La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la madre de la menor.

Carla Marina Pegoraro, madre de la niña de diez años rociada con gas pimienta por un oficial de la Policía Federal durante la manifestación contra el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria, se presentó este lunes en la Justicia. Pegoraro solicitó ser querellante en la causa y pidió que se cite a indagatoria a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con otros funcionarios.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la madre de la menor. En el escrito entregado al Juzgado Federal N°9, que tiene a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti, se pidió que se cite a declarar, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, a Bullrich, Alejandra Monteoliva, Luis Rollé, Gerardo Ariel Perillo Scampini, y Cristian Rivaldi. Según trascendidos, Rivaldi sería el policía acusado de haber lanzado el gas pimienta a la menor durante las protestas del pasado 11 de septiembre.

En la denuncia, Pegoraro relató los hechos: “El 11 de septiembre de 2024, en horas de la tarde, mientras me encontraba con mi hija, Fabrizia Pegoraro, de 10 años, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el efectivo de la Policía Federal identificado como Rivaldi, bajo órdenes del comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini, nos lanzó gas de forma violenta e inesperada, a menos de medio metro de distancia”. La madre aseguró que el ataque “fue dirigido directamente a nuestros ojos, causando daños físicos y psicológicos”.

Además, Pegoraro denunció un intento de encubrimiento de los hechos, señalando que “Bullrich, Monteoliva y Rollé utilizaron sus cargos en el Ministerio de Seguridad y en la Jefatura de la Policía Federal para orquestar una maniobra mediática. Esto incluyó la difusión de un video manipulado con el fin de ocultar la brutalidad de lo sucedido”.

Entre las medidas solicitadas en la ampliación de la denuncia, Pegoraro y su abogado pidieron la declaración de la menor en Cámara Gesell, a fin de garantizar su resguardo durante el proceso judicial.

Anunció que seguirá vetando proyectos aprobados por el Congreso y exigió a las provincias un ajuste millonario, mientras refuerza su plan de ajuste fiscal.

En la presentación del Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei volvió a dejar en claro su desprecio por las instituciones democráticas. Desde el propio Congreso, Milei lanzó un discurso incendiario contra el trabajo legislativo, adelantando que continuará vetando cualquier proyecto que, en sus palabras, “atente contra el equilibrio fiscal”, ignorando la voluntad popular y el rol central del Parlamento en la democracia.

“Vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, aseguró el mandatario libertario, dejando entrever su intención de neutralizar cualquier iniciativa que provenga de los representantes elegidos democráticamente por el pueblo. Además, afirmó que solo discutirá aumentos de gasto si se especifica qué partidas serán recortadas, una postura que busca concentrar aún más poder en el Ejecutivo. Con una visión abiertamente antidemocrática, sentenció: “Cuantos más votos tiene un proyecto en el Congreso, peor es para la sociedad”.

Desprecio por la voluntad popular

Desde el atril del Congreso, Milei no dudó en atacar la función misma del Parlamento, declarando: “De acá han salido la totalidad de las medidas populistas que han arruinado a este país”. Con este mensaje, el presidente parece subestimar el papel que cumple el Congreso como un espacio donde se debaten las decisiones que afectan a toda la ciudadanía, y donde las diferencias políticas deben ser canalizadas en beneficio del bien común.

En su alocución, Milei ofreció a los legisladores dos opciones, ambas cargadas de cinismo: “O hacemos exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años y nos dejamos de hundir, o seguimos haciendo lo mismo, dejamos todo como está, y mantenemos este sistema putrefacto que empobrece todos los días a los argentinos”. Una declaración que dejó en evidencia su poca fe en el sistema democrático y su intención de imponer sus medidas por encima de cualquier consenso.

