China, y el impacto de la crisis financiera de 2008.
“El objetivo real de Estados Unidos hoy no es ya ordenar el mundo a su gusto, sino frenar a China”, señaló. En ese marco, la disputa por el control del sistema financiero global se configura como una batalla entre el dólar y el renminbi.
Ante esta reconfiguración, Tokatlian remarcó la ausencia de una estrategia conjunta por parte de América Latina. “No se ve un liderazgo cohesivo, ni un sistema coparticipante de liderazgo. Podríamos tener un eje México-Brasil-Argentina en el G20, pero estamos completamente dispersos”, lamentó.
En cuanto al posicionamiento argentino bajo la administración de Javier Milei, fue contundente: “El dicho anglosajón es: ‘O uno es parte de la mesa, o del menú’. Nosotros decidimos ser parte del menú, conscientemente. En vez de estar en la mesa con socios diversos, elegimos subordinarnos”.
Así, la advertencia de Tokatlian no es sólo geopolítica, sino profundamente política: Argentina ha tomado una decisión estratégica que la aleja del juego de poder global como actor con capacidad negociadora, para convertirse en un país que, según la lógica estadounidense, está dispuesto a conceder todo.
Atantic Dagger 2026
La visita de la máxima autoridad militar estadounidense para la región, se da no casualmente en el contexto de los recientes acuerdos con los Estados Unidos por los cuales el país del norte llevará adelante una serie de ejercicios militares en el extremo sur del país previstos para el próximo año. Se trata de las maniobras “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), programadas para febrero de 2026, que permitirá simular operaciones conjuntas de alto riesgo en entornos hostiles, con énfasis en técnicas como inserción por helo casting, evacuaciones médicas aéreas, interdicción marítima y despliegues rápidos mediante fast rope desde helicópteros.
Fuerzas de EEUU operando en terreno polar, imagen que pronto se verá en el extremo sur de Argentina.
Las maniobras se realizarán en Tierra del Fuego, Santa Cruz e Isla de los Estado, áreas que, por su clima extremo y características geográficas, ofrecen condiciones ideales para replicar escenarios de guerra en zonas polares. Esta geografía convierte al extremo sur argentino en una plataforma de entrenamiento clave, similar a la que las fuerzas estadounidenses utilizan en Alaska, y abre la puerta para ensayar tomas de control sobre rutas estratégicas, recursos naturales e infraestructura críticacomo ser represas, gasoductos, puertos, aeropuertos etc.
Pero más allá del entrenamiento técnico, estos ejercicios adquieren un peso mayor en el actual tablero geopolítico global. En un mundo marcado por la puja entre grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia—, el control sobre territorios como la Patagonia y el Atlántico Sur se vuelve central.La cercanía al Estrecho de Magallanes, al Pasaje Drake/Mar de Hoces, al Canal de Beagle y a la Antártida convierte a esta región en un enclave de valor militar y económico para Washington de cara a su estrategia de control de puntos de estrangulamiento (choke points) ante la eventualidad de un conflicto con China.En este sentido vale recordar que hace pocos días Estados Unidos llegó a un polémico acuerdo con el gobierno de Panamá para desplegar tropas en el canal cuya inhabilitación obligaría al trafico marítimo a tomar la ruta del Cabo de Hornos junto al Estrecho de Magallanes y el Canal del Beagle.
La proyección estadounidense sobre el sur argentino no es nueva, pero adquiere nueva intensidad: a casi 43 años de la Guerra de Malvinas, las zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego vuelven a cobrar protagonismo. Esta vez, como posibles escenarios de despliegue del Comando Sur y ensayo para eventuales conflictos futuros en el Atlántico Sur.
