Se trata del hijo de un militar condenado, que habría alentado la realización del encuentro en el penal de Ezeiza.

Mientras la investigación sobre la polémica visita de seis diputados de La Libertad Avanza a represores en la cárcel de Ezeiza sigue su curso, la Iglesia Católica ha tomado una medida drástica contra el sacerdote Javier Olivera Ravasi, quien estaba vinculado con esta actividad. Olivera Ravasi ha sido apartado de la Diócesis de Zárate-Campana debido a sus actitudes y expresiones antidemocráticas y contrarias al testimonio cristiano.

En un comunicado oficial, la Conferencia Episcopal informó que la decisión de separar al sacerdote se basó en “numerosas quejas fundadas” sobre sus posturas y comportamientos, que se oponen a los principios cristianos, particularmente en el contexto de su asociación con los represores y la falta de alineación con las posiciones del papa Francisco. Con medida, la Iglesia marcó su desaprobación hacia cualquier forma de negacionismo o justificación de la dictadura militar y su represión.

Olivera Ravasi, de 47 años, es hijo del mayor Jorge Antonio Olivera, quien cumple prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. El sacerdote ha sido señalado por promover el acercamiento de los legisladores libertarios a figuras de la represión como Alfredo Astiz y Antonio Pernías. Esta asociación ha generado preocupación sobre la infiltración de ideologías antidemocráticas en instituciones religiosas y políticas.

La fundación que Olivera Ravasi dirige, San Elías, se presenta como un bastión de la “contrarrevolución cultural y espiritual”, con un lema que busca desacreditar la historia y el testimonio de las víctimas del terrorismo de Estado. Este tipo de movimientos y discursos son especialmente peligrosos en una democracia, ya que buscan revisar y justificar actos que han sido ampliamente condenados por la comunidad internacional y por las propias instituciones de la Iglesia.

Semanas después de la polémica reunión en la cárcel de Ezeiza, el papa Francisco recibió durante más de una hora a Anita Fernández, hija de Ana María Careaga, quien estuvo secuestrada cuando estaba embarazada. Es, además, nieta de la Madre de Plaza de Mayo Esther Balestrino de Careaga, víctima de los “vuelos de la muerte”, luego de su desaparición, tras la infiltración de Astiz en el grupo de Madres que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz.

Desde la organización denunciaron que la Policia Federal ingresó de manera violenta a un comedor popular que funciona en el barrio de Constitución.

Este miércoles, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Policía Federal realizó un allanamiento violento en su sede del barrio porteño de Constitución, ubicada en la calle Pedro Echagüe 1587, donde se desarrollaba un comedor comunitario. La medida judicial, llevada a cabo por orden del juez Julián Ercolini, ha generado un profundo rechazo por parte de la organización.

En un comunicado, la UTEP expresó: “Denunciamos el insólito allanamiento en la sede central de la UTEP que se está produciendo hoy en Constitución”. La organización afirmó que la Policía Federal ingresó al lugar con violencia, buscando información sobre una cooperativa desconocida que, según indicaron, ni siquiera tiene domicilio en el sitio allanado.

La UTEP también subrayó la incongruencia de la situación, señalando que en un barrio donde el narcotráfico actúa con impunidad, la policía y la justicia optan por perseguir a quienes están brindando asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad. “En el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ‘la justicia’ persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento”, destacaron en su comunicado. Además, denunciaron que el allanamiento forzó la suspensión de diversos servicios comunitarios, como peluquería, atención médica, asesoramiento legal y psicológico.

El allanamiento se produjo apenas días después de una gran jornada de movilización de la UTEP el pasado 7 de agosto, lo que llevó a la organización a concluir su comunicado con un mensaje de resistencia: “No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares”.

El incidente se inscribe en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones sociales y las fuerzas de seguridad, en un momento en el que las demandas de los sectores más vulnerables parecen ser abordadas con mano dura en lugar de con diálogo y políticas inclusivas.

Así lo denunció el conductor de Radio Con Vos, a la vez que adelantó que seguirá hablando del tema. “No me pasa desde los 90, en donde había este tipo de aprietes”, sentenció.

