Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, miles de personas se movilizan desde el santuario de Liniers hasta Plaza de Mayo. Denuncian despidos, pobreza y destrucción del empleo.

El Día de San Cayetano volvió a ser el escenario de una protesta nacional contra el ajuste económico del gobierno. Desde temprano, columnas de la CGT, las CTA y la UTEP marcharon desde Liniers hacia el centro porteño, combinando la tradicional devoción religiosa con un reclamo político y social que se amplía.

La consigna que unifica la jornada es “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, y refleja el descontento de sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles, jubilados y organismos de derechos humanos. A lo largo del recorrido y en la Plaza de Mayo, se oyeron críticas al modelo económico libertario por el aumento de la pobreza, los despidos y la desindustrialización.

“Esta movilización tiene que ser la antesala de un nuevo paro general”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, en medio de un clima de creciente presión sindical.

Desde la CGT también participaron gremios que, hasta ahora, se habían mostrado más moderados. Entre ellos, la UATRE, que afirmó acompañar “en unidad con los movimientos sociales y en apoyo a los reclamos legítimos del movimiento obrero”.

Por su parte, la UTEP —liderada por Alejandro Gramajo— denunció la “destrucción sistemática de la economía popular” y la “ola de despidos en el sector público y privado”.

Mientras tanto, miles de fieles llegaron al santuario de San Cayetano en Liniers para agradecer y pedir trabajo. La misa central fue encabezada por el arzobispo Jorge García Cuerva, quien pidió “esperanza y compromiso” ante la crisis.

Las expresiones religiosas y sociales se entrelazaron una vez más en una jornada que, lejos de ser solo conmemorativa, volvió a mostrar el pulso de la protesta callejera.

Según notificó Interpol a la Justicia argentina, no existen registros oficiales sobre la identidad de Julián Peh, quien se presentó como CEO de la firma Kip Protocol y fue recibido por Milei en octubre de 2024. Tampoco esta registrado su ingreso al país. ¿Quien es y por dónde entró?

El gobierno de Javier Milei quedó nuevamente en el centro de un escándalo político de alto voltaje, tras confirmarse que el Presidente recibió en la Casa Rosada a un supuesto empresario asiático cuya identidad es, al menos, dudosa. La información fue revelada por la periodista Vanesa Petrillo y confirmada por la agencia Noticias Argentinas, y forma parte de la investigación penal por la presunta estafa internacional vinculada a la criptomoneda $LIBRA.

Según notificó Interpol Singapur a la Justicia argentina, no existen registros oficiales sobre la identidad de Julián Peh, quien se presentó como CEO de la firma Kip Protocol y fue recibido por Milei en octubre de 2024. Lo más alarmante: no hay constancia de que Peh haya ingresado al país ni de que haya transitado por ningún otro territorio antes de pisar suelo argentino. Sin embargo, fotos y videos oficiales documentan su encuentro con el Presidente.

El dato fue elevado al fiscal federal Eduardo Taiano, que lidera la causa. La hipótesis que toma fuerza es tan insólita como preocupante: Milei podría haberse reunido con una persona que operaba con una identidad completamente falsa, lo que no solo revela una falla grave en los protocolos de seguridad de la Presidencia, sino que abre la puerta a una posible infiltración internacional, delitos financieros y lavado de dinero a través de las más altas esferas del poder.

Investigación internacional y silencios incómodos

Frente al vacío de información, Taiano envió un pedido de cooperación diplomática a la embajada de Singapur en Buenos Aires, solicitando datos sobre la existencia jurídica y comercial de Peh en ese país. Hasta el momento, no hubo respuesta.

La investigación penal se originó por múltiples denuncias de estafa y fraude financiero vinculadas al token $LIBRA, un supuesto proyecto de criptomoneda que ofrecía retornos millonarios y que fue públicamente respaldado por figuras cercanas al gobierno. Incluso el propio Milei elogió a sus impulsores en redes sociales.

Reveses judiciales en EE.UU. y el rol de Karina Milei

Mientras el paradero de Julián Peh sigue siendo un misterio, su socio y cofundador de $LIBRA, el empresario estadounidense socio de Javier Milei, Hayden Davis, enfrenta graves cargos en Estados Unidos. Una jueza federal de Nueva York rechazó el pedido para descongelar más de 100 millones de dólares, retenidos en cuentas a su nombre, en el marco de una demanda colectiva por estafa piramidal.

