Por Bautista Rolón y Santiago Masetti

El director de la agencia oficial de comunicación de Yemen, Abdullah Ahmed Hazam Al-Atwani, afirmó que su país está “firme y preparado para cualquier enfrentamiento”, en el marco de un encuentro virtual que reunió a referentes políticos y comunicadores de América Latina con autoridades de Saná.

El intercambio, titulado “Enfrentando la hegemonía sionista estadounidense y el saqueo de los recursos de las naciones: América Latina y la República de Yemen como ejemplo”, contó con la participación del canciller yemení Abdulwahid Abu Ras y del Equipo Nacional de Relaciones Internacionales del país asiático.

Durante la conferencia, transmitida vía streaming desde la capital yemení, Al-Atwani sostuvo que Yemen atraviesa una etapa de movilización integral frente a lo que definió como preparativos militares impulsados por Estados Unidos e Israel en la región. “El pueblo está firme junto al gobierno y estamos preparando y movilizando todos los recursos. A pesar de las dificultades económicas, estamos listos para cualquier agresión”, aseguró.

El funcionario subrayó que, tras años de conflicto armado, Yemen ha fortalecido su capacidad de resistencia. Recordó que en el pasado el país enfrentó la ofensiva de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos y señaló que el escenario regional ha cambiado. “Ellos no han aprendido de la experiencia de la guerra”, afirmó, al tiempo que destacó que Yemen avanza también en la reconstrucción y en el desarrollo de sectores estratégicos como la agricultura y la defensa.

En relación con las tensiones en torno a Irán, Al-Atwani consideró que la República Islámica “es fuerte” y expresó confianza en la capacidad del llamado “eje de resistencia” para afrontar eventuales escaladas militares.

Desde América Latina, los participantes trazaron paralelismos entre la situación de Medio Oriente y los procesos políticos del continente. Comunicadores argentinos denunciaron presiones y persecuciones contra medios críticos de la política internacional de Washington y reivindicaron la necesidad de articular “trincheras de comunicación independientes”.

El encuentro cerró con el compromiso de profundizar los vínculos entre Yemen y actores sociales y políticos latinoamericanos, en un escenario internacional marcado por crecientes tensiones y reconfiguraciones de alianzas.

La suba escalonada en colectivos nacionales impactará de lleno en el bolsillo en febrero y marzo. La actualización del índice de inflación, que otorgaba mayor peso al transporte, fue postergada tras la salida de Marco Lavagna del INDEC.

El Gobierno dispuso un nuevo incremento en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que implicará una suba acumulada superior al 40% en el lapso de un mes, en el marco de la reducción de subsidios al transporte y de una política de ajuste que vuelve a trasladar el costo a los usuarios.

El boleto mínimo pasará de $494,83 a $650 a mediados de febrero, lo que representa un alza cercana al 31%, y volverá a incrementarse en marzo hasta alcanzar los $700, completando un ajuste total del 41,4% en pocas semanas. El impacto será directo sobre trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público a diario.

La decisión oficial coincide con una controversia técnica que atravesó al INDEC y que culminó con la salida de su titular, Marco Lavagna. En paralelo al aumento tarifario, el organismo tenía previsto actualizar la canasta con la que se calcula el Índice de Precios al Consumidor (IPC), incorporando datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018.

Esa modificación implicaba elevar el peso del rubro Transporte dentro del índice general del 11% al 14,3%, lo que hubiera amplificado el efecto estadístico del tarifazo en el dato mensual de inflación. Al mantener la metodología anterior, donde el transporte tiene menor incidencia, el salto en los boletos impactará menos en el número final que informa el organismo.

Fuentes del sector señalaron que la postergación del nuevo esquema de medición se resolvió en medio de tensiones con el equipo económico, que enfrenta el dilema de avanzar con la quita de subsidios sin disparar los indicadores inflacionarios en los meses en que se concentran aumentos sensibles.

