La titular de la APyT, Norma Lezana, acusó al Gobierno de impulsar sumarios y despidos como represalia por el conflicto del Hospital Garrahan, que derivó en una suba del 61% y advirtió sobre un intento de disciplinar a los trabajadores del principal hospital pediátrico del país.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan, Norma Lezana, denunció que la apertura de un sumario en su contra y las sanciones a trabajadores forman parte de una avanzada oficial para castigar la protesta salarial que el año pasado culminó con un incremento del 61% y un bono permanente para todo el personal.

En declaraciones radiales, la dirigente sostuvo que el proceso administrativo está “direccionado” y que responde a una decisión política de escarmentar a quienes encabezaron el reclamo. “Nos sancionan por haber enfrentado la política de ajuste y haber demostrado que los recursos estaban”, afirmó.

El conflicto se desató tras meses de reclamos por deterioro salarial y renuncias de profesionales. Según datos del gremio, más de 300 trabajadores altamente calificados dejaron el hospital en los últimos años en medio de restricciones presupuestarias. Luego de medidas de fuerza y descuentos aplicados al personal —principalmente de enfermería y áreas críticas—, la conducción del hospital otorgó una recomposición salarial del 61% y un bono fijo de 450.000 pesos.

Lezana vinculó las sanciones con la actual intervención del centro de salud y cuestionó la conducción designada por el Ejecutivo nacional. También advirtió sobre el cierre del jardín maternal para hijos de trabajadores y la modificación de condiciones laborales de unos 70 profesionales de guardia, a quienes, según denunció, se les reemplazó el vínculo de empleo público por contratos de servicios.

La sindicalista rechazó además las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró públicamente las medidas disciplinarias. “Cuando desde la Casa Rosada avalan estas decisiones, queda claro que no es un trámite administrativo más, sino una señal política”, planteó.

Con 38 años de trayectoria en el hospital, Lezana interpretó la ofensiva como parte de un esquema más amplio ligado a la reforma laboral promovida por el Gobierno. “Buscan debilitar la organización sindical en un hospital emblemático para enviar un mensaje al resto del sector público”, sostuvo.

El Garrahan, principal centro pediátrico de alta complejidad del país, atraviesa así un nuevo capítulo de tensión entre trabajadores y autoridades, en un contexto de ajuste presupuestario y redefinición de las políticas sanitarias a nivel nacional.

Una resolución del ENACOM intervenido suprime el esquema creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo reemplaza por un programa orientado a proyectos “competitivos”. Organizaciones del sector denuncian un vaciamiento y advierten por el impacto en la pluralidad informativa.

El Gobierno dispuso la eliminación del mecanismo que durante más de una década financió a radios, canales y productoras sin fines de lucro en todo el país. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), actualmente intervenido, dejó sin efecto el fondo concursable destinado a medios comunitarios y cooperativos, y lo sustituyó por un nuevo instrumento con criterios distintos.

El fondo eliminado había sido creado al amparo de la Ley 26.522 y se nutría de un porcentaje de los gravámenes que abonan los grandes grupos de comunicación. Su finalidad no era comercial sino garantizar el acceso a la comunicación, promover contenidos locales y sostener experiencias autogestionadas en regiones donde el mercado no llega o no considera rentables ciertos proyectos.

La nueva herramienta oficial, presentada como una actualización administrativa, prioriza iniciativas con perfil “innovador” y potencial de inserción en mercados más amplios. Para referentes del sector comunitario, el cambio no es meramente técnico sino conceptual: el Estado abandona un esquema de fomento orientado a derechos y adopta una lógica centrada en la competencia y la rentabilidad.

A la supresión formal del fondo se suma un dato que las organizaciones vienen señalando desde hace meses: los recursos correspondientes a convocatorias ya adjudicadas permanecen impagos. Proyectos aprobados y ejecutados durante 2023, aseguran sus responsables, no recibieron las transferencias comprometidas, lo que generó deudas, paralización de producciones y riesgo de cierre en distintos puntos del país.

Entidades que nuclean a medios comunitarios y cooperativos interpretan la medida como parte de una estrategia más amplia de retracción del Estado en materia de políticas públicas de comunicación. Sostienen que la decisión consolida un proceso de desfinanciamiento iniciado el año pasado y debilita a actores que históricamente garantizaron cobertura local y diversidad de voces.

Desde el organismo regulador argumentan que la modificación apunta a simplificar procedimientos y adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. Sin embargo, para sus críticos, el resultado es un corrimiento del Estado como garante del derecho a la información y una reconfiguración del mapa audiovisual que favorece a estructuras con mayor capacidad económica.

El impacto de la resolución ya comenzó a sentirse en cooperativas y asociaciones civiles que dependían de esos recursos para sostener programación, equipamiento y salarios. En un escenario de concentración mediática creciente, la eliminación del fondo abre un nuevo frente de disputa sobre el rol público en la defensa del pluralismo y el acceso equitativo a la comunicación.