Además, no es menor el hecho de que desde hace años, Estados Unidos y el Reino Unido ya realizan maniobras conjuntas en el área de las ocupadas Islas Malvinas. La novedad ahora es que las Fuerzas Armadas de EE.UU. reforzarán su presencia directa en el continente, algo inédito en décadas recientes y que sugiere un interés renovado en anticiparse a futuros escenarios de disputa por el agua, los minerales estratégicos, los pasos interoceánicos y la proyección hacia el continente antártico donde Estados Unidos se reserva el derecho a reclamar territorio mientras que Gran Bretaña ambiciona la totalidad de la porción reclamada por Argentina.
Estos lingotes, valuados en miles de millones de dólares, fueron retirados del país en vuelos comerciales bajo la gestión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pero su paradero sigue siendo desconocido.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó su balance correspondiente al ejercicio 2024 y una omisión encendió todas las alarmas:los lingotes de oro que formaban parte de sus reservas internacionales ya no figuran en ningún apartado del documento oficial. No están consignados ni como activos, ni mencionados en las notas, anexos o estados complementarios. Literalmente, desaparecieron del balance.
Estos lingotes, valuados en miles de millones de dólares, fueron retirados del país en vuelos comerciales bajo la gestión del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pero su paradero sigue siendo desconocido. La operación fue revelada inicialmente por el portal LPO y, solo tras la exposición pública, Caputo reconoció la maniobra. Sin embargo, ni él ni el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, han informado oficialmente a dónde fue trasladado el oro ni con qué fin.
Se especula que parte de ese metal precioso habría sido enviado a Basilea o al Banco de Inglaterra, posiblemente como garantía en operaciones financieras. Pero hasta ahora, no existe ninguna confirmación oficial sobre el destino o el resguardo de ese patrimonio, que pertenece a todos los argentinos.
“Que el Banco Central no indique dónde están esos lingotes es gravísimo. Es como si el Tesoro Nacional no dijera en qué banco tiene depositados sus fondos”, advirtió con preocupación un alto directivo del sector financiero. “Ya ni siquiera se trata de explicar qué operación hicieron con el oro, sino simplemente de aclarar dónde está guardado”.
La omisión generó inquietud incluso en círculos internacionales. Un técnico bancario con sede en Suiza afirmó que el balance podría ocultar operaciones de swap con colateral en oro depositado en Londres, lo que agravaría aún más la falta de transparencia.
Pese a esta situación crítica, desde el Gobierno celebraron los números del balance. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el BCRA obtuvo una ganancia de $19,4 billones en 2024, de los cuales $11,7 billones se destinarán al pago de deuda. Sin embargo, especialistas advirtieron que el 90% de esas “ganancias” provienen de intereses de títulos públicos atados a la inflación, es decir, de la misma deuda que se pretende pagar.
Para algunos economistas, este giro de utilidades del Central al Tesoro —que coincide con la falta de renovación total en la última licitación— marca el regreso del financiamiento directo del BCRA al Estado, mientras los depósitos del Tesoro se diluyen y las reservas de oro simplemente… no aparecen.
El expresidente Mauricio Macri reconoció que la situación actual de la población es más difícil que durante la gestión peronista, pero pidió a la sociedad “bancar el ajuste” que está llevando adelante el presidente Javier Milei.
Durante una entrevista emitida el domingo por la noche en el canal La Nación Más, el expresidente Mauricio Macri volvió a dejar en claro su respaldo total al gobierno de Javier Milei, incluso a costa de reconocer el deterioro económico que sufre gran parte de la sociedad. El expresidente Mauricio Macri reconoció que la situación actual de la población es más difícil que durante la gestión peronista, pero pidió a la sociedad “bancar el ajuste” que está llevando adelante el presidente Javier Milei.
“Hoy mucha gente está peor que con el peronismo, eso es cierto ,“yo anduve en Tandil, Balcarce y la gente te dice: No estoy bien, no estoy mejor, tal vez estoy un poco peor, pero yo ahora entendí que es por acá y voy a bancar“, relató Macri en declaraciones públicas, aunque remarcó que este sacrificio es necesario para encarar lo que considera un cambio profundo y de fondo. “Estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que no se animaron a hacer antes”, señaló, respaldando el rumbo económico del Gobierno libertario.
