La Libertad Avanza busca retrasar la aprobación del proyecto hasta diciembre, confiando en un Congreso más favorable que le permita imponer su versión sin negociar con la oposición.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados buscan postergar el dictamen del Presupuesto 2026, previsto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados el próximo martes, hasta después de la renovación legislativa del 10 de diciembre. La estrategia apunta a consolidar un panorama parlamentario más dócil y minimizar la influencia de la oposición en el debate.

Fuentes parlamentarias señalan que el oficialismo teme que la oposición aproveche la oportunidad para introducir modificaciones al proyecto que podrían debilitar los planes del Gobierno. Por ello, la dilación no se presenta como un error de gestión, sino como una maniobra deliberada para asegurar un dictamen a medida, una práctica que genera cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad fiscal.

Desde la oposición, ya se anticipa la intención de presentar un dictamen alternativo antes del recambio de bancas, lo que tensiona la negociación y deja al oficialismo a la defensiva. Expertos parlamentarios alertan que la demora podría convertirse en un factor de conflicto político, donde los intereses del Ejecutivo priman sobre la planificación presupuestaria del país.

En paralelo, se buscó coordinar encuentros entre el titular de Diputados, Martín Menem; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y los jefes de los bloques aliados, mientras el propio presidente Javier Milei discutió la estrategia con gobernadores. A pesar de estos esfuerzos, las diferencias internas y la resistencia de bloques opositores como Encuentro Federal o Democracia para Siempre dificultan garantizar un dictamen sin confrontaciones.

El oficialismo apuesta a que los desacuerdos entre los opositores frenen cualquier iniciativa antes de diciembre. Mientras tanto, el tiempo corre y la dilación expone un patrón recurrente: la prioridad del Gobierno parece ser asegurar el control político por sobre un debate transparente y participativo sobre el presupuesto.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda América Latina y el Caribe se reunirán este 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata para conmemorar las dos décadas del histórico rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), reafirmando los principios de soberanía, justicia social y unidad continental.

Mar del Plata volverá a ser escenario de un encuentro regional en defensa de la integración latinoamericana, a veinte años de la Cumbre de las Américas de 2005, cuando los pueblos y sus líderes —entre ellos Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva— rechazaron el proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

Durante las dos jornadas se desarrollarán actividades, debates y actos de solidaridad en distintos espacios de la ciudad, con la participación de referentes nacionales de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT, la UTEP y Mundo Sur, junto a dirigentes internacionales de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Federación Sindical Mundial (FSM), el Foro de Sao Paulo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, Alba Movimientos, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Marcha Mundial de Mujeres.

El martes 4 de noviembre, las actividades comenzarán a las 9:00 en el Teatro Auditorium, Sala Astor Piazzolla, con la bienvenida de los organizadores y la apertura a cargo del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a representantes de las tres centrales sindicales y la UTEP.
La primera mesa de debate abordará el significado histórico del “No al ALCA”, seguida de un acto en solidaridad con el pueblo de Haití. Por la tarde, se discutirán las amenazas a las democracias regionales y los desafíos para la integración y la soberanía, con cierre a las 18:00 mediante un acto solidario con el pueblo de Palestina.

El miércoles 5 de noviembre se realizarán mesas simultáneas sobre movimiento sindical, movimiento de mujeres, juventudes y movimientos sociales en distintas sedes de la ciudad, y al mediodía tendrá lugar el acto público central en conmemoración de los 20 años del “No al ALCA”.

A dos décadas de aquel hecho que marcó un punto de inflexión en la historia regional, el encuentro busca reafirmar el compromiso de los pueblos latinoamericanos con la soberanía, la democracia y la integración solidaria, frente a un nuevo contexto internacional atravesado por disputas económicas, políticas y culturales.

Las tarifas subirán 3,8% y volverán a superar la inflación y las paritarias, mientras el salario real continúa en caída.

El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo incremento en las tarifas de gas y electricidad que regirá a partir del 1º de noviembre, con un ajuste promedio del 3,8 %. La medida, confirmada este viernes por la Secretaría de Energía, implica un nuevo aumento por encima de la inflación estimada y del ritmo de las mejoras salariales.

Según las resoluciones publicadas, el gas natural será el primero en registrar el alza, mientras que la electricidad tendrá una corrección similar que se oficializará en los próximos días. Las subas se suman a una serie de aumentos consecutivos que ya habían reducido el poder adquisitivo de los hogares.