El proyecto oficial reabre un conflicto de larga data al plantear una flexibilización de los resguardos sobre zonas de alta montaña. Ambientalistas denuncian un giro en favor de intereses extractivos y alertan por el impacto en las reservas estratégicas de agua dulce.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares que, según sus detractores, implica un cambio sustancial en el esquema de protección vigente desde 2010 y habilita un escenario más permeable a emprendimientos mineros en áreas sensibles.

La propuesta redefine los alcances de las zonas protegidas y revisa los criterios bajo los cuales se autorizan actividades productivas en regiones cordilleranas. Aunque desde el oficialismo argumentan que se trata de “actualizar” la normativa para compatibilizar desarrollo e inversión, organizaciones socioambientales advierten que el texto reduce los márgenes de tutela sobre ecosistemas claves para el abastecimiento de agua.

La ley actual establece restricciones sobre actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas. La reforma, en cambio, introduce modificaciones en los mecanismos de evaluación de impacto y en la delimitación de áreas alcanzadas por prohibiciones, lo que —según especialistas— podría ampliar el radio de acción de proyectos extractivos.

El debate excede lo técnico y se inscribe en una discusión política de fondo: el modelo productivo y el rol del Estado en la defensa de bienes comunes. Entidades ambientalistas señalaron que el proyecto prioriza la captación de inversiones por sobre la preservación de recursos hídricos, en un contexto de creciente estrés climático. “El agua no puede quedar subordinada a la lógica del mercado”, advirtieron voceros del sector tras conocerse el envío del texto al Parlamento.

En paralelo, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera volvieron a reclamar mayor margen de maniobra para explotar recursos naturales bajo jurisdicción local. Argumentan que la normativa actual frena inversiones y limita la generación de empleo en economías regionales dependientes de la actividad extractiva.

La discusión también pone en tensión el equilibrio entre competencias nacionales y provinciales en materia ambiental. Mientras el Gobierno impulsa una reinterpretación más flexible de los alcances de la ley, desde distintos sectores sostienen que cualquier retroceso en los estándares podría derivar en litigios y conflictos sociales en territorios ya atravesados por disputas en torno al agua.

El proyecto comenzará a ser tratado en comisiones en las próximas semanas, en un clima político atravesado por fuertes diferencias. La pulseada promete trasladarse al recinto con un Congreso dividido y movilizaciones anunciadas por organizaciones que exigen mantener intactos los niveles de protección sobre glaciares, considerados piezas centrales para la seguridad hídrica del país.

Por Santiago Masetti

El ex presidente de Honduras y actual titular de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos difundió un documento dirigido a intelectuales y académicos en el que propone debatir los límites del progresismo, la disputa cultural en las redes sociales y la construcción de un orden multipolar.

En un texto de tono programático y apelación directa a la comunidad intelectual internacional, Manuel Zelaya lanzó una convocatoria a lo que define como una “ofensiva teórica” frente a la nueva etapa del sistema global. El ex mandatario hondureño, hoy presidente de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, plantea que el mundo atraviesa “una encrucijada histórica” marcada por una mutación profunda del imperialismo, al que describe en su fase “más agresiva”.

Lejos de los comunicados coyunturales, el documento adopta un registro estratégico. Zelaya sostiene que las potencias tradicionales, ante una hegemonía en declive, apelan a “nuevas arquitecturas financieras, tecnológicas y militares” para sostener su influencia. En ese marco, convoca a intelectuales, académicos y analistas a elaborar un trabajo colectivo que aborde cinco ejes centrales.

El primero apunta a lo que denomina la “fase superior de la agresión imperialista”, con foco en las guerras híbridas, el lawfare y el asedio económico como mecanismos contemporáneos de disciplinamiento político. El segundo propone revisar “los límites del progresismo”, en una autocrítica sobre los alcances y techos de las reformas institucionales impulsadas en América Latina y otras regiones durante las últimas dos décadas.

El tercer eje se inscribe en el debate geopolítico: la construcción de un nuevo orden multipolar y el papel de las potencias emergentes en un equilibrio global que, según el texto, respete la soberanía de los pueblos. A la par, plantea discutir alternativas al capitalismo que superen el modelo extractivista y coloquen “la vida” en el centro de la organización social y económica.

Finalmente, Zelaya introduce la dimensión cultural y tecnológica. Advierte que la disputa por las “conciencias colectivas” se libra en el terreno de los algoritmos y la posverdad, y subraya la necesidad de comprender cómo operan las redes sociales en la configuración de sentidos comunes.

