Además, minimizó los efectos de la represión al afirmar: “No diría que hubo ‘abuelos gaseados’; no creo que eso sea correcto”, lanzó.

Tras los graves incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la represión ejercida contra los manifestantes y lanzó comentarios irónicos al respecto. “Vi muchos jubilados jóvenes, con la cara tapada”, afirmó, sugiriendo la infiltración de “grupos extremistas de izquierda”. Estas declaraciones buscaron desviar la atención del hecho central: el uso de la fuerza contra una protesta legítima.

La protesta, en la que participaban jubilados y diversas organizaciones sociales, tuvo lugar frente al Congreso y fue violentamente dispersada por las fuerzas de seguridad. Francos, en lugar de condenar los excesos policiales, intentó justificar la intervención. “Generaron la reacción esperada de las Fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo correspondiente para liberar el espacio público”, señaló.

Sin embargo, este enfoque omite un principio fundamental de la Constitución Nacional: el derecho a la protesta pacífica. La Carta Magna garantiza que todo ciudadano tiene la libertad de manifestarse para expresar sus demandas y preocupaciones, sin ser reprimido por ejercer este derecho. En un contexto donde los jubilados, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, se movilizan para defender sus derechos, cualquier intento de reprimir esas expresiones merece ser categóricamente condenado.

Francos, además, minimizó los efectos de la represión al afirmar: “No diría que hubo ‘abuelos gaseados’; no creo que eso sea correcto”. Estas declaraciones no sólo resultan irónicas, sino que desvían la atención del uso desmedido de la fuerza pública en un contexto donde se debió priorizar el diálogo y la mediación, en lugar de la violencia.

El ministro también destacó que más de 20 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, pero deslizó que la responsabilidad no recaía en los jubilados, sino en “fuerzas políticas entrenadas para generar caos y desorden”. Esta forma de plantear los hechos parece buscar una justificación para el uso de la represión, lo cual es inadmisible en una democracia.

Ante la pregunta sobre si el gobierno de Javier Milei es “cruel con los jubilados”, Francos negó la acusación y sostuvo que las jubilaciones aumentaron durante su gestión. Sin embargo, estas afirmaciones se contrastan con el reclamo genuino de los manifestantes, quienes salieron a las calles para visibilizar la crisis que atraviesan tras el veto a la ley de movilidad.

La sesión en Diputados, interrumpida por los enfrentamientos, terminó con la retirada de legisladores del Frente de Izquierda y de Unión por la Patria, quienes condenaron enérgicamente los hechos de violencia ocurridos afuera. La represión contra los jubilados no es solo un ataque contra un sector específico, sino una violación a los derechos consagrados por la Constitución, que garantiza el derecho a manifestarse como una de las formas más genuinas de participación en la vida democrática.

Por segunda semana consecutiva, el gobierno de Javier Milei envió a las Fuerzas de Seguridad para golpear a los jubilados y jubiladas que se amontonaron frente al Congreso en contra del brutal ajuste.

Miles de jubilados se congregaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para manifestarse en contra del veto del presidente Javier Milei a la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria. Las primeras columnas de manifestantes llegaron al centro porteño bajo un estricto operativo de seguridad, con el Congreso vallado y un despliegue acorde a las expectativas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Como ya es habitual, la Policía aplicó el protocolo “antipiquetes” violentándose contra personas de tercera edad. Gas pimienta y palos para los ancianos que se manifiestan luego de que el Presidente decidiera vetar el aumento de las jubilaciones.

Este acto de protesta se produjo una semana después de la brutal represión policial que sufrieron los jubilados durante la marcha en la que pedían que se mantuviera la ley vetada. La indignación y el descontento se hicieron presentes nuevamente en las voces de los manifestantes, quienes expresaron su repudio hacia las políticas del gobierno.