Presión a los gobernadores

En otro tramo del discurso, el presidente también arremetió contra los gobernadores, exigiéndoles que cumplan con su parte en el ajuste. “Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes”, advirtió, responsabilizando a las provincias por el futuro económico del país, sin ofrecer alternativas que eviten cargar ese ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Un presupuesto al servicio del ajuste

Finalmente, Milei se refirió a la metodología de diseño presupuestario, afirmando que el Presupuesto 2025 “blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico”. Esto implica que, según su enfoque, la economía real y las necesidades de la población quedarían supeditadas al ajuste fiscal, sin importar las consecuencias sociales.

“El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar, para después ver cuánto podemos gastar”, aseguró el presidente, dejando en claro que su prioridad es recortar antes que atender las demandas sociales.

Con este tipo de discursos, Milei deja en evidencia su desprecio por el funcionamiento de la democracia, poniendo en riesgo los principios republicanos y el sistema de contrapesos que garantiza la representación popular en el Congreso.

De cara a la presentación del Presupuesto 2025, los mandatarios provinciales exigieron una “distribución más equitativa de los recursos coparticipables entre la Nación y las provincias”.

En una reunión clave celebrada este martes en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), los gobernadores de 23 provincias aprovecharon la oportunidad para realizar un reclamo unificado al Gobierno nacional por la “financiación y ejecución” de la obra pública, un tema que genera tensiones entre las provincias y la administración central. Además de ratificar la continuidad de Ignacio Lamothe como secretario general del organismo, los mandatarios provinciales hicieron hincapié en la necesidad de que la Nación cumpla con sus compromisos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, celebró la reelección de Lamothe a través de redes sociales, destacando su “trabajo impecable” y la respuesta que ha dado a los requerimientos de su provincia. “Felicitaciones por seguir trabajando en pos del desarrollo al que apuntamos”, escribió Quintela. En la misma línea, los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, también expresaron su apoyo a Lamothe, resaltando su “mirada profundamente federal”.

Sin embargo, más allá de los elogios hacia la gestión del secretario general del CFI, la reunión estuvo marcada por los fuertes reclamos hacia el Gobierno nacional. Los gobernadores exigieron que se normalice la “transferencia de las deudas correspondientes a los recursos de las Cajas No Transferidas” y la distribución del Fondo Compensador del Transporte, que se financia con el Impuesto a los Combustibles pero cuya asignación ha sido interrumpida. Estas demandas reflejan la creciente frustración de las provincias ante la falta de recursos para llevar adelante proyectos de infraestructura clave.

De cara a la presentación del Presupuesto 2025, los mandatarios provinciales emitieron un comunicado exigiendo una “distribución más equitativa de los recursos coparticipables entre la Nación y las provincias”. En este sentido, el control del CFI, un organismo clave para el financiamiento de proyectos de desarrollo provincial, se vuelve cada vez más crucial en la búsqueda de mayor autonomía financiera para las provincias.

El respaldo a Lamothe, impuesto por los gobernadores del PJ ante la resistencia del bloque de mandatarios radicales y del PRO, también dejó en evidencia las tensiones internas dentro del arco opositor. El senador nacional Eduardo de Pedro, quien también festejó la continuidad de Lamothe, denunció operaciones mediáticas para desprestigiar tanto al CFI como a La Cámpora. “Una vez más quedó claro que el CFI es de las provincias argentinas, y las decisiones las toman sus gobernadores”, señaló de Pedro.

En un contexto de crisis económica y creciente demanda de infraestructura, los gobernadores no solo ratificaron a su candidato en el CFI, sino que aprovecharon la oportunidad para enviar un mensaje claro al Gobierno nacional: las provincias necesitan recursos para cumplir con sus responsabilidades y avanzar en proyectos de desarrollo que impacten directamente en la calidad de vida de sus habitantes.

A horas de que comience en Diputados el debate por el el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, el Gobierno ubicó a Pablo Yannibelli como rector “organizador” de la UNRT.

A pocas horas de que la Cámara de Diputados trate el veto presidencial a la movilidad jubilatoria, el Gobierno nacional tomó una medida que no pasó desapercibida: oficializó a Pablo Yannibelli, abogado cercano a Rodrigo de Loredo, como rector “organizador” de la Universidad Nacional de Río Tercero (UNRT). La coincidencia temporal no deja lugar a dudas sobre el trasfondo de la decisión, que parece más un movimiento estratégico que una simple formalidad burocrática.