El reemplazo de Lavagna por Pedro Lines se produjo en ese contexto. Si bien no hubo explicaciones oficiales detalladas, la demora en la actualización metodológica quedó en el centro de la escena, ya que un cambio en la ponderación habría reflejado con mayor crudeza el traslado de los incrementos tarifarios al índice de precios.

Mientras tanto, los usuarios deberán afrontar nuevas subas en un escenario de ingresos deteriorados y caída del consumo. El ajuste en el transporte se suma a otros incrementos en servicios públicos, configurando un cuadro en el que la reducción del gasto estatal se sostiene, en buena medida, con mayores costos para la población.

El dirigente de la CGT advirtió que la central obrera perdió cohesión interna y cuestionó la estrategia dialoguista frente a un proyecto oficial que, según afirmó, apunta a debilitar derechos históricos y desarticular la representación gremial.

En declaraciones radiales, y en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, el secretario gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, dejó al descubierto la crisis interna de la central sindical y lanzó duras críticas contra la reforma laboral impulsada por el oficialismo, a la que calificó como un intento de desmantelar conquistas históricas.

El dirigente sostuvo que el Ejecutivo no abrió una instancia real de negociación y que las conversaciones promovidas por algunos sectores sindicales fueron, en los hechos, una formalidad sin resultados. “Nunca hubo margen auténtico para discutir. La decisión estaba tomada y lo que se ofrecía era aceptar condiciones ya definidas”, afirmó.

En ese marco, defendió la convocatoria a movilizaciones y a un paro con concentración frente al Congreso, tras acciones previas en Córdoba y Rosario. Según precisó, el cese de actividades comenzará a las 10 y contará con la presencia de delegaciones de distintas regionales del país.

Lobato expuso además las diferencias dentro de la CGT y planteó que no todos los gremios enfrentan el mismo impacto. “No vive la misma realidad un sindicato de servicios sin despidos que uno industrial donde cierran fábricas todas las semanas”, señaló, al marcar distancia con la postura más moderada de la conducción.

El sindicalista también apuntó contra gobernadores que respaldan la iniciativa oficial pese a la caída del empleo en sus provincias. A su juicio, el apoyo político a la reforma desconoce las consecuencias sociales que puede acarrear en distritos golpeados por la recesión y la paralización industrial.

En relación con el rol histórico de la central obrera, reconoció un deterioro progresivo de su vínculo con las bases y admitió que la pérdida de representatividad no es un fenómeno reciente. Sin embargo, remarcó que el actual contexto expone una fragmentación más profunda. “La cohesión que caracterizaba a la CGT en otras etapas hoy está debilitada”, deslizó.

Para Lobato, el proyecto oficial no se limita a modificar normas laborales sino que forma parte de una estrategia económica más amplia que busca reducir la capacidad de presión del sindicalismo organizado. “Cuando el objetivo es disciplinar al movimiento obrero, el diálogo se convierte en una excusa”, sostuvo.

Finalmente, convocó a los trabajadores a participar de la protesta y advirtió que las consecuencias de la reforma recaerán principalmente sobre las bases. “Los dirigentes no somos quienes más vamos a padecer esto. Los que arriesgan su estabilidad son los trabajadores”, concluyó.

La interrupción del servicio alcanza a 26 líneas del AMBA y podría ampliarse si no se acreditan los haberes adeudados. La medida es por tiempo indeterminado y no fue alcanzada por ninguna conciliación obligatoria.

Un cese de actividades dispuesto por choferes de al menos 26 líneas de colectivos dejó este jueves sin servicio a miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco de un reclamo por salarios impagos.

La medida comenzó a la medianoche y fue adoptada por trabajadores que denunciaron la falta de acreditación de los sueldos correspondientes al mes vencido. Según delegados gremiales, el servicio no se restablecerá hasta que los haberes estén depositados en las cuentas, independientemente de anuncios oficiales o compromisos empresariales.