Carmen, una docente jubilada de Morón, expresó su frustración en diálogo con C5N: “La señora ministra, ¿cuánto gasta en los gas pimienta que hacen mal a la salud, que dejan secuelas y un montón de juicios al Estado?” Recordó la represión de la semana anterior y criticó duramente al presidente Milei: “Nunca dijo que nosotros los jubilados éramos ‘la casta’. Es un mitómano, un perverso porque saca los remedios para que la gente se muera antes. Es el peor Presidente de la historia argentina“, afirmó, destacando que, a pesar de sus 30 años de aportes, no llega a fin de mes con su jubilación, incluso con el bono de $70.000 anunciado para septiembre.

Otro manifestante expresó su indignación por la represión: “Sentí una gran indignación porque es como pegarle a un bebé, es denigrante lo que están haciendo. Si Alfonsín, Illia, Chacho Jaroslavsky… o Néstor ven esto dicen ‘pero, ¿esto es democracia?’, están masacrando al pueblo argentino. Este tipo es un payaso con los payasitos al lado. Argentina no se merece esto”.

Sin embargo, no todos coincidieron en la caracterización del presidente. Una señora en la marcha intervino diciendo: “No es un payaso Milei, es un muñeco que está representando a muchos intereses internacionales para terminar lo que es el pueblo argentino en lucha”.

Otra manifestante expresó su preocupación por la situación económica de los jubilados: “No me alcanza la jubilación, pero estoy acá por otros, a los que les alcanza menos que a mí. Es realmente un atropello esto de que haya vetado la Ley de Movilidad Jubilatoria que nos iba a dar $17.000 nada más, mientras que ya perdimos 20% más del poder adquisitivo desde que está él. Pero además, es inconcebible que los Diputados que dicen ser de la oposición sigan apoyando a este Gobierno, que está en contra de la primera infancia, de los jubilados y los que no pueden comer”.

La manifestación de los jubilados frente al Congreso refleja un creciente descontento social en torno a las políticas del gobierno, especialmente en lo que respecta a los sectores más vulnerables, como los jubilados, que se sienten abandonados y reprimidos en su lucha por derechos básicos.

En apenas 8 meses, los viajes al exterior del presidente costaron al país más de $2.308 millones, incluyendo visitas personales y oficiales en diversos países.

En sus primeros ocho meses de gestión, el presidente Javier Milei realizó 13 viajes al exterior que implicaron un gasto estatal de más de $2.308 millones. Según datos presentados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, estos viajes incluyeron visitas a Estados Unidos en cinco ocasiones, así como desplazamientos a Europa, Israel, Brasil y El Salvador, con fines tanto oficiales como personales.

Entre enero y agosto de 2024, Milei participó en eventos internacionales como el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde el costo total del viaje ascendió a $36,4 millones. Durante una gira por Israel, Roma y el Vaticano, que tuvo lugar en febrero, el presidente se reunió con líderes como Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu y el Papa Francisco. Este recorrido costó al Estado $105,1 millones.

En sus visitas a Estados Unidos, Milei asistió a conferencias conservadoras, incluyendo un encuentro con Donald Trump, y recibió premios personales como la distinción de “Embajador Internacional de la Luz” otorgada por una comunidad judía en Florida. Estos viajes, realizados en febrero, abril, mayo y julio, tuvieron un costo significativo, con desembolsos que variaron entre $33,3 millones y $71,5 millones.

El presidente también visitó España en mayo, donde presentó su libro “El Camino del Libertario” y se reunió con el líder de VOX, Santiago Abascal. Este viaje, que incluyó reuniones con empresarios y una disputa con el presidente Pedro Sánchez, costó $78,5 millones más de u$s92.354,93.

Otras giras incluyeron su participación en la Cumbre de Jefes de Estado del G7 en Italia y la Cumbre Global por la Paz de Ucrania en Suiza, que tuvieron un costo total de $108,3 millones. En su visita a Francia en julio, Milei se reunió con el presidente Emmanuel Macron y asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, lo que representó un desembolso de $25,2 millones más u$s343.600.

