En su último informe sobre las 30 economías más grandes del mundo, el Fondo Monetario Internacional volvió a poner la lupa sobre Argentina: advirtió por la debilidad del frente externo y la falta de reservas, al tiempo que pidió endurecer la política macroeconómica. Todo esto, mientras el Gobierno de Javier Milei intenta cerrar nuevos préstamos internacionales y espera el visto bueno final del Directorio del organismo para desembolsos por otros US$2.000 millones.

Pese a que el Fondo ratificó su apoyo político a la administración libertaria —al señalar que “los fundamentos económicos han mejorado sustancialmente desde finales de 2023”—, el tono técnico del reporte dista de ser complaciente. En el documento, se marca que “las reservas internacionales netas siguen siendo críticamente bajas” y que la cobertura actual es “inadecuada”, incluso luego de la implementación del nuevo programa y la fijación de bandas cambiarias desde abril.

En paralelo, el Gobierno oficializó este martes tres nuevos préstamos con organismos internacionales por un total de US$1.500 millones: dos con el Banco Interamericano de Desarrollo (US$1.200 millones) y uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (US$300 millones). Los fondos, en parte, apuntan a contener la presión cambiaria y a cumplir con los compromisos externos, en un contexto donde el Banco Central sigue sin poder recomponer reservas genuinas.

“Es fundamental realizar esfuerzos adicionales para reconstruir las reservas, permitiendo al mismo tiempo una mayor formación de precios y compras de divisas para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda”, señaló el organismo. Aunque reconoció cierta estabilización desde el cambio de programa, insistió en que los diferenciales de la deuda aún son elevados y que se requieren “políticas macroeconómicas estrictas” para evitar nuevos sobresaltos.

Además, en su informe sobre Argentina el FMI le pidió más ajuste al gobierno libertario: le exigió que la motosierra pase sobre la AUH que beneficia a millones de familias de menores ingresos. Por supuesto, ese ajuste llegará después de las elecciones.

Será en rechazo al veto presidencial, por mejoras salariales y en defensa de instituciones clave como el Hospital Garrahan y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Gobierno anticipó que no apoyará ninguna ley con impacto fiscal.

Desde las 15, jubilados y pensionados volverán a concentrarse frente al Palacio Legislativo para exigir la aplicación de la ley vetada por Javier Milei, que establecía un aumento del 7,2% en los haberes, un bono mensual de $110.000 y fondos para las cajas previsionales provinciales. La semana pasada, una movilización similar terminó con represión y siete detenidos.

Horas antes, a las 11, trabajadores del Hospital Garrahan llegarán al Congreso en reclamo de una ley de emergencia pediátrica. La iniciativa busca garantizar recursos, recomposición salarial y el fin de la precarización laboral, especialmente en el régimen de becas para residentes. “El Congreso le dio la espalda a los reclamos populares”, advirtió Alejandro Lipcovich, referente de ATE en el hospital.

También se espera la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a movilizar desde las 12 en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos. La organización advirtió que peligra la continuidad de esta herramienta esencial para la restitución de identidad de nietos apropiados durante el terrorismo de Estado.

En paralelo, el Congreso sesionará con una agenda centrada en el financiamiento universitario y el sistema de salud. Desde el oficialismo ya adelantaron su rechazo a cualquier propuesta que implique aumentar el gasto público. La oposición, por su parte, buscará avanzar con proyectos que desafían el ajuste del Gobierno.

Mientras tanto, en la calle, se prepara un fuerte operativo de seguridad para contener las protestas. Los manifestantes, en cambio, anuncian una jornada pacífica y multitudinaria en defensa de los derechos sociales y la memoria histórica.

El monto informado por la hermana del presidente, implica un incremento del 221% respecto a lo declarado en diciembre de 2023, cuando reportó un patrimonio de $ 3,5 millones.

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $11,4 millones en su presentación de 2024. La cifra representa un aumento del 221% respecto de su primera declaración como funcionaria, cuando había informado bienes por $3,5 millones.

