La expresidenta y referenta del peronismo afirmó que el proceso responde a intereses políticos y que busca condicionar al campo nacional y popular.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este jueves antes del inicio del juicio oral por la causa Cuadernos. La dirigente calificó el proceso como un “show judicial” y sostuvo que la reapertura del expediente responde a tiempos políticos y no a criterios jurídicos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cristina afirmó que la causa se sostiene sobre declaraciones obtenidas bajo presión y documentos cuya autenticidad fue cuestionada en distintas etapas. Señaló que se trata de una maniobra destinada a mantener activa la persecución contra el movimiento nacional y popular y recordó que en la causa Vialidad denunció irregularidades durante todo el proceso.

La exmandataria advirtió que la reactivación del expediente se produce en medio del debate sobre el empleo, las jubilaciones y el rumbo económico, y señaló que la estrategia judicial opera como herramienta para desplazar el foco público. También cuestionó el nivel de endeudamiento y ajuste que atraviesa el país.

Cristina sostuvo que no teme al proceso y se mostró confiada en que la historia pondrá en evidencia las motivaciones detrás de las causas. Reafirmó su respaldo a la organización política del peronismo y señaló que el eje central continúa siendo la discusión sobre el modelo económico y social para los próximos meses.

En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

La industria argentina atraviesa su momento más crítico en años. En un contexto de recesión, caída del consumo y apertura de importaciones, empresas emblemáticas del sector electrodoméstico comenzaron a ajustar drásticamente sus plantillas. En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

Despidos masivos en Newsan: del saludo a Milei al telegrama de despido

Apenas un mes después de recibir al presidente Javier Milei en la planta fueguina de Newsan, más de 200 trabajadores fueron despedidos —entre efectivos y temporarios— en Ushuaia. La medida tomó por sorpresa a los operarios, quienes aseguran que no hubo aviso previo y denuncian la pasividad del gremio metalúrgico. “La UOM no nos recibe ni da respuestas. Solo dicen que está todo caído”, señalaron los cesanteados.

El golpe laboral ocurre en medio de un clima de desconfianza y tensión social. La muerte de Pablo Ulises Lizarraga, un trabajador recientemente despedido, conmocionó a la comunidad fabril y acentuó el malestar en el sector.

Desde la CGT, su secretario general Ramón “Moncho” Calderón confirmó los despidos —150 en Newsan y 50 en GDS, su empresa subsidiaria— y denunció la complicidad entre Gobierno, empresas y algunos dirigentes gremiales. “Para ellos, los trabajadores somos material descartable”, sostuvo, anticipando acciones legales contra la firma.

El gobernador Gustavo Melella también alertó sobre el colapso productivo fueguino: “Hasta 6.000 empleos están en riesgo por medidas del Gobierno nacional que destruyen la industria”. En una provincia donde la economía depende casi exclusivamente del ensamblado electrónico, los despidos masivos amenazan con un impacto social devastador.

Electrolux y Mabe: suspensiones y cierres en el corazón industrial del país

En Rosario, Electrolux suspendió a 400 trabajadores debido a la fuerte caída en la demanda de electrodomésticos y al incremento de importaciones. Las suspensiones, originalmente previstas por un mes, se extendieron hasta enero de 2026 y la empresa solo garantiza el pago total de los sueldos hasta noviembre.

“Estamos trabajando a menos del 50% de la capacidad instalada”, advirtió Pablo Cerra, apoderado de la UOM Rosario. Según estimaciones sindicales, solo este año se perdieron más de 2.000 puestos industriales en la región, afectando no solo a las grandes fábricas, sino también a sus proveedoras —en su mayoría pymes metalúrgicas—, las más vulnerables ante la crisis.

Mientras tanto, Mabe anunció el cierre de su planta en Río Segundo (Córdoba), trasladando la producción a Luque y dejando sin tareas a 150 empleados. Aunque la empresa ofreció relocalizaciones, la distancia de 60 kilómetros implica extensas jornadas laborales, y al menos 50 trabajadores fueron despedidos con una indemnización especial.