En total, los viajes de Milei y su comitiva representaron un gasto de $754 millones, más de u$s1,5 millones y 4.135,80 euros, sumando un total de más de $2.308 millones en menos de un año de gobierno. Estos costos incluyen traslados en vuelos comerciales y privados, alojamiento y viáticos, generando críticas por el elevado gasto en un contexto de ajuste económico en Argentina.

Esta tarde, jubilados y sindicatos marchan contra el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria y el brutal ajuste del gobierno libertario.

Luego de la represión policial en la última protesta, los jubilados volverán a marchar este miércoles desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para manifestarse en contra del veto del presidente libertario Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

La convocatoria, realizada por la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, reúne a más de treinta espacios de jubilados y contará con la participación de organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones políticas y estudiantiles. Entre las entidades que confirmaron su presencia se encuentran la CTA Autónoma, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el MST-Teresa Vive.

Se espera una convocatoria aún mayor que la de la semana pasada, que terminó con una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad bajo la dirección de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Nueva marcha sindical el 12 de septiembre en rechazo a las políticas de Milei

Además, los principales sindicatos del país, entre ellos la CGT, las dos CTA y la UTEP, han convocado a una movilización el jueves 12 de septiembre al Congreso en rechazo de las políticas económicas del presidente Milei y contra el veto al aumento de las jubilaciones mínimas.

La medida de fuerza fue anunciada en una conferencia de prensa conjunta en la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, donde estuvieron presentes los líderes sindicales Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Pablo Moyano (Frente Sindical de la CGT) y Sergio Palazzo (La Bancaria).

Godoy calificó la disposición de Milei como una “nueva medida dictatorial” que avanza contra el Congreso y denunció que “los jubilados y jubiladas, junto a las niñeces, son los sectores más perjudicados por esta política despiadada del gobierno de Milei”. Moyano, por su parte, llamó a una movilización “contundente” para resistir los embates del FMI y del gobierno libertario, mientras que Palazzo instó a “rechazar” el veto presidencial que calificó de “criminal”.

Yasky subrayó la necesidad de que el movimiento sindical siga dando respuestas contra una política económica que, en los últimos siete meses, ha exacerbado la indigencia y la pobreza a niveles sin precedentes desde la pandemia. “No vamos a permitir que nos disciplinen con la política del hambre y la represión”, afirmó.

Así lo reveló la fiscal que lleva adelante la causa por pedofilia contra el diputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes fueron trasladados a un penal en Misiones.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), proporcionó detalles sobre el material encontrado en la causa por pedofilia que lideró contra el diputado libertario Germán Kiczka y su hermano Sebastián, quienes fueron trasladados a un penal en Misiones.

En una entrevista, la fiscal, especializada en delitos informáticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refirió a las imágenes descubiertas en los dispositivos de los hermanos imputados: “Nosotros siempre revisamos las imágenes con mi equipo y, a pesar de que llevamos más de 10 años trabajando en esta temática, nunca dejamos de conmovernos; son realmente tremendas”, comenzó.

“Esta organización, ojalá, terminara en una. Guardianes Digitales por la Niñez es una operación más que venimos llevando a cabo desde hace más de 10 años”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann.

Dupuy explicó que, aunque las investigaciones se centran en la Ciudad de Buenos Aires, las alertas son de carácter internacional. “En este caso, provienen de una alerta de la Coalición de Rescate Infantil [Child Rescue Coalition] y del International Center of Missing Children, una ONG con la que trabajamos frecuentemente. Estas organizaciones operan a nivel internacional, apoyando la prevención de redes transnacionales de explotación sexual infantil. No estamos hablando de que esto solo sucede en Argentina o en Misiones; por ejemplo, esta operación involucraba a fuerzas del orden de países de Latinoamérica: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Argentina”, continuó.