Lejos de ofrecer una autocrítica profunda por su responsabilidad directa en el mega endeudamiento del país, Macri destacó que el ajuste impulsado por Milei es duro pero imprescindible, y apeló a la paciencia de los argentinos: “Sé que duele, pero es el único camino para salir adelante”. También sostuvo que el país “estuvo al borde del colapso” y que las medidas actuales buscan evitar una crisis aún mayor.
Con estas palabras, el exmandatario volvió a posicionarse como un aliado clave del oficialismo, llamando a sostener el programa económico a pesar de las dificultades que atraviesa gran parte de la población.
La confianza en el Gobierno de Javier Milei continúa desplomándose. En abril, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó por quinta vez consecutiva y se ubicó en 2,33 puntos sobre 5, según datos difundidos por la Universidad Torcuato Di Tella.
Se trata de una nueva señal de desgaste para la gestión libertaria, que acumula una baja del 12,4% desde diciembre de 2024.
La magnitud de la caída es aún más significativa al compararse con gestiones anteriores. A esta altura de su mandato, Mauricio Macri registraba un nivel promedio de confianza superior (2,63), mientras que el gobierno de Milei se ubica en 2,51. La diferencia es clara: Milei se encuentra por debajo de Macri y solo logra posicionarse por encima de Alberto Fernández, cuya media en el mismo periodo fue de 2,26.
La Escuela de @UTDT_Gobierno dio a conocer los resultados del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondientes a abril de 2025, sobre la base de las encuestas realizadas entre el 3 y el 11/4. Descargá el informe completo acá: https://t.co/pqdshfljp9 https://t.co/ptKC5JuUrI
— Universidad Torcuato Di Tella (@utditella) April 28, 2025
El informe detalla además que la confianza cayó en los cinco componentes del ICG: se deterioró la percepción sobre la capacidad para resolver los problemas del país (-3%), la honestidad de los funcionarios (-1,5%), la eficiencia en el gasto público (-0,2%), la evaluación general del gobierno (-4,9%) y, con una fuerte baja del 9,7%, la preocupación por el interés general.
En términos demográficos, el índice mostró mejores resultados entre hombres, jóvenes de 18 a 29 años, residentes del interior del país, personas con educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas optimistas sobre el futuro económico.
A pesar de algunos apoyos puntuales, los datos reflejan una tendencia clara: la confianza en el gobierno de Javier Milei sigue en caída libre, y su imagen comienza a ubicarse más cerca de los peores momentos de la gestión anterior que de una etapa de consolidación política.
Advierten que la falta de campañas de vacunación esta generando un retroceso sin precedentes en materia de salud publica generando la reaparición de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas.
Argentina atraviesa una profunda crisis sanitaria provocada por el repliegue del Estado en materia de prevención. Mientras el sistema de salud pública se debilita, enfermedades que habían sido controladas o incluso erradicadas regresan con fuerza a distintas regiones del país.
El último Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el propio Ministerio de Salud, expone una realidad alarmante: aumentan los casos de sarampión, hepatitis A, paperas, tuberculosis y otras patologías prevenibles mediante vacunación. El informe, correspondiente a la semana epidemiológica 15 de 2025, revela el costo del abandono estatal en políticas de prevención.
El retroceso sanitario se manifiesta de forma dramática. Con campañas de vacunación desarticuladas, una ciudadanía cada vez más alejada del acceso a las vacunas y un Estado ausente, el avance de enfermedades infecciosas era cuestión de tiempo.