Desde hace meses, el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, junto a los diputados radicales Rodrigo De Loredo y Gabriela Brouwer de Koning, impulsaron con insistencia la puesta en marcha de la UNRT. Sin embargo, la respuesta del Gobierno se había postergado durante más de cuatro meses, hasta que, este martes, el Ministerio de Educación, liderado por Sandra Pettovello, emitió una resolución que colocó al frente de la universidad a Yannibelli, hombre de confianza de De Loredo y miembro del espacio Evolución Radical.

Este gesto del oficialismo llega en medio de una crisis interna en la Unión Cívica Radical, que enfrenta un dilema moral cada vez más evidente. Varios de sus diputados, que habían votado a favor de la reforma jubilatoria en el Congreso, ahora se alinean con el veto impuesto por el presidente Javier Milei, en lo que parece un claro intento de congraciarse con el Gobierno a expensas de los derechos de los jubilados. Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi fueron algunos de los que asistieron a una reunión en la Casa Rosada, comprometiéndose a defender el veto presidencial, pese a haber respaldado el proyecto original que pretendía mejorar los ingresos de los jubilados.

La Convención Radical, consciente de la incongruencia, emitió un comunicado crítico hacia sus propios legisladores: “El veto ya está en vigencia y algunos de los diputados que habían votado a favor de la ley, hoy, sin sonrojarse, avisaron que acordarán con el veto presidencial”. La falta de coherencia y la sumisión a los intereses del poder ejecutivo hacen que estos radicales queden expuestos como actores políticos que han abandonado los principios históricos de su partido.

Facundo Manes, uno de los más críticos dentro del radicalismo, no dudó en expresar su indignación: “Los jubilados no son casta. El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre. Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?”.

La estrategia del oficialismo de premiar a figuras cercanas a la UCR, como Yannibelli, mientras busca asegurar el apoyo de algunos de sus diputados para sostener el veto, demuestra una política de favores y conveniencias que pone en entredicho el verdadero compromiso de estos legisladores con los ideales que alguna vez defendieron.

“¡El viernes nos vemos en Merlo!”, posteó la ex presidenta.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner anunció este miércoles por redes sociales que brindará una clase magistral en la Universidad Nacional del Oeste. “¡El viernes nos vemos en Merlo!”, posteó Cristina al retuitear un anuncio de la alta casa de estudios.

Invitada por la Universidad Nacional del Oeste, la antes mandataria recibirá un doctorado Honoris Causa y dará una clase magistral, metodología que adoptó como parte de su acción política del último tiempo, incluso cuando secundó a Alberto Fernández en la gestión. 

“Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido” es el nombre de su disertación, que llegará no solo luego de su cruce virtual con Milei sino que también en medio de las fuertes divisiones que atraviesa el peronismo bonaerense y de la disconformidad que generaron en el mundo de la CGT sus cuestionamientos al sindicalismo.

Además, con la Justicia como tema siempre sensible para la terminal K, ante la incertidumbre sobre el avance o no de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla que el Ejecutivo propuso para la Corte Suprema.

El hecho ocurrió en Rosario cuando un hombre enojado por la negativa del banco a otorgarle un crédito decidió chocar con su vehículo contra el edificio. Mirá el video.

Un insólito episodio tuvo lugar en Rosario cuando un hombre de 30 años, tras recibir la negativa de un banco a otorgarle un crédito, estrelló su auto contra la fachada de la entidad. El incidente terminó con su detención, durante la cual la policía descubrió que portaba un arma blanca, que fue incautada.

El hecho ocurrió la noche del lunes 9 de septiembre en la intersección de Córdoba y San Martín, donde se encuentra una sucursal del Banco Nación. El hombre, un albañil, había acudido al lugar en busca de un préstamo. Al serle denegado, se subió a su Chevrolet Corsa y lo embistió contra el frente del banco, rompiendo el vidrio de los cajeros automáticos.