“La necesidad de coordinar las luchas de los pueblos y los gobiernos es imperativa. No basta con resistir; debemos proponer”, afirma en uno de los pasajes centrales. Allí radica el núcleo político de la convocatoria: articular pensamiento y acción en una izquierda que, a su juicio, debe escapar de “visiones panfletarias” y construir propuestas innovadoras capaces de movilizar mayorías.

El llamado de Zelaya se inscribe en una etapa de reconfiguración del mapa político latinoamericano, atravesado por avances y retrocesos de fuerzas progresistas, tensiones económicas y un escenario internacional signado por la competencia entre Estados Unidos, China y otras potencias. Su apuesta es que la reflexión estratégica no quede rezagada frente a la dinámica de los acontecimientos.

Más que un manifiesto cerrado, el documento funciona como disparador. Propone abrir un debate sobre la forma que debería asumir una “Izquierda Socialista” en el siglo XXI y convoca a alimentar, en sus palabras, “este fuego colectivo”. En tiempos de discursos fragmentados y urgencias permanentes, la iniciativa busca reinstalar la discusión de fondo: qué proyecto histórico puede ofrecer hoy el campo popular en un mundo en transición.

Por Gerardo Torres*

El pasado 27 de enero se cumplieron 20 años de la toma de posesión de José Manuel Zelaya Rosales, el último Presidente liberal que ha tenido Honduras.

El Estadio Nacional de Tegucigalpa estaba lleno hasta las torres de iluminación, vestido con decenas de miles de banderas rojas y blancas, los espectadores parecían no importarles el intenso sol de una mañana que ya rozaba el mediodía, y todas las miradas estaban puestas en el escenario, donde aquel Olanchano se disponía a dar su primer discurso como mandatario.

“En todos los actos de mi vida, pero especialmente en este camino tan arduo, tan difícil de la política siempre he pedido iluminación a Dios para que me guíe en mis actos” empezó Zelaya despertando el alarido popular que salía del coloso capitalino y bañaba los barrios aledaños y a toda Honduras a través de las ondas radiales y televisivas.

Desde la década de 1980 cuando Honduras superó a las dictaduras militares, los Liberales ganaron 5 de las 7 contiendas electorales. El Partido Liberal era en ese momento, sin lugar a dudas, el partido más poderoso de Honduras con una clara ventaja sobre el Partido Nacional que le servía de revulsiva oposición. Un dato a subrayar es que aquella toma de posesión hace dos décadas fue la última en la que el Presidente saliente, Ricardo Maduro, acompañó la ceremonia de ascenso del nuevo Jefe de Estado.

Honduras ya era uno de los países más pobres del mundo, a pesar de ser un “buen amigo” de los Estados Unidos, de ser profundamente neoliberal, de haber firmado sin objeción el Tratado de Libre Comercio CAFTA con la potencia americana y de (des)balancearse siempre hacia la derecha. El bipartidismo había fracasado en la tarea de sacar a la gente de la pobreza y de procurar que la bonanza económica no se concentrara solo en la élite.

Manuel Zelaya lo sabía, desde siempre había sido un político diferente y hasta incómodo dentro del Partido Liberal. Sin padrinos fuertes en los dueños del mismo, y creando su perfil como un eficiente ministro en el Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS, con mucha cercanía a la gente. Y antes, como diputado ganándose el título de “Ranger” por su costumbre de usar botas y sombrero todo el tiempo.

“Yo no llegué acá por un acuerdo de cúpulas, yo salí de los barrios de Tegucigalpa y Comayagüela, no es el dinero y el poder lo que hace a un político si no el apego a los ideales y la coherencia a los principios” sentenciaba el presidente frente a miles de sus seguidores.

Horas antes de que le colocaran la banda Presidencial, el Congreso Nacional había aprobado la ley de participación ciudadana que garantizaba una participación activa de la población y una mayor vigilancia al gobierno.

La primera orden de Zelaya fue garantizar la matrícula gratis en todo el sistema de educación pública, también dedicó el 1% del presupuesto general de ingresos y egresos de la República a la conservación forestal y de cuencas, enfatizó su interés en potenciar la micro, pequeña y mediana empresa con una priorización en el sector agrícola, habló de seguridad, de enfrentar los monopolios, de no permitir la corrupción ni siquiera la de sus amigos, de cambiar la fórmula de los combustibles para bajar los precios y comprar en licitación internacional, de rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de sumarse fielmente al Libre Comercio.

Como buen liberal habló de reducir el gobierno, de darle una importante participación en su mandato a los empresarios y de incorporarse a los mercados globales. También dedicó un respetuoso saludo al Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, a la iglesia católica y evangélica.

Tres años y medios después de aquel majestuoso acto de toma de posesión, Zelaya recibiría un Golpe de Estado de muchos de quienes lo acompañaron esa mañana en el estrado, pero resistió y volvió al poder gracias a la solidaridad y el acompañamiento de quienes lo miraron desde los sectores populares.