Uno de los datos más inquietantes es el resurgimiento del sarampión: en apenas cuatro meses se confirmaron 21 casos, concentrados principalmente en Buenos Aires y Ciudad Autónoma, lo que representa un incremento del 1800% respecto de años anteriores. Especialistas como el doctor Ramiro Heredia, del Hospital de Clínicas, advierten que estos brotes son el resultado directo de la caída sostenida de la cobertura de vacunación. “Perdimos el hábito de vacunarnos”, advirtió, remarcando la fragilidad actual del sistema sanitario.
El panorama se agrava con otras enfermedades. Las paperas aumentaron un 295% respecto de la mediana de los últimos cinco años. La hepatitis A, una enfermedad que se transmite por agua o alimentos contaminados, muestra un crecimiento del 456%, afectando ahora incluso a jóvenes adultos de entre 20 y 39 años. Además, zoonosis como la leptospirosis y la psitacosis también registran alzas preocupantes.
La respuesta estatal ha sido prácticamente nula: no se han lanzado campañas masivas de vacunación, ni refuerzos territoriales, ni programas nacionales de prevención. La desatención es evidente. Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano, señala con claridad las causas: “Estamos viviendo una reemergencia de enfermedades que estaban controladas por vacunas. Esto es producto de la falta de vacunación en los últimos años, especialmente en la infancia”, advirtió.
El deterioro sanitario también se refleja en el alarmante aumento de tuberculosis. Durante 2024 se notificaron cerca de 17.000 nuevos casos, y en 2025 los casos ya muestran un incremento del 38% respecto del promedio de los últimos cuatro años. La doctora Jimena Falco, neumonóloga y coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, alerta que los casos están creciendo especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes —el grupo en edad más productiva—, además de observarse un preocupante aumento de casos graves y de mortalidad.
La tuberculosis, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire. Factores como la diabetes, la desnutrición, el consumo de tabaco y el debilitamiento del sistema inmunológico aumentan el riesgo de contagio, factores que se agravan en un contexto de creciente pobreza y exclusión social.
La desprotección sanitaria en Argentina es inocultable. En un país donde la pobreza, el desempleo y la incertidumbre marcan la agenda cotidiana, el abandono de la salud pública expone a millones de personas a enfermedades que deberían estar bajo control. Y mientras el Estado continúa ausente, las cifras del retroceso se acumulan, trayendo de vuelta problemas que creíamos superados.
Para el gobernador bonaerense la máxima autoridad del FMI “violó el reglamento del Fondo Monetario y su deber de imparcialidad” con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explicito al oficialismo libertario.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció una grave intromisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política interna argentina y exigió formalmente al Directorio Ejecutivo del organismo que investigue a su directora gerente, Kristalina Georgieva. A través de una carta enviada al FMI, Kicillof solicitó una investigación interna sobre la conducta de Georgieva, a quien acusa de haber favorecido explícitamente al gobierno de Javier Milei, en violación de las normas éticas del organismo.
“Acabo de enviar una carta al Directorio Ejecutivo del FMI exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva”, anunció el mandatario bonaerense. Según Kicillof, la funcionaria del FMI no solo violó el reglamento interno del organismo sino también su deber de imparcialidad, al emitir declaraciones y gestos de apoyo al oficialismo libertario en un contexto electoral.
La polémica se desató el 24 de abril, durante una conferencia de prensa en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, cuando Georgieva, al ser consultada sobre los riesgos del préstamo de 20 mil millones de dólares a Argentina, afirmó que “es muy importante que no se desvíe la voluntad de cambio”. Estas palabras fueron interpretadas como un claro respaldo a la administración de Milei.
El respaldo de Georgieva se evidenció aún más horas después, cuando se difundió una fotografía suya junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ambos luciendo pines con forma de motosierra, un símbolo que remite directamente a la campaña de La Libertad Avanza. “¿Se imaginan las reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de MORENA?”, ironizó Kicillof.
Kristalina Georgieva, con el pin de la motosierra que le regaló Federico Sturzenegger, un claro gesto de apoyo a las políticas de ajuste del gobierno de Milei.