En esa causa, Davis es acusado de usar figuras públicas —entre ellas el presidente Milei— para legitimar su emprendimiento cripto. Documentos judiciales incluso mencionan a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, como presunto nexo directo entre Davis y funcionarios del Ejecutivo, lo que la coloca en una posición cada vez más comprometida.

Una reunión fantasma y una pregunta sin respuesta

En medio del creciente malestar social y las dificultades económicas, este escándalo representa un nuevo golpe a la debilitada credibilidad institucional del Gobierno. Que un personaje cuya identidad nadie puede verificar haya tenido acceso directo al Presidente de la Nación plantea un interrogante de máxima gravedad: ¿Cómo llegó un fantasma a la Casa Rosada?

Por ahora, el Ejecutivo guarda silencio. Pero la causa avanza, y con cada nuevo dato, la línea entre ingenuidad política y complicidad activa se vuelve más delgada.

El oficialismo perdió todas las votaciones en la Cámara de Diputados. Se aprobó el financiamiento para Universidades y el Garrahan, también se rechazaron 5 DNU.

En una de las sesiones más duras desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la oposición en la Cámara de Diputados logró una victoria contundente al imponerse en las 12 votaciones clave que se llevaron a cabo durante una jornada maratónica que se extendió hasta la madrugada del jueves.

El bloque oficialista sufrió un duro revés político, sin lograr frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo de cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Presidente y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles para la agenda opositora.

Dos proyectos con media sanción

Financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó una iniciativa que garantiza fondos adecuados para las universidades nacionales y contempla la recomposición salarial del sector docente.

Emergencia Pediátrica – Ley Garrahan: Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en el sistema de residencias médicas.

Cinco DNU rechazados

En una clara señal de rechazo a la política de desregulación del Estado impulsada por el Ejecutivo, la Cámara Baja votó en contra de cinco decretos:

• Disolución de organismos dependientes del Ministerio de Economía.
• Reorganización de la Secretaría de Transporte.
• Reforma de organismos culturales.
• Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
• Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión

Además, se votó el emplazamiento de comisiones, una herramienta legislativa que obliga al tratamiento de proyectos que el oficialismo venía postergando:

• Proyectos de gobernadores sobre coparticipación de ATN y el Impuesto a los Combustibles.
• Declaración de la emergencia en Ciencia y Tecnología.
• Proyecto de ley sobre la enfermedad de Alzheimer.
• Funcionamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA.

La jornada, signada por momentos de fuerte tensión y cruces entre legisladores, deja en evidencia el aislamiento del oficialismo y refuerza el rol articulado de la oposición, que logró consolidarse como un bloque con capacidad de imponer agenda y frenar iniciativas del Ejecutivo.

La Policía porteña, a cargo de Bullrich, reprimió una movilización que pedía aumentos y moratoria, con heridos, presos y cobertura periodística agredida.

Un violentísimo operativo policial avanzó sobre jubilados, estatales, universitarios y científicos que se concentraban frente al Congreso, mientras en Diputados se debatía la derogación de decretos de ajuste. Fuerzas de la Ciudad desplegaron gas lacrimógeno, camiones hidrantes y balas de goma, generando incidentes con trabajadores de prensa y manifestantes en plena Plaza del Congreso a las 16 hs.

El fotógrafo Rodrigo Abd fue impactado por el chorro de agua del hidrante y cayó al piso tras recibir un golpe directo en la cabeza, aunque continuó trabajando. Otros periodistas denunciaron haber sido emboscados por los uniformados mientras cubrían las protestas.

La convocatoria, encabezada por organizaciones de jubilados, trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional y del Hospital Garrahan, reclamaba freno a la disolución de entes estatales, mejoras en haberes y moratoria previsional.

En contextos similares de represión anterior, se registraron cifras de hasta 82 heridos, entre ellos periodistas golpeados, cronistas gaseadas y cámaras destruidas. La violencia fue denunciada por organismos de derechos humanos y marcó una nueva jornada de protesta popular bajo un despliegue desmedido del Estado.

Carlos Moia, sacerdote de la parroquia porteña de San Cayetano, santo patrono del trabajo, afirmó que lo que están padeciendo hoy los jubilados “es un genocidio” y dijo que “no puede ser que un país esté manejado por negocios financieros, es inmoral, no es ético”.

