En pocas semanas, el pasivo en moneda extranjera del BCRA aumentó significativamente, sin explicaciones oficiales sobre los términos de las operaciones que lo originaron. Analistas advierten falta de transparencia y señalan movimientos contables difíciles de rastrear.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) incrementó su deuda en dólares hasta superar los 27.000 millones, en un proceso marcado por escasa información pública y mecanismos financieros que no fueron detallados en los reportes oficiales. La variación se dio en paralelo a la emisión de títulos para importadores y a operaciones de respaldo con bancos internacionales.

La emisión del bono Bopreal, en cuatro series, fue uno de los pilares del aumento del pasivo. Con un valor cercano a los 11.000 millones de dólares, el instrumento fue utilizado para saldar deudas comerciales y habilitar transferencias de utilidades de empresas radicadas en el país.

A ello se sumó un préstamo de entidades financieras del exterior por unos 2.000 millones de dólares, garantizado con activos del Tesoro estadounidense y títulos propios del Central. Los términos de esta operación no figuran en las comunicaciones del organismo.

Otra porción significativa del endeudamiento proviene de los fondos aportados por el Tesoro de Estados Unidos durante la campaña presidencial, utilizados para contener tensiones cambiarias y que luego se incorporaron como obligación en moneda extranjera dentro de los balances del BCRA.

Entre el 23 y el 31 de octubre, los estados contables reflejaron un salto de alrededor de 3.000 millones de dólares en el pasivo en moneda extranjera. En paralelo, se registró una disminución de la deuda en pesos, lo que sugiere un traspaso de obligaciones entre rubros sin aclaración pública.

Especialistas remarcan que el movimiento se da en un contexto donde el Gobierno sostiene que la acumulación de reservas no es prioritaria. Mientras tanto, las compras de divisas provienen exclusivamente del Tesoro y no de la operatoria del Central, que continúa ajustando su posición mediante deuda.

La incertidumbre en torno al verdadero estado patrimonial del organismo alimentó inquietudes en el mercado. La confirmación de una política cambiaria con deslizamiento menor al ritmo inflacionario produjo una caída de acciones argentinas en Nueva York, en una jornada donde la plaza local permaneció cerrada.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad intentó despegarse de las grabaciones que lo comprometen en presuntos retornos con proveedores. La investigación salpica a figuras centrales del oficialismo libertario y vuelve a exponer tensiones internas en el Gobierno.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a tomar impulso esta semana con nuevos allanamientos en distintas provincias y el restablecimiento del secreto de sumario. En una audiencia ante la Cámara Federal, el ex titular del organismo Diego Spagnuolo se desentendió de los audios que lo comprometen y aseguró que se trata de un “montaje” realizado con herramientas de inteligencia artificial.

La defensa, encabezada ahora por el abogado Mauricio D’Alessandro, reclamó la nulidad del expediente al considerar que las comunicaciones fueron obtenidas en el marco de una maniobra de espionaje ilegal. Según sostuvo, las grabaciones que exhiben negociaciones sobre “retornos” con la droguería Suizo Argentina no serían auténticas.

El fiscal Franco Picardi rechazó la presentación y defendió la continuidad de la investigación. Recordó que el material auditivo no es la única fuente de prueba y señaló que Spagnuolo “no había cuestionado la veracidad de su voz hasta ser relevado de su cargo por orden de la Casa Rosada”.

La investigación involucra a integrantes del entorno presidencial, entre ellos Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, cuya cercanía al jefe de Estado amplifica el impacto político del caso. La reactivación de la causa coincide con un momento de desgaste interno en La Libertad Avanza, frente a las tensiones por el manejo de áreas estratégicas del gobierno nacional.

Mientras la Cámara Federal debe resolver si habilita la nulidad o confirma la continuidad del proceso, el expediente quedó nuevamente bajo reserva. Las fuerzas de seguridad analizan teléfonos, computadoras y documentos incautados en los 25 allanamientos realizados.

El Gobierno intenta contener el costo político del escándalo. Karina Milei recibió este jueves a diputados electos del oficialismo en Casa Rosada, un gesto que buscó exhibir cohesión en medio de la polémica.

El presidente viajó nuevamente a Estados Unidos para participar de foros empresariales y un encuentro conservador en Miami, en una agenda centrada en mostrar afinidad ideológica antes que resultados concretos para la economía argentina.