El conflicto se produce en paralelo a tensiones en el sistema de transporte público. Mientras el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el ámbito ferroviario —lo que dejó sin efecto un paro de trenes previsto para esta semana—, la disposición no alcanza al sector de colectivos involucrado en esta protesta.

Entre las empresas afectadas se encuentran MOQSA (líneas 159, 219, 300, 382, 584, 603 y 619), San Juan Bautista (383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513), MOGSM (333, 407, 437 y 707) y la línea 22. También se encuentran paralizadas las líneas 236, 504 y 634.

En el caso de la línea 216, el servicio funciona de manera parcial: el ramal 166 (Gaona–Aeroparque) opera con normalidad, mientras que los trayectos hacia Palermo permanecen suspendidos.

Desde el sector advirtieron que, de persistir la falta de pago, la protesta podría extenderse a otras líneas en las próximas horas, lo que profundizaría el impacto sobre millones de pasajeros que dependen del transporte público para trasladarse hacia sus lugares de trabajo y estudio.

El conflicto vuelve a exponer la fragilidad del esquema de subsidios y financiamiento del sistema de transporte urbano, en un contexto de ajuste presupuestario y demoras en la transferencia de fondos a las empresas prestatarias.

El entendimiento bilateral prioriza exportaciones primarias y amplía el acceso estadounidense a sectores industriales, energéticos y normativos. Deberá pasar por el Congreso y comenzará a regir 60 días después de completados los trámites legales.

El acuerdo comercial suscripto por los presidentes Javier Milei y Donald Trump configura un esquema de intercambio que, según surge del texto oficial, otorga ventajas concentradas en productos primarios argentinos mientras habilita una apertura más profunda en áreas industriales, mineras y regulatorias en favor de Estados Unidos.

El tratado contempla reducciones o eliminación de aranceles para 1.675 posiciones arancelarias argentinas, principalmente vinculadas a alimentos y bienes primarios. Entre ellas figuran frutas, infusiones, especias, ceras y productos panificados, además de carnes, pescados, lácteos y otros derivados de origen animal. En el caso del sector cárnico, el cupo de exportación al mercado estadounidense se ampliará de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con una proyección oficial de ingresos adicionales cercana a los 800 millones de dólares.

No obstante, el propio documento aclara que, fuera de esos beneficios específicos, las exportaciones argentinas seguirán sujetas al arancel general del 10% dispuesto por Washington en 2025. En los hechos, parte de las concesiones implica restituir condiciones previas al endurecimiento comercial adoptado por la administración Trump, más que establecer ventajas nuevas y permanentes.

El acuerdo entrará en vigencia 60 días después de que ambas partes notifiquen el cumplimiento de sus procedimientos legales internos. En el caso argentino, requerirá aprobación parlamentaria.

En paralelo a las mejoras para el complejo agroexportador, el tratado incorpora compromisos que impactan directamente sobre el mercado interno. Argentina habilitará la importación de 80.000 toneladas de carne bovina estadounidense en 2026, además de cuotas para lácteos, frutos secos, azúcar, chocolates, papas y vino, entre otros productos, lo que podría intensificar la competencia sobre economías regionales.

En materia industrial, el país se compromete a no prohibir el ingreso de bienes de capital usados provenientes de Estados Unidos, incluidos equipos agrícolas, maquinaria de construcción y tecnología para minería. Asimismo, aceptará certificaciones técnicas estadounidenses para vehículos y autopartes, eliminando instancias de homologación local.

Un punto de especial sensibilidad es el reconocimiento de estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para el ingreso de productos farmacéuticos, lo que supone un alineamiento regulatorio con la normativa estadounidense.

