La solución que encontró el gobierno porteño para aquellos que no puedan afrontar los aumentos de transporte es autorizar los pagos con tarjeta de crédito, debito o aplicaciones.

La profunda crisis económica continúa afectando a todos los sectores, y el subte de Buenos Aires no es la excepción. En lugar de ofrecer soluciones para mejorar el servicio o aliviar la carga financiera de los usuarios, el gobierno ha optado por facilitar el endeudamiento, permitiendo que los pasajeros paguen los boletos en cuotas con tarjetas de crédito. Esta medida no solo refleja la gravedad de la situación, sino que también evidencia la falta de respuestas concretas para enfrentar la creciente precariedad del sistema de transporte.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que en los próximos meses se remodelarán los molinetes del subte para permitir nuevos métodos de pago, como celulares con tecnología NFC, tarjetas de débito y crédito, además de la tradicional SUBE. Este anuncio llega poco después de que el Gobierno nacional informara sobre las pruebas piloto que comenzarán en septiembre para habilitar otros medios de pago en el transporte público, además de la SUBE. Según las autoridades de la Ciudad, a partir de diciembre, los usuarios podrán pagar sus viajes con el celular o tarjetas de crédito y débito de cualquier banco, manteniendo la vigencia de la SUBE.

Macri celebró la medida señalando que busca modernizar el sistema de pagos, pero no se puede ignorar que esta iniciativa facilita que los usuarios acumulen deudas para poder seguir utilizando un servicio que no deja de encarecerse. “En campaña dije que en mi gestión íbamos a cambiar la forma en la que se pagaba el subte. Por eso, en estos meses vamos a estar cambiando los molinetes para que se pueda abonar con nuevos medios de pago”, declaró el jefe de Gobierno. Además de la SUBE, “se va a poder usar tarjetas de crédito o débito, y también el celular, si tiene tecnología NFC”.

El nuevo sistema también permitirá acceder a beneficios como la tarifa escalonada, con descuentos progresivos del 20%, 30%, y 40% superados los 20, 30, y 40 viajes, respectivamente, siempre que se utilice la misma tarjeta. Además, “las personas podrán seguir utilizando la tarjeta SUBE para contar con el mismo beneficio o el de la Red SUBE, que aplica descuentos para viajes realizados en el lapso de dos horas: del 50% en el segundo boleto y del 75% a partir del tercero”.

Lejos de ser una solución real, la decisión de permitir el pago en cuotas subraya la gravedad de la crisis. En lugar de abordar el problema de fondo, se invita a los ciudadanos a endeudarse para poder seguir utilizando un servicio esencial, profundizando la desigualdad y aumentando la presión sobre aquellos que ya están al límite.

Con esta estrategia, el gobierno muestra una preocupante desconexión con la realidad de los usuarios, quienes enfrentan un servicio cada vez más costoso y deficiente. La posibilidad de endeudarse para pagar el transporte público es solo un paliativo que ignora la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema de transporte de la Ciudad.

Así se refirió la ministra de Defensa contra el líder del PRO y prendió fuego la interna macrista dentro del gobierno.

La interna dentro del PRO se intensifica. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y figura clave dentro del partido, lanzó duras críticas contra Mauricio Macri tras una serie de movimientos contradictorios que han generado un creciente malestar en el espacio político. La frágil unidad del PRO se ve cada vez más amenazada, en un contexto donde las diferencias internas comienzan a hacerse irreparables.

El jueves, Macri dio luz verde para que los senadores del PRO apoyaran la reforma jubilatoria que incluye un aumento del 8,1% en las pensiones. Esta medida fue vista como una concesión inesperada al gobierno de Javier Milei, provocando incomodidad entre los propios aliados del expresidente. Pero la sorpresa mayor llegó este viernes, cuando Macri, en un mensaje publicado en X (ex Twitter) que parecía haber sido programado la noche anterior, respaldó el veto de la reforma anunciado por la Casa Rosada. Esta contradicción desató la furia de Bullrich, quien no dudó en hacer públicas sus críticas.