El presidente Javier Milei arribó a Miami para desplegar una agenda que combina exposiciones ante empresarios y su participación en una gala conservadora vinculada al expresidente estadounidense Donald Trump. Se trata de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el marco de la estrategia del mandatario de afianzar su vínculo con el eje liberal-conservador internacional mientras la situación económica en Argentina atraviesa tensiones por la caída del consumo, la recesión y el desgaste social derivado del ajuste.

Milei será uno de los oradores en el American Business Forum, donde insistirá en su plan de apertura irrestricta, reducción del gasto público y desregulación, con el objetivo declarado de atraer inversiones. Sin embargo, hasta el momento, los principales anuncios de empresas no se tradujeron en nuevas cadenas de producción ni en generación de empleo, y el clima inversor sigue condicionado por la caída del mercado interno.

Por la noche, el presidente participará de una gala organizada por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en la residencia de Mar-a-Lago. Se espera que reafirme su discurso contra lo que denomina “colectivismo” y en defensa del libre mercado y la tradición occidental. Trump no estará presente, aunque Milei busca mantener la sintonía política con el exmandatario de cara a la reconfiguración conservadora en la región.

La visita continuará en Nueva York, donde el presidente tiene previsto mantener contactos con representantes del sistema financiero y organismos multilaterales. La agenda incluye también su intervención en la Asamblea General de la ONU. Allí, el mandatario insistirá en su postura de “reordenamiento global” y en la necesidad de reformas estructurales, pese a las críticas internas por el impacto social del ajuste.

La gira se produce en un contexto de creciente malestar en sectores productivos y sindicatos, que advierten que la estrategia exterior del gobierno busca más consolidación ideológica que resultados económicos inmediatos.

La expresidenta y referenta del peronismo afirmó que el proceso responde a intereses políticos y que busca condicionar al campo nacional y popular.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este jueves antes del inicio del juicio oral por la causa Cuadernos. La dirigente calificó el proceso como un “show judicial” y sostuvo que la reapertura del expediente responde a tiempos políticos y no a criterios jurídicos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cristina afirmó que la causa se sostiene sobre declaraciones obtenidas bajo presión y documentos cuya autenticidad fue cuestionada en distintas etapas. Señaló que se trata de una maniobra destinada a mantener activa la persecución contra el movimiento nacional y popular y recordó que en la causa Vialidad denunció irregularidades durante todo el proceso.

La exmandataria advirtió que la reactivación del expediente se produce en medio del debate sobre el empleo, las jubilaciones y el rumbo económico, y señaló que la estrategia judicial opera como herramienta para desplazar el foco público. También cuestionó el nivel de endeudamiento y ajuste que atraviesa el país.

Cristina sostuvo que no teme al proceso y se mostró confiada en que la historia pondrá en evidencia las motivaciones detrás de las causas. Reafirmó su respaldo a la organización política del peronismo y señaló que el eje central continúa siendo la discusión sobre el modelo económico y social para los próximos meses.

El presidente encabezó una jornada de oración con referentes de iglesias evangélicas en la sede del Ejecutivo. El encuentro se dio en vísperas de la llegada del predicador estadounidense Franklin Graham, figura cercana al trumpismo.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con representantes de iglesias evangélicas en la Casa Rosada, en una jornada de oración organizada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). La actividad contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno señaló que se trató de un hecho inédito por el carácter institucional del espacio elegido. El gesto se suma a la presencia constante de referentes religiosos en actos oficiales y a la propia retórica presidencial, que suele incorporar referencias bíblicas y justificaciones espirituales para la política económica.

El encuentro se realizó en el marco de la visita al país del pastor estadounidense Franklin Graham, quien encabezará un acto masivo en el estadio de Vélez Sarsfield. Graham, referente del movimiento evangélico conservador y cercano al expresidente Donald Trump, ha expresado apoyo público a Milei.

La articulación con sectores evangélicos también forma parte de un escenario regional donde las derechas religiosas ganaron peso político, como ocurrió en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En Argentina, estas organizaciones incrementaron su presencia en debates sobre educación, salud sexual y derechos humanos.

La reunión en la Casa Rosada fue interpretada por sectores políticos y académicos como un paso más en la consolidación de un vínculo estratégico entre el Ejecutivo y las iglesias evangélicas, en un contexto de conflictividad social y de avance de discursos conservadores en la agenda pública.