“Lo que padecen los jubilados es un genocidio”, denunció el sacerdote de San Cayetano
En la antesala del Día de San Cayetano, el sacerdote Carlos Moia, referente de la parroquia porteña dedicada al santo patrono del trabajo, lanzó una fuerte denuncia sobre la situación de los adultos mayores en el país: “Lo que padecen los jubilados es un genocidio”, sentenció.

En declaraciones a Splendid AM 990, Moia criticó con dureza el modelo económico actual:

“No puede ser que un país esté manejado por negocios financieros. Eso es inmoral, no es ético”, afirmó.

El sacerdote también se hizo eco del reciente documento del Episcopado argentino, que advierte:

“No se puede tener una actitud indiferente frente a las necesidades de la gente” y señala que “no puede haber ningún plan económico basado en despidos y en crear inseguridad a la gente”.

A pocos días de la tradicional peregrinación a Liniers, donde miles de fieles piden por paz, pan y trabajo, Moia advirtió que la parroquia de San Cayetano vuelve a ser epicentro del dolor social: “Mucha gente la está pasando mal”, dijo.

Como ejemplo, relató un hecho conmovedor ocurrido durante el último fin de semana: “Me quedé impresionado cuando una señora me pidió: ‘Padre, ¿puede bendecirme la foto de mi madre porque se murió, porque no le dieron el remedio contra el cáncer?’”.

Conmovido, Moia reflexionó:

“Esos son gritos y pecados contra el cielo, contra los responsables de un plan económico que creen que se puede hacer esas cosas. Eso es inmoral”.

La vicepresidenta denunció una operación de desgaste impulsada por el entorno más cercano al Presidente. “No quieren unidad, buscan conflicto”, advirtió.

En medio de crecientes tensiones dentro del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció que un sector “leal” al presidente Javier Milei intenta forzar su renuncia a través de una estrategia de desgaste. Según afirmó, el objetivo es desplazarla del Gobierno por su postura crítica frente a decisiones internas.

“Hay un sector que no quiere la unidad y que está más interesado en la confrontación interna que en la estabilidad del país”, expresó Villarruel, al apuntar contra figuras cercanas al mandatario sin dar nombres. La vicepresidenta aseguró que viene recibiendo presiones y que las operaciones mediáticas en su contra se intensificaron en las últimas semanas.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política y económica. Mientras el oficialismo defiende su programa de ajuste, crecen los cuestionamientos por la falta de resultados y la interna libertaria comienza a exhibir fisuras públicas.

Desde el entorno presidencial no hubo respuestas directas, pero voceros remarcaron la necesidad de mantener la unidad dentro de La Libertad Avanza. La línea más dura del mileísmo considera que Villarruel toma distancia del rumbo trazado por el Ejecutivo y que su postura genera “ruido innecesario” en la gestión.

En tanto, sectores de la oposición señalaron que los roces en la cúpula del Gobierno exponen un deterioro en la cohesión interna. “Esto muestra que Milei no logra contener ni siquiera a los suyos”, deslizó un dirigente del radicalismo.

Pese al silencio presidencial, la tensión quedó expuesta. Villarruel —una de las figuras fundacionales del espacio libertario— comienza a marcar cada vez más distancia del núcleo duro de Milei, en medio de un gobierno que enfrenta su primer gran test de estabilidad política.

En su último informe sobre las 30 economías más grandes del mundo, el Fondo Monetario Internacional volvió a poner la lupa sobre Argentina: advirtió por la debilidad del frente externo y la falta de reservas, al tiempo que pidió endurecer la política macroeconómica. Todo esto, mientras el Gobierno de Javier Milei intenta cerrar nuevos préstamos internacionales y espera el visto bueno final del Directorio del organismo para desembolsos por otros US$2.000 millones.

Pese a que el Fondo ratificó su apoyo político a la administración libertaria —al señalar que “los fundamentos económicos han mejorado sustancialmente desde finales de 2023”—, el tono técnico del reporte dista de ser complaciente. En el documento, se marca que “las reservas internacionales netas siguen siendo críticamente bajas” y que la cobertura actual es “inadecuada”, incluso luego de la implementación del nuevo programa y la fijación de bandas cambiarias desde abril.

