Un comentario impreciso de Federico Sturzenegger bastó para desatar un nuevo temblor en los mercados y volver a poner en evidencia que, más que factores externos, el principal riesgo para la estabilidad económica proviene del propio Gobierno.

El 14 de octubre, durante su participación en el Bloomberg Global Regulatory Forum, el ministro de Desregulación afirmó que “Argentina tendrá tipo de cambio flotante muy pronto”, según reprodujo la agencia Bloomberg. La frase, interpretada como un anticipo de devaluación, encendió las alarmas del mercado: el dólar MEP saltó 3% y el CCL trepó 2,5% en cuestión de minutos, en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Horas después, Sturzenegger intentó desactivar el ruido con una aclaración en X (ex Twitter): “De ninguna manera dije ni quise expresar la posibilidad de un cambio de régimen cambiario”. Atribuyó el malentendido a una mala interpretación periodística, pero el daño ya estaba hecho. El episodio reavivó las dudas sobre la coordinación del equipo económico y la falta de una estrategia comunicacional clara en temas tan sensibles como el dólar.

Según su entorno, Sturzenegger se refería al actual esquema de bandas cambiarias del Banco Central, que se ajusta entre los $1.000 y $1.400 mediante el “crawling peg”, y explicó que esas bandas se “abrirán gradualmente” cuando la economía se estabilice. Bloomberg interpretó esa explicación como un anuncio inminente de flotación libre, provocando una reacción en cadena.

Desde el Ministerio de Economía, Luis “Toto” Caputo salió rápidamente a respaldar a su colega y a despejar cualquier rumor: “Las bandas no se van a modificar, ni antes ni después de las elecciones”, insistió su equipo. Aun así, analistas coincidieron en que el incidente sumó ruido innecesario a un escenario ya frágil, mostrando que la incertidumbre económica también se alimenta de los propios funcionarios.

Aunque la aclaración oficial logró calmar parcialmente al mercado y estabilizar las cotizaciones, el episodio dejó al descubierto el frágil equilibrio del plan económico y la vulnerabilidad del Gobierno frente a sus propios mensajes. En un contexto donde cada palabra puede mover los dólares financieros, el error de comunicación de Sturzenegger sirvió como recordatorio de que la principal fuente de inestabilidad no está en el mercado, sino dentro del propio Ejecutivo.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo subejecutó el 83% de los fondos destinados al Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, una de las áreas clave para el desarrollo del conocimiento y la producción local.

El gobierno de Javier Milei destina millones de pesos a financiar la presencia de tropas estadounidenses en territorio nacional, al mismo tiempo que mantiene virtualmente paralizado el sistema científico y tecnológico argentino. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ejecutivo subejecutó el 83% de los fondos destinados al Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación, una de las áreas clave para el desarrollo del conocimiento y la producción local.

El informe detalla que, durante los primeros nueve meses de 2025, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 31% en términos reales respecto al año anterior, reflejando un ajuste generalizado en sectores sensibles como salud, educación, obra pública y ciencia. En contraposición, se registró un aumento del 35% en la ejecución de la Secretaría de Inteligencia del Estado, mientras los pagos por deuda pública siguen absorbiendo el 9% del gasto total.

Ciencia en emergencia, fondos paralizados

El ajuste golpea de lleno al corazón del sistema científico argentino. El Programa de Promoción de la Investigación y la Innovación está en “virtual parálisis”, según el CEPA, con una caída del 83% de su ejecución.
Otros organismos también sufren fuertes recortes: CONICET (-30%), INTA (-38%), INTI (-45%), CNEA (-44%), CONAE (-19%), SEGEMAR (-30%), SMN (-35%) y la Fundación Miguel Lillo (-26%).

El panorama se completa con la cancelación de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, el satélite ARSAT SG1, y la paralización de los programas de la Agencia I+D+i. La inversión pública en ciencia y tecnología se desploma al 0,2% del PBI, un piso histórico, mientras se incumple la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que establecía elevarla al 1%.

Obra pública y educación también en caída libre

La parálisis no se limita a la ciencia. El informe muestra que la obra pública registra caídas de entre el 89% y el 100% en programas de infraestructura, pavimentación y construcción. En educación, se eliminaron programas esenciales como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con ejecución cero.