“Uno está a favor o en contra del cambio”, disparó Bullrich en un mensaje contundente en X. “Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra”. La ministra fue aún más allá, subrayando el quiebre que amenaza con fracturar definitivamente al PRO: “Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar”. Y cerró con un llamado a la definición: “Estás de un lado o del otro. Basta de especular”.

Este intercambio no solo revela las crecientes tensiones entre las principales figuras del PRO, sino que también pone de manifiesto un proceso de fractura interna que podría tener profundas consecuencias para el futuro del partido. Con el PRO al borde del quiebre, las diferencias entre Macri y Bullrich se perfilan como un conflicto que marcará el destino del espacio político.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, defendió la medida que atenta contra grandes empresas nacionales.

El Gobierno nacional derogó los decretos que obligaban al Estado a contratar servicios de empresas públicas como Banco Nación, Aerolíneas Argentinas e YPF, entre otras. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, representa un duro golpe para estas compañías, en las que Javier Milei ha dejado claras sus intenciones de privatización. Desde el Ejecutivo, justificaron la decisión utilizando como pretexto la investigación que involucra al expresidente Alberto Fernández en el escándalo de los seguros, un argumento que enmascara la verdadera intención de priorizar al mercado sobre el Estado.

El decreto deroga la obligatoriedad de contratar los servicios de entidades como Banco Nación para el pago de haberes del personal del Sector Público Nacional, YPF para la provisión de combustible y lubricantes para vehículos oficiales, y Aerolíneas Argentinas -a través de su plataforma Optar- para la compra de pasajes aéreos destinados a funcionarios y asesores. Además, elimina la necesidad de adquirir pólizas de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros, desarticulando un entramado que, según el gobierno, favorecía la corrupción y el mantenimiento de una “casta política”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, salió en defensa de la medida, describiéndola como un paso hacia la eliminación de los “privilegios” de las empresas públicas en las contrataciones estatales. “Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos. Si estos privilegios, además, facilitaban la corrupción o sostenían a una casta política, deben ser desterrados”, afirmó Sturzenegger en sus redes sociales, rematando su mensaje con el lema “Viva La Libertad Carajo”.

El nuevo decreto cita como fundamento el polémico megaDNU que, aunque fue rechazado por el Senado, sigue sin ser tratado en Diputados. En su artículo 50, se establece que las empresas donde el Estado sea accionista no gozarán de prerrogativas de derecho público, ni podrán beneficiarse de ventajas en contrataciones o compras de bienes y servicios. Sturzenegger, en su justificación, se mostró especialmente crítico con los esquemas vinculados al pago de seguros, describiendo como “grotesco” un sistema en el que se contrataba a un “broker” para gestionar una contratación que era obligatoria por ley.

Esta lógica, que prioriza al mercado sobre el Estado, ha demostrado en otros momentos de la historia generar una fuerte vulnerabilidad social, desembocando en crisis y estallidos sociales. La medida actual deja al sector público sin herramientas clave, repitiendo un patrón que en el pasado llevó a consecuencias desastrosas para la sociedad.

Con esta decisión, el Gobierno avanza hacia un modelo en el que las empresas públicas pierden terreno, allanando el camino para futuras privatizaciones. Aunque desde el Ejecutivo se presenta la medida como una “modernización”, sus críticos advierten que se trata de una peligrosa desregulación que podría aumentar la desigualdad y debilitar aún más al Estado en su función de proteger los intereses públicos.

Se trata de Diego Carbone, histórico custodio de la ex presidenta. En su declaración, apuntó contra Gerardo Milman por haber solicitado información detallada sobre su labor previo al atentado.

Diego Carbone, comisario mayor de la Policía Federal y conocido como el “custodio histórico” de Cristina Fernández de Kirchner, declaró ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) en el juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta. Durante su testimonio, Carbone subrayó la complejidad de garantizar la seguridad absoluta, señalando que “la seguridad no es absoluta cuando hay traición”, en referencia a la amenaza latente de un ataque inesperado.

Carbone, quien tenía a su cargo la custodia de CFK el 1 de septiembre de 2022, relató que la situación en la noche del atentado era inusual pero no mostraba signos de peligro evidente: “No había público hostil, pero dentro del público no hostil puede haber un infiltrado”. A través de ejemplos gráficos, trató de explicar las dificultades que enfrenta un equipo de seguridad en contextos de alta tensión.