El periodista Reynaldo Sietecase sorprendió este miércoles a su audiencia en Radio con Vos al denunciar que ha sido objeto de “aprietes” para que deje de hablar sobre el escándalo de Lago Escondido. Según relató, en los últimos tres días recibió tres avisos en un intento por silenciarlo. “No me pasa desde los 90, cuando había este tipo de aprietes”, comentó con indignación.

El asunto al que se refiere Sietecase es el viaje que realizaron jueces, exfuncionarios del macrismo y periodistas de medios alineados con la oposición, como LN+ y Clarín, a la mansión y hotel de lujo que el magnate británico Joe Lewis posee en Lago Escondido, en la Patagonia argentina. Este viaje, que ha generado un enorme repudio en diversos sectores, es visto como una muestra clara de la connivencia entre sectores del poder judicial, mediático y político.

El caso de Lago Escondido ha sido una piedra en el zapato para quienes intentan ocultar los vínculos turbios que unen a figuras clave del poder en Argentina. No es la primera vez que el tema genera controversias, pero la confesión de Sietecase sobre las presiones que ha estado recibiendo resalta la gravedad de la situación. En un contexto donde la libertad de prensa es esencial, los intentos por amedrentar a periodistas críticos son una amenaza directa a la democracia y al derecho de la ciudadanía de estar informada.

Sietecase dejó claro que no piensa ceder a las presiones. “Voy a seguir hablando de Lago Escondido, no sé que represalia podrán tomar porque las advertencias van en ese sentido”, aseguró.

Se trata de Francisco Sánchez, quien acompañó al presidente Milei a la cumbre de Vox en España y volvó polémicas declaraciones contra el divorcio, el colectivo LGTBQ+ y el aborto legal.

La administración de Javier Milei continúa enfrentando una alta renuncia de funcionarios, con la renuncia de Francisco Sánchez, Secretario de Culto de la Nación, convirtiéndose en la más reciente baja. En menos de ocho meses de gestión, ya se han registrado cerca de medio centenar de dimisiones en distintos niveles del gobierno.

Sánchez presentó su renuncia este miércoles, alegando “motivos personales”. Según fuentes de la Cancillería, su reemplazo podría ser Nahuel Sotelo, actual jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense. Al igual que Sánchez, Sotelo está asociado con el sector más conservador de la Iglesia católica, lo que indica una posible continuidad en la línea ideológica del cargo.

A lo largo de su carrera, Sánchez, de 50 años, ha sido conocido por sus controversiales declaraciones y posturas extremas. Su historial incluye ataques dirigidos contra la ex presidenta Cristina Kirchner, el papa Francisco, así como comentarios antisemitas y antiislámicos. Su renuncia no sorprende en un gobierno que ha visto una continua fuga de funcionarios, pero deja en evidencia las tensiones internas y las divisiones dentro del equipo de Milei.

Sánchez ganó notoriedad al acompañar a Milei en la cumbre de Vox en España, donde abogó por revisar leyes fundamentales como el aborto seguro, el matrimonio igualitario y el divorcio vincular. En 2022, provocó un escándalo al pedir la pena de muerte para Cristina Kirchner en el contexto de la causa por obra pública que involucraba a la ex mandataria y a Lázaro Báez.

Su historial de exabruptos no se detuvo ahí. Sánchez se ha pronunciado en redes sociales con frases incendiarias, como su crítica al papa Francisco, a quien acusó de haber “hecho tanto daño”, y sus comentarios contra el Islam, celebrando la victoria de las fuerzas católicas en la batalla de Lepanto como un hito que “salvó a la cristiandad y a Occidente”.

Además, Sánchez ha sido vinculado con teorías conspirativas de corte antisemita, como su afirmación de que George Soros y los Rockefeller representan un “sionismo internacional” que amenaza la soberanía de los Estados.

Con su salida, el gobierno de Milei sigue acumulando renuncias, un reflejo de las fracturas internas y el desgaste que enfrenta su gestión. La posible designación de Sotelo podría mantener la misma línea conservadora, pero también evidencia la dificultad de Milei para consolidar un equipo estable en medio de un escenario político cada vez más complicado.

El atentado a la expresidenta ocurrió el 1 de septiembre de 2022 a metros de su vivienda en Recoleta, en medio de movilizaciones en su apoyo.