Cumplió y mantuvo su postura en la mayoría de los temas que prometió esa mañana, pero cambió la lógica privatizadora neoliberal para apostarle a cuidar los bienes y empresas del Estado en beneficio de las mayorías empobrecidas. Su relación con los empresarios se fue deteriorando porque interrumpió sus negocios históricos, les puso reglas claras y puso un alto a la corrupción con la que se hicieron multimillonarios saqueando al Estado.

También se peleó con los Estados Unidos por buscar petróleo barato en Venezuela, por fortalecer las relaciones con Latinoamérica y hacer respetar la dignidad y la soberanía nacional. Esto le trajo problemas con las iglesias y los medios de comunicación, aparatos de control ideológico de esas élites sobre las masas marginadas.

Zelaya fue traicionado por el Partido Liberal que se confabuló para derrocar a uno de los suyos, en conspiración con el Partido Nacional, la oligarquía nacional y la embajada de los Estados Unidos. A base de fuego y sangre la cúpula hondureña le puso un alto al sueño de los sin voz de participar en la política y la economía nacional.

Zelaya organizó a la Resistencia Popular y al Partido Libertad y Refundación LIBRE que ganó las elecciones en 2021 y gobernó el país bajo el mando de Xiomara Castro. Por su parte el Partido Liberal no ha logrado volver al poder, atrapado en un dilema permanente de enfrentar casi con odio a Libre, lo que los ciega y los lleva siempre a entregarse a su otrora rival histórico, hoy patrón político; Partido Nacional.

En noviembre del 2025 el Partido Liberal por fin ganó las elecciones, pero se las dejó robar por los nacionalistas arrastrados por las olas de su resentimiento a la izquierda, su dogmatismo conservador y su temor de enfrentar a las élites que antes tantas veces venció. Traicionaron a su candidato: un outsider que parecía poder revivirlos, y lo hizo. Pero en el CNE votaron en su contra, y en el Congreso Nacional también. Parecieran haber perdido su última oportunidad de volver al poder.

Desde el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya el Partido Liberal perdió su contacto con el pueblo y olvidó saber defenderlo. Se quedó en perpetuidad en la foto de aquella mañana de hace 20 años, con sus trajes finos, sudando a escondidas, viendo de lejos a la muchedumbre, esperando obediencia y con un permanente miedo a que se atrevieran desafiar esa distancia segura que los separaba.

*Ex vicecanciller de Honduras

Por Christian Duarte*

El pasado 30 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones generales en Honduras para designar presidente de la República, 128 diputados al congreso nacional y 298 alcaldes.

En un hecho sin precedentes en la región, el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump emitió 3 mensajes públicos amenazando al pueblo hondureño para que votaran por “su candidato”. En sus mensajes, Trump también anunció que otorgaría indulto presidencial a Juan Orlando Hernández, el ex presidente del mismo partido político y más grande capo de la historia de Honduras.

Junto a los mensajes de Donald Trump, el Partido Nacional y Liberal operaron con el crimen organizado acciones de intimidación contra la población y ejecutaron un fraude durante la votación y al seno del órgano electoral, que fue puesto al descubierto gracias a 26 audios en poder del Ministerio Público.

Estos hechos develan una compleja pero organizada operación para alterar de forma sustancial la voluntad popular y el resultado de las elecciones, fundamentalmente a nivel presidencial, constituyéndose en un golpe de estado electoral. Una nueva forma de injerencia imperial operado por los Estados Unidos para intervenir los procesos electorales e imponer sus intereses en la región, lo que se suma a sus intervenciones en Ecuador, Argentina y Venezuela.

Cronología de hechos

1. Los mensajes de Trump y el Gobierno de los Estados Unidos

Según encuestas propias y de terceros, la disputa por el primer lugar se daba entre Rixi Moncada, candidata del partido de gobierno LIBRE, y Salvador Nasralla, contendiente por el Partido Liberal, partido históricamente aliado del Partido Nacional y promotor del golpe de estado del 2009 al presidente Zelaya; Nasry Asfura, del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández, figuraba en un lejano tercer lugar, como el mismo Donald Trump ha afirmado en diversas entrevistas.

En medio del llamado silencio electoral y a pocos días de las elecciones, Donald Trump emitió su primer mensaje el 26 de noviembre, presentando las elecciones generales de Honduras como una disputa geopolítica entre “comunistas narco- terroristas” y los demócratas; señalando a Rixi Moncada como “su principal opositora”, llamando a votar abiertamente por Nasry Asfura del Partido Nacional.

El 28 de noviembre, Donald Trump emitió un segundo mensaje, esta vez más contundente y amenazante, pues condiciona la relación entre Estados Unidos y Honduras al triunfo de Nasry Asfura, llamando nuevamente a votar por este, y anuncia el indulto a Juan Orlando Hernández.