El capítulo minero y energético profundiza ese sesgo. El texto establece que Argentina “permitirá y facilitará” la inversión estadounidense en exploración, extracción y exportación de minerales críticos y recursos energéticos, y que priorizará a Estados Unidos como socio en cobre, litio y otros minerales estratégicos. También prevé agilizar proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y promover infraestructura que facilite la participación de empresas norteamericanas. No se consignan cláusulas de reciprocidad equivalentes para firmas argentinas.

El acuerdo suma además compromisos en propiedad intelectual, con refuerzo de acciones contra mercadería que infrinja marcas o patentes, y la implementación de controles para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso, considerando en ese punto las determinaciones del gobierno estadounidense.

El nuevo marco redefine la relación económica bilateral con una apertura que excede lo arancelario e incluye alineamientos normativos y estratégicos. Mientras el Ejecutivo destaca la ampliación de exportaciones alimenticias hacia un mercado de alto poder adquisitivo, distintos sectores productivos anticipan un debate sobre el impacto del tratado en la industria, la regulación interna y el control de recursos naturales

Relevamientos privados ubican el nivel de actividad cerca de un 10% por debajo de 2022 y advierten por la pérdida de empleo, el cierre de empresas y el impacto de la apertura importadora en un contexto de consumo deprimido.

La industria argentina volvió a cerrar un año con más sombras que luces. A la espera de los datos oficiales de diciembre, distintos informes sectoriales coinciden en que 2025 concluyó sin recuperación sostenida y con un nivel de producción que permanece claramente por debajo del registrado antes del ajuste económico.

Si bien la comparación interanual frente a 2024 mostraría una leve mejora estadística, el contraste con 2023 y, sobre todo, con 2022 deja en evidencia un retroceso estructural. Las estimaciones privadas ubican la actividad manufacturera alrededor de un 9% por debajo de 2023 y cerca de un 10% inferior a la de hace tres años.

El freno principal continúa siendo la debilidad de la demanda interna. Con salarios que no logran recomponer poder adquisitivo y un esquema económico que concentra el crecimiento en sectores de baja generación de empleo, la industria carece de un mercado dinámico que traccione producción y nuevas inversiones.

En noviembre, el Índice de Producción Industrial Manufacturero ya había marcado una caída interanual del 8,7% y una baja mensual del 0,6% en términos desestacionalizados. Para diciembre, el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) proyectó un retroceso adicional del 3,5%, apoyado en datos de consumo eléctrico y demanda de insumos.

Desde la entidad empresaria señalaron que cualquier mejora frente al año previo responde, en gran medida, a un efecto comparación tras el derrumbe de 2024. Al medir contra 2023 y 2022, el panorama cambia: la actividad sigue lejos de los niveles previos y solo algunos rubros ligados a la cosecha muestran una recuperación puntual.

El deterioro se verifica con mayor crudeza en sectores intensivos en empleo. La construcción continúa entre los más castigados, con desplomes superiores al 20% en despachos de cemento e insumos respecto de 2022. La industria automotriz también exhibe retrocesos tanto frente a 2024 como en la comparación de mediano plazo, mientras que el patentamiento de maquinaria industrial y el consumo eléctrico de grandes usuarios fabriles registran bajas de dos dígitos frente a los niveles de hace tres años.

La metalmecánica, otro termómetro de la inversión productiva, acumula caídas que superan el 13% en relación con el período previo al cambio de gestión. A esto se suma la retracción de exportaciones industriales hacia Brasil, lo que agrava la falta de dinamismo.

El mapa sectorial muestra pocos ganadores. Las actividades vinculadas al complejo agroexportador y a la refinación de petróleo, impulsadas por Vaca Muerta, lograron cierta expansión. Sin embargo, textiles, calzado, indumentaria, plásticos, caucho y materiales para la construcción continúan en terreno contractivo.

La propia Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC refleja el clima de preocupación: más de la mitad de los empresarios industriales identifica a la insuficiencia de la demanda interna como el principal límite para crecer. En la misma línea, la consultora Orlando J. Ferreres estimó que en diciembre la industria retrocedió 5,7% interanual y describió el desempeño anual como un proceso que fue “de mayor a menor”.