El porcentaje definido supera el 2,5 % de inflación esperada para octubre y también los acuerdos paritarios recientes, la mayoría por debajo de la suba de precios. Con este esquema, el costo de los servicios básicos vuelve a presionar sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

A la par, el Ejecutivo autorizó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría derivar en nuevas remarcaciones en naftas y gasoil. El descongelamiento de este tributo, junto con la eliminación de controles de precios, deja a las petroleras en libertad para definir sus propios aumentos.

La política de ajuste tarifario, presentada por el Gobierno como un paso hacia la “racionalización” del gasto público, consolida un escenario de encarecimiento sostenido en los servicios esenciales, con impacto directo sobre el consumo y el costo de vida de la población.

El presidente de Brasil ordenó intervenir en la investigación ante la pasividad del gobernador Cláudio Castro, acusado de encubrir ejecuciones y abuso policial.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío urgente de peritos federales a Río de Janeiro para investigar la masacre policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en los complejos de favelas Alemão y Penha. La decisión del Ejecutivo nacional llega tras el silencio del gobernador Cláudio Castro, cuestionado por organismos de derechos humanos por presunto encubrimiento y falta de control sobre sus fuerzas de seguridad.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó que un equipo de especialistas en necropsias, balística y ADN ya fue desplazado desde Brasilia. “El gobierno federal no permitirá impunidad ni manipulación de pruebas”, afirmó el funcionario tras una reunión de emergencia encabezada por Lula.

La intervención federal responde a las crecientes sospechas de ejecuciones sumarias y al intento del gobierno estadual de presentar la operación como un “éxito contra el crimen”. Testimonios recogidos por medios locales y organizaciones civiles aseguran que la mayoría de las víctimas no pertenecían al Comando Rojo, sino que fueron asesinadas dentro de sus viviendas.

Desde el Palacio del Planalto se confirmó además la creación de un gabinete especial que coordinará las acciones entre la Policía Federal, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. “La seguridad pública no puede ser sinónimo de exterminio”, señaló una fuente oficial, en alusión directa a la política represiva de Castro.

Mientras el gobierno de Río intenta justificar el operativo, el país asiste con conmoción a las imágenes de cuerpos apilados y viviendas perforadas por disparos de fusil. Amnistía Internacional, Río de Paz y otras entidades reclamaron una investigación internacional por violaciones graves a los derechos humanos.

El contraste entre la inacción del gobernador y la respuesta inmediata del gobierno federal marca un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Río. En los últimos años, el estado gobernado por Castro se consolidó como el de mayor letalidad policial del país, con más de 1.300 muertes anuales a manos de las fuerzas de seguridad.

“La policía no existe para matar ni para morir”, recordaron los organizadores del acto en Copacabana que rindió homenaje tanto a los cuatro agentes fallecidos como a las víctimas civiles. En las arenas de la playa, las cruces blancas y los carteles con mensajes de paz contrastaron con el silencio del Palacio Guanabara.

Por Santiago Masetti

El  Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, abrió una investigación para determinar las responsabilidades en lo que, en Tegucigalpa nadie lo duda, es un atentado cívico militar contra el sistema democrático de Honduras, a un mes de la elecciones generales que, según las encuestas, le darían la victoria a la candidata a la presidencia de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

La Fiscalía informó que cuenta con una serie de audios y transcripciones que documentan una estrategia concertada para sabotear la transmisión de resultados y construir un relato de deslegitimación de la oficialista Rixi Moncada, quien, reiteramos se impone en los comicios previsto para el 30 de noviembre próximo.

Los archivos grabados muestran las operaciones realizadas entre el diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López-Osorio, también del Partido Nacional y un militar activo del que no se identificada su identidad. 

Las conversaciones desnudan cómo se piensa desarrollar un fraude electoral ante una casi segura victoria de Libre.

En ellas se detallan la intención de influir en contrataciones logísticas (transporte y personal acreditado), controlar la observación electoral mediante infiltrados, manipular interrupciones en la transmisión de datos y lanzar un anuncio público —según una línea ya trazada—, para instalar como ganador al candidato derechista  del Partido Liberal, Salvador Nasralla, violando el mandato de las urnas y la Constitución Nacional.

Hay frases textuales que ilustran la intención operativa. Cossette lo dice sin ambages: “Lo importante es que se anuncie que va ganando Salvador Nasralla, no Rixi Moncada”.

En otros pasajes se planifica usar empresas afines para el transporte del material electoral y se señala la necesidad de “anunciar” resultados parciales favorables que luego sirvan de coartada para impugnar y suspender el proceso.