En el marco del juicio por el intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y figura central de la política argentina, declarará esta mañana en Comodoro Py. Este martes, se expresó en sus redes sociales con un mensaje contundente antes de su declaración testimonial.

“Mañana (por este miércoles) iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?… Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”, escribió la exmandataria, dejando claro su descontento con el estado de la causa.

Cristina Kirchner también dirigió duras críticas hacia “los medios de comunicación hegemónicos”, acusándolos de “invisibilizar” el caso y desviar la atención al responsabilizar a su custodia del atentado. “No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona”, señaló, destacando el sesgo mediático que, según ella, ha caracterizado la cobertura del caso.

En su mensaje, recordó la reacción de Clarín tras el atentado, criticando la hostilidad del diario: “Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín ‘La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá’ (haciendo referencia a la ‘causa vialidad’), siempre pensé que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… ‘Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala’“, expresó, sin ocultar su indignación.

El atentado contra Cristina Kirchner ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con una pistola a centímetros de su rostro en medio de una multitud reunida frente a su domicilio en Recoleta. El juicio por este hecho comenzó el 26 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py y tiene como acusados a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, miembros de “La banda de los copitos”, quienes enfrentan cargos como autores materiales del intento de magnicidio.

Cristina acompaño su posteo con un video que, según sus palabras, ofrece “una mirada despojada de cualquier subjetividad”, subrayando la importancia de este juicio no solo para ella, sino también para la justicia y la democracia en Argentina.

El gobierno de Javier Milei profundiza su negacionismo y elimina la Unidad de Búsqueda de Nietos Apropiados durante la dictadura que tenía por objetivo encontrar a los nietos secuestrados por la dictadura cívico-militar.

En una nueva demostración de su inclinación negacionista, el gobierno de Javier Milei eliminó la Unidad Especial de Investigación que tenía por objetivo encontrar a los nietos secuestrados por la dictadura cívico-militar. La polémica medida se oficializó este miércoles a través del Decreto 727/2024, apenas unas semanas después de que diputados de La Libertad Avanza visitaran a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad.

El decreto, firmado por el presidente Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deroga el Decreto 715/2004 que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, creó una herramienta clave en la recuperación de la identidad de nietos apropiados, operando bajo la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

El gobierno justifica la medida argumentando que la unidad tenía acceso a información y documentación que debería estar bajo estricto control judicial, y que su existencia violaba el derecho a la intimidad consagrado en la Constitución.

Lo más insólito, es que en lugar de fortalecer la búsqueda de los cientos de personas que aún desconocen su verdadera identidad, la administración de Milei prioriza “el derecho a la intimidad”. En ese sentido, indicó que la unidad violentaba preceptos constitucionales y proponiendo que la investigación de estos delitos quede exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.

La eliminación de la unidad representa un retroceso significativo en el camino de Memoria, Verdad y Justicia que las Abuelas de Plaza de Mayo han liderado durante décadas. La organización ya había advertido sobre las intenciones del gobierno, alertando que esta decisión “ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”.

La UEI, creada en 2004, asistía a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, evitando que se abrieran causas improcedentes. Con la eliminación de esta unidad, el gobierno de Milei refuerza su postura revisionista y socava los esfuerzos por encontrar a los aproximadamente 7.000 posibles hijos e hijas de desaparecidos que aún esperan ser identificados.

Mientras todos los índices económicos parecen no encontrar piso, el mandatario utilizó las redes sociales para referirse al escándalo de violencia de género que involucra a Alberto Fernández y Fabiola Yañez.

En medio de una profunda crisis económica que afecta a millones de argentinos, el presidente Javier Milei decidió este martes evitar hablar de temas urgentes como la pobreza, los despidos y la inflación, para centrarse en un escándalo que involucra al ex presidente Alberto Fernández. En un movimiento claramente oportunista, Milei recurrió a las redes sociales para abordar la denuncia por violencia de género contra Fernández, intentando capitalizar políticamente un tema que poco tiene que ver con las preocupaciones diarias de la ciudadanía.

