El detonante final de su expulsión fue la dura crítica contra el presidente Javier Milei por haber asignado 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado

La interna en La Libertad Avanza (LLA) se intensifica día a día, y este miércoles llegó un nuevo y explosivo capítulo. El formoseño Francisco Paoltroni, que hasta hace poco integraba el bloque oficialista en el Senado, fue expulsado de manera fulminante por sus propios compañeros. La decisión, impulsada directamente desde Casa Rosada, fue comunicada en una nota dirigida a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel.

El documento lleva las firmas de los senadores Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala, mientras que otros dos miembros del bloque, Ivana Arrascaeta y Bruno Olivera Lucero, se sumaron al pedido de expulsión vía mail. El motivo: “diferencias irreconciliables” con el formoseño, quien en los últimos días se volvió una voz incómoda dentro del bloque libertario.

La gota que colmó el vaso: las duras críticas de Paoltroni a Milei y la SIDE

El detonante final para esta expulsión fue la crítica abierta de Paoltroni al presidente Javier Milei por haber asignado 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), mientras que, según el senador, “no hay plata para los jubilados”. Este cuestionamiento encendió las alarmas en la Casa Rosada y selló su destino dentro del bloque oficialista.

Según fuentes cercanas, un influyente funcionario libertario ya había anticipado que Paoltroni podría correr la misma suerte que Lourdes Arrieta, la diputada que renunció al bloque de LLA antes de ser expulsada tras una serie de escándalos internos. Arrieta, conocida por su polémica visita a genocidas en Ezeiza y la filtración de comprometedores chats de WhatsApp, también había criticado fuertemente a sus compañeros, acusándolos de querer silenciarla “por decir la verdad”.

Una semana convulsionada: Arrieta, Paoltroni y la fractura libertaria

La situación en La Libertad Avanza se torna cada vez más caótica. Tras la salida de Arrieta, que también expuso divisiones profundas dentro del bloque, la expulsión de Paoltroni no hace más que confirmar la creciente crisis interna en el partido liderado por Milei. Las tensiones sobre la SIDE, la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema y las acusaciones cruzadas de traición y encubrimiento han puesto al bloque libertario en el ojo del huracán.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue reinando en el Congreso, donde la unidad de La Libertad Avanza parece más frágil que nunca, con un bloque oficialista que no duda en cortar cabezas para mantener el control.

Este miércoles por la noche fue detenido en Corrientes el diputado Germán Kiczka, luego de que se emitiera una orden de arresto internacional.

El diputado provincial de Misiones, Germán Kiczka, fue detenido tras emitirse una orden de arresto internacional en su contra, acusado de distribuir contenido pornográfico infantil en la web. Kiczka, vinculado al partido La Libertad Avanza, fue capturado en la provincia de Corrientes luego de que una persona lo identificara y diera aviso a las autoridades.

Kiczka se encontraba prófugo desde que la Justicia lo involucró en la Operación Guardianes Digitales por la Niñez, una investigación realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) en febrero, que reveló su participación en la distribución de 603 fotos y videos con contenido de abuso infantil. Su hermano, Sebastián Kiczka, también implicado, sigue siendo buscado.

El legislador fue trasladado este jueves por la mañana a la localidad de Apóstoles, Misiones, donde quedó detenido. A su llegada, esposado y rodeado por la prensa, Kiczka proclamó: “Basta de persecución política”, intentando desviar la atención de las graves acusaciones en su contra.

La captura de Germán Kiczka

La detención de Kiczka fue posible gracias a una llamada telefónica de una vecina de Loreto, Corrientes, que alertó a la policía sobre la presencia del legislador prófugo en un camping cercano. Esta localidad, ubicada a 200 kilómetros de Apóstoles y cercana a la frontera con Paraguay, se convirtió en el escenario de la captura del diputado.

La mujer que hizo la denuncia explicó que, tras reconocer la imagen del diputado en su celular, lo vio en persona en el camping. La policía acudió rápidamente al lugar, donde encontró el Toyota Corolla de Kiczka estacionado cerca de una precaria habitación en el predio.

Inicialmente, Kiczka intentó evadir a los agentes, pero al verse acorralado, no tuvo más opción que identificarse. Fue trasladado al hospital del pueblo para constatar su estado de salud antes de ser llevado a la comisaría.

Según fuentes de Infobae, Kiczka estaba solo en el momento de su detención. Durante la noche y madrugada, las fuerzas de seguridad realizaron intensos rastrillajes en la zona en busca de su hermano Sebastián.