En otro punto crucial de su testimonio, Carbone mencionó que el diputado del PRO, Gerardo Milman, había solicitado información detallada sobre la custodia de la expresidenta, tanto antes como después del atentado. Esta solicitud, según Carbone, incluyó detalles que comprometían la seguridad de CFK y sus custodios, un hecho que ocurrió bajo la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Carbone recordó cómo, en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se filtró a los medios información confidencial sobre la custodia de CFK, lo que puso en peligro tanto a la expresidenta como a su equipo de seguridad.

El juicio también ha revelado tensiones entre la custodia de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el mando de Horacio Rodríguez Larreta. Carbone describió cómo la Policía de la Ciudad, en lugar de colaborar, atacaba a los simpatizantes de CFK y dificultaba la labor de protección. El comisario relató un incidente en el que, tras intentar dialogar con un oficial porteño, fue gaseado por este último, evidenciando la falta de cooperación entre las fuerzas.

Además, Carbone explicó que la noche del atentado no estaba presente con CFK debido a sus responsabilidades administrativas, aunque sí supervisaba las operaciones. Al enterarse del ataque, acudió rápidamente a Recoleta, donde descubrió que ninguno de los agentes presentes había percibido el intento de asesinato en el momento en que ocurrió.

El juicio continúa desvelando detalles sobre la operación de la custodia y los fallos que permitieron que el ataque contra Cristina Fernández de Kirchner estuviera tan cerca de concretarse, dejando en evidencia las brechas y desafíos en la protección de figuras públicas en contextos de alta polarización.

Así lo reveló la diputada Rocío Bonacci, luego del fuerte cruce de diputados libertarios por la negativa al DNU de Javier Milei que beneficiaba a la SIDE.

La Libertad Avanza atraviesa su momento más crítico en la Cámara de Diputados, marcado por profundas divisiones internas. Tras la polémica visita de algunos legisladores a genocidas y el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que destinaba 100 mil millones de pesos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el bloque que responde a Javier Milei enfrenta una grave crisis. “El bloque no está bien”, reconoció la diputada Rocío Bonacci, quien luego agregó: “Estamos intentando que el bloque esté más unido”.

En una reunión privada, la tensión escaló cuando Nicolás Mayoraz acusó a la diputada Lourdes Arrieta de ser una operadora kirchnerista y de actuar en contra del gobierno, provocando que Arrieta rompiera en llanto y abandonara la reunión después de que Martín Menem pidiera la intervención de seguridad. Según Bonacci, “la diputada Marcela Pagano abrió la puerta y se la llevaron”.

El conflicto expuso el malestar creciente dentro de La Libertad Avanza. Bonacci, al referirse a la actitud de Mayoraz, lo describió como “elevado e injusto”, y defendió a Arrieta: “Me parece que la diputada tiene el derecho de defenderse, como mujer y como persona”.

La situación se complicó aún más cuando algunos miembros del bloque pidieron la expulsión de Arrieta, tras acusar a Beltrán Benedit y a Martín Menem de ser los responsables de la visita a los genocidas. Sin embargo, esta solicitud aún no ha sido tratada. Bonacci, por su parte, expresó su desacuerdo con la posible expulsión y destacó la importancia de mantener la unidad dentro del bloque.

Además, la diputada instó a que se escuche a Arrieta y se le permita contar su versión de los hechos: “Lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque”, afirmó. Bonacci también mencionó que Arrieta presentó una denuncia penal contra Beltrán Benedit por amenazas, hecho que fue ignorado por algunos dentro del espacio: “Parece ser que hay oídos que son sordos”, concluyó.

El presidente de la Cámara de Diputados habría llamado a seguridad para que intervenga ¿Se quiebra el bloque oficialista?

Tras el rechazo en la Cámara de Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei, que destinaba 100 mil millones de pesos adicionales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para gastos reservados en un contexto de ajuste, las tensiones dentro de La Libertad Avanza parecen estar a punto de desbordarse.

