La causa fue remitida a la Justicia federal, mientras continúa el proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para entregar el 90% de las acciones de la empresa al sector privado.

La Justicia bonaerense puso un freno al avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al mantener vigente una medida cautelar que protege las condiciones actuales de prestación del servicio. La resolución impide que la empresa modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección ambiental y la prestación adecuada del servicio.

El fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata representa un importante límite judicial al proceso privatizador impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la resolución no anula la privatización, sí bloquea cualquier intento de avanzar con un esquema que implique un retroceso en las garantías que actualmente deben cumplir la empresa y su futuro operador.

El trasfondo de la decisión judicial: derechos humanos y medioambiente

Los jueces fundamentaron la decisión en el derecho humano al agua y en los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, además de recurrir al criterio in dubio pro natura. El tribunal advirtió que una eventual reducción de las garantías sanitarias, ambientales o de prestación podría generar daños de muy difícil reparación, por lo que consideró necesario mantener la protección cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La medida adquiere especial relevancia porque el Gobierno de Milei avanza simultáneamente con un nuevo contrato de concesión y la venta del 90% de las acciones de AySA, proceso habilitado por la Ley Bases y posteriormente reglamentado mediante el Decreto 494. El Ejecutivo extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas y espera obtener alrededor de 450 millones de dólares por la operación.

La cautelar surgió a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión firmado en mayo de 2026 y advirtió sobre una posible reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera AySA.

La Cámara rechazó los planteos de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión. Al mismo tiempo, resolvió que la causa deberá continuar en el fuero federal, debido a que la controversia involucra el marco regulatorio nacional y una empresa cuyo capital permanece mayoritariamente en manos del Estado nacional.

Así, mientras el Gobierno busca acelerar la privatización de una empresa encargada de un servicio público esencial, la Justicia estableció una condición concreta: el futuro operador no podrá prestar el servicio bajo estándares inferiores a los vigentes. La privatización podrá continuar siendo discutida, pero no podrá utilizarse como argumento para deteriorar las garantías de acceso al agua, la salud pública, el ambiente y la calidad del servicio.

La discusión de fondo continuará ahora en la Justicia federal, donde deberá definirse el alcance definitivo de las medidas cuestionadas. Hasta entonces, el avance privatizador sobre AySA queda condicionado por un límite judicial que obliga a preservar las obligaciones esenciales de la empresa frente a millones de usuarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pedirles a los argentinos que confíen en el sistema financiero y abandonen la práctica de guardar sus dólares en sus casas.

Pero el planteo adquirió un tono particularmente polémico cuando el funcionario decidió trasladar esa responsabilidad a los jóvenes y les pidió que convenzan a sus propios padres de depositar sus ahorros.

Durante una charla con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, Caputo cuestionó que numerosas familias todavía mantengan dólares “abajo del colchón” por temor a que los bancos vuelvan a quedarse con sus ahorros. Según el ministro, ese miedo responde fundamentalmente a experiencias traumáticas de generaciones anteriores y sostuvo que, con una macroeconomía ordenada, sería difícil que un episodio de inestabilidad financiera volviera a repetirse.

“No se enojen con sus padres cuando les dicen: ‘Yo no voy a sacar la plata del colchón’”, afirmó Caputo ante los estudiantes. Y luego fue todavía más directo: “Traten de convencerlos igual”.

El pedido resulta llamativo porque el ministro no está hablando de dinero ajeno: está reclamando que las familias argentinas modifiquen una conducta de ahorro construida después de décadas de crisis, confiscaciones y restricciones bancarias. En otras palabras, Caputo les pide a los jóvenes que convenzan a sus padres de asumir con sus ahorros un nivel de confianza en el sistema financiero que muchos argentinos todavía no están dispuestos a conceder.

La contradicción se vuelve todavía más evidente al considerar la propia situación patrimonial del ministro. Mientras Caputo reclama que los argentinos saquen sus dólares del colchón y los vuelquen al sistema financiero argentino, buena parte de su propia fortuna se encuentra radicada en el exterior. El mensaje, por lo tanto, deja una pregunta incómoda: ¿por qué los pequeños y medianos ahorristas deberían asumir dentro del país un riesgo que el propio ministro no parece asumir con la totalidad de su patrimonio?

El Gobierno pretende presentar esta conducta como un problema generacional, casi como una herencia de viejos temores que deberían quedar definitivamente atrás. Sin embargo, para millones de argentinos, la desconfianza hacia los bancos no es simplemente un recuerdo del pasado, sino una respuesta a experiencias concretas de crisis económicas, devaluaciones, restricciones cambiarias y pérdida de poder adquisitivo.