En poder de Kiczka se encontró un celular sin chip, y se supo que utilizaba el teléfono del encargado del camping para comunicarse con sus allegados, motivo por el cual dicho aparato fue secuestrado por las autoridades.

El cuidador del lugar relató que Kiczka le había dicho que estaba atravesando problemas familiares y que necesitaba quedarse en el camping unos días, una excusa que ahora queda completamente desacreditada.

“Nos tiraron gas en los ojos, es una locura esto”, sostuvo uno de los jubilados presentes en el lugar.

La brutalidad del gobierno de Javier Milei volvió a hacerse presente este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde jubilados se congregaron para exigir el aumento de sus haberes y rechazar el veto anticipado a la nueva movilidad jubilatoria. Lo que debería haber sido una protesta pacífica encabezada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) se convirtió en una escena de horror, con la represión policial desatada contra los ancianos que más sufren las políticas de ajuste.

“Nos tiraron gas en los ojos, es una locura esto”, gritaba uno de los jubilados mientras intentaba recobrar el aliento. La Policía, actuando con total insensibilidad, no dudó en atacar a quienes, con 75 años o más, solo buscaban defender su derecho a una vida digna. Las imágenes transmitidas por C5N mostraron la brutalidad del operativo, con palos y gas pimienta dirigidos a los mismos ancianos que apenas pueden subsistir con haberes mínimos.

Uno de los manifestantes, visiblemente afectado por la violencia, comparó la represión con la oscura época de la dictadura: “Yo viví la época de Videla y esto parece lo mismo, es lo mismo”. Otro jubilado denunció: “La Policía reacciona porque les pagan bien, pero nosotros no tenemos ni para comer”. Mientras tanto, las cámaras capturaban cómo los ancianos eran asistidos tras los golpes, el gas y el desamparo.

Ana Valverde, líder de la UTJEL, denunció que el gobierno de Milei, lejos de atender las necesidades urgentes de los jubilados, optó por reprimirlos brutalmente. “Milei vociferó que iba a anular la ley, y nosotros la vamos a defender aunque no sea la mejor”, afirmó. Valverde explicó que la ley que defienden busca que el haber mínimo sea igual al valor de la canasta del adulto mayor, que hoy está calculada en 900 mil pesos, muy por encima de los 370 mil contemplados por la ley, que ni siquiera cubren todos los gastos esenciales.

La líder sindical también denunció el recorte en los medicamentos cubiertos por el PAMI, que pasó de ofrecer cinco remedios al 100% a solo cuatro, dejando fuera los más costosos y vitales, como los del corazón y para la hipertensión, que cuestan alrededor de 80 mil pesos.

En lugar de proteger a los más vulnerables, el gobierno de Milei parece decidido a atacarlos, demostrando una vez más su insensibilidad y falta de compasión hacia quienes han trabajado toda su vida y ahora solo exigen lo que les corresponde.

Según un informa de La Nación, el presidente habría facturado más de $120 millones de forma “trucha” a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia, entre 2012 y 2015.

El periodista Hugo Alconada Mon destapó un nuevo escándalo que salpica al presidente Javier Milei. A pesar de sus dichos en dirección a terminar con la corrupción y la “casta”, ahora está bajo la lupa por emitir facturas “truchas” por un total de $120.383.868 durante el gobierno del ex gobernador Daniel Scioli.

Según el informe de La Nación, Milei habría facturado de forma “trucha” a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia, entre 2012 y 2015. El mismo Milei que criticaba el manejo del Estado ahora está acusado de utilizarlo para beneficio personal mientras trabajaba para Eduardo Eurnekián.

Alconada Mon, quien dedicó un año a reconstruir esta investigación, detalló que el informe muestra al actual presidente involucrado en maniobras irregulares. “Reconstruir todo ese rompecabezas me llevó un año”, confesó el periodista. Aunque el informe podría tener más valor informativo que judicial debido a posibles prescripciones, las acusaciones son serias.

El informe indica que Milei, mientras trabajaba para Eduardo Eurnekián, habría emitido al menos 25 facturas en formato papel, no electrónicas, a favor de Provincia Seguros. “Tenemos a un economista libertario que denostaba al Estado pero que, al mismo tiempo, facturaba para el Estado emitiendo facturas truchas”, señaló Alconada Mon. También se mencionó que Milei utilizó estas maniobras para financiar la campaña presidencial de Daniel Scioli, candidato peronista en ese entonces.