El impacto no se limita a los volúmenes de producción. Según CIFRA-CTA, la industria y la construcción concentran cerca del 70% de los puestos de trabajo perdidos en el período reciente, con más de 120 mil empleos destruidos en conjunto. Paralelamente, informes privados registran miles de cierres de unidades productivas en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, así como caídas relativas aún más pronunciadas en provincias con menor densidad industrial.

Especialistas advierten que la dependencia del mercado interno vuelve especialmente vulnerable al sector ante políticas de ajuste recesivo. Sin un consumo fortalecido y con un esquema de apertura comercial que expone a las empresas locales a una competencia externa creciente, el horizonte para 2026 aparece cargado de incertidumbre.

El balance de 2025 deja, así, una industria que no logró despegar, con una recuperación acotada a nichos específicos y un entramado productivo que continúa debilitándose. Sin señales claras de recomposición del mercado interno ni de una estrategia integral para el desarrollo manufacturero, el sector enfrenta el nuevo año con más interrogantes que certezas.

La titular de la APyT, Norma Lezana, acusó al Gobierno de impulsar sumarios y despidos como represalia por el conflicto del Hospital Garrahan, que derivó en una suba del 61% y advirtió sobre un intento de disciplinar a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, denunció que la apertura de un sumario en su contra y las sanciones a trabajadores forman parte de una avanzada oficial para castigar la protesta salarial que el año pasado culminó con un incremento del 61% y un bono permanente para todo el personal.

En declaraciones radiales, la dirigente sostuvo que el proceso administrativo está “direccionado” y que responde a una decisión política de escarmentar a quienes encabezaron el reclamo. “Nos sancionan por haber enfrentado la política de ajuste y haber demostrado que los recursos estaban”, afirmó.

El conflicto se desató tras meses de reclamos por deterioro salarial y renuncias de profesionales. Según datos del gremio, más de 300 trabajadores altamente calificados dejaron el hospital en los últimos años en medio de restricciones presupuestarias. Luego de medidas de fuerza y descuentos aplicados al personal —principalmente de enfermería y áreas críticas—, la conducción del hospital otorgó una recomposición salarial del 61% y un bono fijo de 450.000 pesos.

Lezana vinculó las sanciones con la actual intervención del centro de salud y cuestionó la conducción designada por el Ejecutivo nacional. También advirtió sobre el cierre del jardín maternal para hijos de trabajadores y la modificación de condiciones laborales de unos 70 profesionales de guardia, a quienes, según denunció, se les reemplazó el vínculo de empleo público por contratos de servicios.

La sindicalista rechazó además las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró públicamente las medidas disciplinarias. “Cuando desde la Casa Rosada avalan estas decisiones, queda claro que no es un trámite administrativo más, sino una señal política”, planteó.

Con 38 años de trayectoria en el hospital, Lezana interpretó la ofensiva como parte de un esquema más amplio ligado a la reforma laboral promovida por el Gobierno. “Buscan debilitar la organización sindical en un hospital emblemático para enviar un mensaje al resto del sector público”, sostuvo.

El Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, atraviesa así un nuevo capítulo de tensión entre trabajadores y autoridades, en un contexto de ajuste presupuestario y redefinición de las políticas sanitarias a nivel nacional.

Una resolución del ENACOM intervenido suprime el esquema creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo reemplaza por un programa orientado a proyectos “competitivos”. Organizaciones del sector denuncian un vaciamiento y advierten por el impacto en la pluralidad informativa.

El Gobierno dispuso la eliminación del mecanismo que durante más de una década financió a radios, canales y productoras sin fines de lucro en todo el país. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), actualmente intervenido, dejó sin efecto el fondo concursable destinado a medios comunitarios y cooperativos, y lo sustituyó por un nuevo instrumento con criterios distintos.