El mensaje de Caputo también llega en un contexto en el que el propio ministro admite que el proceso de reconversión económica no será igual para todos. Antes de que el INDEC difundiera los datos sobre la fuerte caída de la industria y la construcción en julio, Caputo reconoció que “hay sectores a los que les va a costar más”.

Así, mientras desde el Palacio de Hacienda se reclama paciencia, confianza y que los argentinos vuelquen sus dólares al sistema financiero, la realidad económica continúa golpeando a sectores productivos y trabajadores. El pedido de Caputo a los jóvenes termina exponiendo una paradoja difícil de ignorar: el Gobierno pretende que las familias confíen ciegamente en el sistema financiero argentino, mientras uno de sus principales responsables económicos mantiene una parte sustancial de su patrimonio fuera del país

El vocero del gobierno de Javier Milei, Adrián Ravier, se refirió a las pruebas educativas PISA que mostraron muy malos resultados para la Argentina en el período que va de 2022 a 2025. El funcionrio debió reconocer que la gestión libertaria ajustó sobre la educación pública.

“La educación es fundamental, pero sí, hemos tenido que hacer una reducción del gasto para lograr superávit fiscal”, aseguró Ravier.

Desde diciembre de 2023, cuando empezó la “motosierra” de Milei, el presupuesto en educación se redujo casi 50 por ciento, según un informe de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, que reveló además que el financiamiento para educación y cultura sufrió un ajuste mayor al del gasto nacional general y perdió participación en el PBI dentro del presupuesto total.

Según el estudio, tras una caída real de 43,2% en 2024 y 7,9% en 2025 (contracción real acumulada de 47,7% en el bienio 2024-2025), el presupuesto vigente proyecta una potencial nueva disminución de 12,7% para 2026, acumulando tres años consecutivos de retroceso.

El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en su propia narración por Malvinas. Mientras el Presidente anuncia que va a endurecer las sanciones contra las compañías que participan de la explotación británica de petróleo en las islas, su administración le concedió los beneficios extraordinarios del RIGI a un proyecto integrado por una petrolera… que opera en Malvinas. Así se hace difícil.

Se trata de Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, la sociedad que desarrolla uno de los principales proyectos de exportación de GNL del país.  El gobierno decidió darle beneficios impositivos extraordinarios.

Harbour es la misma persona jurídica que Premier Oil, declarada clandestina e inhabilitada por la Argentina por desarrollar actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización nacional. El caso excede una contradicción política y abre un interrogante de naturaleza penal. La Ley 26.659 establece prohibiciones y sanciones para quienes participen de la explotación hidrocarburífera británica en la plataforma continental argentina. Por eso deberá determinarse si el Gobierno violó esa legislación al permitir la participación de Harbour en un proyecto estratégico y, sobre todo, al concederle indirectamente beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios mediante el RIGI. 

La crisis económica golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables: tres de cada cuatro personas no logran cubrir los gastos mínimos y crece el endeudamiento utilizado para sostener necesidades básicas.

La situación en los barrios populares atraviesa un escenario crítico. Según un informe del Instituto Periferias, seis de cada diez personas debieron endeudarse para comprar alimentos, mientras que el 43,7% afirmó haberse salteado comidas. El dato expone el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades cada vez mayores para garantizar una alimentación adecuada.

El endeudamiento dejó de ser una herramienta para afrontar gastos extraordinarios y pasó a convertirse en un recurso habitual para sostener la vida cotidiana. En un contexto de fuerte aumento de la morosidad, el 61,8% de las personas consultadas reconoció tener alguna deuda financiera, mientras que tres de cada cuatro aseguraron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos.

Entre quienes tienen deudas, el 44,8% recurrió a tarjetas de crédito, el 31,9% pidió dinero a familiares o amigos, el 27,3% acudió a préstamos de particulares y el 23,9% utilizó aplicaciones de crédito. Los datos muestran cómo las familias recurren a distintas formas de financiamiento para cubrir necesidades que deberían poder afrontar con sus ingresos.

La situación alimentaria también alcanza niveles preocupantes. El 73,4% aseguró que no pudo acceder a alimentos saludables, mientras que un 43,7% manifestó haber pasado días sin comer, una situación considerada de inseguridad alimentaria grave. A su vez, el 53,8% señaló que alguna vez se quedó sin alimentos.