“Las facturas señaladas son al menos 25, que Milei emitió de manera casi correlativa”, especificó el informe. Tras la publicación, Alconada Mon expresó una “mezcla de sensaciones”: “Por un lado, muy tenso; por otro, aliviado, porque hasta que no tenés completamente cerrada la historia, tenés que seguir trabajando por debajo, siempre temiendo que alguien te la queme”.

El periodista concluyó: “Mi trabajo es informar y procuro darle un servicio a nuestros lectores”. Este giro en la carrera de Milei plantea serias preguntas sobre la coherencia de su mensaje contra la corrupción. ¿Será este el fin del discurso anti casta del presidente?

El flamante monobloque tendrá como nombre “Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal” y lo identificará el color violeta.

La diputada Lourdes Arrieta anunció su renuncia al bloque de La Libertad Avanza y la formación de un nuevo monobloque bajo el nombre “Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal”. La salida de Arrieta se produjo justo antes de un cónclave libertario previsto para la noche del martes, en el que se esperaba su expulsión. Con esta decisión, el bloque oficialista quedó reducido a 37 legisladores.

Arrieta, oriunda de Mendoza, responsabilizó a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, por los eventos que la llevaron a tomar esta drástica medida. Según la diputada, la dirección del bloque libertario se ha alejado de los principios del presidente Javier Milei. “No puedo apoyar a un grupo que está en contra de la agenda del Presidente y que busca encubrir delitos de lesa humanidad”, afirmó Arrieta en declaraciones a la prensa.

Además, Arrieta denunció “malos tratos” y “falta de consideración” por parte del bloque, y señaló que fue dejada sola tras la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza. En respuesta, Arrieta anunció que su primer proyecto en el nuevo bloque será la “ampliación de la investigación” sobre dicha visita.

La diputada también solicitó una investigación sobre el diputado Beltrán Benedit, organizador de la reunión, así como sobre Emilia Orozco y Lilia Lemoine, quienes participaron en la visita. “Fue una visita institucional, y no me lavo las manos. Sigo apoyando las ideas de la libertad”, declaró, dejando claro que, a pesar de su salida, seguirá apoyando los proyectos del oficialismo, votando “en base a sus valores y principios”.

En la carta dirigida a Martín Menem para formalizar la creación de su monobloque, Arrieta detalló: “He decidido conformar el Bloque ‘Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal’, abreviado como ‘FE'”. Además, reafirmó su compromiso con los valores judeocristianos y liberales, y con la agenda del presidente Javier Milei, indicando que su nuevo bloque tendrá el color violeta.

Se trata del diputado por La Libertad Avanza acusado de pornografía infantil.

Este lunes, Interpol Argentina emitió formalmente una notificación roja para la búsqueda nacional e internacional del diputado misionero Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes permanecen prófugos de la Justicia.

Ambos están acusados de producir y consumir pornografía infantil, además de estar presuntamente vinculados a una red de pedofilia. La alerta incluye detalles específicos sobre los delitos imputados y la descripción física de los hermanos, quienes, según se informó, podrían haberse desplazado por Brasil o Paraguay.

La intensa búsqueda de Germán Kiczka comenzó el jueves 22 de agosto, después de que la Legislatura de Misiones aprobara por mayoría su desafuero, lo que permitió un allanamiento en su domicilio en Apóstoles.

Sin embargo, el operativo no logró detener al diputado, ya que este logró darse a la fuga. Según los investigadores, Kiczka y su hermano habrían escapado hacia Iguazú y, desde allí, se habrían dirigido a algún país vecino, posiblemente Brasil o Paraguay, lo que ha complicado su captura y motivado la emisión de la alerta internacional.

La medida se implementará sin pasar por el Congreso, siguiendo el modelo de privatizaciones impulsado por Mauricio Macri.

El gobierno de Javier Milei acelera su plan de desguace del Estado, lanzando una ofensiva para vender más de 200 terrenos y edificios públicos estratégicos, muchos de ellos vitales para el funcionamiento estatal, con el fin de destinarlos a la especulación inmobiliaria de grandes grupos económicos. En un paso decisivo, este martes se creó la Unidad de Grandes Proyectos Urbanos dentro de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), formalizada en la Resolución 107/2024 publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Este nuevo organismo, que tendrá carácter temporario, está diseñado para allanar el camino a una ola de privatizaciones, despojando al Estado de activos cruciales. La Unidad de Grandes Proyectos Urbanos se encargará de coordinar y facilitar la ejecución de grandes negocios inmobiliarios, bajo la fachada de la planificación y desarrollo de proyectos estratégicos. Su función, en esencia, es desmantelar y vender el patrimonio estatal sin la necesidad de debate ni control parlamentario.