La expresidenta destacó en sus redes el posicionamiento que tuvo Argentina en 2005 frente al proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos, y subrayó la defensa de la soberanía y la integración regional.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió hoy un mensaje en sus redes sociales al cumplirse 20 años de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde el entonces presidente Néstor Kirchner, junto a otros mandatarios de la región, rechazó la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En su publicación, Fernández compartió un video con imágenes de aquel encuentro y expresó: “Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo. Integración sí, pero sin dominación”. El registro recupera fragmentos del discurso que Kirchner pronunció ante su par estadounidense George W. Bush, donde advirtió sobre los efectos de una integración económica sin reconocimiento de las asimetrías entre países.

El recuerdo coincide con la realización de un nuevo encuentro en Mar del Plata, organizado por movimientos sociales, sindicales y espacios políticos de América Latina, que reúne a delegaciones de la región para conmemorar la histórica jornada de 2005 y debatir sobre los desafíos actuales en materia de soberanía e integración.

La Cumbre de 2005 marcó un punto de inflexión en la política regional, cuando Argentina, Brasil y Venezuela encabezaron el rechazo al ALCA, mientras que en paralelo la denominada Cumbre de los Pueblos reunió a miles de representantes de organizaciones sociales que también se opusieron a la iniciativa.

Las actividades de conmemoración en la ciudad balnearia continuarán con paneles, debates y actos públicos bajo la consigna de fortalecer los lazos regionales y la defensa de los intereses de los países latinoamericanos.

La Libertad Avanza busca retrasar la aprobación del proyecto hasta diciembre, confiando en un Congreso más favorable que le permita imponer su versión sin negociar con la oposición.

El bloque oficialista de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados buscan postergar el dictamen del Presupuesto 2026, previsto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados el próximo martes, hasta después de la renovación legislativa del 10 de diciembre. La estrategia apunta a consolidar un panorama parlamentario más dócil y minimizar la influencia de la oposición en el debate.

Fuentes parlamentarias señalan que el oficialismo teme que la oposición aproveche la oportunidad para introducir modificaciones al proyecto que podrían debilitar los planes del Gobierno. Por ello, la dilación no se presenta como un error de gestión, sino como una maniobra deliberada para asegurar un dictamen a medida, una práctica que genera cuestionamientos sobre transparencia y responsabilidad fiscal.

Desde la oposición, ya se anticipa la intención de presentar un dictamen alternativo antes del recambio de bancas, lo que tensiona la negociación y deja al oficialismo a la defensiva. Expertos parlamentarios alertan que la demora podría convertirse en un factor de conflicto político, donde los intereses del Ejecutivo priman sobre la planificación presupuestaria del país.

En paralelo, se buscó coordinar encuentros entre el titular de Diputados, Martín Menem; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y los jefes de los bloques aliados, mientras el propio presidente Javier Milei discutió la estrategia con gobernadores. A pesar de estos esfuerzos, las diferencias internas y la resistencia de bloques opositores como Encuentro Federal o Democracia para Siempre dificultan garantizar un dictamen sin confrontaciones.

El oficialismo apuesta a que los desacuerdos entre los opositores frenen cualquier iniciativa antes de diciembre. Mientras tanto, el tiempo corre y la dilación expone un patrón recurrente: la prioridad del Gobierno parece ser asegurar el control político por sobre un debate transparente y participativo sobre el presupuesto.

Organizaciones sociales, sindicales y políticas de toda América Latina y el Caribe se reunirán este 4 y 5 de noviembre en Mar del Plata para conmemorar las dos décadas del histórico rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), reafirmando los principios de soberanía, justicia social y unidad continental.

Mar del Plata volverá a ser escenario de un encuentro regional en defensa de la integración latinoamericana, a veinte años de la Cumbre de las Américas de 2005, cuando los pueblos y sus líderes —entre ellos Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva— rechazaron el proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos.

Durante las dos jornadas se desarrollarán actividades, debates y actos de solidaridad en distintos espacios de la ciudad, con la participación de referentes nacionales de la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la CGT, la UTEP y Mundo Sur, junto a dirigentes internacionales de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Federación Sindical Mundial (FSM), el Foro de Sao Paulo, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, Alba Movimientos, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Marcha Mundial de Mujeres.

El martes 4 de noviembre, las actividades comenzarán a las 9:00 en el Teatro Auditorium, Sala Astor Piazzolla, con la bienvenida de los organizadores y la apertura a cargo del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a representantes de las tres centrales sindicales y la UTEP.
La primera mesa de debate abordará el significado histórico del “No al ALCA”, seguida de un acto en solidaridad con el pueblo de Haití. Por la tarde, se discutirán las amenazas a las democracias regionales y los desafíos para la integración y la soberanía, con cierre a las 18:00 mediante un acto solidario con el pueblo de Palestina.