Un panorama crítico y sin señales de recuperación

Con despidos, suspensiones y cierres en cadena, la industria nacional enfrenta una crisis estructural que golpea tanto al empleo formal como al entramado pyme.
Empresarios del sector metalúrgico reconocen que “la actividad está destrozada” y que no existen perspectivas de recuperación en los próximos seis meses.

La apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas industriales están configurando un escenario donde cada semana se pierde capacidad productiva y empleo calificado.

Mientras el Gobierno defiende su plan económico, en las fábricas argentinas se instala el silencio, la incertidumbre y la angustia de miles de familias que ven desmoronarse su fuente de trabajo.

Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría según él “desequilibrando el campo de juego”.

Mercado Libre, la empresa que durante años se presentó como emblema del libre mercado y del ideario anarcocapitalista que hoy inspira al gobierno de Javier Milei, ahora reclama la intervención del Estado. Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría —según él— “desequilibrando el campo de juego”.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, sostuvo De la Serna, en una declaración que contrasta con el discurso histórico de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, ferviente defensor de la desregulación, la “motosierra” estatal y la competencia sin restricciones.

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos chinos a bajo costo podría afectar a las pequeñas y medianas empresas —que representan el 90% de las ventas de la plataforma— y “socavar el tejido productivo local”. También reclamó que la apertura indiscriminada del comercio “genera empleo en China, no en Argentina”, un argumento que, paradójicamente, apela a la protección de la industria nacional y al rol regulador del Estado.

Sé q me repito, pero cuando digo q el empresariado argentino es lo q SUBDESARROLLÓ Argentina me refiero a ésto. El presidente de Mercado Libre (¡LIBRE!) pide regulaciones estatales e impuestos para competir contra inversiones del extranjero. Éso son.
El drama de la Argentina. pic.twitter.com/Ii8vXtyONa

— Tartu (@TartuTV) November 5, 2025

Mientras tanto, países como Chile, Uruguay y México ya implementaron medidas para proteger a sus pymes del desembarco asiático. En la Argentina, el gobierno libertario de Milei —que promete desregulación total y libre competencia— aún no ha tomado una postura.

Según la consultora Sensor Tower, la aplicación Temu aumentó un 143% sus usuarios activos en América Latina durante el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones de personas. Con precios muy bajos y envíos gratuitos, la plataforma se convirtió en una amenaza directa para el dominio regional de Mercado Libre, que mantiene su liderazgo con 27 trimestres consecutivos de crecimiento y más de 112.000 empleados.

De la Serna destacó que la empresa continúa invirtiendo en infraestructura, con un nuevo centro logístico de 65 millones de dólares en Buenos Aires, aunque reconoció que “la estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles”. Y marcó distancia con la competencia asiática: “Estas empresas suelen vender productos de baja calidad; lo importante es diferenciarnos”.

El pedido de “campo de juego equilibrado” deja al descubierto una contradicción central: la plataforma que hizo bandera del libre mercado ahora demanda regulaciones estatales para proteger su posición frente a la creciente competencia global. En tiempos en que el discurso oficial celebra la desaparición del Estado como árbitro económico, Mercado Libre parece pedir justamente lo contrario: un Estado que, al menos esta vez, intervenga para salvarlo del mercado.

El gobierno de Javier Milei había abierto la posibilidad de acceder a esta clase de armamento a civiles en junio pasado. Qué requisitos hay que cumplir.

El 18 de junio pasado el gobierno de Javier Milei había abierto a los civiles la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos, carabinas y subametralladoras de asalto. Ahora dio un paso más en ese sentido y reglamentó la polémica medida y abrió así la posibilidad de acceder a armamento que antes estaba vedado a los civiles y solo autorizado a las distintas fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas.

Así quedó plasmado en la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial que avanza en un cambio en el régimen de autorización y control, bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Para acceder a este permiso especial, se exige el cumplimiento de una serie de requisitos que reemplazan la prohibición previa por un sistema de control más preciso y enfocado en la justificación deportiva y la trazabilidad.