Finalmente, el 1 de diciembre, un día después del proceso electoral, Trump manifestó en sus redes sociales que “desataría un infierno en Honduras” si alguien “intenta alterar los resultados de la elección” y declara ganador a Nasry Asfura con el solo el 47% de los votos escrutados.

Los mensajes del Presidente Trump se suman a una campaña de mensajes y amenazas de diversos personeros del Gobierno de los Estados Unidos, como el Secretario de Estado Marco Rubio, la Fiscal General Pam Bondi, asesores, senadores republicanos y mensajes oficiales desde diversas agencias de gobierno.

2. Los mensajes y las amenazas al pueblo

Junto a los mensajes de Donald Trump, en Honduras y en Estados Unidos fueron enviados millones de mensajes amenazando a los migrantes y a las familias receptoras de remesas. Amenazas realizadas bajo una narrativa en la que se colocó al Partido LIBRE y a su candidata, Rixi Moncada, como enemigos de los Estados Unidos.

3.6 millones de mensajes de texto fueron enviados durante el período de silencio electoral, amenazando a la población con perder sus remesas. El mensaje literalmente decía: “Las remesas no se pueden perder, votar para que tus remesas lleguen es importante. No votes por Rixi Moncada #TuEliges”. A estos, deben sumarse los miles de mensajes enviados por los bancos a las familias beneficiarias y una multimillonaria campaña en redes sociales.

La relevancia del mensaje de Trump, junto a los millones de mensajes, cobra sentido cuando se tiene en cuenta que Honduras tiene más de 1.2 millones de migrantes viviendo en Estados Unidos, que envían en remesas el equivalente al 25% del Producto Interno Bruto, beneficiando a 625,000 familias del país, muchas de las cuales dependen enteramente de este ingreso para su supervivencia.

3. El indulto a Juan Orlando, el lobby financiero y el crimen organizado

Juan Orlando Hernández fue condenado en el año 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión federal más 60 meses de libertad supervisada. Sus delitos fueron haber importado cerca de 500 kilos de cocaína a los Estados Unidos, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspirar usándolos para traficar droga.

En su ascenso, el más grande capo de la droga de Honduras, cometió dos fraudes electorales (2013 y 2017), se reeligió inconstitucionalmente, utilizó el poder estatal para erigir su propio cartel de drogas y sumió al país en las más altas tasas de violencia y pobreza. Por lo que su indulto fue un duro golpe para el pueblo hondureño y un claro espaldarazo a las estructuras del crimen organizado que operaron junto al Partido Nacional después del Golpe de Estado de 2009.

Es importante señalar que diversas fuentes señalan como los responsables del lobby por el indulto a Juan Orlando a oligarcas estadounidenses ligados al pensamiento libertario, las criptomonedas y empresas informáticas, destacando el multimillonario dueño de Palantir Peter Thiel. Quien también es inversionista y fundador de la ciudad modelo Próspera, bajo la ley de Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE), derogadas por el Gobierno de LIBRE y declaradas inconstitucionales por las Corte Suprema de Justicia (CJS). Próspera interpuso una demanda por $10,000 millones contra el Estado de Honduras ante CIADI por la derogatoria.

Al respecto del rol de Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional en los fraudes electorales es importante señalar que, en su juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales presentaron evidencia de que Juan Orlando:

1. usó dinero del narcotráfico para sobornar juntas receptoras de votos y manipular resultados;
2. sobornó ingenieros informáticos del órgano electoral para hackear los sistemas y alterar los resultados;
3. pagó a pandillas para promover el caos y justificar la represión.

El día de la pasada elección, los servicios de atención a incidentes de seguridad del Estado contabilizaron cientos de llamadas de ciudadanos denunciando amenazas de las pandillas para que no ejercieran el sufragio, no llevaran gente a votar y no pusieran carpas incitando al voto por el Partido LIBRE y su candidata Rixi Moncada.

4. El fraude en el órgano electoral y el rol del cuerpo diplomático y la sociedad civil

El 29 de octubre el Fiscal General dio a conocer 26 audios que develaron el plan para robar la elecciones y alterar la soberanía popular. La conspiración fue liderada por la representante del Partido Nacional en el órgano electoral y un diputado del mismo partido, con el apoyo de la representante del Partido Liberal en el órgano electoral, un militar retirado, personeros de la sociedad civil y la Embajada de los Estados Unidos.