Material incautado en los dispositivos de Germán Kiczka

Durante el allanamiento realizado al domicilio del diputado de La Libertad Avanza, Germán Kiczka, se incautaron diversos dispositivos electrónicos. Tras su análisis, se confirmó la existencia de más de 600 videos de abuso sexual infantil, entre los que se encontraban imágenes de bebés recién nacidos, niños y adolescentes. “Estamos hablando de niños desde recién nacidos hasta 13 años, además de algunos otros que tenían entre 13 y 18 años”, detalló.

Dupuy agregó: “Cuando hablamos de explotación sexual infantil, creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras. Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes”.

Ante la pregunta de si la investigación concluiría con los hermanos Kiczka o si podría haber algún político influyente involucrado, Dupuy afirmó: “Es cuestión de seguir investigando. Decir de antemano que puede haber un político implicado es algo que, como fiscal, no puedo asegurar. Seguramente el juez que interviene y los investigadores tomarán todas las medidas necesarias para profundizar la investigación y llegar a donde se tenga que llegar”. Asimismo, indicó que estos casos no terminan con la persona implicada o con el material encontrado en sus dispositivos de almacenamiento informático.

Según el último informe del CEPA, las políticas de Milei estan orientada a promover enclaves extractivistas para la exportación, reprimiarizando la economía argentina y relegando la industria nacional a un segundo plano.

Con motivo del Día de la Industria, el 2 de septiembre de 2024, el Centro de Estudios para la Producción (CEPA) ha publicado un informe que pone de manifiesto la grave situación que atraviesa el sector manufacturero argentino. Tradicionalmente pilar fundamental de la economía nacional, la industria manufacturera representa una quinta parte del empleo registrado privado del país, ofrece salarios un 15% superiores a la media y lidera en inversión en investigación y desarrollo. Sin embargo, el informe del CEPA evidencia un panorama preocupante.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, se perdieron 28.554 puestos de trabajo en unidades productivas industriales, equivalente a una disminución del 2,35%. Proyecciones de la Encuesta de Indicadores Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación sugieren que para junio de 2024 el número de puestos perdidos podría alcanzar los 33.983.

La producción industrial sufrió una caída interanual del 20,4% en junio, la peor del año según el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE). La Utilización de la Capacidad Instalada se redujo al 54,5%, niveles comparables a los de junio de 2020, durante la pandemia. Además, la producción industrial de las PyMES se contrajo un 17,8% en julio, acumulando seis meses consecutivos de retroceso.

El informe del CEPA también documenta el cierre y la suspensión de actividades en varias industrias manufactureras durante 2024. Empresas como Talleres Belgrano, Textilcom, Canale, El Miguelito, Imperial Cord y MAR Maquinarias han cerrado sus plantas, destacando la falta de medidas efectivas para proteger y revitalizar la industria nacional.

Las políticas públicas implementadas desde la asunción de Javier Milei han tenido un impacto negativo en el sector. Entre las medidas destacadas se encuentran el aumento de tarifas de luz y gas, que ha afectado a talleres y pequeñas industrias, y la suba de costos a través del Impuesto PAIS. La derogación de la Ley de Compre Nacional y del PRODEPRO, que establecía Aportes No Reembolsables (ANR) para empresas de sectores estratégicos, ha sido un golpe significativo. Además, la eliminación de aranceles de importación y la desregulación en el sector del acero han generado preocupación por sus posibles efectos adversos en el empleo sectorial.

Otras políticas incluyen cambios en el régimen antidumping, limitando los derechos aplicados a ciertas importaciones y reduciendo el plazo máximo para estas medidas, así como la eliminación de políticas de créditos productivos para pymes. También se ha producido un desfinanciamiento significativo en programas y áreas asociadas a la política industrial, con una caída del 89% en la ejecución real de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo entre enero y julio de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior.

El informe del CEPA concluye que la apuesta del gobierno de Milei por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), contenido en la Ley Bases, está orientada a promover enclaves extractivistas para la exportación, reprimiarizando la economía argentina y relegando la industria nacional a un segundo plano.