En paralelo, el Gobierno oficializó este martes tres nuevos préstamos con organismos internacionales por un total de US$1.500 millones: dos con el Banco Interamericano de Desarrollo (US$1.200 millones) y uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (US$300 millones). Los fondos, en parte, apuntan a contener la presión cambiaria y a cumplir con los compromisos externos, en un contexto donde el Banco Central sigue sin poder recomponer reservas genuinas.

“Es fundamental realizar esfuerzos adicionales para reconstruir las reservas, permitiendo al mismo tiempo una mayor formación de precios y compras de divisas para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda”, señaló el organismo. Aunque reconoció cierta estabilización desde el cambio de programa, insistió en que los diferenciales de la deuda aún son elevados y que se requieren “políticas macroeconómicas estrictas” para evitar nuevos sobresaltos.

Además, en su informe sobre Argentina el FMI le pidió más ajuste al gobierno libertario: le exigió que la motosierra pase sobre la AUH que beneficia a millones de familias de menores ingresos. Por supuesto, ese ajuste llegará después de las elecciones.

Será en rechazo al veto presidencial, por mejoras salariales y en defensa de instituciones clave como el Hospital Garrahan y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Gobierno anticipó que no apoyará ninguna ley con impacto fiscal.

Desde las 15, jubilados y pensionados volverán a concentrarse frente al Palacio Legislativo para exigir la aplicación de la ley vetada por Javier Milei, que establecía un aumento del 7,2% en los haberes, un bono mensual de $110.000 y fondos para las cajas previsionales provinciales. La semana pasada, una movilización similar terminó con represión y siete detenidos.

Horas antes, a las 11, trabajadores del Hospital Garrahan llegarán al Congreso en reclamo de una ley de emergencia pediátrica. La iniciativa busca garantizar recursos, recomposición salarial y el fin de la precarización laboral, especialmente en el régimen de becas para residentes. “El Congreso le dio la espalda a los reclamos populares”, advirtió Alejandro Lipcovich, referente de ATE en el hospital.

También se espera la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a movilizar desde las 12 en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos. La organización advirtió que peligra la continuidad de esta herramienta esencial para la restitución de identidad de nietos apropiados durante el terrorismo de Estado.

En paralelo, el Congreso sesionará con una agenda centrada en el financiamiento universitario y el sistema de salud. Desde el oficialismo ya adelantaron su rechazo a cualquier propuesta que implique aumentar el gasto público. La oposición, por su parte, buscará avanzar con proyectos que desafían el ajuste del Gobierno.

Mientras tanto, en la calle, se prepara un fuerte operativo de seguridad para contener las protestas. Los manifestantes, en cambio, anuncian una jornada pacífica y multitudinaria en defensa de los derechos sociales y la memoria histórica.

El monto informado por la hermana del presidente, implica un incremento del 221% respecto a lo declarado en diciembre de 2023, cuando reportó un patrimonio de $ 3,5 millones.

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $11,4 millones en su presentación de 2024. La cifra representa un aumento del 221% respecto de su primera declaración como funcionaria, cuando había informado bienes por $3,5 millones.

Este crecimiento patrimonial, que supera ampliamente la inflación acumulada del período —que rondó el 200%—, se explica por la revaluación de un inmueble ya declarado y el aumento de sus ahorros en pesos. En términos reales, Karina Milei no solo preservó el valor de su patrimonio, sino que lo hizo crecer por encima del ritmo inflacionario, algo que pocos ciudadanos pueden mostrar en este contexto económico.

Si se mide en dólares, su patrimonio también tuvo una fuerte suba: pasó de representar entre US$ 3.461 y US$ 4.189 en 2023 a US$ 9.383 o US$ 10.755 en 2024, según se utilice el tipo de cambio paralelo u oficial.

¿Qué declaró Karina Milei?

La funcionaria aparentemente no posee vehículos, acciones ni inversiones en el exterior. Su patrimonio declarado está compuesto casi en su totalidad por:

• Un departamento con cochera en Vicente López, que duplicó su valor fiscal de $1,8 a casi $4 millones.
• Ahorros en pesos por casi $5 millones (en efectivo, cuentas bancarias y plazos fijos).
• Una caja de ahorro en dólares con apenas US$ 76.
• Un crédito impositivo con la AFIP por $2,4 millones.
• Bienes del hogar valuados en poco más de $25.000.