Millones para las tropas de EE.UU.

Mientras el ajuste interno asfixia a los organismos nacionales, el gobierno autorizó el desembarco de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos financiados con fondos del presupuesto argentino.
El operativo —cifrado en $60.211.157— será cubierto por la Armada y contempla actividades en Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia. El objetivo declarado es “intercambiar procedimientos y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales”.
En la práctica, esto implica que el Estado argentino pagará la estadía, la logística y las operaciones de las fuerzas norteamericanas, en un contexto de recorte extremo a la ciencia, la educación y la infraestructura local.

Entre la desinversión y la humillación

Mientras los científicos enfrentan salarios congelados, despidos y laboratorios vacíos, el presidente Milei no duda en calificarlos de “casta” o “canallas”. Organismos como el CONICET, el INTI y el INTA —referentes continentales en investigación aplicada— están hoy al borde del colapso operativo.

La paradoja es brutal: el Estado argentino financia tropas extranjeras mientras abandona a sus investigadores, universidades y centros tecnológicos. En nombre del “ajuste”, el gobierno desmantela el conocimiento nacional para sostener un modelo de subordinación y dependencia.

En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un mensaje claro y preocupante para la economía argentina: el país crecerá menos, tendrá menos dólares y enfrentará una inflación más alta en 2025. En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

Según las nuevas estimaciones, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá solo 4,5% en 2025, un punto menos que el 5,5% proyectado en julio pasado. Para 2026, el crecimiento también se ajustó a la baja, del 4,5% al 4%. La revisión implica que, en apenas tres meses, el FMI redujo sensiblemente su confianza en la recuperación de la economía local.

Pero el golpe más fuerte llega por el lado de los dólares. El balance de la cuenta corriente, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, se hunde en terreno negativo: el FMI espera ahora un déficit del 1,2% del PBI en 2025, tres veces mayor al previsto en abril (-0,4%). Esto significa que el país tendrá menos divisas disponibles para sostener el comercio exterior y la estabilidad cambiaria, en un contexto de reservas frágiles y presiones sobre el tipo de cambio.

En paralelo, el Fondo prevé una inflación del 28% para 2025, ocho puntos más que su estimación anterior (20%), y un mayor desempleo, que sube del 6,3% proyectado en abril al 7,5%. El panorama, según el organismo, muestra una economía golpeada, con menor crecimiento, más precios y menos empleo.

Una crisis que no da tregua

Estas cifras reflejan el impacto de un cierre de año convulsionado. El último trimestre de 2024 estuvo marcado por la desaceleración de la actividad, las tensiones cambiarias y la persistencia de la inflación. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipa incluso una caída del 0,6% del PBI entre julio y septiembre, con una proyección de crecimiento del 3,9% para 2025, aún más pesimista que la del propio FMI.

En los hechos, el repunte que se espera para 2025 responde más a un “efecto arrastre” estadístico que a una verdadera reactivación: el bajo nivel de actividad de 2024 genera un punto de partida que mejora los promedios, aunque la economía siga estancada.

Menos dólares, más incertidumbre

La pérdida de competitividad del tipo de cambio también preocupa. Pese a la volatilidad del dólar y a la intervención de Estados Unidos en los mercados financieros, el peso argentino mantiene prácticamente el mismo nivel de competitividad que en julio. Esto deja a la economía con poco margen para recuperar reservas o impulsar exportaciones.

En suma, el diagnóstico del FMI es contundente: Argentina enfrentará en 2025 un escenario más adverso que el previsto, con menos crecimiento, más inflación, más desempleo y una mayor escasez de dólares. Un cuadro que anticipa que la estabilidad y el crecimiento prometidos por el Gobierno seguirán lejos de concretarse.

Una nueva encuesta en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas en el oficialismo libertario. El relevamiento muestra que el peronismo mantiene una ventaja de casi 15 puntos sobre La Libertad Avanza en intención de voto, una distancia que se amplía aún más al proyectar indecisos. De acuerdo con el estudio, la lista encabezada por Jorge Taiana obtiene el 43,1% de las preferencias frente al 28,3% de Diego Santilli, mientras que por marcas políticas, Fuerza Patria suma 45,6% contra 31,2% de La Libertad Avanza.