Entre las primeras misiones de esta unidad figura la urbanización del Barrio Padre Mugica en Retiro y la implementación de un Máster Plan para el “Ex Mercado de Hacienda” en Mataderos, proyectos que buscan atraer financiamiento privado y transformar estos terrenos en áreas de alta rentabilidad inmobiliaria. Estas iniciativas no solo implican la pérdida de patrimonio público, sino también un claro avance de los intereses privados sobre espacios que deberían estar al servicio de la comunidad.

El decreto establece que la Unidad de Grandes Proyectos Urbanos tendrá una vigencia de dos años, plazo durante el cual se espera que se concreten la mayor cantidad posible de ventas y desarrollos, consolidando el desguace del Estado como política de gobierno.

La administración Milei no oculta su objetivo: recaudar mil millones de dólares mediante la liquidación de terrenos públicos altamente codiciados por el mercado inmobiliario. En la mira están incluso propiedades clave como el Campo Hípico militar y el Regimiento de Patricios, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, que según un informe de Página/12, enfrentarán remates forzados sin pasar por el Congreso, siguiendo el mismo esquema utilizado por Mauricio Macri para despojar al Estado de activos estratégicos.

El malestar es creciente dentro del Ejército, ante la perspectiva de perder terrenos estratégicos en un remate que se llevará a cabo mediante decretos y un mega DNU, otorgando a Milei la capacidad de ejecutar estas ventas sin ningún tipo de control legislativo.

Para llevar adelante este plan, Milei ha designado a Nicolas Pakgojz, un exfuncionario de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, al frente de la AABE. Pakgojz, conocido en el sector inmobiliario como un operador cercano al empresario Eduardo Elsztain, recibió plenas facultades a través del DNU 636/2024, permitiéndole disponer y vender inmuebles del dominio privado del Estado Nacional de manera expedita.

En su ofensiva para desmantelar el Estado, la AABE ha exigido a todos los ministerios y dependencias estatales un inventario detallado de sus inmuebles, incluyendo aquellos en posesión de las Fuerzas Armadas, que administran algunas de las propiedades más valiosas del país. Aunque no existe un inventario público actualizado, se estima que el Ejército cuenta con más de 1.500 inmuebles, la Armada con unos 3.500, y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3.000.

Este remate masivo no solo afecta a las Fuerzas Armadas, sino que también pone en riesgo terrenos ferroviarios, propiedades de universidades nacionales, instalaciones de organismos como el INTI e incluso el predio de Tecnópolis, todos en la mira de los desarrolladores inmobiliarios que se preparan para capitalizar el desmantelamiento de un Estado cada vez más debilitado.

Así lo reveló el periodista Tomás Mendez. Se trata de la cadena Tostado que desde 2015 abre sucursales en nuestro país y en algunas ciudades del mundo.

Durante la última emisión de “Telenueve denuncia” el periodista Tomás Méndez expuso un presunto negocio irregular vinculado a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Según Méndez, en 2015 la ministra macrista habría iniciado un emprendimiento gastronómico llamado “Tostado” con el propósito de lavar dinero proveniente de los contribuyentes.

Méndez profundizó en su denuncia señalando: “Esto es así, en el año 2015 un familiar directo de Bullrich que vive en su casa generó el nombre de una empresa, un bar, porque iban a entrar a la gestión y se dan cuenta de que si ella (por Bullrich) iba a ser ministra, tenían que ver cómo lavar en casa las cosas. Para no tener los bolsos en casa, tenés que tener un negocio”, ironizó.

Además, Méndez detalló que este familiar fue director “de una agencia menor” durante el gobierno de Mauricio Macri, subrayando la posible conexión entre las actividades privadas y la gestión pública.

Sobre la cadena Tostado, agregó que “Se trata de una de las cadenas más grandes de la Argentina, pero tambien está en el mundo, y lo curioso es que también está en algunos aeropuertos”, lo que refuerza la magnitud y el alcance del presunto esquema de lavado de dinero.

Hasta el momento, Bullrich no ha emitido ninguna declaración pública en respuesta a estas graves imputaciones, que llegan en un momento delicado para su carrera política. La investigación de Méndez pone en el centro del debate la posible existencia de redes de corrupción al más alto nivel del poder.