Los audios describen un método y Zambrano propone generar contenidos mediáticos que siembren las sospechas sobre el desempeño de los comicios.

El militar aún no identificado propone controles ilegales sobre el sistema de comunicaciones y “operaciones” desestabilizadoras de diversas naturalezas.

El cóctel político-militar-empresarial que surge de las grabaciones es, en el argot técnico, un riesgo sistémico: no solo socava la transparencia operativa, sino que construye la narrativa con la que se pretende violar la voluntad popular.

La gravedad mayor no es solo el contenido de las conversaciones sino su encaje en un patrón histórico.

Honduras arrastra episodios pasados donde la manipulación del escrutinio y la intervención de actores armados y estructuras clientelares tuvieron consecuencias dramáticas.

Hoy, quienes fueron señalados en aquellos capítulos vuelven a aparecer (con menos máscaras y mucha más tecnología) dispuestos a explotar brechas técnicas y administrativas: conectividad, control de centros de votación, credenciales de veedores y la potestad para anunciar “cortes” de resultados.

Las grabaciones reveladas por la Fiscalía dan cuenta de un plan para presionar a actores externos, en la que se desataca a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa con el fin de que no reconozcan eventuales victorias de Libre. Eso convertiría una disputa interna en una crisis de reconocimiento internacional, con efectos duraderos sobre la soberanía y la gobernabilidad.

Demás está añadir, como lo enseña la historia, que detrás de esta intentona está la mano directriz de la activa plantilla de servicio de inteligencia con que cuenta la propia Embajada de Estados Unidos.

Tras conocerse las filtraciones de los audios, el Fiscal aseguró en una conferencia de prensa que “cualquier intento deliberado para alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria de naturaleza imprescriptible”. 

“El orden constitucional y el Estado de Derecho son bienes jurídicos superiores a cualquier interés privado o partidario”, y luego Zelaya añadió que la suplantación de la soberanía popular “se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena”.

La política hondureña enfrenta, de nuevo, una encrucijada: o se refuerzan las reglas del juego y se asegura el escrutinio público, o se abre la puerta a un ciclo de deslegitimación que terminará por erosionar la frágil institucionalidad. Si el país quiere mirar al futuro, como dicen quienes imaginan cambios profundos, tendrá que defender hoy la letra fría de los procedimientos y la voluntad caliente de las urnas.

Seguramente está no será la última operación en la que el bipartidismo que gobernó durante varias décadas está nación centroamericana – en componendas con el sistema de poder militar y empresario-,  busque agredir a la frágil democracia hondureña, en beneficio de lo que denominan “las diez familias” y de los intereses foráneos.

En ese marco de peligrosidad para la democracia debe ser entendida la solicitud del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, para obtener copias de las actas de cierre de las Juntas Receptoras de Votos en el nivel presidencial al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al respecto, el periódico hondureño La Prensa acaba de publicar:

“El abogado constitucionalista Oliver Erazo fue contundente al señalar que la Constitución de la República no otorga, ni sugiere, ni insinúa facultad alguna a las Fuerzas Armadas para solicitar actas electorales. El artículo 272 y el 273 de la Constitución delimitan claramente las atribuciones del órgano militar. Bajo ningún contexto, la Carta Magna ni la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas le permiten peticionar al CNE copias de las actas”. 

Todas estas acciones de la derecha, que decididamente deben ser consideradas golpistas, se dan en un marco regional e internacional signado por la agresividad que viene demostrando el gobierno de Donald Trump.

Al respecto, resulta destacable lo publicado este miércoles 29 de octubre por el sitio de análisis internacional Other News, cuando reproduce el artículo “Washington redibuja el Caribe…”, del colega mexicano-estadounidense Jorge Luis Sierra, del Diario Red:

“El Caribe está ocupando un lugar central en la geopolítica de Estados Unidos (…). El gobierno de Trump lo ha convertido en un mero espacio de proyección militar. Las operaciones navales de la Armada estadounidense en el mar Caribe y las costas de Colombia, los bombardeos de embarcaciones sospechosas y la presencia de destructores y fragatas norteamericanas evocan una escena de tiempos pasados, cuando la Doctrina Monroe justificaba la intervención. Hoy, bajo el discurso de la ‘guerra contra el narcotráfico’, Washington intenta reconfigurar el mapa de seguridad del hemisferio occidental y ha reinstalado en el Caribe un dispositivo militar que altera el equilibrio político regional. El argumento oficial es familiar: combatir las rutas del narcotráfico y neutralizar las redes criminales transnacionales. Sin embargo, bajo el prisma del análisis estratégico, esta narrativa opera como un velo. En realidad, se está reacomodando la doctrina de defensa estadounidense hacia una visión hemisférica que busca reafirmar su presencia militar frente a China, Rusia y, en menor medida, Irán. El narcotráfico es el pretexto”.