C5N informó que el presidente de la Cámara, Martín Menem, tuvo que solicitar la intervención de la seguridad del Congreso luego de un violento cruce entre los diputados libertarios, marcado por gritos y forcejeos. Una de las legisladoras del bloque denunció el tumulto que se desató durante la reunión del grupo que lidera Milei, tras el duro revés sufrido por la votación negativa del PRO.

Aunque el rechazo al DNU fue un golpe significativo para el bloque libertario, las tensiones internas parecen estar alimentadas por la reciente visita de algunos legisladores a genocidas, en la que se vio involucrada Lourdes Arrieta. Fuentes señalan que Arrieta estaría siendo acusada de orquestar un plan junto al kirchnerismo, lo que podría estar generando fracturas internas.

En Argenzuela, Mauro Federico describió que Lourdes Arrieta “sufrió un ataque de nervios” y que “realmente no estaba bien”. Además, comentó que Menem “se acercó para apoyar a quienes la agredieron”. La situación, según algunos rumores, podría estar poniendo en jaque la cohesión del bloque.

Un informe del CEPA reveló que las grandes empresas concentran el 70% de la pérdida de empleo registrado, mientras que el 99,5% de los empleadores que cerraron corresponden a PyMEs.

A poco más de seis meses de la llegada de Javier Milei a la presidencia, las cifras continúan mostrando el panorama preocupante en el mundo laboral argentino. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) evidencia un retroceso significativo en las principales variables del empleo registrado, que afecta tanto a trabajadores como a empleadores en todo el país.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, la cantidad de empleadores en Argentina se redujo en 9.972 casos, un dato que resalta el difícil contexto para las unidades productivas en la actual gestión. Este retroceso en la capacidad empresarial se refleja también en la pérdida de 265.308 puestos de trabajo registrados, lo que representa una disminución del 2,69% en el empleo formal.

El informe del CEPA subraya que la mayoría de las empresas que dejaron de operar en este período son de menor tamaño. En detalle, el 99,5% de las empresas que cerraron tienen hasta 500 trabajadores, mientras que solo un 0,5% corresponde a grandes empresas con más de 500 empleados. Esto sugiere que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que constituyen el corazón de la economía argentina, están sufriendo las consecuencias más severas de la gestión de Milei.

Sin embargo, al analizar la pérdida de empleo, se observa que cerca de 186.357 trabajadores se vieron afectados en empresas de más de 500 empleados, lo que representa el 70% del total de empleos perdidos. En contraste, las empresas más pequeñas (con menos de 500 trabajadores) redujeron su personal en 78.951 puestos, lo que explica el 30% de la disminución. En términos porcentuales, mientras las grandes empresas recortaron su personal en un considerable 3,90%, las pequeñas y medianas redujeron su dotación en un 1,56%.

Un escenario preocupante

La gestión de Javier Milei ha traído consigo un claro retroceso en el empleo registrado, afectando especialmente a las PyMEs y contribuyendo a un proceso de concentración del empleo en las grandes empresas. Mientras las unidades productivas más pequeñas luchan por sobrevivir, las grandes empresas también recortan personal en un contexto de incertidumbre y ajustes económicos.

Este panorama plantea serias interrogantes sobre el futuro del mercado laboral argentino bajo la gestión de Milei, donde la estabilidad del empleo y la capacidad de generación de trabajo parecen estar en jaque.

En pleno programa de Mirtha Legrand, el actor explotó una vez contra el periodismo y no dejó pasar una. Mirá el video.

Mirtha Legrand presentó una mesa explosiva con destacados referentes del macrismo: la periodista Mónica Gutiérrez, el conductor Baby Etchecopar, el actor Alfredo Casero y el ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores Carlos Ruckauf.

Como era previsible, las críticas al kirchnerismo y a la expresidenta Cristina Kirchner dominaron la conversación, acompañadas de comentarios sobre el reciente escándalo que involucra a Alberto Fernández y otros cuestionamientos al peronismo en general.

Sin embargo, Alfredo Casero sorprendió al desviar su artillería hacia el periodismo, acusándolo de “decir lo que otros quieren que digan”. Según el actor, los “manejos” de ciertos comunicadores han favorecido al peronismo, permitiéndole mantenerse en el poder durante tanto tiempo.