El plan consistió en boicotear la integridad de los resultados electorales para declarar como ganador a un candidato sin la mayoría de los votos. El boicot se operó en los siguientes elementos:

1. Fallas en la conectividad de los centros de votación con el objetivo de alterar el resultado electoral preliminar.
2. Desactivación del lector biométrico como un requisito para el conteo de actas con el objetivo de inflar 480,000 votos sin respaldo.
3. Sistema de transmisión de resultados electorales defectuoso en 87% de los casos.
4. Retención sin justificación de 16,615 actas en todos los niveles en la noche de la votación.
5. Caso omiso de los informes de auditoría que alertaron sobre las fallas críticas en los sistemas informáticos y su vulnerabilidad a ser manipulados.
6. Emitir una declaratoria parcial, sin haber contado cerca de 5,000 actas.
7. Aceptación acrítica de los resultados electorales de parte del cuerpo diplomático y de países con gobierno aliados a los Estados Unidos y de la sociedad civil. Ha trascendido inclusive que la Embajada de Francia y de Argentina acogieron a dos consejeras electorales durante las semanas finales del conteo.

Esto último evidencia el doble rasero de Estados Unidos, Europa y sus aliados, porque frente a las elecciones presidencial de Venezuela en 2024 exigieron vehementemente el recuento de los votos y la publicación de las actas, mientras que en Honduras corrieron a aceptar el resultado electoral sin que hubiera terminado el conteo, sin que el órgano electoral respondiera los reclamos administrativos y sin que existiera una declaratoria total.

Conclusión

El Golpe de Estado Electoral se operó utilizando 7 instrumentos: 1) Injerencia política sin precedentes del Presidente de los Estados Unidos y otros voceros del gobierno; 2) Chantaje económico, “si gana la izquierda, perderán sus remesas y el apoyo de los Estados Unidos”;

3) Crimen organizado: Juan Orlando Hernández y pandillas; 4) Campañas masivas, multimillonarias y multiniveles de comunicación y desinformación; 5) Apoyo de la sociedad civil para validar el fraude y los resultados; 6) Apoyo del cuerpo diplomático y países aliados de los Estados Unidos; 7) Financiamiento multimillonario de oligarcas estadounidenses con proyectos en Honduras.

El resultado fundamental es el irrespeto al voto popular y el ejercicio del sufragio bajo amenaza. Esto se refleja en el nivel de participación electoral, con apenas un 52.8%⁴, la segunda menor participación en los últimos 45 años, solo superada por las elecciones post golpe de estado en 2010. Asimismo, la ilegitimidad de las elecciones está acompañada por el retorno de un Partido Político que gobernó junto al crimen organizado, destruyó las instituciones públicas y saqueó las arcas del Estado, arrojando a cientos de miles a la pobreza y al desplazamiento forzando y convirtiendo a Honduras en el país más violento del mundo.

La sociedad hondureña es fuerte y resiliente, y junto a ella, haremos resistencia y oposición desde el Partido LIBRE y los movimientos sociales y populares de Honduras, luchando contra el despojo y el saqueo, por la conservación de las victorias del Gobierno de Xiomara Castro y de los bienes públicos.

*Ex Ministro de Finanzas de Honduras

La planta de Granja Tres Arroyos en Pilar sigue sin actividad tras el rechazo a un plan de pagos en cuotas. Denuncian abandono empresarial y cuestionan la inacción del Gobierno frente a la crisis laboral.

El conflicto en la planta Pilar de Granja Tres Arroyos, ubicada en la localidad bonaerense de La Lonja, se agrava con el correr de los días. Los trabajadores mantienen el paro por tiempo indeterminado iniciado la semana pasada ante la falta de pago de salarios, aguinaldo y vacaciones, en un escenario que expone la fragilidad del empleo industrial y la pasividad oficial frente a los incumplimientos patronales.

La medida de fuerza se sostiene luego de que la asamblea rechazara una propuesta empresarial que planteaba saldar las deudas en un esquema extendido de cuotas, sin garantías ni fechas ciertas. Para los operarios, el ofrecimiento resultó inaceptable: se trató de sueldos ya devengados que la empresa pretendía diferir hasta bien entrado el primer semestre del año.

Según explicaron los delegados, el plan incluía el pago del aguinaldo en cuatro tramos y la cancelación de los salarios de enero en cuotas que se extenderían hasta febrero, mientras que el resto de las obligaciones se postergaban hasta mayo. La respuesta fue un rechazo unánime y la ratificación de la huelga.

El conflicto se inscribe en un proceso de ajuste más amplio dentro de la compañía. A lo largo de 2025, cerca de 400 trabajadores dejaron la empresa mediante despidos, retiros voluntarios y acuerdos, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis. En noviembre, además, la firma cerró su planta de Béccar y trasladó a cientos de operarios a Entre Ríos, concentrando la producción en menos establecimientos.

Pese a esa reducción de personal y al achicamiento de costos, la empresa no logró normalizar el pago de salarios, lo que terminó de detonar el actual paro. En la planta de Pilar, la producción permanece completamente detenida y el clima es de fuerte tensión.