El deterioro económico también impacta en el bienestar emocional: el 58,2% de las personas consultadas afirmó experimentar “ansiedad/tristeza por la economía”. El informe fue realizado a nivel nacional y contó con la participación de 7.742 personas mayores de 18 años.

Los resultados reflejan una realidad especialmente preocupante en los barrios populares: la deuda se utiliza para comprar comida, los alimentos saludables se vuelven inaccesibles y una parte significativa de la población directamente reduce o saltea sus comidas. La crisis, lejos de limitarse a los ingresos, comienza a comprometer necesidades básicas como la alimentación y el bienestar de las familias.

El derrumbe alcanza a las 24 jurisdicciones del país y se produce mientras el impuesto a los combustibles aumentó 1.387% desde el cambio de Gobierno, muy por encima de la inflación acumulada.

El consumo de combustibles vuelve a encender una señal de alarma sobre el deterioro de la economía argentina. Durante los primeros siete meses de 2026, el volumen de naftas despachado cayó a 5.667,3 millones de litros, el nivel más bajo para ese período desde 2023. La cifra representa una caída del 5,26% frente a los 5.981,8 millones de litros registrados en los primeros siete meses de aquel año, con una pérdida de más de 314 millones de litros.

El retroceso tampoco se limita a la comparación de mediano plazo. Respecto de 2025, las ventas cayeron otro 1,84%, confirmando una tendencia contractiva que se profundiza. En julio, según datos de la Secretaría de Energía difundidos por Surtidores, el despacho de combustibles se redujo 6,4% interanual, con 1.368.722 metros cúbicos vendidos. Fue además el sexto mes consecutivo de caída.

El dato adquiere mayor gravedad porque el derrumbe es generalizado a escala nacional. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), las 24 jurisdicciones registraron descensos en las ventas de nafta respecto de los niveles de 2023. Entre los mayores retrocesos aparecen Misiones (-32,48%), Formosa (-26,26%), Corrientes (-18,83%), La Rioja (-15,73%) y Entre Ríos (-15,31%).

La contracción también golpeó a los distintos tipos de combustibles. La venta de nafta premium cayó 7,3% frente a 2023, mientras que la súper retrocedió 4,5%. En la comparación interanual de julio, la nafta súper cayó 7,8%, el gasoil G2 disminuyó 7,04% y la premium acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso.

Menos consumo y más impuestos

El desplome de las ventas se produce, además, en un contexto de fuerte incremento de la presión impositiva sobre los combustibles. Desde el cambio de gestión, el impuesto a los combustibles aumentó 1.387%, muy por encima de la inflación acumulada del 329% en el mismo período.

El peso del tributo sobre el precio final también se multiplicó. En noviembre de 2023 representaba el 8,9% del valor en el surtidor, mientras que en agosto de 2026 llegó al 20,1%. En términos reales, la carga tributaria sobre la nafta registró un incremento del 240%.

El impacto puede verse con claridad en el precio actual. En la Ciudad de Buenos Aires, un litro de nafta súper cuesta alrededor de $2.045, de los cuales $411 corresponden a impuestos. En noviembre de 2023, a precios constantes de hoy, el litro equivalía a unos $1.333 y la carga correspondiente al impuesto a los combustibles era de apenas $120.

La situación expone así una combinación cada vez más difícil para los consumidores: menos capacidad de consumo y un combustible que incorpora una carga impositiva cada vez mayor. El impuesto, además, se aplica como un monto fijo por litro y sus actualizaciones fueron utilizadas por el Gobierno para recomponer el atraso acumulado durante la gestión anterior.

Una señal más del deterioro de la economía real

La caída de las ventas de nafta representa mucho más que un dato sectorial. El consumo de combustibles está directamente vinculado con la movilidad de los hogares, el transporte, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano de la economía. Por eso, su desplome constituye otro indicador concreto del enfriamiento de la actividad.

El deterioro también adquiere una dimensión particularmente preocupante en las provincias fronterizas, donde el cambio de precios relativos con los países vecinos incentivó parte de la demanda hacia el exterior. Sin embargo, la tendencia excede ampliamente a las zonas de frontera: ninguna provincia logró escapar de la caída respecto de 2023.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar hasta el 1° de octubre una nueva actualización de las alícuotas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que estaba prevista para septiembre.

El escenario deja un dato difícil de ignorar: los argentinos están comprando menos nafta mientras el componente impositivo del combustible se multiplica. La caída del consumo, extendida a todo el territorio nacional, se suma así a otros indicadores de contracción y vuelve a poner bajo la lupa el verdadero estado de la economía real.