Este crecimiento patrimonial, que supera ampliamente la inflación acumulada del período —que rondó el 200%—, se explica por la revaluación de un inmueble ya declarado y el aumento de sus ahorros en pesos. En términos reales, Karina Milei no solo preservó el valor de su patrimonio, sino que lo hizo crecer por encima del ritmo inflacionario, algo que pocos ciudadanos pueden mostrar en este contexto económico.

Si se mide en dólares, su patrimonio también tuvo una fuerte suba: pasó de representar entre US$ 3.461 y US$ 4.189 en 2023 a US$ 9.383 o US$ 10.755 en 2024, según se utilice el tipo de cambio paralelo u oficial.

¿Qué declaró Karina Milei?

La funcionaria aparentemente no posee vehículos, acciones ni inversiones en el exterior. Su patrimonio declarado está compuesto casi en su totalidad por:

• Un departamento con cochera en Vicente López, que duplicó su valor fiscal de $1,8 a casi $4 millones.
• Ahorros en pesos por casi $5 millones (en efectivo, cuentas bancarias y plazos fijos).
• Una caja de ahorro en dólares con apenas US$ 76.
• Un crédito impositivo con la AFIP por $2,4 millones.
• Bienes del hogar valuados en poco más de $25.000.

En resumen, los bienes son los mismos que en su anterior declaración, pero con valores notablemente más altos. No hay cambios significativos en la composición de su patrimonio, pero sí en su magnitud.

Valor fiscal vs. valor real

Cabe aclarar que las declaraciones juradas presentadas ante la OA reflejan valores fiscales, no de mercado. Es decir, lo que se declara es el valor que el Estado asigna a los bienes para el cobro de impuestos, no lo que valen efectivamente en el mercado. Por lo tanto, el patrimonio real podría ser mayor al declarado.

Un contexto político incómodo

Las cifras se conocen en medio de la polémica postura del presidente Javier Milei sobre los impuestos y la evasión. El mandatario ha calificado los tributos como “una forma de expoliación” y ha reivindicado en entrevistas tanto la evasión como la fuga de capitales y el contrabando, tildándolos de “reacciones legítimas” frente al accionar estatal.

Esta visión genera un problema institucional de fondo: cuando el jefe de Estado elogia conductas evasivas, se debilita la legitimidad del sistema tributario y se pone en tensión la responsabilidad fiscal de los funcionarios. Así, más allá del monto declarado por Karina Milei, la pregunta clave es cómo se explica el crecimiento de ese patrimonio y bajo qué lógica se lo interpreta en un gobierno que desafía abiertamente las reglas del sistema impositivo.

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron en las últimas horas un pedido de informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por los memorandos firmados con la secretaria del Departamento de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, en materia migratoria.

Desde la Cámara de Diputados se intensifican los cuestionamientos hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos en materia de política migratoria y cooperación en seguridad. Legisladores nacionales, encabezados por la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentaron un pedido formal de interpelación para que la funcionaria rinda cuentas ante el Congreso.

La preocupación central radica en el posible alcance de los compromisos asumidos con la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, durante su visita a Argentina el pasado 28 de julio. Propato advirtió que es indispensable conocer si dichos acuerdos habilitan algún grado de injerencia extranjera en cuestiones clave de seguridad nacional.

La Ministra Patricia Bullrich mantuvo una reunión bilateral con la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se abordaron temas clave para profundizar la cooperación en materia de seguridad bilateral.

Durante el encuentro se… pic.twitter.com/4ixQZxuPvZ

— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 28, 2025

“Nos preocupa que la Argentina asuma compromisos de evaluación y monitoreo en materia de seguridad pública por parte de los Estados Unidos, y que esto implique aspectos injerencistas bajo los argumentos de lograr los estándares requeridos para el ingreso al programa de exención de visados”, expresó la legisladora.

Asimismo, Propato cuestionó el alineamiento con una funcionaria del entorno de Donald Trump, conocida por sostener políticas migratorias que vulneran los derechos humanos, el cierre de fronteras y deportaciones masivas. En ese marco, exigió que la ministra Bullrich aclare públicamente el contenido y los alcances de los acuerdos firmados.

Los puntos clave del pedido de informes

El proyecto elevado al Poder Ejecutivo solicita información detallada sobre los términos del entendimiento bilateral. Entre los puntos destacados, se requiere:

1-Copia del texto original del memorándum firmado.