Requisitos para adquirir y tener armas de guerra:

• Acreditar la identificación precisa del arma, mediante tipo, marca, modelo, calibre, CUIM y número de serie.
• Contar con un Sector de Guarda registrado tipo G2, como sistema de almacenamiento seguro aprobado.
• Presentar una declaración jurada que justifique la solicitud, acompañada de documentación probatoria y fotografías del arma.
• Abonar la tasa correspondiente al trámite, equiparable al costo de la “Tenencia Exprés” y la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM) vigente.
• Demostrar usos deportivos probados, mediante al menos una de las siguientes alternativas: certificación de entidad de tiro con instalaciones propias, avalando la condición de tirador asiduo; representación en certámenes nacionales o internacionales de tiro deportivo con ese material y/o solicitud de una entidad de tiro habilitada que permita el uso por parte de sus socios en disciplinas deportivas o con fines didácticos certificados.
• No poseer antecedentes sancionatorios ni trámites administrativos pendientes ante el RENAR.
• Contar con una antigüedad mínima de cinco años como legítimo usuario de armas de uso civil condicional.
• Proveer elementos probatorios adicionales que permitan evaluar la pertinencia de la petición, bajo criterio del RENAR.

Desde Junio pasado se habilitó la adquisición y tenencia de este tipo de armamento, antes reservado sólo a las fuerzas de seguridad, bajo un régimen especial.

Así, y luego de más de 30 años, el gobierno libertario dejó caer el Decreto 64/1995 que prohibía a los usuarios civiles la adquisición y tenencia de estas armas de guerra, salvo excepciones autorizadas por el Ministerio de Defensa.

“Establécese un régimen de autorización especial para los actos de adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22 LR, peticionados por los legítimos usuarios de armas de fuego. La ANMAC tendrá a su cargo la aplicación del régimen de control especial”, señala el decreto presidencial.

La medida afectó directamente a los procedimientos de tenencia y portación de armas de fuego para personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.

El presidente encabezó una jornada de oración con referentes de iglesias evangélicas en la sede del Ejecutivo. El encuentro se dio en vísperas de la llegada del predicador estadounidense Franklin Graham, figura cercana al trumpismo.

El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con representantes de iglesias evangélicas en la Casa Rosada, en una jornada de oración organizada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA). La actividad contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno señaló que se trató de un hecho inédito por el carácter institucional del espacio elegido. El gesto se suma a la presencia constante de referentes religiosos en actos oficiales y a la propia retórica presidencial, que suele incorporar referencias bíblicas y justificaciones espirituales para la política económica.

El encuentro se realizó en el marco de la visita al país del pastor estadounidense Franklin Graham, quien encabezará un acto masivo en el estadio de Vélez Sarsfield. Graham, referente del movimiento evangélico conservador y cercano al expresidente Donald Trump, ha expresado apoyo público a Milei.

La articulación con sectores evangélicos también forma parte de un escenario regional donde las derechas religiosas ganaron peso político, como ocurrió en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. En Argentina, estas organizaciones incrementaron su presencia en debates sobre educación, salud sexual y derechos humanos.

La reunión en la Casa Rosada fue interpretada por sectores políticos y académicos como un paso más en la consolidación de un vínculo estratégico entre el Ejecutivo y las iglesias evangélicas, en un contexto de conflictividad social y de avance de discursos conservadores en la agenda pública.

La expresidenta destacó en sus redes el posicionamiento que tuvo Argentina en 2005 frente al proyecto de libre comercio impulsado por Estados Unidos, y subrayó la defensa de la soberanía y la integración regional.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió hoy un mensaje en sus redes sociales al cumplirse 20 años de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, donde el entonces presidente Néstor Kirchner, junto a otros mandatarios de la región, rechazó la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

En su publicación, Fernández compartió un video con imágenes de aquel encuentro y expresó: “Imágenes y palabras de cuando Argentina era Nación y marcaba rumbo. Integración sí, pero sin dominación”. El registro recupera fragmentos del discurso que Kirchner pronunció ante su par estadounidense George W. Bush, donde advirtió sobre los efectos de una integración económica sin reconocimiento de las asimetrías entre países.

El recuerdo coincide con la realización de un nuevo encuentro en Mar del Plata, organizado por movimientos sociales, sindicales y espacios políticos de América Latina, que reúne a delegaciones de la región para conmemorar la histórica jornada de 2005 y debatir sobre los desafíos actuales en materia de soberanía e integración.