En este Día de la Industria 2024, el informe del CEPA pone de relieve la crítica situación del sector manufacturero argentino, subrayando la necesidad urgente de reevaluar las políticas públicas para proteger y fortalecer una de las áreas más vitales para el desarrollo económico y la innovación del país.

El máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa

La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha emitido un fallo que anula una normativa de 2006, favoreciendo a la multinacional Shell en una disputa que lleva casi dos décadas. Con esta decisión, el máximo tribunal declaró nula la resolución de Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, que permitía imponer millonarias multas a la empresa. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

La historia que llevó a este fallo comenzó hace 20 años, cuando Shell Argentina llamó la atención del expresidente venezolano Hugo Chávez, quien planeaba adquirir la empresa para lanzar una gran petrolera del Sur como parte de su proyecto de “Patria Grande”. Meses después, Néstor Kirchner, entonces presidente argentino, convocó a un “boicot” contra la compañía que, pese a todo, se mantenía firme en el país. Un aumento de precios fue el detonante para que Kirchner pidiera a los argentinos que no compraran “ni una lata de aceite” de la multinacional.

Lo que parecía una cruzada por defender los intereses del pueblo argentino pronto se tradujo en acciones concretas: 33 piquetes se llevaron a cabo en estaciones de servicio. Sin embargo, la verdadera controversia comenzó en 2006, cuando Guillermo Moreno emitió una resolución que le permitió inspeccionar y multar a la empresa. Shell, una compañía extranjera, se convirtió en uno de los principales blancos del gobierno, y su directivo, Juan José Aranguren, pasó de estar en el ojo de la tormenta a ser ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri.

Este capítulo parecía cerrado hasta que, días antes de su cumpleaños, Aranguren recibió la noticia que reveló el verdadero desenlace: la Corte Suprema de Justicia declaró nula la normativa de Moreno, alegando que excedía sus funciones. Este fallo, que muchos podrían calificar como un giro inesperado, en realidad, revela una inquietante tendencia: la Justicia argentina, en lugar de proteger los intereses de la mayoría de los ciudadanos, parece estar al servicio de una multinacional extranjera.

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda firmaron la sentencia que anuló la resolución 25/2006, desestimando las multas por US$21,5 millones impuestas a Shell, uno de los enemigos públicos del expresidente Kirchner. Si bien Aranguren celebró la decisión, afirmando que “tarde o temprano, tuvimos éxito”, la pregunta que queda en el aire es: ¿éxito para quién? ¿Para una empresa extranjera que busca maximizar sus beneficios a costa de los argentinos, o para un pueblo que esperaba que la ley defendiera sus intereses?

La Corte argumentó que la resolución de Moreno excedía sus competencias, citando un decreto de 1991 que promueve “la libertad económica, la desregulación y la conformación de una verdadera economía popular de mercado”. Pero, ¿no debería la libertad económica ir de la mano con la protección de los derechos de los ciudadanos y no solo con la defensa de los intereses de grandes corporaciones?

Además, la ley de abastecimiento, que permitía a Moreno sancionar a Shell, fue derogada por el “megadecreto” de Milei a fines del año pasado. Mientras el decreto esté vigente, no se podrán imponer multas como las aplicadas en su momento por el exsecretario de Comercio. ¿Esto marca el fin de la regulación estatal en favor de los intereses de las grandes empresas?

Moreno había establecido que las estaciones de servicio y los usuarios de gasoil que no recibieran el suministro solicitado podían denunciar la situación, lo que permitía sancionar a las empresas responsables. Sin embargo, este intento de proteger a los consumidores fue descartado por la Corte, que favoreció a la multinacional en lugar de abogar por los intereses del pueblo argentino.

Aranguren reveló que Shell fue objeto de 113 investigaciones y recibió 86 sanciones económicas entre 2007 y 2008. Incluso enfrentó una solicitud de prisión de entre 6 meses y 4 años. Según él, todo esto no fue más que una “represalia”. Pero, ¿no era acaso un intento legítimo de regular las prácticas de una empresa que había decidido aumentar los precios en medio de una crisis?