Desde el gremio advierten que la situación ya tiene consecuencias directas sobre las familias de los trabajadores y cuestionan la falta de intervención del Gobierno nacional. Señalan que, mientras se promueve un modelo que desregula y flexibiliza, los incumplimientos empresariales avanzan sin control y los salarios quedan librados a la voluntad de las patronales.

Sin señales de una propuesta superadora ni mediación efectiva, el conflicto sigue abierto. Los trabajadores ratificaron que no retomarán tareas hasta que se cancelen todas las deudas de manera íntegra y sin dilaciones, en un nuevo capítulo de la crisis laboral que atraviesa la industria avícola.

El freno del consumo, la caída de exportaciones y la apertura importadora golpean de lleno a la producción nacional. Un frigorífico pampeano paralizó a 450 operarios y una histórica textil bajó sus persianas, dejando cientos de despidos en el norte del país.

La política económica del gobierno nacional volvió a mostrar su impacto directo sobre el entramado productivo. En las últimas horas, el frigorífico ubicado en General Pico, La Pampa, que elabora las hamburguesas Paty, suspendió a la totalidad de sus 450 trabajadores, mientras que una empresa textil con más de un siglo de trayectoria cerró sus plantas en Corrientes y Chaco y despidió a 260 empleados.

La decisión del frigorífico pampeano expuso el deterioro acelerado del sector cárnico industrial. La empresa justificó la paralización por el derrumbe del mercado interno, el retroceso de las exportaciones y una situación financiera asfixiante, con deudas que superan los 30.000 millones de pesos. La actividad diaria pasó de faenar unas 600 cabezas de ganado a apenas 50, una postal del desplome productivo que atraviesa la cadena.

La contracción de las ventas externas fue determinante. Durante 2025, los envíos de carne al exterior cayeron más del 7%, con un desplome aún mayor hacia China, principal destino de la producción argentina. Para una planta altamente dependiente del comercio exterior, el impacto fue inmediato y profundo.

En Trenel, localidad donde el frigorífico funciona como uno de los principales empleadores, la preocupación ya trasciende a los operarios suspendidos. Comercios, transportistas y productores ganaderos advierten que la parálisis amenaza con arrastrar a toda la economía local, mientras crecen los temores de un cierre definitivo.

El panorama no es distinto en la industria textil. La empresa Emilio Alal cesó sus actividades en el noreste argentino y dejó sin empleo a 260 trabajadores, en un sector que desde el inicio del actual gobierno ya perdió más de 16.000 puestos registrados. La firma producía hilados de algodón, telas e insumos para el calzado y la talabartería, y atribuyó su salida del mercado a un contexto que definió como inviable.

Los niveles de actividad textil retrocedieron a valores comparables con los peores momentos de la pandemia. La utilización de la capacidad instalada cayó por debajo del 33% y la producción se desplomó más de 20% interanual, muy por encima del promedio de la industria manufacturera.

Desde la empresa señalaron como factores centrales la apertura indiscriminada de importaciones, la pérdida del poder adquisitivo, los elevados costos financieros y energéticos y la presión impositiva. En ese marco, advirtieron que la producción nacional quedó fuera de competencia frente a productos importados, incluso usados, sin ningún tipo de protección.

Las suspensiones y cierres se multiplican en distintos rubros y regiones, consolidando un escenario de desindustrialización que el gobierno no logra —o no intenta— revertir. Mientras el ajuste se descarga sobre el empleo y la producción, la economía real sigue pagando el costo de un modelo que prioriza la apertura y la especulación por sobre el trabajo argentino.

El canciller yemení en funciones, Abdulwahid Abu Ras, afirmó que el conflicto dejó de ser interno y denunció una ofensiva imperial para frenar un proyecto de liberación nacional. Anticipó un giro hacia el Sur Global y cuestionó el rol de Washington en Medio Oriente y América Latina.

El ministro de Asuntos Exteriores de Yemen en funciones, Abdulwahid Abu Ras, sostuvo que la guerra que atraviesa su país responde a una disputa abierta por la soberanía nacional y no a tensiones internas, y apuntó directamente contra Estados Unidos y Arabia Saudita como los principales actores de una estrategia de dominación regional.

En una entrevista concedida a los periodistas Lois Pérez Leira, secretario ejecutivo de la Internacional Antiimperialista de los Pueblos, y el periodista Santiago Masetti, el funcionario aseguró que Yemen atraviesa una situación política, social y humanitaria crítica como consecuencia de años de agresión externa, bloqueo económico y desestabilización promovida desde el exterior.

El alto funcionario Hutí afirmó que Arabia Saudita “no ambiciona únicamente el sur del país, sino el control total de Yemen”, y señaló que la reciente reconfiguración militar en el sur y el este terminó de dejar en evidencia que la estrategia saudí de “unificación bajo tutela” encubre un proyecto de sometimiento político y territorial.