La Cumbre de 2005 marcó un punto de inflexión en la política regional, cuando Argentina, Brasil y Venezuela encabezaron el rechazo al ALCA, mientras que en paralelo la denominada Cumbre de los Pueblos reunió a miles de representantes de organizaciones sociales que también se opusieron a la iniciativa.

Las actividades de conmemoración en la ciudad balnearia continuarán con paneles, debates y actos públicos bajo la consigna de fortalecer los lazos regionales y la defensa de los intereses de los países latinoamericanos.

El avance del plan de concesiones viales impulsado por el Gobierno de Javier Milei abre un nuevo escenario para las rutas argentinas: el país podría tener un peaje cada 97 kilómetros y tarifas hasta tres veces más altas que las actuales.

Así lo advirtió el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que denunció que el proyecto de la Red Federal de Concesiones significará un fuerte impacto para automovilistas y transportistas.

De acuerdo con el coordinador del Conaduv, Ricardo Lasca, el esquema oficial prevé sumar 54 nuevas estaciones de peaje a las 48 ya existentes, lo que marcaría un retorno al modelo de los años ’90, cuando la privatización del mantenimiento vial se expandió a gran escala. Según los cálculos de la entidad, los automóviles llegarían a pagar hasta $4.300 por cabina, mientras que los camiones de siete ejes podrían desembolsar cerca de $30.000 por cada pasada.

Un modelo cuestionado: más peajes, pocas obras

Para Lasca, el plan constituye “un régimen de impuesto al tránsito, no un verdadero sistema de peaje”, ya que los contratos de concesión contemplan únicamente “bacheo y corte de pasto, sin obras de ampliación ni mejoras estructurales”. En este contexto, advirtió que la red vial podría quedar estancada, sin inversiones de fondo que impulsen su modernización.

El dirigente también apuntó contra una contradicción del discurso oficial: “El Gobierno habla de libertad, pero estas concesiones se entregan sin caminos alternativos, lo que impide el libre tránsito y obliga al pago del peaje”.

Los fondos existen, pero se administran mal, según el Conaduv

Desde el comité sostienen que la falta de recursos no es el problema. Lasca recordó que el impuesto a los combustibles genera una recaudación superior a los 3.000 millones de dólares anuales, cifra que, bien administrada, permitiría construir 2.000 kilómetros de autovías nuevas por año, sin necesidad de peaje.

“El dinero está —afirmó—, lo que falta es gestión. Si son campeones de la economía, administren bien y terminen con este curro de los peajes”, concluyó.

Un futuro incierto para las rutas nacionales

Con este nuevo esquema de concesiones, la red vial argentina se encamina hacia una etapa de mayor presencia privada y tarifas crecientes, en un contexto donde persisten dudas sobre la transparencia, la eficiencia y el alcance real de las obras prometidas. El debate sobre quién debe financiar y gestionar las rutas —el Estado o las empresas concesionarias— vuelve así al centro de la discusión pública.

Mientras desde el Ministerio de Capital Humano se impulsa una línea telefónica para denunciar “adoctrinamiento político” en las escuelas, un video viral muestra como niños riojanos son utilizados para repetir en coro “¡Gracias, Martín Menem!” durante una excursión escolar.

El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de la polémica por un caso que pone en evidencia su doble vara frente al adoctrinamiento. Mientras desde el Ministerio de Capital Humano se impulsa una línea telefónica para denunciar “adoctrinamiento político” en las escuelas, un video viral muestra a niños riojanos repitiendo en coro “¡Gracias, Martín Menem!” durante una excursión escolar.

El episodio, ocurrido en el Parque Arqueológico Saladillo, en La Rioja, involucra al presidente de la Cámara de Diputados y figura destacada del oficialismo, Martín Menem. En las imágenes, se escucha a una mujer adulta —presuntamente una acompañante del grupo escolar— instruir a los niños para que agradezcan al funcionario: “Si no lo dicen, no los van a traer de vuelta”, se le oye decir, provocando incomodidad entre los menores, que responden con un primer “¡No!” antes de repetir la consigna.