2-Listado completo de las autoridades intervinientes en la negociación.

3-Cronograma de trabajo previsto para la implementación de los acuerdos.

4-Detalle sobre destino y origen de recursos financieros o técnicos involucrados.

5-Condiciones del acceso de personal argentino o fuerzas extranjeras en territorio nacional.

6-Especificaciones sobre posibles colaboraciones en ciberseguridad, designación de asesores nacionales o extranjeros, y provisión de equipamiento técnico.

7-Alcance territorial de los acuerdos, incluyendo posibles impactos en el Atlántico Sur, la Antártida Argentina y las Islas Malvinas.

El pedido se da en un contexto en el que el oficialismo celebró la posibilidad de que los argentinos puedan acceder en un futuro al programa de exención de visado (Visa Waiver Program). Tras la firma del acuerdo, tanto el Gobierno argentino como las autoridades estadounidenses destacaron el “compromiso inédito” en materia de seguridad fronteriza.

Sin embargo, desde sectores opositores advierten que ese objetivo no puede justificarse con la entrega de atribuciones estratégicas a potencias extranjeras. En palabras de la propia Propato:

“Resulta muy importante que el Congreso conozca el contenido de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad alcanzados”.

Según especialistas se pierde un actor estratégico en momentos donde proliferan productos ultraprocesados, aditivos cuestionados y falsas promesas nutricionales en las góndolas.

En una nueva ofensiva contra los organismos técnicos y participativos del Estado, el gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), una institución clave para la seguridad alimentaria en el país. Lo que antes se decidía en un espacio federal, científico y plural, ahora queda en manos de unos pocos funcionarios y empresas, sin instancias de debate ni control ciudadano.

El desmantelamiento de la CONAL fue formalizado a través del decreto 538/2025, que modifica el Código Alimentario Argentino y transfiere la toma de decisiones al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de ANMAT, y al SENASA. Aunque estos organismos cuentan con experiencia técnica, lo que desaparece con esta medida es la arquitectura participativa y federal que aseguraba una regulación equilibrada y orientada al bien público.

Con un decreto inconsulto, Milei disolvió la CONAL y dejó afuera a las provincias.

Menos control sobre la sanidad e inocuidad de los alimentos y otro golpe al corazón del federalismo. Centraliza el poder y debilita la seguridad alimentaria. pic.twitter.com/7Mm9Iz1LR2

— Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) August 5, 2025

Durante décadas, la CONAL funcionó como un ámbito de construcción colectiva entre el Estado nacional, las provincias, la academia, sectores científicos y la industria. Allí se definían normas esenciales: qué puede considerarse alimento, bajo qué condiciones se produce y qué parámetros sanitarios debe cumplir para garantizar la salud de la población.

La eliminación de este espacio implica mucho más que una reestructuración administrativa: representa un retroceso en términos de transparencia, control social y resguardo del interés público frente a los intereses del mercado. El argumento oficial —”agilizar procesos” mediante plataformas como el SIFEGA— esconde el verdadero impacto: sin deliberación plural, el sistema alimentario argentino queda más expuesto a presiones corporativas y decisiones discrecionales.

Expertos y referentes del sector ya advierten las consecuencias: debilitamiento de los consensos sanitarios, pérdida de participación ciudadana y federal, y mayor opacidad en las decisiones regulatorias. Todo esto ocurre en un contexto donde proliferan alimentos ultraprocesados, aditivos controvertidos y estrategias publicitarias engañosas, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

La decisión de eliminar la CONAL no fortalece la protección de los consumidores. Al contrario: desarma uno de los pocos espacios donde confluyen ciencia, salud pública, producción y territorio para garantizar que lo que llega a nuestras mesas sea seguro. En nombre de la eficiencia, el gobierno está sacrificando derechos fundamentales.

Golpe a la ley de etiquetado frontal: más marketing, menos salud

Este ataque a la seguridad alimentaria no es aislado. En paralelo, el gobierno de Milei avanzó en la flexibilización de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021 con amplio consenso social y científico. La norma establecía sellos de advertencia para alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, y regulaba la publicidad dirigida a niñas y niños, así como la oferta de productos en entornos escolares.