Desde el gobierno bonaerense sostienen que estos gestos no solo son inaceptables, sino que constituyen una violación de principios fundamentales del derecho internacional, como la no injerencia en los asuntos internos de los países, además de contradecir el código de conducta del propio FMI, que exige a sus máximas autoridades actuar con estricta imparcialidad.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reforzó la denuncia citando el reglamento del FMI, que establece que sus funcionarios deben evitar que sus opiniones personales comprometan o parezcan comprometer su función oficial. “Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción”, subrayó Kicillof en su reclamo formal.
El Gobierno Nacional oficializó la decisión de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en casos de flagrancia en zonas fronterizas, profundizando la militarización interna bajo el enfoque de securitización impulsado por el Comando Sur de Estados Unidos en la región.
La medida fue anunciada y defendida públicamente por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien calificó de “controversial” la decisión y la enfrentó tildando de “defensores de narcos y terroristas” a quienes la critican.
La autorización para que el Ejército y la Armada participen en tareas de control y detención transitoria de civiles en flagrancia fue incluida dentro del denominado “Operativo Roca”, que refuerza la vigilancia en la frontera norte del país, en conjunto con Gendarmería Nacional. El operativo, oficializado el pasado 15 de abril mediante el Decreto 1112/2024 y respaldado por la Ley de Defensa Nacional, contempla además un despliegue flexible y la capacitación de los efectivos bajo nuevas “Reglas de Empeñamiento”.
Aunque el Gobierno intenta acotar el uso de la fuerza, prohibiendo, por ejemplo, disparar contra sospechosos en fuga, el trasfondo es preocupante: Argentina repite una estrategia ya aplicada —y fracasada— en países como México, Colombia y Perú.En esos casos, la militarización de las fronteras terminó agravando la violencia, debilitando a las fuerzas armadas y alimentando al crimen organizado. Soldados con salarios de subsistencia fueron fácilmente cooptados por las redes narco-criminales, a las cuales terminaron suministrándoles armas, entrenamiento y apoyo logístico.
El contexto actual en Argentina no es diferente: los efectivos militares perciben sueldos que apenas les permiten la subsistencia, y las únicas voces de alarma provienen de sus familias, que denuncian públicamente la precarización de las condiciones en que se los expone. Todo indica que el país podría estar avanzando hacia el mismo callejón sin salida que recorrieron sus vecinos, sin aprender de sus tragedias recientes.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz
Mientras tanto, funcionarios como Petri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúan promoviendo estas políticas de militarización de claro tinte electoralista y bajo el argumento de “reforzar la presencia del Estado” en zonas críticas. Una estrategia que, en los hechos, arriesga no solo a los propios soldados, sino también la estabilidad y la paz social.
¿Combatiendo al narcotráfico?
A esta situación se suma una preocupante contradicción: mientras se militarizan las fronteras bajo el pretexto de combatir el delito, en el plano financiero y bancario se abren todas las puertas al lavado de activos. El último blanqueo de capitales mediante el cual el gobierno eliminó las bases de datos de las 300 mil cuentas de quienes accedieron al blanqueo y la conformación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) implementadas en épocas de Macri cuando Bullrich era ministra de seguridad —utilizadas, entre otros, por la banda criminal de “Los Monos” en Rosario para lavar dinero proveniente del narcotráfico— revelan un sistema que otorga facilidades al crimen organizado, debilitando cualquier discurso oficial sobre la seguridad.
Así, mientras se endurece la respuesta represiva en territorios pobres con fines electorales, el poder económico de las organizaciones criminales crece amparado por normas diseñadas para blanquear capitales de origen ilícito que se suma al relajamiento de los controles en la denominada Hidrovia. Argentina corre el riesgo de cometer los mismos errores que devastaron a sus vecinos, enfrentándose a una militarización ineficaz y a una expansión descontrolada de los negocios criminales.