-A la cuenta de 3, ustedes tienen que decir "Gracias Martín Menem!"
-No!
-Sí, si no nos van a traer de vuelta

Unos chicos de excursión en el Parque Arqueológico Saladillo. Ah pero los carteles en la facultad adoctrinan che pic.twitter.com/UnCrDwSoEZ

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) November 3, 2025

La escena, ampliamente difundida en redes sociales, reavivó el debate sobre la utilización de espacios educativos con fines partidarios. Desde diversos sectores políticos y sociales se subraya la contradicción de que integrantes de La Libertad Avanza, fuerza que acusa a la educación pública de “adoctrinar”, sean quienes terminan promoviendo este tipo de gestos de lealtad política.

Según la descripción oficial del Parque El Saladillo, se trata de un sitio histórico y natural destinado al turismo cultural y educativo. Sin embargo, el uso de la visita escolar para exaltar la figura de un dirigente oficialista desvió el sentido pedagógico de la actividad hacia una demostración de alineamiento político.

La paradoja se acentúa si se recuerda que fue el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, el que en junio lanzó una línea de denuncias contra el adoctrinamiento en las aulas, con el objetivo de “garantizar una educación libre y plural, sin interferencias ideológicas”. En aquel momento, la cartera sostuvo que “el adoctrinamiento en el aula vulnera derechos fundamentales” y que debía erradicarse para proteger la libertad de conciencia de estudiantes y docentes.

El episodio con los niños riojanos deja expuesta la contradicción de un gobierno que, mientras acusa al sistema educativo de imponer ideologías, promueve desde sus propios actos un adoctrinamiento de signo oficialista, instalando su narrativa política incluso en los espacios destinados a la educación y el juego.

La comisión que investiga la criptoestafa de Libra comprobó que Manuel Terrones Godoy recibió al menos 550 mil dólares en billeteras virtuales antes del fallido lanzamiento. 30 mil dólares terminaron en manos de Mauricio Novelli, ex empleador de Javier Milei.

Los datos surgieron de una respuesta de la billetera Binance a un pedido de comisión investigadora que preside Maximiliano Ferraro. Entre el 19 y el 30 de noviembre de 2023, ingresaron 300 mil dólares en la cuenta que presuntamente pertenece a Terrones Godoy. Un mes antes del lanzamiento de Libra, entraron otros 250 mil.

Las cifras son equivalentes a las que mencionó el periodista Hugo Alconada Mon en referencia a un acuerdo entre Hayden Davies y Novelli y Terrones Godoy. El acuerdo era para tener la representación exclusiva en asuntos de blockchain y de Inteligencia Artificial.

La crisis económica profundiza el deterioro del tejido productivo: casi 30 empresas cierran por día y el empleo formal retrocede en todo el país.

Entre enero y junio de 2025, 3.647 empresas formales con al menos un trabajador registrado dejaron de operar en Argentina, según informó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), organismo dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Esto equivale a más de 20 cierres empresariales por día solo en el primer semestre.

La tendencia se acentúa si se analiza el período completo desde la asunción del gobierno de Javier Milei: entre noviembre de 2023 y junio de 2025, 16.322 empresas cerraron sus puertas, lo que representa un promedio de 28 cierres diarios, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA)

Este colapso empresarial va de la mano con una fuerte destrucción de empleo. Solo en la Provincia de Buenos Aires, 88.460 trabajadores registrados perdieron su fuente laboral y 4.479 empleadores desaparecieron en el mismo lapso

A nivel nacional, sindicatos y centros de estudio estiman que más de 230.000 puestos de trabajo formales se perdieron desde fines de 2023.

Los sectores más afectados son la industria textil, la construcción, el comercio y los servicios. Casos emblemáticos como los despidos en Magnera, ILVA, Kimberly-Clark y Kenvue —más de 1.000 trabajadores afectados solo en el Parque Industrial de Pilar— reflejan el alcance de la crisis en el sector industrial

La mayoría de las empresas que cierran son pequeñas y medianas (PyMEs), que representan el 99,7% del total del sector privado formal. Su desaparición no solo destruye empleo, sino que debilita la cadena productiva nacional y reduce la capacidad del país para abastecerse con productos propios.

Las fuentes oficiales confirman una tendencia preocupante: el modelo económico actual está provocando un ajuste sobre el trabajo y la producción, con consecuencias sociales profundas en todas las regiones del país.