En ese marco, el canciller yemení sostuvo que Washington juega un rol central en el conflicto y descartó cualquier avance bajo una eventual administración de Donald Trump. “Trump no podrá lograr ningún progreso en Yemen”, advirtió, al tiempo que definió como un “deber histórico” enfrentar “el imperialismo y la arrogancia estadounidenses” en defensa de las generaciones futuras.

Durante el intercambio, Abu Ras vinculó la situación yemení con otros procesos internacionales y mencionó el caso de Venezuela, al considerar que los episodios recientes en ese país fueron producto de una “traición interna” alentada desde el exterior, en línea con una matriz de injerencia común.

El funcionario sostuvo que Yemen lleva adelante un proyecto de liberación y renacimiento nacional que chocó de frente con los intereses saudíes e israelíes, respaldados por Estados Unidos, lo que derivó en una respuesta de agresión militar y asfixia económica. En ese marco, afirmó que la defensa de la autodeterminación se ha convertido en el núcleo de la estrategia política y soberana del país.

El Canciller destacó además el acercamiento de su país a los países del Sur Global y señaló que Yemen observa a América Latina como una región clave, marcada por una historia compartida de intervenciones externas y luchas por la soberanía. “Existen experiencias comunes y una comprensión mutua frente al mismo adversario”, deslizó.

Finalmente, Abu Ras llamó a las sociedades que siguen el conflicto desde el exterior a cuestionar la información dominante y a comprender que lo que ocurre en Yemen es parte de una disputa global. “No se trata solo de Yemen, sino del derecho de los pueblos a decidir su propio destino”, concluyó.

La entrevista completa será publicada próximamente.

Aunque el índice al por mayor cerró 2025 en su nivel anual más bajo en ocho años, el rebote de diciembre y la aceleración sostenida de los últimos meses dejaron en evidencia límites crecientes del programa económico y pusieron en duda la solidez del proceso desinflacionario.

La inflación mayorista terminó 2025 con un aumento acumulado de 26,2%, un registro que el Gobierno presentó como un éxito, pero que quedó rápidamente relativizado por la dinámica de cierre del año. En diciembre, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) trepó 2,4%, marcando una aceleración que rompió la tendencia previa y volvió a encender alertas sobre el comportamiento de los costos en la economía real.

El dato, difundido por el INDEC, mostró que la desaceleración anual convivió con un cambio de ritmo en el último tramo del año, impulsado principalmente por los productos de origen nacional. Mientras los bienes importados subieron 1,7% en diciembre, los nacionales avanzaron 2,4%, con fuerte incidencia de combustibles, alimentos y productos agropecuarios, rubros sensibles tanto para la producción como para el consumo.

La suba mensual estuvo traccionada por los productos refinados del petróleo, alimentos y bebidas, petróleo crudo y gas, vehículos y bienes del agro, sectores atravesados por aumentos de costos, ajustes tarifarios y una estructura de precios cada vez más presionada por la recesión y la pérdida de escala productiva. El encarecimiento también se reflejó en los índices que excluyen impuestos y en el precio básico del productor, lo que sugiere que la presión no se limita a factores fiscales sino a problemas más profundos del esquema económico.

En la comparación anual, los aumentos volvieron a exhibir un mapa desigual. Tabaco, combustibles, bienes agropecuarios y la industria automotriz encabezaron las subas, mientras que otros sectores mostraron variaciones muy por debajo del promedio. Lejos de una corrección armónica, el proceso dejó distorsiones persistentes entre actividades, con impactos directos sobre cadenas productivas clave.

Pese a este cuadro, desde el Ministerio de Economía insistieron en atribuir el resultado anual al “ordenamiento macroeconómico”, el ajuste fiscal y la desregulación. Sin embargo, los números de fin de año pusieron en cuestión esa lectura optimista: tanto la inflación mayorista como la minorista mostraron un sendero ascendente sostenido desde mitad de año, con diciembre consolidando el regreso a niveles cercanos al 3%.

El Índice de Precios al Consumidor cerró diciembre en 2,8% y acumuló 31,5% en 2025. Transporte y vivienda lideraron los aumentos del último mes, en un contexto de tarifas en alza y salarios que no lograron recomponerse al mismo ritmo. La trayectoria mensual dejó en evidencia que el piso inflacionario alcanzado en mayo fue transitorio y que, desde entonces, los precios retomaron una tendencia ascendente casi sin interrupciones.

Así, mientras el Gobierno celebra mínimos estadísticos en la comparación anual, los datos recientes muestran una economía que no logra estabilizar sus precios y un proceso desinflacionario frágil, sostenido más por la recesión y la licuación de ingresos que por una reducción estructural de las presiones inflacionarias. El cierre de 2025 dejó, más que un logro consolidado, una señal de advertencia difícil de disimular.