El llamado de Kirchner al “boicot” en 2005 fue una clara señal de que el gobierno argentino no toleraría los abusos de las grandes corporaciones. “Tenemos que decir: ‘a Shell, no’. Yo mismo como Presidente lo digo, porque nos quieren cobrar más de lo que corresponde”, expresó Kirchner, instando a los argentinos a no comprar nada de la compañía. Pero hoy, con el fallo de la Corte, parece que ese espíritu de resistencia ha sido doblegado.

En aquellos días, Shell había dispuesto un aumento de precios de entre 2,6% y 4,2%, lo que desató la furia del gobierno. Sin embargo, mientras el gobierno argentino veía en Shell a un enemigo, el venezolano Hugo Chávez consideraba a la empresa de “interés”. Esta contradicción plantea preguntas incómodas sobre quién realmente estaba defendiendo los intereses de su pueblo.

Aranguren también mencionó que el Gobierno argentino, en 2004, creó Enarsa con la intención de comprar Shell, pero la compañía se negó a retirarse de Argentina. Lo que siguió, según él, fue “una especie de venganza”. No obstante, parece que la verdadera venganza fue la del poder económico sobre los intentos de regulación estatal.

A pesar de las sanciones impuestas por Moreno, Shell nunca pagó las multas, y puso a disposición de la Justicia sus activos en forma de “prenda” hasta que hubiera una decisión judicial. Hubo fallos en primera, segunda y tercera instancia, pero el de la Corte Suprema pone fin a 18 años de litigio. “La parte medio vacía del vaso es que pasaron 18 años”, lamentó Aranguren. Pero la verdadera pregunta es: ¿quién llenará el vaso de los argentinos?

Con esta medida, el Poder Ejecutivo se otorga a sí mismo la facultad de determinar de manera discrecional qué información puede considerarse de interés público.

El presidente Javier Milei implementó nuevas restricciones sobre el acceso a la información pública mediante un decreto que modifica sustancialmente las reglas que regían hasta ahora. Bajo este nuevo marco, el Poder Ejecutivo se otorga a sí mismo la facultad de determinar de manera discrecional qué información puede considerarse de interés público y, por lo tanto, ser divulgada.

El Decreto 780/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, establece los nuevos parámetros que limitan el acceso de los ciudadanos, ya sea de manera individual, colectiva o a través de la prensa, a los datos sobre la administración nacional. Estas modificaciones alteran significativamente la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que se basa en el artículo 75 de la Constitución Nacional, el cual garantiza este derecho a través de los tratados internacionales reconocidos en el inciso 22 de dicha norma.

Aunque el decreto reconoce la importancia del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, la promoción de la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, también reduce drásticamente los límites para que la administración de La Libertad Avanza dé a conocer solo aquello que el presidente considere apropiado.

Por ejemplo, el decreto establece que no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, como lo que suceda en la Quinta de Olivos en reuniones familiares, la existencia de mascotas, o visitas íntimas que no estén directamente relacionadas con la gestión gubernamental. También prohíbe la difusión de deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares, lo que significa que las anotaciones personales tomadas durante reuniones o en agendas no se considerarán documentos del Estado ni estarán disponibles para revisión.

Además, el decreto fija un período de 10 años durante el cual se mantendrán confidenciales datos que se clasifiquen como secretos de Estado por razones de defensa, política exterior o seguridad interior. También protege el secreto financiero y los datos manejados por el Banco Central, permitiendo que el Ministerio de Economía se ampare en estas nuevas disposiciones para negar pedidos de información, como aquellos relacionados con la salida de lingotes de oro de la reserva nacional.