Cuando se distribuyen los indecisos, la brecha se ensancha: Fuerza Patria alcanzaría el 50,7% de los votos frente al 31,7% del espacio libertario, una diferencia de 19 puntos porcentuales. Esa distancia se asemeja al resultado del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, cuando el peronismo consolidó su dominio territorial y dejó a Milei sin una base sólida en el principal distrito electoral del país.

El dato más preocupante para el Presidente, sin embargo, no está en la intención de voto sino en la evaluación de su gestión. Javier Milei registra apenas un 32% de aprobación y un 66% de rechazo, lo que arroja un diferencial negativo de 34 puntos. En contraste, el gobernador Axel Kicillof —a quien Milei suele llamar “el soviético”, “el comunista” o “el inútil”— obtiene un 52,9% de aprobación y un 45,2% de rechazo, con un balance positivo de 7,7 puntos.

En términos comparativos, Kicillof aventaja al Presidente en más de 40 puntos en imagen neta, un dato que explica por qué el oficialismo nacional no logra consolidar su presencia en Buenos Aires. En un escenario económico difícil y con tensiones dentro del propio espacio libertario, la encuesta revela que el eje Milei-Kicillof sigue polarizando la política bonaerense, pero con un claro predominio del gobernador y del peronismo en la preferencia social.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno no continuará apoyando a la Argentina si Javier Milei pierde las próximas elecciones. “Si él gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos”, dijo Trump, en declaraciones que marcan un fuerte condicionamiento político al respaldo financiero que Washington otorgó recientemente al país sudamericano. Según fuentes citadas por Reuters y el Financial Times, el republicano afirmó además que no piensa “desperdiciar tiempo” ni ser “generoso” con un eventual gobierno opositor.

El mensaje llega pocos días después del encuentro entre Trump y Milei en la Casa Blanca, donde ambos consolidaron su sintonía ideológica y política. Estados Unidos había avanzado con un mecanismo de auxilio financiero para la Argentina —un swap de hasta 20 mil millones de dólares— con el objetivo de aliviar la presión cambiaria y estabilizar las reservas. Las declaraciones del líder republicano, sin embargo, ponen en duda la continuidad de ese apoyo en caso de un cambio de signo político en Buenos Aires.

En la Argentina, las palabras de Trump generaron un fuerte impacto político. Desde la oposición cuestionaron lo que consideran una “intromisión inaceptable” en los asuntos internos del país, mientras que desde el oficialismo defendieron la alianza estratégica con Estados Unidos como un aval a las reformas económicas de Milei. Analistas advirtieron, además, que el mensaje del exmandatario podría influir en los mercados, donde se evalúa el riesgo de que se interrumpa la asistencia externa si el oficialismo sufre un revés electoral.

El respaldo de Trump se ha convertido en una pieza central de la narrativa internacional de Milei, que busca mostrarse como parte de un eje de líderes de derecha global. Pero el tono de advertencia del republicano también refleja la fragilidad de esa relación: el apoyo no parece institucional, sino personal y condicionado. En un contexto de alta dependencia financiera y tensión social, la frase “nos vamos si él pierde” podría tener consecuencias más allá de la diplomacia, afectando la confianza en la estabilidad económica del país.

El banco estadounidense advirtió que cualquiera sea el resultado de los comicios, el tipo de cambio subirá con fuerza y las reservas seguirán bajo presión.

BUENOS AIRES, 14 oct (Agencia) — El banco de inversión Morgan Stanley anticipó una escalada del dólar en la Argentina luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, con distintos grados de impacto según el resultado electoral, pero sin escenarios de calma a la vista.

En su último informe a clientes, la entidad de Wall Street alertó que “la estabilidad cambiaria actual es insostenible” y que, tras los comicios, el Gobierno se verá obligado a ajustar el tipo de cambio y endurecer la política monetaria.