En resumen, los bienes son los mismos que en su anterior declaración, pero con valores notablemente más altos. No hay cambios significativos en la composición de su patrimonio, pero sí en su magnitud.

Valor fiscal vs. valor real

Cabe aclarar que las declaraciones juradas presentadas ante la OA reflejan valores fiscales, no de mercado. Es decir, lo que se declara es el valor que el Estado asigna a los bienes para el cobro de impuestos, no lo que valen efectivamente en el mercado. Por lo tanto, el patrimonio real podría ser mayor al declarado.

Un contexto político incómodo

Las cifras se conocen en medio de la polémica postura del presidente Javier Milei sobre los impuestos y la evasión. El mandatario ha calificado los tributos como “una forma de expoliación” y ha reivindicado en entrevistas tanto la evasión como la fuga de capitales y el contrabando, tildándolos de “reacciones legítimas” frente al accionar estatal.

Esta visión genera un problema institucional de fondo: cuando el jefe de Estado elogia conductas evasivas, se debilita la legitimidad del sistema tributario y se pone en tensión la responsabilidad fiscal de los funcionarios. Así, más allá del monto declarado por Karina Milei, la pregunta clave es cómo se explica el crecimiento de ese patrimonio y bajo qué lógica se lo interpreta en un gobierno que desafía abiertamente las reglas del sistema impositivo.

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron en las últimas horas un pedido de informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por los memorandos firmados con la secretaria del Departamento de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, en materia migratoria.

Desde la Cámara de Diputados se intensifican los cuestionamientos hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos en materia de política migratoria y cooperación en seguridad. Legisladores nacionales, encabezados por la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentaron un pedido formal de interpelación para que la funcionaria rinda cuentas ante el Congreso.

La preocupación central radica en el posible alcance de los compromisos asumidos con la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, durante su visita a Argentina el pasado 28 de julio. Propato advirtió que es indispensable conocer si dichos acuerdos habilitan algún grado de injerencia extranjera en cuestiones clave de seguridad nacional.

La Ministra Patricia Bullrich mantuvo una reunión bilateral con la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se abordaron temas clave para profundizar la cooperación en materia de seguridad bilateral.

Durante el encuentro se… pic.twitter.com/4ixQZxuPvZ

— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 28, 2025

“Nos preocupa que la Argentina asuma compromisos de evaluación y monitoreo en materia de seguridad pública por parte de los Estados Unidos, y que esto implique aspectos injerencistas bajo los argumentos de lograr los estándares requeridos para el ingreso al programa de exención de visados”, expresó la legisladora.

Asimismo, Propato cuestionó el alineamiento con una funcionaria del entorno de Donald Trump, conocida por sostener políticas migratorias que vulneran los derechos humanos, el cierre de fronteras y deportaciones masivas. En ese marco, exigió que la ministra Bullrich aclare públicamente el contenido y los alcances de los acuerdos firmados.

Los puntos clave del pedido de informes

El proyecto elevado al Poder Ejecutivo solicita información detallada sobre los términos del entendimiento bilateral. Entre los puntos destacados, se requiere:

1-Copia del texto original del memorándum firmado.

2-Listado completo de las autoridades intervinientes en la negociación.

3-Cronograma de trabajo previsto para la implementación de los acuerdos.

4-Detalle sobre destino y origen de recursos financieros o técnicos involucrados.

5-Condiciones del acceso de personal argentino o fuerzas extranjeras en territorio nacional.

6-Especificaciones sobre posibles colaboraciones en ciberseguridad, designación de asesores nacionales o extranjeros, y provisión de equipamiento técnico.

7-Alcance territorial de los acuerdos, incluyendo posibles impactos en el Atlántico Sur, la Antártida Argentina y las Islas Malvinas.

El pedido se da en un contexto en el que el oficialismo celebró la posibilidad de que los argentinos puedan acceder en un futuro al programa de exención de visado (Visa Waiver Program). Tras la firma del acuerdo, tanto el Gobierno argentino como las autoridades estadounidenses destacaron el “compromiso inédito” en materia de seguridad fronteriza.

Sin embargo, desde sectores opositores advierten que ese objetivo no puede justificarse con la entrega de atribuciones estratégicas a potencias extranjeras. En palabras de la propia Propato:

“Resulta muy importante que el Congreso conozca el contenido de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad alcanzados”.