La norma deja mucho margen a la discrecionalidad del gobierno, al no especificar qué se considera “razonable” en términos de mantener información en secreto. Esto permite que el gobierno decida arbitrariamente qué información debe ser protegida, bajo argumentos como que posee “valor comercial” o que es “secreta” por medidas razonables.

Sin embargo, el decreto incluye una excepción: en causas judiciales que investiguen violaciones graves a los derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no se aplicarán estas restricciones, y las autoridades estarán obligadas a proporcionar la información requerida en el marco de dichas causas.

Juan Ricardo Mussa presentó una denuncia penal contra Javier Milei. La acusación señala a la Fundación Acordar como un centro de actividades ilícitas durante años.

En un giro que suma otro capítulo al extenso historial de conflictos políticos judicializables en Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta una grave denuncia penal presentada por el activista Juan Ricardo Mussa, conocido por su incansable lucha contra la corrupción. La acusación, que recayó en el Juzgado Federal N° 8 bajo el expediente CFP 3540/2024, incluye cargos por malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, lavado de dinero y asociación ilícita.

Mussa no solo apunta a Milei, sino que también involucra a figuras de renombre como el ex gobernador Daniel Scioli, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Eduardo Eurnekián, alegando la existencia de una red de corrupción que habría operado durante años. Según la denuncia, estos delitos incluyen desde cohecho y tráfico de influencias hasta falsificación de documentos y lavado de dinero.

El rol de la Fundación Acordar en las acusaciones

Un aspecto central de la denuncia es la supuesta conexión de Milei con la Fundación Acordar, una organización promovida por su amigo cercano y jefe de gabinete, Guillermo Francos. Según Mussa, esta fundación, que en apariencia funcionaba como un centro de estudios económicos, habría sido utilizada como fachada para actividades corruptas, facilitando irregularidades financieras y conexiones con otros actores políticos y económicos, incluidos Daniel Scioli y su hermano José Scioli.

La denuncia sugiere que la Fundación Acordar se convirtió en un foco de operaciones financieras turbias, muchas de las cuales estarían vinculadas a la administración del Banco Provincia durante la gestión de Francos. Además, Mussa cuestiona la transparencia en el manejo del poder ejecutivo, destacando cómo figuras como Ricardo Echegaray habrían permitido que delitos graves se desdibujen como simples contravenciones.

Repercusiones políticas y solicitudes de Mussa

En su presentación, Mussa no solo solicita que se convoque a declarar a los implicados, sino que también pide juicios políticos para todos los acusados. Además, exige que el Congreso Nacional tome cartas en el asunto y aborde las graves implicancias de esta denuncia. Para reforzar su acusación, Mussa sugiere que periodistas de investigación como Hugo Alconada Mon, cuyo trabajo ha revelado detalles cruciales sobre las actividades de los acusados, también sean llamados a declarar.

Tal como había lo había adelantado, el presidente dejó sin aumento a los jubilados y jubiladas.

El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, oficializó este lunes el veto total al aumento de los haberes jubilatorios que había sido sancionado por el Congreso a fines de agosto.

En el texto del veto, el presidente argumentó que “corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional recurra a la herramienta constitucional del veto total de la iniciativa legislativa que le ha sido remitida”. De esta manera, se rechazó el incremento adicional del 8,1% que se sumaba a la actualización por inflación de las jubilaciones, aprobada previamente en marzo mediante un DNU firmado por el propio Milei.

La medida buscaba compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por una inflación que superó el 20% en enero, pero que no fue abordada en su momento por el Gobierno.

Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el aumento vetado representaba “un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”. En su lugar, el Gobierno ha decidido otorgar un nuevo bono para jubilados y pensionados por un monto máximo de 70.000 pesos, que se abonará en septiembre de 2024.

A pesar del contexto inflacionario, el monto del bono no ha sido actualizado desde su primera entrega en marzo.

¿Quiénes recibirán el bono?

El decreto establece que el bono será destinado a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, así como a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más, y otras pensiones graciables cuyo pago también está a cargo de la ANSES.