Pensador nacional, investigador incansable y divulgador de la historia argentina, dedicó más de seis décadas a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a recuperar las voces y figuras que, según su mirada, habían sido relegadas por los relatos oficiales.

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, Galasso estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961. Sin embargo, fue la historia, la política y la cultura nacional las que marcaron profundamente su trayectoria intelectual. A lo largo de su vida escribió más de cincuenta ensayos, antologías, investigaciones y estudios históricos y políticos, construyendo una obra de enorme amplitud.

Su recorrido estuvo estrechamente vinculado con el pensamiento nacional. Trabajó junto a Arturo Jauretche en la Editorial Universitaria de Buenos Aires y mantuvo una permanente preocupación por recuperar las tradiciones políticas y culturales vinculadas con el nacionalismo popular. Durante la última dictadura militar, varios de sus libros fueron censurados, en un período en el que sus posiciones y las de otros intelectuales del campo nacional fueron perseguidas.

Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina. pic.twitter.com/nCZ9EeXEZG

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 7, 2026

Como historiador, Galasso hizo del revisionismo histórico una herramienta para discutir las versiones consideradas hegemónicas de la historia argentina. Su propósito fue contrarrestar lo que entendía como una mirada liberal, lineal y unívoca del pasado nacional, reivindicando a dirigentes sociales, políticos e intelectuales que habían quedado fuera de los relatos tradicionales.

En ese recorrido siguió las huellas de José María Rosa, Fermín Chávez y Manuel Gálvez, pero también mantuvo vigentes en el imaginario del campo nacional las figuras de Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Felipe Varela, Manuel Ortiz Pereyra, el padre Hernán Benítez, John William Cooke, Juan Domingo Perón, Enrique Santos Discépolo, José de San Martín y Arturo Jauretche, entre muchos otros.

Su vínculo con Jauretche tuvo además una dimensión personal. En 1973, Galasso se incorporó como síndico a la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida entonces por el autor de El medio pelo en la sociedad argentina, a quien había conocido y con quien compartiría buena parte de sus preocupaciones sobre la historia, la cultura y la política argentina.

En 2014 fue declarado Embajador de la Cultura Popular Argentina por la Presidencia de la Nación, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a la investigación y difusión de la historia desde una perspectiva nacional y latinoamericana.

Galasso entendía que la historia no era un relato neutral ni una simple reconstrucción del pasado: también era un campo de disputa sobre la identidad, la soberanía y el proyecto de país. Desde esa convicción desarrolló una extensa obra y participó durante décadas de los debates políticos e intelectuales argentinos.

Con su muerte se va, a los 90 años, un maestro del revisionismo histórico y una de las voces más persistentes del pensamiento nacional argentino. Su obra, atravesada por la recuperación de personajes y procesos que consideraba fundamentales para comprender el país, queda como legado para las nuevas generaciones que continúen interrogando la historia argentina desde una perspectiva crítica.

La despedida al compañero y maestro Norberto Galasso será este martes 8 de septiembre, entre las 10 y las 14 horas, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Diagonal Sur (Avenida Julio A. Roca) 575.

El 61,1% considera que el endurecimiento del discurso presidencial responde a una estrategia política y no a una convicción genuina. Además, más de la mitad no confía en el llamado de Milei a construir una política de Estado sobre las Islas.

El renovado discurso de Javier Milei sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas quedó bajo el signo de la desconfianza social. Una encuesta nacional de Management & Fit reveló que el 61,1% de los argentinos considera que el reciente endurecimiento de la postura presidencial responde a una conveniencia política, mientras que apenas el 24,7% cree que se debe a una convicción genuina.

El resultado adquiere especial relevancia por el contraste entre el discurso actual del Presidente y sus posiciones anteriores. El relevamiento, realizado entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país, tomó como referencia el giro de Milei respecto de sus declaraciones de 2024, cuando planteaba avanzar en una negociación de largo plazo con el Reino Unido y tener n cuenta a los isleños como una parte mas en la disputa, haciendo el juego al argumento británico de la “autodeterminación”. Para una amplia mayoría, ese cambio no aparece como una evolución de la política exterior, sino como una decisión atravesada por intereses políticos y electorales.

Malvinas volvió al centro de la escena, pero no despejó las dudas

El discurso presidencial tuvo una enorme repercusión: el 90,3% de los consultados afirmó haber escuchado, leído o recibido información sobre la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Sin embargo, la elevada exposición del mensaje no se tradujo en un respaldo contundente a su contenido.