Las autoridades fueron alertadas de inmediato, y al llegar al lugar, los agentes de la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional II (URII) detuvieron al agresor sin que opusiera resistencia. Durante la aprehensión, se constató que llevaba consigo un cuchillo.

A pesar de la gravedad de los hechos, no se registraron personas heridas.

Una vez más, el radicalismo escribe otra página de entrega y saqueo a los jubilados y jubiladas y apoyará la medida de Javier Milei de no aumentar los haberes previsionales.

El presidente Javier Milei consiguió alinear a varios diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), asegurando el respaldo a su veto total a la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso, que buscaba recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los jubilados al inicio de su gestión libertaria. De esta forma, una vez más el radicalismo escribe otra página de entrega y saqueo a nuestros adultos mayores.

El mandatario se reunió este martes con los diputados radicales Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi. Aunque inicialmente apoyaron la iniciativa para mejorar los ingresos de los jubilados, ahora se comprometieron a defender el veto presidencial.

Mariano Campero, uno de los diputados que sorprendió al cambiar de postura, pasó de respaldar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria a defender el veto de Milei, en el marco de las tensiones internas de la UCR.

El encuentro contó también con la presencia de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el Vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), y el Subsecretario de Programación Federal y Articulación Legislativa, Martín Matzkin.

De cara a la sesión especial convocada para mañana, los números indican que la oposición ha perdido entre 8 y 10 votos, lo que complica sus chances de alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar el veto, a pesar del apoyo de jubilados y organizaciones que planean movilizarse en defensa de la ley.

Con la posibilidad de rechazar el veto prácticamente descartada, las bancadas opositoras mantendrán reuniones para evaluar los próximos pasos. Según reportó Infobae, una de las alternativas que se baraja en la UCR es proponer un veto parcial para “salvar la ropa”, permitiendo mantener el artículo que garantiza la recomposición del 8% perdido en las jubilaciones y la asistencia a las cajas provinciales, pero acompañando el veto en los puntos de mayor impacto fiscal, como el pago de juicios y el aumento anual vinculado al 50% de la variación salarial.

Sin embargo, esa opción enfrenta el problema de que el resto de los bloques opositores no estarían dispuestos a apoyarla, lo que también requeriría de los dos tercios de los votos, dejando pocas chances de éxito.

Otra posibilidad sería llevar el tema a comisión, forzando al presidente de la misma, José Luis Espert, a abordar el tratamiento del veto.

Por su parte, en Unión por la Patria no hay dudas: con el quórum alcanzado, plantearán un debate claro sobre la aceptación o el rechazo del veto de Milei, obligando a la UCR a definirse en medio de sus divisiones internas entre quienes acompañan el ajuste impulsado por el oficialismo y quienes se oponen.

En marcado contraste con las promesas de ajuste y austeridad del gobierno, la lujosa estructura comunicacional del portavoz de Javier Milei consume 300 millones de pesos mensuales,

Manuel Adorni, portavoz del presidente Javier Milei, lidera una de las estructuras más grandes del Poder Ejecutivo, con siete direcciones generales encargadas de la comunicación presidencial. Estas áreas abarcan desde la difusión de actos oficiales hasta la publicidad institucional, empleando a más de 100 personas y costando aproximadamente 300 millones de pesos mensuales.

Esta estructura, que se asemeja a una pequeña empresa por su tamaño y complejidad operativa, requiere una inversión mensual significativa. Se estima que la vocería de Adorni tiene un costo aproximado de 300 millones de pesos al mes, lo que equivale a un total de 3600 millones de pesos al año.

Este monto incluye la contratación de 101 personas, distribuidas en diferentes cargos, desde directores y coordinadores hasta 29 asesores. El costo mensual destinado a recursos humanos alcanza los 132.500.000 pesos, cifra que podría incrementarse si se incluyen pagos por horas extras y otras unidades retributivas adicionales.