Si alguien alberga alguna duda sobre la presencia del gobierno de Estados Unidos como directriz de esta intentona golpista en Honduras, a leer con atención una frase lapidaria de la consejera del CNE, Cossette López-Osorio, en los audios que la incriminan.

Dijo: “Utilizamos las herramientas que nos dio la gente de la Embajada”.

Con salarios pulverizados y presupuestos congelados, la Facultad de Agronomía sufre una fuga inédita de docentes e investigadores. Denuncian una política deliberada de desmantelamiento del sistema universitario.

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) atraviesa una crisis sin precedentes: en los últimos dos años perdió cerca del 15 % de su planta docente, víctima directa del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre las universidades públicas. La caída salarial, el vaciamiento presupuestario y el desinterés oficial amenazan con paralizar una de las instituciones científicas más importantes del país.

Según datos de la propia facultad, los sueldos docentes cayeron más del 50 % frente a la inflación, dejando incluso a los cargos de dedicación exclusiva por debajo del costo de vida. Las renuncias se multiplicaron entre investigadores y especialistas con posgrado, muchos de los cuales emigraron al exterior o al sector privado. “Estamos perdiendo generaciones enteras de conocimiento”, advirtieron desde el claustro docente.

La falta de recursos también golpea la investigación y la infraestructura. Laboratorios sin insumos, cortes de servicios y proyectos suspendidos son parte del cuadro cotidiano. Mientras tanto, las transferencias nacionales al sistema universitario se mantienen congeladas desde 2023, lo que llevó el financiamiento educativo a mínimos históricos —menos del 0,9 % del PBI—.

El gobierno nacional, lejos de rectificar el rumbo, profundizó su enfrentamiento con el ámbito académico. Milei ha calificado a las universidades como “nidos de adoctrinamiento” y se negó a actualizar los presupuestos, pese a las movilizaciones masivas que exigieron en abril y agosto una recomposición de fondos. Rectores y decanos advierten que se trata de una “estrategia de demolición” del sistema público.

En el caso de Agronomía, la situación resulta especialmente grave por su papel estratégico en la formación de profesionales vinculados al agro, la alimentación y el ambiente, pilares de la economía argentina. La pérdida de docentes no sólo afecta la enseñanza: también desarticula equipos científicos que aportan innovación al sector productivo.

“Lo que ocurre en FAUBA es un síntoma de algo más grande: la universidad pública está siendo estrangulada”, sintetizó una fuente del Consejo Directivo. Mientras tanto, los pasillos antes colmados de estudiantes e investigadores hoy reflejan el clima de desánimo de una comunidad que resiste, pero ve cómo el Estado abandona una de sus principales herramientas de desarrollo y soberanía.

El asalto policial a las favelas de Alemão y Penha dejó al menos 122 fallecidos y abrió una crisis política entre el gobierno de Río (vinculado a Jair Bolsonaro) y el de Lula da Silva.

Una operación policial de gran escala en las favelas de Alemão y Penha derivó este martes en la jornada más sangrienta en la historia reciente de Río de Janeiro, con un saldo de al menos 122 muertos tras enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y miembros del Comando Vermelho, la principal facción narco del país.

El gobernador de Río, Cláudio Castro, aliado del bolsonarismo, responsabilizó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por “no haber enviado refuerzos federales” pese —dijo— a “tres pedidos formales”. Desde Brasilia, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, rechazó esa versión y aseguró que “nunca se recibió solicitud alguna”, lo que desató un nuevo conflicto político entre el gobierno estadual y el federal.

La operación comenzó al amanecer, con unos 2.500 efectivos desplegados para desmantelar la cúpula del Comando Vermelho. A lo largo del día, las favelas fueron escenario de intensos tiroteos, incendios y barricadas. Varios barrios quedaron paralizados, con transporte suspendido y comercios cerrados. La prensa local reportó escenas de pánico y cuerpos tendidos en las calles, mientras el Centro de Operaciones de Río elevó el nivel de emergencia al grado 2, de una escala de 5.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su “horror” ante la magnitud del operativo y exigió una investigación “rápida, independiente y efectiva”, alertando que este tipo de intervenciones “acentúa el patrón de violencia letal en comunidades pobres y racializadas”.