El miércoles 5 de noviembre se realizarán mesas simultáneas sobre movimiento sindical, movimiento de mujeres, juventudes y movimientos sociales en distintas sedes de la ciudad, y al mediodía tendrá lugar el acto público central en conmemoración de los 20 años del “No al ALCA”.

A dos décadas de aquel hecho que marcó un punto de inflexión en la historia regional, el encuentro busca reafirmar el compromiso de los pueblos latinoamericanos con la soberanía, la democracia y la integración solidaria, frente a un nuevo contexto internacional atravesado por disputas económicas, políticas y culturales.

Las tarifas subirán 3,8% y volverán a superar la inflación y las paritarias, mientras el salario real continúa en caída.

El Gobierno de Javier Milei dispuso un nuevo incremento en las tarifas de gas y electricidad que regirá a partir del 1º de noviembre, con un ajuste promedio del 3,8 %. La medida, confirmada este viernes por la Secretaría de Energía, implica un nuevo aumento por encima de la inflación estimada y del ritmo de las mejoras salariales.

Según las resoluciones publicadas, el gas natural será el primero en registrar el alza, mientras que la electricidad tendrá una corrección similar que se oficializará en los próximos días. Las subas se suman a una serie de aumentos consecutivos que ya habían reducido el poder adquisitivo de los hogares.

El porcentaje definido supera el 2,5 % de inflación esperada para octubre y también los acuerdos paritarios recientes, la mayoría por debajo de la suba de precios. Con este esquema, el costo de los servicios básicos vuelve a presionar sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.

A la par, el Ejecutivo autorizó una actualización parcial del impuesto a los combustibles líquidos, lo que podría derivar en nuevas remarcaciones en naftas y gasoil. El descongelamiento de este tributo, junto con la eliminación de controles de precios, deja a las petroleras en libertad para definir sus propios aumentos.

La política de ajuste tarifario, presentada por el Gobierno como un paso hacia la “racionalización” del gasto público, consolida un escenario de encarecimiento sostenido en los servicios esenciales, con impacto directo sobre el consumo y el costo de vida de la población.

El presidente de Brasil ordenó intervenir en la investigación ante la pasividad del gobernador Cláudio Castro, acusado de encubrir ejecuciones y abuso policial.

El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva dispuso el envío urgente de peritos federales a Río de Janeiro para investigar la masacre policial más letal en la historia del país, que dejó 121 muertos en los complejos de favelas Alemão y Penha. La decisión del Ejecutivo nacional llega tras el silencio del gobernador Cláudio Castro, cuestionado por organismos de derechos humanos por presunto encubrimiento y falta de control sobre sus fuerzas de seguridad.

El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, informó que un equipo de especialistas en necropsias, balística y ADN ya fue desplazado desde Brasilia. “El gobierno federal no permitirá impunidad ni manipulación de pruebas”, afirmó el funcionario tras una reunión de emergencia encabezada por Lula.

La intervención federal responde a las crecientes sospechas de ejecuciones sumarias y al intento del gobierno estadual de presentar la operación como un “éxito contra el crimen”. Testimonios recogidos por medios locales y organizaciones civiles aseguran que la mayoría de las víctimas no pertenecían al Comando Rojo, sino que fueron asesinadas dentro de sus viviendas.

Desde el Palacio del Planalto se confirmó además la creación de un gabinete especial que coordinará las acciones entre la Policía Federal, el Ministerio Público y la Secretaría de Derechos Humanos. “La seguridad pública no puede ser sinónimo de exterminio”, señaló una fuente oficial, en alusión directa a la política represiva de Castro.

Mientras el gobierno de Río intenta justificar el operativo, el país asiste con conmoción a las imágenes de cuerpos apilados y viviendas perforadas por disparos de fusil. Amnistía Internacional, Río de Paz y otras entidades reclamaron una investigación internacional por violaciones graves a los derechos humanos.

El contraste entre la inacción del gobernador y la respuesta inmediata del gobierno federal marca un punto de inflexión en la relación entre Brasilia y Río. En los últimos años, el estado gobernado por Castro se consolidó como el de mayor letalidad policial del país, con más de 1.300 muertes anuales a manos de las fuerzas de seguridad.

“La policía no existe para matar ni para morir”, recordaron los organizadores del acto en Copacabana que rindió homenaje tanto a los cuatro agentes fallecidos como a las víctimas civiles. En las arenas de la playa, las cruces blancas y los carteles con mensajes de paz contrastaron con el silencio del Palacio Guanabara.