Se trata de la diputada libertaria que formó parte del conjunto de diputados que visitaron genocidas en Ezeiza.

En medio de rumores sobre su expulsión del bloque de La Libertad Avanza (LLA), la diputada Lourdes Arrieta expuso este fin de semana los comprometedores chats que revelan la organización de la polémica visita a genocidas en el penal de Ezeiza. Más tarde, el domingo, filtró los polémicos proyectos de ley de su bancada que buscan la liberación de represores detenidos.

“Primero compartí una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los proyectos de ley y el decreto reglamentario que los diputados de LLA propusieron en nuestro grupo de WhatsApp para obligar a los jueces a liberar a los genocidas“, publicó Arrieta en X.

A través de varios tuits, la legisladora, que ha tenido una semana de fuertes tensiones con su bloque luego de la negativa a los fondos de la SIDE en el Congreso, reveló los documentos que implican a figuras como Lilia Lemoine, que había querido despegarse del escándalo.

Sin embargo, Arrieta también denunció que sus compañeros de bancada intentan asegurar la “impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad”. Sin embargo, aclaró: “Esta no es la agenda del presidente Javier Milei. Estoy segura de que estos proyectos no reflejan los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes sin el conocimiento de Milei”.

Detalles de los proyectos filtrados por Arrieta

Uno de los documentos filtrados es un decreto que requeriría la firma del Presidente, cuyo propósito es liberar a los genocidas que han estado detenidos por más de 25 años desde la comisión del delito.

El primer artículo del decreto establece: “Independientemente del criterio de los Tribunales Nacionales o Federales sobre el plazo razonable para el juzgamiento de una persona, se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal”.

El texto añade que, una vez vencido ese plazo, la acción penal se extinguirá “por insubsistencia”, conforme al artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a la ley argentina por la Ley 23.313. El cómputo del plazo comenzará desde la fecha en que se cometió el delito.

El proyecto también especifica que el plazo de 25 años sólo se interrumpirá en caso de un golpe de Estado que interrumpa la vida democrática del país.

Por otro lado, el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” propone un límite aún menor para los procesos penales, fijándolo en 20 años. Argumentan que este periodo supera los plazos establecidos en la jurisprudencia nacional e internacional, así como en el Código Penal para delitos con penas de prisión perpetua, y excede los tiempos previstos en las normas procesales para cada etapa del proceso.

De cara a un evento que iba a organizar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, un alumno simpatizante de Javier Milei amenazó a sus compañeros con asesinarlos con una escopeta.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) enfrenta una situación de extrema gravedad que ha conmocionado a la comunidad universitaria. En un hecho que no recuerda precedentes en nuestro país, un estudiante libertario ha amenazado con asistir a una fiesta de la facultad armado con una escopeta.

La amenaza fue difundida a través de un grupo de Telegram, en el que el joven escribió: “Voy a ir a la fiesta de Exactas con una escopeta. Esto no es un chiste. Tengo una escopeta y la voy a usar en la fiesta de Exactas. Vayan si tienen huevos”.

La amenaza, que ha causado una gran alarma, llevó a la suspensión inmediata del evento para proteger la seguridad de todos los asistentes. Este tipo de incidentes, extremadamente raros en el ámbito universitario argentino, ha generado un profundo impacto en la comunidad académica. La facultad ha iniciado un sumario administrativo para investigar el grave hecho, mientras que el centro de estudiantes de la Facultad de Exactas y Naturales ha emitido un comunicado titulado “Basta de violencia política” en el que condena la amenaza.

El centro de estudiantes denunció que el joven ya había mostrado comportamientos violentos previos hacia miembros de la agrupación estudiantil y otros estudiantes, en especial mujeres. En el comunicado, se detalló que el estudiante había increpado a compañeros en el Pabellón II y a través de WhatsApp, y que sus recientes amenazas son de “una enorme gravedad”.

La utilización de armas en un entorno académico es una situación extremadamente grave y rara en Argentina, donde los actos de violencia armada en instituciones educativas son prácticamente inexistentes. Este incidente no solo refleja un serio quiebre en la convivencia universitaria, sino que también plantea una preocupación sobre la creciente radicalización y violencia política en el país.

La comunidad universitaria se encuentra en estado de alerta, mientras las autoridades de la UBA y de seguridad trabajan para esclarecer la situación y garantizar que no se repitan estos hechos tan graves. La urgencia de abordar y prevenir la violencia en el ámbito académico nunca ha sido tan evidente.