El fondo eliminado había sido creado al amparo de la Ley 26.522 y se nutría de un porcentaje de los gravámenes que abonan los grandes grupos de comunicación. Su finalidad no era comercial sino garantizar el acceso a la comunicación, promover contenidos locales y sostener experiencias autogestionadas en regiones donde el mercado no llega o no considera rentables ciertos proyectos.

La nueva herramienta oficial, presentada como una actualización administrativa, prioriza iniciativas con perfil “innovador” y potencial de inserción en mercados más amplios. Para referentes del sector comunitario, el cambio no es meramente técnico sino conceptual: el Estado abandona un esquema de fomento orientado a derechos y adopta una lógica centrada en la competencia y la rentabilidad.

A la supresión formal del fondo se suma un dato que las organizaciones vienen señalando desde hace meses: los recursos correspondientes a convocatorias ya adjudicadas permanecen impagos. Proyectos aprobados y ejecutados durante 2023, aseguran sus responsables, no recibieron las transferencias comprometidas, lo que generó deudas, paralización de producciones y riesgo de cierre en distintos puntos del país.

Entidades que nuclean a medios comunitarios y cooperativos interpretan la medida como parte de una estrategia más amplia de retracción del Estado en materia de políticas públicas de comunicación. Sostienen que la decisión consolida un proceso de desfinanciamiento iniciado el año pasado y debilita a actores que históricamente garantizaron cobertura local y diversidad de voces.

Desde el organismo regulador argumentan que la modificación apunta a simplificar procedimientos y adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. Sin embargo, para sus críticos, el resultado es un corrimiento del Estado como garante del derecho a la información y una reconfiguración del mapa audiovisual que favorece a estructuras con mayor capacidad económica.

El impacto de la resolución ya comenzó a sentirse en cooperativas y asociaciones civiles que dependían de esos recursos para sostener programación, equipamiento y salarios. En un escenario de concentración mediática creciente, la eliminación del fondo abre un nuevo frente de disputa sobre el rol público en la defensa del pluralismo y el acceso equitativo a la comunicación.

El proyecto oficial reabre un conflicto de larga data al plantear una flexibilización de los resguardos sobre zonas de alta montaña. Ambientalistas denuncian un giro en favor de intereses extractivos y alertan por el impacto en las reservas estratégicas de agua dulce.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares que, según sus detractores, implica un cambio sustancial en el esquema de protección vigente desde 2010 y habilita un escenario más permeable a emprendimientos mineros en áreas sensibles.

La propuesta redefine los alcances de las zonas protegidas y revisa los criterios bajo los cuales se autorizan actividades productivas en regiones cordilleranas. Aunque desde el oficialismo argumentan que se trata de “actualizar” la normativa para compatibilizar desarrollo e inversión, organizaciones socioambientales advierten que el texto reduce los márgenes de tutela sobre ecosistemas claves para el abastecimiento de agua.

La ley actual establece restricciones sobre actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas. La reforma, en cambio, introduce modificaciones en los mecanismos de evaluación de impacto y en la delimitación de áreas alcanzadas por prohibiciones, lo que —según especialistas— podría ampliar el radio de acción de proyectos extractivos.

El debate excede lo técnico y se inscribe en una discusión política de fondo: el modelo productivo y el rol del Estado en la defensa de bienes comunes. Entidades ambientalistas señalaron que el proyecto prioriza la captación de inversiones por sobre la preservación de recursos hídricos, en un contexto de creciente estrés climático. “El agua no puede quedar subordinada a la lógica del mercado”, advirtieron voceros del sector tras conocerse el envío del texto al Parlamento.

En paralelo, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera volvieron a reclamar mayor margen de maniobra para explotar recursos naturales bajo jurisdicción local. Argumentan que la normativa actual frena inversiones y limita la generación de empleo en economías regionales dependientes de la actividad extractiva.