La modificación de su reglamentación —pese a las advertencias de organizaciones especializadas como la Fundación Interamericana del Corazón— debilitó varios puntos clave de la ley. Se redujo la información disponible para los consumidores y se flexibilizaron las estrategias de marketing, incluyendo el uso de personajes y técnicas de manipulación visual que apelan especialmente a la infancia.

“Con estos cambios, retrocedemos en políticas diseñadas para prevenir enfermedades crónicas y combatir la obesidad infantil, que en Argentina alcanza niveles alarmantes”, alertan desde el sector sanitario.

¿Quién define ahora qué es seguro comer?

La eliminación de la CONAL y el vaciamiento de la Ley de Etiquetado Frontal responden a una misma lógica: debilitar el rol del Estado como garante de derechos, en beneficio de un mercado cada vez menos regulado. En lugar de fortalecer los controles, se desmantelan. En lugar de escuchar a la ciencia, se prioriza la rentabilidad.

Lo que está en juego no es solo un modelo de gestión pública, sino la salud de millones de personas. Sin una regulación sólida, transparente y participativa, el acceso a alimentos seguros y de calidad deja de ser un derecho para convertirse en una cuestión de suerte.

información detallada sobre reuniones privadas, movilizaciones gremiales, y actividades de partidos opositores, pero omite cualquier referencia a La Libertad Avanza y sus funcionarios.

Una nueva tormenta política sacude al Gobierno tras la filtración de un documento interno de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que revela un presunto esquema de espionaje masivo sobre figuras de la oposición, gremios, jubilados y organizaciones sociales. El escándalo escaló rápidamente con la denuncia penal presentada por el diputado nacional Facundo Manes, quien apuntó directamente contra el asesor presidencial Santiago Caputo, acusándolo de estar vinculado a estas maniobras ilegales de inteligencia.

En respuesta al impacto político del caso, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso fue convocada de manera urgente para el próximo martes, con el objetivo de analizar el documento filtrado y exigir explicaciones a las autoridades responsables. Según trascendió, el informe —redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, una de las áreas que integra la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert— contiene información detallada sobre reuniones privadas, movilizaciones gremiales, y actividades de partidos opositores, pero omite cualquier referencia a La Libertad Avanza y sus funcionarios.

Milei sigue la peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto. Se ve que para eso el Estado no le molesta: desfinancia al Garrahan, pero le aumenta el sueldo a los “servicios”. Lo que sale a la luz sobre la SIDE es una vergüenza. Esto no nos va a dar miedo. Vamos a… pic.twitter.com/Z40t5jtqKp

— Facundo Manes (@ManesF) August 3, 2025

Entre los espiados figuran dirigentes como Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Manes, Wado de Pedro y Guadalupe Tagliaferri, así como también agrupaciones como el PJ bonaerense, La Cámpora, la UCR y la Coalición Cívica. También se detallan acciones de las centrales sindicales CGT y CTA, actividades culturales, y hasta convocatorias de jubilados y personas con discapacidad, previstas para los próximos días.

La denuncia de Manes sostiene que la SIDE documentó una reunión privada en su domicilio con el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti, y solicita que este hecho se sume como prueba en la causa abierta contra Caputo por “amenaza coactiva”, tras su agresiva reacción durante la apertura de sesiones legislativas en marzo pasado. El legislador remarcó que estos reportes no solo constituyen una práctica antidemocrática, sino que también podrían configurar delitos graves tipificados en el Código Penal.

El titular de la Bicameral, Martín Lousteau, confirmó que el tema será incorporado formalmente al orden del día. Mientras tanto, crece la presión para que el Congreso cite a declarar a Santiago Caputo y Sergio Neiffert, en medio de una crisis que remite a los peores antecedentes de inteligencia estatal utilizados con fines políticos.

Mientras Economía pide no convalidar subas superiores al 4%, supermercadistas admiten remarcaciones inminentes y llaman a reemplazar primeras marcas por alternativas más baratas.