En lugar de presentar soluciones a la inflación galopante o a los despidos masivos que azotan a distintos sectores, Milei optó por publicar un largo mensaje en sus redes sociales titulado “Ordenando los hechos”, donde mezcló corrupción, infidelidades y violencia de género en un confuso intento por mantener la atención pública alejada de los problemas económicos que su gobierno enfrenta.

En su publicación, Milei desglosó cinco puntos que, según él, son fundamentales para entender la situación. Sin embargo, estos puntos parecen más un esfuerzo por desviar el foco de las críticas hacia su gestión que un intento genuino de aclarar los hechos.

1. Corrupción: Milei comenzó mencionando una investigación del ministerio de Capital Humano sobre corrupción en la contratación de seguros, un tema que apenas ha tenido resonancia mediática.
2. Violencia de género: El presidente luego se lanzó sobre el caso de Alberto Fernández, mencionando la denuncia por violencia de género que involucra al exmandatario. Sin embargo, no se limitó a condenar la violencia, sino que también criticó a la víctima, Fabiola Yañez, acusándola de ser cómplice de las “aberraciones” del kirchnerismo durante la pandemia. Esta mezcla de temas mostró claramente la intención de Milei de aprovechar el escándalo para atacar a sus oponentes políticos.
3. Infidelidad: En un intento por vincular la vida privada de Fernández con cuestiones públicas, Milei mencionó la infidelidad, sugiriendo que si la pareja era abierta, no había nada que reclamar, pero si no lo era, se trataría de una traición personal.
4. Contrataciones espurias con fondos públicos: El mandatario continuó insinuando que las acciones personales de Fernández habrían sido financiadas con fondos públicos, intentando dar a entender que sus problemas personales tenían implicaciones más amplias.
5. Fondos estatales: Milei concluyó argumentando que justificar pagos con empresas privadas no es válido cuando esas empresas son financiadas por el Estado, algo que, según él, constituye una “asociación ilícita”.

En su reflexión final, Milei intentó vincular estos temas con una crítica general a los medios de comunicación, afirmando que mientras los periodistas que “recibían pauta del Estado” callaban, él, y quienes quieren “una Argentina libre”, eran presentados como los malos.

Esta maniobra de Milei, centrada en aprovechar el escándalo personal de un ex presidente, refleja su preferencia por explotar temas sensacionalistas en lugar de enfrentar los problemas urgentes que atraviesa el país. Mientras la economía sigue en picada, el mandatario parece más interesado en desviar la atención hacia cuestiones que poco tienen que ver con la desesperación diaria de los argentinos.

La Justicia aceptó el pedido de la ex primera dama y será querellante en la causa que presentó contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

La ex primera dama Fabiola Yañez ha sido aceptada como querellante en la causa que presentó contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Este martes, Yañez declarará desde Madrid ante la Fiscalía a través de la plataforma Zoom, brindando más detalles sobre las acusaciones que incluyen “violencia reproductiva” y “golpes constantes”.

Este lunes, Yañez ratificó y amplió su denuncia contra Fernández, aportando un documento de casi 20 páginas que describe una serie de episodios de violencia que, según ella, comenzaron en 2016 y se extendieron en múltiples planos, no solo el físico. Entre los detalles más graves, se destaca la acusación de “violencia reproductiva”, un tipo de abuso que, según la denunciante, ejerció Fernández durante su relación.

La presentación formal se realizó en el Consulado de Argentina en Madrid y fue remitida virtualmente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Ramiro González. Yañez también aprovechará la declaración de este martes para oficializar a Mariana Gallego como su nueva abogada defensora.

La denuncia presentada por Yañez acusa al exmandatario de “lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad”, además de amenazas coactivas. En su relato, Yañez asegura que el maltrato comenzó en 2016, cuando ambos convivían en el departamento de Puerto Madero, actualmente habitado por Fernández y recientemente allanado.

Por su parte, Alberto Fernández permanece recluido en su departamento en el edificio River View, en Puerto Madero. En una entrevista publicada este lunes por el diario español El País, el expresidente se defendió de las acusaciones, negando rotundamente haber ejercido violencia física contra Yañez y asegurando que probará su inocencia ante la justicia.