La discusión también pone en tensión el equilibrio entre competencias nacionales y provinciales en materia ambiental. Mientras el Gobierno impulsa una reinterpretación más flexible de los alcances de la ley, desde distintos sectores sostienen que cualquier retroceso en los estándares podría derivar en litigios y conflictos sociales en territorios ya atravesados por disputas en torno al agua.

El proyecto comenzará a ser tratado en comisiones en las próximas semanas, en un clima político atravesado por fuertes diferencias. La pulseada promete trasladarse al recinto con un Congreso dividido y movilizaciones anunciadas por organizaciones que exigen mantener intactos los niveles de protección sobre glaciares, considerados piezas centrales para la seguridad hídrica del país.

Por Santiago Masetti

El ex presidente de Honduras y actual titular de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos difundió un documento dirigido a intelectuales y académicos en el que propone debatir los límites del progresismo, la disputa cultural en las redes sociales y la construcción de un orden multipolar.

En un texto de tono programático y apelación directa a la comunidad intelectual internacional, Manuel Zelaya lanzó una convocatoria a lo que define como una “ofensiva teórica” frente a la nueva etapa del sistema global. El ex mandatario hondureño, hoy presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, plantea que el mundo atraviesa “una encrucijada histórica” marcada por una mutación profunda del imperialismo, al que describe en su fase “más agresiva”.

Lejos de los comunicados coyunturales, el documento adopta un registro estratégico. Zelaya sostiene que las potencias tradicionales, ante una hegemonía en declive, apelan a “nuevas arquitecturas financieras, tecnológicas y militares” para sostener su influencia. En ese marco, convoca a intelectuales, académicos y analistas a elaborar un trabajo colectivo que aborde cinco ejes centrales.

El primero apunta a lo que denomina la “fase superior de la agresión imperialista”, con foco en las guerras híbridas, el lawfare y el asedio económico como mecanismos contemporáneos de disciplinamiento político. El segundo propone revisar “los límites del progresismo”, en una autocrítica sobre los alcances y techos de las reformas institucionales impulsadas en América Latina y otras regiones durante las últimas dos décadas.

El tercer eje se inscribe en el debate geopolítico: la construcción de un nuevo orden multipolar y el papel de las potencias emergentes en un equilibrio global que, según el texto, respete la soberanía de los pueblos. A la par, plantea discutir alternativas al capitalismo que superen el modelo extractivista y coloquen “la vida” en el centro de la organización social y económica.

Finalmente, Zelaya introduce la dimensión cultural y tecnológica. Advierte que la disputa por las “conciencias colectivas” se libra en el terreno de los algoritmos y la posverdad, y subraya la necesidad de comprender cómo operan las redes sociales en la configuración de sentidos comunes.

“La necesidad de coordinar las luchas de los pueblos y los gobiernos es imperativa. No basta con resistir; debemos proponer”, afirma en uno de los pasajes centrales. Allí radica el núcleo político de la convocatoria: articular pensamiento y acción en una izquierda que, a su juicio, debe escapar de “visiones panfletarias” y construir propuestas innovadoras capaces de movilizar mayorías.

El llamado de Zelaya se inscribe en una etapa de reconfiguración del mapa político latinoamericano, atravesado por avances y retrocesos de fuerzas progresistas, tensiones económicas y un escenario internacional signado por la competencia entre Estados Unidos, China y otras potencias. Su apuesta es que la reflexión estratégica no quede rezagada frente a la dinámica de los acontecimientos.

Más que un manifiesto cerrado, el documento funciona como disparador. Propone abrir un debate sobre la forma que debería asumir una “Izquierda Socialista” en el siglo XXI y convoca a alimentar, en sus palabras, “este fuego colectivo”. En tiempos de discursos fragmentados y urgencias permanentes, la iniciativa busca reinstalar la discusión de fondo: qué proyecto histórico puede ofrecer hoy el campo popular en un mundo en transición.