En un intento por frenar la inflación en plena campaña electoral, el gobierno nacional pidió a los supermercadistas que no avalen los aumentos de precios anunciados por las grandes proveedoras de alimentos y productos esenciales. Sin embargo, desde el sector reconocen que los incrementos ya fueron informados y advierten sobre un escenario de ajuste silencioso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la Secretaría de Comercio, instó a no convalidar subas superiores al 4%, a pesar de que la devaluación acumulada supera el 14% en las últimas semanas. Las empresas, por su parte, enviaron listas con aumentos que van del 3% al 9%, lo que anticipa un impacto directo en el IPC de agosto.

En Rosario, el presidente de la Cámara de Supermercados, Sergio Casinerio, respaldó públicamente la postura del Gobierno y aseguró que no realizarán pedidos de productos que lleguen con aumentos. “Vamos a dar pelea”, dijo, aunque reconoció que “todavía no llegaron las listas, pero se habla de subas del 4%, 6% y 9%”.

El propio Casinerio admitió un cambio profundo en los hábitos de consumo. “La gente elige según el precio y su salario. Están apareciendo segundas marcas de PyMEs que reemplazan a las líderes”, señaló. Según su análisis, estas marcas alternativas crecieron en ventas y se consolidan como opción en un mercado donde el poder adquisitivo se achica mes a mes.

También informó una caída en la compra de productos de limpieza —con excepción de la lavandina— y un vuelco hacia el consumo de carne de cerdo y pollo por sobre la vacuna, ante el encarecimiento sostenido de esta última.

En paralelo, las principales cadenas ya están aplicando los aumentos, en un contexto donde el gobierno intenta postergar el impacto inflacionario hasta después de las elecciones clave. Pero ni el llamado oficial a la “racionalidad empresaria” ni el congelamiento de precios parecen detener una tendencia que se profundiza: más recorte, menos marcas y un consumo en modo supervivencia.

Agrupaciones de personas con discapacidad se movilizarán en todo el país para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Denuncian una crisis estructural en el sector y exigen una respuesta urgente del Estado.

Organizaciones de personas con discapacidad, familiares, trabajadores del área y organizaciones de derechos humanos realizarán este martes una jornada nacional de protesta tras el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada previamente por el Congreso. La convocatoria principal será frente al Congreso Nacional, desde las 11.30, y se replicará en plazas de distintas ciudades del país.

La medida incluirá también la suspensión de actividades vinculadas al sector, en señal de alerta por lo que consideran una situación crítica agravada por el desfinanciamiento, la falta de políticas públicas y el aumento de la precariedad.

El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las entidades convocantes, denunció que el veto presidencial “no responde a un criterio de austeridad, sino de exclusión”. “Gobernar es asumir responsabilidades con todos los sectores, no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, señalaron en un comunicado.

Los manifestantes exigen al gobierno nacional que dé marcha atrás con la medida y atienda de manera urgente las demandas del sector, que incluyen desde la actualización de aranceles para prestadores hasta el acceso a pensiones no contributivas y dispositivos de apoyo para una vida autónoma.

“¿Cómo se transita una vida digna sin trabajo, sin ingresos y sin apoyos?”, plantearon desde las organizaciones. También remarcaron que muchas personas con discapacidad perciben ingresos muy por debajo del umbral de pobreza, como los $28.000 mensuales en los talleres protegidos, y que numerosos prestadores están al borde del cierre por falta de financiamiento.

La protesta apunta a visibilizar lo que califican como una política de abandono estructural. “El desafío real es construir una sociedad donde nadie quede excluido ni solo”, concluyeron.

El organismo reveló que el Banco Central intervino con más de US$ 3.000 millones en contratos de dólar futuro durante julio para contener la corrida cambiaria, y advirtió que estas operaciones deben ser “limitadas y temporales”.

Aunque aprobó la primera revisión del acuerdo por US$ 20.000 millones con Argentina, el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una advertencia contundente al Gobierno de Javier Milei: reveló que el Banco Central intervino con más de US$ 3.000 millones en contratos de dólar futuro durante julio para contener la corrida cambiaria, y advirtió que estas operaciones deben ser “limitadas y temporales” para evitar mayores desequilibrios a futuro.