En respuesta a la crisis, el gobierno federal enviará a Río una misión encabezada por los ministros de Justicia y de la Casa Civil, junto al director de la Policía Federal, para evaluar la situación y coordinar eventuales medidas.

El Comando Vermelho, surgido en 1979 dentro del penal de Ilha Grande, evolucionó desde un grupo de autodefensa carcelaria hasta convertirse en una red criminal con presencia en más de una decena de estados brasileños. Su expansión reciente en el área metropolitana de Río, según informes oficiales, ha sido la más rápida entre las organizaciones delictivas del país.

Tras los comicios legislativos, el Gobierno libertario se siente con margen político para profundizar su plan de ajuste y aplicar medidas que afectarían derechos laborales y jubilatorios.

Con el nuevo reparto de bancas tras las elecciones del domingo, el presidente Javier Milei se dispone a acelerar su paquete de reformas estructurales, entre ellas la laboral, la previsional y la tributaria. El oficialismo interpreta el resultado como un aval para profundizar su programa de shock económico y avanzar sin contrapesos en el Congreso.

“Vamos a hacer las reformas que nos comprometimos con los argentinos”, reiteró Milei, convencido de que el recambio legislativo del 10 de diciembre abrirá el camino para imponer su agenda. En la práctica, ese plan incluye flexibilizar convenios colectivos, modificar el sistema jubilatorio y reducir tributos bajo el argumento de promover “eficiencia y libertad económica”.

Desde sectores opositores y sindicales advierten que la nueva correlación de fuerzas podría traducirse en un ataque directo a derechos conquistados. Las reformas previsional y laboral, presentadas como “modernizadoras”, implicarían —según expertos— un retroceso en materia de seguridad social y condiciones de trabajo.

Mientras Milei celebra su nuevo poder parlamentario, el país se prepara para un verano de tensión política y social. El Gobierno apuesta a consolidar su modelo económico con respaldo legislativo, pero el costo político y humano del “shock” libertario ya genera preocupación incluso en algunos aliados.

Caracas acusó a Washington de preparar una operación “de falsa bandera” en el Caribe y convocó a movilizaciones militares en todo el país para defender su soberanía.

El gobierno de Nicolás Maduro denunció este lunes la existencia de un presunto plan de Estados Unidos para ejecutar una operación de “falsa bandera” con el fin de justificar una agresión militar contra Venezuela. En ese marco, las autoridades confirmaron la detención de tres personas vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El anuncio fue realizado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello, quien advirtió que las maniobras militares que Estados Unidos realiza junto a Trinidad y Tobago representan “una provocación directa al pueblo venezolano”. Cabello llamó a sostener movilizaciones permanentes en todo el país y a fortalecer la “unidad cívico-militar” frente a lo que calificó como “una nueva amenaza imperial”.

Según el gobierno venezolano, los arrestados habrían participado en la planificación de un supuesto ataque a una embarcación estadounidense en aguas caribeñas, con el objetivo de culpar a Caracas y legitimar una respuesta armada. “Hemos encontrado teléfonos, documentos y manuales operativos que prueban la injerencia de la CIA en territorio nacional”, sostuvo Cabello.

El canciller Yván Gil también se refirió al tema y aseguró que Venezuela “no cederá ante las provocaciones” de Washington. “Sabemos que buscan fabricar un incidente que sirva de excusa para intervenir, pero nuestro pueblo está alerta y movilizado”, expresó.

La denuncia se produce en medio de un clima regional tenso, marcado por el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y las reiteradas acusaciones de Caracas sobre intentos de desestabilización por parte de potencias extranjeras.

El precio de los productos de primera necesidad registró un aumento del 3% durante octubre, según un informe de la consultora LCG. La aceleración se produce en medio de la campaña electoral y profundiza la presión sobre los ingresos familiares.

El relevamiento de LCG detalló que el incremento promedio de octubre alcanzó el 3%, con un crecimiento de 1% solo en la última semana del mes. Los productos de consumo diario, especialmente lácteos y huevos, fueron los más afectados, mostrando subas de hasta 4%. En contraste, algunas categorías como azúcar y verduras presentaron ligeras bajas, insuficientes para equilibrar el impacto general en el costo de vida.

El avance de los precios contradice la narrativa oficial sobre un «traslado limitado» de la devaluación a los alimentos. Analistas advierten que la combinación de inflación acumulada y pérdida de poder adquisitivo deja al gobierno con una presión social directa a pocas semanas de las elecciones.