Este gasto contrasta fuertemente con las promesas de campaña de Milei, quien afirmó que el ajuste lo “pagaría la casta”. Sin embargo, mientras sectores vulnerables como jubilados y docentes enfrentan recortes, el presupuesto destinado a la vocería sigue siendo abultado, lo que pone en duda las prioridades del gobierno en un contexto de crisis económica.

La oposición se organiza para rechazar el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria, mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justifica la represión policial contra los manifestantes.

Los bloques opositores de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica solicitaron una sesión especial para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que aumentaba los haberes en 8,1%. Aunque no cuentan con los dos tercios necesarios para anular el veto, buscan forzar un debate que exponga a La Libertad Avanza (LLA) y al PRO como los únicos en contra de la mejora para los jubilados.

Además, presionarán a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert (LLA), para avanzar en el tratamiento del veto. En paralelo, los gobernadores provinciales intentarán negociar recursos a cambio de votos para el Presupuesto 2025.

Francos y la polémica represión a jubilados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió la intervención policial en las protestas del miércoles, señalando que “vi muchos jubilados jóvenes con las caras tapadas, como en manifestaciones de grupos extremistas de izquierda”. Francos afirmó que los manifestantes violaron las reglas del espacio público, lo que justificó la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Este jueves en las oficinas que la Sociedad Rural Argentina tiene en Palermo, llegaron dos paquetes que escondían explosivos.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue el objetivo de un grave intento de atentado cuando dos paquetes que contenían explosivos fueron enviados a la sede porteña de la entidad. Uno de ellos detonó, generando una situación de alarma y conmoción.

El artefacto provocó una pequeña explosión al ser abierto, dejando como saldo una secretaria herida con un hematoma, quien fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández. Otras tres personas también fueron atendidas en el lugar y derivadas por el SAME al hospital, aunque sin presentar heridas graves.

El segundo paquete, que fue analizado por la Brigada de Explosivos, expulsó humo y estaba dirigido específicamente a Nicolás Pino, importante referente del sector agropecuario. De acuerdo con las primeras informaciones, ambos envíos llegaron a través de la empresa de correos Andreani, lo que no generó sospechas iniciales, ya que la recepción de correspondencia por esta vía es habitual en el edificio.

El ataque dirigido a Pino

Nicolás Pino, que mantiene una relación fluida con el presidente Javier Milei y ha compartido varios encuentros con la Casa Rosada, se convirtió en blanco de este atentado. Recientemente, Pino y Milei se vieron cara a cara en la inauguración de la tradicional muestra de la Sociedad Rural en Palermo, en julio, evento que también contó con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El atentado adquiere un tinte aún más preocupante debido al contexto político. Pino es una figura central en el agro, sector que ha sido históricamente crítico de las políticas de intervencionismo estatal. La última vez que el dirigente del agro y el presidente coincidieron fue en el Día de la Industria, en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde Milei pronunció un discurso en el que afirmó: “Para proteger a la industria, los anteriores gobiernos le robaron al campo”. Esta declaración fue seguida de un comentario cómplice hacia Pino: “¿Me escuchaste, no?”, evidenciando la cercanía entre ambos.

Investigación en curso

Tras la explosión, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en Juncal 4450, y la zona fue rápidamente acordonada. La Brigada de Explosivos continúa trabajando en el análisis del segundo paquete, mientras que la Policía revisa las cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Federal a cargo del doctor Sebastián Casanello, quien ya ha solicitado informes preliminares sobre los envíos y el posible origen de los artefactos explosivos.

Este intento de atentado no solo pone en riesgo la integridad de un dirigente clave del sector agropecuario, sino que atenta contra los principios fundamentales de convivencia y seguridad en una sociedad democrática. Todo ciudadano, sin importar su afiliación o actividad, tiene derecho a expresarse y trabajar libre de violencia o amenazas.

La situación genera una profunda preocupación, y resulta imperativo que la justicia avance rápidamente en identificar a los responsables de este acto criminal. La libertad de disentir y expresar ideas debe ser preservada y protegida, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.