El dato surge del staff report publicado por el FMI, que monitoreó la evolución económica del país entre abril y julio. Aunque el organismo reconoció avances en el plan económico libertario, manifestó preocupaciones sobre el manejo cambiario, la acumulación de reservas y las intervenciones del BCRA en los mercados de futuros.

“Las intervenciones en el mercado de contratos a futuro deberían ser temporales y limitarse a condiciones desordenadas del mercado”, advirtió el FMI, remarcando que no deben sustituir otras herramientas clave de política monetaria para controlar la liquidez y la volatilidad de tasas de interés.

Un recurso riesgoso en medio de la presión cambiaria

El FMI estimó que la posición neta abierta del BCRA en contratos a futuro (NDF) creció hasta los US$ 5.000 millones en julio, mientras que en junio era de US$ 1.909 millones. Esto implica una intervención de más de US$ 3.000 millones en solo un mes, en un contexto de tensiones cambiarias y una suba del 13% en el tipo de cambio.

Aunque estos contratos se liquidan en pesos y no afectan directamente las reservas internacionales, el organismo advirtió que pueden generar pérdidas significativas en el balance del Banco Central, y alterar las expectativas del mercado si se convierten en una herramienta recurrente.

Recomendaciones del FMI: disciplina, reservas y claridad monetaria

El informe técnico del FMI instó al Gobierno a:

• Fortalecer la acumulación de reservas con un cronograma más claro de compras de divisas.
• Evitar el uso excesivo de instrumentos financieros que no corrigen los desequilibrios de fondo.
• Avanzar en mayor claridad sobre el régimen monetario y cambiario a mediano plazo.
• Perfeccionar el esquema de metas monetarias para anclar expectativas de inflación.

Pese a los elogios por el rumbo económico general, el FMI fue enfático en que las intervenciones en el dólar futuro no deben convertirse en una política sistemática, dado el alto grado de vulnerabilidad macroeconómica.

El padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo lanzó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual y cuestionó el rumbo adoptado por el presidente Javier Milei. “No hay estabilidad ni crecimiento”, sentenció.

En un artículo publicado en su blog personal, titulado “Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimiento”, Cavallo expresó su decepción con los resultados del plan libertario. Si bien reconoció que el salto cambiario de diciembre de 2024 no provocó un nuevo brote inflacionario, afirmó que tampoco logró lo más importante: reactivar la economía ni consolidar un clima de confianza.

Lejos de su anterior respaldo parcial al ideario de Milei, el “padre de la Convertibilidad” advirtió que su propia expectativa de un shock estabilizador se frustró. “No acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, admitió, en una autocrítica que reforzó su actual visión negativa.

Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimientohttps://t.co/V7wQ7GDFfG

— Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) August 1, 2025

Uno de los principales blancos de sus críticas fue el cepo cambiario, cuya continuidad —aunque parcial— considera el mayor obstáculo para la recuperación. Según Cavallo, las restricciones a la libre disponibilidad de divisas siguen generando desconfianza, ahuyentan inversiones productivas y alimentan las expectativas de nuevas devaluaciones. “Los capitales productivos son muy sensibles al riesgo de quedar atrapados si no pueden salir cuando lo necesiten”, advirtió.

Además, apuntó contra la falta de reglas claras en materia monetaria y cambiaria, señalando que muchas decisiones del gobierno son “difíciles de comprender y explicar”, lo cual, según sostuvo, alimenta aún más la percepción de inestabilidad.

Respaldado en los principios de la Escuela de Chicago, Cavallo insistió en que sin un marco normativo previsible y sin una apertura total del mercado cambiario, será imposible atraer inversiones ni generar las condiciones para el crecimiento. “Que no haya ninguna restricción para la compraventa de monedas extranjeras es un requisito indispensable para que la economía funcione con competencia de monedas a la peruana”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que mientras persista el actual esquema de controles, la economía seguirá atrapada en un ciclo de estancamiento, con tasas de interés elevadas, desconfianza generalizada y sin señales concretas de reactivación. En su visión, el experimento libertario está fracasando en sus objetivos fundamentales: lograr estabilidad y generar crecimiento.