El documento plantea tres posibles resultados electorales, todos con una consecuencia común: una fuerte presión sobre el peso. En el mejor de los casos, con una victoria oficialista sólida, el dólar podría ubicarse cerca de $1.700 a fin de año. En un escenario intermedio, superaría los $1.800, y ante una derrota amplia del Gobierno, la cotización podría rebasar los $2.000, con impacto inmediato en precios y actividad económica.

El informe también advierte que un proceso de dolarización demandaría entre US$21.000 y US$86.000 millones, un volumen de divisas que el país no posee: las reservas netas del Banco Central rondan los US$10.000 millones, incluyendo el oro.

“Más allá del resultado electoral, la economía argentina enfrentará un período de tensión prolongada hasta que logre recomponer su stock de divisas”, concluye el banco, que remarca que ni siquiera el swap por US$20.000 millones con el Tesoro estadounidense alcanza para garantizar una transición ordenada.

El costo de vida porteño volvió a superar a la inflación mensual. La clase media capitalina exige casi $2 millones de ingresos para sostener su nivel.

BUENOS AIRES, 14 oct (Agencia) — En septiembre, una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires —integrada por dos adultos y dos niños— debió contar con ingresos mensuales de al menos $1.255.934 para no ser considerada pobre, de acuerdo con el último informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (Idecba).

La cifra marca un nuevo récord en el costo de vida de la capital, con un incremento de 2,39% respecto de agosto, por encima del 2,2% de inflación general en el distrito. Para alcanzar el nivel de clase media, en tanto, el mismo hogar necesitó $1.997.377, una barrera que deja fuera a buena parte de los asalariados formales.

El aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) revela que los precios de los productos esenciales continúan subiendo más rápido que el resto, deteriorando la capacidad de compra de los sectores medios y bajos.

En comparación interanual, la línea de pobreza avanzó 26,4%, mientras que la de indigencia lo hizo 23,8%. Hace un año, los umbrales eran de $993.854 y $545.183, respectivamente.

El Idecba clasifica a los hogares porteños según sus ingresos: los indigentes tienen menos de $674.757; los pobres no indigentes, hasta $1.255.934; los no pobres vulnerables, hasta $1.597.902; y el sector medio frágil, hasta $1.997.377. A partir de allí comienza la clase media, que se extiende hasta los $6.391.608, antes de llegar al segmento acomodado, un grupo minoritario que vive en una economía aparte.

El caso se reanima con nombres propios y montos puntuales y suma nuevoscapitulos. Es que Federico Andrés “Fred” Machado, requerido por la Justicia de Estados Unidos por fraude y narcotráfico, figura en una secuencia de giros por más de 3 millones de dólares hacia Transportes El Nacional, firma ligada a una avioneta hallada en Jujuy con 350 kilos de cocaína pilotada por peruanos, según reveló el programa TLN Denuncia. Esa pista conduce a Lácteos Vidal, el tambo de Carlos Casares que ganó notoriedad por su pelea con ATILRA.

Los registros de la Cámara Nacional Electoral muestran que Alejandra Bada Vázquez, de la familia propietaria de Lácteos Vidal, aportó fondos a la campaña presidencial de 2023 en la que Patricia Bullrich compitió en las PASO. Mientras tanto, la investigación periodística rastrea diez transferencias desde cuentas ligadas a Machado hacia Transportes El Nacional por un total de 3.073.354 dólares. En redes sociales, el resumen circula con estilo sentencia: “Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal y socia de Fred Machado, recibió 3 MILLONES DE DÓLARES y financió la campaña presidencial de PATRICIA BULLRICH. La Ministra de SEGURIDAD trabaja para los narcos”.

En paralelo, el derrotero político se vuelve errático. Hay que recordar que en principio Bullrich marcó distancia de José Luis Espert cuando quedó atado a Machado, luego bajó el tono y apeló a cierto “comprensión” y necesidad de que todo se resuelva en la Justicia y finalmente volvió a despegarse pese a que fuera la titular del Ministerio de Seguridad, que estaba a cargo de la situación de Machado. Todos están sucios. El problema excede al diputado: hay que preguntarse si el dinero de origen dudoso permea estructuras empresarias cercanas al dispositivo de campaña, la promesa de “orden y seguridad” queda desmentida por los propios papeles.