“Los periodistas tienen que pedirle perdón a la gente por lo que han hecho”, lanzó Casero, generando la indignación de Baby y Mónica Gutiérrez, quienes defendieron a capa y espada la profesión.

Alrededor de la causa por violencia de género que involucra a Alberto Fernández, Casero aseguró: “Esto salió en el momento que tenía que salir. ¿Qué estamos tapando con esto de Fabiola? Esto es un revoleo más del periodismo para tapar una cosa importante”.

Ante esto, Mónica Gutiérrez se mostró angustiada: “Hay de todo, como hay políticos y políticos. Al expresidente lo eligió el voto popular, te guste o no”, señaló. Tras un gesto de la periodista que al actor no le gustó, Casero la miró fijo y le dijo: “No me trates como si fuera un pendejo”.

En este sentido, Ruckauf manifestó que “si el voto popular fuera manejado por el periodismo, no hubiera ganado Milei”, dado que “hay un momento donde los medios no penetran a la gente”.

Así se refirió el conductor de Radio Con Vos en dirección a la red social de Elon Musk. Mirá el video.

Ernesto Tenembaum ha decidido tomar una postura firme contra la red social dirigida por Elon Musk. Según el periodista, desde que el empresario asumió el control, Twitter ha sido invadido por la ultraderecha, convirtiéndose en un espacio que considera tóxico y del que es mejor distanciarse.

Tenembaum ha dejado claro que no está dispuesto a participar en una batalla por la libertad de expresión dentro de un entorno que, según él, ha sido secuestrado por voces extremistas. Para el periodista, la idea de que la derecha se enfrente sola en ese espacio resulta más sensata que intentar permanecer en una plataforma que se ha convertido en lo que él describe como un “comité fascista”.

Además, Tenembaum subraya que no tendría sentido seguir formando parte de una red social donde no sería aceptado. A su juicio, Elon Musk ha promovido una libertad en Twitter que ha permitido la humillación de colectivos vulnerables, incluyendo a homosexuales y mujeres, y en este contexto, mencionó específicamente el caso de Javier Milei, quien se refirió despectivamente a Tamara Pettinato.

Con el apoyo del PRO y la UCR, el oficialismo frenó el proyecto de Gisela Marziotta que buscó expulsar a los visitantes de Astiz y más genocidas.

En un giro inesperado en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza logró evitar la expulsión de los seis legisladores libertarios que se reunieron con represores condenados en la cárcel de Ezeiza. Durante la sesión, el pedido de apartamiento del reglamento para votar la expulsión, presentado por la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, fue rechazado, y los legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) jugaron un papel clave en la negativa.

La diputada Marziotta, en un emotivo discurso, defendió la expulsión señalando que los legisladores implicados representan un proyecto que traiciona los valores de los 30.000 desaparecidos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y los HIJOS. “Pedimos la expulsión de los diputados de La Libertad Avanza”, afirmó en el recinto. Sin embargo, su solicitud fue desestimada por 121 votos negativos frente a 102 positivos y cinco abstenciones, con la mayoría de los votos en contra provenientes de la UCR y el PRO.

El escándalo involucra a los legisladores Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, quienes fueron fotografiados con genocidas como Alfredo Astiz, Carlos Guillermo Suárez Mason y Antonio Pernías.

Por su parte, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, criticó duramente a la UCR y al PRO por su postura, subrayando la hipocresía de estos partidos en relación al Juicio a las Juntas y su resistencia a sancionar a los libertarios. Sin embargo, “Afuera las ratas de la UCR”, exclamó Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de CABA, en redes sociales.

Un hecho insólito durante la votación fue el error de la diputada Rocío Bonacci, una de las involucradas en la visita a los genocidas, quien accidentalmente votó a favor de su propia expulsión.

La situación ahora se trasladará a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la diputada del PRO Silvia Lospennato. En una reunión programada para este jueves a las 12:30, la oposición intentará crear una comisión de investigación para examinar el nivel de involucramiento de las autoridades de la Cámara en el incidente y explorar la posibilidad de un proyecto de ley que otorgue impunidad a los represores.