Alberto Fernández se defiende de las acusaciones de violencia de género: “Nunca he golpeado a una mujer”

Fernández afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas y que alguien incentivó a Yañez a denunciarlas. “Estoy acusado de algo que no he hecho”, declaró, y subrayó que nunca ha golpeado a una mujer. Además, el exmandatario recordó su compromiso con las políticas de género durante su presidencia y aseguró que, aunque la carga de la prueba se invierte en estos casos, demostrará su inocencia en los tribunales.

Así lo aseguró el ex mandatario, en medio del escándalo que generó la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez en su contra.

Tras días de especulaciones, se publicó la entrevista que Alberto Fernández concedió a El País de España, en la que brindó su versión sobre la denuncia de violencia de género presentada por su ex pareja, Fabiola Yañez. Durante la conversación, realizada el pasado viernes en su departamento de Puerto Madero, el exmandatario argentino negó enfáticamente las acusaciones, asegurando: “Estoy acusado de algo que no he hecho”.

Fernández, acompañado por su abogada Mariana Arce durante la entrevista, expresó su incredulidad ante las pruebas presentadas, que incluyen fotografías de Yañez con un ojo morado y moretones en el brazo, imágenes que se difundieron en medios argentinos tras hacerse pública la denuncia. “No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, sostuvo, añadiendo que demostrará su inocencia ante los tribunales, y que alguien habría incentivado a Yañez a presentar la denuncia.

En su defensa, Fernández destacó que en sus anteriores relaciones de larga duración nunca hubo episodios de violencia: “Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra, y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza”. A pesar de haber visto las fotografías en los medios, afirmó no haber tenido acceso directo a la causa, pero aseguró que se presentará ante la justicia para resolver el asunto.

El expresidente también subrayó su compromiso con las políticas de género durante su mandato, recordando que “la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia”. Fernández insistió en que no desea exponer públicamente detalles personales sobre Yañez, pero reiteró que no fue el autor de los hechos que se le imputan.

Al ser cuestionado sobre los mensajes en los que Yañez afirma haber sido golpeada durante tres días seguidos, Fernández respondió: “No es cierto. Yo no la golpeé”. Explicó que, aunque hubo discusiones en la relación, nunca recurrió a la violencia física y que las palabras de Yañez podrían haber sido dichas en un momento de enojo.

Finalmente, Fernández afirmó que también sufrió en la relación y lamentó la situación mediática que se ha generado en torno a las acusaciones, insistiendo en que esclarecerá la verdad en el ámbito judicial y no en los medios.

En un contexto marcado por el brutal ajuste, el Senado tratará el proyecto que busca mejorar los haberes jubilatorios. ¿Lo vetará Milei?

Este jueves, el Senado podría votar un proyecto de ley que busca mejorar los haberes jubilatorios, una medida que cuenta con el apoyo de diferentes bloques de la oposición y que ya tiene media sanción en Diputados. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya ha dejado claro su veto a la iniciativa, alegando su elevado costo fiscal. Este gesto ha sido ampliamente criticado por su carácter inhumano en un contexto donde los jubilados enfrentan serias dificultades económicas.

La medida en discusión busca compensar la pérdida del poder adquisitivo debido al cambio de fórmula de cálculo de jubilaciones, un ajuste que los opositores estiman en un 8% adicional al 12% ya otorgado por el gobierno. Además, el proyecto propone elevar la jubilación mínima a $308.000, incluyendo un bono de $70.000, y ajustar los haberes mensualmente según la inflación.

En La Libertad Avanza, el espacio político de Milei, ya se preparan para un debate intenso en el Senado, donde deberán justificar su postura en contra de una mejora que beneficiaría a los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta discusión se produce en medio de informes preocupantes que revelan una caída real del 29,2% en el poder adquisitivo de las jubilaciones en comparación con el año anterior.

Pese a las declaraciones tajantes de Milei, en las que afirmó que vetaría cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, fuentes cercanas al gobierno insinúan que podría haber espacio para negociar. Una posible salida sería aceptar únicamente la compensación por la pérdida del empalme de fórmulas, dejando fuera otros aspectos del proyecto que también buscan mejorar las condiciones de los jubilados.

El oficialismo se prepara para una batalla legislativa decisiva, mientras que el destino de miles de jubilados y pensionados pende de una decisión que podría prolongar su sufrimiento en lugar de aliviarlo.