La otra pregunta que queda en la superficie es simple y contundente: ¿quién financia a quién? El gobierno de Milei se aferra al marketing de la mano dura mientras la Justicia avala la extradición de Machado y las transferencias emergen como un recordatorio de que la narcoeconomía no opera en el vacío. Pasamos del quien las hace las paga y carcel y bala a políticos de derecha financiados por narcotráfico. Sin respuestas claras ni desmentidas con documentación, la mancha se expande y el hilo rojo que conecta a Machado con Lácteos Vidal y Bullrich sigue tensando la cuerda del oficialismo.

El presidente del Banco Nación y exfuncionario schiarettista, Daniel Tillard, aprobó en agosto pasado un crédito por 164 millones de pesos a favor de Marcos Patiño Brizuela, tercer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba.

Patiño Brizuela es actual titular del PAMI Córdoba y es socio en el estudio jurídico del jefe del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni. Quedó en el centro de la polémica por haber accedido a ese financiamiento sin cumplir con el requisito de antigüedad que el banco exige a empleados con contratos temporarios. La situación generó un fuerte malestar dentro del oficialismo cordobés, que ya enfrenta dificultades para despegarse del escándalo que involucra a José Luis Espert.

El caso no es el único que complica a Tillard. En los últimos días trascendió que Patiño Brizuela fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que amplificó las tensiones dentro de LLA.

El episodio se suma a otros créditos cuestionados durante la gestión de Tillard. Tal como reveló LPO, el titular del Banco Nación intervino personalmente para destrabar un préstamo de más de 200 millones de pesos a su amiga, la diputada neuquina Lorena Villaverde, luego de que la sucursal de Cipolletti lo rechazara por falta de calificación crediticia.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó un duro rechazo y fuerte preocupación ante la inminente llegada de tropas de Estados Unidos a distintos puntos estratégicos del territorio bonaerense, en el marco de los ejercicios conjuntos conocidos como “Operación Tridente“.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que la medida carece de la autorización del Congreso Nacional, tal como exige la Constitución, y denunció que el presidente Javier Milei habilitó el ingreso de tropas extranjeras por decreto, un procedimiento que calificó como “totalmente irregular”.

“El presidente autorizó por decreto la realización de ejercicios militares por parte del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Es una habilitación inconstitucional, porque el ingreso y egreso de tropas extranjeras solo puede aprobarlo el Congreso Nacional”, advirtió Bianco.

#POLEMICA 🪖 Carlos Bianco denunció la polémica “Operación Tridente”, que fue autorizada por decreto por la administración de Javier Milei y que implica la realización de ejercicios militares por parte del Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio.

💬 “Se trata de una… pic.twitter.com/Bg9C1cOu24

— ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2025

El funcionario —uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof— destacó además que dos de las tres bases elegidas para el operativo se encuentran en la provincia de Buenos Aires, específicamente Puerto Belgrano y Mar del Plata, lo que podría generar impactos ambientales, logísticos y de seguridad. “Hemos presentado un pedido de informes al Ministerio de Defensa y todavía no obtuvimos respuesta”, agregó.

El decreto presidencial, fechado el 30 de septiembre, incluye también una tercera locación en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Según Bianco, la decisión sienta un precedente riesgoso, al habilitar la presencia de fuerzas extranjeras “sin el debido control parlamentario y con argumentos excepcionales que no se sostienen”.

La Operación Tridente se llevará a cabo entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, y fue justificada por el Ejecutivo nacional como una medida “estratégica” y de “naturaleza excepcional” que, según el texto oficial, “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución”.

El momento elegido para firmar el decreto generó suspicacias políticas, ya que coincidió con la antesala de la visita de Milei a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, quien días antes había anunciado un salvataje financiero al gobierno de Javier Milei.

El decreto, rubricado además por los ministros Luis Petri (Defensa), Lisandro Catalán (Interior) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), sostiene que el ejercicio con tropas estadounidenses representa “una oportunidad estratégica” y “un recurso invaluable para potenciar las capacidades nacionales”.

Sin embargo, desde el gobierno bonaerense insisten en que la decisión vulnera las competencias constitucionales y pone en riesgo la soberanía y la institucionalidad democrática.