El 44,6% consideró que Milei anunció medidas concretas, mientras que un porcentaje prácticamente idéntico, el 44,2%, entendió que se trató principalmente de declaraciones generales. La división también apareció al evaluar el objetivo central del mensaje: el 35,9% señaló la defensa de la soberanía como principal motivación, frente al 34,5% que interpretó el discurso como una estrategia de posicionamiento o marketing electoral. Otro 16,8% consideró que ambas motivaciones estuvieron presentes.

Más de la mitad desconfía del llamado de Milei a una política común

La encuesta también mostró que el intento del Presidente de convocar a la dirigencia política a dejar de lado sus diferencias para avanzar en una política común sobre Malvinas encuentra importantes obstáculos.

El 51,6% afirmó que no le cree ni confía en Milei, frente a un 41,7% que manifestó algún grado de confianza. El dato vuelve a poner en cuestión la capacidad del Gobierno para instalar su iniciativa como una verdadera política de Estado y no como una herramienta de posicionamiento y oportunismo partidario.

El impacto sobre la imagen presidencial tampoco fue favorable. El 43,7% aseguró que su opinión sobre Milei no cambió después del anuncio, mientras que el 36,5% sostuvo que su imagen empeoró. Apenas el 17,9% afirmó que mejoró.

La ley sobre Malvinas tiene respaldo, pero también una fuerte lectura política

Respecto del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el Gobierno, el 33,9% cree que será aprobado por tratarse de una causa nacional y el 26,1% considera que avanzará, aunque con modificaciones durante el debate legislativo. En conjunto, el 60% ve probable que la iniciativa sea aprobada.

Sin embargo, también existe una mirada crítica sobre la reacción de la oposición. El 55,1% considera que los sectores opositores cuestionarán el proyecto con fines de campaña, mientras que apenas el 19,8% espera una actitud de acompañamiento institucional a una política de Estado.

El relevamiento de Management & Fit deja así un escenario incómodo para el Gobierno: Malvinas conserva una enorme capacidad de interpelación social, pero el intento de Milei de recuperar protagonismo con la causa encuentra una fuerte sospecha de oportunismo político. La mayoría reconoce la importancia del reclamo de soberanía, pero una proporción mucho menor parece dispuesta a aceptar sin cuestionamientos las motivaciones detrás del nuevo giro presidencial.

La encuesta fue realizada por Management & Fit entre el 4 y el 6 de septiembre mediante encuestas online e IVR, sobre una muestra nacional de 1.000 casos, con un margen de error de ±3,1%.

Una de las pocas causas por corrupción durante el gobierno de Javier Milei que avanza en la justicia tiene como escenario Tandanor, el estátegico astillero estatal. De funcionar con superávit en la gestión de Alberto Fernández a esta situación rodeado de escándalos y vaciamiento.

La Policía Federal realizó cinco allanamientos por orden del juez federal Sebastián Casanello, cuatro en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata. En los procedimientos fueron secuestrados exactamente 367.110 dólares, encontrados entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, que se desempeñaba como gerente comercial de Tandanor. Gallé es un dirigente libertario de mucha cercanía a los hermanos Milei.

La Justicia intenta determinar si Gallé le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que su compañía mantenía con el astillero estatal. La deuda rondaba los 200 mil dólares. 

Según la hipótesis que reconstruyen los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra investigada alcanza al menos los 220 mil dólares. Pero los allanamientos dejaron una pista todavía más comprometedora. Los investigadores encontraron un recibo manuscrito entre los involucrados por 100 mil dólares y 12,7 millones de pesos. También secuestraron cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias, contratos, una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. 

El canciller Pablo Quirno salió a defender al empresario ultramileista Eduardo Elsztain y aseguró que no es “un traidor” por tener acciones en la empresa más importante de las Islas Malvinas. ¿No habrá sanciones?

La polémica se armó cuando trascendió que el dueño de IRSA tiene parte del paquete accionario de Falkland Islands Company, una empresa estratégica en el manejo económico y político de las islas. Elsztain es el empresario que financió buena parte de la campaña del propio Milei y logró grandes negocios desde la llegada del libertario a Casa Rosada.

En las redes hubo muchos usuarios que salieron a pedirle al gobierno nacional que le aplique las sanciones anunciadas el jueves pasado por Javier Milei, que tiene una relación muy cercana con Elsztain. 

Quien salió a defender al dueño de IRSA fue el canciller Pablo Quirno. “Todo lo contrario a traidor…”, escribió el canciller, haciéndose eco de una polémica que no tenía nada que ver con el gobierno lo que hizo sospechar que quizás quiso amplificar el tema.